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Grande-Marlaska presenta un Plan de acción para prevenir y perseguir los delitos de odio y mejorar la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Martes 15 de enero de 2019

Aunque cuantitativamente estos delitos no representen un porcentaje significativo del total de infracciones penales cometidas en España, son un objetivo prioritario del Gobierno por representar un ataque especialmente grave contra los derechos humanos y los valores de diversidad y pluralidad que sustentan la democracia.

El plan de acción parte de la convicción de que la transcendencia de estos delitos va más allá de su cuantía objetiva, puesto que al agredir a un miembro de un colectivo susceptible de ser victimizado a causa de sus especificidades se está atacando e intentando amedrentar al colectivo en su conjunto.

Con el propósito de dar un nuevo impulso y marcar una dirección estratégica en esta lucha, Grande-Marlaska ha presentado en la sede del Ministerio del Interior un plan que incluye 47 medidas y 13 objetivos englobados en cuatro líneas de acción: formación en delitos de odio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevención de los incidentes y delitos, atención a las víctimas, y respuesta ante estos incidentes y tipos penales.

El ministro del Interior ha definido como "una prioridad" la lucha contra la discriminación: "En los últimos años estamos viendo cómo avances en derechos que creíamos consolidados se están poniendo en cuestión y prolifera el discurso del odio hacia quienes no encajan en un modelo de sociedad monocolor y sectario que algunos pretenden imponer", ha declarado Grande-Marlaska, insistiendo en que "los derechos nunca se dan por adquiridos y hay que estar vigilantes".

El papel de las asociaciones contra el odio

La queda reforzada en su papel de organismo responsable de coordinar las medidas contempladas por el plan. La Oficina depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y se constituye como la herramienta clave para el estudio y análisis de los delitos de odio, así como para impulsar la colaboración con otros departamentos ministeriales, cuerpos policiales, organismos públicos y privados, asociaciones y ONG.

La colaboración de ONG y asociaciones especializadas ha sido especialmente importante para identificar las necesidades específicas de los colectivos vulnerables y reflejarlas en este plan. El documento plantea las bases para continuar esta cooperación mediante una agenda permanente de reuniones con grupos de la sociedad civil que sirvan para actualizar sus propuestas y reivindicaciones.

Uno de los principales propósitos de este plan es reducir la infradenuncia de delitos de odio, para lo que se pondrán los medios necesarios que permitan poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la mayor cantidad posible de agresiones a miembros de colectivos en riesgo de ser victimizados. Este objetivo se ha marcado tras adquirir constancia de que, pese a que este tipo de delitos han aumentado, especialmente en Internet y redes sociales, no se alcanzan las tasas de denuncias habituales en otros delitos a causa del temor de los agredidos a sufrir la doble victimización que supone la estigmatización o la divulgación de datos personales.

Por ese motivo, uno de los propósitos del plan es generar vínculos de confianza entre los miembros de colectivos vulnerables y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acercando la figura policial a los ciudadanos más proclives a sufrir delitos de odio o discriminación y perfeccionando los sistemas de protección de datos.

Combatir el odio en redes sociales

Otro de los objetivos del plan es trabajar en la sensibilización de los distintos sectores de la sociedad civil, fomentando la colaboración activa con más ministerios y apostando por la difusión de acciones educativas que sirvan para conocer y prevenir estos delitos.     

Para lograr estos objetivos se entiende como fundamental un conocimiento profundo de los delitos de odio y sus dinámicas de acción y propagación. Con este fin, el plan perfecciona los sistemas de recogida y tratamiento de datos estadísticos. Igualmente, otorga una especial relevancia a los estudios sobre esta tipología penal e instituye numerosos cauces de colaboración y participación tanto en investigaciones académicas como en foros internacionales especializados. Fruto de los primeros estudios, el plan incluye el desarrollo de procedimientos y herramientas digitales destinadas a contrarrestar los delitos y el discurso del odio en redes sociales.

Las enseñanzas obtenidas de estas tareas de investigación tendrán un lugar importante dentro de los contenidos curriculares específicos sobre protección de derechos humanos y atención a colectivos vulnerables que entrarán dentro de los planes de formación y de formación continua de Policía Nacional y Guardia Civil.

La ejecución del plan será inmediata y estará vigente hasta finales del año 2020. Los recursos económicos asociados a su puesta en marcha durante 2019 suman 472.500 euros.