Referencia del Consejo de Ministros

9.5.2023

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se autoriza la liquidación de la posición ostentada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en nombre de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en acciones preferentes en la entidad libanesa First National Bank (FNB).
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por la que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

Defensa

Hacienda y Función Pública

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro y distribución de cabinas y soportes señalizadores de locales y mesas electorales, con motivo de las elecciones locales y autonómicas a celebrar el 28 de mayo de 2023, por importe de 1.311.519 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Educación y Formación Profesional

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 18 de mayo de 2023, en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de decisión.

Política Territorial

Derechos Sociales y Agenda 2030

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria española al Instituto Forestal Europeo para gastos de funcionamiento de su Oficina Regional en Barcelona (EFIMED) correspondiente al año 2023, en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, por importe de 200.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria española al proyecto de Fuente Extremadamente Brillante (EBS) del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF), correspondiente al año 2023, en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, por importe de 223.720 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el pago de la contribución voluntaria a European Plate Observing System (EPOS), correspondiente a 2023, por importe de 100.000 euros.

Igualdad

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Ministerio de Igualdad a la Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET) correspondiente a 2023, por importe de 3.600 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Ministerio de Igualdad a la Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET) correspondiente a 2023, por importe de 2.400 euros.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

DEFENSA

NUEVO ACCESO AL ARSENAL DE LA CARRACA Y ASTILLERO DE NAVANTIA EN SAN FERNANDO, CÁDIZ

El Consejo de Ministros ha autorizado la declaración de zona de reserva del dominio público marítimo terrestre de las parcelas de terreno incluidas en el "proyecto de construcción del nuevo acceso al Arsenal de la Carraca y Astillero de Navantia", en el término municipal de San Fernando, Cádiz, con la finalidad de solucionar los problemas de acceso a las citadas base naval y factoría ocasionados por las limitaciones en gálibo y peso que tiene el Puente de Hierro ubicado en la carretera de La Carraca.
Para ejecutar este nuevo acceso se creará una vía alternativa que alberga la circulación rodada en sentido San Fernando - La Carraca, mientras que el tráfico en sentido contrario seguirá circulando por la calzada actual de esta carretera y por el Puente de Hierro.

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Con la aprobación de este real decreto se pretende la actualización de la estructura de este organismo, de modo que resulte más adecuada para los retos planteados garantizando su eficiencia y la máxima transparencia en el desarrollo de su actividad. Además, se aporta más seguridad jurídica a la actividad de la oficina.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) fue creada a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) que, en su artículo 332, la configura como un órgano colegiado de los previstos en el artículo 19 de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. Igualmente, actúa en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional.

La Oficina, formada por un presidente y cuatro vocales, comenzó su actividad en diciembre de 2018.

Durante el desarrollo de su actividad en estos años, la Oficina ha cumplido las obligaciones legales que le corresponden de acuerdo con su norma reguladora, a través de la emisión de los Informes Anuales de Supervisión aprobados en 2019, 2020, 2021 y 2022, así como sus correspondientes Informes Anuales de Actuaciones relativos a 2019, 2020, 2021 y 2022.

Adicionalmente, se han emitido Informes Especiales de Supervisión relativos a contratación de emergencia, así como al uso de la contratación estratégica.

También desplegó una labor informativa, de recopilación y sistematización normativa con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, a la vista de la necesidad del despliegue de una gran actividad normativa de carácter excepcional que afectaba directamente a la contratación pública, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico.

Igualmente, como adaptación a las necesidades detectadas en cada momento, difundió una Guía de reactivación de la contratación pública, una vez que se levantaron las suspensiones de plazos administrativos a consecuencia de la crisis sanitaria. En la actualidad procede a las actualizaciones periódicas de las Guías que la Oficina ha elaborado tanto sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como sobre las sucesivas crisis y su impacto en la contratación pública.

Durante este período de funcionamiento de la OIReScon, igualmente, se ha puesto en marcha la Oficina Nacional de la Evaluación (ONE), regulada en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Este órgano, cuya finalidad es analizar, de forma preceptiva, la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, fue puesta en funcionamiento con la aprobación y publicación de la Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación y la progresiva dotación de medios personales y materiales. Hasta la fecha, ha emitido un total de 29 informes.

Otra de las esenciales funciones atribuidas a la OIReScon consiste en la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, como instrumento jurídico vinculante, cuya propuesta corresponde al Comité de cooperación en materia de contratación pública.

