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Intervención del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar los Proyectos de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

Congreso de los Diputados, jueves 27 de noviembre de 2014

Señor Presidente, Señorías,

Vamos a hablar hoy sobre las medidas que propone mi Gobierno para combatir con eficacia la corrupción; en concreto, sobre los dos Proyectos de Ley que todos ustedes conocen desde hace nueve meses, porque los aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros del 21 de febrero pasado: el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el Proyecto de Ley Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Expondré también el contenido y las razones que avalan un amplio conjunto de enmiendas que hoy mismo presentará el Grupo Parlamentario Popular y que, como explicaré más adelante, mejoran la consistencia, el alcance y el rigor de ambos proyectos.

Éstos se complementarán con las enmiendas que también hoy presentaremos al proyecto de modificación del Código Penal, que se está debatiendo en esta Cámara, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Consejo de Ministros aprobará en fechas inmediatas y con otras medidas a las que me referiré en el curso de mi intervención.

Para evitar ser reiterativo, voy a presentar de una manera global el conjunto de reformas que encierran todas estas iniciativas, fruto del trabajo de muchos meses, de mucha gente, y en el que han intervenido casi todos los ministerios.

Se trata, como acordamos en esta Cámara y como reclaman los ciudadanos, de ofrecer, lejos de medidas improvisadas o coyunturales, una respuesta a la corrupción amplia, firme, eficaz y duradera. La más amplia que se ha dado en España, sin duda, pero también la más rigurosa. Por eso, he decidido presentarla yo mismo y responder a Sus Señorías en persona.

No estamos ante una reforma legislativa más, de las muchas que está realizando este Gobierno en todos los aspectos de la vida pública, incluida la lucha contra la corrupción. Tampoco es la primera que adoptamos en este campo, pero sí es la más importante, la más completa y la que está llamada a ejercer mayor influencia. Por eso, he subido a esta tribuna.

Soy consciente de la extrañeza que esto produce. La única vez que, con anterioridad, comparecí para defender un Proyecto de Ley fue el que hacía efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos. No es habitual, lo sé. Tampoco lo es la reforma que les propongo. No pretendo sino hacer constar mi preocupación por lo que considero un problema peligroso e inaplazable que este Gobierno se ha tomado muy en serio. Muy en serio, Señorías.

Lo que nos toca de forma inmediata es garantizar a los ciudadanos que se están cerrando los agujeros por los que se cuela la corrupción en el sistema, que se están revisando las zonas de sombra o de penumbra en las que la corrupción medra y que se están mejorando las herramientas para que el corruptor y el corrompido sean identificados cuanto antes y castigados con mayor eficacia, incluyendo, de forma especial, la restitución efectiva de lo que hayan defraudado a todos.

Éste es el propósito de las modificaciones normativas que debatimos hoy en esta Cámara.

Señorías,

La corrupción se ha convertido en noticia cotidiana de primera página en España. Buena parte de la prensa escrita y de los telediarios está dedicada a informar sobre los escándalos por corrupción, bien sean nuevos o empiecen a sonar a viejos, a sus evoluciones, a las idas y venidas de los imputados, a los registros de la Policía, a los furgones de la Guardia Civil… Ésta es la dieta cotidiana de los españoles.

Consecuencia inevitable es esa impresión tan extendida de que, se mire hacia donde se mire, lo que se percibe es que hay gente que explota en su beneficio las oportunidades que brindan la democracia y sus instituciones. Y con ello, se extiende la sensación inquietante de que se tambalean principios esenciales para la convivencia democrática, como los que exigen visibilidad de la acción política, control del gasto, responsabilidad de los poderes públicos…

Se está creando un clima que, a ratos, se hace irrespirable, porque siembra una desconfianza generalizada hacia los instrumentos de la convivencia democrática.

Entiendo la indignación de los españoles. La entiendo y la comparto. Todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en mi partido, personas que habían sido merecedoras de mi confianza o de la de mi formación política. He pedido perdón por ello.

