El Gobierno aprueba la Ley de Información Clasificada, que establece la desclasificación de documentos de alto secreto a los 45 años

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Información Clasificada para su tramitación parlamentaria, norma que sustituirá a la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales de 1968.

La futura ley fue presentada en el Consejo de Ministros del 1 de agosto de 2022 y, tras la celebración de las elecciones generales del 23 de junio de 2023, ha sido retomada con los correspondientes informes preceptivos, entre los que el ministro ha resaltado el emitido por el Consejo de Estado por unanimidad, y atendiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha resaltado que la norma nos homologa a las democracias más avanzadas y responde al derecho que tienen los ciudadanos a conocer información sensible, siempre que no afecte a la seguridad y a la defensa.

La futura ley define que información clasificada es "toda aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o la defensa". Y establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringida.

A cada una de ellas le asigna un nivel de protección diferente en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El titular de Presidencia ha detallado que la competencia para clasificar y desclasificar como alto secreto y secreto cualquier documento corresponde única y exclusivamente al Consejo de Ministros. La declaración de documentación confidencial o restringida se reduce a un número tasado de autoridades: el presidente del Gobierno, los titulares de las vicepresidencias, los ministros, el secretario de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada.

La ley desarrolla procedimientos garantistas para clasificar, desclasificar y reclasificar cualquier información o documento. Así, cualquier ciudadano que tenga un interés personal o profesional, como los periodistas, podrán recurrir la clasificación de un documento y la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolverá el pleito.

Bolaños ha subrayado que "la clasificación de una información será algo siempre excepcional y ha de hacerse de manera motivada y atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad". Como novedad, el ministro ha avanzado que "en ningún caso se podrá clasificar información o documentación que afecte a graves violaciones de derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad".

Desclasificación automática de la información y sanciones

Otra de las novedades resaltadas por el ministro es que por primera vez en la historia de España se establece la desclasificación automática trascurridos unos plazos que dependen del nivel de protección de los asuntos.

El contenido que se considere de alto secreto se desclasificará a los 45 años y se podrá prorrogar durante 15 más; el secreto a los 35 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre los 7 y los 9 años, y la restringida entre los 4 y los 5, ambas sin posibilidad prórroga. Estos plazos, según ha apuntado el ministro, serán revisables periódicamente para comprobar si esa documentación sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional. Además, la clasificación se puede vincular a un hecho determinado, como la finalización de un determinado evento, conflicto bélico o el fallecimiento de una persona.

En cuanto a la información clasificada antes de la entrada en vigor de esta ley, se desclasificará automáticamente a los 45 años, salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o defensa que todavía justifique su clasificación. Con independencia de ello, cualquier persona con interés personal o profesional podrá instar a la desclasificación, que se irá haciendo de forma paulatina.

Por otra parte, la ley establece sanciones en el caso de acceso indebido o difusión de información clasificada, que van desde los 300.000 euros en las infracciones menos graves, de 300.001 a 800.000 en las graves y de 800.001 a 2,5 millones de euros en las que supongan amenaza para la defensa y la seguridad nacional.

La Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada será el órgano encargado de la protección y el tratamiento de toda la información de origen nacional, salvo la restringida, y de la que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales. Además, valorará la idoneidad de las personas que deben tener acceso a la información y regulará el acceso parlamentario.

Garantía al derecho al secreto profesional de los periodistas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel ÁlvarezEl Ejecutivo ha presentado el Anteproyecto de Ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación, que ha sido consensuado con los principales sindicatos y asociaciones de periodistas de España.

La iniciativa da cumplimiento al mandado constitucional que establece el derecho a comunicar y a recibir información veraz por cualquier medio de difusión y regulará, por primera vez, el derecho al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Su objetivo, ha dicho Félix Bolaños, es "proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones".

El ministro ha explicado que el texto regula como titulares del derecho a periodistas, a medios de comunicación y a aquellas personas de su entorno profesional o personal que puedan conocer la identidad de las fuentes. Cualquier intervención judicial que afecte al secreto profesional tendrá que someterse a control previo, riguroso y efectivo.

La norma regula también en qué consiste el secreto profesional, que comprende la facultad de no revelar las fuentes, el canal a través del que se transmitió la información ni cualquier otro dato que pueda identificar a la fuente. Los jueces y tribunales sólo podrán ordenar la práctica de diligencias para identificarla cuando exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona o cuando haya un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para el sistema constitucional. También podrán autorizar la instalación de programas de vigilancia informática en los dispositivos de los titulares de esos derechos, pero limitándolo a investigaciones sobre delitos de especial gravedad.

