Discurso del Presidente del Gobierno en el debate de convalidación de los dos Reales Decretos Leyes de medidas económico-financieras

Congreso de los Diputados

Señor Presidente, Señorías,

Comparezco ante la Cámara para pedir su apoyo a la convalidación de los dos Reales Decretos-Leyes que el Gobierno ha aprobado con medidas urgentes que afectan a nuestro sistema financiero. Se trata del Real Decreto Ley de 10 de octubre por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, y del Real Decreto Ley de 13 de octubre de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro. Ambas normas, aprobadas en un plazo de días, tienen su origen en la grave crisis financiera internacional y deben contribuir a estabilizar los mercados financieros y al restablecimiento de la confianza.

Con esta comparecencia de hoy son ya tres las ocasiones en que he acudido ante ustedes en los últimos cuatro meses para dar cuenta de la posición del Gobierno sobre el rápido deterioro del complejo contexto económico en el que nos movemos.

Como es conocido, Señorías, el origen de las turbulencias financieras se sitúa en Estados Unidos, en el mes de agosto de 2007, que es cuando comienza a hacerse notar la existencia de activos financieros complejos derivados de las conocidas hipotecas "subprime". Son los llamados activos tóxicos, esto es, créditos de muy dudoso cobro con los que se ha permitido especular de un modo absolutamente irresponsable, que han mermado la solvencia de algunas entidades y provocado un aumento creciente de la desconfianza en los mercados financieros, con la consiguiente contracción de la liquidez.

Algo más de un año después, durante las últimas semanas, el empeoramiento de la situación financiera internacional se precipita con inusitada gravedad.

En Estados Unidos afloran problemas de supervivencia de entidades centenarias y formalmente bien calificadas como Lehman Brothers, que quiebra, y se tienen que producir tomas de control de otras, como ocurre con las Agencias Hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, o con la compra de Merrill Lynch por el Bank of America; de forma que, desde el inicio de la crisis financiera, en verano de 2007, cerca de veinte entidades financieras habrán sido objeto de algún tipo de intervención, suspensión de actividad o inyección de liquidez o de capital público en la primera economía del mundo. Este proceso acaba desencadenando la decisión de la Administración norteamericana de presentar un plan de rescate de más de 700.000 Millones de dólares, aprobado por el Congreso el 3 de octubre, y que supone la intervención pública más importante en el sistema financiero de aquel país desde la crisis del 29.

Europa no ha sido ajena al contagio de estas turbulencias financieras. Un número significativo de entidades alemanas, inglesas, danesas y del Benelux han sufrido algún tipo de intervención, apoyo o toma de control por parte del sector público. A estos hechos ha venido a sumarse, primero, la desconfianza de muchos ciudadanos europeos sobre la seguridad y garantía de sus depósitos en algunas de las instituciones financieras de nuestro continente y, después, las sucesivas actuaciones de algunos Gobiernos europeos, aumentando de forma unilateral e ilimitada la garantía de esos depósitos.

Todos estos acontecimientos han puesto de relieve los riesgos de colapso del sistema financiero y la necesidad imperiosa de una acción coordinada a nivel internacional.

En la reunión del Consejo Económico y Financiero del 7 de octubre los países de la Unión Europea asumieron el compromiso de emprender todas las actuaciones necesarias para preservar la estabilidad del sistema financiero y hacerlo de forma coordinada.

Los Jefes de Estado y de Gobierno del área euro, en nuestra reunión del 12 de octubre, insistimos en la necesidad de abordar de forma conjunta y decidida los persistentes problemas de financiación bancaria. En este sentido, se alcanzó el compromiso de actuar en coordinación con el Banco Central Europeo para asegurar condiciones de liquidez apropiadas y facilitar el acceso a la financiación por parte de las entidades financieras, proveyéndolas en su caso de recursos de capital.

Todas estas actuaciones, que tienen como fin reactivar el acceso al crédito de las familias y de las empresas, fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los pasados días 15 y 16 de octubre.

Señorías,

El Gobierno de España ha actuado de acuerdo con la urgencia que requería la gravedad de la situación y ha adaptado los nuevos remedios extraordinarios a las circunstancias específicas de la economía española.

Me interesa destacar que lo hemos hecho siendo en todo momento respetuosos y coherentes con la coordinación que nosotros mismos demandábamos e impulsábamos en la Unión Europea.

Así, anuncié las medidas de ampliación de la garantía de depósitos y la creación del Fondo de compra de activos por parte del Tesoro horas después de la reunión del ECOFIN del pasado día 7 y en atención a sus conclusiones.

