El Gobierno impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales y eleva a consulta pública las propuestas del grupo de expertos en la materia

Martes 17 de noviembre de 2020

En el proceso se ha contado con numerosas contribuciones de la sociedad civil, así como el trabajo de un grupo de expertos de primer nivel.

El borrador de la Carta se somete ahora a consulta pública, abierta hasta el próximo 4 de diciembre.

El proceso de elaboración una Carta de Derechos Digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto. Para tal fin, la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puso en marcha un proceso amplio de consulta pública y ha impulsado los trabajos de un grupo de expertos en la materia formado por destacados juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad, entre otros perfiles, con la participación de los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.

Fruto de este trabajo, el texto elevado a consulta pública recoge un conjunto de principios y derechos para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales. El borrador se somete a consulta pública coincidiendo con la celebración de un evento en el que han participado algunos de los miembros del grupo de expertos y otras personas activas en el debate público sobre los derechos digitales.

Una vez recogidas las observaciones y aportaciones que se hagan en esta fase de consulta pública, se elaborará el texto final de la Carta de Derechos Digitales, que inspirará los futuros pasos a seguir en la protección de la sociedad de cara a los nuevos retos digitales, fijando los principios sobre los que asentar la salvaguarda de los derechos fundamentales en el escenario digital.

España busca así colocarse a la vanguardia de la protección de los derechos digitales, tanto por el contenido de la Carta como por su elaboración participativa.

Por qué una Carta de Derechos Digitales

El desarrollo del mundo digital ha impactado de manera decisiva en la forma en la que se despliegan actividades sociales, económicas y culturales. La emergencia sanitaria ha hecho más evidente ese profundo cambio, hasta el punto de que gran parte de esas actividades pasaron a realizarse prioritariamente de manera digital en un breve espacio de tiempo.

Los objetivos principales de esta Carta pasan precisamente por proponer vías para garantizar el respeto a los valores compartidos también en ese entorno digital. En este sentido, es esencial profundizar en las protecciones necesarias para afrontar con garantías la transformación digital de todos los ámbitos.

La elaboración de este documento contribuye a los objetivos ya avanzados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la que España pasó a ser el primer país europeo que garantizó una serie de derechos digitales relacionados con internet. Estos documentos ya proclamaban derechos tan importantes como el de la desconexión laboral o los relacionados con la protección de datos, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales.

Con esta propuesta de Carta, España quiere seguir en una posición de vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía y contribuir activamente a las diferentes iniciativas y debates que se están desarrollando en el ámbito europeo y global.

Grupo de expertos

El grupo de expertos y expertas está integrado por:

  • Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor
  • Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado
  • Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet
  • Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III
  • Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha
  • Celia Fernández Aller, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid
  • Enrique Goñi, del Instituto Hermes
  • Simona Levi, cofundadora de Xnet
  • Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech
  • Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València
  • Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet
  • José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo
  • Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona
  • Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group
  • Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local Governments (UCLG) y participante en CC4DR (Cities Coalition for Digital Rights de Naciones Unidas)
  • Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas
  • Rodolfo Tesone, diputado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y presidente de ENATIC
  • Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en la Universidad de Oxford.