Referencia del Consejo de Ministros

25.10.2022

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Centro Bruegel correspondiente al año 2022, por importe de 209.179 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras para el desdoblamiento del túnel de San Silvestre (Huelva), por un valor estimado de 60.758.282,85 euros.
  • ACUERDO por el que se autorizan tres contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales por parte del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por importe de 152.720 euros.
  • ACUERDO por el que se declara la reserva de 2.473,20 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de las obras del "Proyecto de saneamiento y depuración de San Roque y otros núcleos del Campo de Gibraltar. Saneamiento de Algeciras (Cádiz)", TTMM San Roque y otros núcleos del Campo de Gibraltar (Cádiz).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Hacienda y Función Pública

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Educación y Formacion Profesional

Industria, comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Derechos Sociales y Agenda 2030

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato del servicio para la instalación de software de seguridad en diversos centros e institutos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por un importe total de 64.339,04 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E., la concesión directa de ayudas destinadas a proyectos de I+D con participación española seleccionados en las convocatorias internacionales competitivas del Programa Eurostars-3, en el marco del Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro Entorno del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 15.000.000 de euros.


ACUERDOS DE PERSONAL

Trabajo y Economía Social

  • REAL DECRETO por el que se nombra Consejera del Consejo Económico y Social en representación del sector de la economía social a Dª.LEIRE MUGUERZA GARATE.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Oriental de Uruguay a D.SANTIAGO JIMÉNEZ MARTÍN.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a D.ÁNGEL LOSSADA TORRES-QUEVEDO.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D.MAJID HASSAN MOHAMED H. AL SUWAIDI

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE EN HUELVA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras para el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, una infraestructura clave para garantizar el suministro y distintos usos del agua en la provincia de Huelva. Las obras tendrán un presupuesto de 73.517.522,25 € (60,7 millones sin IVA) y una duración estimada de 30 meses.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto clave para asegurar la capacidad de transporte del sistema de abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, así como para mejorar la estabilidad del riego en la provincia, aportar recursos a usos industriales, facilitar la recuperación de los acuíferos de la zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque Nacional de Doñana.

El proyecto de la Dirección General del Agua tiene por objeto aumentar la capacidad de transporte del túnel actual, que es el único tramo no ampliado de la infraestructura hidráulica de conducción entre los embalses de Andévalo-Chanza y Piedras, es decir, entre la cuenca del Guadiana y la del Piedras. Actualmente toda la conducción tiene una capacidad de transporte de 20 m3 /s, a excepción del túnel de San Silvestre, cuyo estado de deterioro ha reducido de facto esta cantidad a la mitad.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 m3/s gracias a una conducción de 7,55 km de longitud y una sección interior circular de 3,6 metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 m de separación, sin que ello suponga cambio alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a utilizar. Las actuaciones, declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de las compuertas deslizantes en el P.K. 0+300 del canal de entrada, nuevo tramo entre el P.K. 0+029,71 y 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el canal de salida, adaptación del hastial en el tramo final del canal de salida entre los P.K. 0+22,21 y 0+258,96, ampliación del hastial izquierdo en toda la longitud del canal de descarga, regularización de la solera en todo el túnel existente, canal de conexión con el azud de Matavacas así como un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de salida que conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a través del canal de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también la construcción de nuevos caminos de acceso, entre otras intervenciones.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA ALIANZA PARA LA VACUNACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España a la Alianza para la Vacunación (GAVI) a través de la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (International Finance Facility for Inmunisation - IFFIm) en el periodo 2022-2035, por un importe de 100.000.000 de euros.

La contribución a Iniciativas Globales ha constituido tradicionalmente una parte muy importante de la cooperación internacional para el desarrollo española. Mediante estas aportaciones, España ha incrementado la eficacia de sus políticas de desarrollo, ha mantenido una mayor presencia en Organismos Multilaterales y ha cooperado en el incremento de los fondos destinados a estas políticas a nivel global.

La situación global creada por la pandemia de COVID-19 hace más importante que nunca dar una respuesta a gran escala, coordinada e integral, que permita asegurar que todos los países en desarrollo tengan las mejores posibilidades de gestionar esta situación de forma adecuada. En este contexto se ha desarrollado la iniciativa para acelerar el Acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT-A por sus siglas en inglés), entre cuyos países fundadores se encuentra España.

Se trata de un marco de colaboración a nivel internacional que reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos. Su objetivo es acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y el acceso equitativo a los mismos, así como fortalecer los sistemas nacionales de salud para que puedan aplicar los productos desarrollados. ACT-A en su conjunto está enmarcado en el Plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se estructura en tres pilares, cada uno de ellos coliderado por distintas Instituciones de Salud Global, y un conector de los sistemas de salud. Uno de estos pilares es el pilar de vacunas, también denominado COVAX, liderado entre otras organizaciones por la Alianza para la Vacunación (en adelante, GAVI).

GAVI es una alianza de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin es garantizar que todos los niños tengan el mismo acceso a las vacunas, independientemente del lugar donde vivan. Es un componente básico del sistema de salud global al que España apoya en la consecución de sus objetivos estratégicos desde el año 2006.

El 4 de mayo de 2020, en el lanzamiento de una maratón de compromisos que pretendía movilizar recursos para financiar el ACT-A, se anunció una contribución por parte de España de 125 millones de euros, de los cuáles 50 millones de euros irían destinados a GAVI. Posteriormente, el 2 de junio de 2021, en el acto "One World Protected - GAVI COVAX AMC Summit", se anunció la aportación de 50 millones de euros a la financiación de COVAX-AMC a través de GAVI.

El mecanismo que se va a utilizar para vehicular esta aportación a lo largo de 14 años a través de la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (International Finance Facility for Inmunisation - IFFIm), un instrumento financiero innovador mediante el cual el Banco Mundial emite bonos con el respaldo de las aportaciones comprometidas por los donantes, y el dinero aportado por los inversores mediante la compra de esos bonos se entrega posteriormente a GAVI. Este planteamiento de establecer un horizonte temporal a 14 años, en el que España estará pagando cuotas a IFFIm hasta el año 2035, tiene dos implicaciones:

  • En primer lugar, la totalidad de los fondos comprometidos estará disponible para nuestros países socios inmediatamente, algo fundamental para que la pandemia de COVID-19 no suponga un lastre adicional a su desarrollo.
  • En segundo lugar, el establecimiento de las cuotas a 14 años permite una distribución de los pagos tal que no supongan comprometer el presupuesto anual de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, y en concreto de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, de tal manera que sea imposible llevar a cabo las competencias que de acuerdo al artículo 17 del Real Decreto 267/2022, de 12 de abril, que desarrolla la estructura básica, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La cuantía de la contribución se fija en 100 millones de euros, a lo largo de 14 años (2022-2035) y según el calendario de pagos aprobado por el Acuerdo de Consejos de Ministros de 14 de diciembre de 2021, por el que se modifican las anualidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre de 2003, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) pueda efectuar contribuciones estratégicas a organismos multilaterales de desarrollo para la lucha contra la COVID.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CRÉDITO DEL FONPRODE PARA COSTA DE MARFIL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República de Costa de Marfil, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 30.000.000 de euros.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE. La operación propuesta por este Acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.3.e) de la citada Ley 36/2010.

En este Acuerdo se propone la concesión de un crédito por importe de hasta 30 millones de euros a la República de Costa de Marfil, para la cofinanciación del "Proyecto de inversión en la resiliencia de las áreas costeras de África del Oeste - WACA", junto con el Banco Mundial y el gobierno marfileño, con las siguientes condiciones:

  • Tipo de operación: crédito a Estado.
  • Importe del crédito del FONPRODE: 30.000.000 euros.
  • Garantía: soberana.
  • Plazo de amortización: 30 años.
  • Periodo de carencia: 5 años (incluido en los 30).
  • Tipo de amortización: cuotas iguales semestrales.

El objetivo del proyecto es reforzar la resiliencia de las comunidades costeras y de las zonas a intervenir en la costa oeste africana. El Proyecto forma parte del proyecto regional ReSIP-WACA, financiado por el Banco Mundial y otros financiadores en seis países de la región (Benín, Togo, Costa de Marfil, Santo Tomé y Príncipe, Senegal y Mauritania).

Aunque Costa de Marfil no es país de asociación para la Cooperación Española conforme al V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 (V PD), forma parte de la región de África Occidental, que sí es prioritaria dentro del V PD.

