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El Gobierno aprueba la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial

Consejo de Ministros - 3.10.2014

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La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que pretende mejorar los canales de financiación de las empresas, en especial, de las pymes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que "se da a las pymes, que son mayoritarias en nuestro tejido empresarial y en la creación de empleo, facilidades para superar los problemas derivados de la ausencia de financiación"

Los objetivos de la ley, según ha avanzado, son "hacer más flexible y más accesible la financiación bancaria, sentar las bases para fortalecer otras fuentes de financiación no bancaria y reforzar las competencias supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

En esta línea, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado que, en nuestro país, las empresas obtienen el 75% de la financiación de los bancos, por lo que considera importante que diversifiquen las fuentes para no depender tanto de estos.

Pool Moncloa/Acceso libreLa norma aprobada hoy establece que la entidad de crédito que quiera reducir la financiación a una pyme que esté al día en el pago de sus obligaciones tendrá que comunicárselo tres meses antes. De Guindos ha subrayado que la pyme podrá requerir al banco su historial de pago, que incluya una calificación crediticia.

El ministro también ha anticipado que la ley establece un régimen "mucho más eficaz, rápido y ágil" en lo relacionado con las garantías recíprocas. Además, la norma extiende a los establecimientos financieros de crédito los baremos de supervisión y solvencia aplicables a los bancos.

Luis de Guindos ha indicado que se reforma el régimen jurídico de las titulizaciones para simplificarlas y hacerlas más transparentes: "El activo subyacente era la concesión de hipotecas. Intentamos favorecer que el activo subyacente sea también la concesión de préstamos a pymes".

Para fomentar nuevos instrumentos de financiación, el ministro ha señalado que se potencia el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Para ello se flexibilizan los requisitos para que las empresas pasen del MAB al mercado continuo, es decir, a la Bolsa. Así, cuando la capitalización de la empresa que cotiza en el MAB alcance el umbral de 500 millones de euros automáticamente tendrá que pasar a la Bolsa.

En este punto, el titular de Economía ha anunciado que la Ley de Auditoría, que está elaborando su Departamento, recoge la necesidad de que las compañías que cotizan en el MAB sean auditadas por empresas de una cierta relevancia y que cumplan una serie de condiciones. "Lo que se denomina entidades de interés público", ha dicho.

El Proyecto de Ley aprobado hoy también favorecerá que las sociedades de responsabilidad limitada puedan emitir títulos de renta fija. Además, refuerza la capacidad de supervisión, inspección y sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Crowdfunding"

Pool Moncloa/Acceso libreLa norma crea, por primera vez en España, un régimen jurídico para las plataformas de internet que promueven la denominada financiación participativa o crowdfunding. "Establecemos la regulación de estas plataformas para que sean transparentes, proporcionen o faciliten la conexión entre los proyectos de inversión y los inversores, de tal forma que tendrán que ser autorizadas y supervisadas por la CNMV con apoyo, especialmente en la actividad de préstamos, del Banco de España", ha dicho de Guindos.

El ministro ha explicado que se distinguen dos tipos de inversores: los acreditados y los no acreditados. Los acreditados son las instituciones, las empresas que superen un millón de euros de activo, dos millones de cifra de negocio o 300.000 euros de recursos propios, así como todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros y soliciten expresamente este tratamiento. El resto son inversores no acreditados no podrán invertir globalmente más de 10.000 millones de euros al año en proyectos que no superen el umbral de los 3.000.

De Guindos ha argumentado que el crowdfunding es una forma de financiación novedosa, pero necesita transparencia y una serie de controles para que "los inversores que puedan tener una menor cultura financiera cuenten con una protección especial"

Sistema gasístico

Pool MoncloaEl Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente en relación con el almacén de gas Castor, situado a veintidós kilómetros de Vinarós (Castellón) y a dos kilómetros de profundidad.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que la norma establece la hibernación de las instalaciones, lo que implica que "está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento". Además, se extingue la concesión de explotación de almacenamiento que tenía la empresa Escal UGS, S.L, aceptando la renuncia presentada por ésta y sin perjuicio de las responsabilidades que en su caso pudieran derivarse.

Soraya Sáenz de Santamaría ha informado de que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros a esta empresa que será abonada por Enagás Transporte, que se encargará durante la hibernación del mantenimiento y operatividad de las instalaciones.

