Referencia del Consejo de Ministros

19.12.2023

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La Moncloa

SUMARIO

Economía, Comercio y Empresa

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España a la cuenta administrada por el Fondo Monetario Internacional para Sudán, por un importe total de 4.500.005 euros.
  • ACUERDO por el que se autorizan las contribuciones de España al Fondo global para la descarbonización del transporte (GFDT), al Partenariado para el desarrollo digital (DDF) y a la Facilidad global de datos (GDF) del Grupo del Banco Mundial por un importe total de 14.464.535 euros.

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Carta de la Energía por importe de 216.940 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de la Agencia Estatal de Meteorología para el pago de la deuda derivada del ajuste fiscal por tributación de los pensionistas residentes en España de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) correspondiente al ejercicio 2022, por un importe de 18.185 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de la Agencia Estatal de Meteorología para el pago de la deuda derivada del ajuste fiscal por tributación de los pensionistas residentes en España del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM) correspondiente al ejercicio 2022, por un importe de 36.107 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención, prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua, por importe de 20.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención, prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, a la Comunidad Autónoma de Baleares para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua, por importe de 20.000.000 de euros.

Hacienda y Función Pública

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal, en inmuebles de la Dirección General de la Policía, con un valor estimado de 97.349.947,64 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Guardia Civil la celebración del contrato del servicio de mantenimiento, revisiones e inspecciones de los helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con un valor estimado de 25.519.999,98 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Guardia Civil la celebración del contrato del servicio de mantenimiento, revisión, inspección y reparación, así como de la reposición de elementos consumidos, el suministro y la reparación o sustitución de repuestos utilizados o caducados, y las asistencias técnicas que se precisen de los aviones Airbus CN-235-300 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con un valor estimado de 23.500.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Guardia Civil la celebración del contrato del servicio de limpieza de los inmuebles e instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, en todo el territorio nacional, con un valor estimado de 145.031.444,80 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de los servicios auxiliares a llevar a cabo en los tres buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, por importe de 4.800.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato para la realización de las operaciones de mantenimiento, revisiones, inspecciones, asistencias técnicas sobre los motores de las aeronaves del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, por importe de 1.827.400 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato del servicio de acceso a la base de datos de información sobre redes sociales para la Jefatura de Información de la Guardia Civil, por importe de 189.970 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia del contrato de las obras para subsanar los graves daños que presentan las cubiertas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Alicante, por importe de 164.772,34 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para realizar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la fabricación de permisos de conducción, permisos de circulación de vehículos, autorizaciones ADR y distintivos medioambientales, por un importe de 67.477.392,40 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención al Comité Olímpico Español para la realización de actuaciones extraordinarias de interés público durante el ejercicio 2023.

Industria y Turismo

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

Sanidad

Ciencia, Innovación y Universidades

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • REAL DECRETO por el que se regula el cómputo de los períodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales a efectos del reconocimiento y cálculo de determinadas pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva.
  • ACUERDO por el que se concede un suplemento de crédito a la Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Común de la Seguridad Social.

Transformación Digital

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I3). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I2). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I2). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C15, I4). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • REAL DECRETO por el que se regulan el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual, de Prestadores del Servicio de Intercambio de Vídeos a través de plataforma y de Prestadores del Servicio de Agregación de Servicios de Comunicación Audiovisual y el procedimiento de comunicación previa de inicio de actividad.

ACUERDOS DE PERSONAL

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Educación, Formación Profesional y Deportes

Agricultura, Pesca y Alimentación

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Ciencia, Innovación y Universidades

  • REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento a Dª.ELISA RIVERA MENDOZA.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN DEL NIVEL ASISTENCIAL DEL DESEMPLEO
El Consejo de Ministros, ha aprobado el Real Decreto-Ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo en el marco de la Reforma 10, del Componente 23: nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.
Se reducen a dos los supuestos de acceso general: el subsidio por agotamiento y por cotizaciones insuficientes. Se conserva, además, el subsidio de mayores de 52 años.
Se unifican los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario, sobre el cómputo recíproco de cotizaciones del PROFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario), lo que simplifica los requisitos de acceso y la gestión de estos subsidios específicos.
De manera transitoria, se mantienen los derechos reconocidos con la normativa anterior hasta su extinción.
La norma también prevé facilitar la transición hacia la protección social cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral.
Mejorar la protección
Se amplía el acceso al subsidio de agotamiento de la prestación por desempleo, al permitir el acceso a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares y se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación.
También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.
Se reconoce el derecho al subsidio asistencial por desempleo a los trabajadores eventuales agrarios y a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.
Derecho más fácil de obtener y de mantener
Se mejora la accesibilidad ya que se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud de subsidio por agotamiento y se amplía a 6 meses el plazo de solicitud: la búsqueda de empleo no colisiona con la necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios.
Con carácter general, el derecho de subsidio nace en el día de su solicitud y desaparecen los llamados días consumidos por solicitud fuera de plazo.
El periodo de reconocimiento se reduce a un trimestre y se exige el cumplimiento de los requisitos de carencia de rentas y/o de responsabilidades familiares en el mes natural anterior a la fecha de la solicitud inicial del subsidio y de cada una de sus prórrogas, exigiéndose expresamente una declaración responsable de rentas e ingresos del solicitante.
Compatibilidad del desempleo
Se regula la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena por un periodo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial sin reducción de la cuantía.
Las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) serán compatibles con las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación profesional o en el trabajo o para realizar prácticas formativas o prácticas académicas externas en entidades públicas o privadas, que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate.
Itinerario personalizado
La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad, en el marco de la Ley 3/2023 de 28 de febrero, de Empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre la persona demandante de los servicios públicos de empleo para incrementar la empleabilidad de la persona.
En la nueva regulación del nivel asistencial se mantiene la acreditación ante el SEPE (y también ante los servicios públicos de empleo autonómicos) de las acciones dirigidas a la búsqueda activa de empleo, reinserción laboral o mejora de la ocupabilidad.
En el marco de la nueva Ley de Empleo, se les garantiza el servicio de tutorización individual, el asesoramiento continuado y atención personalizada.
Las normas que se dicten para la actualización de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo garantizarán el acceso a sus servicios a las personas beneficiarias del nivel asistencial de protección.
Además, en el marco de la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, se llevará a cabo una evaluación de la incidencia de este nivel asistencial de protección en la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiarias.
Duración y cuantía
La percepción del nivel asistencial de desempleo se prolongará hasta 30 meses dependiendo de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada.
La cuantía, vinculada al IPREM, será del 95% (570 euros mensuales) los 6 primeros meses; 90% los seis meses siguientes y el 80% el resto del período. Será aplicable a los nuevos reconocimientos de este subsidio, no a los anteriores.
Se mantiene el subsidio para mayores de 52 años en su cuantía del 80% IPREM.
Derecho de ausencia en el permiso de lactancia

También se procede a abordar una modificación del permiso de lactancia con la finalidad de mejorar los términos del ejercicio del derecho y, a la vez se refuerza y complementa el recientemente reconocido permiso parental.
En la actualidad el derecho a ausentarse queda condicionado a las previsiones de la negociación colectiva o al acuerdo a que llegue con la empresa.
La modificación del artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores elimina estas restricciones convirtiendo todas las posibilidades de disfrute, incluida la acumulación de las horas retribuidas de ausencia, en un derecho de todas las personas trabajadoras. Con ello se avanza en la mejora y se incrementa el nivel de reconocimiento y protección de los permisos de conciliación.
En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación.
Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses.

Hacienda y Función Pública

IMPOSICIÓN MÍNIMA GLOBAL DEL 15% A LAS MULTINACIONALES
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley que permite transponer íntegramente la Directiva europea relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Esta medida, que ahora iniciará el trámite de información pública y de órganos preceptivos, sigue las recomendaciones formuladas en el denominado Pilar 2 del programa BEPS (iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios) acordado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El objetivo de este anteproyecto es adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G20, la OCDE o la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales.
Una política en la que el Gobierno de España ha sido pionero al establecer en 2022 un tipo mínimo efectivo de Sociedades para los grandes grupos empresariales. Con la transposición del Pilar 2 se completará y avanzará por ese camino en coordinación con más de un centenar de países.
Por tanto, el texto aprobado pretende establecer un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales o los grupos domésticos, denominados grupos nacionales de gran magnitud, que tengan un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 750 millones de euros, de acuerdo con los estados financieros consolidados de la entidad matriz última, en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores.
De esta forma, la cifra coincide con la exigida a los grupos multinacionales para la presentación de la información país por país, que se introdujo en el ordenamiento jurídico español en 2015 y ya supuso un importante avance en cooperación fiscal internacional.
En cualquier caso, y siguiendo lo que establece la Directiva, la norma contempla la exclusión de diversos tipos de entidades en la aplicación de esta tributación mínima global. Es el caso, por ejemplo, de los denominados entes públicos, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro o los fondos de pensiones, entre otras.
Impuesto complementario
La Directiva comunitaria recoge que los estados miembros podrán optar por aplicar un impuesto complementario que grave a las multinacionales o grandes grupos nacionales que radiquen en su territorio y que no alcancen una tributación mínima del 15%, en la jurisdicción de dicho estado miembro. España aplicará dicho impuesto complementario, que tiene tres configuraciones complementarias entre sí:
  • El impuesto complementario nacional. Su finalidad principal es garantizar que las entidades constitutivas del grupo multinacional o nacional de gran magnitud radicadas en territorio español, y que no alcancen una tributación mínima del 15% en España, lleguen a ese tipo a través de este impuesto. Por el contrario, si la imposición del grupo ya fuera superior al 15% no le afectaría este impuesto complementario.
Es importante destacar que el impuesto complementario nacional es compatible con el tipo mínimo del 15% que aprobó el Gobierno en su legislación interna y que entró en vigor en 2022. La diferencia es que el tipo complementario nacional exige una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable ajustado, que se calcula con los parámetros que marca la Directiva y es igual para todos los países. En cambio, el tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades se determina sobre la base imponible.
  • Impuesto complementario primario. En este caso, el impuesto se aplicará cuando la matriz de un grupo multinacional se sitúe en España y obtenga rentas de filiales situadas en el extranjero que aplican un tipo impositivo inferior al 15%. Cuando eso suceda, se activar el impuesto complementario.
  • Impuesto complementario secundario. Actúa como un sistema de cierre y que se activa cuando algunas de las empresas del grupo multinacional hayan obtenido rentas en el exterior que no hayan sido gravadas al 15%. La diferencia entre el impuesto primario y el secundario es que este último no recae sobre la matriz, sino sobre filiales del grupo ubicadas en España.
Una vez aprobado el anteproyecto de ley en primera vuelta del Consejo de Ministros el texto comenzará el trámite de los órganos consultivos antes de ser ratificado de nuevo por el Gobierno para ser remitido al Parlamento.
Cuando este proceso concluya y la norma sea aprobada definitivamente, España contará con una fiscalidad más justa, moderna y alineada con la política tributaria internacional.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE LA JUNTA ARBITRAL DEL CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y NAVARRA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
La Junta Arbitral es el órgano encargado de conocer y resolver las discrepancias y conflictos entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral, o entre esta última y cualquier otra Comunidad Autónoma en relación con la interpretación y aplicación del convenio a casos concretos o la aplicación de los puntos de conexión de los tributos conveniados o respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
El Reglamento de la Junta Arbitral se aprobó mediante Real Decreto en marzo de 2006 y en el mismo se establece que las modificaciones que puedan ser necesarias en el futuro se realizarán por acuerdo entre las dos Administraciones implicadas.
El Reglamento ha sido objeto de una única modificación, en mayo de 2017, que fue objeto de acuerdo entre ambas administraciones y cuyo propósito fue adecuar algunas de sus disposiciones a la nueva redacción dada a una serie de artículos del Convenio.
En este caso, las modificaciones en el Reglamento también tienen carácter técnico y pretenden adecuar su contenido a los cambios registrados en el Convenio Económico.
En concreto, la modificación del convenio efectuada por la Ley 22/2022, de 19 de octubre, incorpora algunos cambios que afectan a la Junta Arbitral del Convenio, lo que hace necesaria la revisión de determinados aspectos del Reglamento que precisan una actualización.
Algunas modificaciones
De esta forma, este real decreto incorpora las modificaciones del texto reglamentario pactadas entre ambas administraciones.
Entre los cambios que se deben efectuar se encuentran los relativos a un nuevo procedimiento para la coordinación de competencias inspectoras en el Impuesto sobre el Valor Añadido, previendo la regulación de un procedimiento abreviado aplicable a la resolución de controversias.
También se incorporan las nuevas denominaciones de los órganos tanto de la Administración General del Estado como de Navarra que se han modificado. Asimismo, se introducen modificaciones en la regulación del inicio de los conflictos que se plantean entre administraciones, con el objeto de garantizar una mayor seguridad jurídica en los trámites que implican la ratificación de la competencia o el rechazo de la misma.
Se incorpora un nuevo capítulo V, que engloba los artículos 21 a 23, que regulan los procedimientos especiales previstos en el Convenio, como la figura del procedimiento abreviado, el procedimiento de extensión de efectos de la resolución firme y el incidente de ejecución.

