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Intervención del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados

Madrid, miércoles 30 de agosto de 2017

Señora presidenta, Señorías,

Permítanme comenzar esta intervención con un recuerdo hacia las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, y una breve reflexión sobre la tragedia que los españoles hemos sufrido allí, en Cataluña, hace apenas unos días.

Nos han herido en un rincón de España, pero hemos sentido el dolor en España entera; y nos ha invadido a todos los españoles, no solo la pesadumbre, también la rabia contenida ante la crueldad incomprensible de un fanatismo sin entrañas.

Quiero reiterar nuestro apoyo y nuestro cariño a las víctimas y a sus familiares; a todas las víctimas, tuvieran o no un pasaporte español, porque todas ellas son hoy víctimas nuestras. Hemos tratado de agilizar desde el primer momento todos los mecanismos de atención para que nadie, tuviera la nacionalidad que tuviera, pudiera sentirse desamparado en estas dramáticas circunstancias.

Nos reconforta a todos haber comprobado que, una vez más, los españoles hemos mostrado al mundo el coraje, la templanza y la solidaridad de una nación que conoce el terror muy de cerca porque ha pasado muchos años soportando sus zarpazos.

Quiero hacer un reconocimiento en esta Cámara a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, cada día y en todas partes, velan por nuestros derechos y nuestras libertades. Los españoles les estamos agradecidos y somos conscientes de contar con unos servicios de seguridad que están entre los mejores del mundo.

De igual modo, es necesario reconocer el papel de todos los miembros del sistema de salud y de protección civil en su fundamental labor de asistencia a los heridos. A ellos, como a nuestro servicio consular, quiero reiterar el apoyo y el reconocimiento del Gobierno.

Señorías,

Nos han hecho daño, pero no nos han vencido, ni nos vencerán. Seguirán acechándonos, pero estaremos cada vez más preparados para hacerles frente. En primer lugar, con nuestra unidad: unidos en todo lo que compartimos, los valores de la vida, la libertad y la convivencia en paz; unidos en el empeño decidido de acabar con la peor amenaza que hoy se alza contra Occidente, como demostramos el pasado lunes los líderes europeos que nos reunimos en París; unidos a la hora de hacer saber a los fanáticos que en España no van a encontrar apoyos, porque en el bloque que deseamos ofrecer los españoles y sus representantes no estamos dispuestos a dejar ninguna fisura en la que pueda alojarse la sinrazón.

Entremos ya, Señorías, en la materia que hoy nos ocupa.

Es este un asunto que en los últimos años hemos debatido ampliamente en esta Cámara, en distintos formatos, sobre diferentes aspectos del mismo y con peticiones diversas por parte de los Grupos Parlamentarios que lo han planteado. En concreto, y solo en este Congreso de los Diputados, he tenido 52 intervenciones relacionadas con el mismo. Les recuerdo solo las más importantes:

- Comparecencia del 1 de agosto de 2013, hace más de cuatro años.

- Asimismo, el 27 de noviembre de 2014 defendí la posición del Gobierno en el debate de totalidad de los proyectos de ley que conformaban el Plan Nacional de Regeneración Democrática.

- También en varias comparecencias para dar cuenta de reuniones del Consejo Europeo hemos tratado estas cuestiones. Me refiero, en concreto, a los debates sobre los Consejos del 7 y 8 de febrero de 2013, del 22 de mayo del mismo año, del 23 y 24 de octubre de 2014, y del 18 de diciembre también de 2014.

- En todos los Debates del Estado de la Nación celebrados durante la décima Legislatura abordamos también los problemas de la corrupción. En concreto, en los de los años 2013, 2014 y 2015.

- También tuvimos ocasión de ocuparnos de ello en los cuatro últimos Debates de Investidura: en el del año 2011 y los tres del año 2016: 4 de marzo, 2 de septiembre y 29 de octubre.

- Y, además, en las sesiones semanales de control al Gobierno he respondido a 32 preguntas orales sobre estos mismos asuntos desde febrero de 2012.

Quiero precisar que en la relación que acabo de hacerles únicamente figuran debates que se han producido en esta Cámara y en los que he intervenido en mi condición de presidente del Gobierno. Por tanto, hago abstracción de todos los que se han producido en el Senado y de las innumerables intervenciones que sobre esta materia los señores ministros han protagonizado, tanto en pleno, como en comisión.

