Reunión en la sede del ministerio

Delgado traslada a las asociaciones de mujeres que el presupuesto de Justicia subirá un 8,75% en 2019 en materia de género

Miércoles 23 de enero de 2019

En total, el Gobierno destinará 220 millones a las políticas previstas en este acuerdo firmado entre todos los partidos representados en el Congreso, de los que 64 millones serán directamente gestionados por el Ministerio de Justicia.

Los mayores incrementos coinciden con algunas de las demandas que los colectivos de mujeres han trasladado hoy a la ministra, como las dotaciones presupuestarias destinadas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que recibirán un 59,04% más que en el ejercicio anterior (2,24 millones de euros), y las Unidades de Valoración Forense Integral, a las que se destinarán más de 9,6 millones, un 57,48% más que en 2018. Esta partida de 64 millones de euros se traducirá también en un aumento de las medidas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer, que recibirán un 2,08% más que al pasado año y las fiscalías especializadas en violencia de género.

Otra de las demandas expresadas por las representantes de las asociaciones ha sido la de una mayor formación de jueces, fiscales y el resto de operadores jurídicos en materia de violencia de género, tal y como se recoge en el propio Pacto de Estado. La ministra les ha trasladado que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Ministerio y aprobada el pasado diciembre incluyó la materia de igualdad entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción de jueces y fiscales, así como en su formación multidisciplinar y en su plan de formación continua. Según el Proyecto de Presupuestos para 2019, la convocatoria de ingreso de jueces y fiscales será de 500 plazas, la mayor desde hace 25 años.

Delgado ha explicado además que el proyecto de Presupuestos para 2019 prevé un incremento del 20% en la partida destinada al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que pasa de 10 a 12 millones de euros. Ese centro es el que se encargará de la formación inicial y continuada en género e igualdad de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, forenses, policías y el resto de operadores jurídicos. En los últimos tres meses, el Ministerio ha organizado cursos de capacitación en esta materia para funcionarios en los que han participado unas 550 personas procedentes de toda España. Estas jornadas formativas han contado con la participación de ponentes del Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los ministerios de Igualdad, Sanidad, Exteriores e Interior, así como con asociaciones de víctimas.

Durante el encuentro, la ministra se ha referido también a los proyectos normativos que está liderando el ministerio para el refuerzo de estas políticas públicas, uno de los principales ejes de su departamento. Así, el Consejo de Ministros estudiará en las próximas semanas la propuesta legislativa de reforma del Código Penal que incluirá el informe encargado a la Comisión General de Codificación sobre la tipificación de los delitos sexuales. Además, prosiguen los trabajos del consejo asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género a fin de que el nuevo texto que se impulse tenga en cuenta la realidad social actual. Delgado ha informado también de que se han iniciado los trabajos para el desarrollo de una ley integral contra la trata de seres humanos en la que colabora su departamento.

En el marco de la protección a los menores, Delgado ha puesto también sobre la mesa el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia aprobado recientemente por el Gobierno y en el que, además de Justicia, ha participado el Ministerio de Sanidad. Se trata de una iniciativa que pretende reforzar las garantías para el libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes al establecer una protección integral que incluye medidas de concienciación, prevención, detección y reparación del daño en todos los ámbitos de su vida. La norma prevé que el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 30 años.

A la reunión han asistido, además de la ministra Delgado, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la presidenta de la  Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana Mª Pérez del Campo; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mª Ángeles Jaime de Pablo; Rocío Nieto Rubio y Rocío Mora Nieto, de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida; Mª José Bueno Casas, de la Federación de Mujeres Progresistas; María García Sánchez, de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad; Martina Kaplun Asensio, de la Red Española Contra la Trata de Personas; Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres; Rosa San Segundo, de la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista; y Blanca Serrano, representante de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género.