Hacienda y Función Pública

AYUDAS A LOS AFECTADOS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA PALMA
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula la concesión directa a Canarias de una subvención por 100 millones de euros, que permitirá, a su vez, habilitar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en La Palma registrada en septiembre de 2021.
Esta subvención financiará ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos a personas físicas y jurídicas como consecuencia directa o indirecta de la erupción volcánica, en el marco de la recuperación de la isla de La Palma. Las líneas de ayudas económicas tendrán por objeto la reparación o la compensación de la totalidad de los daños sufridos en todo tipo de bienes y actividades.
El 19 de septiembre de 2021 entró en erupción el volcán Cumbre Vieja, que obligó a evacuar amplias zonas de dicha isla. La erupción sepultó numerosas viviendas y se vio afectada una parte importante del tejido económico del valle de Aridane.
Esta situación supuso la declaración de la isla de La Palma como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Asimismo, durante la fase de emergencia se llevaron a cabo por parte de las Administraciones estatal, autonómica y local actuaciones inmediatas para facilitar la movilidad, garantizar las infraestructuras y los suministros esenciales, la reconstrucción de los espacios destruidos y la reorganización de la isla.
Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de incentivación del empleo, la formación y la orientación empresarial y profesional; de apoyo a la dinamización del tejido empresarial de la isla; en materia de prevención y mitigación de daños a la biodiversidad y al patrimonio natural; de reconstrucción de infraestructuras de comunicación y transportes; de refuerzo y reconstrucción de las infraestructuras sanitarias; así como de garantía de la continuidad de los servicios básicos de salud física y mental para los habitantes de las zonas que han quedado aisladas o sepultadas por la lava.
También se han concedido subvenciones a universidades y centros públicos estatales y autonómicos para mitigar el impacto del desastre natural y a prevenir situaciones similares en el futuro.
No obstante, sigue siendo ineludible la adopción de medidas excepcionales, puesto que sigue siendo preciso recuperar por completo las infraestructuras públicas y privadas destruidas, así como incentivar la actividad económica de la isla, con mayor urgencia aún en el contexto socioeconómico actual.
Movilización de la comunidad autónoma y la colaboración del Estado
La movilización de la comunidad autónoma canaria en el proceso de recuperación de La Palma ha demostrado ser eficaz y eficiente y ha desplegado, a lo largo de estos años, todo tipo de convocatorias de líneas de ayuda. Además, junto a la labor propia de la comunidad, destaca en este periodo la colaboración del Estado con las autoridades canarias para la identificación de daños y la anticipación de posibles problemáticas socioeconómicas.
La dimensión y magnitud de esta catástrofe natural y su impacto sobre la sociedad y la economía insular, en especial la gravedad de los daños personales, materiales y económicos, justifican la necesidad de establecer ayudas y compensaciones a los afectados. Por tanto, existen razones de interés público y social de primer orden que justifican la concesión de una subvención de forma directa a Canarias, con arreglo a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, para que a su vez despliegue líneas de ayuda destinadas a actuaciones de recuperación de la actividad económica y la vida de las personas y empresas de la isla.
Por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias, como beneficiaria directa de la subvención, será la que debe tramitar y gestionar las ayudas y adoptar las medidas necesarias a fin de que se puedan paliar los daños ocasionados.
Daños subvencionables
Son actuaciones subvencionables las compensaciones de los siguientes daños y/o actividades:
  • Los daños materiales en toda clase de bienes, incluyendo la destrucción o inutilización de viviendas y edificaciones complementarias, así como las edificaciones, instalaciones y bienes vinculados a actividades empresariales, entre ellas las agrarias, que se hayan visto perjudicados por la erupción.
  • Los daños materiales derivados de la desaparición o imposibilidad de continuar las actividades propias de las distintas explotaciones económicas, empresariales y profesionales, en especial las explotaciones agrarias, que se hayan visto perjudicados.
  • Cualquier otro daño consecuencia de la erupción del volcán.

El Consejo de Ministros ha acordado la compra de acciones de la compañía Telefónica S.A., hasta alcanzar un máximo del 10% de su capital social, que se llevará a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa.

Telefónica cuenta con un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas. También está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa y proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, con un sólido posicionamiento en este sector.

La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales.

Asimismo, la entrada en el capital de la compañía va en línea con los países de nuestro entorno. Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange; o Italia, que ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.



Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES DE DEUDA Y CONCESIÓN DE AVALES
El Consejo de Ministros ha autorizado a varias Comunidades Autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo, así como a conceder avales para facilitar a los jóvenes la adquisición de su primera vivienda en Castilla y León. En concreto, las comunidades beneficiarias son las de Comunidad Valenciana, Navarra y Castilla y León.
Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En el caso de la Comunidad Valenciana, se le ha autorizado a poder formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.685,05 millones de euros.
De éstas, 1.525 millones se destinan a refinanciar los vencimientos de deuda correspondientes al 'Contrato de Prestación de Servicios Financieros a la Generalitat Valenciana y al Sector Público Valenciano', y 160,05 millones a otras operaciones financieras de deuda a corto plazo.
Por su parte, en el caso de Navarra, el Consejo de Ministros ha autorizado para formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 807.199.734 euros.
En concreto, la Comunidad Foral ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por importe máximo de 300 millones de euros que tiene como finalidad financiar necesidades transitorias de tesorería del año 2024, y también operaciones de deuda a largo plazo, por importe máximo de 507,2 millones de euros, destinados a financiar deuda de la Comunidad Autónoma y entes dependientes incluidos del sector Administraciones Públicas de la Comunidad, de los que 257,2 millones de euros se destinarán a la refinanciación ordinaria de los vencimientos, y 250 millones de euros a la refinanciación de amortizaciones anticipadas.
Acuerdos para Castilla y León
El Consejo de Ministros ha autorizado dos acuerdos relativos a Castilla y León. En el primer caso, se le autoriza a otorgar garantías durante 2024 por un importe máximo de 40 millones de euros.
El pasado 28 de noviembre, la Consejería de Economía y Hacienda solicitó autorización para la concesión durante 2024 de avales por parte de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), en el marco de la línea de garantías 'Mi primera vivienda', destinada a facilitar la compra de vivienda a personas de edad igual o menor a 35 años, que se habilita mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, se estima procedente la concesión de la autorización solicitada. Los beneficiarios de las garantías serán personas de edad igual o menor a 35 años, que adquieran su primera vivienda con la suscripción de préstamo con garantía hipotecaria por un precio de adquisición igual o inferior a 240.000 euros. Se les avalarán los préstamos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda.
En cuanto al segundo acuerdo que afecta a Castilla y León, se le ha autorizado a esta Comunidad a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 76.37 millones de euros.
Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Hacienda y Función Pública

