Comparecencia del ministro del Interior; ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno; ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más después del Consejo de Ministros. Y sí que nos van a permitir que, antes de trasladarles a todos ustedes los temas que hoy hemos aprobado y adoptado en el Consejo de Ministros, condenemos de nuevo la masacre que se está produciendo en Gaza y que, desde luego, el mundo es testigo a día de hoy. Saben también la posición inquebrantable que siempre ha mantenido el Gobierno de España frente a esta situación. Así lo hemos defendido, como digo, desde el primer momento y por eso seguimos trabajando para lograr una respuesta firme y decidida de la comunidad internacional. De hecho, conocen también todos ustedes que este pasado domingo el propio ministro Albares encabezó y presidió una reunión en la que se encontraban presentes otros países europeos, árabes y también latinoamericanos trabajando todos ellos en un objetivo común. El objetivo prioritario es parar la guerra. Lógicamente, también romper ese bloqueo de ayuda humanitaria. Y, efectivamente, también avanzar en ese reconocimiento y hacia la solución de los dos Estados.

Además, como les decía en el punto del orden del día de hoy del Consejo de Ministros, como todos ustedes pueden ver, me acompaña el ministro del Interior, que les va a explicar a ustedes y a informarles de la tramitación por la vía de urgencia de una ley para proteger a las entidades públicas y privadas que operan en sectores estratégicos. Hablamos de adecuar normativa nacional a la aprobada recientemente en Europa para garantizar el funcionamiento y el servicio de actividades relacionadas con la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública, la producción, la transformación y la distribución de alimentos, entre otros. Y, como digo, el ministro les podrá dar más detalles en breves minutos.

Además, también me acompaña la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que les va a dar cuenta a todos ustedes del Real Decreto que regula los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en puestos de trabajo relacionados con actividades penosas o peligrosas. Una medida, además, que nos acerca a las que ya se han aprobado en otros países vecinos del entorno europeo, como en el caso de Francia, Austria o también Italia. Y también la ministra va a darles a ustedes cuenta de los resultados del primer proceso de regularización de cuotas de los trabajadores autónomos tras la entrada en vigor, como saben, del nuevo sistema de cotización por rendimientos reales el pasado año dos mil. Bueno, ya en el año 2023.

Y por último también, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, les explicará a todos ustedes el acuerdo para el reparto de las subvenciones para entidades de interés social, a cargo de los fondos provenientes de la declaración de la renta y del impuesto sobre sociedades del periodo impositivo de 2022.

Estos son pues los temas que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros y es verdad que, aunque no sea muy habitual hacer y decir estas cosas, permítanme también trasladar la alegría de este Consejo de Ministros y de Ministras porque saben que hoy, después de una operación y de un tiempo de recuperación, se ha incorporado de nuevo nuestro compañero Ángel Víctor Torres y, desde luego, aunque seguramente ustedes han podido ver imágenes de ese momento, quería trasladar también la alegría que tenemos todos de que ha salido exitosa su operación y su recuperación, y hoy, como digo, ya se ha incorporado a la normalidad en esta reunión de Consejo de Ministros que hemos tenido esta mañana. Así que, si te parece, ministro Marlaska, tuya es la palabra para empezar.

Ministro del Interior, Frenando Grande-Marlaska. - Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todas y todos. En efecto, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta y a propuesta del Ministerio del Interior el Anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, cuyo objetivo es la trasposición de la directiva 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 14 de diciembre de 2022. Esta directiva y, por lo tanto, el anteproyecto aprobado hoy, tiene como objetivo apoyar a las entidades públicas o privadas que operan en las infraestructuras críticas, ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que todas ellas prestan.

Creo que esta norma, una vez aprobada, sin duda alguna, va a mejorar el tratamiento del conjunto de amenazas, cada vez más dinámicas y complejas, desde los fenómenos naturales hasta los sabotajes, pasando por riesgos tecnológicos y amenazas híbridas que las mismas enfrentan en un entorno de creciente interdependencia entre las infraestructuras y los sectores implicados. Por tanto, queremos reforzar la resiliencia de las entidades críticas y garantizar que todas ellas adoptan las medidas adecuadas para minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación en la prestación de algo tan importante como son los servicios esenciales.

El objetivo, por lo tanto, es apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades u organismos públicos o privados que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos, sectores que se actualizan y amplían en esta nueva normativa. Ahora, además de los ámbitos tradicionales como la energía, la salud o el transporte, pueden incorporarse nuevos sectores como el hidrógeno los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada y las aguas residuales, reflejando la evolución de los riesgos y las prioridades nacionales. La ley facilitará la creación de un catálogo nacional de entidades críticas y estratégicas, que serán identificadas mediante criterios que se fijarán en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, y también en la evaluación nacional de amenazas y riesgos, dos documentos estratégicos que se actualizarán como mínimo cada cuatro años. A partir de ese marco global, los operadores críticos, públicos o privados, deberán adoptar un plan de resiliencia que evalúe todos los riesgos que puedan afectar a la prestación de los servicios esenciales. Este plan contemplará medidas de prevención, de respuesta y recuperación, así como la formación del personal y la gestión de la cadena de suministro.