Bolaños ha añadido que el anteproyecto prevé facilitar la implementación de mecanismos de autorregulación de los profesionales de la información, como pueden ser los códigos deontológicos o de buenas prácticas.

Ejecución del Plan de Acción por la Democracia

Félix Bolaños ha destacado que las dos leyes expuestas hoy forman parte del Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno en septiembre de 2024. Bolaños ha añadido que, de las 31 medidas incluidas plan, 18 ya están definitivamente aprobadas o en trámite de aprobación, lo que supone el 60%.

Estrategias estatales LGTBI y trans

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros . | Pool Moncloa / Jose Manuel ÁlvarezEl Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia LGTBI y la primera Estrategia trans estatal que, según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, son "dos documentos globales que pretenden ser el mapa de todas las medidas que se están aplicando en nuestro país en defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBI".

El objetivo de ambas, ha reiterado, es demostrar el ecosistema de garantías, de reconocimiento de la libertad, de la diversidad inclusiva que nuestro país atesora y hacer que se visibilice frente a la ola reaccionaria internacional, sobre todo, como un elemento fundamental en el que se pueden inspirar otros países para encaminarse a una ciudadanía inclusiva.

Ana Redondo ha recordado hay cinco millones de personas LGTBI en España, de las que una de cada cinco refiere haber tenido algún tipo de acoso en distintos ámbitos y una de cada cuatro se ha sentido discriminada en algún momento. En los últimos años, los delitos de odio se han incrementado en torno al 10% y en 800.000 casos de denuncia por violencia directa se ha visto comprometida una persona LGTBI. Asimismo, una ola reaccionaria internacional de odio está extendiéndose también por España, país que se erige como "un dique de contención" y como un referente en el que "las personas LGTBI son libres, reconocidas y su diversidad es inclusiva y está integrada en nuestra democracia".

Contenido de las estrategias

La titular de Igualdad ha señalado que en la elaboración de ambos documentos han participado representantes de diferentes ministerios, comunidades autónomas, municipios, organizaciones sindicales y empresariales, ONG, universidades y expertos en la materia.

La ministra ha precisado que las estrategias se ordenan en tres ejes. El de la gobernanza, con la incorporación en el Consejo de Participación de las personas LGTBI de administraciones que ahora no están presentes, así como la creación de la figura Embajador en Misión Especial para la protección de las personas LGTBI a nivel internacional.

El eje de la transformación social, que pretende generar protocolos para la creación de espacios de seguridad en el ámbito escolar, del empleo y sanitario. En este eje también se incorpora el sistema sanitario inclusivo al establecer centros de referencia especializados en la salud de las personas específicamente trans y protocolos de educación afectivo-sexual. El tercer eje es el de la visibilidad y el reconocimiento porque, según ha relatado la ministra, "las personas trans nos refieren su invisibilidad y la falta de referentes".

Ayuda directa para garantizar cuidados profesionales a pacientes con ELA

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El Gobierno ha regulado la concesión directa de una subvención de 10 millones de euros al Consorcio Nacional de Entidades de ELA con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en fases avanzadas.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta decisión permitirá a los enfermos de ELA en fase avanzada tener cuidados profesionales durante las 24 horas del día.

La iniciativa, ha recordado, se enmarca dentro de un plan elaborado por el Gobierno para atender a los afectados, previo a la entrada en vigor de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible aprobada por el Congreso de los Diputados. "Busca dar una respuesta ágil, homogénea en todo el territorio, garantizando la atención a estas personas", ha recalcado la ministra.

Acogida a los migrantes no acompañados

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las actuaciones necesarias para la acogida de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y supone un paso más para dar comienzo a las reubicaciones entre los distintos territorios del país de manera sostenible y solidaria.

Pilar Alegría ha manifestado que estas actuaciones también responden a la situación que viven territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.

Felicitación al equipo de natación artística

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha trasladado el reconocimiento del Gobierno a los y las deportistas españoles que están consiguiendo numerosos éxitos en las distintas competiciones deportivas.

En especial, Pilar Alegría ha felicitado a Iris Tió, que ha hecho historia al proclamarse campeona del mundo de natación artística, así como al resto de del delegación española, que también está obteniendo magníficos resultados en Singapur, que es donde se celebra el campeonato.