SUBVENCIÓN A CANTABRIA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado una subvención nominativa al Gobierno de Cantabria para financiar proyectos de inversión por importe de 55 millones de euros para 2023.
Esta cantidad estaba consignada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que contenía una dotación por importe de 55 millones de euros destinada a esta Comunidad Autónoma para financiar proyectos de inversión y gastos complementarios.
Por la Administración General del Estado y por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha considerado prioritaria la adopción de políticas activas de fomento y de ejecución de inversiones para favorecer el desarrollo económico en la Comunidad.
Así, este Gobierno ha estado contribuyendo económicamente, mediante la firma de convenios con la Administración cántabra, a la financiación de proyectos de envergadura y actuaciones estratégicas en Cantabria, entre ellas, la culminación de la financiación de las obras del Hospital 'Marqués de Valdecilla', el desarrollo del Polígono Industrial de La Pasiega o para modernizar el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).
De esta forma, la Comunidad, con ayuda del Estado, ha financiado actuaciones en materia sanitaria, educativa, ha llevado a cabo inversiones en obras de abastecimiento y de saneamiento de titularidad autonómica, así como la financiación de actuaciones en infraestructuras en materia hidráulica municipal.
También se han acometido inversiones en los polígonos industriales de Val de San Vicente y Castro Urdiales, y se han financiado actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en infraestructuras municipales.
Son significativas asimismo las actuaciones realizadas en materia de transportes, dirigidas fundamentalmente a mejorar las condiciones de salubridad y seguridad de los usuarios y también ha realizado importantes inversiones para el mantenimiento y soporte avanzado de aplicaciones y plataformas de custodia electrónica corporativa, imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad de la Administración cántabra.
Por parte de la Administración General del Estado se ha considerado de interés la aportación de recursos económicos destinados a financiar proyectos de inversión en los ámbitos mencionados, contribuyendo así al propósito común de fomento y desarrollo económico en esta Comunidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DENUNCIA DEL TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994, y disponer su remisión a las Cortes Generales, por el procedimiento de urgencia.
El TCE es un acuerdo multilateral que ofrece un marco de cooperación para el comercio y la inversión en el ámbito de la energía. En la actualidad, el tratado tiene 53 signatarios y partes contratantes, entre ellos la mayoría de los estados miembros de la UE, así como la UE y EURATOM. España lo ratificó mediante instrumento publicado en el BOE, el 17 de marzo de 1998. Transcurridos casi 30 años desde su firma, el objeto del Tratado no se corresponde con la realidad ni con el paradigma energético actual.
La Conferencia Ministerial del TCE de 2019 aprobó iniciar las negociaciones de modernización del tratado en 2020, proponiendo cambios sobre 25 puntos del TCE. Entre ellos, destacan la definición de actividad económica en el sector energético, por sus implicaciones sobre la transición ecológica; así como las disposiciones sobre protección de inversiones y el sistema de resolución de controversias (ISDS), por su repercusión en los arbitrajes energéticos. Para la aprobación del Tratado modernizado por la Conferencia de las Partes se requiere unanimidad.
El Parlamento Europeo ha manifestado en repetidas ocasiones que los estados miembros y la UE y EURATOM deberían abandonar conjuntamente el TCE, ya que pone en peligro las inversiones necesarias para hacer posible la transición energética. Asimismo, la Comisión Europea, desde principios de 2023, ha solicitado al Consejo la retirada de la UE y de EURATOM del TCE, procedimiento que actualmente sigue en curso. Hasta el momento han anunciado su retirada individual los siguientes estados miembros de la UE: Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.
La permanencia de España en el Tratado de la Carta de la Energía resultaría poco coherente con las políticas energéticas y ambientales aplicadas por este Gobierno, siempre presididas por el objetivo de lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050.
En consecuencia, los ministerios competentes por razón de la materia -el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa- tras discusión en la Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales, cuya reunión a estos efectos se produjo el 18 de noviembre de 2022, han propuesto la denuncia por el Reino de España del TCE.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REFORMAS EN EL ÁMBITO DE SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA, FUNCIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN LOCAL Y MECENAZGO
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Una norma con la que se cumple en plazo y forma con varios compromisos recogidos en el Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Esto permitirá al Gobierno solicitar con todas las garantías el cuarto desembolso correspondiente a los fondos europeos asignados a España, por un importe de 10.000 millones de euros.
Transformación digital y procesal del servicio público de Justicia
El real decreto-ley incluye una batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia, que se traducirá en una mejora del servicio público a la ciudadanía.
Mejora del servicio público de Justicia:
Las iniciativas aprobadas estaban incluidas en dos normas tramitadas durante la anterior legislatura: el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia digital y el Proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, y fueron concebidas para dotar a la Administración de Justicia de herramientas con las que prestar un servicio mucho más eficiente y acorde a las necesidades actuales de ciudadanos y empresas.
Las medidas se articulan en dos grandes bloques: el primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.
Adaptación al marco tecnológico y digital:
Dentro del primer bloque de medidas, cabe destacar el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Esto se traduce en aplicaciones muy concretas, como la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.
También se impulsa el Expediente Judicial Electrónico, que incluye todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas y grabaciones audiovisuales que forman parte de cada procedimiento judicial.
Además, se fortalece la interoperabilidad, mediante el intercambio de expedientes electrónicos tanto entre órganos judiciales o fiscales como entre la Administración de Justicia y el resto de Administraciones Públicas.
Las medidas incluidas en este RDL contribuirán, además, a un mejor diseño de las políticas públicas, gracias al análisis de los numerosos datos que genera la Administración de Justicia, debido a que la tramitación de expedientes dejará de estar orientada al documento y pasará a estar orientada al dato.
Eficiencia procesal
Respecto a las medidas destinadas a la eficiencia procesal, en el ámbito penal se generaliza la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales. Asimismo, en el ámbito contencioso-administrativo, se dota a los juzgados y tribunales de herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de pleitos. Y, en los ámbitos civil y laboral, se incorpora el "procedimiento testigo", que agiliza en gran medida los procedimientos en los que se han presentado demandas idénticas con anterioridad.
Reformas en la Función Pública
En el ámbito de la Función Pública, se incorporan a este texto medidas legislativas centradas en la reforma de ese ámbito y en la labor de quienes trabajan en la Administración General del Estado. Un plan con el que se da cumplimiento al Hito 148 del PRTR, al incluir una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos o la regulación de la evaluación del desempeño. A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario, para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia.
Además, se incluyen dos órdenes ministeriales referidas a dos cuestiones que formaban parte de los compromisos del Gobierno de España y la Secretaría de Estado de Función Pública. Por un lado, se impulsa la planificación estratégica de los recursos humanos, con planes de ámbito general de cuatro años de duración, otros específicos, junto a otros de reestructuración de sectores concretos. Por otro, se regula la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.
Dichas reformas ya formaban parte del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que decayó como consecuencia de la convocatoria de elecciones. Para dar cumplimiento al Hito del PRTR, se ha incorporado esta reforma vinculada al sector público en el Libro Segundo de este real decreto-ley.
Esto da como resultado un conjunto normativo cohesionado y sistemático en el empleo público que continúa una ambiciosa reforma, que fue avalada por los sindicatos tras las conversaciones en el ámbito de diálogo social. Circunstancia que evidenció el compromiso negociador del Gobierno en lo relativo al sector público.
De esta manera, se cumple en tiempo y forma con lo dispuesto en el Plan de Recuperación en el ámbito de la Función Pública. Unas reformas que demuestran el compromiso de España con la Unión Europea para la transformación del sector público. La atracción del talento, retener esos perfiles destacados y reforzar la profesionalización de la Administración son las bases de este diseño.
Planificación estratégica y acceso al sector público:
La regulación de la planificación estratégica de los recursos humanos buscará que sea el principio de organización clave, a través de unas directrices diseñadas por la Secretaría de Estado de Función Pública. Los diferentes planes que se planteen serán los que determinen la actividad y las incorporaciones al sector público.
La oferta de empleo público será la que reciba el mayor refuerzo dentro de este campo, al imponerse plazos irrenunciables para ejecutarlas a través de las convocatorias correspondientes. Entre las novedades están la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta.
También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios. El fin es fomentar una mayor ocupación de plazas de necesaria cobertura.
En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleadas y empleados públicos, se impulsará un modelo más ágil y eficiente con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas. Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.
Para hacer unos procesos más garantistas y unitarios, se habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos. Esto facilitará que las actuaciones y orientaciones en el campo de la selección de personal queden recogidas en un único instrumento vinculante a todos los procesos.
Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puestos ofertados. Basar las evaluaciones en las competencias y habilidades y la profesionalización de los órganos de selección, con mayor formación en ámbitos como técnicas de selección por competencias, en igualdad de género y en atención a la diversidad para quienes compongan los tribunales.
Evaluación del desempeño:
El texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal. Con esto se persigue una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público. Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley que decayó, se plantean en positivo. Y en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen.
En el caso de que un empleado o empleada pública no tengan resultados satisfactorios en las mismas, se fomentarán las medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño. El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación.
Para quienes superen estas evaluaciones, obtendrán beneficios directos en distintas variables. La principal será la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Se fomentará su progresión en la carrera profesional, al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que plantee.
Destaca dentro de este ámbito la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo. Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en la retribución adicional del nuevo complemento de carrera.
Para fomentar la integración de las personas con discapacidad, el Libro Segundo del real decreto-ley, se contempla la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad. Una nueva fórmula para seguir contando con personal de talento diverso mediante el apoyo administrativo.
Otra de las medidas incluidas es la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública como agencia de empleo público. El objetivo es consolidar su papel en las políticas de selección y de formación de los empleados públicos y su función como organismo generador de conocimiento de las Administraciones Públicas.
Reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
Mediante esta reforma, y en consonancia con lo establecido en el hito 147 del PRTR, se persigue acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales a través de medios digitales y apoyar a las poblaciones pequeñas en su prestación de servicios públicos.
Mediante la modificación de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), incluida en este real decreto-ley, se da cumplimiento a los compromisos reflejados en ese hito y asumidos frente a la UE.
Contenido de la reforma:
  • Mejora del Padrón municipal para permitir su actualización en tiempo real. Para ello, se actualizan los datos obligatorios que deben constar en la inscripción conforme a la nueva normativa en materia de extranjería, al tiempo que se concreta la obligación de que los datos relativos al domicilio habitual incluyan la referencia catastral, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. Asimismo, se recoge en una norma con rango legal la aportación de datos voluntarios, cohesionando con lo dispuesto en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, así como con las distintas instrucciones técnicas procedentes del Instituto Nacional de Estadística.
  • Se modifica también la LRBRL para reducir el número de habitantes necesario para la creación de nuevos municipios: la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes (actualmente previsto en 5.000), y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Públicos. Esta modificación se aplicará también a los procedimientos de desanexión iniciados o en tramitación que aún no se hayan inscrito en el Registro de Entidades Locales.
  • Se introduce el principio de diferenciación en la atribución de competencias a los municipios, en términos de ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local a los efectos de promover las adaptaciones o medidas que procedan en tal sentido.
  • Medidas específicas de apoyo y colaboración con los municipios de menor población, con el fin de incluir la figura de la gestión colaborativa en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, para garantizar el cumplimiento de las competencias municipales, esencialmente, la prestación de calidad de los servicios públicos mínimos obligatorios de manera financieramente sostenible. Para ello, se establecen medidas que van desde la adopción de racionalización organizativa y funcionamiento a medidas para garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios a través de cualquier fórmula asociativa prevista en el ordenamiento jurídico, así como medidas dirigidas al sostenimiento del personal en común con otros municipios, o medidas de fomento orientadas al desarrollo económico y social del municipio.
  • Obligación de las entidades locales de crear y mantener un Portal de Internet de información a los vecinos, así como de acceso a los servicios públicos digitalizados, promoviendo la utilización de las tecnologías de la información.
  • Obligación de las entidades locales de elaborar Planes que tengan por objeto la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y empresas a los servicios públicos.

