Comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Senado

18.12.2018

Senado

Buenos días, señorías, señor presidente.

Antes de nada quiero, en nombre del Gobierno sumarme al minuto de silencio y a las palabras del presidente del Senado, para lamentar la muerte de Laura Luelmo, y enviar a sus familiares, a sus amigos, en nombre del Gobierno y de toda la sociedad, nuestro más profundo pesar.

Las primeras investigaciones, y con todas las cautelas, apuntan a un crimen violento, uno más, y una vez más la víctima es una mujer.

Todas las fuerzas democráticas debemos reforzar nuestro firme compromiso, y trabajar con absoluta determinación para poner fin a esta lacra. Independientemente del autor, y los motivos de esta nueva pérdida, la violencia machista es una realidad que ensucia nuestro país. Quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la justicia, quienes creemos en la libertad, quienes creemos en la convivencia, seguiremos luchando contra ella, con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo.

Descanse en paz.

Señor presidente, señorías.

Comparezco ante el Senado para dar cuenta de los asuntos que figuran en el orden del día de esta sesión.

Me referiré, en primer término, a las líneas generales de actuación del Gobierno. Y, posteriormente, a lo relacionado con la política migratoria.

Señorías, hace poco más de seis meses que el Gobierno inició su andadura. Lo hizo en circunstancias inéditas en nuestra historia democrática, mediante una moción de censura, mecanismo constitucional que arbitra el artículo 113 de nuestra Carta Magna. Una moción de censura necesaria y estabilizadora, de clarificadora y transformadora:

Necesaria, tras una sentencia demoledora para el Partido Popular, que dejaba clara su responsabilidad penal en materia de financiación irregular y enriquecimiento ilícito por parte de su dirigencia.

Estabilizadora, por cuanto la corrupción del partido entonces en el gobierno creaba desafección y hastío de la ciudadanía hacia la política.

Clarificadora. Porque la moción de censura dejó claro quienes estaban por la imprescindible regeneración y quienes lo estaban por perpetuarse en el poder, a toda costa.

Y, finalmente, y muy importante, una moción de censura transformadora, ya que abrió una puerta a la acción en la agenda política, tras años de parálisis y desidia por parte de la anterior Administración. El objetivo fue, en consecuencia, sacar a España de la parálisis y consolidar el cambio de época iniciado con la moción de censura.

Y para ello, señorías, el Gobierno se puso a trabajar desde el primer minuto. Consciente de que no había tiempo que perder. Empezamos a tomar medidas de calado desde el primer Consejo de Ministros, allá en el mes de junio, y siempre con una premisa, señorías: estar a la altura de las expectativas de cambio y regeneración política con las que la moción de censura abrió un nuevo tiempo en la política española.

Un tiempo para regenerar y para modernizar nuestra vida política. Un tiempo para abordar transformaciones largamente aplazadas por el bloqueo, la parálisis y la inacción del anterior Gobierno frente a retos urgentes que tiene nuestra sociedad.

Me he referido, señorías, en múltiples ocasiones a que un cambio como aquél no hubiera sido posible sin la madurez de nuestro sistema democrático e institucional.

Un traspaso de poderes arbitrado en pocas horas y hecho desde la normalidad ejemplar, son, a mi juicio, un activo que ya forma parte de la historia democrática de nuestro país.

En buena medida, señorías, esto fue posible gracias a los equipos y a la experiencia acumulada por un partido, el Partido Socialista, actor principal de la modernización y el progreso del país durante los 40 años de democracia. Y, por supuesto, al trabajo de los servidores públicos y a la fortaleza de nuestra arquitectura constitucional.

Y conviene tener presente esta idea precisamente ahora, Señorías. Cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución, a mi juicio, ofrecen una base sólida desde la que mirar al futuro con confianza.

Lo hacemos sabiendo que la nuestra es una democracia plena. Reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas del mundo.

Este es un mérito colectivo que a todos nos corresponde el deber y la responsabilidad de administrar, sin afán de apropiación por parte de nadie; porque nada erosiona más una causa que la soberbia y la exclusividad en su defensa.

Ese es el gran triunfo de nuestra Constitución, señorías: su carácter de obra colectiva; un logro -y esto me gustaría subrayarlo- que es de todos, y de todas. Un logro que nadie puede ni debe patrimonializar en exclusiva.

La Constitución proporciona el marco para la defensa de los principios que cada opción política tenga. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Se podría resumir, y sobre este asunto querría decir dos cuestiones adicionales:

La primera. Se ha apelado en reiteradas ocasiones, en relación con la crisis en Cataluña, a la democracia. Pero hay que recordar -y esta es la posición del Gobierno-, que la democracia no es solo votar cada cuatro años. La democracia también es convivir todos los días del año. Democracia, en consecuencia, es diálogo y ley. Diálogo siempre, Constitución también.

Y, en segundo lugar. Algunos ven en la crisis territorial la oportunidad para derruir la España autonómica y volver al centralismo pre-democrático. Esta no es la posición del Gobierno, señorías, y quiero decirlo aquí, en la Cámara territorial.

El Gobierno y yo mismo somos defensores de la España autonómica. La España autonómica ha sido sinónimo, durante estos últimos 40 años, de progreso y bienestar social. Impulsora de cohesión, de cohesión social, de cohesión territorial, que son, en definitiva, los pilares fundamentales para la convivencia y la concordia entre los pueblos de España.

De ahí que, desde mi llegada a La Moncloa, y en poco menos de seis meses, señorías, me haya reunido bilateralmente con todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos y también con los presidentes de las ciudades autónomas.

Esta semana haré lo propio, también, con el presidente de la FEMP, como prueba del compromiso del Gobierno con el municipalismo en nuestro país.

De ahí que, también señorías, en poco menos de seis meses, el Gobierno, en su conjunto, haya celebrado 40 Conferencias Sectoriales. Esta misma semana están previstas, incluso, dos más, Seguridad Nacional y Empleo y Asuntos Laborales. Y también hemos celebrado una Conferencia Sectorial por primera vez sobre de Deporte.

De ahí, también, señorías que en seis meses, vayamos a celebrar dos Consejos de Ministros fuera de Madrid, como prueba de nuestro aprecio, de nuestro respeto al pueblo andaluz y al pueblo catalán. Como prueba de nuestro respeto y de nuestro compromiso para fortalecer la España autonómica. Acercando el Gobierno de todos a cada uno de sus territorios. A todas y cada una de las ciudades españolas. El próximo año, también les anuncio, señorías, que celebraremos más Consejos de Ministros fuera de la capital, además del que hemos celebrado en la ciudad de Sevilla y el que celebraremos el próximo viernes en la ciudad de Barcelona.

Señorías, la España autonómica ha sido uno de nuestros mayores éxitos en democracia. El modelo autonómico necesita reformas, sin duda, y el Gobierno de España está dispuesto a afrontarlas. Pero reformas que fortalezcan nuestro Estado autonómico, no que lo debiliten. Que la hagan mejor, no involucionar con el discurso recentralizador que propugnan el espacio conservador en nuestro país. Hay que abordar su modernización, actualizar su sistema de financiación autonómica, su sistema de financiación local.

