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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba los principales compromisos anunciados en el Debate sobre el estado de la nación

La Moncloa, Madrid, viernes 27 de febrero de 2015

​La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que en su reunión de hoy el Gabinete ha aprobado algunos de los "contenidos esenciales" que el presidente anunció en el pasado Debate sobre el estado de la nación.

Estas medidas se enmarcan en los objetivos fundamentales para este último año de la legislatura: "La creación de empleo, el traslado de la recuperación a las familias mediante una agenda social importante y las reformas estructurales", ha explicado. 

En ese sentido, el 'Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera, y de otras medidas de orden social' busca, en palabras de la vicepresidenta, "devolver a los españoles algunos de los esfuerzos realizados durante la crisis y ampliar los efectos de la mejora de la economía a los sectores más vulnerables". 

Segunda oportunidad

El texto pretende, por una parte, ayudar a normalizar la situación de quienes han contraído un endeudamiento excesivo. Por primera vez se establece un sistema específico para solventar la insolvencia de los particulares, con "mecanismos para conseguir que las personas físicas, que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y volver a empezar", ha indicado Sáenz de Santamaría.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido que "este proceso, que en última instancia es de perdón de deuda, es posible porque la situación del sistema financiero español ha cambiado y en estos momentos tiene mucho mejor provisionados los créditos". 

Pool Moncloa En primer lugar, se amplía y flexibiliza el acuerdo extrajudicial de pagos, la posibilidad de pactar con los acreedores, para que la reestructuración de la deuda sea más ágil y sencilla. Además de los empresarios y las empresas, los particulares podrán acogerse a esta vía. "Durante el plazo que dura la negociación de estos acuerdos extrajudiciales, se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual", ha apuntado el ministro.

También se establece un mecanismo judicial de reestructuración que permitirá a los particulares, sean empresarios o no, liberarse de las deudas contraídas con los bienes que se tienen en el momento de llegar a ese acuerdo con intervención de un juez, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Además, los plazos de prescripción de las deudas personales se reducen de quince a cinco años.

El objetivo, ha manifestado De Guindos, es "la conciliación de los intereses de acreedores y deudores", manteniendo la cultura de pago pero teniendo en cuenta también que en muchas ocasiones "el exceso de endeudamiento llevaba a que el deudor quedara estigmatizado".

Otro bloque de medidas de la norma se refiere al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios que, según los datos aportados por De Guindos, hasta el momento ha permitido unas 12.000 reestructuraciones de deuda, 3.500 daciones en pago y la paralización de más de 12.000 lanzamientos de viviendas.

Ahora se flexibilizan los criterios para acceder a él y se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de sesenta años. El ministro ha estimado que de este modo el número de potenciales beneficiarios prácticamente se dobla. La norma elimina las cláusulas suelo de las hipotecas para los deudores situados por debajo del nuevo umbral del Código y prorroga hasta 2017 la moratoria de los desahucios de las viviendas habituales para los colectivos especialmente vulnerables.

Medidas de empleo y fiscalidad

El Decreto Ley incluye, por otra parte, diversas iniciativas en materia de empleo avanzadas por Mariano Rajoy en el Debate sobre el estado de la nación. 

Los nuevos contratos indefinidos disfrutarán de una rebaja de las cotizaciones. Los primeros quinientos euros de salario estarán exentos y, a partir de esa cantidad, se aplicará un tipo progresivo, por lo que el ahorro será mayor en el caso de los sueldos más bajos. La vicepresidenta del Gobierno ha remarcado que con esta medida se consigue rebajar progresivamente el coste laboral de las cotizaciones sociales y también que esta bonificación será compatible con la del Programa de activación para parados de larga duración.

Pool MoncloaPara facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, se pone en marcha una ayuda dirigida a los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por el cuidado de hijos menores de siete años o de familiares a cargo en situación de dependencia. Durante un año se beneficiarán de una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes si contratan a un trabajador para mantener su actividad. Sáenz de Santamaría ha cifrado en unos 3.000 euros anuales el ahorro para cada autónomo. 

También en el ámbito laboral, la norma reduce de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. La vicepresidenta ha justificado la medida por la baja producción en la campaña del olivar del año pasado. Además, ha detallado que la medida se aplicará en Andalucía y Extremadura a aquellos trabajadores que tuvieran 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores y que su ámbito temporal es de seis meses desde la entrada en vigor del decreto ley. El número de beneficiarios superará los 56.000.