Dicho esto, Señorías, conviene recordar que, por desgracia, nada de esto es nuevo en la corta historia de nuestra democracia. No es nuevo pero, cuando salen a luz tal número de casos, cuando se acumulan de tal modo los escándalos, ¿a quién puede asombrar que ocupen el principal hueco en la atención, en la inquietud y en la irritación de los ciudadanos? A nadie, Señorías, y menos aún si la corrupción afecta a políticos, y menos aún cuando se asocia con una crisis económica.

No nos puede extrañar que la gente no juzgue por igual todos los casos de corrupción. Escandalizan más los que involucran a cargos públicos, porque desnudan una deslealtad con la que no se contaba, una traición a la confianza que se nos ha otorgado y que debiera obligarnos a tener una conducta ejemplar.

Tampoco podemos olvidar las circunstancias por las que estamos atravesando. Me refiero a la crisis y a sus consecuencias en el empleo y en la economía de las familias. Cualquier rapacería se percibe como un insulto hacia quienes hacen números para llegar a fin de mes; muestra una indiferencia por los sacrificios ajenos y un desprecio por el esfuerzo de quienes cumplen sus obligaciones con la comunidad, que contemplan estupefactos cómo el sacrificio de todos se convierte en el botín de algunos.

Es verdad que este panorama admite muchos matices. Sé que, si afloran hoy tantos casos, es porque se están combatiendo y las instituciones funcionan. Sé que todo lo que sale a la luz habla más del pasado que del presente.

Tampoco ignoro que buena parte de la impresión creada responde a la propia duración de los procedimientos, porque reaparecen tantas veces y durante tanto tiempo los mismos casos, incluso las mismas imágenes, que es inevitable que se produzca un efecto multiplicador y se implante la impresión de que no salimos nunca del mismo agujero.

Caben muchos matices, sin duda, pero ninguno de ellos nos importa ahora, porque lo cierto es que la corrupción es un hecho y que los ciudadanos están hartos de contemplarla.

Por eso, no voy a entrar en si son muchos casos o si son pocos. Toda corrupción, abunde o no, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Cualquier corrupción es siempre demasiada y siempre insoportable. Un país que se respete debe perseguirla, tan pronto como aparezca, con toda la energía que sea precisa.

Y de eso es de lo que hemos venido a hablar. No de la necesidad de perseguir esta plaga, que eso ya lo estamos haciendo: todos los corruptos conocidos tienen enfrente a un juez. Hemos venido para tratar de hacerlo más eficazmente, es decir, para que podamos asegurar, no sólo el descubrimiento y el castigo de todos los que tratan de permanecer ocultos, sino que vamos a ser previsores y reducir o eliminar las oportunidades de la propia corrupción.

Pero no quiero pasar adelante, Señorías, sin hacer algunas consideraciones sobre el riesgo de confundir nuestro objetivo. Nos importa mucho no luchar contra fantasmas, sino contra realidades; no contra las impresiones emocionales, sino contra los hechos objetivos.

No hemos venido a luchar contra el fantasma de la "corrupción generalizada", porque no existe tal "corrupción generalizada". Aceptarlo equivaldría a confesar que todos los aquí presentes, o una buena parte de nosotros, somos corruptos. Gravísima injusticia pero, sobre todo, gravísimo error para quien pretende acertar en la tarea que los españoles nos encomiendan.

Me importa mucho la injusticia. No puedo aceptar que se extienda la sospecha de corrupción a todos los políticos españoles. ¿Acaso ahora ser elegido por los ciudadanos para un cargo público convierte a las personas honradas en turbias? ¿Acaso los errores de cualquier profesional, de lo que sea, o de cincuenta, desacreditan a toda la profesión?

Puedo entender la irritación ciudadana y puedo entender la desconfianza, porque las comparto, pero ni lo uno ni lo otro justifica que se generalice la culpabilidad. Si hemos de generalizar, será para sostener, con orgullo, que la mayoría de nuestros representantes públicos son personas decentes.

¡España no está corrompida, Señorías! España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a luz. El resto está sano y conviene recordarlo. Ni España, ni los españoles, ni sus representantes, ni sus empresas, ni sus trabajadores, están contaminados.