Otro aspecto innovador es la introducción de procedimientos para la comprobación de antecedentes del personal que desempeñe funciones sensibles en dichas entidades críticas, reforzando la prevención de riesgos internos y la seguridad en el acceso a las instalaciones y a los sistemas críticos. Para la concreción de ese modelo hemos valorado, sin duda alguna y de manera positiva, el actual esquema de planes de actuación que el anteproyecto mantiene y que son los siguientes:

El Plan Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, documento estructural elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que permite y permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para fortalecer la seguridad de dichas entidades críticas también los planes estratégicos sectoriales, responsabilidad también de la Secretaría de Estado de Seguridad, y elaborados para cada uno de los sectores estratégicos recogidos en el anteproyecto. Y los planes de apoyo operativos, estos elaborados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en relación con cada una de las infraestructuras críticas existentes en la demarcación territorial de las mismas.

Como habrán podido deducir, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ya juega y va a seguir jugando un papel central en este modelo. La Secretaría de Estado de Seguridad seguirá siendo la autoridad nacional competente en la materia y a ella estará adscrito el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, que asumirá la interlocución directa con el conjunto de dichas entidades. Este centro nacional sustituirá al actual Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, cuyas competencias absorberá, y será también el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los estados de la Unión Europea.

También quedará adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, órgano colegiado responsable de la aprobación de los planes estratégicos sectoriales a los que he hecho referencia previamente. Cuando entre en vigor, esta ley se aplicará a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, excepto las pertenecientes a los sectores bancarios, a los mercados financieros y de las infraestructuras digitales, que pueden considerarse críticas, pero quedan excluidas al encontrarse ya reguladas por su normativa específica. Tampoco se aplicará a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni a los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas con competencias estatutarias reconocidas y asumidas para la protección de personas y bienes, para el mantenimiento del orden público, y que se regirán por su propia normativa.

Además de aprobar el anteproyecto en primera vuelta, el Consejo de Ministros ha acordado que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia, lo que implica que los plazos para la emisión de todos los informes solicitados se reducen a la mitad. Ahora, el Ministerio del Interior recabará informes del resto de departamentos ministeriales, así como del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, de la Agencia Española de Protección de Datos y, evidentemente, el dictamen del Consejo de Estado. Queremos volver a traer esta norma cuanto antes al Consejo de Ministros ya en forma de proyecto de ley y remitirla a la mayor brevedad a las Cortes Generales para que también, en el menor plazo posible, podamos dotarnos de ese esquema de protección y resiliencia de nuestras entidades críticas, un sistema, sin duda alguna, robusto y eficiente. Muchas gracias.

Portavoz. - Muy bien, pues muchas gracias, ministro, y le doy la palabra a la ministra.

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Gracias, ministra portavoz. Muy buenos días. Es un gran placer comparecer ante todos ustedes y poder explicar dos hitos tan importantes para nuestro país y para nuestro tejido productivo. En primer lugar, el procedimiento para establecer los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en actividades especialmente penosas y peligrosas, y, en segundo lugar, el balance de la primera regularización de autónomos desde que empezaron a cotizar en base a sus rendimientos reales, una reivindicación histórica del colectivo. Es un orgullo como ministra de Seguridad Social decir que ambos hitos han sido producto de sendos acuerdos en el marco del diálogo social con Patronal y sindicatos, y esto es, sin duda alguna, garantía de su calidad y de su permanencia en el tiempo.

Como decía, hoy hemos aprobado el real decreto que establece el procedimiento por el que se aplicarán los coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en actividades penosas y peligrosas. De forma intuitiva, sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. No es solo una intuición. Los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad, y en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas. En el marco del diálogo social, de la mano de los responsables sindicales y de las organizaciones empresariales, acordamos diseñar un procedimiento basado en criterios objetivos, con información más detallada, para que los trabajadores y trabajadoras que desempeñen esas actividades puedan adelantar su jubilación.

Lo que aprobamos en este real decreto es, concretamente, el procedimiento. Es decir, hemos establecido, basándonos en la evidencia científica, los criterios objetivos que definan ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad para que, cuando no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo, porque quiero recordar que es obligatorio que el trabajo se desarrolle en condiciones óptimas de salud, cuando no sea posible una mejora de esas condiciones de trabajo, puedan beneficiarse del anticipo de su edad ordinaria de jubilación.