A mayor abundamiento, les recuerdo que en estos momentos hay dos comisiones parlamentarias --una de ellas, de investigación-- trabajando ya en esta Cámara sobre lo mismo. El grado de detalle que se está siguiendo en estos trabajos lo acredita la comparecencia de personas que abandonaron el Partido Popular y la vida pública hace ya más de un cuarto de siglo.

Por último, Señorías, les recuerdo que hace solo dos meses varios señores diputados pretendieron que esta Cámara exigiera la responsabilidad política del presidente del Gobierno. Para lograr sus objetivos pusieron en marcha el instrumento que la Constitución Española establece a esos efectos; un instrumento que no se había utilizado desde hace más de treinta años en nuestro país: la moción de censura.

En resumen, Señorías, me he sometido siempre y cumplidamente al control de esta Cámara. Desde el primer día respondo de mis actos, doy cuenta de mis intervenciones, participo en toda suerte de debates y atiendo a todas las cuestiones que ustedes tienen a bien plantearme. Lo hago, entre otras razones, porque es mi obligación como presidente del Gobierno.

Otra cosa distinta es que a algunos de ustedes no les guste nada de lo que hago y desdeñen las explicaciones que se empeñan en pedirme; que pretendan que les dé la razón sin más, que manifieste conformidad con lo que ustedes presentan como verdad indiscutible, que admita mansamente unas imputaciones --las que a ustedes les convenga en cada momento-- y que, en consecuencia, pague la pena correspondiente; pena que, ¡faltaría más!, también la establecen ustedes y, a ser posible, consiste en que abandone el Gobierno.

Señorías,

Entenderán ustedes que no puedo aceptar esos planteamientos. No es así como funcionan las cosas.

Pero volvamos al relato de los hechos de los que trae causa esta comparecencia. Lo cierto es que algunos de ustedes decidieron el pasado 24 de agosto que yo compareciera aquí, en este mismo mes, y en un Pleno extraordinario, fuera del período de sesiones, para volver a hablar de lo mismo.

En esta ocasión, y ante la ausencia evidente de cualquier elemento nuevo que pudiera justificar estas urgencias, la excusa que aducen es mi supuesta negativa a asumir las responsabilidades políticas por haber declarado como testigo ante un tribunal.

Señorías,

Tienen derecho a pedir mi comparecencia. No se lo voy a reprochar. Tampoco voy a perderme en reflexiones o cábalas sobre las auténticas intenciones que parecen animar el celo inquisitorial de alguna de Sus Señorías. Pero sí me van a permitir que insista en lo que acabo de señalar hace unos momentos: que ya he informado sobre lo mismo en 52 oportunidades, que no hay ninguna razón sobrevenida que demande esta comparecencia y que, a la vista de los problemas que tenemos hoy en España y de los retos que debemos afrontar, no se entiende la necesidad de celebrar, con carácter extraordinario y fuera del período de sesiones, un debate sobre este asunto y que no nos centremos en otros que acaso merecieran con más motivo la atención y el interés de Sus Señorías.

En cualquier caso, son ustedes quienes fijan sus prioridades. Esto es lo que a ustedes más les preocupa y yo lo respeto aunque, como les acabo de decir, no lo comparta.

Dicho esto, permítanme dos consideraciones más.

Lo primero que me llama la atención de esta petición de comparecencia, y no sé si debo congratularme por ello, es que se justifique, no por actuaciones de mi Gobierno, como estipula la Constitución Española, es lo habitual y sería lo lógico, sino por las actuaciones del mi partido y algunas, por cierto, de hace más de veinte años.

Francamente, Señorías, a la vista de este insólito desinterés por la gestión del Ejecutivo, debo pensar que lo hacemos con tanto acierto que no ofrecemos motivos para sus críticas, o que ustedes no se toman el trabajo de buscarlos -me refiero a los motivos-- y prefieren seguir transitando por un camino, que de tan trillado, amenaza con no llevarles a ningún lado.

En segundo lugar, Señorías, también resulta bastante pintoresca su obsesión en pretender juzgar y condenar en esta Cámara a mi formación política, porque no es al Gobierno de España; es a mi formación política. Lo hacen cada vez que tienen ocasión. Sus alianzas les permiten sumar los votos para ello, es verdad que no siempre; pero permítanme que les diga que su suma de minorías no sirve para enmendarle la plana a la voluntad clara y nítida que los españoles han expresado en las tres últimas ocasiones en que fueron convocados a las urnas.