Y para todo ello, señorías, esta Cámara del Senado -representación de la voluntad territorial- debería jugar el papel que hoy no juega, rehén de un grupo parlamentario, con mayoría absoluta, siempre dado a instrumentalizar las instituciones en beneficio propio.

El Gobierno, señorías, se comprometió hace seis meses a impulsar un proyecto con tres ejes, bien definidos. El primero, la regeneración moral y política; la modernización- en segundo lugar- de nuestra economía y, en tercer lugar, el fortalecimiento de la cohesión social, en un país, con unas altas tasas de desigualdad, sobre todo entre la gente más joven.

No es un listado de objetivos que se puedan perseguir aisladamente, señorías. Sin regeneración moral y política, corremos el riesgo de ahondar aún más, en la desafección que alimenta a los extremismos, al autoritarismo.

Sin una modernización de nuestra economía corremos el riesgo de perder el tren de la revolución tecnológica tras años de recortes en las políticas de ciencia, en las políticas de I+D+i o de devaluación de la educación pública.

Y si el precio a pagar por la modernización de nuestra economía implica sacrificar una vez más la cohesión social, -con la devaluación salarial o la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones- no sólo estaremos cargando sobre los más débiles de nuevo la factura del cambio, sino que estaremos allanando el camino para que fenómenos divisivos y de fractura consoliden su presencia en nuestra sociedad.

El Gobierno ha hecho, y seguirá haciendo, una apelación constante al sentido de Estado, a la sensatez y a la búsqueda de acuerdos para reconstruir nuestro Estado de Bienestar. Porque es el mejor servicio que podemos hacer a la convivencia en nuestro país. Y porque supone recuperar el terreno perdido tras una década que deja a una inmensa mayoría de damnificados. No solamente estoy pensando en la gente joven de nuestro país, también en las mujeres que sufren la desigualdad laboral, y muy especialmente, a las personas de mi generación, de más de 45 años, que sufren el paro de larga duración.

Una década que arranca, señorías, con una recuperación desigual, en las que se privatizaron las ganancias y se socializaron las pérdidas. Así que, ya es hora de darle la vuelta a esa ecuación y equilibrar la balanza en beneficio de la mayoría social. Este, y no otro, es el objetivo del Gobierno de España.

Se equivocan, señorías, quienes ven en este objetivo una cuestión meramente ideológica, que también lo es: reconstruir el contrato social roto, como consecuencia de la crisis económica; roto como consecuencia de las políticas de austeridad, de esta última década, no es solamente una cuestión partisana, Está en juego, a mi juicio, el modelo de cohesión nacido de nuestra Constitución hace 40 años. Está en juego la idea de que las instituciones sirven al conjunto de la sociedad; pero especialmente a quienes más necesitan de lo público: quienes no tienen recursos económicos para poder hacer frente a las adversidades.

De una sanidad digna, de llamarse, sanidad pública; de una educación pública de calidad, equitativa y también excelente. O de un sistema público de dependencia a la altura de las necesidades de aquellas personas que necesitan del apoyo y del amparo del Estado.

El Gobierno gobierna, señorías, y lo hace desde el primer minuto uno. Y no olvida lo que supuso la moción de censura, como expresión máxima del hartazgo de una sociedad cansada de la corrupción de la anterior Administración y del deterioro de las instituciones.

Regeneración moral; regeneración moral, señorías, y regeneración política de la vida pública, para que en España el debate estuviera centrado en las políticas públicas y no en ver a un Gobierno que empleaba más tiempo en defenderse ante los tribunales, que en defender los intereses de los ciudadanos.

Señorías, regeneración es asumir las responsabilidades con ejemplaridad y con humildad.

Regeneración política es levantar el veto a más de sesenta iniciativas en el Consejo de Ministros. Iniciativas, muchas de ellas, relacionadas con materias sensibles en igualdad entre hombres y mujeres, en libertades, en derechos sociales y en derechos laborales.

Regeneración política es poner en marcha foros de debate que llevaban siete años sin celebrarse, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

Regeneración política es volver a convocar foros multisectoriales de diálogo con la sociedad civil en todos y cada uno de los Departamentos del Gobierno y que llevaban años cerrados a cal y canto. Fruto, señorías, de la reactivación de la Comisión Bilateral es la convocatoria de Comisiones Sectoriales en las que se vuelve a hablar de lo que más importa a la ciudadanía de Cataluña: de las infraestructuras, de la financiación de sus servicios públicos. En definitiva, de cómo mejorar los servicios y la cohesión social que reciben los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma.

Regeneración política es reactivar los cauces de diálogo con la España de las autonomías.

Como antes he indicado, he mantenido, en tan solo seis meses, encuentros con los 17 presidentes y presidentas autonómicos y con los dos presidentes de las Ciudades Autónomas.

Ejemplo de nuestra vocación para fortalecer la España autonómica, es la reactivación, también, de la Comisión Mixta de Transferencias del Gobierno de España, con el Gobierno vasco, que ya ha hecho efectivos traspasos en la gestión en materia de infraestructuras y tramos de ferrocarriles de mercancías.

Regeneración, en definitiva, moral, señorías, es apostar por la transparencia, aprobando el Reglamento de la Ley reguladora del ejercicio de Alto Cargo de 2015, después de años de silencio clamoroso.

Y miren, señorías, gracias a esa iniciativa, el BOE del pasado 29 de septiembre de este año, publicó las declaraciones de bienes patrimoniales y actividades de más de 1.000 altos cargos.

Por cierto, altos cargos nombrados por este Ejecutivo, por supuesto. Pero también los del Gobierno anterior, que nunca se publicaron en su momento, pese a existir una Ley que obligaba a ello.

Regeneración moral es impulsar la limitación de los aforamientos para cumplir con una exigencia ineludible: terminar con una protección que pudo tener sentido en un contexto político e histórico distinto, pero que ya no es percibido como tal por la ciudadanía de nuestro país.

Regeneración moral, señorías, es adecuar el artículo 49 de nuestra Constitución a la lógica de los tiempos y borrar una terminología inaceptable para aludir al colectivo de las personas con capacidades distintas, las personas con discapacidad.

La reforma de la Carta Magna en este ámbito no es una mera cuestión simbólica -si fuera eso también valdría- es un acto, señorías de decencia, de dignidad y de justicia.

A lo largo de estos seis meses el Gobierno ha actuado con diligencia en el segundo eje al que les hacía referencia. La regeneración política y moral es el primero, les recuerdo que el segundo es la modernización de nuestra economía.

Un vector fundamental para encarar los desafíos de futuro a los que se enfrenta nuestra economía y que exigían actuar con determinación desde el primer momento.

Quiero destacar en este ámbito la transposición de directivas que acumulaban retrasos injustificados. Retrasos que, en algunos casos, podían implicar riesgo de sanción ante la desidia del anterior Ejecutivo a la hora de adaptar nuestra normativa.

Retrasos, en consecuencia, señorías, inaceptables para mi Gobierno que luce con orgullo su vocación europeísta.