Esta operación estaría alineada con el ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), en su meta 15.1 (Asegurar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres). También contribuiría al ODS 8 (Trabajo digno y crecimiento económico), en su meta 8.5 (lograr empleo digno y de calidad) y 8.9 (promover turismo sostenible).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.e) de la citada Ley 36/2010 y en el artículo 16.5 del citado Reglamento del FONPRODE, esta operación ha requerido el análisis y aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, ya que Costa de Marfil se encuentra entre los países beneficiarios de la Iniciativa para la condonación de la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC en sus siglas en inglés).


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AUTORIZADO UN PAGO AL BANCO MUNDIAL PARA INVERSIONES EN COSTA DE MARFIL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago de hasta 400.000 dólares estadounidenses al Banco Mundial, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del Proyecto cofinanciado con el crédito de hasta 30.000.000 de euros concedido por dicho Fondo a la República de Costa de Marfil.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE. La operación propuesta por este Acuerdo se enmarca en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE) y en el artículo 2.4 de la citada Ley 36/2010 .

La Cooperación Española cofinanciará, junto al Banco Mundial y la República de Costa de Marfil, el "Proyecto de inversión en la resiliencia de las áreas costeras de África del Oeste - WACA" en Costa de Marfil. El programa está alineado con el "Fortalecimiento de la resiliencia en las zonas oceánicas y costeras" impulsado en el marco de la ONU Cambio Climático. El proyecto será cofinanciado por el Banco Mundial, que aportará 30 millones de dólares estadounidenses y por el FONPRODE, que aportará 30 millones de euros. El resto de la financiación es de 3 millones de dólares estadounidenses que aportaría el Gobierno de la República de Costa de Marfil.

En base al "Acuerdo Marco de Cofinanciación" para la cofinanciación de operaciones con garantía soberana que España y el Banco Mundial firmaron el 23 de enero de 2019, el FONPRODE abonará al Banco Mundial una comisión por los costes de preparación y supervisión del Proyecto, de hasta un máximo de 400.000 dólares estadounidenses.

En atención a lo anterior, en la XLVII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 11 de noviembre de 2021, se acordó, conforme a lo establecido en el artículo 7.2.c) del Reglamento del FONPRODE, elevar al Consejo de Ministros la autorización para el pago de hasta 400.000 dólares estadounidenses al Banco Mundial, con cargo al FONPRODE, por las labores de preparación y supervisión del "Proyecto de inversión en la resiliencia de las áreas costeras de África del Oeste - WACA" en Costa de Marfil.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN HÍDRICA MUNICIPAL Y COMUNITARIA EN EL SALVADOR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 3.000.000 de euros a la Alcaldía Municipal de Suchitoto, en la República de El Salvador, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa "Fortalecimiento de la gestión hídrica municipal y comunitaria con políticas y operadores sostenibles con enfoque de género que garantice los derechos humanos al agua y saneamiento, y a un medio ambiente saludable".

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), fue creado por la Disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2008, dirigido a financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.

El sector de agua, saneamiento e higiene sigue siendo clave en la actual situación de pandemia (COVID-19), por su relación directa con la salud. Así lo ha dictaminado un grupo de expertos de la ONU: "No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad".

El Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, establece en su artículo 15.7 que el Comité Ejecutivo del Fondo, una vez recibidas las propuestas de financiación definitivas decidirá sobre su aprobación final, y en su caso cuando proceda, la elevación a través del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para autorización de la operación por el Consejo de Ministros.

Por otra parte, el artículo 18 del Real Decreto 1460/2009, señala que la financiación de los proyectos se realizará en régimen de cofinanciación con los países beneficiarios y fija porcentajes de financiación basados en criterios de nivel de desarrollo y necesidades de acceso a agua potable y saneamiento. Sobre la base de esos criterios, la República de El Salvador pertenece al Grupo 2, lo que implica que el porcentaje de financiación que asumirá el Fondo será hasta el 80% de la operación con carácter no reembolsable, y el beneficiario aportará el importe correspondiente al 20%.

La finalidad de este programa es doble: por un lado, extender la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento, especialmente en el área rural, y por otro, fortalecer la gobernabilidad municipal del agua con participación real y efectiva de la sociedad civil.

Con este programa se pretende abastecer a la población del municipio de Suchitoto con una población cercana a los 24.000 habitantes, según el último censo de 2007, siendo un 80% rural y un 20% urbana. Se estima una inversión en 11 operadores comunitarios de los 34 presentes en el municipio, si bien se realizarán los estudios técnicos previos necesarios para su determinación.

El artículo 55 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece que "…El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe anual de hasta 60 millones de euros, […]. Sólo se podrán autorizar con cargo al FCAS operaciones de carácter reembolsable con las siguientes excepciones […] Las operaciones de carácter no reembolsable que se financien con los recursos extraordinarios procedentes de reintegros de programas bilaterales que no hayan podido llevarse a cabo total o parcialmente, así como de excedentes de programas ya finalizados, siempre que dichas operaciones se realicen en el mismo ejercicio en que se produzca el reintegro. Excepcionalmente en 2022, podrán utilizarse fondos procedentes de reintegros rendidos en 2021. […]".

En este sentido, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha informado al FCAS sobre la recepción en la cuenta del Banco de España asignada al Fondo de reintegros durante el año 2021 por importe de 12.084.249,29 euros y en 2022 por un importe de 1.087.195,63 euros, lo que hace un total de 13.171.444,92 euros según detalle del certificado del ICO de 14 de julio de 2022. Al disponer de ese reintegro, según la citada Ley 22/2021, de 28 de diciembre, es posible autorizar operaciones de carácter no reembolsable como la que se plantea en esta propuesta.

En la sesión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el 29 de junio de 2022, se aprobó una aportación de 3.000.000 euros a la Alcaldía Municipal de Suchitoto, en la República de El Salvador, con cargo al FCAS, para la financiación del programa "Fortalecimiento de la gestión hídrica municipal y comunitaria con políticas y operadores sostenibles con enfoque de género que garantice los derechos humanos al agua y saneamiento, y a un medio ambiente saludable".

En virtud del artículo 8 del Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, de Organización y Funcionamiento del FCAS, que establece que todas las líneas de financiación y proyectos que se financien con cargo al Fondo deberán ser autorizadas previamente por el Consejo de Ministros, y a estos efectos, se eleva la operación propuesta.

Se designa al ICO como Agente Financiero para la instrumentación de esta operación.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 10.171.444,92 euros al Banco de Desarrollo de Ecuador, en la República del Ecuador, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del "Programa de Cooperación para el fomento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en comunidades rurales".

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), fue creado por la Disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2008, dirigido a financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.

El sector de agua, saneamiento e higiene sigue siendo clave en la actual situación de pandemia (COVID-19), por su relación directa con la salud. Así lo ha dictaminado un grupo de expertos de la ONU: "No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad"

El Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, establece en su artículo 15.7 que el Comité Ejecutivo del Fondo, una vez recibidas las propuestas de financiación definitivas decidirá sobre su aprobación final, y en su caso cuando proceda, la elevación a través del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para autorización de la operación por el Consejo de Ministros.

Por otra parte, el artículo 18 del Real Decreto 1460/2009, señala que la financiación de los proyectos se realizará en régimen de cofinanciación con los países beneficiarios y fija porcentajes de financiación basados en criterios de nivel de desarrollo y necesidades de acceso a agua potable y saneamiento. Sobre la base de esos criterios, la República del Ecuador pertenece al Grupo 2, lo que implica que el FCAS puede financiar hasta el 80% de la propuesta con carácter no reembolsable. El beneficiario aportará el importe correspondiente al 20%.

La finalidad de este programa es triple: por un lado, contribuir a extender el derecho humano al agua y saneamiento a través de fomentar el acceso seguro y sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura, que permitirán disminuir el índice de enfermedades diarreicas y la desnutrición crónica infantil. Por otro, fortalecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico. Y finalmente, establecer sistemas sostenibles resilientes a los efectos del cambio climático y de acceso seguro para la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento.

El artículo 55 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece que "…El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe anual de hasta 60 millones de euros, […]. Sólo se podrán autorizar con cargo al FCAS operaciones de carácter reembolsable con las siguientes excepciones […] Las operaciones de carácter no reembolsable que se financien con los recursos extraordinarios procedentes de reintegros de programas bilaterales que no hayan podido llevarse a cabo total o parcialmente, así como de excedentes de programas ya finalizados, siempre que dichas operaciones se realicen en el mismo ejercicio en que se produzca el reintegro. Excepcionalmente en 2022, podrán utilizarse fondos procedentes de reintegros rendidos en 2021. […]".

