Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Mitma transfiere más de 354 millones de euros a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para subvenciones estatales a la vivienda

Sábado 10 de abril de 2021

Esta cantidad se suma a los 328.011.606 euros transferidos por el Ministerio en 2018, 325.127.239 euros en 2019 y 446.637.200 euros en 2020, para atender estas subvenciones, lo que supone que, en total, la cantidad transferida por Mitma para ayudas estatales a la vivienda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ascienda a 1.454.031.645 euros.
El Plan Estatal de Vivienda contempla un conjunto de ayudas que contribuye a facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los ciudadanos con especial atención a los más vulnerables.
Las transferencias correspondientes al presupuesto del ejercicio 2021 se han realizado a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla en cumplimiento de los convenios firmados para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y de lo establecido en el Real Decreto- ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
La distribución por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla es la siguiente:

La distribución por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla es la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Importe

Andalucía63.612.000 euros
Aragón14.136.000 euros
Asturias12.276.000 euros
Baleares 8.928.000 euros
Canarias19.716.000 euros
Cantabria 7.068.000 euros
Castilla y León20.088.000 euros
Castilla-la Mancha14.880.000 euros
Cataluña53.940.000 euros
Extremadura11.160.000 euros
Galicia21.204.000 euros
La Rioja6.324.000 euros
Madrid41.403.600 euros
Murcia16.368.000 euros
Valencia42.408.000 euros
Ceuta372.000 euros
Melilla372.000 euros
Total 354.255.600 euros

Este importe se destina a ayudas al alquiler para arrendatarios con menos recursos con especial atención a los jóvenes y a las personas mayores de 65 años; a ayudas a las víctimas de violencia de género, a personas sin hogar y a personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a ayudas para el alquiler a arrendatarios con vulnerabilidad sobrevenida a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Se dirige también a ayudar a las Administraciones Públicas y a sus organismos dependientes o vinculados para la adquisición de viviendas con objeto de incrementar el parque público de vivienda, así como a ayudas a la promoción de viviendas para ser destinadas al alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 25 años.
Asimismo, se destina al fomento de la rehabilitación de viviendas tanto en términos de sostenibilidad y mejora de eficiencia energética como a la mejora del estado de conservación y de la accesibilidad, así como al fomento de la regeneración y renovación urbana rural.