Discurso del presidente del Gobierno en la clausura de la Jornada sobre la reforma de las Administraciones Públicas en Europa

Madrid

Señora vicepresidenta del Gobierno; señor viceprimer ministro de la República Portuguesa; señora ministra de la Reforma del Estado, Descentralización y Función Pública de la República Francesa; señor ministro de Administración Pública y Simplificación de la República Italiana; señor ministro de Administraciones y Digitalización de la República de Polonia; señor ministro de la Presidencia del Reino Unido, señoras y señores,

Yo quiero que mis primeras palabras sean para expresarles mi profunda gratitud por su presencia, por su interés en conocer la reforma de las Administraciones Públicas emprendida en España y su voluntad de compartir sus propias experiencias con el resto.

En todos nuestros países se están impulsando profundas reformas del sector público y jornadas como ésta nos brindan la oportunidad de aprender unos de otros, tejer una red de confianza para el intercambio de opiniones y el impulso de nuevas iniciativas, porque, con distintos enfoques, todos tratamos de lo mismo: de prestar mejores servicios. Éste es el objetivo prioritario de toda reforma de la Administración y ésta es la razón de ser de la Administración misma: el servicio al ciudadano como principio y como fin.

El Gobierno que yo presido lo ha entendido así desde el primer momento y ha respondido a este mandato ciudadano cada día, en cualquier actuación y en todas las reformas. Por eso, desde el primer momento nos propusimos administrar mejor los recursos y las demandas de los ciudadanos, y estamos logrando la necesaria aproximación entre ambos extremos.

Pero, además, nos propusimos abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas para que este propósito no dependiese de ámbitos de gestión, ni de coyunturas políticas. Es para nosotros, por tanto, una reforma prioritaria, cuya ejecución se extenderá a lo largo de toda la Legislatura y sus efectos perdurarán en el futuro. Es una reforma que vertebrará nuestro país tal como lo ambicionamos: vanguardista, eficiente, repleto de posibilidades y capaz de generar nuevas oportunidades

Señoras y señores,

Para comprender la dimensión de esta reforma, conviene conocer la realidad de la Administración Pública en España. Por eso quisiera hacer una muy breve reseña.

A lo largo de las últimas décadas el aparato burocrático de este país se ha caracterizado por su buen funcionamiento y por erigirse en un verdadero vector de progreso. En el tránsito de nuestro país hacia un Estado democráticamente avanzado y con un modelo de bienestar amplio, la Administración ha desempeñado un papel protagonista, evolucionando como reflejo de la sociedad a la que sirve, con cada vez más funciones y también con cada vez más complejidades.

En esa evolución natural hemos constatado que nuestra Administración, siendo buena, no es perfecta. Y, desde luego, no ha sido inmune a la paulatina aparición de ineficiencias, en muchos casos fruto del propio celo en el servicio a la ciudadanía. Así, en el proceso de descentralización, que en mayor o mayor medida existe en todos nuestros países, han surgido duplicidades, solapamientos o, incluso, lagunas competenciales.

Esas fallas en el engranaje han contribuido, lamentablemente, a propagar falsos mitos en torno a nuestra burocracia, que conviene refutar. La Administración española ni es elefantiásica ni pesa como una losa sobre las arcas públicas. De hecho, España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del PIB: un 44 por 100 en 2012, cinco puntos menos que la media de la zona euro. Además, casi dos tercios de nuestro gasto público se destinan a gasto social y servicios básicos; unos servicios que son públicos, de calidad y modernos, de los que podemos sentirnos muy orgullosos.

Cabe entonces preguntarse: si la Administración española no es grande y presta servicios de calidad, ¿por qué se reforma? La respuesta es muy sencilla: la sociedad de hoy demanda cada vez más y mejores servicios, y debemos ser capaces de proporcionarlos sin incrementar la carga sobre los ciudadanos. Conseguir ese objetivo nos exige hacer más con menos y hacerlo mejor. Y esa debe ser una estrategia continua y no una política políticamente coyuntural.

Un viejo aforismo político decía que la mitad de nuestros errores surge al dejar de pensar en una cosa cuando aparentemente ésta ya no plantea nuevos retos. Pero el cambio no se detiene porque nosotros lo hagamos y los retos no dejan de surgir porque no los tengamos en cuenta. En los últimos años se cometió, por algunos, el error de dejar de pensar en la Administración, en cómo mejorarla, ni siquiera, casi, en cómo sostenerla, porque lo que se hizo fue elevar el gasto público sin medida y sin control.