Modificaciones en la Ley del Mecenazgo
Por otro lado, el real decreto-ley también incluye una modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que permitirá cumplir con un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativo a la 'Entrada en vigor del Estatuto del Artista, fomento del mecenazgo y régimen de incentivos fiscales'.
En ese sentido, la modificación de la Ley de Mecenazgo contempla la mejora de su régimen de incentivos fiscales, con el fin de crear un marco jurídico, fiscal y laboral adecuado para el sector de la cultura y otros, que permita mejorar la protección social de los distintos agentes y aumentar la participación de inversores.
El objetivo es fomentar el mecenazgo en todos los sectores económicos. Se pretende potenciar figuras como el micromecenazgo o la donación continuada y aumentar la participación de inversiones privadas. En concreto, con los cambios introducidos se incrementan los incentivos fiscales al mecenazgo, tanto si es efectuado por personas físicas, como por personas jurídicas o por no residentes.
En el caso de las personas físicas, se eleva del actual 35% al 40% el porcentaje de deducción aplicable con carácter general. Además, se amplía la cuantía del micromecenazgo, de 150 a 250 euros, por lo que se incentiva la generación de este tipo de donativos, ya que esa ampliación de la cuantía permite aplicar el porcentaje del 80% a una mayor cantidad de donativos.
Por otra parte, se reduce de 4 a 3 años el número de ejercicios en los que tiene que hacer donativos a una misma entidad por importe igual o superior a los del ejercicio anterior, para acceder a un incremento de 5 puntos en el porcentaje de deducción, de tal forma que en esos casos de donación continuada el porcentaje pasaría a ser del 45%.
En el caso de personas jurídicas, se incrementa el porcentaje de deducción, que pasa del 35 al 40%, para potenciar el incentivo. Además, se reduce de 4 a 3 años el número de ejercicios necesarios para poder acceder al incremento de 10 puntos en el porcentaje de deducción. De esta forma, ese porcentaje alcanzaría el 50%.
Entre las modificaciones que se efectuarán en la Ley de Mecenazgo también se encuentra la actualización de la lista de actividades económicas que, cuando sean desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro pueden gozar de la exención en el Impuesto de Sociedades. En concreto, se incorporan las acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social o las actividades de educación de personas con altas capacidades, entre otras.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

NORMAS DE NAVEGACIÓN MARÍTIMAS Y AÉREAS EN LA XXXVII COPA AMÉRICA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las normas de navegación marítimas y aéreas para la XXXVII Copa América.
Este real decreto tiene por objeto la adopción de diversas medidas para atender a las necesidades y los compromisos derivados de la organización y celebración de la XXXVII Copa América en Barcelona, en los ámbitos de la navegación marítima, incluido el tráfico portuario; la navegación aérea, la meteorología y el dominio público radioeléctrico.
Seguridad marítima y aérea
En el ámbito de la navegación marítima el real decreto deja en manos de la Capitanía Marítima de Barcelona, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, el establecimiento de las medidas de seguridad.
Para el desarrollo de las regatas y los entrenamientos, la Capitanía va a establecer una zona de exclusión permanente, señalizada mediante balizas, que se situará en las aguas costeras, desde el norte de la entrada a la bocana norte del Puerto de Barcelona hasta la desembocadura del río Besós y unas cuatro millas mar adentro. En esta zona no podrán navegar buques de arqueo bruto igual o superior a 500 GT (registro bruto o tamaño del buque), salvo los buques que de forma expresa autorice la Capitanía Marítima.
En la zona de exclusión permanente se podrán establecer zonas de fondeo, incluyendo la instalación de pesos muertos para la conservación de la vida marina, con el fin de evitar la influencia de las anclas en el fondo y evitar perjuicios al cableado y otras instalaciones.
Por otra parte, se establecerán zonas de exclusión diaria provisionales alrededor de la zona de exclusión permanente, destinadas a los espectadores.
Asimismo, la Capitanía tendrá que aprobar el manual de operaciones marítimas de la competición y el manual de salvamento y emergencias marítimas para garantizar la seguridad en las operaciones y la rapidez y efectividad en caso de emergencia. Ambos manuales, junto con los procedimientos de registro de las embarcaciones, se publicarán en la página web de la Copa América diseñada para estos eventos.
Finalmente, será competencia de la Capitanía Marítima de Barcelona la coordinación de las administraciones públicas con competencia en materia de navegación marítima y tráfico portuario.
Por su parte, en el ámbito de la navegación aérea, el Real Decreto contempla los mecanismos para asegurar la compatibilidad de las operaciones de entrada y salida del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con el vuelo de las aeronaves asociadas al desarrollo de las regatas, garantizándose así la seguridad aérea.
Copa América
La Copa América es el trofeo deportivo más antiguo del mundo -data de 1851-, y se han celebrado desde entonces treinta y seis ediciones, cada una de las cuales viene precedida de una preparación de años en la sede designada.
Así, esta regata está considerada, por su duración y relevancia social y mediática, como uno de los acontecimientos con mayor repercusión, y genera un importante impacto positivo en el país donde se celebra, incluyendo no sólo el económico sino también el social, deportivo, de formación, innovación, promoción al deporte joven, promoción al deporte femenino e imagen internacional.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CASA DE LA ARQUITECTURA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea y regula la Casa de la Arquitectura, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de convertirse, próximamente, en un museo de titularidad estatal de carácter nacional.
De esta forma, tal y como también recoge la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura, se constituye la Casa de la Arquitectura como una entidad con vocación de servicio público que, reconociendo la arquitectura como bien de interés general, pone en valor su capacidad para hacer frente a los grandes retos colectivos. Se potencia, además, así el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Urbana Española en el marco de la Agenda 2030 según los criterios de la Nueva Bauhaus Europea.
Difundir y sensibilizar
La Casa de la Arquitectura tiene como objeto principal difundir el potencial transformador de esta disciplina, así como sensibilizar sobre sus valores al conjunto de la sociedad a modo de herramienta de diplomacia cultural.
También es objeto del museo fomentar e impulsar el principio de la calidad de la arquitectura reconociendo su impacto en los entornos construidos de pueblos y ciudades, y su capacidad para hacerlos más sostenibles y resilientes. Reivindicando, además, que una arquitectura de calidad redunda así en el bienestar y la salud de todas las personas sin comprometer las expectativas de las generaciones futuras.
Funciones y objetivos
Asimismo, la Casa de la Arquitectura se concibe como una herramienta para el fomento de la investigación y la conservación de la arquitectura como hecho cultural que refleja circunstancias propias de cada sociedad, abordando cuestiones de identidad con los valores que representa, que tienen una incidencia directa en el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
Como museo contemporáneo, la Casa de la Arquitectura, se establece como una plataforma de encuentro, intercambio, comunicación y aprendizaje dirigida a un público transversal e intergeneracional.
Como museo estatal de carácter nacional, entre sus funciones se le reconoce la potestad para adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir información, documentación y contenidos útiles para fines de estudio, divulgación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, técnico y de cualquier otra naturaleza cultural. A tal fin se regula su estructura organizativa, como museo adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dirigido por un director, y la figura del Patronato como órgano consultivo y de asesoramiento.
La colección y sedes
La colección estable de la Casa de la Arquitectura está constituida por el conjunto de bienes muebles del patrimonio arquitectónico, urbanístico y documental, en forma de objetos, dibujos, documentos, planos e imágenes producidos en cualquier soporte y adscritos al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Se establece la sede principal de la Casa de la Arquitectura en Madrid. No obstante, se podrán implantar otras sedes, permanentes o temporales, en cualquier lugar del territorio nacional, de manera coordinada con la sede principal, con el fin de dar mejor cumplimiento a los objetivos de la institución. Estas sedes estarán también adscritas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REQUERIMIENTO AL SENADO PARA REVOCACIÓN DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo para realizar un requerimiento al Senado para que revoque el acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta por el que se admitía a trámite una proposición de ley presentada por el PP que pretende derogar la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Este requerimiento al Senado viene fundamentado en el hecho de que se trata de una decisión de la Mesa del Senado que vulnera el artículo 134.6 de la Constitución Española. Dicho artículo establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
En este sentido, el Gobierno, mediante un escrito remitido el pasado 16 de noviembre al presidente del Senado, manifestaba su disconformidad con la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que deroga la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por su impacto presupuestario.
Impacto presupuestario
Dicho criterio venía acompañado de un informe en el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública justificaba que las medidas incluidas en la iniciativa supondrían una merma de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no cedido a las comunidades autónomas, al producirse la eliminación del mismo. Asimismo, el informe alude a que la proposición de ley incluye que el Estado compense a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cada comunidad autónoma en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa. Por tanto, el impacto estimado de esta proposición de ley del PP alcanzaría unos 2.800 millones de euros para las arcas públicas.
Sin embargo, a pesar del escrito del Gobierno, la Mesa del Senado adoptó, en su reunión del pasado 21 de noviembre, un acuerdo por el que decidió ignorar y no admitir a trámite esa disconformidad del Gobierno.
Por ello, el Ejecutivo considera que esta proposición de ley vulnera el artículo 134.6 de la Constitución Española, ya que, al suponer una merma de los ingresos presupuestarios, la propuesta debe contar con la aprobación del Gobierno.
Además, el Ejecutivo ha recordado que el alcance de la función de control del veto presupuestario por parte de la Mesa ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, donde se afirma que la Mesa debe limitarse a verificar que la motivación aportada por el Gobierno no es manifiestamente infundada, pero en ningún caso le corresponde establecer un control parlamentario de naturaleza política, pues el veto se configura como una potestad que la Constitución le otorga exclusivamente al Ejecutivo.
Por tanto, la decisión de la Mesa ha vulnerado el ejercicio de una atribución constitucional que corresponde al Gobierno.

Defensa

SUMINISTRO DE MUNICIÓN DE CARTUCHERÍA ORDINARIA Y TRAZADORA
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de munición de cartuchería 5,56 x 45 mm ordinaria y trazadora para el Ministerio de Defensa.

Esta adquisición resulta necesaria para mantener adiestrada la Fuerza Conjunta y para atender las necesidades de las operaciones en el exterior.
El valor estimado del acuerdo marco es de 26.396.000,00 euros.

Defensa

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA ANTIAÉREO AVANZADO
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la modernización del sistema de defensa antiaéreo avanzado.
El actual sistema utilizado por las Fuerzas Armadas requiere ser modernizado para evitar su obsolescencia y para mejorar la capacidad de defensa antiaérea y antimisil de nuestras Fuerzas Armadas.
El valor estimado del contrato es de 412.792.231,39 €.

