Discurso del presidente del Gobierno en el acto de la firma del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones

Madrid

Señoras y señores, queridos amigos,

No hay mejor modo de expresar la relevancia y el significado del Acuerdo que acabamos de suscribir que citando sus propias palabras. No es una invitación a que se lo lean inmediatamente y en toda su extensión, pero sí es bueno recordar algunas de las palabras que textualmente incorpora el Acuerdo. El Acuerdo dice que el diálogo social forma "parte esencial de la historia de nuestras relaciones laborales democráticas" recuerda, además, que este Acuerdo viene precisamente a "reafirmar la importancia, el valor, la vigencia y la utilidad" de este diálogo.

Añaden algo más que también quiero destacar. Este Acuerdo colma su justificación cuando, en un momento como el presente, permite "alcanzar un marco de reformas consensuadas cuya eficacia y aceptación por el conjunto de la sociedad queda multiplicada al contar con el aval de los interlocutores sociales".

En esta mesa y en esta sala hay buenos aficionados al fútbol e, incluso, buenos conocedores de ese deporte. En ese ámbito, como en otros ámbitos de la vida, está muy acreditado que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo. Hoy hemos firmado una nueva tarea de equipo para hacer que la recuperación económica llegue cuanto antes y que la creación de empleo, que es la gran aspiración del colectivo de todos los españoles, sea una realidad.

Todas las grandes naciones atraviesan por etapas de crisis económicas fuertes; está en la Historia. Y son precisamente grandes porque salen fortalecidas de la crisis económica. Ése es el objetivo de este Acuerdo y, sin duda, al suscribir el compromiso colectivo de este Acuerdo Económico y Social, facilitamos esa recuperación y vamos demostrar que estamos en ese grupo de las grandes naciones que saben ponerse en pie y volver a caminar con fuerza después de una seria dificultad.

Hoy estamos aquí, ante todo, para poner en valor un acuerdo del diálogo social y deseo recordar que el diálogo social ha sido una constante estratégica en nuestra acción de gobierno, que en la Legislatura pasada llegamos a un número muy elevado de acuerdos que dieron buenos frutos y que para nosotros es un modo de gobernar fundamental.

Compromiso estratégico con el diálogo social que renovamos al comienzo de la actual Legislatura y que ha tenido un período de ausencia de diálogo, que la hemos vivido, aunque no nos ha impedido ejercer la responsabilidad de tomar iniciativas y de adoptar medidas, igual que a los demás de mantener sus legítimas posiciones; pero en este período de ausencia de diálogo no ha habido un solo día en que no haya pensado que las ventajas, la conveniencia y la necesidad de los pactos sociales deberían ser recuperadas cuanto antes, lo antes posible.

De ahí que hoy sienta una profunda satisfacción porque eso se haya logrado, y lo ha sido gracias a la buena voluntad, a la disposición y al espíritu constructivo de todos y cada uno de los que están hoy sentados en esta mesa. Después de muchas horas de diálogo y de discusión, de jornadas interminables, de momentos que parecían superables, pero había una finalidad colectiva, un ánimo común: dar un mensaje fuerte de confianza y de responsabilidad a toda la sociedad española, a la Unión Europea y a la Comunidad Internacional.

Las organizaciones sindicales y empresariales han tenido un fin primordial: ser útiles a sus representados, pero también al país en su conjunto. Y debo subrayar esta doble actitud de CC.OO., de UGT, de la CEOE y de Cepyme. Por tanto, mi más sincero agradecimiento. Creo que el mérito fundamental de este Acuerdo está en ellos, en las organizaciones sindicales y empresariales. Su sentido de la responsabilidad y su altura de miras en este momento de tan serias dificultades económicas quedará como una de las mejores páginas de vuestra contribución, representativa de vuestra tarea, al servicio de España.

Quiero agradecérselo a ellos y a cuantos han trabajado en sus organizaciones, han trabajado mucho, para hacer realidad este acuerdo; un agradecimiento que debe extenderse, en mi caso, a todos los que en el ámbito del Gobierno y de la Administración han puesto lo mejor de sí mismos para construir soluciones, acercar posturas y, a la vez, mantener los objetivos de la agenda intensa de reformas que el Gobierno tiene en marcha y que España necesita.