Si no pensara esto que digo, no estaría aquí. ¿Para qué? La corrupción sería invencible.

Tampoco creo que la corrupción anide especialmente en determinados sectores. Ese es otro fantasma, Señorías. A la corrupción le traen sin cuidado las ideas y las banderas. Lo único que le importa son las oportunidades.

Si se nos reclama, con razón, que acabemos con la parte enferma, es porque se trata de una parte, y una parte pequeña, en un todo que está sano. Estamos aquí para perseguir a la corrupción real y no al fantasma que construye la maledicencia, que éste, si tenemos éxito, ya se irá sólo.

Señorías,

No añadamos a la corrupción el infundio. Y no lo digo sólo porque sea injusto o porque confundimos el objetivo; lo digo porque es peligroso, porque siembra una desconfianza generalizada que acaba cargando la culpa, no sobre la corrupción, sino sobre la misma democracia.

Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí, no queda espacio más que para los salva patrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer, con las consecuencias de todos conocidas.

Sería un contrasentido que quienes nos hemos propuesto regenerar la democracia, darle más vida, más solidez y más fiabilidad utilicemos la lucha contra la corrupción, no para fortalecer las instituciones, sino como coartada para desestabilizarlas.

Señorías,

Los cambios normativos que hoy debatimos no son las primeras medidas que este Gobierno toma contra la corrupción. Conviene recordarlo para saber cuál es el punto en que nos encontramos y apreciar las aportaciones de las nuevas reformas.

No partimos de cero. Desde el primer minuto de esta Legislatura nos hemos esforzado por mejorar la calidad de nuestra democracia. Digo bien, desde el primer minuto. Como ustedes quizá recuerden, el primer Consejo de Ministros de este Gobierno, el primero, aprobó una iniciativa legislativa para reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

A partir de ese momento, elaboramos toda una cascada de reformas legales para regenerar la democracia y combatir mejor la corrupción. Supongo que todos ustedes las recuerdan, porque algunas han sido aprobadas en esta misma Cámara y otras, directamente por mi Gobierno, a través de la vía reglamentaria.

Gracias a esta medidas, que están en vigor, Señorías, por ejemplo,

  • se han reducido las subvenciones anuales a los partidos y a las fundaciones vinculadas a los mismos;
  • se ha prohibido que los partidos políticos acepten donaciones procedentes de quienes reciban subvenciones de las Administraciones Públicas;
  • se han limitado las condonaciones a los partidos de sus deudas con los bancos;
  • se ha obligado a los partidos a publicar el balance, la cuenta de resultados y la cuantía de los créditos y condonaciones correspondientes a cada ejercicio, y se les obliga a notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a cincuenta mil euros, entre otras obligaciones. El Tribunal de Cuentas puede sancionar al partido que, sin justificación, no presente las cuentas o supere los límites de gastos electorales previstos en la Ley.

Todo esto, Señorías, que es muy importante y está siendo ya muy eficaz para evitar la corrupción en el futuro, lleva, como saben, más de dos años en vigor.

España ya no funciona como cuando llegamos al Gobierno, conviene recordarlo:

  • Hoy están suprimidas las cesantías que antes podían compatibilizar los altos cargos de la Administración.
  • Hoy están limitados los sueldos y las indemnizaciones que pueden cobrar los responsables de las empresas públicas.
  • Hoy es delito la simulación o el falseamiento de las cuentas públicas y los partidos políticos tienen responsabilidad penal.
  • Hoy las Administraciones Publicas, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales tienen la obligación de hacer públicos los contratos, convenios, subvenciones, ayudas públicas y las retribuciones de sus cargos, tal y como se recoge en la Ley de Transparencia.

Y no quiero extenderme ahora en todo lo que hemos logrado avanzar para que los ciudadanos puedan tener acceso, a través del Portal de Transparencia, a toda la información que les interese. Este Portal estará en la red a partir del próximo 10 de diciembre, como estará en funcionamiento el nuevo Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, destinado a promover la visibilidad en la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, proteger el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

En suma, Señorías, ni hemos permanecido impasibles ante la corrupción, ni hemos iniciado esta mañana la lucha para regenerar la democracia.

