Comparecencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno; ministra de Vivienda y Agenda Urbana; ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Bueno, muy buenos días. Gracias de nuevo un martes más por acompañarnos todos ustedes a esta rueda de prensa. Además, saben que el Consejo de Ministros de esta mañana ha sido presidido por la vicepresidenta primera, ya que el presidente, como saben todos ustedes, se encuentra en Sevilla, en la cumbre…participando en la cumbre...en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

Y les contaremos que, en esta misma mañana, el Consejo de Ministros ha abordado y ha aprobado importantes medidas, en este caso, en materia de vivienda, y por eso me acompaña hoy la ministra titular. Unas medidas que, lógicamente, tienen como objetivo seguir ampliando nuestro parque público de vivienda y, por tanto, será ella quien les dará cuenta a todos ustedes de las dos importantes medidas que esta misma mañana hemos aprobado, como les decía, en el Consejo de Ministros.

También, como pueden ver todos ustedes, me acompaña el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el ministro Bustinduy, que les va a detallar un importante anteproyecto de ley, en este caso, referente al consumo sostenible, que además estoy segura que será de especial interés para todos los ciudadanos, para todos los consumidores, por importantes medidas que contempla este importante anteproyecto y que tiene como objetivo, lógicamente, proteger a nuestros consumidores y a nuestras consumidoras.

Además, también en el Consejo de Ministros de hoy, se ha dado un paso muy importante, en este caso, dirigido a los trabajadores públicos, a los funcionarios públicos. Estamos hablando de una de un incremento, de una subida salarial adicional del 0,5 % que va a beneficiar nada más y nada menos que a tres millones de funcionarios y que, además, estos incrementos retributivos tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Y con esta medida, este Gobierno da también por cumplido lo acordado con los sindicatos UGT y Comisiones en materia salarial. Una subida salarial que, por otro lado, va en línea con la apuesta que este Gobierno ha hecho en estos últimos años en favor de los servicios públicos, donde saben que hemos aprobado importantes ofertas de empleo público batiendo récords de estos últimos años, con programas también de captación de talento joven, y, por otro lado, reforzando esa atención al ciudadano con métodos también, por supuesto, telefónicos, presenciales y también telemáticos, entre otros.

Y además en el Consejo de Ministros de hoy, hemos autorizado también una ayuda... una subvención de 55 millones de euros para la producción, en este caso, de largometrajes. Son ayudas anticipadas para el coste de producción de empresas que tengan relevancia cultural para España y para Europa y el objetivo, evidentemente, de esta convocatoria es seguir apoyando al tejido industrial cinematográfico y facilitar también su actividad en un mercado abierto y competitivo.

Y para finalizar, les quiero trasladar que también el Consejo de Ministros hemos aprobado y se ha concedido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo azul al teniente general Aroldo Lázaro, que, hasta el pasado 24 de junio, ha sido el jefe de UNIFIL en Líbano, un cargo que ocupaba desde enero de 2022. Con este reconocimiento, se quiere destacar la labor de Lázaro, que ha estado al mando de 10. 000 cascos azules en esta misión de Naciones Unidas. Una misión que, por supuesto, evidencia el compromiso de España con la paz y que, evidentemente, habla también de la calidad de nuestras Fuerzas Armadas.

Pues estos son los temas que hoy hemos abordado y aprobado en el Consejo de Ministros. Y como les decía, le daré en primer lugar la palabra a la ministra de Vivienda para que les explique las dos importantes medidas que hoy se han aprobado.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.-Gracias, ministra portavoz. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Hoy es un día importante para el Ministerio de Vivienda y también para los ministerios que nos han ayudado a sacar adelante este acuerdo, el Ministerio de Economía y, muy importante también, la implicación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Un acuerdo que viene a dar respuesta a nuestra prioridad como Gobierno. No solamente en la acción de este Ministerio, sino del Gobierno en su conjunto. Tenemos como prioridad resolver los problemas de los ciudadanos, hacer avanzar a este país y, sin duda, si hoy hay un problema que preocupa a la ciudadanía española, es el acceso a la vivienda y esta es, por tanto, también nuestra principal ocupación.