MODIFICACIÓN DE ÓRGANOS DE LA AECID

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se suprimen y crean determinados órganos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el exterior (AECID), para, dentro de lo establecido en su contrato de gestión, continuar con el proceso de racionalización.
El real decreto tiene los siguientes objetivos:

  • La supresión de una Unidad de Cooperación en el Exterior (UCE) en la República Oriental del Uruguay, con el objetivo de racionalizar la estructura institucional de la AECID en Uruguay.
  • La creación de tres Centros Culturales (CCE) de Nicaragua, Guatemala y Panamá, con el objetivo de consolidar el programa de cooperación cultural.
  • La creación de una Oficina de la Cooperación Española (OCE) en la República de Túnez con el fin de permitir un adecuado desarrollo de un programa de cooperación orientado, tanto bilateral como regional, así como en proyectos de cooperación delegada.

El real decreto consta de una parte expositiva, tres artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. Cabe señalar que la disposición final primera añade una disposición adicional duodécima en el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que contiene una atribución temporal de rango de secretario de Estado, a la persona titular de la Dirección General de Fondos Europeos durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a los efectos de la representación del Consejo como negociador del Presupuesto de la Unión Europea para 2024, así como de las cuestiones presupuestarias, y de la presidencia del Consejo Europeo y la representación y voto del Reino de España en su formación de Asuntos Económicos y Financieros- Presupuesto, en las reuniones que se celebren entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023.

Cierre del Centro de Formación en la República Oriental del Uruguay y ampliación de competencias de la Oficina de la Cooperación Española de Montevideo

La norma persigue suprimir el Centro de Formación (CF) de Montevideo y dotar a la Oficina de la Cooperación Española (OCE) en Montevideo de nuevas competencias, al atribuirle todas las competencias del Centro de Formación y replantear algunas de sus otras competencias a la luz de esta reconfiguración.

La Cooperación Española cuenta actualmente, en Montevideo (Uruguay), con tres Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE): una Oficina de la Cooperación Española (OCE), un Centro de Formación (CF) y un Centro Cultural (CC). Se trata del único país en el que la Oficina de la Cooperación Española y el Centro de Formación se encuentran en la misma ciudad (ambos en la capital).

La OCE gestiona actualmente los programas y proyectos de la AECID en 4 países (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), de la mano de las embajadas acreditadas ante dichos países, e impulsa los proyectos de cooperación triangular en los que participa, junto a España, alguno de estos países. Por su parte, el CF forma parte de la Red de Centros de Formación y está especializado en innovación, ciencia y tecnología y desarrollo económico inclusivo.

Los principales argumentos de la propuesta son el interés estratégico de la cooperación española en el conjunto del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), que requiere maximizar su impacto y acelerar el tránsito hacia un modelo de cooperación avanzada, una mejor gestión del conocimiento en materia de innovación y de cooperación triangular para toda América Latina y el Caribe, junto con la reducción presupuestaria que supondría la supresión de una UCE para los presupuestos de la AECID.

Creación de los Centros Culturales (CCE) de Nicaragua, Guatemala y Panamá


Se crea el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Guatemala, el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Nicaragua y el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Panamá, en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Panamá.

En la actualidad, existen tres Centros Culturales (CCE) ubicados en Nicaragua, Guatemala y Panamá que no forman parte de la estructura exterior de la AECID, pero que funcionan asociados a la cooperación española (CE), no obstante, son costeados en su práctica totalidad con cargo a los presupuestos de la AECID, a través de contrapartes locales (que reciben subvenciones anuales).

Los tres Centros Culturales (CCE) juegan un destacado papel en sus respectivas escenas culturales locales, consolidando el prestigio de la cooperación cultural española, así como el interés estratégico de España en Centroamérica. Los tres centros están plenamente consolidados en sus contextos y alineados con las líneas de acción de la Cooperación Española.

La preocupante coyuntura política en los tres países centroamericanos motiva que se considere urgente la protección de estos espacios de cooperación cultural, convirtiéndolos en Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE), quedando así amparados por la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior y de la Convención de Viena de relaciones diplomáticas de 1961.


Creación de una Oficina de la Cooperación Española en Túnez.

Se crea la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Túnez.