No me lo tomen a mal, pero entenderán que les señale un hecho indiscutible: a la hora de hacer juicios políticos y de valorar las responsabilidades de unos y de otros, resulta mucho más ecuánime, menos sesgado y, por tanto, más atinado el juicio de los españoles que el de alguna de Sus Señorías en sesiones como esta.

Pues bien, Señorías, hechas estas reflexiones, voy a referirme a lo que me piden ustedes que explique: por qué me niego a asumir las responsabilidades políticas tal y como ustedes las demandan, y es que he de decirles que, a la vista de sus demandas, el concepto de responsabilidad política que ustedes proclaman nada tiene que ver con lo que dice nuestro texto constitucional y sí mucho con sus urgencias políticas.

Tal y como ustedes parecen entender la responsabilidad política --cuando se trata de la mía, no ciertamente de la de ustedes--, se trata de un saco sin fondo en el que ustedes pueden introducir cuanto les plazca y utilizar a gusto de sus intereses concretos.

Señorías,

Se lo digo con absoluta franqueza: yo no me opongo a que se me exijan responsabilidades políticas. Es una de las funciones más importantes que a ustedes les compete, además de aprobar leyes o controlar al Gobierno, y esa facultad de exigir responsabilidades la tienen ustedes, además, en exclusiva. Solo ustedes pueden hacerlo, ni siquiera el Senado está facultado para ello. Esto es lógico y es razonable.

El presidente del Gobierno lo es porque esta Cámara le da su confianza y esta Cámara se la puede retirar. Eso es exigir responsabilidades políticas. ¿Y cómo puede hacerlo? Históricamente, se retiraba la confianza cuando el Gobierno perdía una votación importante. Sin más. Pero eso planteaba dos problemas que se entienden muy bien: primero, confundía el pronunciamiento parlamentario sobre un asunto concreto, el que fuera, bastaba uno, con la expresión global de confianza o no al Gobierno; y, en segundo lugar, provocaba situaciones de gran inestabilidad institucional, porque la pérdida de una simple votación hacía caer al Gobierno y, luego, ya se abría un proceso para ver quién y cómo gobernaba, si es que ello era posible.

Pues bien, Señorías, para evitar esta situación los sistemas constitucionales modernos, entre ellos nuestra Constitución, han establecido un instrumento, uno, para exigir la responsabilidad política del Gobierno, la moción de censura, que está sujeta a una serie de requisitos materiales y de procedimiento que no voy a relatarlos porque los conocen ustedes perfectamente.

Así se exige hoy en España la responsabilidad política y esta es una responsabilidad que nada tiene que ver con las infracciones civiles, administrativas o penales, que se sustancian en otras instancias, y que también es distinta del reproche que puede hacerse de la acción del Gobierno mediante los diferentes instrumentos de control, información o investigación que recoge el Reglamento del Congreso y que todos ustedes conocen muy bien y utilizan con fruición.

O, dicho de otra forma, la crítica al Gobierno por un hecho o una política concreta no determina la exigencia de una responsabilidad política. Para ello es preciso que la Cámara, por mayoría, retire la confianza al Gobierno y nombre otro presidente; es decir, apruebe una moción de censura, tal y como exige nuestra Constitución.

Dicho esto, Señorías, que había que decirlo para hablar con propiedad, vamos ahora a lo sustancial.

Esta Cámara me ha otorgado su confianza; lo ha hecho en dos ocasiones, algo que vuelvo a agradecer profundamente, como lo hice en su momento, y que era bastante razonable porque, al fin y a la postre, el Partido Popular era la fuerza política que tenía más votos populares y más escaños en esta Cámara. Y hace muy poco tiempo, después del debate de una moción de censura, esta Cámara no me ha retirado su confianza; dicho de otra manera, no me ha obligado a asumir responsabilidades políticas. Y, además, mi partido y yo, que era su candidato a la Presidencia del Gobierno, hemos mantenido la confianza del pueblo español de forma mayoritaria en tres ocasiones.

Por lo tanto, Señorías, mi obligación es gobernar, ¡es que es mi obligación!, y lo seguiré haciendo para cumplir con los españoles y para cumplir con esta Cámara. Insisto, es mi obligación y no voy a abdicar de ella.

Señorías,

Son muchos los retos que tenemos por delante y, lamentablemente, algunos de ellos se han hecho palpables estos días de manera dramática. Los gravísimos atentados de Barcelona y Cambrils son un recordatorio para todos de que luchar contra el terrorismo, defender la vida, los derechos y las libertades de las personas debe ser nuestra máxima prioridad. Señorías, esa es o debería ser nuestra máxima prioridad.

