Consejo de Ministros

​El Gobierno aprueba la creación de la Agencia Estatal de Investigación

Consejo de Ministros - 27.11.2015

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia Estatal de Investigación, una demanda de la comunidad científica recogida en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado que su finalidad es "favorecer la investigación y el desarrollo de la innovación en España" y que constituye "una de las reformas más importantes de la legislatura en este ámbito".

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha añadido que el objetivo fundamental de la agencia "es conseguir una financiación más eficiente y más flexible de la investigación y, al mismo tiempo, garantizar su control y que haya un sistema estricto de rendición de cuentas".

La Agencia dotará de mayor estabilidad a las ayudas públicas de la I+D, según ha explicado De Guindos, porque permitirá una planificación plurianual de sus recursos y dispondrá de "un sistema de evaluación independiente que se ajustará a las mejores prácticas internacionales". La valoración se efectuará teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la financiación otorgada a los diferentes planes de investigación. También supondrá una reducción de cargas administrativas que, en opinión del ministro, "va a permitir una interacción mucho más ágil con los investigadores".

Pool Moncloa / J. M. CuadradoLuis de Guindos ha destacado que la Agencia podrá contar con recursos tanto de los Presupuestos Generales del Estado como del sector privado. Además, ha dicho que "su estructura será muy simple y a coste cero".

En este sentido, ha detallado que dispondrá de 300 profesionales procedentes de la Secretaría de Estado de I+D+i y que gestionará "aproximadamente el 75% del total de recursos de créditos no financieros" que tiene ese organismo. Su puesta en marcha está prevista para 2016.

El ministro ha repasado las actuaciones en materia de I+D+i a lo largo de la legislatura y ha señalado que "el último hito es la aprobación del programa de gestión del CSIC", que es "el buque insignia de la investigación" en España. "Nunca ha tenido un plan estratégico, lo cual es sorprendente, y, por lo tanto, esta sería la primera vez que un Gobierno aprobaría un plan estratégico para el CSIC", ha subrayado.

Comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros ha establecido los procedimientos para que, a partir del 1 de enero de 2016, todas las comunicaciones que se lleven a cabo por los profesionales de la justicia -abogados, procuradores y graduados sociales- sean exclusivamente electrónicas. El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura y Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo y laboral.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que en la actualidad los abogados, los procuradores y los graduados sociales deben presentar los documentos físicamente, en horario de oficina y ante el órgano jurisdiccional que corresponda. En cambio, con el nuevo sistema electrónico, estos profesionales podrán enviar los documentos desde su oficina las 24 horas del día y los 365 días del año.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoLa comunicación telemática se empleará también para las notificaciones que se mandan desde los juzgados a las distintas entidades que participan en un procedimiento. Catalá ha señalado que el sistema debe estar funcionando en 2017 también para los atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que se extenderá igualmente a los colectivos de notarios y registradores.

El titular de Justicia ha destacado los ahorros que esta iniciativa supondrá en términos de tiempo, cargas administrativas y uso de papel y los ha cuantificado en 70 millones de euros al año solo para la Administración del Estado. A su juicio, el nuevo sistema aportará seguridad, tendrá menor impacto en el medio ambiente que el actual y mejorará la accesibilidad a la justicia de la personas con discapacidad.

Hacia una justicia digital

Rafael Catalá ha enmarcado esta medida en el proceso de modernización de la justicia llevado a cabo durante la legislatura. La aplicación de las nuevas tecnologías permite, por ejemplo, que los padres puedan inscribir los nacimientos en el Registro Civil desde el hospital o que en los juzgados contencioso-administrativos de la Audiencia Nacional ya solo se trabaje en soporte electrónico.

El ministro ha mencionado también la celebración de las subastas judiciales de forma telemática, la posibilidad de que los ciudadanos consulten sus expedientes en la Sede Judicial Electrónica, el acceso de las Administraciones al Registro Central de Penados y el envío automático de información sobre violencia de género desde los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid.

Catalá ha señalado que Justicia ha invertido 276 millones de euros y ha formado a 9.500 funcionarios para lo que es un "cambio cultural importante" que va a generar "novedades sustanciales" a partir del 1 de enero. Asimismo, ha subrayado la firma de convenios y las reuniones periódicas con las comunidades autónomas para coordinar las actuaciones en este terreno y asegurar así el funcionamiento de un sistema que es "un paso más" hacia una justicia digital y mucho más cercana al ciudadano.

Renovación del parque móvil

Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl Gobierno ha aprobado el Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA), que regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas en 2016 y unifica en un programa las ayudas estatales incluidas en los Programas MOVELLE y PIMA Aire. Además, como novedad, se subvenciona la implantación de puntos de recarga rápida y "semirrápida" para vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

La vicepresidenta ha explicado que la iniciativa, dotada con 16,6 millones de euros, pretende fomentar la sostenibilidad, disminuir las emisiones contaminantes y diversificar las fuentes energéticas en el sector del transporte, reduciendo así la dependencia del petróleo.