El Consejo de Ministros, ha dicho la vicepresidenta, podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento en condiciones seguras.

En memoria de las víctimas del terrorismo

Pool Moncloa/Acceso libreEl Consejo de Ministros ha acordado la constitución de una comisión de expertos con el fin de que elabore, en el plazo de tres meses, un informe dirigido a la puesta en marcha del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

La creación de este centro, tal y como ha recordado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está prevista en la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que fue aprobada con "absoluto consenso" a finales de la pasada Legislatura.

Fernández Díaz ha explicado que la creación de un centro de estas características es una iniciativa pionera en España por lo que se ha estimado conveniente contar con el asesoramiento "objetivo, cualificado, integrador y pluridisciplinar" de una comisión cuya constitución se ha acordado hoy.

Esta comisión, que estará integrada por 14 expertos tanto en terrorismo de ETA como yihadista, la presidirá el periodista Florencio Domínguez Iribarren.

Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo

El titular de Interior ha señalado que la puesta en marcha del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo es, además de un mandato legal, "un deber que todos tenemos con las víctimas del terrorismo, y un deber hacia las generaciones venideras de españoles, que deben saber la verdad de lo sucedido en relación con el fenómeno terrorista" padecido en el País Vasco y en el conjunto de España durante mucho tiempo, así como de otras modalidades de terrorismo, entre las que ha destacado el yihadista.

La constitución del citado centro, cuya sede se ubicará en Vitoria, concretamente en el edificio histórico del Banco de España, contará con el consenso y la participación de todas las instituciones implicadas, además de con las ideas, sugerencias y aportaciones de las propias víctimas, porque, según ha afirmado el ministro, "pretendemos que el proyecto sea permanente en el tiempo y que trascienda a los gobiernos de cada momento, a nivel nacional y a nivel autonómico, dado su carácter esencial como instrumento de preservación de la Memoria de las víctimas del terrorismo".

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa/Acceso libreLa vicepresidenta del Gobierno, en respuesta a las preguntas sobre los nuevos pasos de la Generalitat de Cataluña orientados a la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre, ha reiterado que España es un Estado de Derecho en el que la ley, que obliga a todos, es la expresión más clara de la democracia y ha recordado que son los tribunales los que, en el ejercicio independiente de su poder, deciden lo que es o no es legal.

En este sentido, ha añadido que "nadie puede diseñar la democracia a su medida", ni "puede decidir por sí, lo que es legal, solo los Tribunales", y ha confirmado que el Gobierno actuará con la misma "firmeza serena" e incorporará a los recursos ya presentados los actos de incumplimiento de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

También ha hecho un llamamiento a Artur Mas para que manifieste su posición final sobre la suspensión de la campaña institucional y el proceso de referéndum, porque los ciudadanos "en este tema merecen serenidad y tranquilidad", ha dicho la vicepresidenta.

Respecto a la propuesta del PSOE sobre las víctimas de la violencia de género, ha señalado que el objetivo de "gobierno tras gobierno" es erradicarla, mediante los mejores instrumentos, "que deben venir de la educación y la escuela" y "de la generación de confianza en las instituciones".

Sobre la otra propuesta socialista de incrementar el régimen de incompatibilidades de los políticos profesionales, Sáenz de Santamaría ha recordado la ley del ejercicio del alto cargo, aprobada por el actual Ejecutivo, donde se regula un régimen de incompatibilidades amplio. Al propio tiempo, ha defendido la necesidad de que la gente preparada de diversos ámbitos "entre y salga" de la política, haciendo que no sea cerrada y endogámica porque "la participación de los ciudadanos la enriquece".

El ministro de Economía y competitividad, preguntado por el uso irregular de tarjetas de crédito 'opacas' por parte de directivos de Caja Madrid, ha señalado que ha sido el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria), quien ha puesto en conocimiento del fiscal la situación, que este organismo del Gobierno colaborará en el proceso judicial abierto y tratará de recuperar todos los fondos posibles. También ha asegurado que entiende la indignación social que suscitan estas conductas, ya que al primero que "le revuelven el estómago es al ministro de Economía". No obstante, ha añadido estar convencido de que se trata de "un caso singular" que desapareció totalmente en mayo de 2012.