No insistiría en esto, que es obvio y evidente, si no fuera porque, con demasiada frecuencia, oigo que se habla de la falta de iniciativas del Gobierno en materia de corrupción y eso, además de ser falso, nos perjudica a todos, porque confunde y desmoraliza a la población.

No se trata de presumir, pero es evidente --a la vista está y ustedes son testigos y copartícipes-- que mi Gobierno, en unos meses, ha adoptado más medidas encaminadas a sanear la vida política española que otros que también vivieron momentos como el de ahora.

Lo digo simplemente para poner las cosas en su sitio. Ya sé que, en la mezcla explosiva que forman la corrupción y la diatriba política, sucumbe con rapidez la objetividad. Aun así, no es necesario mucho esfuerzo para reconocer que estas cosas no se habían hecho en muchos años en España y ahora se están haciendo. Es decir, que no necesitamos partir de cero porque hoy es ya más difícil corromperse en España que antes de que nos confiaran el Gobierno. Mucho más difícil lo será, sin ninguna duda, cuando se aprueben las reformas que hoy les presento.

Como he señalado antes, son dos los Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de control económico-financiera de los partidos políticos y el Proyecto de Ley Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, a los cuales hemos añadido un tercer pilar: la reforma del Código Penal y las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Régimen de las Administraciones y los Contratos del Sector Público.

Como ya he dicho, a ambos Proyectos vamos a presentar diversas enmiendas que los mejoran y que fueron ampliamente debatidas con distintos Grupos Parlamentarios desde el pasado mes de marzo. Asimismo, incorporamos disposiciones nuevas que nos han sugerido la experiencia y los expertos que han comparecido en esta Cámara el pasado mes de abril, y que no habían sido contempladas en el diseño original.

¿Qué es lo que pretendemos? Por decirlo en un lenguaje llano, si me lo permiten, quiero que "quien la haga, la pague", por supuesto, lo mismo que quiero que la Justicia sea pronta en la aplicación de las penas. Vamos, pues, a facilitar la tarea de la Justicia y a incrementar las penas por corrupción. Deben ser lo suficientemente severas como para que cualquier corrupto se lo piense hasta diez veces antes de dar un mal paso.

Pero no nos vamos a quedar ahí. No basta con aumentar los castigos, porque así no remediamos el problema como yo quiero que se remedie. Nuestro objetivo debe ser que la corrupción no se produzca porque hayamos sido capaces de suprimir sus oportunidades.

En cualquier democracia más vieja que la nuestra se sabe que, en política, todo aquello que se cuece a escondidas, por muy bueno que sea, merece sospecha. La osadía crece donde no existen obstáculos.

Es preciso que ninguna decisión económica pueda tomarse a media luz. La vida pública y, en especial, el empleo del dinero de todos deben hacerse en la plaza pública, a la vista de todo el mundo. Vamos, pues, a luchar decididamente contra las condiciones que favorecen la corrupción y la impunidad de quien la comete.

Pasemos al detalle.

Hemos presentado el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, con el objetivo de imponer más control, más fiscalización y mayor transparencia mediante medidas extraordinarias importantes. Citaré sólo tres:

  • Una, se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos;
  • Dos, los bancos no podrán condonar las deudas totales o parciales a los partidos ni pactar condiciones financieras por debajo de las de mercado;
  • Tres, todos los partidos tendrán la obligación de hacer públicas sus cuentas y se refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre subvenciones y donaciones.

Esto que recoge el Proyecto de Ley queremos mejorarlo mediante dos enmiendas:

  • Una, para que los particulares no puedan hacer donaciones por encima de cincuenta mil euros.
  • La segunda, que toda donación superior a veinticinco mil euros se deberá notificar al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política con identificación del donante.

Esto, por lo que se refiere a la financiación; pero ahí no acaba todo. Es muy importante para la regeneración democrática que fijemos unas normas mínimas de funcionamiento de los partidos políticos.