Les daré únicamente dos datos que ilustran de qué les hablo: uno, entre 2007 y 2011 el gasto público subió del 39,2 por 100 del PIB al 45,2 por 100; y dos, en los años de la crisis, cuando el sector privado destruía empleos por millones, los trabajadores públicos se incrementaron en 280.000. Ambas magnitudes eran incompatibles, no sólo con el contexto económico, sino con la propia realidad de nuestra burocracia. España, conviene recordarlo, era a cierre de 2011 uno de los países con menor nivel de ingresos sobre PIB de la Eurozona: un 36,2 por 100, nueve puntos por debajo de la media.

Cifras como éstas ayudan a ilustrar por qué era ineludible acometer una reforma de la Administración. Sin embargo, les diré otra cosa: el objetivo no es sólo ahorrar, que también, sino lograr que la Administración española sea tan dinámica, efectiva y moderna como la propiedad sociedad a la que sirve. No es sólo adelgazar; es ganar músculo, es articular una Administración al servicio del ciudadano y también del crecimiento.

Señoras y señores,

He de confesar que en España la reforma de la Administración se había convertido en una iniciativa permanentemente aplazada. Era la gran reforma del mañana y siempre lo sería. Por eso el anuncio de un plan para reformar la Administración fue acogido en algunos círculos con cierto escepticismo.

La duda era una reacción a la que algunos ya nos habíamos acostumbrado cuando empezamos a hablar de poner orden en nuestras cuentas, cuando empezamos a hablar de sanear nuestro sistema financiero o de aplicar una profunda agenda reformista para recuperar la competitividad de nuestra economía. Ante estas dudas, quiero hacer hincapié en esto: reaccionamos redoblando esfuerzos y trabajando con determinación.

En estos dos años España ha protagonizado una espectacular reducción del déficit, la mayor de todos los países del G-20, lo que nos ha permitido recuperar la confianza. Se ha procedido al saneamiento y restructuración del sector financiero, y se ha completado con éxito el programa de asistencia europeo. Y nuestra competitividad, gracias a profundas reformas estructurales, se sitúa ya en niveles de 1999. Reformas como la laboral, unidad de mercado, Ley de Emprendedores, integración de los organismos reguladores, desindexación de la economía, todas ellas contribuyen a flexibilizar el funcionamiento de nuestra economía, a hacer del sector exterior el nuevo vector del crecimiento y serán claves para que la recuperación económica sea estable y duradera, y se traslade, por fin, de las grandes cifras macroeconómicas a las pequeñas economías domésticas.

Pues bien, comprenderán que con estos precedentes mantuviéramos intacta nuestra determinación con la reforma de las Administraciones Públicas; una reforma iniciada ya en los primeros meses de Gobierno, con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con una reducción de los gastos de Ministerios como nunca se había producido, con una reestructuración del Gobierno para restringir puestos directivos y con un conjunto de medidas estructurales relativas a la función pública, incluyendo una tasa de reposición cero de efectivos, salvo algunas excepciones.

Todas estas medidas han contribuido a que, ya en el año 2012, el esfuerzo de ahorro haya sido extraordinario. Pese a la difícil situación económica, la proporción de gasto sobre PIB se redujo en 1,27 puntos frente al aumento de 0,4 puntos en la Eurozona.

Pongo en liza estos datos para enfatizar que el espíritu reformista en lo tocante a la Administración nació en el inicio mismo de la Legislatura y no va a decaer en ningún momento en este mandato.

Quiero decirles también --y yo a esto le doy suma importancia, y agradezco el gigantesco trabajo que se ha hecho por funcionarios públicos, que son los que lo han hecho-- que desde hace poco más de medio año contamos, además, con una guía de procedimiento, que es el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, un Informe en el que se ha realizado una exhaustiva radiografía de la Administración, como he dicho, de la mano de profesionales de la propia Administración, dirigidos por la vicepresidenta del Gobierno; con la participación, además, de sindicatos y patronales, universidades y otras instituciones de la sociedad civil, y de los ciudadanos, que a través de un buzón electrónico especialmente habilitado, aportaron más de dos mil propuestas.

