El Gobierno facilita la jubilación anticipada en actividades penosas o peligrosas

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento para establecer los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social para las actividades más penosas o peligrosas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral y que los datos avalan la existencia de actividades con más accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asociadas. En el marco del diálogo social -ha recordado-, el Ejecutivo acordó con las organizaciones sindicales y empresariales diseñar un procedimiento basado en criterios objetivos para que los trabajadores que desempeñan esas actividades puedan anticipar su jubilación.

Criterios objetivos para la jubilación anticipada

El Gobierno ha aprobado hoy, en concreto, los criterios objetivos, basados en la evidencia científica, para determinar cuáles son las ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa y que sufren elevados índices de morbilidad o mortalidad. Cuando en esos casos no sea factible mejorar las condiciones laborales, los trabajadores podrán jubilarse antes de lo ordinario. El cambio, según ha manifestado Elma Saiz, "nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social".

La ministra ha señalado que uno de los grandes avances de la norma es que define con exhaustividad la naturaleza de las actividades que podrán acceder a esos coeficientes, de acuerdo a su penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad. La penosidad incluye elementos como la exposición a ruidos o el uso permanente de fuerza física; la toxicidad se refiere a la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos; la peligrosidad contempla las actividades más susceptibles de causar accidentes laborales o una enfermedad profesional, y la insalubridad supone la exposición a un ambiente susceptible de perjudicar a la salud.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Para acreditar que se dan las circunstancias que justifican la aplicación de los coeficientes reductores, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos: la incidencia de la incapacidad temporal, los fallecimientos e incapacidades permanentes y la duración media de esos procesos. Elma Saiz ha indicado que, posteriormente, se elaborará un informe para medir también otros factores como las contingencias comunes o profesionales, la edad y el sexo, la rotación en el trabajo o el tamaño de la empresa.

Las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos y, en algunos casos, las propias administraciones públicas serán las encargadas de solicitar la aplicación de los coeficientes reductores a un colectivo concreto. El Ministerio recabará informes de diversos organismos, y una comisión de evaluación con representantes ministeriales y de los interlocutores sociales informará sobre el reconocimiento de los coeficientes. La aplicación de estos conllevará un incremento de la cotización a la Seguridad Social, conforme "al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema", según ha defendido Elma Saiz.

La ministra ha puntualizado que este nuevo procedimiento no afecta a las ocupaciones que ya disponen de la posibilidad de anticipar la edad de jubilación, como ocurre con las personas trabajadoras del mar, la minería o el personal de vuelo, entre otros ámbitos.

Balance de la primera regularización de autónomos

Durante su intervención, la ministra también ha expuesto el balance de la primera regularización de cuotas de los trabajadores autónomos, que refleja que más de 3,7 millones de personas han regularizado sus cotizaciones de acuerdo con los rendimientos reales de 2023.

La ministra ha recordado que antes de la regularización más del 80% de los autónomos elegía cotizar por la base mínima, lo que provocaba situaciones injustas y pensiones hasta un 37% inferiores a las de otros regímenes. Para resolver esta situación y alcanzar un modelo más justo, el Gobierno estableció en 2022 un nuevo modelo de cotización que responde a tres principios: justicia contributiva, equidad y sostenibilidad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Con el nuevo sistema, cada autónomo tiene que cotizar en función de sus rendimientos netos anuales, para lo que elige una base de cotización provisional que puede ir ajustando durante el año. Al final del ejercicio fiscal, la Tesorería General de la Seguridad Social contrasta la información y emite una regularización definitiva que puede suponer una devolución de cuotas, un ingreso adicional o el mantenimiento de la base. Se refuerza así el sistema de protección social a largo plazo.

El proceso de regularización se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF, y, según ha detallado la ministra, se han revisado las cotizaciones de casi 4 millones de autónomos, de las que 2.122.000 no han necesitado ajustes ya que estaban dentro del tramo que les correspondía o en situaciones no regularizables. Las cotizaciones de 1.581.847 personas sí han estado sujetas a regularización. De ellas, 796.304 cotizaron por debajo del tramo correspondiente y han tenido que abonar diferencias; 461.822 habían cotizado por encima de su tramo y han recibido la devolución, y 323.721 no declararon rendimientos.

Elma Saiz ha añadido que el Gobierno ha reforzado los canales de atención presencial y telefónica a los trabajadores autónomos y ha desarrollado herramientas digitales para acompañar a este colectivo en el proceso de regularización y en la resolución de posibles incidencias.

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que, una vez concluida la primera regularización, el Gobierno convocará en las próximas semanas la Mesa de Diálogo Social para acordar las nuevas tablas de cotización para los próximos años. Hasta el 31 de diciembre de 2025 estará en vigor la actual.