En este sentido, vamos a proponer varias enmiendas de calado a esta misma Ley. Lo que el Gobierno pretende es que exijamos a todos los partidos políticos que sus normas de funcionamiento recojan unos patrones éticos y democráticos. Desde el respeto a su libertad de organización, vamos a asegurar que la protección de los derechos de los militantes esté garantizada por Ley.

Por ejemplo,

  • Proponemos que los estatutos de los partidos políticos contemplen, necesariamente, un plazo máximo de cuatro años para la renovación de sus órganos de dirección, coincidiendo con el ciclo electoral natural.
  • Deberán asegurar, además, en este proceso --que cada partido organizará como crea conveniente-- que puedan participar todos los militantes mediante congresos, asambleas u otras formas de participación, siempre que sean democráticas.
  • Además, los estatutos recogerán garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por el partido.

A estas normas, que, como se ve, suponen una garantía para los derechos de los afiliados, añadimos obligaciones de conducta para los militantes que sirvan como testimonio de ejemplaridad ante todos los españoles. Por eso,

  • En los estatutos de todos los partidos se deberá incluir el procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que hayan sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso.
  • Y, además, la suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.

Creamos, pues, nuevas obligaciones para los partidos políticos, en sus cuentas y en sus normas internas. Y también nuevas consecuencias en el caso de que no las atiendan.

En suma, cualquier partido que, en un plazo determinado, incumpla las nuevas obligaciones legales de adaptación de sus Estatutos a la nueva Ley, o de presentación de sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, podrá ser extinguido. Es decir, el Registro de Partidos Políticos podrá solicitar judicialmente la cancelación de su inscripción.

Para que se hagan una idea, hay, aproximadamente, 4.200 partidos políticos inscritos. Todos tendrán que presentar sus cuentas ante el órgano fiscalizador, independientemente de que reciban o no subvenciones, y todos tendrán que adaptar sus Estatutos. En definitiva, todos tendrán que ser más transparentes y más democráticos.

El segundo Proyecto que hoy nos ocupa es la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, que pretende dotar a nuestro país de un verdadero Estatuto del alto cargo, clarificar sus obligaciones y determinar los controles a los que debe someterse. Recoge un catálogo de requisitos y reglas que deben cumplir quienes van a ejercer tareas de responsabilidad en la Administración.

- En primer lugar, requisitos de honorabilidad, como, por ejemplo, la exigencia de una declaración responsable en el momento en que sea nombrado y la carencia de antecedentes penales por determinados delitos.

- En segundo lugar, una regulación más estricta y un control más escrupuloso sobre sus retribuciones y sus bienes.

  • Por ejemplo, sus retribuciones serán totalmente públicas con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la puesta en marcha del nuevo Portal.
  • Por ejemplo, los gastos de representación estarán mejor regulados en la Ley y no se utilizarán tarjetas de crédito para abonarlos.
  • Por ejemplo, sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas con detalle al inicio y al final de su cargo, de modo que se pueda detectar cualquier señal de enriquecimiento ilícito, irregular o injustificado.

- En tercer lugar, esta Ley recogerá un refuerzo del control de incompatibilidades y de la Oficina que se encarga de ello. Ésta, además de colaborar con otros organismos para realizar las comprobaciones pertinentes, informará al Congreso de los Diputados, semestralmente, sobre el cumplimiento debido del régimen de incompatibilidades y, además, de la publicidad de sus declaraciones de bienes.

También en esta Ley, como hemos hecho con la anterior, proponemos enmiendas que amplían estas exigencias y obligaciones.

- Lo primero, porque la honorabilidad y la confianza que merece y demanda un cargo público exigen también que cumpla como ciudadano, es decir, que esté al corriente en el pago de sus impuestos y que lo certifique debidamente. Esto será imprescindible, a partir de ahora, para acceder a un cargo de responsabilidad, porque será obligatorio presentar un certificado que acredite su situación tributaria.

- Lo segundo, porque, para facilitar el trabajo de la Oficina de Conflicto de Intereses, vamos a reforzar los medios a su disposición. Queremos que asuma de forma eficaz sus nuevas funciones, de modo que pueda atender los deberes de información y de colaboración con organismos públicos y entidades privadas que se le asignan.