Si hace apenas unas semanas llevábamos a la Conferencia de Presidentes un gran acuerdo por la vivienda en el que podríamos triplicar la inversión para el parque de vivienda asequible en colaboración con las comunidades autónomas, hoy les traigo los nuevos acuerdos que tienen que ver con la ampliación de ese parque público de vivienda con carácter permanente que trata de recuperar esas casas que nunca debimos perder para ampliar ese parque, como digo, público de vivienda asequible y permanente. Esta crisis de vivienda que sufre nuestro país no es exclusiva, está en todo nuestro entorno, en el entorno europeo, pero sí que aquí nos encontramos con una debilidad que no obviamos y que es nuestra, también, prioridad en la agenda de trabajo a la hora de abordar las soluciones para este problema y es la ausencia de un parque público de vivienda.

Como saben ustedes, este país invirtió mucho en construir viviendas, hasta 2,5 millones de viviendas, que fueron descapitalizadas, en su caso incluso privatizadas, y ahora lo que se trata es, en el menor tiempo posible, dotarnos de una infraestructura pública con ese carácter permanente. Hemos conseguido avanzar en los últimos años pasando de un 2,5 de parque público de vivienda a un 3,4, lejano todavía de la aspiración del entorno del 9 %, que es la media del parque público europeo. Contamos con nuevos instrumentos que nos permiten hoy dar estos pasos, ese paraguas bajo el que trabajamos, la Ley de Vivienda, para blindar este parque público y nuevos instrumentos como los que anunciara el presidente a principio de año, que es la empresa pública de vivienda y suelo que va a garantizar este parque, que va a garantizar que todos los recursos del Estado que puedan ser o que se puedan convertir en una vivienda, en una casa, en un hogar, tengan esa finalidad y no otra.

Para desarrollar estas nuevas, en tanto en cuanto desarrollamos nuevas promociones para esta emergencia habitacional, tenemos que adoptar medidas extraordinarias para disponer en el menor tiempo posible de estas viviendas de forma inmediata, y eso es lo que hemos hecho con el primer acuerdo que paso a contarles, a transmitirles. Es la adscripción de los activos de Sareb a la empresa Sepes, que es quien se está encargando y quien está convirtiéndose en esa gran empresa estatal de suelo y vivienda y que hoy hemos aprobado en el consejo de vivienda, el Consejo de Ministros, perdón, incorporar un buen número de viviendas para alquiler asequible en el parque público. Un acuerdo importante, como les decía, que además repara las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, que fue el uso de estas viviendas, procedentes de los desahucios de las familias, para pagar el rescate financiero. Por tanto, tienen también un claro componente de determinación política y de distintas formas de actuar ante una crisis, que es la de salvar a los bancos o salvar a las familias. Nuestro modelo es lo público, es salvar a las familias.

¿Qué es lo que estamos haciendo con este acuerdo que hoy hemos acordado en el Consejo de Ministros? Es incorporar al parque público de vivienda las casas y los suelos que tenía Sareb y que pueden ponerse a disposición de la ciudadanía a través del recurso de la empresa pública de vivienda. Esto forma parte de los anuncios del presidente del Gobierno a principio de año. Se trata de poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas en forma de alquiler asequible, es decir, por debajo del suelo de mercado y, en ningún caso, superando el 30 % de los ingresos de las familias. En definitiva, se trata de dar o de enviar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy, a rescatar a las familias.