A raíz de este diagnóstico se planteó una batería de más de doscientas medidas. Gracias a la intensa actividad legislativa y gubernamental, todas ellas están ya en ejecución y más del 23 por 100, totalmente finalizadas.

Esto tal vez suponga una decepción para quienes pensaban que claudicaríamos ante la enormidad del objetivo que nos habíamos impuesto; pero coincidirán ahora conmigo en que la reforma de la Administración española avanza a un ritmo imparable.

Las reformas estructurales de la Administración que ha emprendido el Gobierno en materia de empleo público, restructuración de entidades, mejoras en la eficiencia y en la gestión de los recursos públicos, así como la eliminación de duplicidades y simplificación administrativa, acumulan ya unos ahorros de 7.384 millones de euros. Y todavía tienen que empezar a rendir frutos la reforma local, que acaba de aprobarse, y el núcleo de centralización de los grandes contratos administrativos, entre otras medidas de importancia.

En consecuencia, sólo con las medidas ya implantadas, con lo que ya hemos hecho y sin contar lo que queda por hacer, la Administración española acumulará unos ahorros de más de 28.898 millones de euros al final de 2015. A esto hay que añadir los esfuerzos que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales están haciendo, que son muy importantes y que tienen como gran objetivo conseguir la estabilidad presupuestaria, y hacerle la vida más fácil, cómoda y sencilla a la gente, que es de lo que se trata. Quiero recordar que sólo mediante la reducción de empresas y entidades públicas autonómicas se ahorran 4.042 millones de euros.

Señoras y señores,

Para mí es un motivo de especial orgullo comprobar estos avances a la luz del discurso que tuve la oportunidad de pronunciar en la presentación del Informe al que antes he hecho referencia. La inmensa mayoría de las medidas que cité entonces a modo de ejemplo se han convertido hoy en realidad o están a punto de hacerse.

Pienso, por ejemplo, en medidas tan importantes como la medida para erradicar la morosidad en el sector público, que ya está en vigor; la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que introduce la deuda comercial dentro del principio de estabilidad financiera; y la Ley de Impulso de la Factura Electrónica, por la que los proveedores registrarán electrónicamente sus facturas para evitar que alguna de ellas se pierda, se olvide y quede impagada, que es lo que pasó aquí en muchos años, como luego diré.

Con el Plan de Pago a Proveedores se han pagado más de ocho millones de factura --es que debíamos más de ocho millones de facturas-- a más de 230.000 empresarios y autónomos. Se ha puesto el contador a cero y, a partir de ahora, cada Administración deberá pagar en tiempo y forma --lo cual, dicho sea de otra manera, es bastante razonable--, y no sólo porque lo diga la Ley, sino porque no hacerlo supone un quebranto para la credibilidad de las instituciones y un grave perjuicio para las empresas, especialmente Pymes y autónomos, que son los que están impulsando el crecimiento de este país. Y los llamados a hacerlo en el futuro.

Por eso, el Informe de la CORA se ha esforzado en detectar las distintas trabas que día a día perjudican la creación y el desarrollo de iniciativas empresariales. Así, con la Ley de Emprendedores se ha ampliado el uso de la declaración responsable en sustitución de las licencias previas que retrasaban la apertura de miles de negocios --esta es una reforma muy importante-- y se han reducido las exigencias que impedían el acceso de las Pymes a la contratación pública.

Además, se han puesto en marcha grandes proyectos de simplificación administrativa en importantes sectores como las comunicaciones y las infraestructuras, eliminando trabas medioambientales y regulatorias que pueden suponer un desincentivo a las inversiones. Un ejemplo: el tiempo medio de tramitación de un expediente de evaluación ambiental era de 3,4 años; el nuevo plazo es de cuatro meses.

Otros proyectos más modestos en su concepción tienen en realidad un importante impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, a la cita previa en los servicios de empleo o, más recientemente, en la Dirección General de Tráfico, donde ha permitido ahorrar las colas en las ventanillas a más de 460.000 ciudadanos y a la Administración, cuarenta millones de euros.

Aprovechar los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías nos puede permitir ahorrar tiempo y costes de oportunidad y económicos a ciudadanos y a empresas. Estoy convencido de que la sustitución de las notificaciones y comunicaciones postales por electrónicas supone una verdadera revolución, que no sólo permite una relación más rápida con los ciudadanos, sino que incrementa la seguridad jurídica y supone ahorros, tanto para ciudadanos (se calculan 1.134 millones en tres años), como para el Estado (469 millones).

