Referencia Consejo de Ministros

27.5.2025

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 650.000.000 de euros, y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Industria y Turismo, para dotar presupuestariamente al Mecanismo de financiación a empresas afectadas por la DANA (Mecanismo REINICIA+ FAIIP DANA), de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2024.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones presupuestarias, por importe total de 699.686.088,16 euros; para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por importe de 649.990.810 euros; así como para subvencionar el Plan Anual de Seguros Agrarios y la liquidación de planes anteriores, por importe de 49.695.278,16 euros.
ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por importe de 60.137.430 euros, destinada a incrementar las dotaciones correspondientes en materia de políticas de acceso a la vivienda.
ACUERDO por el que se autoriza a la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la contratación, mediante Acuerdo Marco, del suministro de kinegramas utilizados en la fabricación de documentos de seguridad, por importe de 48.890.000 euros.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el programa 2121 "Atención Primaria de Salud", en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la contratación y reajuste de anualidades, así como la tramitación anticipada de contratos de suministro de material sanitario, mantenimiento de equipos y nuevos contratos de carácter informático en los centros gestionados por el INGESA.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en el programa 2123 "Atención Especializada", en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la contratación y reajuste de anualidades, así como la tramitación anticipada de contratos de suministro de equipos, servicios de mantenimiento y nuevos contratos de carácter informático y de suministro de energía eléctrica en los centros gestionados por el INGESA.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la realización de diversos gastos del capítulo 2 en la Biblioteca Nacional de España, O.A., adscrita al Ministerio de Cultura.
ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la realización de diversas actuaciones imputables al capítulo 2 del presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura, en el programa 333A "Museos".
ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la realización de diversas actuaciones imputables al capítulo 2 del presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura, en el programa 332A "Archivos".
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, del Ministerio de Sanidad, la tramitación de diversos expedientes de gastos corrientes en materia de salud pública.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, con el fin de tramitar las prórrogas de los suministros en régimen de arrendamiento de diversos vehículos.
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Tajo la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Tajo la financiación de diversas actuaciones a través de su Capítulo 6 "Inversiones reales".
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la tramitación anticipada del contrato denominado Servicio de soporte al desarrollo de software, y de asistencia técnica a los usuarios de los recursos microinformáticos.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico la tramitación de diversos contratos de servicios de mantenimiento, asistencia técnica, limpieza y vigilancia, así como de suministros de energía y prendas de vestuario, entre otros.
ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la compensación por los gastos de gestión y administración incurridos por el Instituto de Crédito Oficial por el primer tramo de la línea de avales prevista en el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial.
ACUERDO por el que se autorizan los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la suscripción de un acuerdo internacional entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino de España, por otra, relativo al establecimiento del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 800.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias para emitir deuda pública apta para materializar las dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), por un importe máximo de 100.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de La Rioja a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 100.000.000 de euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para el control y reducción de filtraciones en el estribo izquierdo de la presa de Rialb, en el término municipal de Ponts (Lérida), por un importe máximo de 470.000 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación de los daños causados por el tren de temporales de marzo y abril de 2025 en las costas de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Huelva, por un importe global de 5.036.076,65 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de las obras de restauración hidrológico-forestal en pistas forestales del término municipal de Letur, provincia de Albacete, por un importe máximo de 856.075 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de criterios para la distribución de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, para sometimiento a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, destinados al impulso y apoyo a iniciativas y acciones cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial correspondiente a 2025, por importe total de 23.115.946,12 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la reasignación de remanentes del Fondo Verde del Carbono del Fondo Multilateral de Créditos de Carbono al Fondo Azul de Cooperación para el Mediterráneo, ambos gestionados y administrados por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, por un importe de 8.544.025,66 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.
REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 1431/2009, de 11 de septiembre, por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo; el Real Decreto 172/2010, de 19 de febrero, por el que se regula el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira; el Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven; y el Real Decreto 323/2024, de 26 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
INFORME sobre la Estrategia Española de Salud Global 2025-2030

Defensa

ACUERDO por el que se autoriza la celebración de la orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque de aprovisionamiento (BAC II), por un valor estimado de 650.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para suministro e implantación de los nodos desplegables del sistema de Mando y Control Nacional y los servicios de construcción y despliegue del sistema Constructor Automático de Nodos Desplegables, por un valor estimado de 57.586.070 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de la segunda enmienda a la carta de oferta y aceptación (COA SP-P-GOR) para el estudio de modernización de media vida para las Fragatas F100, por un valor estimado de 13.924.410,34 euros.

Interior

ANTEPROYECTO DE LEY de protección y resiliencia de entidades críticas, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 5.000 euros, a ROADPOL (European Roads Policing Network).
ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria, por importe de 11.695 euros, a CIECA (International Commission for Driver Testing).
ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de protección y resiliencia de entidades críticas.

Educación, Formación Profesional y Deportes

REAL DECRETO por el que se establece el Certificado profesional en Operaciones con maquinaria de transporte de tierras en construcción, de la familia profesional Edificación y Obra Civil, se fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado profesional.
REAL DECRETO por el que se establece el Certificado profesional en Operaciones con maquinaria de arranque y carga de tierras en construcción, de la familia profesional Edificación y Obra Civil, se fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado profesional.
REAL DECRETO por el que se establece el Certificado profesional en Operaciones con maquinaria de extendido y nivelado de tierras en construcción, de la familia profesional Edificación y Obra Civil, se fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado profesional.
REAL DECRETO por el que se establece el Certificado profesional en Operaciones artesanales de bordado, de la familia profesional Textil, Confección y Piel, se fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado profesional.
REAL DECRETO por el que se establece el Certificado profesional en Cuidados higiénicos y estéticos de animales de compañía, de la familia profesional Agraria, se fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en este certificado profesional.

Agricultura, Pesca y Alimentación

ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Aragón el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Illes Balears el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Cataluña el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de La Rioja el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Foral de Navarra el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunitat Valenciana el 13 de enero de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto para la mejora de la eficiencia hídrica y energética en la zona regable de la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Totana (Murcia), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase II.
ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de modernización y mejora de la eficiencia hídrica en la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir (Sevilla), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase II.

Vivienda y Agenda Urbana

ACUERDO por el que se autoriza la ejecución del proyecto básico y de ejecución de adecuación de espacios para migrantes en el antiguo Hospital Naval de Cartagena (Murcia).

Cultura

ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, O.A., la convocatoria correspondiente al año 2025 de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, por importe de 37.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y a la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA), correspondiente a la anualidad de 2025, por un importe total de 1.346 euros.

Economía, Comercio y Empresa

ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J. (FIEM), al Ministerio de Finanzas y Presupuesto de Costa de Marfil, con la garantía soberana de Costa de Marfil, para financiar un proyecto de suministro, instalación y puesta en marcha de material de laboratorio para el refuerzo de las capacidades técnicas de los laboratorios de Laboratoire National d'Appui au Développement Agricole (LANADA) en Costa de Marfil, por importe de hasta 3.349.858,20 euros.

Sanidad

ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Mes de la Salud Visual.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos biológicos con biosimilares, con un valor estimado de 347.656.209,26 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), para la mejora de la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en fase avanzada.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REAL DECRETO por el que se regula la actividad y bienestar de los perros de asistencia
ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria anticipada de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por importe máximo de 96.245.992,90 euros.