La modernización de nuestra economía, hablando también de Europa, también tiene que ver con la culminación de la Unión Económica y Monetaria, con la creación del presupuesto comunitario, con la aprobación urgente del nuevo marco de financiación plurianual, con la constitución del Fondo Europeo de Desempleo y también con la constitución del pilar social que exige el funcionamiento de nuestro el mercado interior, y que este Gobierno defiende y propugna en todos los foros europeos.

Modernización, señorías, también es apoyar nuestra internacionalización. La internacionalización de nuestra economía. La presencia del Gobierno de España en Iberoamérica es prioritaria, y así ha sido reconocida, también por el tejido empresarial presente en Iberoamérica.

Modernizar la economía, señorías, es dotarnos de las mejores herramientas de supervisión para evitar errores como los cometidos en el pasado. Y, en este sentido, creo que es importante subrayar, es importante reseñar la creación de la Autoridad Macroprudencial, que, en definitiva, lo que hace es reforzar la capacidad de supervisión del sistema financiero y prevenir crisis futuras. Y contribuir a que el sistema financiero tenga un papel positivo en la estabilidad y en el crecimiento económico.

Señorías, sólo España e Italia no contaban con un organismo como este. Y a partir de ahora, como consecuencia de la decisión del pasado Consejo de Ministros, saldremos del furgón de cola también, como en otros muchos territorios, en este ámbito.

Con el Real Decreto-ley aprobado en este último Consejo de Ministros, dotamos de nuevas herramientas macroprudenciales a los organismos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y contribuimos con ello a la prevención de riesgos sistémicos en sus áreas de responsabilidad.

Este Real Decreto-ley se enmarca en la creación de la Autoridad Macroprudencial del Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo del que quiero destacar dos signos distintivos: el primero, la independencia y, el segundo, su carácter transversal.

No es el único ámbito en el que estamos trabajando para dar seguridad y certidumbre a los principales operadores económicos. El Ministerio de Economía también trabaja en la puesta en marcha de la Autoridad de Defensa del Cliente de Productos Financieros. Un organismo imprescindible para proteger a los consumidores, a los ciudadanos de a pie, y evitar que se repitan abusos del pasado que todos tenemos en mente.

Señorías, modernizar la economía es apostar por sectores estratégicos para nuestro país, como es la agricultura y la pesca.

Apostando por medidas de promoción en terceros países o la mejora de su competitividad, en iniciativas como el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.

O reforzando una herramienta fundamental, como el Plan de Seguros Agrarios, aprobado días atrás y dotado con 211 millones de euros para el año 2019.

En materia de pesca, seguimos apoyando la ratificación del Acuerdo Unión Europea-Marruecos, que va a beneficiar fundamentalmente al sector pesquero de Andalucía, de Galicia y de las Islas Canarias.

Y, señorías, tenga ustedes el convencimiento de que el Gobierno va a luchar en la negociación de los Presupuestos Comunitarios con una Política Agraria Común fuerte, situando al agricultor familiar, que supone el 80% de la agricultura española, en el centro de nuestras prioridades, en el centro de nuestra acción política.

Y al hacerlo, no sólo estamos defendiendo un sector económico estratégico que crece, como atestiguan los datos de incremento récord de Renta Agraria este año. Estamos defendiendo algo importantísimo para nuestro país, y para este Gobierno, como es la vertebración territorial.

Contra la idea de una España vacía ante la que no se ha hecho nada, durante estos últimos años, el Gobierno sí tiene la determinación de actuar; sobre todo potenciando algo fundamental como es el papel de las mujeres y de los jóvenes en nuestra agricultura. Y dando protagonismo a los gobiernos locales.

Ejemplo de ello es la tramitación que ha hecho el Ministerio de Política Territorial para dotar con 80 millones de euros la financiación de proyectos de creación de empleo, en el marco del desafío que representa el reto demográfico y la repoblación de la España interior.

Señorías, modernizar la economía es creer en el potencial de nuestro sector cultural. De ahí, que hayamos elevado las ayudas al cine en un 21%, hasta alcanzar los 88,5 millones de euros, un incremento del 20,9% respecto al año 2017. Modernizar la economía es apostar por la ciencia y por la innovación, como fundamento del desarrollo de nuestra economía a las puertas de un auténtico cambio de época.

Llevar a tiempo, señorías, es revertir el impacto de políticas miopes que han agrandado la brecha que tiene España con la media de los países de nuestro entorno en materia de política científica.

Por eso, el Gobierno se ha puesto manos a la obra en una materia en la que nuestro país no puede permitirse ningún tipo de retraso más.

Hemos aprobado -en estos seis meses- la dotación de 100 millones de euros para financiar 500 proyectos empresariales innovadores impulsados por Pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores; hemos incrementado en un 15%, respecto a 2017, la convocatoria de ayudas por parte de la Agencia Estatal de Investigación para contratar a 830 investigadores y técnicos de apoyo; entre ellos 200 nuevos contratos Ramón y Cajal.

Señorías, es la primera vez -y quiero subrayar esto, la primera vez- desde el año 2012, que se incrementa el número de nuevos contratos de excelencia investigadora en este ámbito. Estamos hablando de promoción y también de recuperación del talento científico. Que se entienda con claridad: talento científico perdido por años de recortes y que, en muchas ocasiones, está contribuyendo al desarrollo de la economía de países vecinos en lugar de hacerlo aquí, en nuestro país, en el país en el que se formaron esos extraordinarios investigadores y científicos.

Esta línea de actuación se une al refuerzo de convocatorias similares para la convocatoria de contratos predoctorales. O para la participación en olimpiadas científicas, un ámbito en el que también hemos tenido que actuar ante el "abandono" o ante el olvido, --vaya usted a saber--, del anterior Gobierno en un instrumento esencial para promover vocaciones tempranas en la ciencia y en la innovación, singularmente entre la población femenina.

Modernizar también nuestra economía, señorías, es luchar contra uno de los principales desafíos que tiene nuestra economía como es el desempleo juvenil.

Ese es el propósito del Plan de Empleo Juvenil que aprobó hace dos semanas el Consejo de Ministros: movilizar en tres años 2.000 millones de euros para rebajar la tasa de desempleo entre la gente joven, en diez puntos. Plan que -quiero subrayar- contó con el acuerdo de los agentes sociales.

O también apostar con decisión por una Estrategia de Formación Profesional, una línea clave en la que la interlocución con empresarios y sindicatos será prioritaria.

Señorías, quiero subrayar algo que, a mi juicio, es absolutamente inaceptable: hace ocho años que el Consejo General de la Formación Profesional no se reunía en nuestro país.

Este solo dato, y las iniciativas de impulso a proyectos de innovación en centros de toda España, reflejan las prioridades de un Gobierno frente a la inacción de otros que ni tuvieron iniciativa, ni voluntad ni determinación para impulsar la Formación Profesional en nuestro sistema educativo.

Modernizar nuestra economía es apostar por la educación pública y revertir, en consecuencia, los recortes en un ámbito en el que España se juega literalmente su presente y su futuro.