  • Como resultado de la concentración geográfica que establecía el IV Plan Director 2013-2016, en noviembre 2013 se cerró la OCE de Túnez, transformándose en Antena de la OCE de Egipto a nivel administrativo, pero no programático. Posteriormente, el V Plan Director 2018-2021, incluyó a Túnez entre los "Países de Cooperación Avanzada". La transformación en Antena ha limitado la capacidad de maniobra de la Cooperación Española en el país ya que la falta de una estructura estable y de una coordinación en terreno genera dificultades de interlocución y de representación en Túnez.
  • Los principales argumentos de la propuesta son permitir el adecuado desarrollo de un programa de cooperación en Túnez orientado a la excelencia, tanto bilateral como regional, así como la adecuada participación como socio de la UE en proyectos de cooperación delegada donde la cooperación española tenga un valor añadido que aportar, eliminando el riesgo de daño a la imagen de la cooperación que se daría ante un previsible aumento de fondos, manteniendo el actual sistema de gestión.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO AL MINISTERIO DE TRANSPORTES PARA VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de 622.265.566,67 euros, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para financiar el acuerdo con el Ministerio de Defensa, destinado a fomentar el desarrollo urbanístico y la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social.

Esta transferencia de crédito servirá para efectuar una aportación patrimonial a SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo por la citada cantidad. En concreto, ha sido la Dirección General de Vivienda y Suelo la que ha promovido expediente de transferencia de crédito por el citado importe.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ante los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio nacional en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de oferta y el incremento de precios, está impulsando el 'Plan de viviendas para el alquiler asequible', anteriormente llamado 'Plan 20.000', cuyo objetivo es el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado esté especialmente tensionado.

A tal efecto, el 10 de noviembre de 2022, el MITMA y SEPES suscribieron un convenio para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social (Plan de viviendas para el alquiler asequible). Posteriormente se ha suscrito una adenda el pasado 11 de abril de 2023.

Este convenio dispone que el reparto entre las distintas actuaciones de los fondos que se transfieran desde el MITMA a SEPES, en futuros ejercicios, será acordado de forma conjunta y en todo momento por el Ministerio y SEPES a través de la comisión de seguimiento del convenio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa cuenta con propiedades de su titularidad que pueden coadyuvar en el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, alcanzando una superficie de 8,25 millones de metros cuadrados, ya que esas propiedades pueden resultar adecuadas para promover vivienda en alquiler asequible o social.

Asimismo, se dispone de un importe para la adquisición y desarrollo de las propiedades del Ministerio de Defensa de 622.265.566,67 euros, cantidad puesta a disposición por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por ello, se efectuará esta transferencia de crédito autorizada en el Consejo.


COMPROMISOS DE GASTO PARA INVERSIONES REALES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la realización de diversos expedientes de gasto relativos al capítulo 6 de inversiones reales, según nivel de vinculación, que cuenta con un crédito inicial de 15.260.690 euros.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ejerce, entre otras funciones, la política de impulso del sector de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicación audiovisual, el despliegue de infraestructuras y servicios para garantizar la conectividad de los ciudadanos y empresas e impulsar la productividad y el crecimiento económico.

En este contexto y para el cumplimiento de sus fines, la SETELECO manifiesta la necesidad de llevar a cabo nuevos expedientes de gasto con la finalidad de cumplir las siguientes funciones:

  • Prórroga de un contrato de servicio de apoyo a la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.
  • Prórroga del contrato del servicio de apoyo a las jefaturas provinciales de inspección de las telecomunicaciones para mediación, control y supervisión del espectro radioeléctrico.
  • Reposición y puesta a punto del laboratorio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
  • Encargo a la entidad ISDEFE para la realización de actividades de apoyo a la planificación y gestión del espectro radioeléctrico y el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones.
  • Modificación del encargo de la SETELECO a ISDEFE para la realización de actuaciones relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
    Teniendo en cuenta el crédito inicial a nivel de vinculación en la partida, el retenido y los compromisos derivados de los mencionados expedientes de gasto, resultan los siguientes compromisos totales (en euros):
2024202520262027
Crédito retenido4.821.856,771.534.656,03779.156,65467.158,50
Compromisos a adquirir6.544.519,135.522.650,831.987.824,18-
Compromisos totales11.366.375,907.057.306,862.766.980,83467.158,50

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LÍNEA DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS EN ALQUILER ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha encomendado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Instituto Oficial de Crédito (ICO) el desarrollo de una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.

