Montero apuesta por mejorar la cohesión social y territorial, con una mejora de la financiación de los territorios y una apuesta por una fiscalidad progresiva

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. (EFE)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expuesto en el Senado las líneas generales del Ministerio, donde ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por mejorar la cohesión social y territorial, haciendo mención expresa a la necesidad de mejorar la financiación de los territorios, tanto autonómicos como locales.

También ha incidido en la necesidad de profundizar en una política tributaria progresiva que permitirá fortalecer la cohesión social y la redistribución de la riqueza.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha comparecido en la Cámara Alta, y, al igual que hizo a finales de enero en el Congreso de los Diputados, ha tendido su mano para ofrecer a los grupos un diálogo sincero y un debate constructivo durante toda la legislatura que redunde en una mejora del bienestar de todos los ciudadanos.

María Jesús Montero ha apuntado como grandes prioridades de la legislatura consolidar el progreso económico y la modernización del tejido productivo, la justicia social, como garantía de la igualdad de oportunidades, de cohesión y de vertebración territorial, y la convivencia.

En relación con la cohesión social y territorial, la ministra de Hacienda ha dejado claro que es compatible el respeto a la diversidad, la singularidad de los territorios y la pluralidad de identidades, culturas y lenguas, tal y como marca la Constitución Española, con garantizar la igualdad para todos, al margen de dónde vivan o de sus ingresos.

Situación económica

La vicepresidenta primera del Gobierno ha hecho un repaso de la situación económica marcada la pasada legislatura por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, que derivó en la adopción de medidas para proteger el escudo social y en la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han impactado de forma positiva en la economía española.

De esta manera, ha resaltado que la economía española ha resistido "mejor de lo esperado", en un contexto de subida de los precios de las materias primas y de los tipos de interés. De hecho, España ha crecido un 2,5% en 2023, porcentaje que es cinco veces superior al de la media de la Zona Euro.

Montero también ha resaltado el dinamismo del mercado laboral, de forma que, según ha indicado, España aportó "el 40% de los nuevos empleos que se crearon en la Unión Europea en 2023". Además, ha puesto en valor los efectos de la reforma laboral, con la que se ha logrado reducir la tasa de temporalidad hasta situarla prácticamente en la media europea.

María Jesús Montero ha apuntado también que 2,5 millones de trabajadores se han beneficiado de la subida en un 54% del Salario Mínimo desde 2018, de forma que se ha pasado de 736 euros a 1.134 euros al mes. Y ha incidido en que el ingreso medio por persona ha aumentado un 8,3% este año pasado en relación a 2022.

La ministra de Hacienda ha agregado que, junto a una política social "ambiciosa", el Gobierno siempre ha cumplido con los objetivos de estabilidad, de manera que, según ha recordado, se ha reducido el déficit público en más de seis puntos porcentuales, pasando del 10,1% del PIB en 2020 al 3,9% previsto para 2023, sin recortar los servicios públicos.

Asimismo, ha recordado que la ratio deuda pública/PIB sigue disminuyendo, hasta alcanzar el 107,7% en 2023, lo que representa una reducción de 17,6 puntos porcentuales en poco más de tres años.

Guías de actuación del Ministerio

La vicepresidenta del Gobierno ha apuntado que, a pesar de esos buenos datos económicos, es necesario seguir apostando por desarrollar políticas predistributivas y redistributivas que contribuyan a proteger mejor a los colectivos más vulnerables y a las clases medias y trabajadoras.

En ese sentido, Montero ha enumerado una serie de elementos que guiarán la actuación del Ministerio en esta legislatura, como la transformación de la economía a través de los fondos europeos; consolidar los avances en materia social; o mejorar la financiación de las administraciones territoriales.

También otro elemento esencial será desarrollar una política tributaria modernizada y adaptada a la fiscalidad internacional y que garantice un sistema fiscal progresivo, donde aquellos que más recursos tienen contribuyan más a la cesta común, tal y como establece la Constitución.

