El Gobierno destina 6.200 millones de euros a refundar el sistema de la dependencia

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas extraordinarias para fortalecer y consolidar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que suponen la mayor aportación económica de la historia al sistema, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que "el Gobierno ha aprobado una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España". En lo que queda de 2026 y en el año 2027 se van a movilizar 6.200 millones de euros adicionales a lo inicialmente presupuestado, lo que significa duplicar la inversión en dependencia del año 2025.

Bustinduy ha subrayado que esta decisión supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, así como la mayor ampliación de la red social de España en décadas.

La norma refleja el compromiso del Gobierno de lograr un sistema universal de cuidados que cubra todas las fases de la vida y de alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia por parte de la Administración General del Estado. A juicio del ministro, esto "supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, y para sentar las condiciones de esa gran transformación del sistema y de un nuevo modelo de cuidados que cuente con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía".

El ministro ha anunciado que su voluntad es que la convalidación del real decreto ley coincida en el Congreso de los Diputados con la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que van a suponer el andamiaje jurídico para la transformación profunda del sistema de cuidados.

"El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias, y hacer posible un sistema personalizado cercano, que permita que la gente continúe viviendo en sus domicilios con los soportes y las ayudas necesarias durante todo el tiempo que lo deseen y con la mayor calidad de vida posible", ha remarcado Bustinduy.

Incremento de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterioir al Consejo de Ministros.

La reforma del sistema amplía, a partir del 1 de julio, las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia. Así, las cuantías para las personas que tengan reconocido el grado I pasan de 76 a 90 euros al mes, para el grado II suben de 130 a 260 euros al mes, y para el grado III se incrementan de 290 a 660 euros al mes.

El ministro ha añadido que las comunidades autónomas contarán con un 93% de recursos más para poder atender las obligaciones del sistema: "El objetivo es, de manera inmediata, poder eliminar las listas de espera, aumentar la intensidad y la calidad de las prestaciones y de los cuidados, así como mejorar las condiciones de trabajo en un sector absolutamente imprescindible y estratégico".

Mayor ampliación del Estado Social y refuerzo de la democracia en décadas

La aportación económica del Gobierno a la dependencia, tras estos incrementos, alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.234,4 millones en 2027. Esto supone que la inversión del Estado será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década.

El titular de Derechos Sociales ha repasado las actuaciones del gobierno de coalición para mejorar el sistema de dependencia, que atiende en la actualidad a 1.682.789 personas, ampliar su cobertura y reducir las listas de espera. Entre esas actuaciones, ha señalado el plan de choque de 2021, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la estrategia para un nuevo modelo de cuidados, la financiación de la ley ELA y la creación del grado III + dentro del sistema de cuidados.

Asimismo, ha subrayado que España es el único país que destinó casi 3.000 millones de euros de los fondos europeos a la renovación de infraestructuras sociales, a la modernización de los servicios sociales y a la atención a la dependencia.

Por otra parte, el ministro ha incidido en que la evolución demográfica del país supone que las necesidades de atención y cuidado van a aumentar a un "ritmo extraordinariamente importante" y que serán necesarias el doble de personas para trabajar en el sistema.

Inversión social con retorno económico

Pablo Bustinduy ha argumentado que el incremento en la financiación de la dependencia tendrá una rentabilidad económica y social. Un estudio realizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, citado por el ministro, refleja que cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica y 95.000 empleos directos en el sector. Asimismo, señala que el 50% de la inversión total retornó al Estado a través de cotizaciones sociales e impuestos.

Según las estimaciones que maneja el Gobierno, la norma aprobada hoy se traducirá en la creación de 100.000 empleos adicionales en el sector y producirá un retorno de 3.000 millones de euros para las arcas públicas. "Invertir en dependencia no solo permite profundizar en la protección social y cambiar las condiciones de vida de quienes están en una posición más vulnerable, sino que, además, permite generar desarrollo económico y cohesión social de una manera sostenida y eficaz", ha concluido el ministro.