Para ello, hemos aprobamos el Anteproyecto de Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza no Universitaria, que es el primer paso para terminar con la ventana abierta a la masificación de las aulas o también los retrasos inasumibles en la cobertura de bajas de docentes.

Algún día entenderán algunos, señorías, que el gasto en educación es inversión en ciudadanía; y que el recorte en este ámbito significa, más que en ninguna otra área, pan para hoy y hambre para mañana.

En estos meses, hemos adoptado decisiones claves en el ámbito también de la función pública.

Promoviendo, primero, la mayor Oferta de Empleo Público en una década, con más de 30.000 nuevas plazas; y, en segundo término, revirtiendo recortes en materia de incapacidad para los empleados públicos.

Junto a ello, el acuerdo alcanzado para la equiparación progresiva salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la celebración de la Mesa de retribuciones de las carreras judicial y fiscal, celebrada por primera vez en 15 años, prueban el compromiso del Gobierno con los servidores públicos.

No quiero dejar de mencionar el servicio que presta nuestro Ejército, presente en misiones internacionales, estabilizadoras y favorecedoras de paz.

El Gobierno, señorías, está comprometido firmemente con el fortalecimiento de la Función Pública. Y por ello, señorías, quiero anunciarles lo siguiente: El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019. A esta subida se podrá sumar otra parte variable del 0,25% ligada a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Todo ello -y también quiero subrayarlo- gracias al acuerdo y a la responsabilidad de las organizaciones sindicales.

Señorías, modernizar la economía es apostar también por la transición ecológica, por adaptarnos al cambio climático y por trasladar un mensaje inequívoco de que vamos a transformar nuestro sistema económico.

Modernizar la economía, en consecuencia, es fomentar el impulso a las energías renovables, es fomentar el autoconsumo, y es también, como ha hecho este Gobierno, eliminar el impuesto al Sol.

Modernizar la economía es apostar por la reindustrialización de nuestro país. Señorías, España tiene por delante el reto de reconquistar el peso de la industria en términos de PIB para situarnos en la media de los países de nuestro entorno europeo.

A esta filosofía obedecen iniciativas como el Plan Reindus, de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, dotado con 400 millones de euros.

O también, el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio. O la recuperación de un contrato importante para la industria del sector de la automoción, como es el contrato relevo.

Por otro lado, el Gobierno sigue trabajando en la mejora del sistema de protección de los autónomos. Y lo hará mediante al acuerdo y el diálogo constante. Trabajamos en garantizar que reciban prestaciones por contingencias desde el primer día, en el acceso a la prestación por cese de actividad o en el acceso a la formación continua y al reciclaje profesional.

Y modernizar la economía también, señorías, es luchar contra la precariedad laboral o si me lo permiten decirlo en términos positivos, luchar por la dignidad en el empleo.

En torno a 50.000 trabajadores temporales vieron mejoradas sus condiciones laborales gracias al Plan Director por el empleo digno, que pusimos en marcha en el primer mes de vida de este Gobierno. Una vez más, estamos hablando de voluntad política frente a la inacción. A octubre de este año, a los dos meses de vigencia de este Plan, ya se había duplicado el número total de contratos en fraude de ley convertidos en todo el año anterior.

¿Acaso no existía este problema el año anterior, señorías? No. El problema, la precariedad injustificada, la precariedad fraudulenta, siempre ha estado ahí como consecuencia de la reforma laboral aprobada por la anterior Administración.

Quien no estaba era un Gobierno comprometido a luchar contra ella con todas las herramientas que la ley pone a su alcance. Hoy, gracias a ese Plan Director y al compromiso del Gobierno de España, miles de trabajadores y de trabajadoras tienen más derechos y más certidumbre gracias a una iniciativa que no exigía más que una cosa: voluntad política, que es lo que tiene el actual Gobierno y no tuvo el anterior Gobierno.

Iniciativas en el ámbito de la movilidad y también de las infraestructuras son fundamentales para la modernización de nuestra economía, como es por ejemplo, la resolución de los contratos de concesión de explotación de autopistas de peaje. Como es la aprobación de casi 10.000 millones de euros en este último Consejo de Ministros, gracias al Contrato Estado-Renfe, que garantiza movilidad, que vertebra territorio y que mejora el servicio de Cercanías. Un transporte público fundamental, sobre todo para la gente joven, en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades de nuestro país.

O la puesta en marcha de las bonificaciones al transporte de residentes en las Islas Baleares, en las Canarias, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que muestran, en definitiva, el compromiso del Ejecutivo con la cohesión territorial, con la igualdad en cada uno de los territorios de nuestro país.

Pero también muestra el compromiso con las infraestructuras públicas.

Hace un año, señorías, recordarán ustedes por estas fechas, miles de ciudadanos sufrieron las consecuencias de un colapso inaceptable en una autopista de la red pública. La sanción máxima contemplada, entonces, en la normativa frente a los incumplimientos de la concesionaria era de 15.000 euros.

También aquí hemos actuado, endureciendo las sanciones por negligencia en la gestión de un servicio público fundamental, como es el de la movilidad, del que es titular la ciudadanía. Eso también es poner en valor lo público frente a los olvidos de otros.

En materia fiscal, actuamos con determinación y con rapidez ante las consecuencias de un pronunciamiento judicial que obligaba a los ciudadanos a hacer frente al pago del Impuesto de las Hipotecas.

El Gobierno actuó con decisión, poniéndose de lado de los consumidores. Y, en este mismo ámbito, hemos presentado los Anteproyectos de ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y la Creación del Impuesto de Transacciones Financieras, el llamado en términos coloquiales, Tasa Tobin.

Modernizar la economía implica justicia tributaria, progresividad y compromiso con el Estado de Bienestar. Tenemos mucho camino por recorrer en la lucha contra el fraude.

Para empezar, prohibiendo las amnistías fiscales con las que la anterior Administración abrió la veda a la peor de las injusticias que es validar los comportamientos inaceptables que no sólo dañan y socaban los pilares del Estado de bienestar, sino que también lo hacen a una España que mejor se define así, cumpliendo con las obligaciones fiscales y no beneficiándose de las amnistías injustas. Con esa modificación que hacemos de la ley, con la aprobación de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, se acabarán las amnistías fiscales, de una vez por todas, en nuestro país.

Señorías, modernización de la economía, y al final, una sociedad más cohesionada. Una sociedad más cohesionada es una sociedad más robusta para hacer frente a los desafíos de un tiempo lleno de incertidumbres.

Es una sociedad dotada de las defensas necesarias para hacer frente a proyectos que avanzan en sentido contrario a la lógica de nuestros tiempos.

Que conducen a un pasado al que España pasó página con el empuje de quienes lucharon por sus derechos con ahínco e hicieron del nuestro un país más digno, más decente.

Vamos a plantar cara a los que viven de la nostalgia de la España del blanco y negro. A la supuesta incorrección política, este Gobierno va a responder con políticas concretas y correctas; con más feminismo y con más igualdad.