Preservar la unidad de España, nuestro texto constitucional y, con él, nuestro sistema democrático, es algo que exige toda nuestra atención y a lo que no podemos ni vamos a renunciar.

Tampoco podemos olvidar que, a pesar de los avances que se han producido tras la más grave crisis económica que los españoles hemos vivido en décadas, tenemos que seguir perseverando en la recuperación económica, evitar ponerla en riesgo y hacer que llegue a todos los hogares.

En mi opinión, estos son los desafíos más importantes. Supongo que para una mayoría de los presentes también, aunque hoy algunos de ustedes hayan preferido que debatiéramos con carácter extraordinario sobre otras cosas. Es su decisión, a lo que ustedes han querido dar prioridad y yo, como he dicho antes, lo respeto.

En cualquier caso, y para su tranquilidad, les aseguro que a mí también me preocupa, y desde hace mucho tiempo, la lucha por mejorar la rectitud y la transparencia en nuestra vida pública. Para eso he trabajado, y mucho --créanme, lo he hecho--, en los últimos años y estoy dispuesto a seguir haciéndolo en el futuro.

Señorías,

Hemos aprobado una decena de leyes, que se dice pronto, con el único objetivo de reforzar la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático. Lo hemos hecho por convicción democrática, sin que nadie nos obligara a ello, con una mayoría que otorgaba la capacidad de hacer o de no hacer. Sin que nadie nos obligara, repito, y muchas veces sin que muchos nos apoyaran, porque yo siempre he creído, Señorías, que contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches.

Les recuerdo que en el primer Consejo de Ministros en el año 2011, tras los nombramientos del Gabinete, aprobamos una reforma de la Ley de Financiación de Partidos, antes de que nadie lo reclamara y mucho antes, incluso, de que un diputado de la oposición me formulara la primera pregunta sobre este tema. Reformamos una ley que aprobó el Gobierno anterior y que mi Gobierno quiso hacer más firme, no solo rebajando las subvenciones a los partidos, sino acotando, por primera vez, la financiación que reciben por otras vías. Entre otras decisiones, prohibimos que una entidad que reciba financiación pública pueda realizar una donación a un partido. Establecimos más límites y más controles, porque también reforzamos las exigencias de transparencia. Por ejemplo, nuestros partidos políticos tienen que publicar sus cuentas en su página web por esa Ley.

No solo reformamos la Ley de Financiación de los Partidos; aprobamos una nueva ley para controlar toda su actividad económica y financiera, que abarca desde el contenido de los estatutos a las funciones del Tribunal de Cuentas, para no dejar ningún resquicio a las irregularidades y para cambiar por completo la forma en la que funcionan los partidos en nuestro país y cómo se controla.

Hoy están prohibidas las donaciones de personas jurídicas --antes, no-- y las de personas físicas que superen los cincuenta mil euros, y todas se comunican al Tribunal de Cuentas.

Hoy están prohibidas las condonaciones de deudas bancarias a los partidos políticos o cualquier renegociación fuera de mercado. Antes de que yo fuera presidente del Gobierno la situación era bien distinta, como pueden acreditar algunos aquí presentes que resultaron agraciados con importantes condonaciones de créditos por entidades financieras.

Hoy todos los responsables de la gestión económica de un partido están sometidos a requisitos de idoneidad y honorabilidad, y de comparecencia en el Parlamento, no porque alguien lo pida, sino porque la Ley lo obliga.

Hoy todos los partidos tienen que presentar sus cuentas al Tribunal, todos, sin excepción, y, además, no pueden recibir subvención alguna si no cumplen con esta norma o tienen deudas con la Administración Pública, como tampoco puede hacerlo ninguna persona que haya sido condenada por delitos relacionados con la corrupción.

En definitiva, Señorías, hoy todos los partidos políticos en esta Cámara, y fuera de ella, tienen que cumplir las reglas más estrictas que jamás han existido en nuestro país, y no solo eso, sino que afrontan una responsabilidad penal en caso de no hacerlo, una responsabilidad penal que tampoco existía antes; o pueden ser acusados por un delito de financiación ilegal, que tampoco estaba recogido en el Código Penal.

Y todas estas son mejoras que hemos introducido y que no es bueno ignorarlas, entre otras cosas, porque no es justo y han supuesto un avance importante en la lucha contra la corrupción.