Este Acuerdo Social y Económico tiene un triple objetivo: el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo con la garantía y defensa del sistema público de pensiones. Son tres grandes objetivos que responden a tres grandes problemas, los de mayor magnitud, los mayores desafíos que tenemos en nuestra economía: primero, el más acuciante, el que más angustia social nos produce, el desempleo; segundo, el modelo de crecimiento, que tenemos que renovar para que nuestra economía sea mucho más productiva y competitiva; y, en tercer lugar, la sostenibilidad a medio y largo plazo de nuestras cuentas públicas, en un contexto de austeridad, de obligada austeridad, y de consolidación fiscal.

Hablar de sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas, con la garantía y la confianza que eso supone para la economía y para su futuro, es, ante todo, hablar de sostenibilidad de las pensiones porque, sin duda alguna, el mayor gasto público de un país democrático avanzado y europeo son las pensiones, hoy y mañana.

Si lanzamos a la ciudadanía española, a nuestros socios europeos, a los mercados y a la Comunidad Internacional este mensaje de sostenibilidad, a la vez que de garantía, de un sistema de pensiones público, equitativo y que cubra esa necesidad a todos los ciudadanos, estamos lanzando un mensaje que va mucho más allá de lo que supone la firma, en concreto, de los puntos singulares del acuerdo en pensiones.

Hoy hemos conocido las cifras de paro registrado y afiliación del mes de enero. Sabemos que éste es un mes estacionalmente malo, pero no hay consuelo para las cifras del paro, ni atenuante; pero, aún menos, resignación posible ante las mismas. Por ello, tiene un especial significado el Acuerdo que hoy firmamos.

Saben que el desempleo no es un problema coyuntural de la economía española, aunque hoy lo vivamos con especial intensidad y gravedad. Durante todo el período democrático España ha tendido a doblar la tasa de paro europea, incluso en los momentos buenos y, por supuesto, sobre todo, en los malos. Y también saben que, para resolverlo, es imprescindible no sólo volver a crecer --en ese camino estamos, consolidando las cifras del Producto Interior Bruto--, sino, además, crecer mejor.

Por ello, porque esperamos ese crecimiento, sabemos que además es necesario, también en este campo, introducir reformas como las que contiene el Acuerdo; reformas que vayan a actuar directamente sobre las políticas que fomentan el empleo y la contratación, y esto lo hace muy enérgicamente el presente Acuerdo.

Por un lado, debo recordar, aunque se ha puesto menos atención en esta parte del Acuerdo que en la relativa a pensiones, que el Acuerdo aborda una reforma muy profunda, la más ambiciosa hasta este momento, de las de las políticas activas de empleo. Las medidas de carácter estructural que se proponen parten de la constatación de que es necesaria una mayor coordinación de los Servicios Públicos de Empleo, así como --y ésta es una novedad de gran importancia-- un diseño de itinerarios personalizados de atención al desempleado, comenzando por aquellos trabajadores que tienen mayores problemas de acceso al empleo.

Ello va a requerir una profunda transformación de los programas actuales, que diversifique la oferta y permita el establecimiento real de medidas en cada Comunidad Autónoma, en función de las necesidades concretas de la formación profesional para el empleo y de la promoción del autoempleo, y de las especificidades de la actividad económica; pero, además, debe promover la información, la accesibilidad a la oferta formativa, la movilidad y la recualificación, mediante una labor reforzada y coordinación de unos Servicios Públicos de Empleo que tenemos que poner al mismo nivel de eficiencia y de capacidad de los países europeos.

Por otra parte, el Acuerdo incorpora nuevas iniciativas, de carácter urgente y excepcional, pero de calado, en favor de la incorporación al empleo de dos colectivos que están padeciendo más los efectos de la crisis: los trabajadores más jóvenes y los desempleados de larga duración.

Así, para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, donde tenemos un porcentaje de trabajadores muy inferior a la media europea, para estos colectivos se verán fuertemente reducidas las cuotas de la Seguridad Social e, incluso, eximidas por completo en el caso de pequeñas o medianas empresas. Es una opción nueva entre nosotros, una medida de estímulo a la contratación de gran intensidad, que esperamos que tenga la respuesta conveniente por parte de las empresas en nuestro país. Además, habrá estímulos para la conversión de estos contratos que se suscriban en contratos indefinidos.

En el caso de los parados de larga duración, cuando hayan agotado su protección por desempleo podrán acogerse de forma excepcional --como se ha recordado aquí-- a un programa de recualificación profesional, que incorporará ayudas económicas directas, apoyo a la renta, y medidas de atención personalizada para su reinserción laboral.