La norma contempla igualmente medidas de apoyo a la familia en el terreno fiscal. Los 'cheques familiares' de 1.200 euros al año se amplían a las familias monoparentales con dos hijos. Además, la deducción fiscal para familias numerosas y con ascendientes o descendientes con discapacidad se extiende a los casos en que los contribuyentes sean pensionistas o parados que reciben prestaciones.

Como medida de apoyo a las ONG y otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, se aprueba la exclusión de declarar por el Impuesto de Sociedades a las entidades e instituciones con ese carácter e ingresos menores de 50.000 euros. 

Reforma de la Administración de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que el Gobierno ha impulsado la reforma de la Administración de Justicia en su triple papel de "pilar del Estado de derecho; servicio público, y elemento que fortalece la competitividad socioeconómica de España y la creación de empleo". "Trabajamos el concepto de la justicia más ágil, más cercana y que incorpora las tecnologías, que es uno de los desafíos y asignaturas pendientes en el mundo de la justicia", ha subrayado.

Con ese objetivo, el ministro ha avanzado que se reforman parcialmente, y de forma consensuada con los agentes implicados, cuatro leyes: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley de tasas judiciales; Ley por la que se regula el estatuto de España como miembro de Eurojust.

Ley Orgánica del Poder Judicial

El principal objetivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es, en opinión del ministro, "reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales". Partiendo de que el reparto de cargas no es homogéneo en todo el territorio nacional, esta medida permitirá que se distribuyan los asuntos entre juzgados limítrofes. "Rompemos el principio tradicional de partido judicial para buscar una solución más eficaz", si bien los juzgados mantendrán sus responsabilidades en su ámbito territorial, ha dicho.

Rafael CataláPool MoncloaCatalá ha puesto como ejemplo que los juzgados de violencia de género de Madrid tienen una carga de trabajo que apenas llega al 66%, mientras que en algunas localidades de la periferia de la capital supone hasta un 150%: "Alguno de los juzgados periféricos podrá transferir asuntos a los de Madrid". El ministro también ha señalado que ante asuntos de especial complejidad, como el caso de las preferentes, determinados juzgados se podrán especializar de forma temporal en ellos.

Además, ha señalado que se desarrollarán mecanismos para que los puestos de trabajo se cubran por jueces especializados y se mejorará la calidad de las resoluciones judiciales. "En ocasiones vemos con una cierta sorpresa cómo algunas secciones  de un órgano colegiado producen resultados diferentes en función de la sección o el juzgado en el que recaigan los asuntos", ha dicho.

Entre las medidas para profesionalizar la justicia, Rafael Catalá ha anunciado un nuevo sistema de sustituciones equivalente al que se aprobó para jueces y magistrados. Los secretarios judiciales podrán hacer sustituciones de plazas vacantes en los juzgados cuando la carga de trabajo lo permita para evitar así el nombramiento de interinos. "De los 45.000 funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia, casi 9.000 son interinos, más del 20%. En algunos cuerpos y en algunos territorios puede haber incluso hasta el 50%", ha dicho el ministro.

Catalá ha informado de que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses integrarán también a psicólogos y trabajadores sociales. Además se creará un sistema de médicos residentes en el área forense y se mejorará el sistema de ingreso ya que la oposición contará con un temario "más propio de médicos que de funcionarios de la Administración de Justicia" en sentido genérico.

Para mejorar la violencia de género, el proyecto de ley amplía las competencias del juez de violencia sobre la mujer y refuerza las  unidades de valoración forense.

Ley de Enjuiciamiento Civil

Con el fin de mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Rafael Catalá ha subrayado que el texto pretende "promover como objetivo estratégico del Gobierno el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la Justicia". En este sentido, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a comunicarse sólo mediante medios telemáticos.

El ministro ha aclarado que los particulares podrán seguir presentando papeles en los juzgados, que serán escaneados e incorporados a su expediente digital. Además, ha resaltado que los ciudadanos recibirán mediante aviso de SMS o correo electrónico notificaciones de la Administración que hasta ahora se reciben en papel.

El texto mejora la regulación del juicio verbal al introducir la figura de la contestación escrita a la demanda. En opinión de Catalá, con esta medida "se suspenderán muchos menos juicios y el juicio verbal será mucho más eficaz y ágil de lo que viene siendo en la actualidad".

Por otra parte, la norma atribuye a los procuradores la realización de todos los actos de comunicación al resto de partes, testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban participar en él, con el fin de agilizar los trámites procesales y reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales. Se elimina la necesidad de contar con dos testigos para que la notificación sea válida.