Uno de los grandes avances de este real decreto es que se ha definido de forma más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes. Se dividen en función de la penosidad, toxicidad, peligrosidad y la insalubridad. Dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, a ruido, a vibraciones, o el uso permanente de fuerza física o incluso la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos. En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición trabajos que tengan exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos. La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o de frecuencia en relación a otros trabajos. O, por último, la insalubridad se refiere a actividades con una exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador o de la trabajadora.

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos. La incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal del colectivo al que pertenezcan en un periodo de observación en relación al total de personas trabajadoras que pertenecen al colectivo, tanto de contingencia común como de profesional para cada grupo de edad y sexo, la incidencia de sucesos graves que mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente del colectivo al que pertenecen en relación al total de personas, precisamente, de ese colectivo al que pertenecen y un indicador de duración media que mide el número total de días de los procesos en relación con el número total de procesos.

Estos serían los indicadores básicos a la hora de estudiar si las actividades pueden acceder o no, primero, a un cambio que salvaguarde su salud o, en su caso contrario, a una jubilación anticipada. Pero no es lo único que se va a medir. Posteriormente, se elaborará un informe que comprenderá la identificación del colectivo, la determinación de los indicadores básicos y sus umbrales, así como un estudio detallado de otros factores, otros, como pueden ser las contingencias comunes o profesionales, la edad y el sexo, la rotación en el trabajo, el tamaño de la empresa o incluso la distribución geográfica. Estos son los criterios.

Ahora, ¿cómo será el procedimiento? Las organizaciones empresariales sindicales de autónomos y en algunos casos las propias Administraciones públicas, serán las encargadas de solicitar la aplicación de estos coeficientes especiales a un colectivo concreto. Harán llegar la solicitud a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en el ministerio, que se encargará de elaborar un informe de morbilidad y de mortalidad en los términos descritos en el real decreto.

Este informe se remitirá al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que emita el correspondiente informe técnico en el ámbito de su competencia y, es decir. Bueno, esta es la prevención de riesgos laborales y salud laboral. Y también se enviará para informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A la vista de los resultados de estos informes, una comisión de evaluación integrada por una representación ministerial y de los interlocutores sociales dictará la resolución para reconocer en su caso los coeficientes reductores de la edad de jubilación. La aplicación de estos coeficientes reductores que se establezcan llevará ligado un incremento de cotización a la Seguridad Social. Esto responde al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema.

Es importante señalar que este nuevo procedimiento no afecta a las actividades u ocupaciones que ya disponen de esta posibilidad, como son las personas trabajadoras del mar, minería o personal de vuelo, entre otros. Este cambio normativo, lo decía la portavoz, nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo este cambio normativo es un paso adelante en justicia social. El sistema debe ser lo suficientemente flexible como para proteger a todos estos colectivos. No olvidemos que la solidaridad es uno de los principios rectores de nuestro sistema de pensiones y el Pacto de Toledo, que este 2025 cumple 30 años, lo recuerda en sus recomendaciones.

Paso ahora, si me permiten, a exponer un balance de la primera regularización del régimen especial de trabajadores autónomos según el sistema de cotización por ingresos reales. En primer lugar, permítanme que sitúe un poco brevemente el contexto. España cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras autónomas. De ellos, un millón doscientos sesenta, son mujeres, el 37 %, y dos millones ciento cuarenta y dos mil, el 63 % restante, son hombres. Del total, casi medio millón son personas extranjeras. Si hemos llegado a estas cifras es por el crecimiento significativo que hemos visto en los últimos dos años. Más de 94. 000 nuevos afiliados al RETA desde el año 2023. Un incremento que se concentra mayoritariamente en sectores altamente productivos. De los más de 37. 000 empleos creados en el último año, casi el 61 % se han incorporado a estos sectores, destacando las actividades científico-técnicas o el sector de información y comunicación.

España siempre ha contado con un tejido de autónomos fuerte. Sin embargo, durante mucho tiempo, más del 80 % de estos trabajadores y trabajadoras elegían cotizar por la base mínima de cotización, lo que provocaba situaciones de injusticia contributiva y pensiones notablemente más bajas. Hasta un 37 %, en relación a otros regímenes, más de 650 € de diferencia en relación a otras pensiones y a otros regímenes.

Además de todas las pensiones de autónomas, más de un tercio necesitaban el complemento a mínimos. Por tanto, venía siendo una reivindicación histórica terminar con esta situación y dar paso a un sistema más justo. Este cambio normativo se sustenta también sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y es, además, uno de los hitos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un compromiso que fue llevado al acuerdo social de 2022 acordado con un amplio consenso social y político.