Los esfuerzos de austeridad que las circunstancias exigen y que ha asumido firmemente el Gobierno exigen que estas actuaciones de orientación, formación y prestación económica se produzcan sin incrementar el gasto en el conjunto de la Administración General del Estado, sino a través de una reordenación del Presupuesto que, lógicamente, acordaremos con carácter inmediato.

Asimismo, el Acuerdo contempla un compromiso de reforma global de la negociación colectiva, una cuestión de gran calado, sobre la que se ha escrito muchísimo en los últimos meses y años en nuestro país.

Los firmantes han llegado a la convicción de que una reforma en este ámbito es necesaria para mejorar la capacidad de adaptación de las empresas a las circunstancias cambiantes del mercado y, de este modo, para mantener y crear empleo de nuevo, el primero de nuestros objetivos compartidos.

Los interlocutores sociales han acordado los principios básicos de la reforma. Es un gran avance si pensamos, siquiera hace unos meses, en cómo estaban las posibilidades de acercar avances en materia de negociación colectiva.

Ese compromiso sobre los grandes principios supone que ambas partes están convencidas de que hay que reducir la actual complejidad de la negociación colectiva y su estructura, y que hay que mejorar las reglas sobre legitimación para negociar, así como enriquecer los contenidos de los convenios. Asimismo, existe consenso en que el dinamismo de la economía requiere mejorar las fórmulas de adaptación de las relaciones laborales, tanto respecto de la gestión de los acuerdos ya firmados y la resolución rápida de los conflictos que puedan surgir, como en lo relativo a la participación de los trabajadores en los procesos de flexibilidad interna.

El Gobierno comparte la necesidad de racionalizar y vertebrar mejor la negociación colectiva, potenciando la negociación en el ámbito de la empresa, y espera que se alcance en el tiempo previsto el acuerdo definitivo sobre los principios pactados, que el Gobierno trasladará a través de las oportunas reformas normativas. De nuevo, estamos ante una gran reforma, una reforma de calado, quizá la reforma en negociación colectiva de mayor calado de las últimas décadas.

Junto al empleo, el Acuerdo se ocupa también de reforzar las bases de nuestro modelo de crecimiento, incidiendo sobre su competitividad, en una línea de actuación en la que el Gobierno ha venido trabajando, y lo va a seguir haciendo, a través de diversas medidas de iniciativas legislativas.

Entre los diversos factores responsables de nuestra insuficiente productividad, se encuentran la pérdida de peso relativo de sectores claves, como el industrial, la dependencia energética que tenemos y la brecha histórica con los países más avanzados en la incorporación de la I+D+i, de la Investigación, el Desarrollo e Innovación, a los procesos productivos; brecha histórica que estamos acortando.

Para corregir esta situación las partes se han comprometido a adoptar el Plan Integral Industrial 2020 como instrumento central de avance, al mismo tiempo que lo enriquecen con una serie de propuestas nuevas. Así, se introducen medidas de reducción de cargas administrativas, incorporando a este esfuerzo a las Comunidades Autónomas, para analizar conjuntamente la normativa industrial eliminando disfunciones y solapamientos; se potencian los instrumentos de apoyo a la financiación de las PYME; se aborda la reforma del ICEX para acompañar mejor a las empresas en su apertura exterior y se refuerzan los instrumentos de seguimiento y participación de los interlocutores sociales en el propio Plan Industrial.

En materia energética se contemplan actuaciones con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro y la reducción de la dependencia energética, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental.

En materia de innovación, el Acuerdo, sin dejar de reconocer el importante esfuerzo realizado por las Administraciones en este ámbito, constata que aún estamos lejos de alcanzar el nivel de los países más desarrollados. Para continuar este proceso y avanzar hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia Estatal de Innovación, se acuerda reforzar las medidas en marcha con un conjunto de actuaciones en tres grandes ejes: generación de nuevos empleos tecnológicos, incluyendo la puesta en marcha de un nuevo fondo de capital-riesgo; la transferencia de conocimiento y la cooperación público-privada, incluyendo programas especiales para las zonas con un menor desarrollo tecnológico; y el impulso a la compra pública como instrumento de internacionalización de nuestras empresas más innovadoras.

Por último, los firmantes del Acuerdo expresan su convicción sobre la necesidad de "garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, a través de las reformas que garanticen su papel fundamental en el Estado del Bienestar".

