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El Gobierno impulsa una Autoridad Independiente para la defensa de los clientes financieros

Consejo de Ministros - 5.4.2022

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La Moncloa, Madrid

El Gobierno ha acordado impulsar el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que ahora se someterá al trámite de audiencia pública para recibir las aportaciones de los interesados.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la previsión es que el texto final pueda remitirse a las Cortes para su debate y aprobación en el segundo semestre del año.

La futura norma tiene un doble objetivo: por una parte, reforzar el sistema de resolución extrajudicial de las reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros; por otra, fomentar la educación y la inclusión financieras.

Calviño ha destacado que estos ámbitos son "prioritarios" para reforzar la protección de los consumidores y reducir la alta litigiosidad, "que supone un coste para los ciudadanos en términos económicos, de tiempo, y de impacto sobre sus vidas" además de una carga importante para el sistema judicial.

Un sistema de reclamaciones gratuito, ágil y vinculante

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia CalviñoFoto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa Autoridad Independiente permitirá proteger de forma más eficaz a los usuarios financieros al centralizar en un único organismo los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Sus resoluciones se dictarán de manera ágil en un plazo máximo de 90 días y serán vinculantes para las entidades financieras en aquellas reclamaciones de cuantía inferior a 20.000 euros, de manera que su incumplimiento será sancionado.

Acudir a este sistema será gratuito para los clientes, ya que la Autoridad se financiará mediante una tasa de 250 euros a las entidades por cada reclamación admitida. El procedimiento será de fácil acceso, no requerirá abogado ni procurador y se prestará por medios electrónicos y presenciales. De hecho, ha puntualizado Calviño, se creará un servicio de asistencia para la interposición de las reclamaciones.

Mejora de la atención al cliente, protección y educación financiera

La norma permitirá también avanzar en la mejora de la atención a los clientes y garantizar la inclusión financiera, particularmente de las personas mayores y de los colectivos vulnerables.

La vicepresidenta ha recordado que ya se dio un primer paso el pasado mes de febrero cuando las patronales bancarias firmaron una actualización del 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', que incluye medidas para garantizar la atención personalizada a los ciudadanos, especialmente a los mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades.

No obstante, ha señalado, "no se trata solo de compromisos voluntarios" sino que es necesario garantizar su cumplimiento y reforzar la protección de los consumidores. Con este fin, la norma formará parte de un nuevo marco regulatorio junto a la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica -que entró en vigor en febrero- y la Ley para Regular la Atención al Cliente de las Empresas, cuyo anteproyecto se aprobó en noviembre.

Nadia Calviño ha incidido finalmente en la necesidad de fomentar la educación financiera de los ciudadanos y reforzar sus capacidades digitales para interactuar con un sector "cuya transformación digital se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia". La Autoridad promoverá la formación a través de actividades y la difusión de contenidos y guías, entre otras actuaciones.

Expulsión de diplomáticos rusos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel AlbaresFoto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha decidido expulsar a un grupo de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha concretado que son unas 25 personas que "representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país". La decisión también es la respuesta a unos crímenes que no pueden quedar impunes y sobre los que se debe realizar una exhaustiva investigación, ha añadido.

Albares ha afirmado que las imágenes de la matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha tras la retirada del ejército ruso son "insoportables" e "indignantes", suponen un punto de inflexión ante el que comunidad internacional no puede permanecer impasible y demandan una respuesta contundente.

"España exige que los crímenes de guerra sean investigados de forma inmediata y que los responsables sean castigados por ello", ha subrayado.

La medida forma parte de un proceso que se está adoptando en Europa y al que ya se han sumado Bélgica, Polonia, República Checa, Irlanda, Países Bajos, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia y también el Servicio Europeo de Acción Exterior, que encabeza el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell.

El ministro iniciará una rueda de contactos con los grupos parlamentarios para ofrecerles todos los detalles de la decisión y recabar su apoyo.

Además, José Manuel Albares ha trasladado la solidaridad del Gobierno con las víctimas y sus familiares y ha reiterado que el pueblo ucraniano no está solo: "España le seguirá apoyando frente a una agresión rusa que, literalmente, no conoce límites".

Por otra parte, el titular de Exteriores ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el próximo jueves a Marruecos donde mantendrá un encuentro con el rey Mohamed VI, tal y como acordaron la semana pasada durante una conversación telefónica. Tras la reunión, el rey ha invitado al jefe del Ejecutivo a una ruptura del ayuno, lo se supone "un signo de amistad muy fuerte", ha remarcado Albares.

Contrato indefinido en el Sistema Público de Ciencia

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel RodríguezFoto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que facilita a las entidades públicas, consorcios y fundaciones la contratación indefinida en el Sistema Público de Ciencia.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que la medida está alineada con la reforma laboral y contemplada en la reforma de la Ley de la ciencia que se está tramitando en el Parlamento.

La norma ofrece más estabilidad laboral y beneficiará a miles de investigadores, personal técnico y de gestión que en la actualidad encadena contratos temporales, ha mantenido.

La nueva figura contractual no estará sujeta a oferta pública de empleo ni tasa de reposición y no necesitará autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva. Además, en caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de un nuevo contrato.

285 millones para la formación en competencias digitales

El Ejecutivo ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 285 millones de euros para la formación del profesorado en competencia digital y para la preparación en esta materia de unos 22.000 centros escolares.

La meta es contar con un profesorado con alta cualificación digital y unos centros preparados para la digitalización, de manera que el alumnado pueda extraer el máximo potencial de este proceso.

Isabel Rodríguez ha indicado que esta inversión se suma a la ya realizada en 2021, por lo que en total el Gobierno habrá destinado en un período de 16 meses cerca de 1.300 millones de euros para la digitalización en el ámbito educativo.

Además, ha recordado que el presidente del Gobierno anunció ayer un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el ámbito de los microchips y semiconductores con la ambición de que España lidere el sector.

38,5 millones para alumnado vulnerable

En el ámbito educativo, el Ejecutivo también ha aprobado la distribución de 38,5 millones de euros para la creación de Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado vulnerable. El objetivo de estas unidades es prevenir el fracaso escolar y el abandono temprano y promover las trayectorias de éxito escolar.

La portavoz ha precisado que se pondrán en marcha 804 nuevas unidades no sólo dirigidas a los alumnos que tienen dificultad en el aprendizaje sino a aquellos que por sus altas capacidades también corren el riesgo de abandono temprano.

Trabajo decente para las trabajadoras domésticas

Las ministrasIsabel Rodríguez, la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro José Manuel Albares responden a los periodistas Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes, para que lo ratifiquen, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar. El texto establece que este colectivo tiene que disfrutar de la misma protección social y condiciones laborales que el resto de las personas trabajadoras.

Isabel Rodríguez ha recordado que, en la actualidad, el sistema les priva del derecho al desempleo y de otras prestaciones y que con la ratificación del acuerdo se corrige esta situación.

Asuntos de actualidad

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz se ha referido a los datos de empleo del mes de marzo, que reflejan que uno de cada tres contratos ha sido fijo, la contratación por días se ha reducido casi un 20% y el desempleo ha disminuido en 840.000 personas en el último año. "Son datos positivos de una de las reformas estructurales importantes para el Gobierno: la reforma laboral", ha destacado.