Ante esta realidad, el Gobierno impulsó un cambio estructural: el nuevo sistema de cotización por rendimientos netos anuales con aplicación gradual desde el año 2023. El modelo propuesto responde a tres principios fundamentales. El primero de ellos, justicia contributiva, que cada autónomo cotice en función de lo que realmente gana. El segundo, equidad con ajustes progresivos en las bases y en las cuotas. Y el tercero, la sostenibilidad reforzando el sistema de protección social a largo plazo. ¿Cómo funciona este sistema? Se estructura en varias fases que, a continuación, les voy a explicar.

En primer lugar, el autónomo estima sus rendimientos netos anuales previstos y elige una base de cotización provisional. El segundo paso, después, durante el año, puede ajustar esa base si sus ingresos cambian. Una vez finalizado el ejercicio fiscal, la Tesorería General de la Seguridad Social contrasta la información con la Agencia Tributaria, con las haciendas forales vascas y navarras, con las mutuas y con otras entidades. Por último, se emite una regularización definitiva que pueda resultar en una devolución de cuotas, un ingreso adicional o el mantenimiento de la base.

¿Qué resultados ha tenido el primer proceso de regularización? Estamos hablando de un ejercicio de una enorme complejidad técnica que ha requerido muchos meses de trabajo y la interconexión con distintos organismos públicos. Para que se hagan una idea, se han realizado más de 1.500 millones de actualizaciones de datos en los sistemas de Seguridad Social y el resultado ha sido muy contundente. Se han revisado las cotizaciones de casi cuatro millones de trabajadores autónomos y se han enviado más de 4,2 millones de notificaciones. Han sido más de 2.122.000 autónomos para los que no ha procedido la regularización. Para el resto de autónomos, que sí que han estado sujetos a regularizarse, casi 800.000 cotizaron por debajo del tramo que les correspondía y han debido abonar diferencias. Y otros más de 460.000 cotizaron por encima, lo que ha generado devoluciones. Más de 320.000 no declararon rendimientos por causas diversas, como puede ser la tarifa plana que se aplica al colectivo de autónomos en determinadas circunstancias y, además, ha habido alrededor de 430.000 renuncias a devolución de cuotas.

Hemos querido que ningún trabajador o trabajadora autónoma se sintiera sola en el proceso. Por eso hemos reforzado los canales de atención y hemos desarrollado herramientas digitales accesibles y útiles. Ha sido clave la divulgación y el acompañamiento al colectivo. Se han mantenido más de 350 reuniones con colegios profesionales, asociaciones y colectivos. Se han emitido boletines informativos, trípticos, manuales. Se han habilitado canales específicos dentro de la web de la Seguridad Social y de la app Importass a través del, precisamente, del portal Importass, que ya cuenta con más de un millón de dispositivos que tienen la app instalada. Los autónomos han podido consultar su situación o cualquier tipo de incidencia. Hemos registrado más de 7.300 solicitudes a través de la vía telemática ATRIA y casi 7.000 atenciones presenciales específicas. Como saben, esta reforma se está desplegando, les he dicho, de forma gradual y hasta el 31 de diciembre de 2025 va a estar en vigor esta primera escala de tramos. A partir de ahí, abrimos una nueva fase. Ya se han producido reuniones previas, ya se les ha citado.

Voy a convocar en próximas semanas la mesa del diálogo social para iniciar la negociación del próximo bloque, que será la aplicación de las nuevas tablas de cotización para los próximos años. Nuestro objetivo es mantener un sistema justo, comprensible y previsible. Y para lograrlo necesitamos seguir construyendo este nuevo marco de diálogo, de transparencia y de corresponsabilidad.

Quiero concluir, por supuesto, agradeciendo el esfuerzo de todas las personas trabajadoras, autónomas, que han participado activamente en el proceso. Por supuesto, organizaciones sindicales, empresariales, asociaciones representativas de autónomos. Por supuesto, colegios profesionales, graduados sociales, colegios de abogados. Todos los colectivos que han hecho un esfuerzo importante para que esto viera la luz y fuera un proceso exitoso. Este primer ejercicio nos demuestra que es posible avanzar hacia un sistema más justo y solidario que no deje a nadie atrás. Muchas gracias.

Portavoz. - Muchas gracias, ministra. Ministro Bustinduy.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Buenas tardes ya. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos medidas de calado social que, creo, que son un fiel reflejo de lo que España es. Es decir, un país solidario, un país integrador, un país con una firme aspiración por la igualdad y la justicia social. Y creo que esta es la mejor respuesta que puede darse, precisamente, a quienes buscan difundir una imagen opaca, a quienes buscan instaurar una dialéctica de la sospecha, del odio, de la separación entre la ciudadanía.