Debo hacer una declaración de principios, en nombre del Gobierno, sobre la reforma de pensiones y sobre nuestro sistema de Seguridad Social. Esa declaración de principios viene a renovar nuestro compromiso y nuestra confianza en el Pacto de Toledo.

El Pacto de Toledo es uno de los grandes acuerdos vigentes en nuestro país en defensa de todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro sistema público de pensiones. Debo resaltar que el Pacto de Toledo elaboró un informe, aprobado por el Pleno del Congreso, que ha servido de guía al debate y al contenido de las reformas del sistema de Seguridad Social y al Anteproyecto de Ley que el Gobierno aprobó el pasado viernes, fruto del acuerdo que hoy suscribimos; y que es nuestro propósito que ese Proyecto de Ley de reforma de las pensiones tenga el mayor respaldo de los firmantes del Pacto de Toledo; es decir, de los Grupos Parlamentarios.

Para nosotros esta cuestión, el acuerdo político, tiene tanta importancia como el Pacto Social, porque fortalece la confianza, porque fortalece la credibilidad y fortalece la seguridad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones. De ahí que el Gobierno, al igual que harán los agentes sociales, buscará el acercamiento y el diálogo, fortaleciendo la información que ya hemos venido aportando a los diferentes Grupos Parlamentarios, para el apoyo, esperemos que muy mayoritario, a esta reforma del sistema de pensiones y el apoyo a la continuidad y al fortalecimiento del Pacto de Toledo.

Este acuerdo de pensiones aborda, quizá, uno de los retos mayores que tienen las sociedades europeas por delante, el reto demográfico, el envejecimiento demográfico, que en nuestro país, como es conocido, tendrá una especial intensidad en las próximas décadas y que exigía una gran respuesta colectiva.

El Acuerdo aborda, a este respecto, los grandes temas para que los parámetros de nuestro sistema de pensiones sean homogéneos a los de otros países europeos de nuestro entorno, que han hecho sus reformas recientemente, y lo hace de forma gradual y flexible.

Pero debo llamar la atención, como motivo de orgullo colectivo, que esta reforma de pensiones, que camina en términos similares a las reformas de pensiones de los países con más crecimiento, con más riqueza y con más competitividad de Europa, aquí se ha hecho con un gran acuerdo social; acuerdo social por el que, por cierto, esta mañana he sido felicitado --me ha pedido que así lo transmitiera-- por el presidente del Consejo Europeo, por Herman Van Rompuy, como un muy buen ejemplo de lo que ha de ser un mayor diálogo social en el ámbito de la Unión Europea y una mayor capacidad de llegar a compromisos ante la poderosa agenda de reformas que la Unión Europea está llevando a cabo.

Acuerdo para que nuestros parámetros del sistema de pensiones sean homogéneos a los países más avanzados y que se haga de forma gradual y flexible; además, incorporando, como ha explicado el secretario general de Comisiones Obreras, novedades importantes de reconocimiento a jóvenes y a mujeres, que, sin duda alguna, van a contribuir a la política a favor de la natalidad y al reconocimiento de aquellos que más dificultades objetivas pueden tener en su carrera laboral.

El Acuerdo supone avanzar hacia una mayor proporcionalidad del sistema al ampliar el período de cálculo y equiparar los años de cotización.

El Acuerdo supone que el derecho legal a la jubilación se sitúa en el intervalo entre los 63 y los 67 años, considerando la posibilidad de jubilación a los 61 años en determinadas situaciones de crisis bajo determinados requisitos, al mismo tiempo que se fomenta la prolongación voluntaria de la vida laboral.

El Acuerdo moderniza el sistema de pensiones con la introducción de un factor de sostenibilidad, como el que ya han incorporado otros países como Dinamarca, Alemania o Francia, que permitirá adaptar el sistema a la evolución de la esperanza de vida a partir de 2027, cuando la reforma esté plenamente implantada.

Un Acuerdo, señoras y señores, que redunda tanto en beneficio de los futuros pensionistas, en cuanto que garantiza con carácter indefinido sus pensiones, como contribuye decisivamente a la estabilidad a medio y largo plazo de nuestras cuentas públicas y, en esta medida, a la confianza de la que se hace acreedor un país que adopta una previsión de esta naturaleza.