Este proyecto se completa con la implantación de un Tablón Edictal Único, cuya normativa se ha remitido a las Cortes, que permitirá a los ciudadanos consultar en un único sitio web las notificaciones que les afecten de todas las Administraciones. Además, a través del BOE a la carta, los ciudadanos ya pueden recibir un mensaje cuando aparezca su nombre o simplemente cuando se publique una norma de su interés. Es decir, ni ciudadanos ni empresas tendrán que estar pendientes del Boletín, malgastando el tiempo y las energías que quieren invertir en sus cosas. La fijación de un plazo común de entrada en vigor para las normas relativas a las empresas será el siguiente paso.

Y es que conocer la normativa puede convertirse en uno de los principales quebraderos de cabeza de los empresarios:

- En primer lugar, porque en algunos ámbitos relevantes ha habido una auténtica profusión de leyes, objeto de repetidas modificaciones, al punto de incurrir, incluso, en contradicciones. La CORA ha identificado diecisiete de esos ámbitos y se está tramitando en el Parlamento una ley que habilita al Gobierno para la elaboración de ocho textos refundidos, ocho, que pongan orden en ese marasmo de normas.

- En segundo lugar, porque la dispersión normativa existente en nuestro país se ha traducido en un hándicap para el desarrollo de las empresas. Por ello, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado asegura que cualquier producto o servicio producido al amparo de una normativa autonómica, cualquiera, puede ser comercializado en todo el país sobre la base de los principios que inspiran el mercado único europeo: licencia única y legislación de origen. Estamos desarrollando también un proyecto de racionalización normativa para adecuar toda la normativa estatal y autonómica a estos principios.

Desde este mismo punto de vista, se ha aprobado también la norma que regula las características de la tarjeta sanitaria única, que permitirá acceder a la historia clínica de cada paciente y expedir recetas electrónicas en cualquier lugar de España. Como pretendemos, del mismo modo, que se puedan tramitar electrónicamente desde el centro de salud los nacimientos sin tener que ir a otras oficinas, con las molestias que ello supone. Son sólo pequeñas muestras de lo que se puede lograr para los ciudadanos, cuando las Administraciones Públicas colaboran y se coordinan entre sí.

Señoras y señores,

Mejorar y encontrar soluciones es un trabajo conjunto, lo que significa involucrar al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas. Desde el Gobierno central estamos dispuestos a impulsar cuantas iniciativas permitan avanzar en este objetivo, y las hay en las propuestas del Informe de la CORA para lograr más coordinación, registros integrados y bases de datos compartidas. Es una cuestión de sentido común y de racionalidad administrativa, porque de las 39 Conferencias Sectoriales sólo veintiuna se reunían de forma habitual en los últimos tres años; otras nunca han llegado a crearse.

Pero esto está cambiando desde la publicación del Informe: se ha aprobado el Plan Anual de Política de Empleo; se ha establecido --algo muy importante-- la planificación conjunta de las tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia --es algo verdaderamente notable que esto no existiera, con los problemas que eso acaba generando-- y se ha creado la Conferencia Sectorial en materia de Tráfico y Seguridad Vial. Además, varias Comunidades han firmado su adhesión al Convenio Marco de Ayuda Humanitaria, de tal manera que si, desgraciadamente, ocurre una nueva catástrofe, la respuesta española será, como siempre, muy solidaria, pero ahora más común y más efectiva.

Por otro lado, los registros y bases de datos integrados avanzan en la recogida de información de las distintas Administraciones. Por ejemplo, el registro estatal de prestaciones públicas ya cuenta con la información de once Comunidades.

Quiero decir que las Comunidades Autónomas están participando del proceso de reforma de la Administración muy activamente y están llevando a cabo grandes proyectos de racionalización de estructuras. La reducción neta de 751 entidades, que se dice pronto, un 31,75 por 100 del total, y la reorganización de 228 son un ejemplo palpable.

A ello se añade la aportación de la Administración General del Estado en esta materia, con una reducción neta que habrá alcanzado a más de noventa sociedades y fundaciones públicas, un 39 por 100 de las que había. Y ahí no terminará el ajuste: la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas impondrá una revisión periódica de todas las entidades, de sus objetivos, de sus estructuras y de sus resultados, y, cuando su existencia no esté justificada, sólo cabrá su disolución.