La primera de esas medidas es la convocatoria anticipada de las subvenciones para actividades de interés social. Son 94 millones de euros del tramo estatal del IRPF al que seguirán en las próximas semanas 375 millones del tramo autonómico. Es decir 471 millones de euros, un 12 % más que el año anterior, que se van a destinar a programas de lucha contra la exclusión social y la pobreza, infancia, formación, derecho a la cultura, conciliación familiar.

Me gustaría reivindicar o poner en valor tres aspectos de esta convocatoria. La primera, es su carácter anticipado. Esta era una reclamación histórica del Tercer Sector en España. ¿Por qué? Porque va a disponer ahora de más tiempo para una mejor preparación de los programas, para que podamos hacer una evaluación más exhaustiva también y, por tanto, para poder conseguir una mayor sinergia con las políticas públicas. Esto va a ser algo positivo para la política social del país. Es segundo lugar, quiero poner en valor que estos 471 millones de euros son el resultado de la solidaridad y la empatía de la ciudadanía. De ese 50 % de contribuyentes que marca las casillas de los fines sociales en su declaración de la renta.

Y quiero hacer, si me lo permiten, una aclaración y un llamamiento. La aclaración es que marcar la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta no implica pagar más ni implica recibir menos. Repito, marcar la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta no implica pagar más ni recibir menos, pero sí hace posible que se financien multitud de iniciativas de interés social que mejoran la calidad de vida de millones de personas en nuestro país, así que quiero animar, y ese es el llamamiento a la ciudadanía, a que lo considere, a que considere marcar la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta.

La última cuestión tiene que ver con que creo que es más importante que nunca poner en valor el trabajo de las organizaciones sociales en España. Y esto por una razón. Hace muchos años que la ultraderecha, en el mundo entero, ha puesto al Tercer Sector y a las organizaciones sociales en su punto de mira. Y en España tuvimos ocasión de comprobarlo con ocasión de la DANA de Valencia. Hay un intento sistemático de atacar, de desacreditar y de intoxicar con campañas de desprestigio, de odio, de señalamiento, de noticias falsas, a la labor esencial que hace el tejido social organizado en nuestro país. Esto no es una cuestión inocente. Es perfectamente intencionada. Lo hacen para desmantelar la organización social, para atomizar a la ciudadanía, para que en ese vacío puedan imponerse los discursos autoritarios y los discursos de odio que prometen una falsa noción de orden.

Yo quiero decir hoy aquí, con motivo de la presentación de este programa, que España demuestra, la ciudadanía española demuestra vez tras vez que es mucho mejor que esos propósitos y que esas ideas y, en ese sentido, rápidamente, en apenas dos frases para decir que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy también el real decreto que regula las condiciones, la formación, la identificación de los perros de asistencia.

Esta es una medida importante que va a combinar la máxima protección del bienestar de estos animales con el impulso a lo que ya se ha convertido en un elemento esencial para promover la autonomía personal y la vida independiente de cientos de miles de compatriotas. Hasta ahora los perros de asistencia se regían por un decreto del año 83, que solo consideraba la discapacidad visual. Ahora no solo se extiende a todos los tipos de discapacidad, sino también a otras figuras, como los perros de aviso, de alerta médica o sonora, o los perros de asistencia para personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Y esta medida, este real decreto, va a garantizar el acceso a la circulación y la permanencia de los perros de asistencia en todos los espacios públicos y privados.

En definitiva, dos medidas que creo que dan cuenta de un país integrador diverso, unido en torno a la aspiración por el bienestar y la justicia social y que demuestra que no estamos solos, no estamos divididos y que la cohesión social, el bienestar de las mayorías y los derechos sociales son el mejor motor de desarrollo de esta habilidad y, por tanto, de prosperidad para las democracias europeas.

Portavoz. - Muy bien. Pues muchas gracias a los tres ministros. Por favor, empezamos.

Lucía Fernández Fernández (Antena 3). - Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería empezar por el ministro Marlaska. Cuando salieron los mensajes de Ábalos, miembros del Gobierno apuntaron a la UCO como posible origen de la filtración. Ahora, según El Confidencial, Leire Díez, a la que se vincula con Ferraz, buscaba pruebas también para atacar a la UCO. Usted, como ministro del Interior, como responsable de esta unidad, ¿tiene algo que decir al respecto? ¿Qué le parecen estos ataques a la UCO?

Y a la ministra portavoz, quería preguntarle si conocían a Leire Díez, si tiene alguna vinculación con Moncloa y con Ferraz, y ¿qué les parece que estuviera ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de información? Gracias.