Y, como Sus Señorías también saben, las medidas contenidas en el segundo de los Reales Decretos Leyes, cuya convalidación defiendo en este Pleno, fueron aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del lunes siguiente a la reunión del Eurogrupo celebrada en París durante el fin de semana; una reunión que tuve la oportunidad de auspiciar junto al Presidente del Consejo, el Presidente Sarkozy, en la visita que hice a la capital francesa el viernes inmediatamente anterior.

Por tanto, las iniciativas españolas se han conjugado con las europeas en los tiempos y en el contenido, pues no en vano todas las medidas adoptadas por el Gobierno cuentan con el respaldo del ECOFIN, del Consejo Europeo y también del propio Banco Central Europeo, que acaba de remitirnos un Informe en el que hace una valoración general favorable de las mismas. Este Informe está ya a disposición de la Cámara.

Señorías,

Las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con nuestro sistema financiero se fundamentan en tres premisas que quiero hoy destacar aquí.

La primera es que nuestros bancos y cajas, a diferencia de lo que ha ocurrido con las entidades de no pocos países europeos, no han evidenciado problemas de solvencia que aconsejaran la aplicación de medidas de recapitalización. No obstante, por una elemental cautela y para contribuir a reforzar también en este sentido la confianza, hemos incluido al efecto en el Real Decreto Ley del 13 de octubre una habilitación específica al Ministerio de Economía y Hacienda.

Como en su momento afirmé, y el paso del tiempo ha corroborado, España cuenta con un sólido sistema financiero. Ello, en buena medida, se debe a nuestro propio marco regulador y a la supervisión ejercida, de acuerdo con él, por el Banco de España, que es una institución reconocida internacionalmente por su calidad y rigor.

Segunda premisa, la economía española tiene unas necesidades de financiación que, como consecuencia de nuestro déficit exterior, son mayores que las de otros países de nuestro entorno. El problema es que, a causa de la crisis financiera internacional, nuestras entidades han ido encontrando dificultades crecientes para captar los recursos necesarios en los mercados de capitales. Era imprescindible, pues, abrir nuevos cauces a la financiación de nuestros bancos y cajas para que esa financiación aproveche a las empresas y a las familias.

Tercera premisa, gracias a la política fiscal prudente de los últimos años, contamos con un nivel de deuda pública reducido en términos relativos, que nos permite razonablemente, y aún teniendo en cuenta su considerable entidad, acordar actuaciones como las que hoy somete el Gobierno a la consideración de la Cámara.

Antes de detenerme en el contenido concreto de los dos Reales Decretos Leyes no quiero dejar de referirme a otra disposición adoptada al mismo tiempo que el primero de ellos. Se trata del aumento de la cobertura que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos e Inversiones hasta los cien mil euros por titular y entidad. Aunque esta medida no era en principio necesaria, ya que no creemos que en ningún caso vaya a ser precisa su aplicación, hemos considerado conveniente reforzar con ella la confianza de los depositantes a la vista de la situación de algunas entidades de otros países y de la decisión de algunos de los socios europeos de elevar dicha garantía.

Como conocen Sus Señorías, la ampliación se ha articulado en una norma de rango reglamentario y, por tanto, no es objeto de los Reales Decretos Leyes sobre cuya convalidación hoy deben pronunciarse y de los que paso ya a ocuparme.

El Real Decreto Ley de 10 de octubre crea un Fondo con cargo al Tesoro que aportará financiación a nuestra economía mediante la adquisición a las entidades financieras de activos españoles de máxima calidad. De este modo, salimos al paso de las dificultades existentes para acceder a la financiación en los mercados internacionales y su inevitable impacto restrictivo sobre el crédito interno en nuestras empresas y familias. Este Fondo tendrá una dotación inicial de treinta mil millones de euros, ampliables hasta un máximo de cincuenta mil millones, que se financiará con la deuda que emita el Tesoro.

Las primeras operaciones se podrán realizar ya durante el próximo mes noviembre. Por ello, se aprueba para este ejercicio un crédito extraordinario de diez mil millones de euros ampliables, hasta los treinta mil millones de euros. La habilitación de los créditos necesarios para completar la dotación máxima del Fondo se incluirá en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009.

El Fondo invertirá en activos de la máxima calidad y se regirá por los criterios de objetividad, rentabilidad, eficiencia y diversificación. Así, para la realización de sus operaciones, el Fondo recurrirá a procedimientos competitivos para la selección de activos, en particular mediante subastas. Las adquisiciones se harán mediante compra en firme o con carácter temporal, los llamados repos. Los activos adquiridos serán cédulas hipotecarias o bonos de titulización respaldados por préstamos a familias y empresas no financieras.

Para garantizar que la financiación llegue a empresas y ciudadanos, el Fondo primará la adquisición de activos respaldados por nuevo crédito, entendiendo como tal el otorgado con posterioridad al 7 de octubre de 2008.