Modificación del Reglamento General de Circulación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha informado de la aprobación de una modificación del Reglamento General de Circulación cuyo objetivo es "mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía". Según ha explicado, la nueva norma responde al "cambio de visión de la movilidad" experimentado durante los últimos veinte años, en los que se ha pasado "de un enfoque centrado en la carretera y en el vehículo a otro mirando a las personas y a los entornos urbanos".

Elma Saiz ha señalado que el reglamento es fruto de "un proceso de escucha y de mucho trabajo con las asociaciones" y que la gran mayoría de las observaciones formuladas durante la tramitación se han incorporado al texto definitivo.

Entre las principales novedades, la portavoz del Ejecutivo ha destacado el refuerzo de la protección de los ciclistas en vías interurbanas. Los conductores que adelanten bicicletas deberán reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía y, en carreteras con más de un carril por sentido, cambiar completamente de carril durante la maniobra, "en lugar de simplemente dejar la separación lateral de metro y medio". Además, se establece la obligatoriedad del casco para ciclistas en vías interurbanas y para quienes desarrollan actividades profesionales en bicicleta, como los repartidores o riders, que deberán utilizar siempre chaleco reflectante.

En vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril y los vehículos a motor deberán mantener una separación mínima de cinco metros respecto a ellos. Asimismo, en determinadas vías limitadas a 30 kilómetros por hora o menos, los ayuntamientos podrán autorizar la circulación de bicicletas en ambos sentidos.

La ministra también ha explicado que la reforma incorpora nuevas obligaciones para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como una edad mínima de 15 años para conducirlos, la obligación de circular con el alumbrado encendido y la posibilidad de utilizarlos fuera de los núcleos urbanos únicamente por vías segregadas del tráfico motorizado. En el caso de las motocicletas, se permite circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, con un máximo de 30 kilómetros por hora y siempre que exista señalización específica. Además, será obligatorio el uso de guantes de protección en vías interurbanas y de calzado cerrado en todo tipo de vías.

La normativa incorpora igualmente nuevas medidas de seguridad para peatones y conductores. Entre ellas, la revisión de las exenciones al uso obligatorio del cinturón de seguridad, eliminando las que afectaban a conductores de taxi, vehículos de reparto y vehículos de enseñanza, al tiempo que se introduce una exención específica para determinados pasajeros de ambulancias asistenciales. También se establece que los vehículos que adelanten a otros inmovilizados por accidente o avería deberán dejar una separación lateral mínima de metro y medio y reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora, y se obliga a los peatones a utilizar elementos reflectantes en vías interurbanas durante la noche o cuando exista escasa visibilidad.

Por otra parte, la nueva regulación incorpora normas específicas para situaciones meteorológicas adversas. Cuando la circulación se vea dificultada por la nieve en autopistas y autovías quedará prohibido adelantar y los vehículos deberán circular por el carril derecho, dejando libre el izquierdo para facilitar el paso de los servicios de emergencia y de las quitanieves.

La portavoz del Gobierno ha señalado que todas estas medidas contarán con un periodo de adaptación acompañado de "una importante campaña de información". Saiz ha defendido que se trata de "medidas pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial" y ha recordado que España está próxima a cumplir veinte años de la implantación del carné por puntos, una iniciativa que, según ha afirmado, "ha supuesto una revolución en el fomento de la seguridad vial".

Inversiones en inteligencia artificial y en el sector de chips fotónicos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Publíca, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de una contribución voluntaria de 300 millones de euros a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC). Este organismo es el encargado de explotar las factorías de IA y de promover el establecimiento y acceso a gigafactorías de IA en la Unión Europea.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que la Comisión Europea decidió que Europa tenía que reducir su dependencia del exterior para tener capacidad de supercomputación y no depender de terceros actores, por lo que apostó por construir gigafactorías y producir chips y semiconductores.