Así, MITMA distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.

Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación.

El desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, en función del tipo de actuación y sus condicionantes, con opción a prórroga:

  • Cuatro años más una posible prórroga de dos años, como norma general.
  • Ocho años más cuatro años de prórroga si, por ejemplo, los terrenos a adquirir están en proceso de ordenación urbanística.

El ICO ejercerá el papel de intermediario financiero y canalizará los fondos europeos hacia los promotores directamente o a través de entidades financieras. MITMA e ICO firmarán un convenio en el que se fije el tipo y condiciones de los préstamos y se asegure el cumplimiento de los requisitos de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la definición de los detalles (potenciales beneficiarios, control y auditoría de los préstamos, entre otros).

Se trata de un nuevo instrumento para avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, y facilitar el acceso a las personas y hogares de menores recursos económicos, así como a los jóvenes y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado.

La línea de créditos se enmarca en el Componente 2 del Plan de Recuperación que incluye 1.000 millones de euros en ayudas para construir viviendas sobre suelo público antes de que finalice 2026, y se articula sobre el principio de cooperación territorial con las comunidades autónomas y respetando sus competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

AVALES PARA COMPRA DE LA PRIMERA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes y familias con menores a su cargo. Así, el Gobierno ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Instituto Oficial de Crédito (ICO) a articular una línea de avales, con cargo al presupuesto del Ministerio, para facilitar el acceso a la financiación necesaria para la adquisición de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. El objetivo es facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.

Los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.

En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

Detalles de la línea

MITMA e ICO firmarán un convenio para implementar y gestionar la línea de avales a la que se podrán adherir las financieras que operan en las Líneas de Mediación del ICO. Los potenciales beneficiarios podrán solicitar el aval a través de dichas entidades, en el marco de la Línea MITMA-ICO. El periodo para formalizar las hipotecas que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.

El préstamo a avalar con la Línea podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda y el coste del aval otorgado por Mitma será asumido por la entidad de crédito. En este punto, se abre la puerta a establecerse un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podría fijarse en función del ámbito territorial.

El Ministerio compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, Mitma podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.

El plazo del aval otorgado por MITMA será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia

El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, de acuerdo con lo regulado en el Convenio a formalizar entre ICO y MITMA.

DESCUENTOS EN LOS BILLETES DE AUTOBÚS Y TREN A JÓVENES DURANTE EL VERANO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para facilitar a los jóvenes de entre 18 y 30 años, ambos inclusive, viajar en transporte público este verano, tanto por España como por Europa. Para ello, el Gobierno insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a establecer las bases generales y la preparación y puesta en marcha de las actuaciones necesarias para bonificar un 90% los billetes de los trenes y autobuses que dependen del Estado y un 50% los de los trenes de Alta Velocidad y los pases Interrail.

El descuento se aplicará, así, sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta que tengan fecha para viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2013.
Los beneficiarios serán los jóvenes con nacionalidad española o jóvenes con nacionalidad de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España, nacidos entre 1993 y 2005. Los potenciales beneficiarios deberán registrarse en la web de MITMA antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad. De esta forma, los descuentos a aplicar en España serán:

  • Para servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico: descuento del 90% del precio de billetes sencillos y de ida y vuelta.
  • Para servicios Avant: descuento del 50% en billetes sencillos y billetes de ida y vuelta.
  • Para servicios comerciales o alta velocidad de los operadores ferroviarios que prestan este tipo de servicio: descuento del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete.
  • Para servicios de autobús regular de competencia estatal: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta.

También se incluirá un descuento del 50% del Pase Interrail, cuando el mismo se comercialice a través de Renfe.

Un transporte accesible para los jóvenes

En la actual situación derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, marcada por las tensiones inflacionistas que afectan, entre otros, al sector del transporte de viajeros, es necesario adoptar una política pública que facilite a los jóvenes el uso del transporte público en sus desplazamientos, tanto por España como por Europa, durante la época estival de 2023.

Con ello se persigue facilitar los viajes de ocio durante el verano mediante la utilización de un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular. Asimismo, se busca contribuir a potenciar su aprendizaje e independencia y a fortalecer las relaciones personales y el sentimiento europeo.