Defensa

ESTRATEGIA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS, REPUESTOS Y ÚTILES
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa la celebración de un convenio para la realización de acciones conjuntas para el desarrollo y ejecución de una estrategia de diseño y fabricación aditiva que permita el desarrollo y fabricación de piezas, repuestos y útiles para el Ministerio de Defensa.
Dicha estrategia va a permitir mejorar las cadenas de suministro y logística de las Fuerzas Armadas, el aumento de la operatividad de flotas, recursos en operaciones y evitar problemáticas relativas a la obsolescencia de partes/piezas, así como incrementar su vida útil o implementar mejoras de rendimiento. Además, este proyecto se considera de especial relevancia para dar respuesta a los compromisos internacionales de España, tanto en el ámbito de la OTAN como en el de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
El convenio tiene un valor estimado de 82.644.628,10 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

OBRAS DEL NUEVO MUELLE DE CONTENEDORES DEL PUERTO DE VALENCIA
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de construcción del muelle de contenedores de la terminal norte del Puerto de Valencia por un valor estimado de 656,73 millones de euros (IVA no incluido).
Esta actuación supone un impulso a la construcción de esta nueva terminal, concebida bajo estrictos criterios de respeto medioambiental y aparejada al objetivo de derivar los tráficos de los contenedores desde la carretera al tren.
Se trata de una terminal de 5 millones de TEUS (contenedores equivalentes de 20 pies) de capacidad, que se añaden a los 7,5 millones de TEUS de capacidad actual, completamente electrificada con energía de origen 100% renovable, un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de 6 vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España.
La actuación responde a los estándares más avanzados a escala internacional en materia de eficiencia, conectividad y sostenibilidad ambiental.
Con la ejecución de la obra, la Autoridad Portuaria de Valencia pondrá a disposición de los operadores una nueva terminal pública de contenedores innovadora, flexible y sostenible, que permitirá operar a los mayores buques de última generación (portacontenedores MEGAMAX de hasta 430 metros de eslora). Además, la ampliación prepara al Puerto, que ya opera cerca de su punto de saturación, para responder al crecimiento de la actividad y seguir siendo una infraestructura de referencia dentro del tráfico mundial de contenedores.
Diseñado bajo un esquema de colaboración público-privada, el proyecto contará con una inversión total de más 1.600 millones de euros. Mediante este contrato, la Autoridad Portuaria de Valencia se encargará de construir la infraestructura básica (dragado, muelle y relleno consolidado), mientras que la compañía TIL, de la naviera MSC, invertirá en la superestructura, instalaciones y material móvil.
Esta obra supone la implementación de una infraestructura del máximo nivel para asegurar la competitividad del Sistema Portuario de titularidad estatal y, por ende, del tejido productivo y del comercio exterior de España. Su ampliación es una inversión estratégica a nivel nacional con una indudable repercusión económica en términos de generación de empleo y riqueza. Además, es una apuesta decidida por la descarbonización y por el ferrocarril como alternativa para el transporte de mercancías.
Inversiones en el Puerto de Valencia
Las inversiones del Ministerio en el Puerto de Valencia han permitido que haya ganado cuota de transporte de mercancías por ferrocarril a lo largo de los últimos años. Todo ello gracias a diversas inversiones y a otras que están en marcha y que han supuesto la movilización de 240 millones de euros en actuaciones ferroportuarias tan importantes como:
  • La ampliación a 750 metros de las vías de la Terminal Sur de contenedores.
  • La mejora del trazado y la nueva playa de vías del Muelle de Poniente y del muelle Costa, que entrará en funcionamiento el mes que viene.
  • Las obras de duplicación de la vía del Muelle de Poniente y Levante que comenzamos este año y finalizaremos el que viene.
Así, la ampliación norte del puerto contará con una red de vías de carga y descarga que será la mayor terminal ferroviaria construida hasta la fecha en un puerto español y, con ella, multiplicamos por cuatro su capacidad actual. Una terminal que se apoyará tanto en la red interna ferroviaria de la zona de servicio del puerto, como en la terminal ferroviaria de València-Font de Sant Lluís, la cual también se está trabajando desde el Ministerio para ampliar en estos momentos.
Apuesta por la sostenibilidad
Se trabaja desde años para impulsar un cambio en la estrategia de transporte nacional de mercancías que permita trasvasar la carga del camión al tren, con el objetivo de duplicar la cuota ferroviaria nacional de mercancías hasta el 10%.
Dado que los puertos son grandes nodos generadores de cargas de aproximadamente el 50% de estos tráficos, es importante poner el foco sobre ellos en esta estrategia de trasvase modal.
Por ello, la ampliación norte del Puerto de Valencia servirá de palanca para un cambio hacia una movilidad más sostenible y con menos emisiones, dado que reducirá el número de camiones en los accesos al puerto y permitirá descongestionar las carreteras que rodean el área metropolitana de la ciudad de Valencia.
En concreto, esta ampliación del puerto ayudará a descongestionar la autovía V-30 como vía de entrada sur al Puerto de Valencia y, con ello, mejorará la movilidad metropolitana de Valencia. Por ejemplo, el objetivo es llenar los trenes con los camiones cerámicos con origen y destino Castellón, reduciendo los acarreos entre el puerto y Font de Sant Lluís.



Transportes y Movilidad Sostenible

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para el mantenimiento preventivo y la reparación de estructuras de la Red de Carreteras del Estado en Aragón y Castilla y León, con un valor estimado de 19,9 millones de euros (IVA no incluido).
El contrato se ha dividido en dos lotes de ámbito territorial, en las demarcaciones de Aragón y Castilla y León Oriental (provincias de Burgos, Ávila, Segovia y Soria) para facilitar una mayor eficacia en la prestación del servicio, constituyendo cada uno de ellos una unidad funcional, por tratarse de ámbitos claramente delimitados:
  • Lote 1, por 8,5 millones de euros (IVA no incluido) para Aragón.
  • Lote 2, por 11,4 millones de euros (IVA no incluido) para Castilla y León Oriental.
El plazo de duración del contrato será de 3 años con posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses.
El objeto del contrato es el mantenimiento y conservación de las estructuras (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales), mediante la ejecución de cuatro tipos de actuación muy concretos:
  • Sustitución de aparatos de apoyo.
  • Adecuación del sistema de contención.
  • Reparaciones del sistema de drenaje y desconchones en paramentos.
  • En puentes de tableros de vigas: sustitución de vigas o reparación de las mismas.
Estas actividades no excluyen la ejecución de otras reparaciones convencionales de los elementos para lograr cumplir con el objetivo principal de la intervención.
El ámbito de actuación son todas las obras de paso de luces iguales o superiores a los 3 metros de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos.



Transportes y Movilidad Sostenible

CONEXIÓN MARÍTIMA DE MELILLA CON LA PENÍNSULA
El Consejo de Ministros ha autorizado licitar por 78,65 millones de euros (IVA no incluido) un nuevo contrato de navegación para garantizar la conexión marítima de la ciudad de Melilla con la Península mediante las líneas de interés público Málaga-Melilla, Almería-Melilla y Motril-Melilla, con unas frecuencias, calidad y precio óptimos. El Ministerio ha mejorado las condiciones del contrato para dar más seguridad y continuidad al servicio casi duplicando la dotación presupuestaria bienal y la duración del mismo.
Así, con el objetivo de garantizar la conexión y financiar el déficit de explotación que supone, se ha aprobado un presupuesto de 39,3 millones de euros para los próximos dos años, entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2026, frente a los 22,3 millones de euros (sin IVA) del contrato actual para un total de 24 meses, prórroga incluida.
Los pliegos establecen como novedad la prórroga por otros dos años (por la misma cantidad de 39,3 millones de euros), lo que da un total de 76,8 millones de euros para cuatro años.
Condiciones del contrato
La licitación establece, entre otras condiciones, unas frecuencias mínimas de seis rotaciones semanales entre Málaga-Melilla y tres rotaciones semanales entre Motril-Melilla y Almería-Melilla, que se ampliarán en el período veraniego, Semana Santa y Navidad y cuando se estime que puede producirse una gran demanda o medien causas de utilidad pública.
Para desarrollar estas conexiones marítimas, la adjudicataria dispondrá de una dotación mínima de dos buques con menos de 5 años de antigüedad con 450 plazas para pasajeros y 250 para vehículos y servicio de autoservicio-cafetería.
La licitación ratifica el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la movilidad segura y continuada de los ciudadanos y con la integración territorial de nuestros territorios. Además, garantiza una adecuada conectividad de Melilla mediante el transporte marítimo.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de suministro y mantenimiento de los sistemas que soportan los sistemas de respaldo de las comunicaciones Voz (conocidos como "Último Recurso Voz") en la red de navegación aérea de ENAIRE, por un valor estimado de 23,66 millones de euros (IVA no incluido).
La ampliación del sistema actual prevé la implementación de nuevas funcionalidades, así como una ampliación de la capacidad en los citados sistemas de Último Recurso Voz operativos en los cinco centros de control aéreo y sus respectivos centros de contingencia.

El sistema de Último Recurso Voz tiene como función el soporte de las comunicaciones orales, radio y telefónicas, de los controladores aéreos y los operadores auxiliares, con aeronaves y dependencias de control aéreo colaterales, y funciona como un sistema de respaldo ante una eventual situación de indisponibilidad del sistema principal de comunicaciones de voz existente en todos los Centros de Control.
ENAIRE está llevando a cabo un proyecto de implantación de un nuevo sistema de comunicaciones de Último Recurso Voz en sus cinco centros de control de aéreo con apoyo de la empresa tecnológica Frequentis AG.
La inversión autorizada, permitirá asegurar y ampliar el ciclo de vida de este sistema, aumentando el número de las posiciones de control que disponen de esta tecnología en todos los centros de control de la red de ENAIRE. Además, supondrá una evolución hacia un modelo de mantenimiento más ambicioso y eficiente, que implica mejoras funcionales y operativas a lo largo del ciclo de vida del sistema.
El plazo de ejecución es de seis años, con dos potenciales prorrogas de 3 años, lo que supone garantizar la prestación y cobertura de todas las necesidades operativas previstas para la próxima década.
Beneficios de la ampliación del sistema Último Recurso Voz
La ampliación del sistema de Último Recurso Voz proporcionará los siguientes beneficios:
  • Incremento en la capacidad de los últimos recursos radio y de telefonía disponibles para los controladores aéreos.
  • Mejora de la calidad de las comunicaciones en situaciones de contingencia.
  • Aumento de la resiliencia del servicio.
  • Mayor versatilidad para establecer los procedimientos que activen una contingencia.
  • Total integración en la red de comunicaciones bajo protocolo IP de ENAIRE, facilitando la migración al entorno de Voz sobre protocolo IP (entorno digital) y el abandono de las interfaces analógicas más antiguas.