En este sentido, el Instituto de Crédito Oficial (ICO)ha informado al FCAS sobre la recepción en la cuenta del Banco de España asignada al Fondo de reintegros durante el año 2021 por importe de 12.084.249,29 euros, y en 2022 por importe de 1.087.195,63 euros, lo que hace un total de 13.171.444,92 euros, según detalle del certificado del ICO de 14 de julio de 2022. Al disponer de ese reintegro, según la citada Ley 22/2021, de 28 de diciembre, es posible autorizar operaciones de carácter no reembolsable como la que se plantea en esta propuesta.

En la sesión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el 29 de junio de 2022, se aprobó una aportación de 10.171.444,92 euros al Banco de Desarrollo de Ecuador, en la República del Ecuador, con cargo al FCAS, para la financiación del "Programa de Cooperación para el fomento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en comunidades rurales".

En virtud del artículo 8 del Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, de Organización y Funcionamiento del FCAS, que establece que todas las líneas de financiación y proyectos que se financien con cargo al Fondo deberán ser autorizadas previamente por el Consejo de Ministros, y a estos efectos, se eleva la operación propuesta.

Se designa al ICO como Agente Financiero para la instrumentación de esta operación.


Hacienda y Función Pública

AUTORIZADAS INVERSIONES PARA 2022 EN EL HOSPITAL MARQUÉS DE VALDECILLA

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión a la comunidad autónoma de Cantabria de una subvención nominativa para financiar inversiones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ubicado en Santander, por importe de 22 millones de euros para el ejercicio 2022.

Esa dotación de 22 millones de euros para inversiones en el citado hospital viene reflejada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022.

La disposición adicional segunda, apartado cuarto, del Estatuto de Autonomía para Cantabria incluye una referencia singular al compromiso de garantizar la continuidad del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como centro de referencia nacional, para que pueda mantener e incrementar en el futuro su alto nivel de actualización asistencial, docente, científica y tecnológica.

Hay que tener en cuenta que la importancia cuantitativa y cualitativa de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la citada disposición adicional requirió un tratamiento específico y separado del traspaso a la comunidad autónoma de Cantabria de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

De esta forma, la Administración General del Estado ha venido contribuyendo a tal fin mediante la formalización de sucesivos convenios a través de los cuales ha aportado la financiación necesaria para la realización de las obras ejecutadas en este hospital y considera oportuno continuar realizando la financiación de inversiones en dicho centro sanitario, lo que se refleja en esta subvención de 22 millones.


Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y TEMPORAL Y ATENCIÓN HUMANITARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria mediante acción concertada para el periodo 2023-2026.

La Secretaría de Estado de Migraciones tiene competencia en la elaboración y desarrollo de la política del Gobierno en materia de inmigración, extranjería y emigración y, por consiguiente, para la cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal.

El artículo 30 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.

El Reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, equipara las ayudas sociales a percibir por las personas beneficiarias del régimen de protección temporal a las de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

Por su parte, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, prevé la posibilidad de prestar los servicios de acogida mediante la correspondiente autorización de acción concertada. El sistema de gestión y financiación mediante acción concertada ha sido desarrollado en el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado mediante Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, y en la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada.

De conformidad con la citada Orden, el órgano gestor realizará una planificación de los recursos necesarios que van a ser objeto de acción concertada. Esta planificación debe establecerse en las correspondientes Resoluciones de la Dirección General de Gestión del Sistema de Protección Internacional y Temporal y de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, para cuya publicación es necesario, con carácter previo, disponer del certificado de la existencia de crédito y, en su caso, el certificado de cumplimiento de límites de ejercicios posteriores y la aprobación del gasto.

La planificación estratégica recogerá recursos de acogida permanentes de carácter estructural en la planificación plurianual y podrá incorporar, mediante modificación, nuevos centros de acogida que tengan carácter coyuntural o de emergencia cuando se produzcan grandes llegadas. Por tanto, la propia configuración del modelo de acogida permite que convivan dos o más planificaciones.

De acuerdo con las previsiones realizadas por la Secretaría de Estado de Migraciones, teniendo en cuenta los precios de referencia por día, plaza y persona, las necesidades totales para la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria mediante acción concertada, para el periodo 2023-2026 en la aplicación 'Concierto social de atención humanitaria y protección internacional', serán las siguientes:

AnualidadProtección internacional y temporalAtención humanitariaTotal
2023 468.082.975,5084.158.350,00552.241.325,50
2024 549.834.540,0084.158.350,00633.992.890,00
2025 549.834.540,0084.158.350,00633.992.890,00
2026 357.392.451,0059.934.210,54417.326.661,54

Los importes serán abonados a las entidades autorizadas para la prestación de servicios de acción concertada, en los términos previstos en el artículo 14 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio.

Gastos excepcionales en 2023 para atender a desplazados de Ucrania

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al citado Ministerio la financiación de los gastos excepcionales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria mediante acción concertada para 2023.

En este caso, además de proponer la financiación de los gastos estructurales del sistema de acogida de protección internacional y temporal, y atención humanitaria para el periodo 2023-2026, se prevén necesidades excepcionales para el periodo 2023 debido a la población desplazada con motivo de la guerra de Ucrania.

Por tanto, se hace necesaria la realización de una planificación adicional que recoja las nuevas necesidades correspondientes al ejercicio 2023 con cargo en la aplicación 'Concierto social de atención humanitaria y protección internacional', estimadas en un importe de 81.751.564,50 euros, que debe adicionarse a los importes estructurales propuestos para aprobación en el otro expediente mencionado.


Hacienda y Función Pública

BECAS 2022/2023 DE AYUDA PARA EL ESTUDIO EN LA ESCUELA DIPLOMÁTICA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con base en lo previsto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la convocatoria 2022-2023 de becas de ayuda al estudio y de becas de prácticas de la Escuela Diplomática.

Las becas van destinadas a aquellas personas de nacionalidad española que hayan sido admitidas en el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales impartido en la Escuela Diplomática o que hayan superado el mismo. También para quienes hayan superado el Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional impartido en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales, en cumplimiento de lo previsto en la Orden AUC/684/2019, de 19 de junio.

La Orden AUC/631/2021, de 14 de junio, recoge en su regla Decimotercera que la Escuela Diplomática publicará, en su caso, una convocatoria de becas para los alumnos españoles admitidos al Máster, cuyo número y cuantía dependerá del presupuesto disponible para el curso.

Además, la norma Decimocuarta añade que la Escuela facilitará, en su caso, y en función de las disponibilidades presupuestarias, prácticas remuneradas, en el extranjero o en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuyas condiciones específicas serán objeto de convocatoria pública.

El coste del programa de becas correspondiente a la convocatoria 2022-2023 tiene el siguiente detalle:

(becas)

En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la aplicación presupuestaria 12.01.141M.483 'Becas Formativas', figura dotada con un crédito inicial de 294.000 euros. Los compromisos a adquirir aplicables al ejercicio 2023, que se cifran en un importe de 463.310 euros.

Esto hace necesario autorizar por el Consejo de Ministros, de conformidad con lo establecido el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la modificación de los límites establecidos en el apartado 2 del citado artículo.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA CONVENIO SOBRE TICS DE SEGURIDAD ENTRE LA GUARDIA CIVIL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con base en lo previsto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior la tramitación de un convenio de colaboración entre la Dirección General de la Guardia Civil, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, al objeto de establecer una relación de colaboración tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la seguridad.

La Dirección General de la Guardia Civil solicitó, para desarrollar este convenio, autorización para fijar los límites de compromisos máximos a adquirir en ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'A la Universidad Autónoma de Madrid por la colaboración tecnológica en el ámbito de las TICs para la Seguridad'.

Con la finalidad de cumplir los objetivos que la Dirección General de la Guardia Civil tiene asignados en el programa de gasto 'Seguridad ciudadana', es necesario iniciar la tramitación en el presente ejercicio económico de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, por un periodo de cuatro años (2023-2026), y una aportación por parte de la citada Dirección General de 485.000 euros anuales.

El objeto del citado convenio es establecer una relación de colaboración tecnológica entre las partes en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para la seguridad, en áreas como la ciberseguridad, el reconocimiento de patrones, la seguridad biométrica y la ciencia de datos. Este ámbito resulta ser de importancia estratégica para la Guardia Civil en el desarrollo de sus actividades, así como de soluciones de alta complejidad en entornos tecnológicos de muy distinta naturaleza.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente, según nivel de vinculación, es el siguiente.

AñoLímite de compromiso máximo a adquirir (€)
2023485.000
2024485.000
2025485.000
2026485.000

Esto hace necesario autorizar por el Consejo de Ministros, de conformidad con lo establecido el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la modificación de los límites establecidos en el apartado 2 del citado artículo.

Al no existir crédito en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para la citada aplicación presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para fijar los límites de compromisos máximos a adquirir en ejercicios futuros para las anualidades 2023 a 2026.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN FORESTAL

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de Defensa para actuaciones en materia de gestión forestal sostenible, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (PRTR).