Ciencia, Innovación y Universidades

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Instituto de España y a las Reales Academias y Academias de ámbito nacional.
REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Fraunhofer Spain Research, para su establecimiento en España.
ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el pago de la contribución voluntaria a la organización Science Europe, correspondiente a 2025, por importe de 99,843.77 euros.
ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., el pago de la contribución voluntaria a varios organismos y programas de investigación internacional, correspondiente al año 2025, por importe de 1.024.346,79 euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

ACUERDO por el que se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2025 a Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la realización del encargo de la Secretaría de Estado de Migraciones a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA) para la prestación de servicios de apoyo a la atención de las personas llegadas a las costas en los centros de primeras llegadas y en los centros de atención, emergencia y derivación, por un importe de 41.712.210,99 euros.
INFORME sobre el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos por rendimientos netos: primer proceso de regularización. Desarrollo y resultados.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

REAL DECRETO por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la República Federal de Nigeria a D. FÉLIX COSTALES ARTIEDA.
REAL DECRETO por el que se nombra embajador de España en la Federación de San Cristóbal y Nieves a D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DE TURISO.
REAL DECRETO por el que se nombra embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a D. JESÚS ÁNGEL CELADA PÉREZ.
REAL DECRETO por el que nombra embajador en Misión Especial para la Salud Global a D. RAÚL SANTIAGO FUENTES MILANI.

Igualdad

REAL DECRETO por el que se nombra presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, A.A.I. a Dª. MARÍA TERESA VERDUGO MORENO.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA EL MECANISMO REINICIA+ FAIIP DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 650 millones de euros y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Industria y Turismo para dotar presupuestariamente al Mecanismo de financiación a empresas afectadas por la DANA (Mecanismo REINICIA+ FAIIP DANA).

Ello se produce de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2024 de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Con el fin de hacer frente a los daños causados por la DANA, el referido Real Decreto-ley, regula en su artículo 24, la creación del Mecanismo de financiación a empresas afectadas por la DANA, el Mecanismo REINICIA+ FAIIP DANA, dentro del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial F.C.P.J., gestionado por la Sociedad Estatal SEPI Desarrollo Empresarial, S.M.E., S.A. (SEPIDES).

El Mecanismo REINICIA+ FAIIP DANA está destinado a ofrecer préstamos a las empresas titulares de establecimientos industriales, de las zonas afectadas por la DANA.

Se trata de una línea de financiación dotada con 650 millones de euros. Los préstamos permitirán la financiación de activos materiales e inversiones nuevas de las empresas afectadas, así como nuevas inversiones industriales en la zona afectada por empresas o establecimientos no afectados, y se concederán por un plazo de hasta 10 años, a un tipo de interés del 0% y con periodos de carencia de hasta 3 años.

Por ello, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Industria y Turismo, por el citado importe, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Hacienda

OPERACIONES DE PAZ DEL EJÉRCITO Y PLAN ANUAL DE SEGUROS AGRARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 700 millones de euros para financiar modificaciones presupuestarias, con el objetivo de atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un lado, así como para subvencionar el Plan Anual de Seguros Agrarios y la liquidación de planes anteriores.

De esta forma, la asignación del Fondo de Contingencia que se contempla en este Acuerdo por importe de 699.686.088,16 euros tiene como finalidad la financiación de las siguientes modificaciones de crédito:

Ampliación de crédito en el Ministerio de Defensa, para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un importe de 649.990.810 euros.

Las diferentes misiones en las que participan las Fuerzas Armadas Españolas atienden a los tres grandes objetivos estratégicos siguientes: proporcionar estabilidad y seguridad; luchar contra el terrorismo; y disuadir y defender el territorio aliado.

Ampliación de crédito en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al objeto de subvencionar el Plan Anual de Seguros Agrarios y la liquidación de planes anteriores, por importe de 49.695.278,16 euros.

El acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023, por el que se aprueba el 45 Plan de Seguros Agrarios Combinados, establece que la aportación del Estado que se estima necesaria para la aplicación de las distintas actuaciones contenidas en el actual Plan supone un montante total de 289,74 millones de euros durante el ejercicio 2024, de los cuales 284,52 millones de euros se destinarán como subvención al pago de las primas del 45 Plan de Seguros y a la liquidación de planes anteriores.

Sin embargo, la cantidad necesaria para abonar las subvenciones correspondientes al 45ª Plan y la liquidación de planes anteriores ha alcanzado a fecha de 31 de diciembre de 2024 los 369.943.649,18 euros, generando una necesidad de 85.423.649,18 euros, que se traslada al presente ejercicio 2025.

De dicha cuantía, es preciso financiar con cargo al Fondo de Contingencia un importe total de 49.695.278,16 euros.

Hacienda

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA POLÍTICAS DE ACCESO A LA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por importe de 60.137.430 euros, destinada a incrementar las dotaciones correspondientes en materia de políticas de acceso a la vivienda.

La Dirección General de Vivienda y Suelo, Unidad adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha sido el centro directivo que ha solicitado esa transferencia.

Esta Dirección General ha estimado las siguientes necesidades financieras vinculadas al desarrollo de las políticas de acceso a la vivienda, en el marco de sus funciones y competencias asignadas en el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero:

Necesidades para garantizar la puesta en marcha de las actuaciones dirigidas a las Comunidades Autónomas ante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en la actualidad, varios municipios de Cataluña y País Vasco han culminado el procedimiento establecido para su declaración como zonas de mercado residencial tensionado, en tanto que otras zonas de Navarra, Asturias y País Vasco han iniciado dichos trámites.

Al amparo de lo recogido en el citado artículo, el MIVAU ha previsto para el ejercicio 2025 una dotación presupuestaria de 35 millones de euros para impulsar, en colaboración con las administraciones correspondientes, la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible, de manera que se facilite el acceso al mercado de vivienda a los ciudadanos de los territorios anteriormente mencionados.

Necesidades para garantizar la concesión de subvenciones relativas al Plan Estatal de Vivienda.

En virtud del convenio suscrito entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Región de Murcia, el 2 de noviembre de 2022, para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, dicha Comunidad Autónoma tiene asignados 11.426.800 euros en el ejercicio corriente.

No obstante, la prórroga presupuestaria para el año 2025 ha supuesto que para este ejercicio se necesite esta transferencia de crédito para hacer frente a las obligaciones contraídas por parte de este Departamento ministerial en virtud del convenio de colaboración citado.

Necesidades para hacer frente al abono de la línea de avales para la adquisición de nueva vivienda de jóvenes y familias.

De conformidad con el convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Entidad Pública Empresarial Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 5 de mayo de 2024, dicho Ministerio debe abonar al ICO los importes de comisión de gestión y administración de los avales por cuenta del Estado de la 'Línea de avales para la adquisición de primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo', correspondiendo al ejercicio 2025 un compromiso de gasto de 10.250.000 euros.

En tanto que esta partida no existía en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023, ante la prórroga presupuestaria para 2025, se hace preciso contar con este crédito presupuestario para atender los compromisos adquiridos que deberán abonarse al ICO.

Necesidades para hacer frente a las obligaciones derivadas del convenio de colaboración suscrito entre el extinto Ministerio de Fomento, la Ciudad Autónoma de Ceuta y el SEPES.