Yo lo único que pido a otros proyectos políticos, que creíamos vacunados contra esta regresión machista, es que no se sumen al coro. Que no sean compañeros de viaje de ese retorno al pasado. Que no elijan involución a cambio de sillones.

En seis meses, este Gobierno, señorías, ha desbloqueado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos repartido los recursos presupuestarios a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por unanimidad. Y hemos devuelto competencias a los ayuntamientos, que son agentes clave para luchar contra la lacra de la violencia de género.

Hemos modificado la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales. Hemos modificado el Código Civil, para que los menores expuestos sólo necesiten el permiso de un progenitor para recibir la atención psicológica. Porque un maltratador, señorías, no es, ni será nunca, un buen padre.

También hemos puesto en marcha el Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Frente al infame negacionismo de algunos, este Gobierno se va a encargar de que la voz de la mujer se tenga en cuenta en la adaptación de todas nuestras normas. No es ideología de género, como dicen algunos, señorías. Es feminismo, y es una credencial que este Gobierno luce con orgullo.

La protección al menor ha sido también una prioridad absoluta para este Ejecutivo. Lo fue desde el primer minuto, con la creación del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, o la puesta en marcha del programa para los niños y niñas en situación de pobreza durante el verano cuando se cierra el curso escolar.

Lo ha sido más adelante, con la toma de conocimiento del Anteproyecto de Ley de Protección Integral, contra la Violencia contra la Infancia, que el Gobierno pretende aprobar en breve.

Señorías, también aquí apelo a la responsabilidad de las Cámaras para sacar adelante una iniciativa necesaria. Fíjense, fortalecer también la cohesión, que es el tercero de los ejes que define la acción de este Gobierno, es eliminar trabas inexplicables, que han existido durante muchísimo tiempo en nuestro país. Trabas por VIH, por diabetes, por psoriasis, por celiaquía para el acceso a la Función Pública de casi siete millones de personas que sufren este tipo de patologías. Y lo ha hecho este Gobierno en menos de seis meses.

Fortalecer la cohesión social es pagar las cotizaciones a la Seguridad Social a las cuidadoras no profesionales del sistema nacional de Dependencia o subir la base reguladora de las pensiones de viudedad para personas con 65 o más años, para alcanzar el compromiso que teníamos fijado en la Ley de la Seguridad Social, del 60% de la base reguladora del 1 de enero de 2019.

Fortalecer la cohesión social es devolver la naturaleza universal a nuestro sistema de sanidad pública, que el Gobierno hizo efectiva mediante Decreto-ley el pasado mes de julio, tan sólo un mes después de tomar posesión.

Como también lo es fortalecer la cohesión social, señorías, el garantizar a las mujeres lesbianas y a las mujeres solas el derecho a la reproducción asistida en el sistema sanitario público, que fue cercenado por la anterior Administración y recuperado por el actual Gobierno.

España, como les decía, señorías, es un país más digno desde que se reconocen derechos que ya no tienen vuelta atrás. Y, por tanto, una vez más apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igualdad y la inclusión social que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas.

Señorías, cohesión social también es luchar contra la pobreza energética: ahí está el incremento en un 15% del beneficio en el bono social e inclusión de prohibiciones y limitaciones de corte de suministro durante el invierno a los hogares más vulnerables.

Y la creación del bono social térmico, para proteger a los consumidores o la suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que intenta paliar el aumento de la factura de la luz.

Cohesión social es no dejar a nadie en la estacada. Como las víctimas del olvido del Programa de Activación del Empleo, evitando que 41.000 personas quedaran desprotegidas y sin ayudas, y con una cobertura especial a las mujeres desempleadas, que son las más vulnerables.

Quiero concluir esta relación de iniciativas adoptadas en este periodo con una referencia a las medidas que contempla el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler accesible.

Un derecho no es tal porque lo establezca una norma jurídica. Eso es evidente. Un derecho lo es porque se puede ejercer el mismo en la vida real.

Esta norma que se aprobó en este último Consejo de Ministros, y que entra en vigor en el día de hoy, aumenta de 3 a 5 años de la duración los contratos de alquiler, la elevación de 1 a 3 años de prórroga tácita, y la limitación de las garantías adicionales a la fianza hasta un máximo de dos mensualidades.

Señorías, no sólo estamos hablando de cohesión social, también de emancipación de la gente joven en nuestro país, y de evitar la gentrificación que se vive en nuestras ciudades se abra paso y se consolide. Una vez más, como en otros ámbitos, hay quien prefiere cruzarse de brazos. De hecho, esa es la causa de que hayamos llegado a esta situación: la omisión.

No podemos conformarnos, o al menos este Gobierno no se conforma con que el 60% de nuestros jóvenes entre 18 años y 33 años vivan con sus padres. No podemos confinar a una generación entera a vivir vidas precarias, a cobrar sueldos precarios, y a tener viviendas precarias.

Fortalecer, en consecuencia la cohesión social es desafiar a uno de los principales males que tiene nuestra sociedad, que es la precariedad con la que se condena a una generación de la que depende, no digo ya el futuro, sino también y muy especialmente presente de nuestro país.

Señorías, les he expuesto las principales líneas de actuación de un proyecto de regeneración política nacional basado en esas ideas: regeneración política y moral; modernización de nuestra economía y fortalecimiento de la cohesión social.

Son un punto de partida desde el que el Gobierno muestra su determinación a la hora de cumplir con sus compromisos. Y de los que hoy da cuenta ante esta Cámara, consciente de que falta mucho por hacer; pero también satisfecho en un camino que va a tener continuidad.

Constituyen estos tres ejes la base sobre los que afrontar los desafíos que aún tenemos como sociedad por delante, y que exigen de un proyecto de transformación y de unión. Un proyecto para recuperar el tiempo perdido tras años, insisto, de inacción, de desidia, de bloqueo y de vetos mutuos. Y, en ese sentido, me gustaría referirme a las cinco grandes transformaciones que necesita afrontar nuestro país, en esta década que tenemos por ganar, después de una década perdida, como consecuencia de la crisis económica.

Cinco grandes transformaciones desde las que empezar a recuperar el terreno perdido a las puertas de una nueva década y superar las heridas de una década perdida, como consecuencia de esa crisis económica.

En primer lugar, la gran transformador que necesitamos abordar es nuestro sistema educativo, la ciencia y la cultura. Les he relatado algunas iniciativas que avanzan en esta línea, que hemos tomado ya, y que parten de una premisa: la educación es una palanca de cambio para ganar el futuro.

El abandono de la Formación Profesional, la pérdida de talento y el deterioro de la educación pública son la receta que conducen a la precariedad y el empleo de escaso valor añadido.

El Gobierno tiene clara cuál es su prioridad y por eso no sólo vamos a derogar los aspectos más lesivos de la LOMCE, sino que vamos a concretar una apuesta en su proyecto presupuestario, que nos haga recuperar el territorio perdido tras años de retroceso.

En segundo lugar, un proyecto transformador tiene que basarse en el fortalecimiento de nuestro Estado de bienestar, con una reflexión profunda que tenemos que abrir en nuestra sociedad, señorías, sobre nuestro sistema fiscal, sobre la financiación y la sostenibilidad futura de la educación, de la sanidad, de la dependencia y de nuestro sistema público de pensiones.