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Ejército del Aire han iniciado un expediente de transferencia de crédito en la aplicación presupuestaria 'Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', por importe de 30.000 euros. En concreto, hace referencia al Componente 4 'Ecosistemas y biodiversidad', en el que se encuadra la Inversión 4 'Gestión Forestal Sostenible'.

En dicho componente se prevén actuaciones para mejorar la defensa de la naturaleza ante fenómenos extremos, y en particular ante los incendios forestales, a través del establecimiento de directrices estratégicas, e invirtiendo en la actualización y renovación de los medios de defensa frente a los mismos.

En este sentido, con fecha de 14 de julio de 2022, se ha suscrito un Acuerdo de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Secretaría de Estado de Medio Ambiente) y el Ministerio de Defensa (Ejército del Aire) para la construcción del hangar para la flota de aviones anfibios apagafuegos Canadair.

De conformidad con lo establecido en las cláusulas segunda y cuarta del citado Acuerdo, la financiación del mismo requerirá la tramitación de expedientes de transferencia de crédito a lo largo de tres anualidades (2022 a 2024), correspondiendo al ejercicio 2022 un importe de 30.000 euros.

Hacienda y Función Pública

AYUDAS A EMPRESAS PÚBLICAS DE AUTOBUSES URBANOS

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por importe de 12.000.000 euros para financiar la línea de ayudas directas a empresas del sector público titulares de autobuses urbanos afectadas por la subida de los precios de los carburantes, para el ejercicio 2022, según lo establecido en Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto

Ante la persistencia del alza de los combustibles como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, el citado Real Decreto-ley recoge una serie de medidas de apoyo al tejido económico y empresarial del transporte terrestre, y de medidas para reforzar la liquidez de empresas y autónomos. Por ello, al objeto de financiar la línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del mencionado Real Decreto-ley, de 1 de agosto, se dotó un suplemento de crédito por importe de 450.000.000 euros en la aplicación presupuestaria 'Ayudas al transporte'.

A su vez, el artículo 5 del referido Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, establece un sistema de ayudas directas, correspondientes al ejercicio 2022 para la concesión de apoyo financiero a empresas que formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que presten el servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús.

La finalidad de tales ayudas será paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por su causa, ascendiendo las ayudas a un importe de 12.000.000 euros y estando gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

FINANCIACIÓN A LAS CCAA PARA AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PYMES A MODERNIZAR EL TRANSPORTE POR CARRETERA

El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba la transferencia de 110 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la modernización del transporte por carretera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los fondos se transferirán a las comunidades y ciudades autónomas para la concesión de ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas privadas de transporte de viajeros por carretera y a las que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, para impulsar su digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías.

Así, mediante este Real Decreto, aprobado hoy en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se regula la transferencia de los 110 millones de euros de los fondos europeos de recuperación y se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en concurrencia simple, a las que deberán sujetarse las CCAA, Ceuta y Melilla para realizar las convocatorias. Éstas dispondrán de un plazo de cinco meses desde la concesión de la subvención para publicar las convocatorias de las ayudas a pymes y autónomos.

La distribución de los fondos NextGenerationEU se ha realizado siguiendo el criterio de población, tal y como se consensuó con los gobiernos regionales en la Conferencia Nacional de Transportes del pasado 6 de julio.

Para la definición de las actuaciones subvencionables incluidas en este Real Decreto se ha contado con la participación del sector, así como de las empresas tecnológicas del ámbito del transporte por carretera y de las Comunidades Autónomas. No en vano, las ayudas están incluidas en el acuerdo de diciembre de 2021 alcanzado con los transportistas para contribuir a garantizar la rentabilidad del sector.

Modernizar las empresas

Este programa de incentivos persigue incrementar la eficiencia de las empresas y del sistema de transporte por carretera mediante la digitalización, la sostenibilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector.

Se estima que se podrá contribuir a la modernización de unas 17.000 pymes con una subvención de hasta 25.000 euros por empresa, lo que conlleva mejoras en la eficiencia y en la competitividad del sector, impulsando también el cumplimiento de la normativa sectorial con la menor carga posible gracias a la digitalización.

Para conseguir la interoperabilidad de los sistemas y procesos de los diferentes actores involucrados en el transporte de mercancías, se ha considerado necesario promover, no solo la modernización de las empresas de transporte por carretera, sino también de los operadores de transporte y de las empresas cargadoras, como miembros indispensables de la cadena de transporte.

El sector del transporte por carretera en España se encuentra muy atomizado, con un número considerable de empresas pequeñas que no disponen de la capacidad ni los medios para mejorar su eficiencia mediante la introducción de nuevas tecnologías. Por este motivo, estas ayudas se han destinado a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.

Proveedor de servicios

Una vez publicadas las convocatorias por parte de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla, los destinatarios últimos de las ayudas (autónomos y pymes del sector del transporte por carretera) tendrán hasta el 30 de junio de 2024 para solicitarlas en la comunidad autónoma donde tengan su residencia fiscal, conforme al procedimiento que establezcan en las respectivas convocatorias. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos.

Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, se ha creado a la figura de los Proveedores de Soluciones de Modernización.

Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedores de alguna de las soluciones de modernización incluidas en el Real Decreto aprobado hoy, y que cumplan las condiciones fijadas para ser Proveedor de Soluciones de Modernización, podrán solicitar a Mitma su adhesión al programa de ayudas, mediante un procedimiento que se publicará en la web del Ministerio, y previa publicación de un anuncio de adhesión. No obstante, las comunidades autónomas que lo deseen podrán publicar anuncios de adhesión complementarios al del Ministerio.

Una vez se haya resuelto el procedimiento de concesión de la ayuda, el destinatario último recibirá un «cheque moderniza», por la cuantía correspondiente a las actuaciones para las que se solicita la ayuda.

El destinatario último deberá emplear la ayuda concedida en la contratación de alguna de las Soluciones de Modernización incluidas en el Real Decreto, formalizando para ello Acuerdos de Prestación de Soluciones de Modernización con los Proveedores de Soluciones de Modernización Adheridos.

Una vez formalizado este Acuerdo, se procederá a la prestación de la solución de modernización por parte del Proveedor. El pago de la prestación se realizará por el destinatario último, mediante la cesión al Proveedor de la parte del «cheque moderniza» asociado al Acuerdo suscrito y el abono de la parte correspondiente de los costes no subvencionables.

Tras la prestación de la solución de modernización, el Proveedor, en nombre del destinatario último, deberá presentar la justificación de las acciones realizadas.

Soluciones de modernización subvencionables

Se han establecido nueve categorías de soluciones de modernización subvencionables:

  • Categoría 1: Gestión de documentos de control electrónicos.
  • Categoría 2: Sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación.
  • Categoría 3: Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión.
  • Categoría 4: Implantación de sistemas de planificación de recursos empresariales (TMS/ERP).
  • Categoría 5: Implantación de sistemas de ayuda a la explotación (SAE).
  • Categoría 6: Actualización de sistemas de ayuda a la explotación (SAE).
  • Categoría 7: Ayudas a los servicios de transporte de viajeros.
  • Categoría 8: Implantación de aplicaciones para reclamaciones por medios electrónicos.
  • Categoría 9: Mejora de sistemas de ticketing.

El Real Decreto establece los contenidos mínimos de las actuaciones subvencionables de cada una de estas categorías, así como las cuantías de estas en función del tamaño del destinatario último que las solicite.

Los destinatarios últimos podrán elegir hasta un máximo de dos soluciones de modernización de entre las establecidas como elegibles para su tamaño y tipo de actividad.

Distribución de los fondos por CCAA

Estas ayudas se encuadran en la inversión 4, "Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital" del componente 6 "Movilidad sostenible, segura y conectada" del PRTR.

Esta medida, forma parte de la línea de inversión 15, dotada con 220 millones de euros, que se divide en dos acciones:

  • Actuaciones de digitalización de la propia administración autonómica en relación con el transporte, dotada con un presupuesto de 110 millones de euros.
  • Convocatorias, por parte de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, de ayudas para la digitalización de empresas de transporte de viajeros y de mercancías por carretera, con un presupuesto de 110 millones de euros. Son estas convocatorias las que se regulan con el Real Decreto aprobado hoy.