Mejorar la financiación de las administraciones territoriales

De esta forma, la vicepresidenta primera del Gobierno ha hecho especial hincapié en la Cámara Alta en que el Ejecutivo va a seguir mejorando los recursos de las administraciones territoriales, que son quienes prestan la mayoría de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda.

La vicepresidenta primera ha destacado que en estos años el Gobierno ha proporcionado recursos récord tanto a las Comunidades Autónomas como a las Entidades Locales, algo que se mantendrá este año, cuando las Comunidades Autónomas recibirán un 14,9% más de recursos que en 2023, y las Entidades Locales, un 22,6% más.

En ese sentido, ha apuntado que la reforma del modelo de financiación autonómica es el gran debate pendiente, en el cual es necesario, a su juicio, "dejar a un lado las posiciones maximalistas de cada territorio".

"Para avanzar en un acuerdo, las partes siempre deben ceder en algo", ha aseverado Montero, quien apuesta por un modelo que garantice la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y donde el sistema aporte la suficiencia financiera que requieren las administraciones autonómicas para hacer frente a sus competencias. Por ello, ha reiterado su oferta a los grupos parlamentarios para abordar este debate sobre la reforma del modelo "con honestidad y desde el punto de vista racional".

La ministra de Hacienda ha citado la propuesta del Gobierno de condonación de la deuda autonómica, que iría en paralelo a esta reforma del sistema de financiación y se determinará en función de unos parámetros objetivos, comunes para todas las Comunidades de régimen común.

María Jesús Montero ha resaltado que esta propuesta de condonación permitirá "devolver autonomía financiera a las Comunidades, en la medida en que tendrán capacidad de volver a financiarse en los mercados". Se trata, según ha insistido, de una iniciativa "seria, sensata y justa", que demuestra la "sensibilidad" de este Gobierno con la financiación de las administraciones territoriales, algo que se ha demostrado a lo largo de estos años con diversas iniciativas.

En cuanto a las entidades locales, se pusieron en marcha dos mecanismos de pago a proveedores y la restructuración de préstamos con el Fondo de Financiación de Entidades Locales para ayuntamientos con problemas estructurales más graves.

Además, ha abogado por que el debate sobre la financiación local vaya de la mano de la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para garantizar unos servicios públicos de calidad.

Modernización de la economía mediante los fondos europeos

Para la ministra de Hacienda, el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de las inversiones y reformas, es fundamental para seguir modernizando el tejido productivo y la economía española.

Para ello se va a desplegar la segunda fase del Plan, la denominada Adenda, que permitirá conseguir ese desarrollo económico al mismo tiempo que un crecimiento "más justo, sostenible e inclusivo" desde el punto de vista económico, social y medioambiental. El impacto económico de la adenda podría aumentar el PIB hasta un 3% anual hasta 2031.

Montero ha recordado que España es uno de los países líderes en la recepción y ejecución de estos fondos europeos, de forma que, según ha apuntado, ya se han asignado más de 35.000 millones a más de 600.000 beneficiarios, entre ellos 400.000 empresas, 150.000 particulares y casi 6.000 municipios.

La vicepresidenta primera, que ha referido que el Gobierno ha solicitado el cuarto pago de 10.021 millones, ha puesto en valor el control "robusto y fiable" al que se someten estos recursos públicos procedentes de Europa.

Además, ha explicado que a partir de 2024 España presentará dos solicitudes de pago cada año, en lugar de la solicitud anual inicialmente prevista, y ha citado los cinco instrumentos financieros que se pondrán en marcha con cargo a los préstamos de la Adenda al Plan de Recuperación, por importe de 40.000 millones, para que sirva de "red de seguridad" para financiar inversiones privadas y públicas en las mejores condiciones financieras en los próximos años.