La dirección, administración y gestión del Fondo le corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda a través de un Consejo Rector, presidido por el propio Ministro, y de su Comisión Ejecutiva, presidida por el Secretario de Estado de Economía.

El hecho de que el Fondo vaya a invertir sólo en activos de máxima calidad y que lo vaya a hacer a precios competitivos permite que el Estado tenga fundadas expectativas de recuperar e, incluso, rentabilizar la inversión.

Siguiendo el principio de diversificación, que aminora el riesgo de la inversión, el activo del Fondo deberá estar adecuadamente distribuido, por lo que se establecerá un umbral máximo de riesgo frente a una misma entidad de contrapartida y un mismo emisor.

Además, por tratarse de dinero público, y como no podría ser de otra manera, hay que ser muy exigentes y rigurosos con todo lo que atañe al control y a la transparencia en la asignación del Fondo. En todo caso, éste tendrá una naturaleza temporal y perderá su razón de ser a medida que los mercados internacionales vayan restableciendo su normal funcionamiento, porque, Señorías, nada más lejos de querer crear una banca pública permanente, ni sustituir al mercado, sino más bien de poner en marcha un instrumento potente para superar la situación actual.

Consideramos que en estos momentos la intervención pública es necesaria e insustituible para asegurar la estabilidad y la financiación requerida por empresas y familias, y que va ser a cada vez más necesaria también para impulsar, con carácter general, en los ámbitos nacional y europeo la actividad económica y la creación de empleo; pero no la llevaremos allí donde los mercados estén en condiciones de atender satisfactoriamente los intereses generales.

Con el segundo Real Decreto Ley, el del 13 de octubre, prevemos el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España. Se incluyen las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales españoles. El aval se podrá extender, en su caso, a otros instrumentos bancarios, tales como los depósitos interbancarios, en el marco de un esquema concertado entre los Gobiernos de la zona euro.

El objetivo se sitúa en la misma línea de acrecer la financiación necesaria a nuestra economía, reduciendo la incertidumbre de nuestras instituciones sobre la obtención de financiación a medio plazo. Por esta razón, se avalarán operaciones con un plazo de vencimiento de hasta de cinco años.

En 2008 se podrán conceder avales hasta un importe máximo de cien mil millones de euros. Serán otorgados por el Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en condiciones de mercado, requiriéndose el pago de una comisión que refleje el riesgo que asume el Estado en cada operación.

Asimismo, con carácter excepcional, y también con un horizonte temporal limitado, hasta el 31 de diciembre de 2009, se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda, como ya he comentado anteriormente, para la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España que necesiten reforzar sus recursos propios, incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas. Los informes de adquisición se adoptarán previo informe del Banco de España.

En definitiva, Señorías, se trata de cuatro medidas las tres de los Reales Decretos Leyes y la ampliación de la garantía de depósitos de apoyo enérgico a nuestro sistema financiero, con un objetivo prevalente: poner a nuestras entidades bancarias en condiciones de suministrar a los ciudadanos de nuestro país y el crédito y la financiación necesarios, porque sin esa financiación no hay posibilidad alguna de recuperar el crecimiento económico y de crear empleo.

Son medidas semejantes a las adoptadas por nuestros socios europeos, porque se inscriben en una acción coordinada de la Unión Europea. Y ya sólo por ello son valiosas, porque responden a una estrategia común, eficaz y fuerte. Si esta crisis financiera internacional es en buena medida una crisis de confianza, una respuesta conjunta europea, como la que se ha producido, resulta imprescindible para restaurar la confianza.

Hemos sentado entre todos las bases para combatir la crisis económica en toda Europa, es decir, en cada uno de nuestros países. La Unión sale con esta acción reforzada y sale con capacidad para contribuir decisivamente a fijar un nuevo orden financiero internacional, y también para impulsar una poderosa política europea contracíclica que combata la crisis financiera y el frenazo de la economía real.

Lo está haciendo ya y lo seguirá haciendo: el Gobierno de España quiere contribuir activamente al desarrollo de esta acción europea conjunta y a la gestación del nuevo orden financiero internacional, porque no hay ninguna duda de que los riesgos a los que nos enfrentamos son globales, con unos mercados estrechamente conectados entre sí. Al igual que ningún país puede conjurar aisladamente los peligros y costes de la presente crisis, tampoco podrá prevenir eficazmente por sí solo las futuras.

Por tanto, necesitamos más y mejor regulación, la reordenación de las instituciones de supervisión, el aumento de la protección de los ahorradores, mecanismos de gestión y resolución de crisis y, en fin, un reforzamiento general de las instancias supranacionales de coordinación y vigilancia.