En relación con el procedimiento monitorio, los jueces verificarán si existen cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios.

Exención de tasas judiciales

Pool MoncloaEl Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.

El ministro de Justicia ha argumentado que la supresión de las tasas es una reivindicación muy extendida entre los ciudadanos y profesionales que el Gobierno ha considerado oportuno recoger. La entrada en vigor de la norma es inmediata y no se dilata "para no generar etapas intermedias que serían difíciles de planificar".

Rafael Catalá ha declarado que las tasas judiciales "no tienen un objetivo recaudatorio" y que los ingresos obtenidos por este concepto se incorporan a la "caja común que paga los servicios públicos" por lo que, como cualquier tributo, "no están afectadas a un fin" concreto. También ha asegurado que no está acreditado que la actual regulación de las tasas haya tenido un impacto directo e inmediato sobre la litigiosidad.

España en Eurojust

El Ejecutivo ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea. En el texto se adecúa el número de integrantes, funciones y competencias de la delegación española en este organismo.

El ministro ha precisado que la delegación estará compuesta, como mínimo, por un miembro nacional, un miembro nacional suplente y un asistente (hasta ahora sólo era obligatorio contar con un único representante). A este respecto, se regula la nueva figura del miembro nacional suplente, con sede en La Haya, y con plena capacidad para sustituir al miembro nacional.

Unión Bancaria

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión​, con el que España se adapta a la normativa europea en lo relativo a la Unión Bancaria. La meta es crear un marco común europeo que preserve la estabilidad financiera y minimice el coste para el contribuyente de las posibles crisis bancarias. Luis de Guindos ha asegurado que si esta norma hubiera estado en vigor, España no habría tenido que inyectar "un solo euro en los bancos españoles". 

El texto establece un nuevo sistema de asunción de pérdidas para los acreedores de estas entidades y crea un Fondo Nacional de Resolución que aportará al correspondiente fondo europeo y va a estar sufragado por los bancos. Las entidades deberán contar con planes de recuperación (sin necesidad de ayudas externas) y resolución (si las dificultades son mayores), que se revisarán al menos anualmente. El Mecanismo Único de Resolución, previsto para el año 2016, supervisará el 90% de las entidades españolas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será la autoridad nacional y contará con un presidente independiente nombrado por el Consejo de Ministros; el Banco de España desempeñará funciones preventivas.

Otros acuerdos

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que da luz verde al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, Plan PIVE 7, ante la favorable acogida por parte de los consumidores del programa y el efecto positivo en la economía y el medio ambiente, según ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría ha manifestado que podrán acogerse al plan, dotado con 175 millones de euros, particulares, autónomos, microempresas y pymes. El plan mantiene básicamente los requisitos de los anteriores, si bien presenta la novedad de que "el beneficiario deberá tener la titularidad del vehículo a achatarrar al menos durante el año anterior a que se solicite la ayuda".

Gracias a las seis ediciones del Plan PIVE se han renovado 715.000 vehículos y con el PIVE 7 se llegará a los 900.000, según los datos aportados por la vicepresidenta. "El ahorro energético ha sido de 248 millones de litros de combustible al año; 1,5 millones de barriles de petróleo", ha concretado.

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado la licitación, a través de ADIF Alta Velocidad, de los proyectos constructivos de las plataformas de tres nuevos tramos del denominado "Nudo de Bergara".​

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta, preguntada por opinión del Ejecutivo ante la visita del expresidente Rodríguez Zapatero a Cuba, ha asegurado que para el Gobierno lo importante es trabajar para que, de cara al futuro, no vuelvan a darse circunstancias como esta, porque los viajes internacionales de personas de relevancia, en la actualidad o en el pasado, deben estar "bien organizados y entroncados en la acción exterior del Estado".

Pool Moncloa Sobre el anuncio de la Generalitat de Cataluña de emprender una campaña ante la UE de denuncia de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley de consultas del Parlamento catalán, Sáenz de Santamaría ha dicho que "le va ser muy difícil a la Generalitat y a su presidente explicar, entre estados de derecho y democráticos, que quiera adoptar una decisión a la que se opone el Parlamento soberano de la nación".

"​El presidente de la Generalitat tiene que pensar que si tantos -el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, el Gobierno y el Consejo de Garantía Estatutarias, un órgano de la propia Generalitat- le dicen que no lo puede hacer es porque no lo puede hacer", ha manifestado.