Además, Óscar López ha recordado que el Gobierno aprobó hace una semana una inversión de casi 720 millones de euros para constituir un consorcio público-privado, junto con otras empresas privadas líderes en el sector, que competirá por albergar una de las primeras gigafactorías de toda Europa. Con la inversión de 300 millones de hoy, España cumple un requisito indispensable para poder presentar su candidatura.

Según ha explicado el ministro, una gigafactoría supone que no sólo los científicos o la Administración Pública podrán acceder a la supercomputación para desarrollar la inteligencia artificial, sino que las pequeñas y medianas empresas tendrán también acceso: "Es algo que supone democratizar el acceso a la inteligencia artificial".

España ya cuenta con dos factorías de IA concedidas a través de EuroHPC: la factoría de IA en el Barcelona Supercomputing Center y la del Centro de Supercomputación de Galicia GESCA. El ministro ha pronosticado que si España alberga una gigafactoría va a dar un salto de gigante y ser líder, una vez más, en la capacidad de supercomputación que necesita Europa.

Inversión de 107 millones de euros en Multiverse Computing

El Gobierno ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a participar en la empresa española de inteligencia artificial y software de computación cuántica Multiverse Computing, con una inversión pública de 107 millones de euros.

Óscar López ha remarcado es una empresa española líder mundial en la compresión de modelos de lenguaje de inteligencia artificial, que permite, por ejemplo, ahorrar entre un 70% y un 80 % en energía, algo fundamental dado el consumo que tienen los centros de datos.

Inversión de 24,5 millones en el proyecto Attypics

El Ejecutivo también ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a invertir 24,5 millones de euros en la empresa valenciana de chips fotónicos Attypics Photonics.

El ministro ha resaltado que es una empresa que surge de la Universidad Politécnica de Valencia y que forma parte de la industria que se está creando en la ciudad en relación con la fotónica.

Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+

El Gobierno ha aprobado una Declaración Institucional con motivo de la celebración, el próximo 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, con la que reafirma su compromiso con la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación o identidad sexual.

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, la declaración recuerda el valor histórico de esta jornada de reivindicación y memoria, vinculada a la revuelta de Stonewall de 1969, considerada el inicio de la lucha moderna por los derechos del colectivo. La portavoz ha destacado que España es hoy "un referente internacional en la conquista de derechos LGTBI+" y ha subrayado que, de acuerdo con el Mapa Arcoíris de 2026, es "el primer país en la historia más garantista con los derechos del colectivo en toda Europa".

No obstante, la ministra ha advertido de que "persisten situaciones de discriminación" y de que "el auge de los discursos de odio nos obliga a mantener la vigilancia y el compromiso institucional". Asimismo, ha lamentado que continúen produciéndose "intervenciones y posicionamientos incluso en sedes parlamentarias" que cuestionan derechos ya reconocidos del colectivo, una circunstancia que considera especialmente preocupante. Por ello, la portavoz del Gobierno ha defendido "la necesidad de seguir trabajando, luchando y reforzando el compromiso institucional en defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas".

Asuntos de actualidad: España, entre los líderes verdes de Europa

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Elma Saiz ha comenzado su intervención destacando un artículo publicado por The Economist que sitúa a España entre los líderes verdes de Europa y que, según ha señalado, coincide con las conclusiones presentadas en el encuentro "España verde y digital", celebrado el 22 de junio, para analizar el impacto que ha tenido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y el encarecimiento de los combustibles fósiles.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la publicación señala que países como España han logrado "amortiguar mucho mejor el impacto de los precios de la electricidad" gracias al despliegue de las energías renovables. En este sentido, ha afirmado que "España está marcando el camino para el futuro energético europeo" y que "los resultados están a la vista". Saiz ha recordado que España muestra un crecimiento acumulado del 8,5 %, "muy por encima de la media de la eurozona", demostrando que apostar por la modernización, la transición ecológica y la digitalización constituye "una vía eficaz para generar prosperidad".