Al mismo tiempo, es objetivo del Gobierno de España ayudar a la recuperación del sector turístico y del sector cultural en su consolidación tras la pandemia, potenciando los destinos nacionales y colaborando con el desarrollo de la España rural. De esta forma, se promociona el patrimonio histórico y cultural.

España es el segundo país más visitado del mundo, pero cuenta con una gran riqueza cultural poco conocida para muchos españoles, de ahí que una de las finalidades de esta medida sea fomentar el conocimiento del país por nuestros jóvenes, facilitando durante este verano los viajes de ocio.

Interrail

Ya en el marco europeo, Interrail es un pase personal e intransferible, que puede ser adquirido y utilizado por personas residentes legalmente en Europa y que permite viajar en tren por 33 países europeos o en barco (entre Italia y Grecia). Con más de 50 años de existencia, ha sido utilizado por millones de jóvenes como forma de viajar por Europa. En este sentido, en España se vendieron 17.600 pases Interrail en 2022, tanto a través de Renfe como de la web Interrail.eu

Las instituciones europeas han reconocido el papel del Pase Interrail como instrumento para favorecer el conocimiento del resto de países de la Unión Europea para los jóvenes y, por tanto, para "crear Europa". En este sentido, desde 2018 se dispone del programa DiscoverEU, una acción del programa Erasmus+ que ofrece la oportunidad de descubrir Europa a través de un sorteo de miles de pases de Interrail entre los jóvenes que lo soliciten. Hasta diciembre de 2022 más de 200.000 jóvenes europeos han disfrutado de un pase Interrail gratuito gracias a este programa.

Desde España, el Gobierno comparte el objetivo de la Unión Europea y se quiere facilitar que los jóvenes de nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España puedan acceder a este tipo de viajes durante el periodo estival de 2023, en el que aún persiste la crisis derivada de la invasión de Ucrania por Rusia.

CONSTRUCCIÓN DEL VIAL DE JOVE EN GIJÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras del Vial de Jove, por un valor estimado de 236,11 millones de euros (IVA no incluido), una carretera destinada a mejorar el acceso al Puerto de El Musel, en Gijón (Asturias).

Actualmente, el acceso al puerto se realiza a través de la carretera N-641, que atraviesa zonas industriales y residenciales. Con la construcción del Vial de Jove se busca optimizar la conexión entre la autovía GJ-10 (Circunvalación de Gijón) y el puerto, facilitando un acceso rápido y seguro para los vehículos que se dirijan a esta importante infraestructura.

El diseño del nuevo vial contempla un trazado mayoritariamente fuera de la zona urbana, reduciendo así la congestión y el impacto en las áreas residenciales. Además, aproximadamente 2 km de su recorrido se realizarán en un túnel artificial, minimizando aún más los efectos del tráfico sobre las zonas colindantes. Dicho túnel contará con una sección de calzada única y una anchura total de 14 metros, que incluye dos carriles de 3,5 m, arcenes de 2,5 m y aceras de 0,75 m para el servicio y la evacuación en caso de emergencia. El Vial de Jove también incluye la reposición del viario interceptado y la construcción de cinco estructuras para salvar ramales y líneas ferroviarias en el entorno del enlace de la Peñona. Todo ello con el objetivo de ofrecer una solución integral a los desafíos de movilidad y sostenibilidad en la zona.

Además, se trabaja en un proyecto de humanización del acceso actual, favoreciendo así un desarrollo urbano sostenible en Gijón. Sigue un croquis ilustrativo de la actuación:


PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

ACTUACIONES Y MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar suelos del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), hasta 8,25 millones de m2 de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla. El presupuesto estimado de la operación ronda los 620 millones de euros.

Así, el Gobierno ha encomendado a MITMA, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Defensa a tramitar los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa de los suelos entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y SEPES, para su posterior desarrollo para usos residenciales a través de 50 actuaciones.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), permitirá disponer de suelo público repartido por la geografía española para el desarrollo de vivienda de protección pública y así contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio. Tras la adquisición por parte de SEPES, la entidad preparará los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo.