Ayudas para actividades de interés social

El Consejo de Ministros ha aprobado dos medidas de carácter social que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado como un "fiel reflejo de lo que es España, un país solidario, integrador y con una firme aspiración a la igualdad y la justicia social".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

En primer lugar, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria anticipada de las subvenciones para actividades de interés social correspondientes a 2025. El ministro ha explicado que se trata de 94 millones de euros del tramo estatal del IRPF, a los que se sumarán en las próximas semanas 375 millones del tramo autonómico, gestionados por las respectivas administraciones territoriales. En total, 471 millones de euros, un 12% más que el año anterior, que se destinarán a programas de lucha contra la exclusión social y la pobreza, la infancia, la formación, el derecho a la cultura y la conciliación familiar.

Pablo Bustinduy ha destacado el carácter anticipado de la convocatoria, "una reclamación histórica del tercer sector en España". Se dispondrá así de más tiempo para la preparación y la evaluación de los programas y, por tanto, se logrará "una mayor sinergia con las políticas públicas".

El ministro también ha subrayado que los 471 millones de euros son el resultado de "la solidaridad y la empatía" del 50% de contribuyentes que marcan la casilla de los fines sociales en su declaración de la Renta. Esa elección permite financiar multitud de iniciativas que mejoran la vida de millones de personas en España, según ha dicho Bustinduy, que ha elogiado el trabajo de las organizaciones sociales, atacadas por "los discursos autoritarios y de odio que prometen una falsa noción de orden".

Promoción y bienestar de los perros de asistencia

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha regulado las condiciones, la formación y la identificación de los perros de asistencia. El objetivo, según ha expuesto el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es "combinar la máxima protección del bienestar animal con el impulso a lo que ya se ha convertido en un elemento esencial para promover la autonomía personal y la vida independiente de cientos de miles de compatriotas".

Pablo Bustinduy ha explicado que la figura de estos animales se regía hasta ahora por un decreto del año 1983 que solo consideraba la discapacidad visual. La nueva norma se extiende a todos los tipos de discapacidad y abarca otras figuras como los perros de aviso, de alerta médica o sonora y los perros de asistencia para personas con trastorno del espectro autista, entre otras. De esta forma, se va a garantizar el acceso, la circulación y la permanencia de los perros de asistencia en todos los espacios públicos y privados, según ha remarcado el ministro.

Protección de las entidades que operan en los sectores estratégicos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que tiene como objetivo apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades u organismos públicos o privados que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos y ayudarlas a estar mejor equipadas para afrontar los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales.

Grande-Marlaska ha explicado que la norma, una vez aprobada, va a mejorar el tratamiento conjunto de las amenazas, cada vez más dinámicas y complejas: fenómenos naturales, sabotajes, riesgos tecnológicos y amenazas híbridas, en un entorno de gran interdependencia entre las infraestructuras y los sectores implicados. "Queremos reforzar la resiliencia de las entidades críticas y garantizar que adoptan las medidas adecuadas para minimizar los riesgos si se produce una perturbación en la prestación de los servicios esenciales", ha dicho.

La norma presentada hoy identifica nuevas entidades críticas. Así, además de los ámbitos tradiciones como la energía, la salud o el transporte, se incorporarán nuevos sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada y las aguas residuales.

La norma crea un nuevo marco de planificación en torno a la Estrategia Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y de la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, dos documentos estratégicos que se actualizarán, como mínimo, cada cuatro años.

A partir de este marco global, según ha trasladado el ministro, los operadores críticos públicos o privados deberán adoptar un plan de resiliencia que evalúe todos los riesgos que pueden afectar a la prestación de los servicios esenciales. Este plan incluirá medidas de prevención, respuesta y recuperación, así como directrices en la selección y formación del personal y la gestión de la cadena de suministro.

El titular de Interior ha avanzado que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior seguirá siendo la autoridad nacional competente en la materia y que el texto detalla otras instituciones y órganos que asumen responsabilidades.

El ministro ha añadido que la futura ley se tramitará por el procedimiento de urgencia y se aplicará a las entidades ubicadas en todo el territorio nacional, excepto las pertenecientes a los sectores bancarios, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales, ya regulados por su normativa específica.

Otros asuntos de actualidad: situación en Gaza y reincorporación del ministro Torres

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha comenzado la rueda de prensa trasladando la condena del Ejecutivo a los últimos ataques sobre Gaza. Alegría, que ha recordado la posición "inquebrantable" del Ejecutivo "desde el primer momento" frente a este conflicto, ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para lograr "una respuesta firme y decidida" de la comunidad internacional.

En este sentido, la portavoz ha recordado la reunión celebrada el 25 de mayo, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con países europeos, árabes y latinoamericanos. "El objetivo prioritario es parar la guerra, romper ese bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar hacia la solución de los dos estados", ha explicado.

Finalmente, Pilar Alegría ha celebrado la reincorporación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha vuelto a la actividad al frente de su cartera tras su baja para ser sometido a cirugía.