Ministro del Interior. - Gracias, ministra. Muchas gracias, Lucía, por la pregunta. En primer lugar, no es por contradecirte, pero no conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración, sino lo único que conozco es el apoyo de todos los integrantes del Gobierno de España a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente, a la UCO en el cumplimiento de sus funciones. Y, naturalmente, el ministro del Interior, su ministro, tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. No solo por ser ministro del Interior, sino porque conozco de su profesionalidad y no podemos obviar, en ese sentido, que esas unidades de policía judicial actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales, bien del ministerio fiscal, propio en toda democracia como la nuestra, aunque es cierto que, en otros momentos, cuando gobernaba la derecha, yo creo que no ocurría eso de forma real.

Y déjame, sí, que haga una referencia, hablando de filtraciones y por ese respaldo decidido, manifiesto y por convicción a la UCO y al conjunto de unidades, que me preocupa que, en cambio, en algunos medios de comunicación se hagan referencias a supuestas informaciones, o que les haya llegado informaciones de las unidades de investigación. Me parece que eso es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes, cuales son la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones y su puesta a disposición del conjunto de informes de a quién deben rendir, que es a la autoridad judicial en el marco de la investigación.

Con lo cual, sí que hago un llamamiento. Un llamamiento a que esos comentarios, o esas situaciones que pueden parecer inocuas, lo que ponen en tela de juicio es una actividad tan profesional, tan decidida y en parámetros de neutralidad objetiva, como es el conjunto de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y en ese sentido, la UCO.

Portavoz. - Añadiendo a lo que el propio ministro le respondía a usted, creo que el propio Partido Socialista ayer dio una rueda de prensa, incluso emitió un comunicado y, por tanto, me permitirán que, en este caso, sobre esta información, me remita hacia ese comunicado.

Ot Serra Guivernau (ARA). - Hola, buenas tardes. Para la ministra portavoz. Yo quería saber qué ha fallado en los contactos diplomáticos para no conseguir que la votación sobre las lenguas cooficiales pueda salir hoy adelante en el Consejo de la Unión Europea. Sin ir más lejos, ayer el ministro Albares se reunió con su homólogo alemán aquí, en Madrid, y si es optimista para que pueda salir más adelante, gracias.

Portavoz. - Bueno, ustedes saben que llevamos ya varios años debatiendo y trabajando con todos los países socios esta cuestión, este compromiso, este reconocimiento, si me permiten, de nuestra propia identidad plurilingüe de nuestro país y es verdad que en estos momentos sí que les puedo avanzar que se habían conseguido grandes avances en estas últimas semanas. De hecho, había un número amplio ya de estados que, lógicamente, querían y estaban dispuestos a aprobar esta medida esta misma mañana, pero también es verdad que un número menor, más pequeño, de otros países nos han pedido más tiempo, más información y, por supuesto, España va a aceptar esa petición de varios países de seguir dialogando porque, además, desde luego, el interés, como le digo, por parte del Gobierno de España es que se reconozca y se respete esa identidad plurilingüe que tiene nuestro país y, por tanto, vamos a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento.

Ustedes creo que además también vivieron y participaron de ese debate que en su momento tuvimos en este país, para que las lenguas cooficiales se pudieran escuchar y hablar con normalidad y tranquilidad en el Congreso de los Diputados. Es verdad que en ese momento el debate en. Hubo semanas y días que, en fin, se intensificó demasiado, y si me permite, incluso alguna vez de forma muy torticera por parte de la derecha y de la ultraderecha, y hoy, afortunadamente, en el Congreso de los Diputados se habla y se debate en todas las lenguas oficiales de nuestro país. Por cierto, lenguas que se hablan casi aproximadamente. Por, en fin, casi 20 millones de ciudadanos de nuestro país, desde luego, por un número muy importante de ciudadanos españoles y españolas, y, por tanto, esa misma realidad o esa misma naturalidad, ese mismo reconocimiento de esa identidad plurilingüe que tenemos, que ya es una realidad aquí, en el Congreso de los Diputados, nosotros vamos a seguir dialogando y trabajando para que sea así también en el entorno europeo.

Miguel Muñoz Ortega (Público). - Muchísimas gracias. Eh varias cuestiones. Para la ministra portavoz, en este sentido del uso de las lenguas cooficiales, quería preguntarle si cree que el Partido Popular ha podido maniobrar a nivel europeo para que no haya más apoyos, para retrasar esta decisión.

Luego, una pregunta para el ministro de Derechos Sociales. Hace unos días anunciaba que se había pedido la retirada de más de 65.000 anuncios a la plataforma Airbnb por considerarse ilícitos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado que se retiraran parte de ellos, no sé si les consta que esto esté sucediendo, que se estén retirando ya estos anuncios.

Y una última para la ministra de Inclusión y Migraciones. Publicamos una información esta mañana en Público, y a raíz de eso le quería preguntar si el Gobierno estaría dispuesto a ampliar el plazo que se cerró el 14 de mayo para que las personas migrantes afectadas por la DANA tengan más tiempo para solicitar la regularización y flexibilizar los criterios. Es una petición expresa de sus socios de gobierno, desde Sumar, y también de diferentes asociaciones y colectivos. Muchas gracias.