Vamos ya, Señorías, con lo que he llamado el "tercer pilar de la regeneración democrática", que es donde se recogen las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

El control de los partidos y de los altos cargos, al que me acabo de referir, es necesario, pero no suficiente. Necesitamos una respuesta clara y contundente ante aquellos comportamientos que incumplan la legalidad.

Creemos que la reforma debe producirse en el Código Penal, porque necesitamos dotar de mayor efectividad a las figuras penales existentes contra la corrupción y, además, ajustarlas a la gravedad de estas conductas.

Pero con las figuras existentes no es bastante. Por eso proponemos también la creación de nuevos tipos que completen los instrumentos penales de respuesta:

  • A partir de este momento, y por primera vez en nuestra democracia, la financiación ilegal de los partidos políticos será un delito específico.
  • Segundo, agravaremos las penas de inhabilitación.
  • Y, tercero, asimismo, para poder mejorar la respuesta contra la corrupción, aumentaremos los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la misma.

También es imprescindible reformar la legislación procesal, porque necesitamos más agilidad y más eficacia en la actuación de los Tribunales. Somos conscientes de que la Justicia ha de ser rápida, porque una justicia tardía pierde eficacia y despierta una gran desconfianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.

La Justicia llega a todos por igual, pero es necesario que lo haga a tiempo para que no represente, ni una condena anticipada, como sucede en muchas ocasiones, ni una forma de impunidad.

Por ello, nuestro objetivo es reforzar la tipificación de determinados delitos, sí, pero también agilizar los procesos judiciales: todos, en general, y los que afectan a la «corrupción», en particular.

Esto exigirá modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¿En qué sentido, Señorías? Queremos agilizar los "macroprocesos", de manera que la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas. Así, se evitará que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, permitiendo que los imputados puedan comparecer ante un tribunal y establecer, en su caso, las responsabilidades penales a que hubiera lugar, o no, en unos plazos razonables.

Queremos también fijar un plazo máximo para la instrucción, haciendo compatible los derechos de los imputados y las necesidades de la labor de investigación con la duración de ese período.

Y queremos también, Señorías, la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver, porque la sociedad merece, no sólo ver cómo se castiga a quien incumple la Ley, sino también la inmediata reparación del daño económico que sus actividades produce.

De lo que se trata, en suma, es de que deje de ser noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos o la imposibilidad de localizar y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. Es preferible juzgar con rapidez, recuperarlo todo y reparar el daño.

Y, Señorías, dado que todas las medidas legislativas deben estar acompañadas de un mayor esfuerzo en los medios y los recursos para la lucha contra la corrupción, contemplamos también, por ejemplo, la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales, o la dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías, como aprobaremos este mismo viernes en Consejo de Ministros.

Señoras y señores diputados,

Se ha hablado mucho sobre el momento en que la vinculación con un caso de corrupción tiene que afectar al ejercicio de la función representativa. En el caso de diputados y senadores, el Reglamento de la Cámara determina un régimen de suspensión de derechos y deberes, que estamos dispuestos a ampliar, siempre que haya un consenso sobre este complejo, porque lo es, asunto en las Cortes Generales, porque creo que es de sentido común que ese momento no puede responder a criterios particulares, sino que debe ser un sistema reglado.

Y me quedan aún por mencionar otras tres propuestas que voy a expresar con la mayor brevedad:

  • La primera hace referencia al control parlamentario del indulto: a partir de ahora, se remitirá al Congreso de los Diputados, cada seis meses, un informe sobre la concesión y denegación de indultos. El Ministerio de Justicia dará cuentas de ello en una comparecencia en la Cámara, ofrecerá las explicaciones que sean necesarias y responderá a las preguntas que se crean pertinentes.
  • En segundo lugar, queremos mejorar la Iniciativa Legislativa Popular y abrir nuevos espacios a la participación de los ciudadanos.
  • En tercer lugar, el incremento del control frente a la corrupción en el marco de la reforma de las Administraciones Públicas y la legislación de contratos. Por ejemplo, la ampliación de las prohibiciones de contratar con la Administración y la limitación del uso de procedimientos negociados.

