Justicia

Justicia

La Constitución española de 1978 declara que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La Constitución establece el principio de unidad jurisdiccional como la base de la organización y funcionamiento de los tribunales.

A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas.

La jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.

Dentro de cada orden jurisdiccional existen órganos especializados en materias más concretas como, por ejemplo los juzgados de lo mercantil o los juzgados de violencia sobre la mujer.

Al margen de la jurisdicción ordinaria está la jurisdicción militar, que enjuicia los hechos tipificados como delito en el Código Penal Militar y en los supuestos de Estado de Sitio, lo que supone una excepción al principio de unidad jurisdiccional.

Los órganos judiciales en España son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, las Audiencias Provinciales, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o sólo de Primera Instancia o sólo de Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, juzgados de lo Penal y los Juzgados de Paz.

El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial, integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros por un periodo de cinco años.

El Ministerio Fiscal es un órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

El fiscal general del Estado, ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español.

Transformación digital de la justicia

El Ministerio de Justicia está comprometido con la modernización de la Administración de Justicia, y, junto al impulso de las modificaciones de leyes procesales para normalizar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para un mejor servicio al ciudadano, actúa dentro de su propio ámbito de competencias para dotar a los oficinas judiciales de los medios técnicos adecuados.

La Administración de Justicia Española se apoya de un modo creciente en las nuevas tecnologías, tanto para la gestión habitual de la actividad jurisdiccional, como para dar un impulso a la solución de problemas específicos que requieren la utilización de las mismas.

Las nuevas tecnologías han reducido el tiempo medio en los trámites de la comunicación de 60 días a 19 en un proceso civil ordinario.

La transformación digital de la justicia incluye los siguientes planes:

Este Plan recoge las actividades que tienen por objeto la modernización y mejora de las TIC en las Fiscalías. Se trata de una serie de actuaciones de carácter integral que el Ministerio de Justicia realizará para fortalecer la capacidad tecnológica de la Fiscalía en las CCAA del ámbito de su competencia. El Plan recoge la descripción de cada iniciativa, su fecha prevista y el estado de ejecución y será actualizado periódicamente para mostrar la evolución y resultados.

La estrategia recoge la misión, objetivos y actuaciones del Ministerio de Justicia en su relación con los ciudadanos en el ecosistema digital, tanto por el canal web como por otro tipo de canales 2.0. Además, refleja los principios y criterios de uso que todas las unidades del Ministerio de Justicia deben salvaguardar mientras estén utilizando este tipo de canales. La estrategia es aprobada por el Comité de Dirección del departamento a propuesta del Comité de estrategia digital.

El Plan 2015 para aceleración de la Justicia en entornos digitales tiene como misión reforzar la Justicia como servicio público para los ciudadanos del siglo XXI. Los objetivos estratégicos definidos en el Plan son hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento de la Justicia a través de la introducción de la tecnología, orientar la Justicia como servicio público centrado en el ciudadano e impulsar el cambio cultural para la adopción tecnológica en entornos jurídicos.

Se trata de medidas que el Ministerio de Justicia está mejorando para mejorar el sistema LexNET de acuerdo con los requerimientos prioritarios que le han sido trasladados por los profesionales de la Justicia en el transcurso de las Comisiones Mixtas Ministerio-Colegios Profesionales que se están celebrando en cada provincia.

Oficina Judicial y Oficina Fiscal

La Oficina Judicial

La Administración de Justicia está inmersa en un profundo cambio para adaptarse a los avances tecnológicos y a las necesidades que demanda el desarrollo social y económico de una sociedad avanzada.

Una de las principales reformas impulsadas por el ministerio de Justicia es la Nueva Oficina Judicial (NOJ) como soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional.

El reto consiste en poner en práctica actuaciones transformadoras y mejoras en la gestión y racionalización de los procedimientos y del gasto, para que la Administración de Justicia se configure como un servicio eficaz, accesible y transparente, capaz de afrontar sin demoras las demandas de los ciudadanos y de los distintos órdenes sociales y económicos.

La Oficina Fiscal

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado definieron un nuevo modelo de Oficina Fiscal, capaz de dar respuesta efectiva a las necesidades de los fiscales, en paralelo con el proceso modernizador de la Administración de Justicia.

Fruto de la colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, se aprobaron las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Fiscales incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Oficina Fiscal.

Logros recientes y retos para el futuro

El Ministerio de Justicia ha llevado a cabo numerosas acciones durante el año 2017 con el objetivo de conseguir una mejor justicia para todos, algunas de las cuales son las siguientes:

• Creación de nuevas unidades judiciales: el ministerio ha propuesto la creación de un total de 89 unidades judiciales distribuidas en todo el territorio nacional en función a las cargas de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento y destinadas a priorizar las necesidades de carácter estructural. Estos 89 nuevos órganos judiciales se corresponderán con 3 plazas de magistrado en órganos colegiados y 86 juzgados, en lo que supone el mayor esfuerzo de creación de unidades judiciales desde el año 2014.

• La próxima aprobación de un protocolo específico que permitirá mejorar la asistencia a los familiares de las personas desaparecidas. Igualmente, se abordará la elaboración de una guía para orientarles en todas las cuestiones legales relacionadas.

• España mejora globalmente en cuanto a la calidad de nuestra justicia. Esta es la principal conclusión del Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea de 2017, publicado y presentado en Bruselas por la Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE. Nuestro país obtiene mejores resultados que en años anteriores en lo que se refiere a la accesibilidad de nuestro sistema judicial. Se encuentra en las primeras posiciones en cuanto a las comunicaciones electrónicas entre profesionales y con los ciudadanos: información telemática sobre las características de nuestro sistema judicial, disponibilidad electrónica de sentencias, envío electrónico de demandas y otros escritos a los juzgados, así como transmisión telemática de citaciones y disponibilidad de sistemas de nuevas tecnologías en la gestión de tribunales.

• El ministerio de Justicia ha propuesto un plan de acción integral que conduzca a reformas estructurales que permitan agilidad y rapidez en nuestro sistema de Administración de Justicia, basado en una serie de estrategias de carácter procesal, dotacional, organizativo y tecnológico.