En virtud de ese acuerdo formalizado el 21 de diciembre de 2018, dicho Ministerio se comprometió a financiar la construcción de 90 viviendas protegidas en esa Ciudad Autónoma, sin embargo, y por diversos motivos, quedaron pendientes de transferir por parte del Ministerio citado la cantidad de 3.460.630 euros.

En consecuencia, y al objeto de cumplir con las obligaciones expuestas, el centro gestor propone esta transferencia de crédito, por una cuantía total de 60.137.430 euros.

Hacienda

SUMINISTRO DE KINEGRAMAS PARA EVITAR FALSIFICACIONES EN DOCUMENTOS COMO DNI O PASAPORTES

El Consejo de Ministros ha autorizado a la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) la contratación, mediante Acuerdo Marco, del suministro de kinegramas, es decir, elementos visuales utilizados en la fabricación de documentos de seguridad y empleados para garantizar la autenticidad de los mismos, por importe de 48.890.000 euros.

La FNMT-RCM es responsable de la fabricación de documentos fundamentales en la vida del ciudadano y para empleados púbicos que garantizan su identidad y le reconocen aptitudes y derechos.

La autenticidad de estos documentos y la confidencialidad de los datos es fundamental en un Estado de Derecho. Fabricar documentos protegidos contra la falsificación y manipulación, producidos en un entorno seguro, con la máxima garantía y calidad, es una de las actividades esenciales de esta entidad pública empresarial desde su creación.

Para evitar la falsificación y la manipulación fraudulenta, la FNMT-RCM incorpora a los documentos de identificación y otros documentos esenciales, los más avanzados sistemas en seguridad gráfica: papeles especiales con marca de agua, fibrillas luminiscentes e hilo de seguridad, impresiones en iris, calcografía, tintas OVI, grabados con láser, o dispositivos ópticamente variables, entre otros. Uno de estos elementos son los kinegramas.

Este concepto representa una tecnología de seguridad holográfica avanzada que se utiliza para autenticar documentos y prevenir su falsificación y alteración. Los kinegramas son imágenes ópticamente variables que, cuando se ven desde diferentes ángulos, muestran cambios visuales complejos y predefinidos.

La tecnología detrás de los kinegramas es altamente sofisticada. Estos hologramas se producen utilizando técnicas de grabado láser y estampado en caliente, que crean patrones intrincados y precisos. Los kinegramas incluyen una combinación de características visibles y encubiertas, como imágenes lenticulares, efectos de profundidad y microtextos, que pueden ser verificados con equipos especializados. Estas características lo dotan de una alta garantía de seguridad, a la que se le añade otra gran ventaja como es su durabilidad.

Los kinegramas representan una tecnología esencial en la lucha contra la falsificación, y la FNMT los utiliza para estamparlos en los siguientes documentos de seguridad que fabrica:

Tarjetas, siendo las más significativas DNI y Permiso de Residencia.

Pasaportes.
Títulos de Viaje.
Otras libretas.
Visado.

Dada la criticidad de estos elementos para asegurar la inviolabilidad de estos documentos de seguridad básicos para el funcionamiento de la sociedad española, desde la FNMT se han integrado varios acuerdos marcos en uno solo que permita asegurar el suministro de este elemento tecnológico en los próximos años, a través de un ejercicio de planificación estratégica que evite cualquier problema de entrega en dicho periodo.

Por ello, se ha elevado al Consejo de Ministros, para su autorización, un Acuerdo Marco por un valor estimado de 48.890.000 euros (sin incluir IVA) para sus cuatro años de posible vigencia (dos años iniciales con posibilidad de prórroga hasta 24 meses), y que supondrá poder disponer de este crucial innovador elemento de seguridad que garantice la integridad de estos documentos que produce la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, y por ende, la confianza de la ciudadanía en los mismos.

Hacienda

REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD EN EL ÁMBITO ESTATAL

El Consejo de Ministros ha acordado, a iniciativa del Ministerio de Sanidad y a propuesta y previo informe favorable del Ministerio de Hacienda, autorizar límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros y modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por un total superior a 200 millones de euros.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la continuidad y refuerzo de los servicios públicos de salud en el ámbito estatal, con especial atención a la salud pública, la atención especializada y la atención primaria gestionadas por el INGESA y la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud.

Salud Pública: Más de 154 millones de euros para reforzar la prevención y la equidad

La Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud gestionará la mayor partida aprobada, con un total de 154,4 millones de euros para el ejercicio 2026.

Esta inversión permitirá la tramitación de nuevos expedientes de gasto vinculados a:

Encargos de asistencia técnica.
Estudios técnicos y convenios con entidades colaboradoras.
Contratos de servicios para programas de salud.
Compra y suministro de vacunas en el marco del calendario vacunal infantil.

Estos compromisos responden a la necesidad de dar continuidad a iniciativas estratégicas en materia de salud pública, especialmente en un contexto de fortalecimiento del sistema de prevención, vigilancia y equidad territorial.

Atención Especializada: 113 millones de euros para equipamientos, tecnología y energía

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) dispondrá de 113 millones de euros para el periodo 2026-2029 destinados a atención hospitalaria y especializada en Ceuta y Melilla.

Esta inversión financiará:

Suministro de medicamentos, material sanitario y no sanitario.
Servicios de mantenimiento de sistemas hospitalarios.
Renovación de contratos tecnológicos e informáticos.
Tramitación anticipada de expedientes energéticos para garantizar la operatividad de centros hospitalarios. El límite de compromiso de gasto se eleva al 95,91% del crédito inicial para el ejercicio 2026, lo que refleja el esfuerzo por modernizar infraestructuras críticas de atención especializada en los territorios bajo gestión estatal.

Atención Primaria: 13,3 millones para asegurar la operatividad en centros de salud

Asimismo, se ha autorizado a INGESA a comprometer 13,3 millones de euros hasta 2029 en el marco del programa de Atención Primaria de Salud.

La partida cubrirá:

Prórrogas de contratos de mantenimiento y material sanitario.
Nuevas licitaciones informáticas para centros de atención primaria.
Mejora de los sistemas de gestión de emergencias del 061 en Ceuta y Melilla. El crédito correspondiente a 2026 alcanzará el 92,58% del crédito inicial autorizado, garantizando la estabilidad de los servicios básicos en centros de salud de ambas ciudades autónomas.

Hacienda

NUEVA SEDE DEL CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN SEVILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la suscripción de un acuerdo internacional entre la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y España, por otra, relativo al establecimiento del Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC) de la Comisión Europea en Sevilla.

El JRC es el servicio de ciencia y el Centro de conocimiento de la Comisión Europea que emplea investigadores para proporcionar evidencias científicas independientes y aconsejar con fundamento en el apoyo a la mayoría de las políticas de la Unión Europea.

Se encuentra distribuido en seis emplazamientos en cinco países europeos: Bruselas y Geel (Bélgica), Sevilla (España), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania) y Petten (Países Bajos).

El Centro Común de Investigación de Sevilla ofrece investigación de alta calidad en áreas clave y contribuye a informar y dar forma a las políticas de la UE.