Esto es, Señorías, lo que, muy en resumen, el Gobierno propone. Comprendo que, aunque me he limitado a una panorámica, el conjunto puede parecer abrumador, porque lo es, y espero que resulte igualmente abrumador para quien, en el futuro, pueda caer en la tentación de traicionar la confianza de los ciudadanos.

Acabo de bosquejar una estructura legal muy pormenorizada, que carece de precedentes en España y que afecta a muchos aspectos de la Administración Pública en los que, ni se podían improvisar pasos a la ligera, ni era sencillo armonizar objetivos y prioridades.

Hemos puesto sobre la mesa todo aquello que, a mi parecer, es necesario para regenerar nuestra democracia y perseguir con eficacia la corrupción. Todo junto, todos estos instrumentos legales articulados, más lo que aquí se nos pueda sugerir de utilidad, representa, sin duda, un poderoso arsenal capaz de reducir la corrupción en nuestro país al mínimo nivel que podamos considerar compatible con el civismo.

Es una reforma ambiciosa. No pretende salir al paso de escándalos coyunturales, no se conforma con adoptar un puñado de medidas aisladas, por acertadas que fueran, no se limita a movilizar a un sector de la Administración… Nada de eso, Señorías; lejos de todo interés coyuntural, trata, y creo que consigue, llegar al fondo del problema, modifica nuestra estructura legislativa, alerta a nuestra Administración y añade severidad a nuestros Códigos para cerrar todos los resquicios que facilitan el delito y su impunidad.

Ya lo he dicho: estamos ante un problema muy serio y el Gobierno se lo ha tomado muy en serio.

Señorías,

Nadie puede garantizar, nadie, que la corrupción desaparezca de este planeta en el que lleva instalada desde el primer día, porque nadie está en condiciones de eliminar el egoísmo, la mezquindad o la codicia. Forman parte de nuestra propia naturaleza. Lo que sí está a nuestro alcance es tenerlas a raya, impedir que actúen, suprimir las oportunidades, iluminar la vía pública y castigar con severidad las transgresiones.

Si hemos construido una red suficientemente tupida para detener la ambición de cualquier aspirante a delincuente, el tiempo nos lo dirá. El tiempo nos dirá si es preciso hacer correcciones. Si es necesario, las haremos porque, mientras no cambie nuestra voluntad, mientras no olvidemos el objetivo, siempre podremos mejorar las leyes para mejor alcanzarlo.

Estamos, Señorías, ante un compromiso que apela a la responsabilidad de todos. He manifestado en muchas ocasiones que deseo un acuerdo. Lo he estado buscando y no renuncio a alcanzarlo.

Ya en el Debate sobre del Estado de la Nación del año pasado les traje un compromiso en materia de transparencia y regeneración. Les ofrecí mi voluntad de entendimiento para que las medidas que adoptásemos recibiesen un amplio respaldo. Este acuerdo se materializó en una Propuesta de Resolución que reflejaba el sentir de Sus Señorías. Las medidas que allí se acordaron ya están en esta Cámara. De hecho, estamos cumpliendo también el compromiso de que se pudieran aprobar estas leyes en el Congreso antes de finalizar el año. Por nuestra parte, así será.

Señorías,

Estamos ante cambios muy importantes en la estructura legal de nuestro país, llamados a modificar sustancialmente la vida política en todas sus manifestaciones, desde la Administración a los partidos, desde la Ley hasta la responsabilidad individual. Es importante que sepamos sostenerlos mostrando un amplio acuerdo.

Éstos son mis dos deseos: que sean aprobadas cuanto antes y que dispongan del mayor grado de acuerdo posible entre los grupos de esta Cámara. Tan importante me parece lo uno, como lo otro. Lo diré con otras palabras: prefiero el acuerdo. Vamos a procurar un acuerdo extenso pero, si no fuera posible alcanzarlo, no me quedará más opción, aun lamentándolo, que cumplir con mi deber, es decir, sacar adelante los Proyectos de Ley con los votos que nos han confiado los españoles.