Señorías,

No solo hemos extremado la vigilancia sobre los partidos políticos; también hemos sometido al máximo control a la Administración Pública y a sus responsables, porque ha sido mi Gobierno el que aprobó, por fin, una Ley de Transparencia para España. Ha sido mi Gobierno el que ha convertido en una publicidad de oficio lo que antes era una opacidad completa. Subvenciones, contratos o inmuebles de la Administración, retribuciones, indemnizaciones o compatibilidades de los altos cargos; todo es público a día de hoy y no lo era antes de las últimas reformas.

Igualmente, hemos asumido la responsabilidad política de hacer obligatorio el Buen Gobierno, con normas tasadas de gestión pública y sanciones concretas en caso de incumplimiento. Para eso hicimos una reforma del Código Penal: para que quien no cumpla con sus obligaciones se enfrente a todas las consecuencias.

Señorías,

Obligaciones colectivas y también a nivel particular porque, de igual modo, ha sido mi Gobierno el que ha aprobado el primer Estatuto del Alto Cargo, con los máximos requisitos de idoneidad y honorabilidad para su nombramiento. Y, sobre todo, se establecen controles más estrictos sobre su patrimonio, en el nombramiento y también en el cese, para detectar cualquier posibilidad de enriquecimiento injustificado y llevar este caso ante la Justicia, si es necesario.

Señorías,

Somos y hemos sido siempre conscientes de que no basta con hacer más exigentes las normas. Es necesario hacer más efectivas y, en su caso, también más duras las sanciones, a fin de disuadir a aquellos que pudieran pretender acercarse a la política con otros fines espurios y ajenos al interés general. Por eso, hemos trabajado en facilitar y fortalecer la acción de la Justicia con reformas en el ámbito penal y procesal. Y eso me permite afirmar que el Gobierno ha dotado de más instrumentos a los Tribunales para hacer frente a la corrupción, no solo porque hoy pueden perseguir más delitos, comenzando, como les he dicho, por el de financiación ilegal, sino porque pueden exigir más responsabilidades al haber ampliado los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción. Pueden imponer penas más duras, inhabilitaciones más largas y tienen más instrumentos para hacer que se devuelva hasta el último euro robado a los españoles.

En los últimos meses de la décima Legislatura creamos, como saben, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procedentes de la lucha contra la corrupción. Hace un mes comparecía su responsable aquí, en esta Cámara, porque así lo estableció el Gobierno en su regulación, para dar cuenta de su gestión y de sus resultados, informando de que, a día de hoy, gestiona más de 250 bienes incautados del delito y cuenta con cerca de diecisiete millones de euros en su cuenta de depósitos.

Señorías,

Hemos trabajado, además, para dotar de más instrumentos a la Justicia y hemos hecho lo posible por dotarla de mejores medios, a pesar de las dificultades económicas por las que, como bien saben o deberían saber, hemos atravesado. Y les daré algunos datos:

- En los presupuestos vigentes para el año 2017 se prevé la creación de 89 nuevos Juzgados, además de las 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal; en total, 105 unidades que refuerzan nuestro sistema judicial y la lucha, entre otros delitos, contra la corrupción.

- Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción ha incrementado un 40 por 100 su plantilla desde 2014 y se ha ampliado un 14 por 100 el número de sus delegados provinciales.

- El número de efectivos de apoyo de la Agencia Tributaria se ha incrementado un 22 por 100 y el de la Guardia Civil, un 35 por 100.

Señorías,

Todas estas reformas de regeneración democrática las hemos planteado y las hemos aprobado para que no quede ninguna duda de que nuestra voluntad de servicio público está asegurada por los controles y está garantizada por el Estado de Derecho; pero también para dejar claro a los españoles que quien se aparte en su actividad política de ese servicio público será apartado de sus responsabilidades y apartado de la política.

He dicho en muchas ocasiones, y quiero reiterarlo hoy aquí, que en España no hay impunidad, que las instituciones funcionan, los controles nos advierten y las irregularidades se sancionan donde se tienen que sancionar: en los Tribunales y en las urnas. De no ser así, no habríamos conocido nunca los casos de corrupción que hemos conocido en los últimos años. Pero lo más importante es que la Policía, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales los han llevado a los Tribunales, que se están persiguiendo y juzgando, porque no hay impunidad para la corrupción y sí hay más contundencia contra la misma.