La regresión en cohesión social está detrás de crisis políticas profundas que se reproducen en nuestro entorno. También aquí, en España, donde años de recortes en nuestro Estado de bienestar están detrás de retóricas identitarias y de discursos que avanzan contra la lógica de la historia.

Por tanto, educación, ciencia, cultura, como primer elemento transformador. El debate que tenemos que abrir sobre sistema fiscal para sostener nuestro sistema público del Estado de bienestar. Y, en tercer lugar, un proyecto transformador en el mercado de trabajo y el impulso empresarial.

Señorías, un país rico como España, no puede tener trabajadores pobres.

Como ya conocen, vamos a promover el próximo viernes, la subida del Salario Mínimo Interprofesional más alta desde el año 1977. Y va a ser en Barcelona, el próximo viernes. El Consejo de Ministros adoptará una decisión que impugna las consecuencias de una devaluación salarial que ha empobrecido a millones de trabajadores y trabajadoras en los últimos años, como consecuencia de la reforma laboral planteada por el anterior Gobierno.

En cuarto lugar, el proyecto de transformación que necesita nuestro país, necesita y exige un mayor compromiso con el medio ambiente y con la transición ecológica de nuestra economía.

Somos, señorías, un país muy expuesto a los efectos del cambio climático. No digo expuesto, porque lo somos todos. Según el panel internacional de científicos de Naciones Unidas, el 40% de nuestro territorio se ve amenazado por la desertificación, y, por tanto, debemos estar a la vanguardia en este compromiso global.

Una transición ecológica, tiene que llevar también acarreada una transición justa; en lo que los sectores más expuestos, --el sector de la minería--, no sean los que paguen la factura de un auténtico cambio de paradigma con consecuencias en la economía, en la movilidad, en el empleo y en la sostenibilidad. Es el camino que ya ha empezado a transitar el Ejecutivo. Y va a marcar nuestro compromiso futuro con la aprobación, que ya les adelanto, de una Ley de cambio climático que pretendemos sacar antes de que finalice este año.

Y, finalmente, el quinto elemento de este proyecto de transformación que necesita nuestro país para la próxima década exige de la regeneración institucional. El Gobierno ya ha dado prueba de su compromiso en esta materia.

Hemos apelado al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, con la modificación del voto rogado que permita que la voz de miles españoles -cada vez más desgraciadamente- que viven en el exterior se escuche en todos y cada uno de nuestros procesos electorales.

Hemos puesto en marcha medidas de transparencia que dormían el sueño de los justos durante años, como consecuencia de la desidia de la anterior Administración, y hemos puesto sobre la mesa una propuesta de supresión y de limitación de los aforamientos, gracias a la propuesta de reforma constitucional. Y hemos hecho de la ejemplaridad un valor que contrasta con años de descrédito acelerado de las instituciones.

Hace poco, señorías, celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución. Y tengo la certeza de que contamos con una buena base que ha hecho de la nuestra una democracia completa a los ojos del mundo entero.

Pero hay mucho por hacer para incorporar los valores de un tiempo distinto al de 1978. Avanzar en igualdad y desafiar a todas las formas de exclusión social son algunos de esos valores que la sociedad ha hecho hoy suyos. Es hora de que la política esté a la altura de ese desafío.

Señorías, al comienzo de mi intervención aludí a la decisión de este Ejecutivo de levantar el veto a la tramitación de numerosas iniciativas legislativas. Conviene que otros hagan examen de conciencia al respecto. Sobre todo, aquellos que tienen mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Especialmente aquellos que, desde el filibusterismo parlamentario, se han especializado en el veto encubierto utilizando las instituciones con fines partidistas. Son los mismos que, a fuerza de cobijarse en el veto y la falta de iniciativa, hoy sólo se definen ante la ciudadanía por aquello a lo que se oponen. Y no por aquello que proponen.

Iniciativas de contenido social en materia de igualdad de género, en materia de reconocimiento de nuevos derechos y libertades en nuestra legislación como es la eutanasia o la muerte digna, han sufrido las consecuencias de esta práctica que devalúa la calidad de la democracia y ofrece a la ciudadanía la peor cara de la política.

Señorías, el gobierno avanza en su agenda del cambio, pese a quien le pese.

Miren, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentaremos en el mes de enero de 2019 se enmarca en los cinco grandes ejes de transformación que les he expuesto anteriormente. Y nace de un acuerdo político en el que priorizamos políticas sociales necesarias para cerrar las brechas abiertas de la desigualdad en nuestro país.

Son unas cuentas públicas valientes. Son unas cuentas públicas sostenibles, que cumplen con los compromisos europeos asumidos por nuestro país como Estado miembro de la Unión Europea.

Es un proyecto que devuelve derechos, que impulsa el cambio del modelo productivo para aumentar la productividad y la competitividad de nuestra economía y que mejora la calidad de nuestra democrática.

Son unos presupuestos sociales para atender problemas cotidianos, como es el precio del alquiler, como es la factura de la luz o la tardanza en la percepción de prestaciones públicas; pero también son unos presupuestos que sientan las bases de las transformaciones que debe afrontar nuestro país, si no queremos perder el tren de la globalización.

Este presupuesto recoge la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo real, tanto este año como el próximo. Además, las pensiones mínimas y las no contributivas, que subirán un 3% en el año 2019.

Son unos presupuestos que van a revertir los recortes en educación que hemos sufrido durante estos últimos años (cuando digo educación, me refiero a la educación pública, lógicamente). Que va a elevar las becas para el estudio hasta 536 millones de euros en el curso 2019/2020; que va a reducir las tasas universitarias a niveles previos a la crisis y que va a dedicar 50 millones de euros a la partida para material escolar gratuito.

Se avanza también, señorías, en la eliminación progresiva del 'copago farmacéutico', beneficiando en 2019 a cinco millones de pensionistas y a 1,8 millones de familias con pocos recursos.

Y la dependencia. El Sistema Nacional de Dependencia que fue abandonado por el anterior Gobierno va a ver incrementado en tan solo un año un 40% su presupuesto respecto al año 2018.

Es una propuesta, señorías, que pretende avanzar en igualdad, en conciliación también de la vida laboral y familiar, que es una cuestión esencial y todavía una asignatura pendiente en nuestro país: la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y de maternidad. No para conciliar, sino para corresponsabilizar al hombre, también, en las tareas del hogar y no frenar la carrera profesional de las mujeres. Es una propuesta, la presupuestaria, que va a incrementar también la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en un 10% esos recursos. La lucha contra la pobreza infantil, y la lucha contra la pobreza energética. Y que va a aumentar las prestaciones por hijo a cargo para frenar esa inasumible, inaceptable pobreza que sufre el 28% de los niños en nuestro país, que es la pobreza infantil.

Con estas cuentas, empezamos a recuperar el terreno perdido tras años de recortes en un ámbito fundamental como es el de la innovación.