Tabla de distribución de los fondos por CCAA:

Comunidad Autónoma o ciudad de Ceuta y MelillaPoblaciónCréditos asignados (€)
Andalucía. 8.472.40719.667.884 €
Aragón. 1.326.2613.078.788 €
Asturias, Principado de. 1.011.7922.348.779 €
Balears, Illes. 1.173.0082.723.026 €
Canarias. 2.172.9445.044.282 €
Cantabria. 584.5071.356.877 €
Castilla y León. 2.383.1395.532.230 €
Castilla-La Mancha. 2.049.5624.757.863 €
Cataluña. 7.763.36218.021.903 €
Comunitat Valenciana. 5.058.13811.741.984 €
Extremadura. 1.059.5012.459.530 €
Galicia. 2.695.6456.257.682 €
Madrid, Comunidad de. 6.751.25115.672.384 €
Murcia, Región de. 1.518.4863.525.020 €
Navarra, Comunidad Foral de. 661.5371.535.695 €
País Vasco. 2.213.9935.139.573 €
Rioja, La. 319.796742.376 €
Ciudad de Ceuta 83.517193.877 €
Ciudad de Melilla 86.261200.247 €
TOTAL 47.385.107110.000.000 €


Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha recibido la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado (RCE) para reducir un 50% el consumo energético entre 2022 y 2028.

La Estrategia contempla actuar sobre la iluminación en túneles y en tramos a cielo abierto, donde se implantarán sistemas inteligentes de gestión en la iluminación y se fomentará el cambio de las luminarias de vapor de sodio de alta presión por tecnología LED. La sustitución de las luminarias generará ahorros de entre el 30 y el 40%, pudiendo alcanzar el 70% si se suma el despliegue de sistemas de gestión inteligente de la iluminación, que permiten regularla en función de la presencia o no de vehículos y usuarios.

La Estrategia tiene previsto invertir unos 510 millones de euros en modernizar el sistema de iluminación, generar ahorros en la demanda de energía y ser menos dependientes de los combustibles fósiles.

Además, para alcanzar el objetivo de disminuir la dependencia de fuentes de energía externa y de combustibles fósiles, se están promoviendo experiencias piloto en distintos puntos de la Red de Carreteras del Estado para, por ejemplo, instalar placas solares en centros de conservación de carreteras o en zonas de dominio público. Así, se está haciendo un análisis para instalar un huerto solar sobre el falso túnel que existe en la MU-30 en Alcantarilla (Murcia).

Ya se están acometiendo actuaciones en tramos de la red (accesos, glorietas, etc.) y la instalación de placas solares en centros de conservación de carreteras y se están redactando proyectos específicos enfocados a transformar el sistema de iluminación.

En este sentido, también se apuesta por racionalizar la potencia eléctrica contratada, para reducir hasta un 10% el consumo, la instalación de puntos de recarga eléctricos y la transformación sostenible de la flota que presta servicio en la Red de Carreteras del Estado. Así, se potenciará la priorización de la adquisición, alquiler y renting de vehículos "Cero emisiones" o "Eco", para generar ahorros de entre 15% y 20% de consumo.

La Dirección General de Carreteras (DGC) cuenta con un parque de más de 600 vehículos propios que incluyen turismos, maquinaria, furgonetas, quitanieves o camiones. Actualmente el 60% de los turismos son "eco" y se espera alcanzar el 100% en los próximos años.

Con esta Estrategia se conseguirá:

  • Los ahorros generados por la estrategia equivalen al consumo anual de energía de más de 65.000 hogares.
  • Reducción de emisiones similar a las generadas por 30.000 vehículos al año.
  • Esta estrategia equivale a la plantación de 3,5 millones de árboles.
  • Creación de 7.650 empleos directos e indirectos.

Garantizar la seguridad

No se cambian los criterios que, por seguridad vial, deben ser iluminados:

  1. Autovías y autopistas:

Estará justificado iluminarlas cuando discurran por suelo urbano (ambas márgenes) y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • La intensidad media de vehículos sea igual o superior a 80.000 vehículos por día. (IMD ≥ 80.000 vehículos/día).
  • La intensidad media de vehículos sea igual o superior a 60.000 vehículos por día (IMD ≥ 60.000 vehículos/día) y se produzcan más de 120 días de lluvia al año.

No se iluminarán en general, aunque podrá justificarse su iluminación en caso de que el tramo sea un TCA (Tramo de Concentración de Accidentes) y en los dos últimos años más del 50% de los accidentes se hayan producido en periodo nocturno.

  1. Puntos singulares:

Estará justificada la iluminación de los puntos singulares en los siguientes casos:

  • Glorietas situadas en carreteras convencionales, en las que por tener una importante intensidad de tráfico o por su peligrosidad no sea suficiente con una correcta señalización y balizamiento de esta.
  • Enlaces situados en zonas interurbanas en los que la intensidad media de vehículos sea igual o superior a 80.000 vehículos por día (IMD ≥ 80.000 vehículos/día).
  • Enlaces situados en zonas interurbanas en los que la intensidad media de vehículos sea igual o superior a 60.000 vehículos por día (IMD ≥ 60.000 vehículos/día) y se produzcan más de 120 días de lluvia al año.
  • Cruces con glorietas e intersecciones a nivel, siempre que el tráfico de la carretera secundaria sea mayor que 10.000 vehículos por día, o bien sea un TCA con un porcentaje de accidentes nocturnos superior al 50% del total de accidentes durante los dos últimos años.


Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LOS PUERTOS DE VALENCIA, SAGUNTO Y GANDÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica de la Autoridad Portuaria de Valencia por un valor estimado de 57.200.000 euros.

Este acuerdo permitirá la contratación del suministro de energía eléctrica para los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía durante 2 años. El precio del suministro de energía eléctrica incluirá tanto el coste de producción, como los peajes de acceso y los restantes cargos que correspondan, así como los costes de comercialización.

El consumo global de energía activa a considerar en los tres puertos mencionados ha experimentado un incremento sostenido en los últimos años, alcanzando en el ejercicio 2021 los 89,25 GWh. En atención a estas cifras y a los efectos de la nueva contratación, la Autoridad Portuaria de Valencia prevé un crecimiento anual próximo al 5%.

De esta forma, la Autoridad Portuaria de Valencia asegurará la correcta explotación de sus puertos, prestando todos los servicios que exige la puesta a disposición de las infraestructuras portuarias a los transportistas marítimos, tales como la coordinación, ordenación y control del tráfico, el de coordinación y control de las operaciones asociadas a la prestación de servicios portuarios y comerciales, los servicios de señalización y ayudas a la navegación, el servicio de alumbrado de zonas comunes, entre otros.

(sagunto)

Conexión eléctrica de un buque

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DE MUELLE Y EXPLANADA EN EL PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras correspondientes al proyecto constructivo de ampliación de muelle y explanada en la dársena de La Galera en el puerto de la bahía de Algeciras por un valor estimado de 19.334.553,02 euros.

El objeto del proyecto es la construcción de un nuevo muelle que unirá las zonas de Isla Verde y de La Galera, con una longitud aproximada de 150 metros. Este cierre permitirá generar una nueva explanada con una superficie estimada de unos 18.900 m2. Este proyecto tiene una duración de 30 meses.

Características técnicas

En el nuevo muelle se ubicarán dos rampas ro-ro, cuya configuración geométrica responde a las características propias de la tipología de buques que se emplean para realizar el tráfico de pasajeros y vehículos de pasaje.

La construcción del nuevo muelle se articula mediante la disposición de 3 cajones de hormigón armado de 37 metros de longitud. Asimismo, esta longitud del muelle está comprendida por tres alineaciones, con la especificidad de que las dos alineaciones externas conforman los tacones de atraque de las rampas ro-ro.

Desde un punto de vista técnico-estructural, el proyecto incluye el dragado y pantalla provisional, el tratamiento del terreno y ejecución de columnas de grava, muelle de cajones, explanadas y cierres contra muelles existentes, superestructura y equipamiento, pavimentación, y redes de drenaje, abastecimiento e iluminación.

Desde un punto de vista presupuestario, la inversión correspondiente al proyecto constructivo de ejecución de obras de ampliación de muelle y explanada en la dársena de la Galera está prevista en el vigente plan de inversiones 2021-2025 de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, en la línea de inversión denominada "nueva alienación de muelle interior en dársena de Galera y nuevas explanadas para interconexión de existentes". Este Plan de inversiones forma parte del Plan de Empresa correspondiente al ejercicio 2022, acordado entre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Puertos del Estado.

Mediante esta actuación se atenderá de forma óptima y eficiente el aumento de tráfico de pasajeros y vehículos de pasaje, que resulta fundamental para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

(algeciras)

Puerto de Algeciras, dársena de la Galera

(algeciras 2)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

FINANCIACIÓN PARA VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER ASEQUIBLE O SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la transferencia de 10 millones de euros a las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la adquisición de viviendas titularidad de la Sareb para alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años.