No hay impunidad, porque España es un país con controles. Los ha habido siempre, pero ahora son más estrictos que nunca.

En España hay libertad de prensa y cada cual informa de lo que estima oportuno y conveniente.

En España hay un Tribunal de Cuentas que audita la actividad económica y financiera de los partidos.

En España hay un Poder Judicial que persigue los delitos y castiga a sus culpables.

En España hay un Gobierno que cumple y hace cumplir las leyes.

Y en España, Señorías, cada uno cumple con su función. Así es y así debería ser siempre.

Las instituciones, la Justicia y el Estado de Derecho funcionan. Siempre lo he defendido con toda mi convicción y siempre trabajaré para que así sea, con toda mi voluntad, porque es en lo que creo.

Señorías,

Lo he dicho alguna vez, pero quiero reiterarlo hoy aquí: yo creo en la política; en la gente que, desde cualquier ideología democrática, pone todas sus capacidades al servicio del bien común; en la nobleza de la vocación individual de trabajar por el progreso colectivo; en la dignidad de la política y de quienes saben ejercerla. Y, como no estoy enfermo de sectarismo, les incluyo a todos ustedes en esa consideración general.

Les reitero, además, lo que he dicho en muchas ocasiones en esta Cámara: que estoy dispuesto a seguir trabajando para mejorar los instrumentos de control, prevención y sanción que nos permitan ser más eficaces en la lucha contra la corrupción.

En suma, Señorías, una vez más he comparecido ante este Congreso de los Diputados porque ustedes así lo han decidido. Volveré a hacerlo cada vez que ustedes tengan a bien solicitarlo. Lo que no puedo ni debo hacer es abdicar de mis responsabilidades de Gobierno, las que me exigen esta Cámara y la confianza mayoritaria de los españoles.

Y, para terminar, permítanme que insista en algo a lo que me he referido antes, considero sustancial y para mí es la parte más importante de mi intervención en el día de hoy. Tenemos por delante retos muy importantes que merecen nuestra atención prioritaria y, en la medida de lo posible, nos exigen a todos una actitud constructiva, poniendo por delante el interés de todos los españoles.

Es preciso que estemos unidos para hacer frente a la amenaza terrorista, unidos en España, para lo cual debemos trabajar y fortalecer el Pacto contra el Terrorismo yihadista, y unidos con nuestros socios europeos. Hace unas horas ratificamos en París nuestra firme voluntad de luchar juntos y de reforzar la coordinación en materia operativa y de inteligencia.

También debemos ser conscientes de la gravedad del desafío que supone la voluntad de algunos de liquidar nuestra unidad nacional y nuestra convivencia de manera unilateral y con abierto desprecio a las reglas más elementales de una democracia.

El Gobierno actuará con la firmeza que requiere la magnitud de la provocación a nuestro Estado de Derecho, a nuestra Constitución y al propio autogobierno de Cataluña. Defenderá el derecho de todos los españoles a decidir qué es su país y protegerá a los catalanes de un proyecto autocrático, liderado por radicales, que solo traería, división, enfrentamiento y pérdida de libertad y bienestar.

Por último, Señorías, aunque hace tiempo que ya nadie cuestiona los resultados de la recuperación y los buenos datos de crecimiento económico y creación de empleo, lo cierto es que todavía tenemos una tarea por delante muy importante. Hemos superado la mayor crisis económica que tuvo España en décadas. La última Encuesta de Población Activa nos recordaba que en el último año el número de ocupados en España aumentó en 660.000 personas. Pues bien, a pesar de esos buenos datos, todavía queda mucho para llegar a los veinte millones de ocupados, que es el objetivo que planteé en el Debate de Investidura en esta Legislatura. Esto no solo sería bueno en sí mismo, esto ayudaría a mejorar nuestros servicios públicos, nuestras pensiones y el nivel de bienestar de los españoles. No lo olvidemos.

Señorías,

Estas son las prioridades de mi Gobierno y creo que de la mayoría de españoles. Sin duda, hay más. Naturalmente, debemos seguir luchando contra la corrupción, haciendo que cada vez sea más difícil, sancionando con más rigor las conductas reprochables y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en nuestra democracia.

De lo que no estoy seguro --se lo digo con absoluta franqueza-- es que este tipo de debates sean muy útiles a estos efectos. Me temo, más bien, que el objetivo de algunos sea otro e intuyo, además, que hay mucha gente que empieza a darse cuenta.

Muchas gracias, Señorías.

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