En este presupuesto se concreta el aumento importante, muy importante y muy significativo de la inversión en I+D+i en políticas de ciencia, y el impulso definitivo a una de las asignaturas pendientes en nuestro sistema educativo que es la universalización de la educación pública de cero a tres años.

El Gobierno de España va a aportar recursos económicos en esta apuesta presupuestaria. Y lo que le pedimos a las comunidades autónomas de todo signo político es que acompañen este compromiso del Gobierno de España por universalizar la educación de cero a tres años.

Señorías, estas cuentas también avanzan en una senda compatible con una nueva fiscalidad. Aquí se ha dicho en muchas ocasiones. El Gobierno quiere abrir un debate sobre el sistema fiscal en nuestro país, y también modernizar los presupuestos de nuestro sistema fiscal a la economía del siglo XXI. A partir de un principio fundamental, y es que si queremos justicia social tiene que haber justicia fiscal, una fiscalidad más justa para que la redistribución de la riqueza alcance a toda la población.

El 99,5% de la población no va a pagar ni un euro más por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, por el IRPF. Que expliquen otros por qué defienden al 0,5% restante, y justifican su bloqueo y su rechazo a unas cuentas que también incluyen una sensible bajada del tipo del Impuesto de Sociedades para las PYMES con una facturación inferior al millón de euros anual.

Además, en línea con las propuestas de la Comisión Europea, se va a crear un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la llamada tasa Tobin, para gravar la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas.

Y otro, sobre determinados servicios digitales, que afectará a empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y tres millones de euros a nivel de España. Las grandes corporaciones tecnológicas, señorías, que en multitud de ocasiones lo que hacen es una competencia desleal a empresas que sí pagan sus impuestos y estoy pensando, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, gracias al compromiso de este Gobierno van a empezar a pagar impuestos también aquí, en España.

Esa propuesta presupuestaria incluye por último, la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina y de los servicios de veterinaria e incorpora medidas, como he dicho antes, contra el fraude fiscal.

En definitiva, unos Presupuestos marcadamente sociales, como les he explicado, que benefician a la inmensa mayoría de la población y que cuestionan el relato del empobrecimiento acelerado de las clases medias y las familias trabajadoras, las eternas olvidadas de una recuperación que se quedó en las rentas más altas, y pasó de largo sobre los colectivos más necesitados de la acción y del amparo de lo público, de la política.

Señorías, el próximo jueves el Congreso de los Diputados va a volver a pronunciarse sobre la senda de déficit. Y vuelvo a hacer un llamamiento a la sensatez de quienes están dispuestos a cronificar los recortes, simplemente, por sectarismo partidista, y miro a la bancada de la derecha.

De quienes están dispuestos a impedir que una senda más razonable contribuya a financiar no sólo a la Administración Central, sino también a las administraciones autonómicas y a la Seguridad Social.

Hago esta apelación en el Senado, en la Cámara en la que debiera primar, por encima de cualquier consideración, señorías, el interés territorial de todas y cada una de las comunidades autónomas y de todos y cada uno de los Ayuntamientos; este es el foro de encuentro de la España de las autonomías.

Una España en la que este Gobierno cree con determinación pese a los esfuerzos de involución y recentralización que proclaman algunos.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno ha hecho públicos, referidos a los años 2019-2021, son la mejor prueba de la lealtad a la idea de la España de la descentralización política, que sostiene y mantiene el Gobierno de España.

Apelo a esta Cámara, al Senado, para que no bloquee unos presupuestos que significan más recursos para administraciones que gestionan elementos claves de nuestro Estado de bienestar, como es la sanidad, como es la educación, como es la dependencia y como son los servicios sociales que benefician a la mayoría de los ciudadanos.

Y lo hago consciente de lo que implican el rechazo a este Presupuestos y a los objetivos de Estabilidad. Les recuerdo:

Implica rechazar la construcción de nuevas infraestructuras educativas; a cerrar barracones y abrir escuelas.

Implica rechazar la reducción de las listas de espera con la contratación de más profesionales y mejores dotaciones en los centros de salud y en los hospitales.

Implica decir no a dinamizar comarcas afectadas por la despoblación, con políticas de fijación de la población y fomento de la actividad económica a nivel local.

Implica negarse a dotar adecuadamente el sistema de dependencia en el que los retrasos afectan a las condiciones de vida de miles, de miles y miles de personas que durante estos últimos siete años han visto abandonado el sistema nacional de dependencia.

Así que, señorías, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, está en su mano, está en mano de esta Cámara ser parte de la solución o ser cómplices de un bloqueo que se traduce en más desigualdad y en más sufrimiento para la clase media trabajadora de nuestro país.

Señorías, quiero hacer referencia en este punto de mi intervención a la segunda materia objeto de esta comparecencia, que es la referida a la política migratoria del Gobierno.

La iniciativa que da pie a esta comparecencia hace referencia en su título a la "crisis migratoria". Lo hacen, no ya desmintiendo la razón, sino a quienes desde fuera nos han dicho con claridad que lo que vivimos el pasado mes de agosto no merecía esa denominación.

No lo digo yo; lo decía el Comisario Europeo de Inmigración el pasado 4 de agosto, cuando afirmaba que lo que España estaba atravesando no era una crisis migratoria como tal.

Entiendo, no obstante, el interés de algunos en hablar de crisis. Siempre dispuestos a dibujar los peores escenarios; a emplear la exageración en el lenguaje para empatizar con quienes se dejan arrastrar por una retórica alarmista pero falsa.

Una retórica de la que huye la inmensa mayoría de la población española, que ni en el momento más agudo de la crisis económica exteriorizó sentimientos xenófobos o de exclusión como los vistos en otros lugares de nuestro Continente.

Esta es la España de la que ustedes reniegan cuando afrontamos estos debates. La España que no se deja arrastrar por la exageración y por el alarmismo.

La España que reclama aquello que el anterior Gobierno fue incapaz de ofrecer durante años: una auténtica política migratoria digna de tal nombre.

Señorías, con este Gobierno no llega la migración, llega la política migratoria. Y creo que esto es lo importante, llega la política migratoria. De lo contrario, señorías, ¿cómo llamar al incremento de un 301% de las entradas irregulares por vía marítima y terrestre entre 2013 y 2017, cuando gobernaba el Partido Popular?

Yo no voy a llamar a ese incremento "crisis migratoria", porque sé que el problema se sitúa en coordenadas mucho más complejas de lo que algunos quieren hacer ver.

Los fenómenos migratorios, señorías, en el Mediterráneo oscilan en función de múltiples factores.

Y lo que se ha producido en los últimos años es un incremento de la presión migratoria desde el Mediterráneo Central y Oriental hacia el Mediterráneo Occidental, que es nuestra vía.

Un fenómeno coincidente con al abandono de una política de largo recorrido que atendiera a los flujos migratorios en un doble enfoque: los países de origen y los países de tránsito.