El 15 de abril de 1994, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Reino de España suscribieron un acuerdo sobre el establecimiento de las instalaciones del 'Instituto de Prospectiva Tecnológica' en Sevilla, en el edificio denominado 'World Trade Center Expo', del Parque Científico y Tecnológico de la isla de La Cartuja, por el que España ponía a disposición de la Comisión Europea una serie de oficinas y plazas de aparcamiento en el citado edificio.

La evolución de las necesidades operativas y los recursos de la Comisión Europea a lo largo de las últimas décadas ha motivado la necesidad de trasladarse a unas nuevas instalaciones en Sevilla, siendo la intención construir dichas instalaciones, basándose en un proyecto seleccionado mediante un concurso internacional de diseño.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha otorgado a la Comisión Europea una concesión para el uso gratuito de un terreno situado en la isla de La Cartuja por 75 años para la construcción de un nuevo edificio donde establecerá sus instalaciones para continuar desarrollando sus actividades.

Por ello, España y la Comisión Europea se proponen firmar un acuerdo internacional que regulará, entre otros asuntos, el establecimiento y el funcionamiento adecuado y continuo de la Comisión Europea y el JRC en España y establecerá la contribución financiera de España a los costes de infraestructura de las instalaciones de la Comisión Europea y el JRC.

En particular, está previsto que a partir de la fecha en la que el JRC abandone de manera definitiva el actual edificio, siguiendo la definitiva ocupación del nuevo edificio prevista para el año 2027, la contribución de España consistirá en una aportación anual directa de 750.000 euros entre los años 2027 y 2101, al presupuesto de la Comisión Europea, se incrementará anualmente de forma automática en base al Índice de Precios de Consumo (IPC) del año anterior, y permanecerá durante todo el periodo de vigencia del acuerdo de sede, de 75 años.

Por ello, para dar cobertura a estos compromisos, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para autorizar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para el periodo 2027 a 2101, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A PAÍS VASCO Y LA RIOJA PARA OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a País Vasco y La Rioja a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por unos importes máximos de 800 y 100 millones de euros, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, el Gobierno ha autorizado a País Vasco a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 800 millones de euros. En concreto, el endeudamiento se destinará a atender necesidades transitorias de tesorería.

En cuanto a La Rioja, el Consejo de Ministros le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 100 millones de euros, que también se destinarán a atender tensiones de tesorería.

Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CANARIAS PARA EMITIR DEUDA PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha autorizado a Canarias para emitir deuda pública apta para materializar las dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por un importe máximo de 100 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, el acuerdo autoriza a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 100 millones, comprendidos dentro del importe autorizado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2025, cifrado en 707.256.739 euros.

Con esta operación se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuanto al destino de la emisión a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario con el límite del 50% de las dotaciones efectuadas en cada ejercicio y demás normativa de aplicación.

Dicha emisión de deuda tiene como condición que se destine a financiar el gasto en proyectos que se corresponden con inversiones en infraestructura y equipamiento, o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario o de rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento en favor de personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2025.

El acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2025 autorizó a Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 707.256.739 euros hasta el 31 de diciembre de 2025, las cuales podrán instrumentarse a través de préstamos y/o bonos y obligaciones.

Este importe permite financiar los vencimientos de deuda a largo plazo de 2025 y el reintegro de la liquidación negativa del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común de los años 2008 y 2009.

Dentro de esta cuantía autorizada por el acuerdo de 18 de febrero, la comunidad autónoma ha solicitado autorización para emitir deuda pública apta para materializar las dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por importe de 100 millones de euros.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

IMPULSO A INICIATIVAS COFINANCIADAS A TRAVÉS DEL FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL

El Consejo de Ministros, ha aprobado aumentar la dotación del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT) hasta 23.115.946 euros, lo que supone un incremento de un 14% interanual. Este presupuesto, que se repartirá entre las distintas comunidades y ciudades autónomas atendiendo a criterios de económicos, sociales y relativos a la densidad de población, financiará proyectos que generen oportunidades de desarrollo económico y social, consolidando la cohesión territorial. Hasta 6.721 municipios, con una población superior a los nueve millones de habitantes, podrán beneficiarse del Fondo.

Dinamización socioeconómica en los territorios

El FCT, dotado en 2025 con 23,1 millones, busca impulsar un modelo territorial policéntrico, fomentando un desarrollo local social, económico y medioambiental, integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus propias potencialidades.

Para poder alcanzar esta meta, las acciones seleccionadas por las comunidades autónomas deberán cumplir varios objetivos:

Promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial y que apuesten por un modelo de desarrollo local social, económico y medioambiental integrado, equitativo e inclusivo.
Abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios esenciales requeridos para el mantenimiento de la población en zonas con especiales dificultades demográficas, en especial sanitarios, educativos, habitacionales o que afecten a la movilidad y la conectividad territorial.
Promover medidas con el fin de incentivar la actividad económica en zonas en situación de vulnerabilidad territorial y declive demográfico, que favorezcan el desarrollo de iniciativas de carácter empresarial, y que sean medioambientalmente sostenibles, generadoras de empleo y revalorizadoras del territorio.
Impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia, preferentemente comarcal y/o provincial.

Este Fondo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se articuló por primera vez en 2022. Desde 2021 la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico ha distribuido 176 millones -67 millones con cargo a los PGE en el periodo 2021-2024 y 109 millones del Plan de Recuperación en los ejercicios 2022 y 2023-, a los que se suman los 23 millones aprobados en Consejo de Ministros, cuyo reparto tendrá que ser acordado próximamente en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico.

En todos los ejercicios, la distribución se ha aprobado por unanimidad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas, atendiendo a criterios de densidad de población, económicos y sociales.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

COEFICIENTES REDUCTORES PARA ANTICIPAR LA JUBILACIÓN EN ACTIVIDADES PENOSAS Y PELIGROSAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Se establecen así los criterios, basados en indicadores objetivos, para que las personas que desarrollen su actividad profesional en ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad que no puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de trabajo podrán disfrutar de un anticipo de su edad ordinaria de jubilación.

Este cambio normativo se asemeja a países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, Austria o Italia, que ya contemplan procedimientos parecidos para determinar la posibilidad de la jubilación anticipada del trabajador por razón de su actividad profesional.

Definiciones más exhaustivas

Uno de los avances de este Real Decreto es que se han definido de forma más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes.

Dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física; la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos. En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición los trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos.
La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos.
Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.

Indicadores objetivos

Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes, se ha establecido una fórmula basada en indicadores objetivos.

La incidencia del número total de procesos de Incapacidad Temporal del colectivo durante un periodo de observación, en relación al total de personas trabajadoras del colectivo, tanto de contingencia común como de profesional, para cada grupo de edad y sexo.
La incidencia de sucesos graves que mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de Incapacidad permanente del colectivo, en relación con el total de personas del colectivo.
Un indicador de duración media que mide el número total de días de los procesos en relación con el número total de procesos.

Posteriormente, la Seguridad Social se encargará de elaborar un informe de morbilidad y mortalidad, en los términos descritos en el Real Decreto, donde se tendrán en cuenta otros factores como las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica.

El procedimiento previo para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación -detallado en la normativa- no afectará a las personas trabajadoras que ya disfruten de esta anticipación, como son las personas trabajadoras del mar, mineros o personal de vuelo, entre otros. Únicamente se aplicará a nuevos colectivos, sectores y actividades u ocupaciones de grupos de trabajo que actualmente no tienen esta posibilidad.

La aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan llevará ligado un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora.

En ningún caso, la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores podrá anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad inferior de 52 años. La pensión de jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores reconocidos a la actividad no se podrá compatibilizar con el desempeño de la misma actividad que originó la anticipación.

Fases del procedimiento

La solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales será realizada conjuntamente por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y, en algunos casos, por las propias Administraciones Públicas. Se realizará ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y recabará los informes del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo y, si es para trabajadores públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Finalmente, dichos informes se remitirán a una comisión de evaluación que, contando con la presencia de los interlocutores sociales, emitirá el informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.

Una vez resuelto dicho procedimiento previo se podrá, en su caso, iniciar los trámites, mediante la aprobación del correspondiente real decreto, para que la edad ordinaria de jubilación exigida en cada caso pueda ser rebajaba mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas ocupaciones o actividades profesionales que resultan afectadas.

Esta medida enlaza con las últimas reformas aprobadas en materia de Seguridad Social, que tratan de favorecer que la jubilación se adapte a las diferentes condiciones y perfiles de los trabajadores.

El contenido de esta norma cuenta con el consenso de las organizaciones sindicales, Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), y organizaciones empresariales, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), más representativas, tal y como quedó reflejado en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social alcanzado el 31 de julio de 2024 con el Gobierno, que, a su vez, da cumplimiento a lo previsto en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Defensa

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE APROVISIONAMIENTO (BAC II)

El Consejo de Ministros ha autorizado la orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque de aprovisionamiento, el BAC II. Esta se llevará a efecto por NAVANTIA, en la Unidad de Producción del Negocio de Fragatas y Buques de Intervención (NFBI), situada en Ferrol (A Coruña).

Actualmente, la Armada cuenta con dos BAC, el A-15 'Cantabria' entregado en 2010, y el A-14 'Patiño' entregado en 1995, con 30 años de servicio y encontrándose en su último tercio de vida.

El BAC II reemplazará al A-14 'Patiño' y contará con todos sus equipos asociados integrados e instalados para garantizar el apoyo logístico a la Fuerza Naval y asegurar la capacidad operativa marítima, considerada de interés esencial para la defensa y seguridad nacional.

Defensa

CONSTRUCCIÓN Y DESPLIEGUE DEL SISTEMA CONSTRUCTOR AUTOMÁTICO DE NODOS DESPLEGABLES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un Acuerdo Marco para la contratación del suministro e implantación de los nodos desplegables del sistema de mando y control nacional y los servicios de construcción y despliegue del sistema constructor automático de nodos desplegables.

Esta implantación comprende el suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de equipamiento de infraestructura para nodos ubicados en Territorio Nacional (TN) y Zona de Operaciones (ZO); así como el desarrollo de un sistema que aporte capacidades de automatización para la instalación y configuración segura de los servicios distribuidos a desplegar en cada nodo, de acuerdo con la normativas de seguridad para Sistemas Clasificados y la Arquitectura Global de los Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC).

Defensa

MODERNIZACIÓN DE MEDIA VIDA PARA LAS FRAGATAS F100

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la modernización del procesador del sistema de radar SPY de las Fragatas F100 de la Armada española (Clase Álvaro de Bazán).

Las Fragatas F-100 están provistas del sistema de combate AEGIS. Un componente clave de este sistema de combate es el sistema de radar SPY. La modernización de este sistema de radar cuya contratación se autoriza, permitirá mejorar las capacidades y la eficacia operativa del sistema de combate AEGIS de estos buques.

Interior

LEY PARA PROTEGER A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio del Interior, el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que incorpora al ordenamiento jurídico nacional la más reciente directiva europea sobre la salvaguarda de aquellas organizaciones que prestan servicios esenciales en sectores estratégicos y resultan indispensables para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales no solo en el ámbito nacional, sino también en la Unión Europea.

El objeto de la norma es apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades u organismos, públicos o privados, que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos como el de la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública, la producción, transformación y distribución de alimentos, la industria nuclear, las instalaciones de investigación o la seguridad privada, entre otros.

Junto a la identificación de las entidades críticas, el anteproyecto establece una serie de medidas específicas destinadas a garantizar los servicios esenciales que prestan, así como obligaciones para la mejora de su resiliencia.

Para ello, la norma crea un nuevo marco de planificación construido alrededor de la Estrategia Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (elaborada por la Secretaría de Estado de Seguridad y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional) y de la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos elaborada y aprobada por la citada Secretaría de Estado de Estado de Seguridad.

A partir de esos dos documentos, el anteproyecto mantiene los actuales planes, cuya eficacia ha sido valorada de manera positiva y que son:

El Plan Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, documento estructural elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad que permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para fortalecer la seguridad de las entidades críticas.
Los planes estratégicos sectoriales, responsabilidad también de la Secretaría de Estado de Seguridad y elaborados para cada uno de los sectores estratégicos recogidos en el anteproyecto.
Los planes de apoyo operativos: elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con cada una de las infraestructuras críticas existentes en su demarcación territorial.

Por su parte, las entidades críticas concernidas por esta norma deberán elaborar un plan de resiliencia que incluya las medidas de protección física, respuesta y mitigación frente a incidentes en el marco del plan estratégico sectorial correspondiente.

Otras medidas de protección y resiliencia son el sistema de comprobación de los antecedentes personales para garantizar la idoneidad de las personas que prestan sus servicios en las entidades críticas; la obligación de designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes, y el sistema de notificación de incidentes.

El anteproyecto detalla asimismo las instituciones y órganos que asumen responsabilidades en su aplicación, en términos similares a los actuales. La Secretaría de Estado de Seguridad será la autoridad nacional competente en la materia, sin perjuicio de que la interlocución directa entre ésta y las entidades críticas la asume el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC, hasta ahora denominado Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, CNPIC).

El CNPREC también será el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los puntos de contacto únicos de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Por último, el anteproyecto crea la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas como órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para la aprobación de los planes estratégicos sectoriales y la colaboración en la identificación de las entidades críticas, y el Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas.

Tramitación urgente

El anteproyecto será de aplicación a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, excepto a las pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales, que pueden considerarse críticas, pero quedan excluidas al encontrarse reguladas por su normativa específica.

Tampoco se aplicará a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas con competencias estatutarias reconocidas y asumidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, que se regirán por su propia normativa.

Además de aprobar el anteproyecto en primera vuelta, el Consejo de Ministros ha acordado que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia, lo que implica que los plazos para la emisión de informe se reducen a la mitad.

Los departamentos que deberán ahora remitir a Interior sus informes son Defensa; Transportes y Movilidad Sostenible; Industria y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Memoria Democrática; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Ciencia, Innovación y Universidades; para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado.

Educación, Formación Profesional y Deportes

NUEVOS CERTIFICADOS PROFESIONALES VINCULADOS A LA CONSTRUCCIÓN, EL TEXTIL Y AL CUIDADO DE ANIMALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de cinco nuevas titulaciones de Formación Profesional a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Las nuevas titulaciones son cinco certificados profesionales vinculados a la construcción, el cuidado de animales y el sector textil.

