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Convenios marco de colaboración con CGPJ y CC.AA.

El Ministerio de Justicia apuesta por la mediación en un impulso a los medios alternativos para la resolución de conflictos

Lunes 27 de abril de 2015

Durante su intervención en el acto celebrado en la sede del Consejo General del Poder Judicial, la secretaria de Estado ha subrayado que con la firma de estos convenios se da un paso adelante en la apuesta del Ministerio de Justicia por ofrecer al conjunto de la sociedad más opciones para la resolución de controversias, a través de mecanismos que fomenten la cultura del consenso. De hecho, la mediación supone un medio alternativo para la resolución de conflictos en el que, a diferencia del arbitraje, se busca un resultado que sea fruto del propio acuerdo entre las partes, y no de la imposición o decisión de un tercero.

La mediación está regulada en nuestro país a través de la Ley 5/2012, de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que permitió desarrollar los instrumentos necesarios para la adecuada implantación de la mediación, y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que completó la regulación legal en materia de formación y responsabilidad civil de los mediadores.

La utilización en mayor medida de la mediación permitirá a jueces y magistrados centrar sus esfuerzos en sus funciones jurisdiccionales y racionalizará las cargas de trabajo de los juzgados, al mismo tiempo que fortalecerá la capacidad de la sociedad en su conjunto para encontrar soluciones surgidas de su propia voluntad. No obstante, como subrayó la secretaria de Estado, será necesario el concurso y la participación de los jueces, de los magistrados y de los secretarios judiciales para asegurar el funcionamiento de una herramienta que tiene todavía un grado de aceptación incipiente tanto en España como en toda la Unión Europea.

Finalmente, Carmen Sánchez-Cortés enmarcó la firma de estos convenios en el compromiso del Ministerio de Justicia con el diálogo y la colaboración entre las distintas instituciones para lograr una Justicia eficaz que garantice la tutela judicial efectiva, y que sea capaz de proporcionar a la sociedad un conjunto de instrumentos - y no uno solo - impulsando, en cada caso, el que resulte más adecuado para la solución del conflicto del que se trate.

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