Señoras y señores,

En todas las Administraciones hay margen para superarse, como en todas las facetas de la vida. Y en la Administración General del Estado lo estamos comprobando en primera persona. Por ejemplo, con la adopción de medidas de contratación centralizada, que se han traducido ya en un ahorro de más de cien millones de euros. Recuerdo que, cuando comparecí aquí para presentar el primer Informe de la CORA, yo conocí, porque no lo sabía --lo conocí aquel día--, que la Administración General del Estado tenía más de cuatro mil cuentas bancarias. Pues ahora se van a quedar reducidas al 0,01 [por 100] de esas cuatro mil cuentas bancarias. Y ya con la contratación centralizada se ha conseguido en muy poquito tiempo y en los pocos sitios donde hemos podido avanzar un ahorro de más de cien millones de euros.

Unos ahorros que se han generado únicamente centralizando la contratación dentro de cada Ministerio y vigilando qué se contrata, porque ningún ministerio puede ya contratar un sistema o un equipo informático sin que la unidad de gestión de las nuevas tecnologías dé su visto bueno, que implica: que no hay otro aprovechable en la Administración, que es compatible con los ya existentes, que es necesario y que el precio es adecuado.

Y esto es sólo el principio. En 2014 se realizaran por primera vez licitaciones conjuntas de telecomunicaciones, energía o limpieza entre varios Ministerios y se registrarán aún mayores ahorros. Si hay que hacer licitaciones en el campo de las telecomunicaciones, si se hace una sólo se supone que será más barata que si se hacen 575. Y lo mismo ocurre con la energía o con otros muchos servicios que figuran en el capítulo de gastos corrientes de las Administraciones.

En cualquier caso, sí quiero decirles que reduciremos gastos, pero en ningún caso la calidad del servicio prestado por la Administración, porque ése es el sentido de la reforma: conseguir que la Administración sea un vector de crecimiento y que rinda al máximo de sus posibilidades para beneficio de empresas y ciudadanos.

Concluyo y lo hago invitándoles a ser partícipes de esta reforma clave que estamos realizando. La experiencia nos ha enseñado que todas las sugerencias son positivas y enriquecedoras, tanto las que vienen de dentro, y por eso creamos la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como también las que llegan de fuera; por ejemplo, las que puedan surgir de seminarios como el que hoy nos ha reunido aquí y que nos permite saber qué están haciendo en otros países.

Con esto estamos intentando dar pasos de gigante hacia la modernidad. Como les he dicho a lo largo de esta intervención, la reforma de la Administración no es una labor fácil; es algo de lo que se lleva hablando desde tiempo inmemorial. Antes señalaba que es la reforma que seguirá en el futuro siendo la reforma pendiente. Nos lo hemos tomado en serio. Esto no es fácil, como todos ustedes saben. Esto es complicado de explicar, pero esto es muy importante, y no tanto por los ahorros que puede suponer, que los va a suponer, sino, sobre todo, porque el objetivo básico y capital es facilitarles la vida a los ciudadanos y a nuestras pequeñas y medianas Pymes españolas y a las grandes empresas.

Ése es el gran objetivo. Creo que es un objetivo que merece la pena y creo que es una reforma de las que quedan para siempre y para el futuro, porque nadie va a dar marcha atrás a una cosa que es buena, funciona y que todo el mundo aplaude.

Por eso quiero reiterarles, una vez más, a todos los funcionarios públicos que están trabajando con tanta intensidad y con tanto esfuerzo, y sin su labor sería imposible que esto saliera adelante… Se lo quiero agradecer de manera muy especial.

Soy consciente de lo complicado que es esto. Hay que trabajar con muchísima meticulosidad y hay que ir viendo las normas una a una; pero, al final, esto produce satisfacciones: satisfacciones para el conjunto de los ciudadanos y, sobre todo, la satisfacción más importante, que es la satisfacción propia: haber contribuido a hacer algo que es bueno y útil para su país.

Y a todos ustedes, señor Vicepresidente y señores Ministros, muchísimas gracias. Yo fui ministro de Administraciones Públicas en su época. No hice la reforma de la Administración, pero he vuelto para hacerla.

Muchas gracias.