Dentro de la familia profesional de Edificación y Obra Civil, se ha dado el visto bueno a la creación de tres certificados: de operaciones con maquinaria de transporte de tierras en construcción (de 360 horas); de operaciones con maquinaria de arranque y carga de tierras en construcción (de 410 horas); y de operaciones con maquinaria de extendido y nivelado de tierras en construcción (de 360 horas).

Estos tres certificados responden a la necesidad de los sectores productivos dedicados a edificación y obra civil y a cualquier otro sector que se nutra de profesionales capaces de realizar operaciones con maquinaria de explotación y transporte de tierras por vías privadas en las distintas actividades del sector de la construcción y obras públicas, así como en canteras, areneras, graveras y explotación de tierras industriales.

Los otros dos certificados son de operaciones artesanales de bordado, dentro de la familia profesional Textil, Confección y Piel (de 570 horas); y el de cuidados higiénicos y estéticos de animales de compañía, de la familia profesional Agraria (de 630 horas).

El certificado de operaciones artesanales de bordado servirá para garantizar el acceso a los sectores productivos ligados a este tipo de labores, formando en el dominio de técnicas tradicionales y actuales de bordado, así como los aspectos técnicos, industriales, artísticos y artesanales que les son propios. Con esta titulación, podrán ejercer como operadores de máquinas industriales de coser y bordar, bordadores a mano, y cosedores a mano o a máquina, entre otros oficios.

Este certificado contiene aspectos novedosos que aportarán conocimientos de realización de bordados a mano o a máquina para la aplicación de diseños decorativos, prendas de vestir u otros productos de tela o de otros tejidos.

Aprenderán también técnicas de planchado, arreglo y reparación de prendas y organización de un proyecto de bordado, así como los procedimientos de encargo, ejecución y entrega de los trabajos relacionados con su elaboración.

Por su parte, el certificado de cuidados higiénicos y arreglos estéticos de animales de compañía agrupará a todos los profesionales del ramo del estilismo y la peluquería animal. Así, se valorará, regularizará y legalizarán profesionales como peluqueros de animales de compañía; representantes de productos de higiene y estética de animales de compañía, recepcionistas de dichos establecimientos, entre otros. Este certificado da respuesta a la importante proyección de futuro que tienen estas profesiones.

La aprobación de estos reales decretos supone la creación de cinco grados C, nueve certificados de competencia (grados B) y cincuenta acreditaciones parciales de competencia (grados A), que se suman a los grados A, B, C, D y E ya existentes.

Cultura

AYUDAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2025, por un importe de 37 millones de euros. En la presente convocatoria se ha aumentado la dotación en 7 millones de euros respecto a la edición anterior. Las ayudas tienen la finalidad de mejorar el tejido industrial de las empresas cinematográficas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.

El objetivo específico es conceder ayudas para proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental, o incorporen nuevos realizadores. Se presta especial atención a posibilitar e incrementar la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como es el caso de las películas de animación. Otro de los objetivos es salvar la brecha de género, impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y de carácter técnico.

Las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, que se convocarán en régimen de concurrencia competitiva, se desarrollarán en un único procedimiento de selección. El importe máximo de la ayuda no podrá ser superior a 800.000 euros por proyecto beneficiario o superior a 1.000.000 euros en el caso de proyectos de animación.

Se destinará un mínimo del 40% del presupuesto para los proyectos realizados exclusivamente por directoras, un mínimo del 15% y un máximo del 25% a proyectos de carácter documental, un mínimo del 10% a proyectos de animación y un mínimo del 5% a coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.

Como novedad, este año se incluye una reserva presupuestaria de entre el 5% y el 10% para largometrajes de carácter experimental, con el objetivo de reforzar el apoyo a este tipo de proyectos.

Sanidad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL "MES DE LA SALUD VISUAL"

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional, con motivo del "Mes de la Salud Visual", reafirmando su compromiso con la promoción de la salud visual y la prevención de las enfermedades y los problemas de refracción que afectan a la capacidad de visión de las personas. Con esta declaración, el Gobierno de España da un paso más en la mejora de la accesibilidad a las prestaciones en materia de salud visual y contribuye a mejorar la salud de la población española, con especial atención a las personas menores de edad, dada la importancia de la salud visual en las primeras etapas de la vida.

La Organización Mundial de la Salud reconoce la visión como uno de los sentidos más importantes para las personas, que juega un papel crítico durante las diferentes etapas del desarrollo a lo largo de la vida. La salud visual, así entendida, alude a la posibilidad de mantener una capacidad de visión óptima.

El mes de mayo es el "Mes de la Salud Visual", con el que organismos del ámbito de la salud y colectivos profesionales buscan concienciar sobre la necesidad de contar con unas condiciones de vida y unos hábitos saludables que permitan disfrutar de unos niveles de visión adecuados y prevenir la aparición de enfermedades y problemas que afecten a la capacidad de visión de las personas, a su calidad de vida y a su pleno desarrollo educativo y social.

Esta declaración implica:

Reconocerla salud visual como un componente esencial del bienestar físico, emocional y social de la ciudadanía, adquiriendo un compromiso firme con su promoción, así como con la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz de los trastornos oculares y de la visión.
Buscar el objetivo prioritario de mejora de la salud, en un sentido amplio. En este sentido, se insiste en que para seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud es preciso identificar cuáles son aquellos ámbitos que aún no encuentran en él una respuesta satisfactoria. Y la salud visual es uno de los ámbitos en los cuales existe un margen de mejora por parte de los poderes públicos a la hora de garantizar una protección de la salud.
En cuanto al gasto en salud visual, se pone de manifiesto que de acuerdo con el Informe para el año 2024 del sistema sanitario español, el gasto en la salud visual es de los mayores en términos relativos respecto al conjunto de gasto sanitario privado que realizan las personas en España. Esta situación merma el carácter universalista y de mitigador de desigualdad en salud del SNS y puede suponer barreras a la hora de conseguir la equidad en el ámbito de la salud visual, especialmente importante cuando quien tiene que acceder a la prestación es la población infantil.
Para abordar el compromiso de mejora de la salud visual, se identifican dos estrategias fundamentales centradas en prevenir, además, el impacto que los defectos de visión pueden tener en un grupo muy concreto de población como es la infancia:

- La detección de manera sistemática y a accesible de los defectos de visión mediante su medición en el ámbito sanitario (Atención Primaria) o educativo.

En este punto, se destaca como avance que el recientemente aprobado Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 contempla el desarrollo del mapa de competencias de los ópticos-optometristas en dicho nivel asistencial, de manera que puedan desarrollar una función de detección de trastornos de la visión de una manera cercana a la población e integrados en el ámbito de la Atención Primaria.

- El otro elemento clave para abordar los defectos de visión y lograr reducir tanto el impacto económico que estos pueden tener, como las desigualdades sociales en el acceso a los sistemas de ayuda visual y la financiación de los mismos por parte de las instituciones públicas.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS PERROS DE ASISTENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para regular la actividad y el bienestar de los perros de asistencia que dan servicio a personas con discapacidad, personas con trastorno del espectro autista, personas con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y también a mujeres de víctimas de violencia de género y sexual. Se trata de un nuevo real decreto que complementa la legislación que dispone cada Comunidad Autónoma en torno a este tipo de animales y, a nivel estatal, sustituye una norma de 1983 actualmente en vigor.

