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COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL PARA PROFESIONALES

En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, la salida de Reino Unido de la Unión Europea podría tener repercusión en la práctica jurídica, en los procedimientos judiciales transfronterizos que afectan tanto a los ciudadanos como a las empresas, así como al reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales.

La cooperación judicial civil está "comunitarizada", de conformidad con el Art. 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sus disposiciones más importantes se rigen por los Reglamentos de la Unión Europea aprobados sobre la materia. En caso de falta de acuerdo, dichos Reglamentos dejarán de aplicarse y la cooperación judicial civil entre España y Reino Unido se regirá por los Convenios Internacionales adoptados en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado .

¿Por qué ley se regularán las relaciones contractuales y la responsabilidad no contractual? ¿Por ejemplo, en el caso de daños?

En un escenario de no acuerdo entre la UE y Reino Unido, continuarán aplicándose los Reglamentos Roma I (593/2008) y Roma II (864/2007), así como el anterior Convenio de Roma (residualmente, en relación a Dinamarca). Téngase presente el carácter universal de la ley aplicable cuando sea un juez español o de otro Estado miembro el competente. Ahora bien, los Reglamentos no serán aplicables si la competencia corresponde a un Tribunal británico.

¿Las disputas comerciales que actualmente se presentan ante los tribunales británicos pueden ser juzgadas por los tribunales españoles?

En ausencia de acuerdo de retirada, será de aplicación el Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre elección de foro, del que forman parte la Unión Europea y Reino Unido. En lo no regulado, será de aplicación, como norma de cierre, la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación internacional en materia civil.

Otras cuestiones relacionadas, como el acceso a la justicia, obtención de pruebas, comunicaciones, litispendencia, etc., se regirán por los respectivos Convenios de La Haya (incluido el Convenio en negociación sobre sentencias judiciales) y, en lo no regulado por éstos, por la Ley 29/2015, de 30 de junio.

¿Los abogados británicos podrán seguir ejerciendo su profesión en España?

Los abogados británicos sí podrán seguir ejerciendo en España, a partir de la retirada efectiva del Reino Unido de la UE, si bien, exclusivamente, conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  • Obtención del Grado en Derecho en una Universidad Española -reconocido por convalidación parcial de los estudios en el extranjero y tras aprobar las asignaturas que no puedan ser convalidadas-.
  • Realización de un master de acceso a la Abogacía, que incluirán un periodo de prácticas obligatorias.
  • Aprobar el examen para el ejercicio de la abogacía, que convoca el Ministerio de Justicia.

Asimismo, los abogados británicos tendrán que tramitar, antes de colegiarse en el respectivo colegio de abogados, el trámite de dispensa de nacionalidad ante el Ministerio de Justicia, previsto en el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y en el Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e interior.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, establece, en su artículo 7, medidas de contingencia para el acceso y ejercicio de profesiones, que resultan de aplicación a los abogados del Reino Unido.

En particular, se reconoce que los abogados que estén ejerciendo de forma permanente en España la profesión de abogados, podrán continuar ejerciendo dicha profesión, siempre que cumplan el resto de condiciones a las que se encuentra sometido su ejercicio.

Asimismo, dicho artículo prevé, de manera específica, que los nacionales británicos podrán participar en la realización de las pruebas de aptitud, esto es, en las pruebas de acceso a la abogacía, sin necesidad de solicitar el trámite de dispensa de nacionalidad, siempre que éstas se hubieran convocado antes de la fecha de retirada efectiva del Reino Unido.

En este caso, es claro que los aspirantes británicos que se presenten a la prueba de acceso a la abogacía, prevista para el próximo día 27 de octubre de 2019, quedan exentos de realizar este trámite de dispensa de nacionalidad.

¿Cuál es el régimen transitorio de los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil con el Reino Unido?

De acuerdo con las previsiones del artículo 17 del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea:

  • Los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto-ley al amparo de cualquiera de los instrumentos de la Unión Europea, finalizarán su tramitación conforme a la normativa vigente en el momento de su iniciación. Una vez finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos que traigan causa del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre España y el Reino Unido, y por la legislación nacional que resulte de aplicación. A estos efectos, la fecha de inicio de los respectivos procedimientos será la fecha de recepción de la solicitud.
  • Los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley se someterán a los convenios internacionales de ámbito multilateral en vigor entre España y el Reino Unido y a la legislación nacional que resulte de aplicación.