La razón es obvia, Señorías: nadie, entre quienes nos contemplan desde la calle, entendería que las Cortes Españolas dejaran de tomar medidas eficaces para luchar contra la corrupción por falta de acuerdo entre los grupos de la Cámara. Nadie lo entendería. Nadie entendería que el Gobierno de la Nación renunciara a aplicar sus propias ideas en la lucha contra la corrupción, porque otros se hayan negado a secundarlas. Nadie lo entendería.

Los españoles quieren un acuerdo. Les ofenden las diferencias en esta materia, les irrita que se convierta en arma para la disputa política y les parece estúpido que, como dice la fábula, discutamos sobre si son galgos o si son podencos, cuando lo que importa es que son perros. Lo que ellos esperan es que tomemos medidas y que las tomemos juntos; medidas que reflejen el sentir de la mayoría y que muestren nuestra sintonía con las preocupaciones de la calle.

Estoy dispuesto a escuchar, a dialogar y a compartir. Estoy dispuesto a considerar toda clase de aportaciones que mejoren el proyecto, pero no debo aceptar ninguna forma de estancamiento.

Los españoles esperan estas reformas, necesitan estas reformas y es mi deber asegurarles que saldrán adelante y entrarán en vigor. Ojalá podamos hacerlo con el respaldo de un gran acuerdo. Cuenten con mi mejor disposición para ello.

Ésta es la hora de poner a prueba esa voluntad de rectificación que tanto proclamamos cada vez que un nuevo escándalo sacude a la opinión pública. Ésta es la ocasión de ofrecer motivos a los españoles para que recuperen la confianza en sus instituciones y en sus representantes. Es la hora de que, quienes disfrutamos el honor de representarles, respondamos al crédito que se nos ha confiado.

Pero también es preciso hacer algo de pedagogía social y política para no contribuir, insisto, a que se extienda la impresión de que todo, absolutamente todo, está corrompido en nuestro país, en nuestra clase política y en nuestros servidores públicos.

Señorías,

Estos escaños están ocupados por mujeres y hombres de todos los partidos, que decidieron dedicarse a la política por convicción, por seguir sus ideales o por dedicar su vida, o parte de ella, a servir a los demás. Lo mismo sucede en todas las Administraciones Públicas, en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos.

Nadie más que todos ellos, que todos nosotros, padece en medida mayor el descrédito y la desafección que nacen del comportamiento de quienes no están a la altura de sus responsabilidades. Por ello, nadie más interesado que nosotros mismos en poner todas las medidas, de la primera a la última, para que comportamientos tan dañinos sean cada vez más difíciles, se descubran cada vez más pronto y se castiguen cada vez más implacablemente.

Y termino, Señorías.

Las reformas que propongo ni son de hoy, ni son para hoy. La corrupción ya nos estaba esperando cuando llegamos al Gobierno. Lo mismo le ocurrió al Gobierno anterior y a cuantos lo precedieron. Lo que pretendemos, Señorías, es que desaparezca de la lista de prioridades de cualquier Gobierno futuro.

Sé que el propósito es ambicioso, tan ambicioso como lo es la exigencia de los ciudadanos; tan ambicioso como lo reclama la limpieza de la democracia, y les aseguro que el esfuerzo ha estado a la altura de esa ambición.

Bien podemos decir a los españoles: estamos tomando medidas suficientes y eficaces para evitar que los abusos que hemos conocido tengan ni siquiera la posibilidad material de repetirse.

Y no olvido algo que es tan importante como todo lo demás, Señorías, tan grave como saltarse las leyes o robar al Estado: dar mal ejemplo. Están bien las leyes y las reformas pero, por encima de todo, tenemos el deber de ser ejemplares. Eso es lo que los ciudadanos esperan y eso, por tratarse de un compromiso personal, es algo a lo que debemos de atender cada uno de nosotros individualmente. En lo que a mí respecta, los españoles saben que tiene mi compromiso permanente encima de la mesa.

Nada más y muchas gracias, señor presidente de la Cámara.

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