Asimismo, ha resaltado las políticas de cohesión y su importante papel en la convergencia entre regiones, de forma que, según ha explicado, se está trabajando para cerrar el programa FEDER 2014-2020 y lograr una absorción del 100%. Para el periodo 2021-2027, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con otros departamentos, gobiernos regionales y autoridades locales, gestionará los 23.397 millones asignados a España del FEDER y los 869 millones del Fondo de Transición Justa. Montero entiende que la coexistencia del Plan de Recuperación y el Programa FEDER 2021-2027 constituye una gran oportunidad para "generar sinergias" entre ambos.

Blindar los servicios públicos

Por otro lado, la vicepresidenta primera ha destacado otro elemento que será crucial en la nueva legislatura, como es blindar y revitalizar los servicios públicos, el Estado del Bienestar. De esta manera, se quiere consolidar los avances logrados en los últimos años en materia social y laboral.

Entre los objetivos concretos que tiene el Ejecutivo está el de aspirar al pleno empleo, a lograr un empleo de mayor calidad y la garantía de que el Salario Mínimo seguirá aumentando para situarse y mantenerse en el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. Todo ello se hará a través del diálogo social con los diferentes agentes.

Entre las acciones que van a llevar a cabo, Montero ha citado que se potenciará la atención primaria en sanidad, mientras que, en educación, el Ejecutivo va a seguir trabajando en el diseño de un programa que dé continuidad a los refuerzos de apoyo a la escolarización de 0 a 3 años. En ese sentido, la ministra de Hacienda ha resaltado la apuesta de este Gobierno con la educación, ya que se ha duplicado la inversión por alumno desde la llegada de este Ejecutivo.

La lucha contra la pobreza infantil, mejorar el sistema de atención a la dependencia y mejorar la gestión y tramitación del Ingreso Mínimo Vital serán otros de los objetivos de legislatura, al igual que seguir con la revalorización de las pensiones conforme al IPC. En ese punto, la vicepresidenta ha precisado que hoy un pensionista cobra de media 321 euros más al mes que en 2018, de manera que la pensión media se ha incrementado un 29% desde 2018.

Política tributaria

Por último, otro de los pilares de las políticas de Hacienda durante la nueva legislatura es la política tributaria, que tiene dos objetivos principales:

• Seguir modernizando el sistema fiscal para adaptarlo a la realidad económica internacional, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales.
• Garantizar un sistema fiscal progresivo, en el que contribuyan más quienes más tienen, reduciendo al mismo tiempo la carga tributaria a los más vulnerables.

Para la ministra de Hacienda, un sistema tributario progresivo "fortalece la cohesión social y la confianza en los gobiernos" y es algo "fundamental" para financiar los bienes públicos que son motores del crecimiento.

María Jesús Montero ha indicado que, durante todos estos años, el Gobierno ha reducido los impuestos de quienes menos ganan, al tiempo que se ha pedido un mayor esfuerzo a los grandes patrimonios y las multinacionales. En esta línea se enmarcan las modificaciones en las retenciones del IRPF acometidas a inicios de año para rentas bajas, o las rebajas de impuestos energéticos, la mayor de la historia, incluida la reducción del IVA del gas y la luz, para combatir la evolución de la inflación.

La ministra de Hacienda ha anunciado que se seguirán aplicando medidas para mejorar la redistribución de la renta y reducir la diferencia de ingresos respecto a la media europea. Asimismo, se mejorará la fiscalidad de los autónomos y las pequeñas empresas, aumentando los incentivos para que adopten prácticas ecológicas y digitales.

Montero ha recordado otras medidas que se aplicarán, como el control por parte de la Agencia Tributaria sobre los operadores extranjeros que venden sus productos en España a través de plataformas de comercio electrónico, o la aprobación del anteproyecto de ley para la trasposición de la directiva comunitaria que permitirá la aplicación de un tipo impositivo mínimo global del 15% en Sociedades para las empresas multinacionales, algo que va en línea con lo marcado por la OCDE.