España, señorías, como saben, --es una evidencia--, es frontera exterior de la Unión Europea. Y este sólo dato sirve para entender hasta qué punto es necesaria una perspectiva europea a la hora de afrontar un desafío como el que vivimos en relación con la migración. Un desafío que debemos analizar desde múltiples ángulos, si queremos no hacer un análisis ventajista, como se plantea por parte de algunos, y que incluye, en primer lugar: Los efectos del cambio climático. La desertificación, cuyas consecuencias están en el origen de los grandes movimientos migratorios del futuro. La cooperación con el Norte de África y con el África Subsahariana. La lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Lógicamente, el control de fronteras. La contratación legal y la integración de la diversidad. Y, por último, abandonar cualquier tentación de hacer de esta materia objeto de confrontación política al precio que sea.

Señorías, yo he apelado en múltiples ocasiones a la necesidad de conciliar solidaridad y responsabilidad en la respuesta al desafío migratorio. A abandonar las perspectivas cortoplacistas que tarde o temprano tendremos que hacer frente.

Al otro lado del Estrecho de Gibraltar, a tan solo 15 kilómetros de nuestro país, se concentran enormes bolsas de pobreza, de miseria en países sometidos, en muchos casos, a la vulneración de los derechos humanos, y también a las guerras.

Mientras Europa vive un estancamiento demográfico cada vez más evidente, el continente africano va a duplicar su población actual en tres décadas, 2.500 millones de habitantes.

Entiendo que algunos tengan la tentación de mostrar dureza con este debate. Quizás sea para taponar brechas ante la emergencia de otros nuevos actores.

Lo que ocurre es que, ni en la dimensión de la integración, ni en el control de las fronteras, algunos pueden presumir de logros palpables.

Señorías, cuando este Gobierno, mi Gobierno, inició su andadura se encontró con 12.000 agentes de policía y guardia civil menos que en el año 2011. En esos siete años, pasamos de 155.149 agentes a 143.210 agentes.Fueron años en los que, como les relataba, la llegada de inmigrantes irregulares a nuestras costas ya sufría un incremento año a año, especialmente visible a partir del año 2013.

Años en los que, por ejemplo, el número de solicitantes de protección internacional en la Oficina de Asilo y Refugio se pasó -y quédense con este dato- de 5.952 demandas en 2014, a 31.738 en 2017. Es decir, un incremento del 300% en inmigración irregular y del 500% en peticiones de protección internacional. Mientras tanto, se reducían efectivos y había menos inversión en seguridad pública.

Por tanto, conviene examinar los parámetros con los que algunos se refieren a este debate de la migración. No vaya a ser que sus actos desmientan el lenguaje tremendista con el que se pretende afrontar el mismo.

Señorías, les decía que el Gobierno está comprometido con la recomposición de una auténtica política migratoria. Lo está desde el primer minuto, impulsando una visión transversal de la que el mejor ejemplo es la creación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios el pasado mes de junio, algo que no existía durante los siete años de Gobierno de Partido Popular, (o al menos no se utilizó). A las tres semanas la pusimos nosotros en marcha desde nuestra toma de posesión como Gobierno.

También una visión en la que la dimensión humanitaria, la perspectiva humanista, ha estado presente desde el comienzo de nuestra labor, a la hora de abordar el fenómeno migratorio. No sólo por una convicción moral, sino porque era la mejor forma de dar un aldabonazo a las instituciones europeas: para articular una auténtica respuesta europea a este desafío. Y este es el fundamento de la acogida del buque "Aquarius".

También aquí, como en muchos otros ámbitos, la respuesta de España fue elogiada por países con los que nuestro país no sólo comparte perspectiva y valores, que son fundamentales; sino con los gobiernos que con más firmeza están defendiendo la vigencia de proyecto europeo, en este momento, como es Alemania, como es Portugal o como es Francia.

Que otros decidan de lado de quienes preferirían situar su posición, aunque no es difícil imaginarlo.El Gobierno, señorías, lucha contra la inmigración ilegal con determinación; pero también lo hace por una migración segura, ordenada y legal.

En este terreno conviene reforzar la apuesta por la integración como un valor irrenunciable.

Señorías, en este como en otros debates, muchas veces se tiene la tentación de no olvidar, no sólo la historia más lejana, sino también historia más reciente.

En lo peor de la crisis económica, nuestro país también sufrió las consecuencias de un éxodo migratorio que algunos veían como una "aventura laboral". Ha habido mucha gente joven que desgraciadamente ha tenido que salir fuera de España como consecuencia de las políticas de recortes de un Gobierno que jamás entendió el drama que supone para España semejante descapitalización.

Pero quiero vincular esta apelación con la necesidad de apostar por las políticas de integración, desde un punto de vista.

Miren, piensen en cómo nos gustaría que los nuestros fueran tratados en otros países a la hora de pensar cómo debemos integrar a la inmigración legal y ordenada que España necesita para seguir creciendo y frenar la brecha demográfica.

Hoy en nuestro país, y este es un dato inquietante, nace un 25% menos de niños y niñas que hace una década, justo antes de la crisis económica. Y el primer semestre de 2018 ofrece datos sin precedentes que nos remiten a los años inmediatamente posteriores a la guerra civil.

Señorías, el Gobierno trabaja, por tanto, en materia migratoria con visión y con una perspectiva transversal. Hemos reforzado en seis meses la cooperación política con países de origen y con países tránsito, para reconstruir relaciones abandonadas durante años.

Hemos reforzado la cooperación policial interna con países de tránsito y también, implicado a la Unión Europea en la necesidad de abrir una cooperación estructurada y estructural con Marruecos, que es un actor clave, como pueden ustedes imaginar, en este desafío.

Hemos actuado con firmeza frente a las redes irregulares que trafican con seres humanos con 27 operaciones desarrolladas gracias a la cooperación hispano-Mauritana.

Hemos incrementado los recursos para atender a los menores no acompañados en todas las comunidades autónomas, otra de las vertientes más dramáticas. En definitiva, responsabilidad y solidaridad para afrontar un desafío en el que no existen atajos, ni se necesita el ruido interesado de quienes buscan réditos políticos. Mucho menos cuando se intenta dar lecciones ignorando la propia experiencia.

El Gobierno se conduce desde la defensa de principios irrenunciables, que en el ámbito migratorio concilian control de fronteras con las políticas de integración, en una perspectiva humanitaria de un desafío de alcance europeo.

Y los principios, señorías, no son negociables. Se tienen o no se tienen. No se posponen ni se guardan en un cajón por miedo a un competidor ideológico.

Señorías, les he expuesto las líneas básicas de acción de un programa político que tiene continuidad.

Un programa de marcado contenido social para cerrar las heridas aún abiertas de una década perdida en la que España retrocedió en múltiples indicadores, significativamente, los indicadores de desigualdad.

Estoy convencido de que es ahí donde está la clave para superar los desafíos a los que se enfrenta nuestro país.

El proyecto político del Gobierno se define por aquello que propone. No por aquello a lo que se opone.

Y avanza sobre un programa de regeneración moral y política, de modernización económica y de fortalecimiento de la cohesión social, que no se va a detener, por grandes que sean los obstáculos que algunos quieran levantar.

Muchas gracias por su atención.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)

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