Señoras y señores, amigos y amigas,

Éste es el significado y el contenido del Acuerdo que hoy acabamos de suscribir.

Es verdad que en la opinión pública, a veces, el debate discurre por clamar por un gran acuerdo social durante mucho tiempo y, cuando se produce, a pesar del contenido que acabo de relatar, que es suficientemente expresivo del alcance de las materias y de los temas que aquí se han abordado, se dice que es insuficiente, que es un acuerdo menor.

Éste es un gran acuerdo, que va a ayudar mucho a la confianza, al empleo, a la credibilidad, al estímulo y a recuperar la mejor de las energías del conjunto de la sociedad española, que sabe que ha hecho grandes cosas, que ha conseguido logros modernizadores y que también va a conseguir ahora superar esta situación y volver a una etapa de prosperidad.

Además, comporta la recuperación del diálogo social para ahora y para el futuro. Permítanme que insista en esta reflexión porque, si en un momento decisivo, grave, para la economía de nuestro país ha habido un alto sentido de responsabilidad por todas las partes, obliga a que el diálogo social se convierta en la forma natural en períodos de bonanza, en períodos de normalidad económica, a todos los Gobiernos en el futuro y, por supuesto, a las organizaciones sindicales.

Creo que hoy hemos refundado el diálogo social como uno de los mejores activos de España. Esa expresión de confianza que supone de las partes que se reconocen entre sí y de la que expresan a la propia sociedad española es, sin duda alguna, una confianza que tenemos que mantener en el desarrollo de los acuerdos, en la conclusión de los compromisos que están presentes en materia de negociación colectiva, por ejemplo.

Cuanto antes tengamos un pacto, un texto, con la letra pequeña, con el detalle, antes habremos demostrado que lo que estamos haciendo aquí tiene una gran seriedad y un gran alcance para la economía de nuestro país.

Estamos aquí porque hemos decidido sumar esfuerzos, aunar voluntades, avanzar juntos y porque sindicatos y empresarios han decidido, hoy más que nunca, comprometerse con el presente y el futuro del bienestar de los españoles.

Por ello, desde aquí debo reclamar el apoyo, la comprensión, la capacidad de diálogo y de acercamiento a todos los grupos políticos del contenido de este Acuerdo. El Gobierno se esforzará en la explicación y, por supuesto, en el mayor diálogo en su aplicación con todos los grupos políticos.

También debo lanzar un mensaje a los ciudadanos, un mensaje de confianza, un mensaje de respaldo a este Acuerdo, para que, desde su posición, cada uno desde su tarea, fortalezcamos los objetivos que contiene, muy especialmente el de la creación de empleo cuanto antes.

Con el consenso máximo de las fuerzas políticas y el apoyo de todos, empresarios, sindicatos y las organizaciones que lo integran, mejorará la aplicación concreta de este Acuerdo y será más rápida.

Debemos acelerar la recuperación económica y podemos acelerar la recuperación económica, debemos acelerar la creación de empleo y podemos acelerar la creación de empleo. Hay que poner todo el empeño y toda la voluntad en ello. Y lo hacemos desde la confianza y la tranquilidad que da poder decir a la sociedad española que con esta firma garantizamos el pilar básico de nuestro sistema de cohesión social, que es nuestro sistema de pensiones y que es nuestra Seguridad Social. Da tranquilidad y seguridad, y de ahí mi valoración sobre el Acuerdo.

Concluyo.

Todos debemos mostrar gratitud y reconocimiento hacia las personas que han hecho posible el Acuerdo que hoy se pone en marcha. ¿Podía haber más temas en el Acuerdo? Sí, pero los que hay son fundamentales, esenciales, y algún otro de los que aquí se ha invocado, como el sistema financiero, está también sometido a un proceso profundo de reforma.

A los que han negociado debo reconocerles su sentido de la responsabilidad. A cada uno de ellos me gustaría citarles personalmente, a todos, pero haría demasiado larga mi intervención.

Como presidente del Gobierno, debo expresar mi reconocimiento. Siempre he tenido plena confianza en España y en los españoles; siempre he tenido plena confianza en los empresarios y en los trabajadores, que durante tres décadas han conseguido que este país superara muchos años de retraso y nos incorporáramos a la modernidad y a Europa. Mi confianza en España y en su futuro inmediato, con la suma, con la unión de todos, con el remar juntos, es hoy mucho mayor.

Muchas gracias por su tarea.