Acerca de ENAIRE
ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España.
Como empresa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.
Además, 46 aeropuertos reciben los servicios de comunicación, navegación y vigilancia de ENAIRE y mantenimiento de sus sistemas de gestión de tránsito aéreo y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios de control de tráfico aéreo de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país.
ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo y participa en la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y OACI.
ENAIRE, como agente responsable identificado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la implantación en España del sistema U-space, a través de su plataforma digital, prestará los servicios comunes de información (CISP), esenciales para la prestación de servicios U-space a drones y la Movilidad Aérea Urbana en interacción con los servicios locales de tránsito aéreo y que permitirán la convivencia segura de todo tipo de aeronaves.
ENAIRE ha obtenido la mayor calificación en el indicador clave de rendimiento en seguridad aérea a escala europea por tres anualidades consecutivas. Además, cuenta con el Sello EFQM 500 por su gestión segura, eficiente, innovadora y sostenible de los servicios de navegación aérea.

Industria y Turismo

CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE TRACCIÓN ELÉCTRICA E HIDRÓGENO
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión directa de una subvención destinada a la Fundación Mubil de la Diputación Foral de Guipúzcoa para su laboratorio de investigación de tracción eléctrica e hidrógeno, por una cuantía de tres millones de euros.
La Fundación Mubil fue constituida en 2019, sin ánimo de lucro, dedicada al fomento y desarrollo de una movilidad inteligente y sostenible, en el marco de la Estrategia de Movilidad Eléctrica y Almacenamiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Esta Fundación está desarrollando un proyecto estratégico para crear un polo de referencia en movilidad inteligente y sostenible. Este proyecto pretende involucrar y apoyar a todos los agentes de la cadena de valor, incluyendo desde proveedores industriales hasta startups.
Dentro del proyecto se incluye la puesta en marcha de un laboratorio de tracción eléctrica y pila de combustible de hidrógeno, de nueva creación, que aportará capacidades avanzadas de prueba y ensayo y asesoramiento especializado al sector.
En el laboratorio se realizarán ensayos de caracterización, validación de productos, desarrollo de los componentes principales de los vehículos eléctricos, y dispondrá de equipamiento para el testeo de pilas de combustible de hidrógeno.

Política Territorial Y Memoria Democrática

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL CONSUMO DE CERCANÍA EN ARAGÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de varios preceptos del Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.
La Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas examinó, en su reunión de fecha 27 de mayo de 2023, el citado decreto-ley del Gobierno de Aragón apreciando la existencia de motivos de inconstitucionalidad en relación a varios artículos y disposiciones y el Consejo de Estado aprecia en su dictamen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso.
Por su parte, la Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no ha alcanzado un acuerdo en relación con estos preceptos, lo que motiva la interposición de recurso.
Fundamentos jurídicos del recurso
Preceptos relativos al sector eléctrico. Varios artículos y apartados vulneran el artículo 149.1, de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia en materia de «Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» y de «Bases de régimen minero y energético», así como los artículos 9.3, 14 y 139 también del texto constitucional, así como también la normativa básica en la materia y, singularmente, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en distintos preceptos así como diferentes previsiones de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado. El Decreto-ley 1/2023 establece, en definitiva y en ciertos preceptos, un sistema paralelo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, orientado a la quiebra del principio de red única estatal gestionada por Red Eléctrica, permitiendo que el abastecimiento energético a los consumidores finales se realice a través de figuras distintas e incompatibles con las previstas por la normativa básica estatal y con la intervención de sujetos distintos o definidos de modo diverso al de la normativa básica (caso, entre otros, de las denominadas "mancomunidades de energía", inexistentes en la normativa básica y de rasgos incompatibles con esta y con la normativa europea, o de los agregadores de demanda, con una configuración propia y que se aparta de la Ley del Sector Eléctrico).
A través de las figuras impugnadas se alteran las reglas que se establecen en la normativa básica en relación con el autoconsumo y la distribución, permitiéndose así la distribución de energía -en los supuestos que se regulan como «cercanía»- fuera de los márgenes legales.
Adicionalmente, cabe hacer una referencia específica a la normativa europea sobre sector eléctrico y, concretamente, al artículo 7 de la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE. Esta norma es invocada en la parte expositiva de la norma aragonesa, para justificar, sobre la base de un pretendido efecto directo de esta Directiva, la regulación que el decreto-ley impugnado realiza de las líneas directas.
En definitiva, se establece en determinados preceptos un sistema paralelo en lo que concierne al sector eléctrico estatal y europeo, vulnerando abiertamente la normativa básica estatal y las competencias estatales exclusivas, con importantes repercusiones en relación con la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto.
Asimismo, se vulnera el artículo 86 de la Constitución Española y del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Finalmente, no cabe apreciar la concurrencia de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad en relación con los preceptos impugnados. No existen presupuestos fácticos que justifiquen una actuación normativa extraordinaria y urgente, dirigida a alterar el régimen energético contraviniendo el orden constitucional de distribución de competencias.
CONCLUSIÓN
Concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de los artículos 4; 5, apartados 1, 2 y 4; 6; 7, apartados 1, 2 y letras a), b) y c) del apartado 3; 12; apartado 2 en cuanto al inciso "Las redes interiores podrán establecerse en cualquier nivel de tensión a efectos de autoconsumo" y 3, en cuanto al inciso "y a establecer y operar redes interiores de cualquier nivel de tensión para establecer sistemas de autoconsumo"; 13, apartados 2, 3 y 4; 19; 22.2; 33; 38; 39; 40, apartados 2 y 3; 59; la disposición adicional cuarta; la disposición adicional quinta; y la disposición transitoria tercera, del Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.
Se invoca igualmente la suspensión en relación con los preceptos impugnados, ya que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, especialmente, si se generalizaran sus previsiones al conjunto de las comunidades autónomas.

Política Territorial y Memoria Democrática

NO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS NAVARROS
El Consejo de Ministros no ha autorizado una consulta popular al Ayuntamiento de Herrera de los Navarros (Zaragoza) sobre si se quiere tener una residencia en el municipio.
El artículo 149.1.32ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum", si bien, la Ley de Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno, para asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.
En el caso que nos ocupa, el informe de la Comunidad Autónoma de Aragón, de fecha 26 de septiembre de 2023, que ha sido emitido con ocasión del presente expediente de consulta popular, al analizar el requisito de que se trate de un tema de carácter local, señala expresamente que "El usuario de las Residencias no se limita a los vecinos del municipio, sino que, con carácter general, pueden ser ocupadas por personas de otras localidades limítrofes o no, excediendo su propio ámbito geográfico."
La consulta planteada, por tanto, no se adecúa al parámetro de territorialidad establecido en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local y no reúne todos los requisitos de fondo legales exigidos, ya que no es competencia de un asunto propio municipal ni es de carácter local.

Política Territorial y Memoria Democrática

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIO, AÑO 2022
El Consejo de Ministros ha recibido el Informe sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado en el Territorio correspondiente al año 2022, de conformidad con lo previsto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Informe se estructura en 3 apartados:
A) AGE en el Territorio: describe los aspectos generales sobre la estructura y funciones: 17 Delegaciones del Gobierno, 2 Delegaciones del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla, 44 Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y 7 Direcciones Insulares. Las Áreas Funcionales gestionan la mayoría de los servicios integrados y son las correspondientes a Fomento; Industria y Energía; Agricultura (que se denomina de Agricultura y Pesca en las Delegaciones de Gobierno con territorio litoral); Sanidad y Política Social; Alta Inspección de Educación; Trabajo e Inmigración. En cuanto a los principales datos sobre recursos humanos, las Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insulares contaban un total de 6.194 empleados (5.418 personal funcionario y 776 personal laboral, incluido temporal).
  • Refuerzo de los recursos humanos: descenso del personal de un 28% en diciembre de 2021 respecto de enero de 2010, pero 2022, con un incremento del 8%, ha supuesto un cambio de tendencia fruto del esfuerzo para dotar de recursos a las plantillas. Además, se ha implantado el modelo de Dirección por Objetivos (DPO).
  • Oficinas de Extranjería: Deslocalización de la gestión, a través de un proyecto piloto para la redistribución de cargas de trabajo entre las Oficinas y en diciembre de 2022 se puso en marcha un grupo de trabajo junto con la Secretaría General de la Administración Digital (SGAD) para agilizar y automatizar el trabajo. Plan de choque: refuerzo del personal y para agilizar la tramitación de las autorizaciones administrativas pendientes, con incorporación de 295 funcionarios interinos por un periodo de 9 meses, destinados a un total de 35 OEX, destacando especialmente el refuerzo en las oficinas con mayor carga de trabajo como Madrid y Barcelona.
  • La reforma del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, supuso un incremento del 18,5% en el número de solicitudes en el último cuatrimestre de 2022. No obstante, este plan de choque ha permitido alcanzar un incremento de cerca del 32% en las resoluciones emitidas en el último cuatrimestre del año, así como una reducción en los plazos de resolución de algunos de los permisos más recurrentes.
  • Implantación del buzón de consultas: Implantado en 2021, durante el año 2022 este canal recibió un total de 359.421 consultas, lo que supone un promedio mensual de 29.951 consultas y con una evolución claramente al alza.
  • LA ADMINISTRACIÓN CERCA DE TI: en 2022 entró en funcionamiento, diseñado para mejorar la cohesión territorial y favorecer el proceso de transformación digital. Empleados públicos celebran sesiones informativas in situ, en los municipios donde residen los ciudadanos, para informar sobre los servicios digitales, ofreciendo además asistencia para la realización de trámites electrónicos. En la primera fase del servicio se fijó el objetivo de realizar las sesiones informativas en los municipios con población comprendida entre los 500 y los 8.000 habitantes. Se trata de un total de 3.226 localidades, en las que residen casi 7,5 millones de habitantes.
  • Centro de comunicaciones de delegaciones y subdelegaciones: el objetivo es disponer de un único Centro de Comunicación (CECO) que dispensará un servicio básico y homogéneo para toda España, atenderá eventos cualificados (urgencias, emergencias, accidentes o incidentes) en horario 365 x 24, y que garantizará la comunicación en las situaciones de emergencia.
  • Energías renovables: la implantación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en 2021 supuso un impulso decisivo a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, y 2022 ha experimentado el despliegue definitivo de esta materia. Ante la carencia de una estructura suficiente de personal en las Áreas funcionales y Dependencias de Industria y Energía para llevar a cabo esta política, en noviembre de 2021 se suscribió un primer encargo con TRAGSATEC.
  • Implantación de un modelo de calidad.
B) Balance y principales proyectos desarrollados en 2022, estructurando la información en cinco áreas temáticas, con los siguientes aspectos destacados:
  • Atención a la ciudadanía: a través de los 70 puntos de atención en el territorio, entre Oficinas de Extranjería y sedes delegadas. En 2022, las Oficinas de Información y Atención a los Ciudadanos han atendido un total de 2.728.643 consultas. En cuanto a la vía de acceso, continúa la tendencia creciente en el uso de medios telemáticos.
  • Protección Ciudadana y Derechos Ciudadanos, datos relativos a la concesión de autorizaciones administrativas, tramitación de expedientes sancionadores y trámites relacionados con el derecho de reunión y manifestación, celebración de procesos electorales o asistencia jurídica gratuita; la gestión de drogas; protección civil; violencia de género; transparencia y otros servicios. En 2022 se han tramitado 324.361 expedientes sancionadores (un 23,3% menos que en 2021), 41.772 expedientes de manifestaciones y reuniones (ligero aumento con respecto a 2021), 28.798 expedientes de autorizaciones administrativas (un 60% más que en 2021) y se celebró un único proceso electoral, las elecciones al Parlamento de Andalucía, el 19 de junio de 2022, en cuya organización participaron Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
  • Gestión del control de drogas: en 2022 se decepcionaron y depositaron 250.022 kg de droga en las Unidades de Recepción, Custodia y Destrucción (URCD) de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, lo que representa un 27,1% menos que el año anterior. La cantidad de droga destruida en total a lo largo del 2022 (procedente tanto de sedes policiales como de las URCD de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) fue de 600.151 Kg, un 11% menos que en el año 2021.
  • En el ámbito de Protección Civil las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno instruyen expedientes de concesión de subvenciones derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. En 2022 se abonaron ayudas por un importe global por todas las líneas de ayuda de 40.431.604,26 euros, lo que supone un aumento del 60,54%, con respecto al año 2021.
  • Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones de Gobierno y las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Subdelegaciones, encargadas del seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la AGE para la atención de las situaciones de violencia de género en el territorio. En 2022, estas unidades han elaborado más de 78.000 (78.213) fichas de seguimiento de situaciones de violencia de género o de casos de riesgo y especial vulnerabilidad.
  • Respecto al control sanitario en fronteras y otras actuaciones relacionadas, después de dos años en los que la actividad se ha visto frenada a causa de la pandemia de COVID-19, el año 2022 registró un número de viajeros que asistieron a consulta médica y/o de enfermería que alcanzó niveles cercanos al periodo previo a la pandemia (año 2019). Se administraron 78.703 dosis de vacunas en los 29 Centros de Vacunación Internacional (frente a las 43.837 dosis administradas en 2021) y se atendió a 113.603 viajeros (frente a los 55.690 atendidos en 2021).
  • Servicios de Inspección de Sanidad Exterior, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal y Farmacia: en 2022 el conjunto de los Servicios de Inspección Sanitaria en frontera ha realizado el control sanitario en 1.007.633 partidas en el tráfico internacional de mercancías, un 6% más que en 2021.
  • En materia de Economía y desarrollo social, se aportan datos de los Jurados provinciales de Expropiación Forzosa, con un incremento significativo en la resolución de expedientes (4.712 en 2022 frente a 3.850 en 2021) -la secretaría de estos Jurados se adscriben a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno-; de las ayudas al transporte -para abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas, y entre Canarias y Baleares y la Península-; y del control de las condiciones de ejercicio de instalaciones energéticas.
C) El tercer apartado del informe se dedica a los servicios no integrados, en el que se reúnen, ordenados en función del Ministerio de adscripción, los servicios que se prestan no integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, con una breve descripción y datos relativos a su funcionamiento. Entre los servicios no integrados, destacan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, las Gerencias Territoriales de Justicia, las Demarcaciones de Carreteras, las Confederaciones Hidrográficas, las Delegaciones de Economía y Hacienda, las Jefaturas Provinciales de Inspección de las Telecomunicaciones o las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