Una de las principales novedades de este cambio legislativo es que las personas que necesitan estos perros de asistencia tendrán garantizados sus derechos y los de sus animales para toda España, ampliando así el reconocimiento normativo del que disponen actualmente y que se limita a la Comunidad Autónoma donde se les concedió el distintivo para este servicio.

A través de este real decreto se asegura que todas aquellas personas que requieran de un perro de asistencia puedan acceder con estos animales a lugares públicos y privados de uso público, en cualquier lugar de España, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté, asegurando así que no sean discriminados. Esto se traduce en que podrán acceder a centros educativos, culturales, deportivos o sanitarios, excepto en quirófanos y otras áreas en las que deban garantizarse unas condiciones higiénicas especiales. También podrán acceder a establecimientos comerciales al por menor, supermercados, mercados o comercios de alimentación, así como alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y restauración, museos y teatros. Además, se permitirá el acceso a playas, a áreas recreativas, a recintos de piscinas y a parques acuáticos, siempre que el animal no acceda al agua.

Esta norma tendrá un impacto fundamental en los derechos de estas personas ya que estos perros de asistencia constituyen un elemento que contribuye a favorecer su autonomía y su vida independiente y garantizará que las mujeres víctimas de violencia de género y sexual puedan acceder, junto con su perro de asistencia, a albergues, centros asistenciales, o establecimientos de naturaleza similar.

Por otra parte, el real decreto reconoce a nivel estatal la relación entre la persona con discapacidad y su perro de asistencia como una unidad en todo el territorio nacional, y regula que la formación que estos animales deben recibir para el desempeño de sus funciones sea ofrecida por personas acreditadas o reconocidas de forma oficial en la educación, la socialización y el adiestramiento de perros de asistencia, bien pertenezcan a entidades o sean profesionales autónomos especializados. A esto se suma, que la normativa incluye medidas específicas para mejorar el bienestar de los perros de asistencia, estableciendo obligaciones de cuidado y respeto para las personas usuarias y para las entidades o profesionales encargados de su adiestramiento.

Otra novedad reseñable es que la nueva normativa garantiza el derecho de estos perros al descanso, ya que se ha fijado que podrán dejar de prestar servicio cuando cumplan 10 años, manteniéndoles, además su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez pasado su tiempo en activo.

Finalmente, en materia de discapacidad, la normativa desarrolla los derechos reconocidos en la Constitución tras la reciente reforma del Artículo 49, fomentando la plena inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Así mismo, actualiza la legislación española en relación a este tipo de asistencia, siguiendo los fundamentos de autonomía personal, inclusión en la comunidad y accesibilidad universal que se fijaron con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006.

Al mismo tiempo, se persigue el objetivo de ofrecer una vida más independiente para las personas ciegas o con discapacidad visual. También el real decreto se refiere a las personas con otras discapacidades que requieren de un perro de asistencia, como las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera que requieren de perros adiestrados para avisar de la emisión de sonidos y su procedencia; personas con discapacidad física que precisan de perros adiestrados como apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria; personas con trastornos del espectro autista que deben ser asistidas por perros adiestrados para promover su autonomía personal; o personas con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y que necesitan estar acompañadas por un perro adiestrado para avisar de una alerta médica.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

SUBVENCIONES ESTATALES PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para actividades de interés social correspondientes al año 2025. Se trata de una propuesta presentada por Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que será el ministerio que convoque estas subvenciones consideradas de interés general. Lo hará por un crédito inicial de 2 millones de euros que se incrementará hasta los 94 millones de euros (93.936.556,56 €) en el tramo estatal, lo que suponen más de 10 millones de euros más que el año anterior (en términos porcentuales, el incremento es del 12,24%). Esta cuantía se enmarca en el porcentaje que gestiona el Gobierno de España (el 20%) tal y como se pactó con los gobiernos autonómicos en 2021 a través de un acuerdo por el cual las Comunidades Autónomas gestionan el 80% de los recursos. En base a ello, en las próximas semanas, el Ministerio de Derechos Sociales presentará en Consejo de Ministros la propuesta de reparto a las Comunidades Autónomas de los recursos del tramo autonómico, que se situarán en torno a los 375 millones de euros. Las solicitudes serán evaluadas a través de los 16 centros directivos de estos seis ministerios que cada año examinan los programas sociales presentados por las entidades.

Los requisitos para acceder a estas subvenciones se establecerán en las bases de la convocatoria, a la que podrán acceder Cruz Roja Española y las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Las actuaciones subvencionables deberán ser programas estatales orientados a la generación de conocimiento y buenas prácticas en el ámbito de la atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria; la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, la lucha contra la violencia de género o la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, entre otros ámbitos.

Una vez que ha obtenido la autorización del Consejo de Ministros, la Resolución de esta convocatoria será publicada en el BOE y, a partir de entonces, las entidades del Tercer Sector de Acción Social tendrán un mes para presentar sus proyectos, que posteriormente serán evaluados conforme a criterios objetivos.

Programas financiados en 2024

En 2024, estas subvenciones del 0,7% contaron con una dotación de 83 millones de euros (83.479.941,23 €) y permitieron financiar 1.078 proyectos de 295 entidades diferentes, con una aportación media de 77.500 euros por programa. En este enlace se pueden consultar todos los proyectos financiados en 2024.

Entre los programas que formaron parte de estas subvenciones el año pasado se encuentran acciones de acción social en distintos ámbitos. Por ejemplo:

Envejecimiento activo y saludable
Lucha contra los delitos y discursos de odio
Sensibilización sobre violencia contra las mujeres en redes sociales
Asistencia integral a víctimas y afectados del terrorismo
Inserción laboral de adultos con necesidades educativas o en exclusión
Ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo
Atención integral a víctimas de violencia de género
Promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad
Formación y sensibilización para la prevención del acoso escolar
Atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad
Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
Fomento de la educación, el empleo y la inclusión social de jóvenes
Prevención delitos de odio por orientación sexual e identidad de género
Formación sobre discriminación racial y otras formas de intolerancia
Sensibilización de la salud mental en la infancia y la adolescencia

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

INFORME SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS POR RENDIMIENTOS NETOS

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del "Informe sobre el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos por rendimientos netos: primer proceso de regularización. Desarrollo y resultados" presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El documento recoge los resultados del primer proceso de regularización de cuotas de los trabajadores autónomos, tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por rendimientos reales en el año 2023.

Los autónomos tienen un peso cada vez mayor en nuestro mercado laboral. En la actualidad, son más de 3,4 millones de trabajadores, donde cada vez hay una mayor participación femenina (1,3 millones), cifras históricamente altas y que reflejan la evolución de la sociedad y del propio sistema de Seguridad Social ya que casi medio millón de autónomos proceden de otros países.

El colectivo de autónomos, que se ha incrementado en más de 94.000 nuevos afiliados desde 2023, ejemplifica la mejora de la calidad del empleo. Se está observando un incremento muy significativo en sectores altamente productivos como las actividades científico-técnicas y el sector de información y comunicación, unos sectores que justifican más de la mitad de los nuevos empleos en el último año.