Portavoz. - Por favor.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Pues efectivamente, el lunes pasado conocimos esta noticia, que es un importante aval a la acción del Ministerio de Consumo. El Ministerio de Consumo ha hecho su trabajo, anunciamos que íbamos a perseguir la publicidad ilícita de pisos turísticos que no cumplen con la normativa vigente, y se trata de un importante aval judicial a esas actuaciones, ha tenido mucha repercusión también a nivel internacional, creo que esa es la mejor prueba del hecho de que se trata de una cuestión de profundo interés social. Creo además que se trata de una importante victoria para quienes defienden el derecho a la vivienda en este país. Y la premisa desde la que operamos es siempre la misma, es que ningún interés económico debe estar por encima del derecho a la vivienda, y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley. Y en lo que refiere a las actuaciones que sigan a ese auto judicial, evidentemente es el tribunal quien es responsable de ellas, y respeto escrupuloso por su acción.

Sí me gustaría decir una cosa: esos 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos refieren a viviendas donde antes residían familias, trabajadores, estudiantes. Y por tanto creo que lo más importante a continuación es asegurar que esas viviendas vuelvan a la función que no tenían que haber abandonado. Y, por tanto, que se pongan en alquiler asequible para afrontar la formidable crisis de vivienda que viven las mayorías trabajadoras en este país. Y, hay mecanismos, existen los mecanismos para asegurar, para asegurar que los grandes tenedores pongan esas viviendas a un alquiler asequible, se llama ley de vivienda, se llama declaración de zonas tensionadas y tope al precio de los alquileres. Y si en muchas de las grandes ciudades en España no bajan los alquileres, es porque el Partido Popular no quiere, es porque el señor Feijóo no quiere. Por tanto, yo conmino una vez más a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a que apliquen la ley de vivienda e instauren los topes a los alquileres para aliviar las enormes dificultades que afrontan millones de familias trabajadoras en este país para acceder a su derecho constitucional a la vivienda.

Portavoz. - Ministra.

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. - Le agradezco la pregunta. Mire, desde que aconteció la DANA nos pusimos rápidamente manos a la obra. Quiero recordar que esta medida excepcional fue fruto de una sensibilidad y de una escucha a una demanda, se puso en marcha el 14 de febrero, se desplegaron cuatro oficinas de extranjería, bueno, no solamente para las localidades afectadas, para poder facilitar absolutamente todos los trámites. Se han recibido más de 32.000 solicitudes, con un 94 % de resoluciones favorables. En ese sentido, las personas que han tenido resolución favorable, es importante que podían ser beneficiarios de todo el despliegue de medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para paliar los efectos de la DANA, y que esa situación de irregularidad sobrevenida no fuera una losa a añadir al daño producido por la DANA.

Estamos monitorizando y siguiendo muy de cerca para poder evaluar cómo se va desarrollando esta medida. Y es importante que se han establecido las instrucciones para que, si hay personas que tienen que pedir un certificado, que tiene una dilación en su obtención, que ese tiempo que pasa no sea una causa de denegación de esa solicitud, así que estamos monitorizando para evaluar esta importante medida extraordinaria, que ha dado respuesta a una situación de mucho dolor en las zonas afectadas.

Portavoz. - Y la posición del Partido Popular es una posición pública, y han manifestado su posición contraria desde el primer momento. Parece que a estas alturas al señor Feijóo ya no le gusta el gallego, lo digo porque cuando era presidente de la Xunta trabajó para que el gallego tuviese un uso normalizado en las escuelas, incluso para acceder a plazas de la Administración pública. Pues ahora su posición ha cambiado por completo y ya no está de acuerdo que se reconozca esa realidad plurilingüe de nuestro país con el catalán, con el euskera y con el gallego. Además, les tengo que recordar, seguro que ustedes también tienen la fecha grabada en su memoria, en 2025 se va a cumplir el 40 aniversario de nuestro país a la adhesión de la Unión Europea, y desde luego a nosotros nos parecía un momento y una fecha muy significativa, como digo, para este reconocimiento y a este respeto, que es de una realidad absolutamente cotidiana de nuestro país. Y por eso le decía anteriormente a su compañero, que nosotros vamos a seguir trabajando con el resto de los países para llevar hasta el final este compromiso que tiene nuestro Gobierno de reconocer la realidad plurilingüe de nuestro país.

Carlota Núñez Ortega (Cuatro). - Hola, buenas tardes. Al ministro del Interior usted hablaba de la profesionalidad de la UCO y yo quería preguntarle. Vox ya ha anunciado que va a tomar acciones legales por esos audios de Leire Díaz, el PP también ha anunciado que está estudiándolas. No sé si el Gobierno también considera que se debería investigar si alguien ha intentado sacar información para cuestionar la labor de la UCO.