Esto supone un fortalecer muy significativamente las capacidades de vigilancia y actuación del Fondo Monetario Internacional, y una revisión de sus estructuras de gobierno y representación, con atención al mayor peso de los países emergentes y de los propios países avanzados en el sistema financiero mundial.

Más allá de las medidas, necesarias y urgentes, que estamos desarrollando en la Unión Europea para restaurar la confianza y el normal funcionamiento de los mercados, como la adecuada aplicación de normas contables, la regulación de las agencias de "rating" o la revisión del contenido de los Fondos de Garantía de Depósitos, necesitamos otras dirigidas a reforzar la regulación y supervisión bancaria.

En este sentido, a juicio del Gobierno, se hace necesario: ampliar el perímetro de control y supervisión para incluir a todos los agentes financieros que puedan generar riesgos para la estabilidad del sistema financiero; segundo, reforzar la regulación internacional de exigencias de capital, para aumentar los márgenes de seguridad del sistema y reducir la posibilidad de quiebra de las entidades financieras; tercero, introducir elementos anticíclicos en el marco prudencial de los requisitos de capital, en línea con la regulación sobre provisiones que aplica el Banco de España desde 1999; cuarto, prestar más atención a los riesgos de liquidez en la regulación y supervisión prudencial; y, quinto, asegurar la coordinación de las supervisiones en el examen de las entidades y en la resolución de crisis, apoyándose en instituciones regionales sólidas y eficientes. En este sentido, discurre la reciente iniciativa de la Comisión de constituir un grupo de expertos de alto nivel para promover una coordinación y actuación más eficiente de la supervisión financiera a escala europea.

Señorías,

Los acontecimientos ocurridos en el mundo en el último mes y medio han puesto de relieve dos hechos que quiero subrayar: por un lado, que la evolución de la crisis económica internacional ha adquirido caracteres de particular gravedad, pues ha afectado tanto a la economía real, como a las bases mismas del sistema financiero; por otro, que la cooperación y la colaboración entre toda la Comunidad Internacional constituyen requisitos de fondo si se quiere realmente no sólo salir cuanto antes de la crisis, y hacerlo con el menor deterioro para el bienestar de los ciudadanos, sino también prevenir crisis futuras. Esta enseñanza debe marcar, a mi juicio, la pauta de conducta de todos nosotros.

Es la hora de la colaboración; de la colaboración de instituciones y partidos, de agentes sociales y entidades financieras, y de la colaboración internacional, especialmente en el seno de la Unión Europea.

Por ello, Señorías, deseo agradecer la buena disposición hacia las nuevas medidas que me han transmitido personalmente la gran mayoría de los representantes de los diferentes grupos. Valoro, en especial, la actitud mostrada al respecto por el principal partido de la oposición y lo hago porque me parece de la máxima importancia que ahora todos sepamos actuar responsablemente, transmitiendo un mensaje de confianza al conjunto de la sociedad española sobre nuestro sistema financiero y su capacidad de servir, precisamente en este momento difícil, a la economía española, a las empresas y a los ciudadanos de nuestro país; más aún cuando hemos decidido apoyar este sistema con instrumentos de gran alcance, que comprometen un importante volumen de recursos públicos; el más importante, sin duda, de los que vayamos a emplear con medidas destinadas a combatir la crisis.

Valoro esa actitud responsable y también las propuestas realizadas por el Partido Popular para mejorar el control y la transparencia del Fondo de Adquisición de Activos, que vamos a tomar muy consideración a la hora de desarrollar reglamentariamente el Real Decreto Ley de creación del mismo.

Todos queremos que nuestras empresas y nuestras familias cuenten con recursos financieros suficientes para afrontar sus necesidades y todos queremos que los fondos públicos destinados a tal fin se utilicen bien, con la máxima transparencia y con la máxima eficiencia. Luego podremos discrepar, como de hecho lo hacemos, sobre las demás medidas ante la situación económica, pero sabemos que las que hoy aprobamos son imprescindibles. Mantengamos entonces la unidad en torno a ellas sumando nuestros votos para convalidar estos dos Reales Decretos Leyes.

El Gobierno aprecia también, de nuevo, el apoyo prestado en este punto por los agentes sociales, sindicatos y empresarios, y por los responsables de las entidades financieras y, en general, del mundo económico. Es fundamental que permanezcamos unidos en lo esencial para atravesar este período difícil y complejo en el que estamos inmersos.

Señorías,

Proteger a las familias y a las empresas recuperando cuanto antes la creación de empleo es el objetivo que da sentido a todo lo que hacemos. No escatimaremos un solo esfuerzo ni una sola idea para alcanzarlo. Ésta es la principal responsabilidad del Gobierno en una tarea que a todos nos convoca y que tiene una verdadera dimensión de país. Y hoy vamos a dar un paso importante en la buena dirección.

Muchísimas gracias.