Los terrenos de Defensa incluidos en esta iniciativa se reparten en municipios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

CCAAMunicipiosViviendas

Castilla

y León

León, Valladolid, Medina del Campo, Ávila y Valverde de la Virgen1.516

Castilla

La Mancha

Toledo, Guadalajara, Albacete462
ExtremaduraMérida, Badajoz, Plasencia465
GaliciaFerrol, A Coruña y Pontevedra486
Melilla972
ValenciaAlicante, Alcoy112
AndalucíaSevilla, San Fernando, Ronda, Málaga, Algeciras659
AragónZaragoza120
AsturiasOviedo1.000
CanariasLas Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San Cristobal de la Laguna393
CantabriaSantander257
CataluñaSant Boi de Llobregat1.600
Ceuta44
MadridMadrid10.500
MurciaMurcia, Lorca, Cartagena, San Javier1.274
La RiojaLogroño16
Total19.876

Más actuaciones de SEPES

SEPES, dependiente de MITMA, tiene actualmente quince actuaciones residenciales firmadas que permitirán el desarrollo de 15.957 viviendas sobre suelo público, lo que sumadas a los nuevos acuerdos con Defensa dan un total de 65 actuaciones repartidas por toda la geografía para levantar unas 35.900 viviendas asequibles.

Y es que, la entidad ya está ejecutando un programa de compra de suelo público, como por ejemplo los terrenos en desuso de los cuarteles de Campamento (Madrid), Son Busquets (Palma de Mallorca) o de Ingenieros y de Artillería (Valencia), o terrenos en Basauri (San Sebastián) para promover la construcción de vivienda asequible.

Actuaciones ya movilizadas:

LocalidadActuaciónViviendas
MálagaBuenavista Residencial1.362
SevillaCuartel de Artillería853
Ibiza (Baleares)Ca N'Escandell464
Mahón (Baleares)Vasallo44
Palma de Mallorca (Baleares)Son Busquets706
MadridCampamento10.700
ValenciaParque de Artillería600
ValenciaCuartel de Ingenieros438
CeutaLoma Colmenar90
MelillaGabriel Molares66
Batea (Tarragona)Joan Miró20
Sarriá de Ter (Girona)El Trevol90
Basauri (Vizcaya)La Basconia392
Navalmoral de la Mata (Cáceres)Los Viñazos120
Pedrafita do Cebreiro (Lugo)Avenida de Castilla12
Total15.957

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

INVERSIONES EN EDUCACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de más de 566 millones de euros para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo de nuestro país.

Un primer acuerdo prevé destinar, a través de las comunidades autónomas, 298,4 millones de euros al Programa Código Escuela 4.0 para formar en robótica, programación y nuevas tecnologías a los 5,5 millones de alumnos y alumnas de secundo ciclo de Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria matriculados en centros públicos y concertados.

De esta cantidad, 199 millones servirán para el equipamiento de programación y robótica de más de 17.000 centros escolares. Otros 99,4 millones serán para el acompañamiento y el apoyo del profesorado: consistirá en la contratación de asistentes de perfiles tecnológicos y pedagógicos para dar apoyo a los maestros en enseñar estos contenidos de manera transitoria hasta que estén formados ellos. El curso pasado ya se destinaron unos 30 millones de euros para la formación del profesorado en este ámbito. En 2024, se distribuirán otros 65 millones para el acompañamiento de los docentes.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 173 millones de euros para ayudar a las familias y al alumnado con dificultades: 118 millones de euros corresponden al programa PROA+ y 55 millones de euros al de Unidades de Acompañamiento.

El programa de refuerzo y apoyo educativo PROA+ beneficiará al alumnado de más de 3.000 centros escolares de especial complejidad educativa. Con esos fondos, los centros se comprometen a desarrollar un plan de apoyo que incluye actuaciones como el refuerzo en horario lectivo y no lectivo, la codocencia, las tutorías, la formación a familias u otras actividades que buscan evitar el abandono escolar temprano. En total, entre 2021 y 2023, incluyendo la partida aprobada, se habrán destinado 360 millones de euros al programa PROA+.

En cuanto a las Unidades de Acompañamiento, el objetivo es trabajar de manera directa y personalizada con estudiantes en riesgo de abandono temprano, para apoyarles en su trayectoria educativa desde Primaria y hasta la finalización de Secundaria o Bachillerato. Entre 2021 y 2023, se habrán invertido más de 124 millones de euros para la puesta en marcha de 1.148 unidades de este tipo.

Además, se ha aprobado una partida de 58,5 millones de euros para ayudar a las familias a afrontar el gasto que suponen los libros de texto y material escolar, incluido los materiales digitales, del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.