Y luego, sobre el catalán, Junts ha sido muy vehemente, portavoz, no sé si han hablado con ellos o si temen que este retraso pueda afectar a las relaciones que tienen con ellos y a la estabilidad de la legislatura. Gracias.

Ministro del Interior. - Bueno, muchas gracias, Carlota, por la pregunta. En relación a las posibles acciones que en base al vídeo al que haces referencia puedan interesar distintas partes, partidos políticos, asociaciones, particulares. Yo, nada que decir, cada uno sabe lo que entiende oportuno realizar. Pero teniendo en cuenta igualmente, como, el alcance de ese vídeo, del contenido, etc., puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha, y de los procedimientos judiciales en marcha, de su corrección, de su regularidad, la responsabilidad es de la autoridad judicial, pues yo creo que el mejor punto de referencia es que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados por ese vídeo, por decirlo así, sea la que, en su caso, tome las medidas que estime oportunas para lo que decimos y debe ser la regularidad de todo procedimiento judicial.

Portavoz. - No he podido. Ya me disculpará, pero no he podido escuchar las declaraciones de Junts, lo que sí que les puedo trasladar es la posición clara del Gobierno de España, se lo decía anteriormente a sus compañeros: nosotros vamos a seguir trabajando en esa vía de diálogo con el resto de los países. Se había, además, conseguido ya un avance muy importante durante todos estos meses, incluso ya años que llevamos trabajando sobre esta cuestión, y por supuesto vamos a percutir en ese camino de diálogo, como digo, con el resto de los países de la Unión Europea, y además, cuando conozcamos más los detalles de esta reunión, el ministro Albares les podrá dar un detalle más pormenorizado de esta cuestión, pero el compromiso, por supuesto, es claro, y vamos a seguir dialogando y trabajando con el resto de los países.

Antonio Luis Ruiz Valdivia (Infolibre). - Buenas tardes. A la ministra portavoz le quería preguntar sobre las lenguas cooficiales. Hablan que van a intentar convencer a los socios, pero si se dan un plazo o si Junts les ha fijado un plazo para intentarlo de nuevo.

También quería preguntarle por…hemos conocido hoy que el abogado de González Amador lo ha desmentido y ha dicho que sí pidió que hubiera un pacto con la Fiscalía.

Y al ministro de Derechos Sociales también quería preguntarle por una noticia judicial, por la vía abierta en un juzgado con la imputación de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid por el caso de las residencias, si cree que terminarán condenados estos cargos. Gracias.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Permítame decir dos cosas, la primera que me viene a la cabeza es que hace unas semanas que la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo estas declaraciones en las que animaba a dar su mejor versión a jueces y periodistas. Yo les confieso que todavía no he entendido qué quiere decir exactamente esa declaración, pero sí me gustaría animar a dar su mejor versión a los altos cargos de su Gobierno que han sido llamados a declarar en esa causa, porque las 7.291 víctimas de las residencias en Madrid y sus familias se merecen, se merecen que se salvaguarde el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Y creo que tenemos un deber, esta es la segunda reflexión que querría hacer, eh...surgido de aquella experiencia tan traumática y tan dolorosa para el conjunto de la ciudadanía, que tiene que ver con la mejora, con la mejora de las condiciones de vida de las personas que están institucionalizadas en una residencia, por ejemplo, en España, y para eso estamos transformando el sistema de provisión de cuidados de larga duración, próximamente traeremos al Consejo de Ministros en segunda vuelta la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que va a cambiar ese modelo. Y además anunciamos la semana pasada que estamos trabajando, después de haber aprobado el real decreto de comedores escolares, en un nuevo real decreto para garantizar el derecho a una alimentación saludable, digna y nutritiva en los hospitales y en las residencias de todo el país. Creo que esa es la mejor respuesta que se puede dar desde los poderes públicos a la experiencia tan traumática que vivimos entonces, y que todavía debe ser resarcida en términos, como digo, de verdad, de justicia y de reparación para las familias.

Portavoz. - La mejor cara de la justicia, ministro, debe ser lo que estamos conociendo esta mañana, como vemos, que la verdad se abre camino, respecto a lo que usted me preguntaba del señor González Amador.

Y con respecto al tema de las lenguas, nosotros desde ya vamos a seguir dialogando y trabajando con el resto de los países de la Unión Europea para convencerles cuanto antes. Se habían dado importantes avances. No le puedo poner, lógicamente, plazo ni calendario, pero esperemos lograr ese compromiso y ese objetivo lo antes posible.

Portavoz. - Muy bien, gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)