El Gobierno comparte con las comunidades autónomas y los agentes sociales medidas para articular el Plan Nacional de Respuesta al impacto económico de la guerra

Asuntos Económicos y Transformación Digital - 21.3.2022

Con el objetivo de consensuar con todos los grupos de interés ese plan que frene el alza de los precios del gas, de la electricidad y los carburantes, el Gobierno inició la semana pasada una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que ha continuado hoy con los agentes sociales y las comunidades y ciudades autónomas.

El Gobierno ha informado de que está trabajando en medidas para conseguir 8 objetivos concretos que van a articular el Plan Nacional de Respuesta a la guerra:

  1. Bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes, apoyando en particular a los colectivos más vulnerables.
  2. Apoyar a los sectores y empresas más afectados.
  3. Reforzar la estabilidad de precios, evitando una espiral inflacionista.
  4. Garantizar los suministros
  5. Proteger la estabilidad financiera. En este sentido, la vicepresidenta primera ha indicado que se trabaja en medidas de refuerzo y apoyo financiero gestionadas por el ICO.
  6. Acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, en particular la agenda de transición energética, para alcanzar cuanto antes la autonomía estratégica.
  7. Impulsar la eficiencia energética.
  8. Reforzar la ciberseguridad.

La Conferencia Sectorial, con representantes de todos los gobiernos autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha estado presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y han asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés.

Los representantes de los gobiernos autonómicos han planteado a los miembros del Ejecutivo sus inquietudes, así como sus propuestas para hacer frente al impacto económico negativo de la guerra en Ucrania.

Desde el Gobierno, se ha puesto en valor el modelo de co-gobernanza que se puso en marcha para el despliegue del Plan de Recuperación, y que es imprescindible para dar una respuesta eficaz y sostenible.

Reunión con los agentes sociales

Durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social, que da continuidad a la celebrada el pasado 7 de marzo con el presidente del Gobierno, los representantes de los trabajadores y de los empresarios han compartido sus propuestas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.

En este encuentro, han estado presentes la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segunda, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la secretaria de Estado de Energía. Por parte de los empresarios, han acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de CEPYME, Gerardo Cuevas; y por parte de los trabajadores, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CC.OO., Unai Sordo.

Avances en el sector del transporte

La vicepresidenta primera ha dado la bienvenida al acuerdo alcanzado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, reunión con la que ha iniciado la jornada, junto con la ministra de Transportes y la ministra de Hacienda, y que se ha desarrollado en paralelo a la Conferencia Sectorial y la Mesa de Diálogo Social.

Calviño ha señalado la responsabilidad de las asociaciones mayoritarias, de autónomos y de los representantes de los trabajadores que están dando muestras de una gran conciencia en este momento de incertidumbre, por estar a la altura y remar todos en la misma dirección, defendiendo los intereses de su sector, proporcionando confianza y estabilidad a ciudadanos y empresas. La vicepresidenta ha hecho un llamamiento para que asociaciones y empresas se sumen a este acuerdo que va a permitir rebajar los costes de los carburantes para los transportes de mercancías y personas.