Sáenz de Santamaría ha detallado que las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a través de "leasing" o "renting" de vehículos nuevos que utilicen para su propulsión electricidad, gas licuado del petróleo, gas natural comprimido o licuado, o pila de combustible de hidrógeno, así como para motos eléctricas y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. Se excluyen los vehículos de gasolina y gasóleo.

La cuantía de las ayudas varía en función de la categoría del vehículo, del tipo de combustible y de la masa máxima autorizada. En el caso de vehículos eléctricos depende de su autonomía. El rango va desde los 200 euros hasta los 20.000. Con carácter general, las solicitudes se podrán realizar a partir del 1 de enero y hasta el 15 de octubre de 2016.

Por otra parte, el Ejecutivo ha acordado la prórroga del Plan PIVE 8 hasta que se agoten los fondos o hasta el 31 de julio de 2016. El Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) ha tenido ocho convocatorias de ayudas entre 2012 y 2015, con un desembolso total por parte del Estado de 1.115 millones de euros.

Una vez concluya la presente edición, habrá permitido sustituir un total de 1.185.000 vehículos antiguos por las mismas unidades de vehículos nuevos y la reducción de emisiones de 850.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, gracias a la mayor eficiencia energética de los nuevos vehículos.

Reforma de las Administraciones Públicas

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl Consejo de Ministros ha recibido el informe trimestral sobre el seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que, según ha apuntado la vicepresidenta, sirve también como balance global de las actuaciones desarrolladas en este campo hasta la fecha.

Sáenz de Santamaría ha apuntado que las medidas han permitido ahorrar 30.341 millones de euros a las Administraciones Públicas y 3.069 millones a los ciudadanos y las empresas. También ha subrayado que la reforma ha supuesto la supresión de 2.305 empresas y organismos públicos y que se ha cumplido el 86% de las medidas propuestas. Entre otros datos, ha citado los cinco millones de facturas electrónicas que han recibido 7.700 órganos administrativos y los 40 millones de intercambios que se han producido en la plataforma de información a la que pueden acceder todas las Administraciones.

También en este ámbito, el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas para la reducción de las cargas administrativas y la mejora de la regulación. Abarcan siete ministerios y van desde la simplificación de trámites de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la tramitación electrónica en ámbitos tan diversos como el transporte animal, el juego y diversos registros, según ha indicado la vicepresidenta. Además, se impulsa la "carpeta ciudadana" en el Punto de Acceso General, un área privada donde los ciudadanos pueden consultar el estado de sus expedientes y acceder a información personalizada en sus relaciones con la Administración Pública.

Ayuda excepcional al sector lácteo

El Gobierno ha regulado la concesión de una ayuda excepcional destinada a compensar las dificultades económicas del sector lácteo. La vicepresidenta ha apuntado que el objetivo es proporcionar liquidez a corto plazo a los productores para que "sus explotaciones puedan continuar con su actividad, en tanto que el resto de medidas a medio y largo plazo surten efectos y los precios en los mercados internacionales se recuperan".

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que España va a destinar al sector lácteo más de 25,5 millones de euros de los fondos de la Comisión Europea destinados a este objetivo, a los que se agregan 20 millones, con cargo al presupuesto nacional, dirigidos a los ganaderos que más intensamente han sufrido los efectos adversos de la crisis. Sumadas las dos fuentes de financiación, la ayuda de liquidez asciende a 45.526.629 euros para las explotaciones del sector vacuno de leche.

Otros acuerdos

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa / J. M. CuadradoLa vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que, dado que la Generalitat de Cataluña ha comenzado a cumplir con las condiciones establecidas al efecto, se van a remitir hoy a esa comunidad autónoma más de 300 millones de euros correspondientes al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) ordinario. De ellos, casi 110 millones están destinados al pago directo a proveedores del sector sanitario, farmacia (101) y conciertos sanitarios (7,1). Para la transferencia de las cantidades correspondientes al remanente del FLA "basta con que se sigan cumpliendo las condiciones" ha añadido la portavoz.

Sobre la participación de España en las iniciativas internacionales de lucha contra el terrorismo yihadista, la portavoz ha reiterado que en esta materia no "hay ninguna novedad": nuestro país ya está muy presente en escenarios complejos, y siempre ha cumplido con las peticiones de ayuda que "nos han llegado", actuando con apoyo parlamentario y coordinadamente a nivel nacional e internacional, porque en estas cuestiones, ha resaltado, "nuestra unidad es la debilidad de los terroristas, la unidad de los que estamos al lado de la civilización es la debilidad de los que están al lado de la barbarie".

Respecto al debate de Atresmedia en el que participará Sáenz de Santamaría con los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos, la vicepresidenta ha dicho que este "es un debate más" y que el Gobierno y el partido que lo sustenta son "un equipo" y como tal se reparte las tareas y decide quién va a cada lugar.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, seguirá actuando de forma "constructiva" en la solución de las dificultades de la empresa Abengoa, un proyecto empresarial, en su opinión, "importante y viable". Para ello es preciso que se conozca "la situación contable y de endeudamiento real" del grupo, ha concluido.