Por último, se destinarán 36 millones de euros al programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva, que se suman a los 38 millones distribuidos en 2022, para mejorar la atención a la diversidad del alumnado y de sus necesidades específicas de apoyo educativo. El fin es ofrecer recursos adicionales de personal y más formación para los centros, así como el apoyo y colaboración entre centros de educación especial y ordinarios y también las propias familias.

El plazo para solicitar las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2023-24, se abrió el pasado lunes. Este año, la convocatoria, abierta hasta el próximo 20 de septiembre, incluye por primera vez una ayuda complementaria de 400 euros para sufragar los gastos adicionales de las familias.

La distribución de los fondos por programa y comunidad autónoma es la siguiente:

Comunidad AutónomaPROA+Unidades de acompañamiento Código 4.0Educación InclusivaLibros de textoTOTAL
ANDALUCÍA23.733.396,0013.595.062,00 59.268.837,00 7.248.608,0017.458.638,00121.304.541,00
ARAGÓN3.949.793,001.319.925,00 9.154.706,00 1.170.631,001.191.142,0016.786.197,00
ASTURIAS (Principado de)2.887.266,00748.630,00 5.964.583,00825.109,00966.997,0011.392.585,00
BALEARS (Illes)3.910.871,001.566.125,00 8.038.994,001.160.970,001.153.305,0015.830.265,00
CANARIAS5.873.582,002.825.819,00 14.334.903,001.629.060,003.302.105,0027.965.469,00
CANTABRIA2.538.227,00564.524,00 4.198.440,00732.251,00516.287,008.549.729,00
CASTILLA Y LEÓN5.728.907,002.610.234,00 16.723.201,001.783.475,002.218.466,0029.064.283,00
CASTILLA-LA MANCHA6.901.780,003.211.755,00 16.419.507,001.879.403,003.513.181,0031.925.626,00
CATALUÑA14.556.901,009.021.220,00 51.556.317,006.082.531,006.767.795,0087.984.764,00
COMUNITAT VALENCIANA11.277.994,005.574.789,00 32.715.313,003.713.830,007.758.877,0061.040.803,00
EXTREMADURA4.271.208,001.706.111,00 8.890.992,001.096.327,001.993.528,0017.958.166,00
GALICIA6.436.619,002.845.881,00 18.664.190,002.151.298,002.788.061,0032.886.049,00
MADRID (Comunidad de)10.836.180,004.383.378,00 38.579.961,005.133.174,005.648.484,0064.581.177,00
MURCIA (Región de)5.727.313,002.518.491,0011.714.771,001.500.347,002.967.417,0024.428.339,00
NAVARRA (Comunidad Foral de) 2.704.474,00690.305,00 3.394.779,00
PAÍS VASCO4.712.460,001.490.772,00 6.203.232,00
RIOJA (La)2.137.169,00366.379,00 2.175.285,00492.986,00315.327,005.487.146,00
TOTAL118.184.140,0055.039.400,00 298.400.000,00 36.600.000,0058.559.610,00566.783.150,00

POLÍTICA TERRITORIAL

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE CREACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL APOYO A LAS PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución para su suspensión.

La citada disposición adicional, "en favor del derecho reconocido de la vida de las personas con discapacidad", recoge que "cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial".

Fundamentos jurídicos

Los fundamentos jurídicos giran en torno a la exigencia prevista en la norma madrileña de tramitación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para solicitud de autorización judicial para la realización de cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de una persona con discapacidad sobre la cual ostente una medida de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica con funciones representativas la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Tal exigencia implica diferentes vulneraciones constitucionales que pueden sistematizarse en cuatro grupos diferenciados:

  1. La regulación de la norma autonómica incide en dos materias de competencia estatal: la legislación procesal y la legislación civil. La ley madrileña entra a regular los supuestos en que debe recabarse autorización judicial por parte de quien ostente la función representativa de la persona con discapacidad, lo que produce la vulneración del artículo 149.1.6ª de la Constitución, así como una injerencia en la normativa procesal que lo desarrolla. Las comunidades autónomas no pueden delimitar las funciones de los jueces, por ser esta competencia exclusiva estatal (sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010). La conculcación del artículo 117 de la Constitución se produce por la alteración de la distribución de asuntos entre los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, al resultar impugnable el expediente de jurisdicción voluntaria exigido ante la jurisdicción civil y la resolución administrativa -que autoriza para ejercer el derecho de prestación de la ayuda a morir- ante el contencioso-administrativo, pudiendo producirse resoluciones. Por último, la vulneración del art. 149.1.8ª de la Constitución se produce como consecuencia de la regulación de la jurisdicción voluntaria a través de una norma autonómica, así como por establecer reglas de curatela distintas de las previstas en el Código Civil español.
  2. Invasión y menoscabo de la regulación estatal básica en materia de regulación de derechos y bases y coordinación general de la sanidad: art. 149.1.1ª y 16ª de la Constitución. El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (en adelante, LORE) establece los requisitos exigibles para poder solicitar la prestación de ayuda a la muerte, siendo esta una regulación de los artículos 149.1.1ª y 16ª de la Constitución. La norma autonómica prevé un nuevo requisito: la tramitación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial; requisito no previsto en la LORE.
  3. Ruptura de la reserva de ley orgánica. La mayoría de los preceptos de la LORE ostentan carácter orgánico, siendo especialmente relevante el encaje orgánico del artículo 5, que establece los requisitos para acceder a la prestación de la ayuda a morir, esto es, el contenido esencial de derechos fundamentales tales como la vida (art. 15 de la Constitución). De ahí que la introducción de requisitos adicionales para acceder a tal prestación ejercitar el derecho, por parte de la disposición adicional de la ley madrileña, suponga también una quiebra de la reserva de ley orgánica.
  4. Quiebra del principio de seguridad jurídica. La disposición adicional segunda de la norma autonómica implica también una infracción directa del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, en tanto que, de admitirse la vigencia del precepto que se propone impugnar, las comunidades autónomas parecerían habilitadas a establecer requisitos adicionales a través de una mera ley ordinaria autonómica al ejercicio de derechos cuya regulación corresponde en exclusiva al Estado por incidir en el contenido esencial de derechos fundamentales como el derecho a la vida (art. 15 de la Constitución) o respecto de principios como la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 del texto constitucional). Además, implicaría admitir que las comunidades autónomas pueden alterar el reparto de asuntos entre jurisdicciones, estableciendo una confusión al efecto que derivaría en un conflicto entre diferentes órdenes jurisdiccionales (en el presente caso, entre el civil y el contencioso administrativo) y, por tanto, en sentencias contradictorias sin solución en el sistema de recursos.

DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

ESTRATEGIA ESTATAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. El documento establece una visión, de la que han participado niños, niñas y adolescentes, con sus aportaciones a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de la meta que se quiere conseguir para el año 2030: un país por y para la infancia, en el que el conjunto de derechos esté garantizado y sea real y efectivo para todos los niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una estrategia integradora de las políticas en materia de bienestar y protección de la infancia y adolescencia, y cuya aprobación era un imperativo tanto a nivel internacional como nacional, pues responde a las observaciones realizadas a España por el Comité de los Derechos del Niño en febrero de 2018, incorporando buena parte de las recomendaciones efectuadas y asumiendo como propios los desafíos que estas plantean.

La estrategia cubre el periodo 2023-2030 y contiene ocho áreas estratégicas, que son: ciudadanía activa de la infancia; acabar con la pobreza infantil y la exclusión social; fortalecer su desarrollo integral y equitativo en un entorno saludable; reforzar su desarrollo en la educación y la cultura; el derecho a la familia, los cuidados alternativos y la desinstitucionalización; la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia; la protección y la inclusión social de la infancia y adolescencia migrante; y garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital. Cada una de ellas define el impacto que se quiere lograr mediante una serie de metas cuantificables, que permitan valorar y medir el progreso alcanzado: unas metas intermedias a alcanzar en 2025 y una serie de metas finales a lograr en 2030.

Para su elaboración, se ha contado con las aportaciones de los niños, niñas y adolescentes, a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, con el objetivo de que la sientan como propia y la vean como un documento que vele por el cumplimiento de sus derechos. Asimismo, se ha contado con las entidades representativas en el ámbito de la infancia, como así también de los miembros del Observatorio de la Infancia y con el conocimiento y la experiencia de las comunidades y ciudades autónomas, por ser las que ostentan las competencias en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, y de las entidades locales, que en último término se establecen como colaboradoras indispensables en su proceso de implementación. Asimismo, se ha contado con la colaboración de otros ministerios, como los de Sanidad, Interior, Justicia, Igualdad o Educación y Formación Profesional.