Campo aborda con el presidente de CEPYME las iniciativas del Gobierno para la agilización en los ámbitos concursal y societario

El ministro le ha trasladado que, en el escenario actual de reconstrucción del país tras la pandemia, la Justicia ha de consolidarse como elemento vertebrador y dinamizador de la economía.

El encuentro, como los que viene manteniendo Campo en las últimas semanas, ha tenido como objetivo abrir un cauce de colaboración entre ambas instituciones y poner sobre la mesa las inquietudes y necesidades de la pequeña y mediana empresa para su estudio e inclusión en los proyectos del Ministerio de Justicia.

El ministro ha explicado que con #Justicia2030 se pretende transformar el actual modelo de servicio público de la Justicia a largo plazo con actuaciones que impactarán en el sector económico y empresarial. En este marco, se ha referido a los planes de choque que ayer aprobó el Gobierno para aliviar la litigiosidad en los juzgados derivada del COVID-19 y que tiene que ver, en gran parte, con procedimientos relativos a conflictos laborales y empresas en concurso de acreedores.

Campo ha enfatizado las políticas de protección al empleo que ha puesto en marcha el Ejecutivo durante la pandemia, como los beneficios y exoneraciones de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal y las ayudas a autónomos prorrogadas hasta el mes de septiembre. Con las medidas contempladas en el II Acuerdo social en defensa del empleo, se han protegido los empleos de casi 3,5 millones de personas en los últimos meses y 500.000 empresas en una economía orientada al sector servicios.

Además, el ministro ha enumerado los diferentes proyectos legislativos emprendidos en los últimos meses de especial interés para el sector, fundamentalmente en materia concursal. En concreto, la reciente aprobación del texto refundido de la Ley Concursal, la implantación de un marco legal actualizado para facilitar la reestructuración y, en su caso, exoneración de deudas, de pymes y empresarios, o el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que incluye medidas puntuales importantes como la suspensión transitoria de la obligación a las empresas de solicitar la declaración de concurso.