Cultura

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrollan la composición y el funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y por el que se modifica el Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esta reforma es uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del proyecto de 'Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos' del Componente 24, relativo a la 'Revaloración de la Industria Cultural'.
La profunda transformación operada en los últimos años en los hábitos y consumos culturales ha abierto nuevas oportunidades para el crecimiento de este sector y, al mismo tiempo, ha supuesto importantes retos en materia de propiedad intelectual. En particular, la digitalización y transformación de los usos de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor se está acompañando de nuevas formas de vulneración de estos y nuevas estrategias de piratería.
De ahí la necesidad de aprobar esta norma pues, transcurridos más de diez años desde la aprobación de la normativa que regulaba la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado cuya función es tramitar el procedimiento administrativo de lucha contra la piratería en Internet, resulta fundamental una actualización de la misma para adaptarla a los cambios legales y procedimentales producidos y para buscar una mayor eficacia y eficiencia en sus actuaciones.
Con este real decreto se actualiza la composición de la Sección Segunda y la regulación del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en la red para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica. Destacar la mejora del procedimiento en cuestiones como la inclusión de un plazo máximo de 30 días para acordar o no el inicio del procedimiento; la aclaración de la diferencia entre el procedimiento "ordinario" y el procedimiento "especial" para los casos de servicios anónimos; la precisión de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de carácter personal; y la mejora del formulario para realizar la denuncia por la que se puede iniciar el procedimiento.
Adicionalmente, se incorporan en una disposición final dos modificaciones del Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. La primera supone la eliminación de las provisiones de fondos en los procedimientos de medición y de arbitraje para favorecer la operatividad de los procedimientos. Y la segunda precisa el procedimiento aplicable a las cuestiones litigiosas a las que se refiere el artículo 129 bis.3.d) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, dotando de mayor seguridad jurídica y garantías a los actores involucrados.
En concreto, se determina que se deberá acudir a un procedimiento de arbitraje para resolver las controversias sobre el acuerdo por el que se autorizan los usos en línea de publicaciones en prensa que hubieran formalizado entre las editoriales y agencias de noticias, por un lado, y los prestadores de servicios de la sociedad de la información, por otro lado.

Cultura

OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS DOS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
El Consejo de Ministros ha aprobado la ejecución de las obras de emergencia para reparar la impermeabilización de las cubiertas y otros elementos constructivos de las sedes de la Biblioteca Nacional de España (BNE), situadas en Madrid y Alcalá de Henares, así como la dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud de las mismas, y su control de calidad.
El presupuesto para realizar estos trabajos es de 1.914.950 euros y el plazo de ejecución previsto es de once meses.
Los daños a las infraestructuras de la BNE fueron provocados por la DANA que tuvo lugar los días 3 y 4 de noviembre en la Comunidad de Madrid, con abundantes precipitaciones, lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento, y que propició la solicitud, por parte del Gobierno autonómico al Gobierno de España, de declaración de zona catastrófica.
En la sede central de la BNE, situada en la calle Recoletos de Madrid, se realizarán diversas intervenciones para abarcar el grueso del espacio afectado por las humedades detectadas en la cubierta. También se intervendrá sobre los lucernarios de los patios. Del mismo modo, se prevé abordar las principales humedades detectadas en la sede de Alcalá de Henares.

Sanidad

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS CCAA E INGESA PARA GENÓMICA, ELA Y ENFERMEDADES RARAS
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 206 millones de euros a las comunidades autónomas e INGESA para proyectos de alta especialización, ampliación de cartera en genómica y mejorar la atención a pacientes que sufren ELA y enfermedades raras.
Se trata de tres grandes inversiones de fondos europeos integrados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Todos los proyectos comparten la idea de homogeneizar la atención entre las comunidades y, además, hacerlo aprovechando el liderazgo de las diferentes regiones en cada proyecto. La idea es que estos proyectos se realicen con el objetivo de que puedan ser cedidos a otras comunidades para replicarlos.
El Ministerio de Sanidad ha aprobado los fondos destinados a estas tres grandes partidas:
Un total de 110 millones de euros se destinarán al desarrollo de Atención Digital Personalizada.
Este plan va a permitir al SNS avanzar hacia un modelo de atención proactivo e individualizado, incrementando la accesibilidad y disminuyendo tiempos de atención del paciente, mediante el despliegue, dentro de la cartera de servicios del SNS, de un modelo integral de seguimiento y prestación de asistencia presencial y virtual
Otros 46 millones van destinados a la ampliación de la cartera de servicios de medicina genómica. En concreto, 23 millones de euros son para la adquisición de tecnología sanitaria y 23 millones para la creación de las herramientas de gestión e integración de la información
50 millones de euros más irán dirigidos a la mejora de la atención sanitaria a personas con ELA y otras enfermedades raras; homogenizar los programas de cribado neonatal; e impulsar el tratamiento rehabilitador mediante exoesqueletos.

Ciencia, Innovación y Universidades

CONVOCATORIA 2023 DE LAS AYUDAS TORRES QUEVEDO
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2023, de tramitación anticipada, de las ayudas Torres Quevedo, por importe de 26.100.000 de euros.
En concreto, la cuantía total máxima destinada a financiar esta convocatoria asciende a 20.100.000 euros y la resolución de convocatoria prevé la posibilidad de fijar una cuantía adicional máxima de hasta 6.000.000 de euros.
Las ayudas Torres Quevedo se enmarcan en el Subprograma Estatal de Incorporación. El objetivo de estas ayudas es promover la incorporación de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos, en empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos, a fin de favorecer la carrera profesional de investigadores e investigadoras, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

Ciencia, Innovación y Universidades

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA DE LA INFRAESTRUCTURA 'INTERNATIONAL FUSION MATERIALS IRRADIATION FACILITY - DEMO ORIENTED NEUTRON SOURCE'
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la segunda Adenda al Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la constitución del Consorcio para el impulso de la construcción en España de la Infraestructura Científico-Técnica "International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source". De esta adenda se deriva un gasto máximo en el periodo 2024-2027 para la Administración General del Estado de 21.889.722,68 euros.
IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility - DEMO Oriented NEutron Source) es una operación relacionada con el Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (ESFRI) del área de energía. Se trata de una infraestructura de investigación única que permitirá, una vez construida, el ensayo de materiales para los futuros reactores de fusión en condiciones de operación reales, particularmente para ITER. El proyecto fue propuesto por España para su inclusión en la Hoja de Ruta 2018 y, tras la evaluación y su aprobación por el Foro ESFRI.
Con objeto de colaborar en el diseño y construcción de IFMIF-DONES el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía firmaron un Convenio, el 9 de junio de 2021, cuyo objeto es la constitución de un Consorcio para dar apoyo a la candidatura y eventual construcción en España de la "International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source" (IFMIF-DONES)", así como para la gestión de proyectos de I+D+i en este ámbito. Este Consorcio está financiado al 50% por ambas administraciones.