Así, se ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se modifican varios reales decretos, como los que regulan el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 o los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las modificaciones, se ha simplificado la articulación de la transferencia de 10 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para la adquisición de viviendas propiedad de la Sareb que vayan a ser destinadas al alquiler asequible o social. El objetivo es facilitar la contribución de Sareb al incremento del parque público de viviendas.

Estos 10 millones de euros ya estaban consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 denominada "A comunidades autónomas y ayuntamientos para adquirir vivienda pública destinada a alquiler social. Recuperar 30% viviendas Sareb".

Además, este Real Decreto establece ajustes para facilitar la gestión del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, así como pequeños ajustes técnicos aplicables a actuaciones en curso de planes estatales anteriores.

Todos ellos tienen como objetivo no solo mejorar la gestión, sino alcanzar una mayor coherencia en los programas de ayudas, en referencia a los ciudadanos vulnerables social y económicamente, con otras actuaciones autonómicas y locales que van desarrollando en materia de vivienda.

Distribución

La distribución de los 10 millones de euros se realizará entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla conforme al reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrada el 9 de marzo de 2022 para la distribución territorial definitiva de los fondos estatales para atender las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

La cuantía de la subvención para la adquisición de viviendas a la Sareb podrá ascender hasta el 100% del precio o coste de adquisición (incluidos tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la adquisición). Estas viviendas habrán de destinarse al alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años y tendrán limitación de renta.

Asimismo, se introducen determinadas mejoras técnicas en el Real Decreto que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contribuirán a mejorar y agilizar la gestión por parte de las diferentes administraciones territoriales, así como en la tramitación de los procedimientos establecidos en los diferentes programas.

De esta forma, se atiende a diferentes aspectos identificados y se avanza en la colaboración entre administraciones públicas que caracteriza la aplicación de estos programas y que se puso de manifiesto en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del pasado 13 de septiembre, en la que se aprobaron por unanimidad la distribución territorial y los criterios de reparto de 1.889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, y que se suma a los 1.651 millones de euros que ya han sido transferidos en los últimos meses.

Educación y Formación Profesional

NUEVO CURSO DE FP DE ESPECIALIZACIÓN EN ROBÓTICA COLABORATIVA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Robótica colaborativa. Se trata del vigésimo curso de especialización creado por el Gobierno, a los que se suman 10 titulaciones más.

Este curso, de 400 horas de duración, está centrado en desarrollar proyectos tanto de brazos robóticos como de robots móviles autónomos, así como en realizar el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de dichos sistemas, siguiendo los criterios de calidad, seguridad, accesibilidad y respeto al medio ambiente.

Aquellas personas que posean un título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos; Mecatrónica Industrial; Mantenimiento Electrónico; Automatización y Robótica Industrial; o Electromedicina Clínica podrán acceder a este curso.

Los cursos de especialización complementan las competencias de quienes ya disponen de un título de FP de grado medio o superior y quieren especializarse en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad. Esta oferta formativa, en permanente actualización, responde de forma rápida a las innovaciones tecnológicas y sostenibles que se producen en el mercado. Para ello, durante el proceso de elaboración, el Ministerio cuenta con la colaboración de profesionales de empresas punteras de los distintos sectores productivos.

La aprobación de esta titulación responde a una de las actuaciones más importantes del Plan de Modernización de la Formación Profesional que está implementando el Ministerio. Se trata de la ampliación y renovación permanente de la oferta formativa atendiendo a los perfiles profesionales de los sectores emergentes y a los que se están viendo más afectados por la sostenibilidad, la digitalización y las nuevas tecnologías.

Cursos de especialización:

1. Cultivos Celulares

2. Autodescripción y subtitulación

3. Fabricación Inteligente

4. Ciberseguridad en entornos de tecnologías de la operación

5. Ciberseguridad en entornos de tecnologías de la información

6. Digitalización de mantenimiento industrial

7. Panadería y bollería artesanales

8. Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias

9. Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario

10. Videojuegos y realidad virtual

11. Implementación de redes 5G

12. Modelado de la información de la construcción (BIM)

13. Inteligencia artificial y Big Data

14. Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

15. Fabricación aditiva

16. Materiales compuestos en la industria aeroespacial

17. Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos

18. Instalación y mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet

19. Aeronaves pilotadas de forma remonta-Drones

20. Robótica colaborativa

Industria, Comercio y Turismo

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 82.187,11 euros para el sostenimiento de la European Travel Commission (ETC), asociación internacional sin ánimo de lucro responsable de promocionar el destino turístico "Europa" en mercados turísticos extra europeos.

La ETC se ha convertido en socio prioritario de la Unión Europea para la promoción de Europa como destino turístico, recibiendo subvenciones de 6-7M€/año para desarrollar acciones de promoción y la ejecución de acciones de investigación en materia de inteligencia de mercados. Las organizaciones nacionales de turismo miembros de la ETC pueden presentar proyectos cofinanciables con dichos fondos; de ahí la gran importancia de que cumplan con la obligación del pago de la cuota.

La pertenencia a la ETC ayuda a España, por un lado, a penetrar en mercados lejanos, lo que contribuye a diversificar y desestacionalizar nuestro mercado turístico, y por otro, a influir en la política turística comunitaria.

Agricultura, Pesca y Alimentación

INTERVENCIÓN SECTORIAL APÍCOLA EN EL MARCO DE LA PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real decreto por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que establece el marco normativo para la aplicación del programa sectorial de apoyo al sector apícola en la nueva Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. La dotación del programa de ayudas será de 19 millones de euros anuales.

El sector apícola tiene una importancia de primera magnitud en España, desde el punto de vista socioeconómico, ya que es el primer productor de miel de la Unión Europea, y medioambiental, por el papel que desempeñan las abejas en la polinización. El sector cuenta con 36.494 apicultores y 2.952.951 colmenas.

La intervención sectorial en el sector apícola dentro de la nueva PAC consta de hasta 38 medidas agrupadas en nueve líneas de actuación para apoyar a los apicultores en la lucha contra las agresiones de las colmenas, la realización de inversiones, la asistencia técnica y capacitación del personal, la adaptación al cambio climático, los retos sanitarios, la investigación, la mejora de la calidad y la comercialización de la miel y los productos apícolas.

De los 19 millones de euros de presupuesto anual para esta intervención, 9,5 millones son aportados por la Unión Europea, 4,9 millones por el Estado y el resto por las distintas comunidades autónomas.

Entre las principales novedades con respecto a los planes apícolas desarrollados hasta ahora, la nueva intervención sectorial introduce una línea destinada a prevenir los daños ocasionados por fenómenos climáticos adversos y fomentar el desarrollo y la utilización de prácticas de gestión adaptadas a unas condiciones climáticas cambiantes. Además, se potencian las acciones destinadas a la mejora de la comercialización y promoción, se fomenta el desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de los productos apícolas, y se establece un nuevo enfoque para el refuerzo de los programas de investigación en el sector de la apicultura y los productos apícolas.


Agricultura, Pesca y Alimentación

OBRAS DE LA RED DE RIEGO DE PAYUELOS (ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO)

El Consejo de Ministros ha acordado encargar a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) la ejecución de las obras del proyecto actualizado de la estación de bombeo y red de riego del sector X de la subzona de Payuelos, en la zona regable del embalse de Riaño, en las provincias de León y Valladolid.

Las obras contarán con un presupuesto de 12.581.946,69 euros y afectan a una superficie total de 4.098 hectáreas, de las que 1.887 se consideran regables. El proyecto beneficiará a 365 regantes en los términos municipales de Villamoratiel de las Matas y El Burgo Ranero, en la provincia de León. En esta zona se cultivan principalmente maíz, cebada, forrajeras, leguminosas y alfalfa.

El proyecto incluye la ejecución de las obras de la estación de bombeo y de las conexiones de ésta con la tubería de abastecimiento y con el inicio de la red principal de tuberías. La red de distribución de riego tendrá una longitud aproximada de 27.088 metros. La actuación incluye también la instalación eléctrica en alta y baja tensión, sistema de control automatizado, medidas protectoras y obras de corrección del impacto ambiental.

La ejecución de estas obras se llevará a cabo en base a las directrices y características técnicas que figuran en el plan coordinado y en la declaración de impacto ambiental de la zona, y de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Duero.


Agricultura, Pesca y Alimentación

INTERVENCIÓN SECTORIAL VITIVINÍCOLA EN EL MARCO DE LA PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que establece las bases regulatorias para la nueva Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC). El programa sectorial para el sector vitivinícola cuenta con un presupuesto de 202,1 millones de euros anuales entre 2024 y 2027.

Con la aprobación de este texto legislativo, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC.

El objeto de esta intervención sectorial será atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.

