Este avance es un signo del creciente consenso en la comunidad internacional hacia la moratoria universal, que España apoya, y constituye un éxito sin precedentes para los estados que, como nuestro país, abogan por la abolición de la pena de muerte en todo lugar y circunstancia, con independencia de la gravedad del delito, por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante, que no tiene efectos probados en la prevención del crimen, además de producir efectos irreparables en caso de error judicial.