BIOGRAFÍAS

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Director adjunto del Gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno

D.ISIDRO GONZÁLEZ DE VEGA CASTRO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y Master en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, cuenta también con el Curso de Derecho Comunitario de la Catedra Jean Monnet, el Curso Avanzado en Negocios y Gestión en la Universidad de Berkeley y está diplomado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en el Curso de Defensa Nacional.
Asesor Parlamentario en el Gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública desde julio de 2022, ha desarrollado su carrera profesional en diferentes gabinetes ministeriales desde 2007 como los de los ministerios de Vivienda, Defensa, y Justicia, donde fue director adjunto del Gabinete de la ministra, Vicepresidencia Primera del Gobierno, como asesor-coordinador encargado de asuntos parlamentarios, así como en el Gabinete del presidente del Gobierno.
En el ámbito privado ha desarrollado su carrera profesional en el área de los asuntos públicos y relaciones internacionales, tanto en empresas de consultoría como en la Organización de Consumidores y Usuarios.
Ha formado parte de los Consejos de Administración de Puertos del Estado, ACUAMED SEGIPSA y ACUAES.
Recibió en febrero de 2019 la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales

D.DIEGO MARTÍNEZ BELÍO
Licenciado en Derecho por las Universidades Complutense (Madrid) y Sorbona (París) y diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Internacional Económico por la Universidad de la Sorbona. Ingresó en la Carrera Diplomática en 2007.
Desde julio de 2021 era el director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Antes fue director del Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea. Previamente había sido vocal asesor en el Departamento de Asuntos Europeos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
En el exterior ha estado destinado como segunda jefatura en la Embajada de España en Guinea Ecuatorial y como cónsul adjunto de España en Casablanca.
Antes de su ingreso en la Carrera Diplomática, ejerció como abogado de empresas en Miami, Madrid y París.

Secretario de Estado para la Unión Europea

D.FERNANDO MARIANO SAMPEDRO MARCOS
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Diplomado en Ciencias Empresariales (Universidad de Valladolid) y Máster en Gestión Internacional (Centro de Estudios Económicos y Comerciales). Ha realizado cursos de Negociaciones Internacionales (Comisión Europea), Programa Diplomático Europeo (Servicio Europeo de Acción Exterior), Observación Electoral (Escuela Diplomática), Organizaciones Internacionales (Centro de Estudios Económicos y Comerciales), Desarrollo (London School of Economics), Economía Internacional (University of Skövde) y Negocios Internacionales (London Guildhall University).
Más de 20 años de experiencia en Asuntos Europeos y Relaciones Internacionales. Actualmente era miembro del gabinete de la Presidenta de la Comisión Europea, donde se ha desempeñado durante más de 10 años como funcionario de carrera trabajando anteriormente en la Unidad de Política Exterior Estratégica (incluido G7 y G20) de la Secretaría General. Trabajó 4 años en el Parlamento Europeo como Asesor en Asuntos Exteriores. Previamente, durante 6 años trabajó en las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en Chile y en Dinamarca y en las Direcciones Territoriales de Economía y Comercio en La Rioja y en Castilla y León.

Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo

Dª.SUSANA SUMELZO JORDÁN
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Senadora de la IX Legislatura, en la que fue portavoz de la Comisión Constitucional. Diputada de la X, XI, XII, XIII, XIV y XV legislaturas.
Ha ostentado la presidencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales en la XIII y XIV legislatura.
Miembro de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Ha desempeñado su trabajo parlamentario en las comisiones de Exteriores, Cooperación y Mixta para la Unión Europea y ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Administraciones Públicas y Cooperación Internacional.

Director de Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

D.SERGIO CUESTA FRANCISCO
Licenciado en derecho (2005), máster en estudios europeos por el Colegio de Europa en Brujas (2006) y máster en estudios de Asia Oriental por la UOC (2008). Es funcionario de la carrera diplomática (2008) y del Cuerpo superior de administradores civiles del estado.
En Madrid ha trabajado en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, donde ocupó distintos puestos durante la preparación de la Presidencia española de la Unión Europea de 2010, en el Ministerio de Vivienda, donde fue asesor parlamentario e internacional y en el Ministerio de la Presidencia.
Posteriormente, estuvo destinado como segunda jefatura en la Embajada de España en Luxemburgo (2011-2015), como segunda jefatura en la Embajada de España en Haití (2015-2017) y como encargado de asuntos consulares en la Embajada de España en Líbano (2017-2018).
Desde agosto de 2018 a julio de 2021, de vuelta en Madrid, fue Subdirector de Asuntos Europeos en el gabinete del presidente del Gobierno.
Desde agosto de 2021 era Embajador de España en Haití.
Ha sido condecorado con la cruz de oficial de la orden de Isabel la Católica y la cruz de caballero del Mérito Civil.

Educación, Formación Profesional y Deportes

Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes

D. SANTIAGO ANTONIO ROURA GÓMEZ
Doctor en Derecho. Desde abril de 2022 y hasta este momento venía desempeñando el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Profesor titular de Derecho Constitucional (en servicios especiales), con anterioridad ha desempeñado los cargos de coordinador general municipal del Ayuntamiento de A Coruña (2019-2022) y de director general de Justicia y de secretario general de la Conselleria de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia (2005-2009).
En el ámbito académico, es autor de trabajos en diversos campos de su disciplina. Ha impartido cursos y conferencias y participado en actividades de formación en universidades y centros de formación de distintos países. Fue coordinador del Grupo de Investigación D3_Democracia y Derechos en el Entorno Digital y, durante 6 años, director del Departamento de Derecho Público da UDC. En el marco de la universidad fue responsable, tanto de rama de conocimiento como de coordinación, de los procesos de verificación, modificación y renovación da acreditación de títulos universitarios de Grado y Postgrado en la Dirección de Evaluación y Acreditación da Agencia Andaluza del Conocimiento. Es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España, principal entidad que agrupa a los académicos del Derecho Constitucional en nuestro país.

Presidente del Consejo Superior de Deportes, O.A

D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.
En cuanto a su trayectoria política y profesional, ha sido embajador permanente de España en la Unesco (2021-2023), ministro de Cultura y Deporte (enero 2020-julio 2021), diputado en la Asamblea de Madrid (2019-2020), delegado del Gobierno en Madrid (2018-2019), director del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" (2016-2018), del que antes fue director del programa de doctorado y del Máster en Derechos Fundamentales, y director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior (2006-2011).
Profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad Carlos III de Madrid (2004-actualidad) y en la Universidad de Valencia (2001-2004).

Agricultura, Pesca y Alimentación

Directora general de Producciones y Mercados Agrarios

Dª.ANA RODRÍGUEZ CASTAÑO
Doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid). Además, en 2013, cursó el programa de alta gestión de empresas agroalimentarias del instituto internacional San Telmo.
Ha desarrollado su carrera profesional como funcionaria de la Administración General del Estado desde 2001 desempeñando diversos puestos en los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sanidad y Consumo. Desde 2021 estaba ocupando el puesto de secretaria general del organismo autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal

D. VALENTÍN ALMANSA DE LARA
Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1985. Ingresó en la Administración por oposición en febrero de 1987 formando parte del Cuerpo Nacional Veterinario. En septiembre de 1996 accede al puesto de subdirector General de Vacuno y Ovino. En mayo de 2004 es destinado como Consejero de Agricultura a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas.
Desde septiembre de 2010 ocupa el cargo de subdirector general de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. En enero de 2012 es nombrado director General de Sanidad de la Producción Agraria; puesto en el que es confirmado en junio de 2018 y ocupa hasta la actualidad.

Director general de Alimentación

D.JOSÉ MIGUEL HERRERO VELASCO
Ingeniero Agrónomo, especializado en Economía Agraria, por la Universidad Politécnica de Madrid, es funcionario y pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado desde el año 2002.
Desde 2018 ha venido ejerciendo el cargo de director general de la Industria Alimentaria. Anteriormente ha sido subdirector general en diferentes subdirecciones relacionadas con la alimentación. En 2013, dirigió la Agencia para el Aceite de Oliva y, de 2014 a 2018, fue el primer director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), creada para velar por el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

Directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura

Dª.AURORA DE BLAS CARBONERO
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1984), ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario en 1986.
Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública, habiendo desempeñado diversos puestos en materia de mercados pesqueros, fomento del asociacionismo, seguridad alimentaria, innovación, políticas de integración e igualdad en el sector pesquero, gestión de los buques oceanográficos y de cooperación de la SGP y el control, inspección, vigilancia pesquera y lucha contra la pesca ilegal.
Ha ocupado los cargos de subdirectora general de Economía Pesquera, subdirectora general de Acuicultura y Comercialización Pesquera y subdirectora general de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal, en la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Directora general de Agenda 2030

Dª.PAULA FERNÁNDEZ-WULFF BARREIRO
Licenciada en Derecho Hispano-Francés por las Universidades Complutense y París 1 Panthéon-Sorbonne. Posee además un máster en Gobernanza Medioambiental por la Universidad de Naciones Unidas en Tokio y un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad católica de Lovaina (Bélgica).
Especializada en derechos humanos, pobreza y desigualdad, ha desarrollado su carrera en el ámbito académico y de la ONU. Su puesto más reciente fue como asesora senior en post-crecimiento y derechos humanos del Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. Fue igualmente profesora de derechos humanos y globalización económica en la Facultad de Derecho de Sciences Po en París.
Con anterioridad fue jefa de investigación e incidencia política del Relator (2020-2022), donde dirigió la investigación de informes temáticos y misiones de país presentados ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, y desarrolló estándares de derechos humanos en temáticas como protección social, política de empleo y macroeconómica y energía. Ha sido también investigadora residente y profesora de derechos humanos en la Universidad de Nueva York (NYU) (2019-2022) e investigadora Fulbright-Schuman en la Facultad de Derecho de Harvard (2017-2018).
Ha sido también consultora para diversas organizaciones internacionales, académicas y de la sociedad civil, en materia de derechos socioeconómicos, seguridad y asistencia social, y alimentación y agricultura, temáticas sobre las que ha publicado artículos de investigación, capítulos y artículos de opinión.

Ciencia, Innovación y Universidades

Directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento

Dª.ELISA RIVERA MENDOZA
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho de la Energía.
Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha ocupado diversos puestos como vocal asesora del Gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Medio Ambiente y responsable del foro de usuarios del Programa Europeo de Observación de la Tierra, Copernicus.
Cuenta con una experiencia de más de 20 años en relaciones internacionales, comenzando su carrera profesional en el Consejo de Europa. Entre 2021 y 2022 trabajó para la Comisión Europea, para la Agencia Europea de Medio Ambiente, como experta nacional destacada con competencia en seguimiento del medio ambiente con datos y productos de observación de la tierra, así como en la elaboración de indicadores y datos para la toma de decisiones.
Desde el año 2020 ha sido la directora de Gabinete de la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y responsable, en 2023, de la preparación de la posición en Innovación y Espacio, y de las conferencias de alto nivel de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.