Los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son:

  • Reestructuración y reconversión de viñedos
  • Inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización.
  • Cosecha en verde
  • Destilación de subproductos de la vinificación
  • Actividades de promoción y comunicación en terceros países

El sector del vino en España requiere impulsar su comercialización e incrementar su valor añadido, por lo que se focaliza el esfuerzo en las intervenciones de promoción en terceros países y en el apoyo a las inversiones en las infraestructuras (bodegas).

Además, las intervenciones de inversiones, destilación de subproductos y reestructuración y reconversión de viñedos persiguen modelos más sostenibles de producción acordes con los objetivos generales de la PAC.

La intervención sectorial prevé la posibilidad de recurrir, cuando sea preciso, a la cosecha en verde como herramienta de actuación en casos excepcionales ante posibles situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda.

España responde con esta Intervención Sectorial Vitivinícola a las nuevas exigencias de la PAC, que establecen un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de, al menos, el 5 % de su presupuesto.

Los primeros dos años de aplicación de la ISV se harán en paralelo con las operaciones y programas que están en ejecución y que fueron aprobados en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-23 antes del 31 de diciembre de 2022 y que podrán ejecutarse y pagarse como máximo hasta el 15 octubre de 2025.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y por el que se modifican el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, aprobado por el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, y el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.

En virtud de este Real Decreto, el ISCIII, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, gestionará el funcionamiento del Laboratorio de Control de Dopaje, hasta ahora dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD).

Este cambio orgánico de dependencia entre organismos se produce como consecuencia de la necesidad de cumplir con la prescriptiva separación e independencia de los Laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje respecto de las organizaciones nacionales antidopaje y autoridades deportivas.

Con la incorporación del Laboratorio, el ISCIII llevará a cabo procedimientos analíticos y complementarios de control del dopaje, cuya finalidad es comprobar en muestras extraídas a deportistas profesionales la presencia de sustancias prohibidas, o el uso de métodos no reglamentarios.

El objetivo es comprobar la posible transgresión a las normas nacionales e internacionales que prohíben el dopaje con sustancias incluidas en la Lista de Sustancias Prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Además del análisis de muestras, el ISCIII gestionará la elaboración de estadísticas de control del dopaje desde el laboratorio, de muestras procedentes de entidades signatarias del código mundial antidopaje, tanto nacionales como internacionales, que puedan encomendarle procedimientos analíticos de control del dopaje. Finalmente, el Laboratorio también sumará actividades de investigación y desarrollo experimental.


Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

INCREMENTO DE LAS INDEMNIZACIONES PARA AFECTADOS POR ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se incrementan las cuantías de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las personas afectadas por accidentes de circulación, establecidas en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor.

Con esta modificación se refuerzan y mejoran de forma generalizada los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico y supone un incremento de las indemnizaciones en beneficio de las víctimas y perjudicados, especialmente para los lesionados más graves.

La Ley recoge las hipótesis de cálculo para las cuantías de las indemnizaciones, cuya actualización en el caso de las indemnizaciones básicas es automática. Para los lesionados más graves es necesaria una actualización periódica, que es la que se aborda en el Real Decreto aprobado, para adaptarlas a la evolución socio económica, incluyendo la necesaria reparación económica justa de las víctimas.

De forma específica, se incrementan las indemnizaciones por lucro cesante, aumentando las cuantías que percibirían tanto las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento en accidente de circulación (conjugue, hijos, padre, hermanos, abuelos, nietos y allegados), como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara incapacidad permanente. Asimismo, se actualizan e incrementan las indemnizaciones en caso de necesidad de que el accidentado requiera la ayuda de terceras personas como consecuencia del siniestro.

Con estas modificaciones se actualiza el sistema de indemnización a las víctimas de tráfico, que en España se fijan a través de un sistema valoración de carácter legal (baremo), muy protector de las víctimas, con la participación de una Comisión de Seguimiento en la que están todas las partes implicadas, con especial presencia de las asociaciones de víctimas, y es una referencia a nivel internacional.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Domocrática

UNIFICACIÓN DE LAS COMANDANCIAS DE GUARDIA CIVIL DE OVIEDO Y GIJÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la unificación de las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón bajo la denominación de Zona de la Guardia Civil del Principado de Asturias, que tendrá su sede en la capital asturiana.

Esta misma unificación ya fue aprobada el 24 de agosto de 2021, pero la anuló la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al considerar que no se sometió a informe del Consejo de la Guardia Civil.

El acuerdo aprobado este martes subsana tales defectos, pues se ha cumplido con el trámite de informe del Consejo de la Guardia Civil y el expediente incluye una extensa memoria justificativa sobre los cambios económicos y demográficos acaecidos en ese territorio, en especial la constante concentración de población en núcleos urbanos, que avalan la reestructuración operativa.

La unificación de las comandancias de Oviedo y Gijón en la nueva Zona del Principado de Asturias supondrá una mejora de la operatividad de la Guardia Civil en el principado porque evita duplicidades en algunas unidades, lo que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía.

El número de efectivos de la Guardia Civil en Asturias no se va a ver afectado en el futuro. Una vez aprobado el acuerdo por el Consejo de Ministros, se pone en marcha un proceso de reorganización de unidades que se materializará mediante adaptaciones orgánicas a los nuevos puestos de trabajo resultantes, que se llevarán a cabo poco a poco, a medio plazo, de manera que no afecte al personal o solo de manera residual.

El Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, determina la organización periférica de la Guardia Civil y la adecua a la realidad autonómica del Estado, para lo que hace coincidir la demarcación de cada zona con el territorio de una sola comunidad autónoma y la demarcación de cada comandancia con el de una provincia, con dos excepciones: el Principado de Asturias, donde permanecían las comandancias de Oviedo y de Gijón, y Cádiz, para el que mantienen las comandancias de la capital de la provincia y de Algeciras.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

CONEXIÓN DE LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA Y LA ZONA LOGÍSTICA DEL PUERTO DE TARRAGONA

El Consejo Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante el Departament de Territori, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU y la Autoridad Portuaria de Tarragona por el que se establecen las condiciones de ejecución y las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Tarragona con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria del proyecto "Nueva rotonda en la C-31B en el PK 6+870 cruce con la TV-3146. Vila-Seca", por importe de 2.798.499,85 euros.

La construcción de esta rotonda permitirá la conexión entre la carretera Salou-Tarragona C-31B, la carretera TV-3146 y la zona de actividad logística del Puerto. La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ha recurrido al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFATP), instrumento creado a través de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, para financiar dicho proyecto, cuyo presupuesto estimado asciende a los 2,8 millones de euros (sin IVA).

La actuación incluida en el convenio abarca el desarrollo de las obras de vialidad, contempladas en el Plan Especial de Infraestructuras de accesos a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Tarragona. Dicha intervención permitirá conectar el vial principal de la ZAL y del Puerto de Tarragona, con la carretera C-31B, mediante la mencionada rotonda.

Según este convenio, la APT se encarga de la redacción del proyecto, mientras que la Generalitat lo hará de la gestión de la ejecución de las obras, que comprende la licitación, contratación y gestión del seguimiento y supervisión de éstas, así como de las asistencias vinculadas a la ejecución de los trabajos.


Política Territorial

DENEGADA UNA CONSULTA POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

El Consejo de Ministros no ha autorizado al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) a celebrar una consulta popular sobre la conveniencia de elevar petición al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales para la conversión del municipio en comunidad autónoma de acuerdo con el art.144 de la Constitución Española.

El artículo 149 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Por su parte, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, estableciendo en su artículo 71, la exigencia de ser "asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

El asunto que se proyecta someter a consulta popular supera claramente el carácter local y trasciende del puro interés vecinal al centrarse sobre una cuestión de interés nacional de trascendencia constitucional.

La consulta además sería inconstitucional porque el cuerpo electoral considerado no es el establecido en el bloque de la constitucionalidad, ni la tramitación propuesta la procedente de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por lo que la consulta vulneraría el derecho a la participación política de los andaluces en la que se presenta como una propuesta de consulta municipal.

Política Territorial

AUTORIZADA LA CONSULTA POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante) a celebrar una consulta popular sobre el trayecto de las entradas "mora" y "cristiana" de las fiestas populares. En concreto, en la consulta se realizará la siguiente pregunta: "¿Por dónde prefiere que transcurran las Entradas Mora y Cristiana de las Fiestas Populares de Muro de Alcoy?", con dos respuestas que recogen dos posibles trayectos.

El artículo 149 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares" y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a las consultas populares en su artículo 71, con la exigencia "de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

Al reunir la solicitud todos los requisitos legales, el Consejo de Ministros ha autorizado tal celebración.

Derechos Sociales y Agenda 2030

INFORME DE PROGRESO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Progreso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2022, el cual da cuenta del cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en España.

Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas con la ciudadanía y también con Naciones Unidas. El informe refleja los avances en los compromisos y aporta una fotografía del momento social, económico y medioambiental, tomando como referencia los retos pendientes para 2030. Además, recoge los avances del último año en tres aspectos claves para el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país:

En primer lugar, en materia social, al evidenciar que el escudo social, el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas de protección a las familias han mitigado el impacto de los efectos socioeconómicos de la pandemia y de la guerra de Ucrania. También se ha avanzado muy sustancialmente en la protección de los derechos laborales, con medidas como el incremento continuado del Salario Mínimo Interprofesional o la aprobación de la reforma laboral, que ha significado un hito para la creación de empleo estable y de calidad.

En segundo lugar, los derechos feministas y la erradicación de las violencias machistas han sido otro de los focos durante este primer año de implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. En este ámbito, se han desplegado medidas como la Ley Orgánica Integral de Garantía de la Libertad Sexual, una norma clave para la prevención y el abordaje de las violencias sexuales, o la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Y, por último, en tercer lugar, en transición ecológica, España ha avanzado hacia un sistema productivo medioambientalmente más sostenible. Prueba de ello es que, en 2021, las emisiones de CO2 (equivalente) se mantuvieron por debajo de los niveles de 1990 y fueron un 8% inferiores a las del año 2019. Por su parte, el papel de las renovables en la generación de electricidad continúa en ascenso, y ya en 2021 supusieron el 46,7% del total, contribuyendo así a la descarbonización del sistema energético. Se ha aprobado, a su vez, una importante batería de herramientas para mejorar la conservación y protección de los ecosistemas marinos y terrestres, aplicando el mejor conocimiento científico disponible a este objetivo.

Ciencia e Innovación

AYUDAS A PROYECTOS DE I+D

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), E.P.E., la concesión de 15 millones de euros en ayudas destinadas a proyectos de I+D con participación española seleccionados en las convocatorias internacionales competitivas del Programa Eurostars-3, en el marco del Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro Entorno del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

En concreto, se financiarán actividades de investigación aplicada o desarrollo experimental, presentadas al programa internacional Eurostars 3, que hayan sido evaluadas de forma favorable, por encima de la nota de corte, y cuenten con financiación pública y/o privada en el resto de los países de los consorcios.

El objetivo es fomentar las actividades de I+D+I lideradas por pymes que, por representar una mejora tecnológica sustantiva o una innovación para el mercado, contribuyan a mejorar la posición de las pymes y su competitividad internacional.

Programa Eurostars

Eurostars es un programa de apoyo a las pymes innovadoras para el desarrollo de proyectos trasnacionales colaborativos y orientados al mercado. En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI, es responsable de la gestión del programa.

Eurostars se articula en un partenariado cofinanciado por el Programa Marco Horizonte Europa de la Comisión Europea, el instrumento fundamental para impulsar las políticas de I+D+I de la Unión Europea.

Derechos Sociales y Agenda 2030

FINANCIACIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el anticipo de la cuantía total de los importes previstos en los convenios a suscribir entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la financiación de las actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia en el ejercicio 2022.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, dispone como una de las competencias del Consejo territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) la de «acordar el Marco de Cooperación Interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10».

Asimismo, el artículo 10.1 de la citada Ley determina que «en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el Marco de Cooperación Interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas».

Para el presente ejercicio 2022, en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se ha consignado como la aportación de la Administración General del Estado para la financiación de este nivel acordado de protección un total de cuatrocientos ochenta y tres millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinte euros (483.197.420 €).

Para su distribución entre las comunidades autónomas de régimen común (ya que tanto la comunidad autónoma del País Vasco como la Comunidad Foral de Navarra poseen unos regímenes económicos específicos), en fecha de 19 de julio el Consejo de Ministros procedió a la aprobación del Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, para su sometimiento al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el Marco de Cooperación Interadministrativa, y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Una vez alcanzado este acuerdo, y tras la oportuna aprobación del gasto, con fecha de 28 de julio se aprobó en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el Acuerdo sobre el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.

Como desarrollo del citado Marco de Cooperación Interadministrativa 2022 (al igual que en el pasado ejercicio 2021) se están negociando los oportunos convenios con las comunidades autónomas. Y a los efectos del libramiento efectivo de las cantidades que le correspondan a cada comunidad, en el pasado ejercicio 2021 tales pagos se acomodaban a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, lo que en la práctica supuso la necesidad de llevar a cabo varios pagos a cada comunidad autónoma.

No obstante, y precisamente para agilizar la transferencia efectiva de dichos créditos a cada comunidad autónoma, en la Disposición Adicional centésimo novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 se ha dispuesto la posibilidad de efectuar un único pago en concepto de anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas, estableciendo asimismo que para ello se requiere la oportuna autorización del Consejo de Ministros.

Una vez recabada la oportuna autorización por parte del Consejo de Ministros, se efectuará un único pago a cada comunidad autónoma, referido a la totalidad de las cantidades que le hayan correspondido en la distribución establecida en el Marco de Cooperación Interadministrativa 2022.

BIOGRAFÍAS

Trabajo y Economía Social

Consejera del Consejo Económico y Social en representación del sector de la economía social

Dª.LEIRE MUGUERZA GARATE

Ingeniera técnica Industrial por la Mondragón Unibertsitatea y MBA máster en dirección de empresas cooperativas (Otalora).

Ha desarrollado su actividad en diversas cooperativas de la Corporación Mondragón. Comenzó su trayectoria profesional en 1998 en una empresa del área industrial de Mondragón, EIKA S. Coop., donde ejerció diversas responsabilidades hasta ocupar el cargo de directora Industrial y de sistemas del Grupo Eika. Fue también presidenta del Consejo Rector de la misma cooperativa.

En 2007, siguió su desempeño en la cooperativa Cooperativa de Enseñanza, Lea Artibai Ikastetxea, integrada en el área de conocimiento de Mondragón Cooperativa donde trabaja actualmente, compaginando sus funciones desde el 2012 con la presidencia del Consejo rector de Eroski S. coop., cooperativa del área de distribución de Mondragón.

En enero 2022 ha sido nombrada presidenta del Congreso y la Comisión Permanente de la Corporación Mondragón, cargo que seguirá compatibilizando con las anteriores.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República Oriental de Uruguay

D.SANTIAGO JIMÉNEZ MARTÍN

Nacido en 1978 en Madrid. Diplomático de carrera. Licenciado en Derecho, ha cursado también estudios en Historia del Arte. Posee un nivel avanzado de alemán y conocimientos básicos de árabe. Inició su trabajo en la Administración en 2005 en la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2008 se incorporó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como ayudante diplomático del presidente del Gobierno.

Ha estado destinado en Yaundé (Camerún) y en Banjul (Gambia) en el marco del Plan África. Ha ocupado el cargo de consejero de Información y Prensa en la Embajada de España en El Cairo y el puesto de encargado de Negocios A.l. en la Embajada de España en Damasco desde 2012 a 2015. Su siguiente destino fue la Embajada de España en Abu Dhabi entre los años 2015 a 2019.

En 2019 fue nombrado subdirector general en la Oficina de lnformación Diplomática y en enero de 2020 director adjunto del Gabinete del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 con rango de director general y a cargo de la estrategia internacional del Departamento. En abril de 2021 se convirtió en el director del Gabinete de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Tras cesar en ese cargo en mayo de 2022 se incorporó a la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Es autor del libro "Diplomacia y periodismo ¿cooperación o competición?" y coautor del libro "Acción exterior y derechos de las personas LGTBI" ambos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

D.ÁNGEL LOSSADA TORRES-QUEVEDO

Diplomático desde 1988, ha estado destinado a lo largo de su carrera en las embajadas de España en Moscú, Argelia, París, Líbano y Sudáfrica y, como embajador, en la República de Chipre y en la República Checa. En Madrid, entre otros puestos, ha sido subdirector general de Oriente Medio; director general de Asuntos Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme y Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Director General de Carreteras

D. JUAN PEDRO FERNÁNDEZ PALOMINO

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Posee un máster en Administración Pública por el INAP y un Programa de Desarrollo Directivo por ESADE.

Antes de su ingreso en la AGE, ocupó diversos puestos de carácter técnico y de gestión en el Canal de Isabel II. En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desempeñado diversos cargos, destacando el de director técnico de Planificación donde ha sido responsable de impulsar la organización y coordinación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Ministerio. Desde septiembre de 2021, ocupaba el cargo de subdirector general de Planificación, Red Transeuropea y Logística, encargado de las políticas de desarrollo de los corredores europeos, programas de apoyo a la intermodalidad y planificación multimodal de infraestructuras.

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