Una reforma estructural

El nuevo modelo de cotización, recogido en el Real Decreto-ley 13/2022, establece que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus rendimientos netos anuales. Esta transformación responde a los principios de justicia contributiva, equidad progresiva y sostenibilidad, y pone fin a un sistema que suponía pensiones muy inferiores a las de los trabajadores asalariados.

Anteriormente, más del 80% de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, lo que provocaba situaciones de injusticia y pensiones hasta un 37% inferiores a otros regímenes y con un porcentaje del 36% que precisa complemento a mínimos.

La reforma tiene su origen en el Pacto de Toledo de 2020, que incluyó la recomendación de vincular las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales. Posteriormente se integró en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. En 2022, tras un amplio acuerdo en la Mesa del Diálogo Social -con participación de sindicatos, patronal y asociaciones representativas del colectivo como UPTA, ATA y UATAE- se aprobó su implantación. El RDL fue aprobado en el Congreso con más del 75 % de los votos favorables.

Resultados del primer ejercicio de regularización

El proceso de regularización se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF. Su gestión ha requerido una compleja coordinación técnica y administrativa, con más de 1.500 millones de actualizaciones de datos procedentes de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), las mutuas, el SEPE y las haciendas forales. En total, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se han emitido más de 4,2 millones de notificaciones.

Para más de dos millones de personas no ha sido necesario realizar ajustes: 1,3 millones cotizaron dentro del tramo correspondiente y otras 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. Cerca de 1,6 millones sí han estado sujetas a regularización. De ellas, unas 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar diferencias. Más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución. Además, 324.000 no presentaron declaración de rendimientos, por distintas causas.

Además, ya se han iniciado las devoluciones a unos 40.000 autónomos en pluriactividad que sobrecotizaron, en cifras similares al ejercicio anterior. Por otro lado, ha habido más de 429.377 renuncias a la devolución de cuotas.

Información y atención personalizadas

El refuerzo de las herramientas digitales accesibles ha sido un elemento clave en la mejora del proceso. Se han celebrado más de 350 reuniones informativas con asociaciones, colegios profesionales y colectivos. Se han reforzado los canales de atención presencial y telefónica, y se han desarrollado materiales informativos, guías y se ha dado difusión a través de las redes sociales.

Una de las herramientas fundamentales ha sido Importass, el portal y app de la Seguridad Social, que permite a los trabajadores autónomos consultar su situación, recibir notificaciones y resolver incidencias. Ya supera el millón cien mil instalaciones en dispositivos móviles. Además de las vías telemáticas, se han atendido casi 7.000 consultas presenciales.

Una vez concluida la primera regularización, el Gobierno convocará en las próximas semanas la Mesa de Diálogo Social para acordar las nuevas tablas de cotización para los próximos años, según lo previsto en la disposición transitoria del RDL 13/2022.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Federal de Nigeria

D. FÉLIX COSTALES ARTIEDA

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1985. Ha prestado servicios en varias representaciones diplomáticas españolas en el exterior: en Jamaica, México, Túnez e Italia; principalmente como consejero político.

Fue asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores 2002 - 2003 y subdirector general de Política Exterior 2004 - 2008. Nombrado embajador de España en la República Democrática del Congo 2008 - 2012. Posteriormente asumió el cargo de secretario general de la Fundación del Consejo España-Brasil 2012 - 2015, siendo posteriormente nombrado embajador de España en la República Unida de Tanzania 2015-2018. Entre noviembre 2018-julio 2023 fue ministro consejero de la Embajada de España ante la Santa Sede (Roma). Desde agosto de 2023 hasta la fecha ha sido responsable de Asuntos de Seguridad Marítima en la Dirección General de Seguridad y Política Exterior del MAEUEC.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

D. JESÚS ÁNGEL CELADA PÉREZ

En 2005 ingresa en el cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible). En 2011 se incorpora como consejero técnico al Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En 2015 se traslada a la Dirección General de Políticas de Discapacidad de ese mismo Ministerio, como subdirector general de Diálogo Civil (2015-2018) y posteriormente director general (2018-2021).En mayo de 2021 se incorpora a la Asamblea de Madrid como diputado y portavoz adjunto del Grupo Socialista.

Participa como experto en políticas de discapacidad en proyectos de la SEGIB-AECID, activando el Programa Iberoamericano de Discapacidad; y de la UE-FIAP, en twinnig en Túnez (2012-2013) y en Ucrania (2014). En 2019 dirigió el segundo examen ante la ONU (Ginebra) sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.

Ha sido vocal del Consejo del Protectorado de la ONCE y del Consejo de Protección de Cruz Roja Española, presidente del jurado de los Premios Reina Letizia sobre Discapacidad, miembro del Comité Paralímpico Español y del patrono de la Fundación ONCE, y vicepresidente de la Federación Española de Deportistas con Discapacidad Intelectual.

Reconocido por el CERMI con la distinción 'Amigo de las Personas con Discapacidad' es triple campeón del mundo en la modalidad de Duatlón Larga Distancia, ejerciendo como guía de un triatleta con discapacidad visual.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador en Misión Especial para la Salud Global

D. RAÚL SANTIAGO FUENTES MILANI

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la Carrera Diplomática en 1991. Ha desempeñado numerosos puestos tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como en el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Ha sido subdirector general para Europa Central y Meridional, para Asuntos Generales de la UE y para Asuntos Institucionales. En el exterior ha desempeñado los puestos de segunda jefatura de la Embajada en Angola, consejero cultural en Colombia y consejero en Israel. Ha estado destinado en varias ocasiones en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en último término como embajador representante permanente adjunto de 2020 a 2024.

En el Servicio Europeo de Acción Exterior, ha sido embajador jefe de la Delegación Europea en Namibia de 2011 a 2015 y jefe de División para Israel, Palestina y el Proceso de Paz de Oriente Medio.

Igualdad

Presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, A.A.I.

Dª. MARÍA TERESA VERDUGO MORENO

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y cuenta asimismo con el certificado de Estudios Jurídicos por la Universidad Lumière de Lyon. Miembro de la Carrera Fiscal desde septiembre de 2003, ha ejercido como fiscal coordinadora de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Málaga desde 2015 y como fiscal delegada de Delitos de Odio y contra la Discriminación de la Fiscalía Provincial de Málaga desde 2011.

En el campo de la lucha contra los delitos de odio y la discriminación, ha representado a España, entre los años 2014 y 2016, en el Grupo de Trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) "Alentar la denuncia y mejorar el registro estadístico en Delitos de Odio". Ha sido codirectora del subgrupo relativo a la Cooperación entre Agencias para mejorar las sinergias entre los operadores jurídicos y fuerzas policiales, organismos administrativos y sociedad civil. Igualmente, entre marzo de 2019 y enero de 2020, ha sido miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD). Desde 2015 y hasta la actualidad, ejerce como formadora en el programa PAHCT de la Oficina de Derechos Humanos e Instituciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ODIHR (OSCE) en materia de Delitos de Odio y Discriminación.

Desde 2017 y hasta la actualidad, ha sido ponente en actividades de formación inicial y continua, para Jueces y Fiscales organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos y la Escuela Judicial. Entre 2015 y 2024 ha sido igualmente ponente en actividades de formación y sensibilización para Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales, Colegios de la Abogacía y Organizaciones no Gubernamentales.

Ha sido condecorada con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco en 2024 y con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en 2025.