¿Cómo ha sido la secuencia de los hechos? Ustedes lo recordarán bien. Hablaba de una de las principales secuelas de aquella crisis. Pasamos del "no habrá rescate" a confirmarse el rescate en el año 2012 y al nacimiento de Sareb, entonces conocida como "el banco malo", en el año 2012. ¿Qué ha hecho este Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente? Fundamentalmente tomar el control de la compañía para garantizar que las decisiones que allí se adoptaban servían al interés general y no al de las empresas que conformaban antes la mayoría del accionariado, fundamentalmente entidades financieras. Eso ocurrió en enero, ustedes recordarán, del año 2022 y más recientemente, desde la creación de este ministerio, hemos paralizado las compras que se venían dando en la entidad Sareb para poder hacer ese trabajo que hoy hemos llevado al Consejo de Ministros, que es recuperar esos activos para la empresa pública de vivienda y suelo.

En los hitos que también se han producido en estos años, desde el año 2022, que asumimos esa mayoría, me gustaría destacar la división social de la Sareb que ha permitido regularizar 7.700 contratos, 7.700 familias que hoy tienen su vivienda en alquiler social, además de un acompañamiento de los servicios sociales, laborales y de atención a sus hijos e hijas, paralizamos esa compra de vivienda y también me gustaría subrayar, pusimos en un tiempo récord 300 viviendas a disposición de los damnificados de la DANA.

¿Cómo se traduce el acuerdo de hoy en cifras? O cómo hemos llegado hasta estas cifras, primero, y después les doy las cifras. Lo que hemos hecho es, desde que tenemos este mandato del presidente del Gobierno y esta determinación política, para poner esos inmuebles a disposición de la empresa pública y de la ciudadanía, definitivamente, lo que hemos hecho, a través de Sepes en transformación, como le decía, para esa empresa pública de vivienda y suelo, ha sido la evaluación, por parte del Ministerio de Vivienda, de todos los suelos e inmuebles que eran propiedad de Sareb para determinar cuáles podrían estar lo antes posible a disposición de la ciudadanía. Bajo unos criterios que ahora les comentaré, que tienen que ver con la viabilidad económica, jurídica, técnica y también territorial de los mismos hemos concluido que podemos disponer de 40.000 viviendas para poner en ese parque de vivienda asequible. Hemos definido también un perímetro que abarca 2.400 suelos con la capacidad de construir sobre ellos más de 55.000 viviendas. El valor estimado de esta operación es de 5.900 millones de euros y, además, nos hemos reservado la potestad de abordar ampliaciones a estos criterios por razones justificadas después de este acuerdo de Consejo de Ministros con simplemente un acuerdo de la Comisión Delegada de asuntos económicos.

¿Qué criterios hemos seguido para perimetral esas viviendas que podemos poner a disposición de la ciudadanía en el parque de vivienda público y asequible? En primer lugar, criterios geográficos, es decir, aquellos lugares donde más se precisa vivienda, más se precisa vivienda en alquiler y a precios asequibles con determinación de su población, en poblaciones superiores a 5.000 habitantes, o si son inferiores que hayan tenido un crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos 10 años, es decir, allí donde se está viendo necesidad y demanda de vivienda, y también hemos priorizado en este acuerdo la declaración de zonas tensionadas porque entendemos que ahí es donde hay una mayor demanda de la ciudadanía y una mayor complicidad con todas las Administraciones Públicas. Y no nos hemos querido olvidar tampoco, en este criterio geográfico, de la sacudida de la DANA y, por tanto, también vamos a priorizar todas las viviendas que continúan en el entorno de la DANA y los suelos para ponerlos a disposición de las familias.

Hemos incorporado también criterios económicos de la dimensión de estas viviendas, independientemente de su tasación, se incorporarán todas las viviendas de una superficie de hasta 85 m² y aquellas que superan esa superficie, hasta los 150 m hemos puesto una tasación que podría ser superior al 40 % del precio de mercado. Condiciones técnicas que, imaginarán ustedes, tienen que ver con la condición en la que se encuentran esos edificios, esas viviendas o esos suelos, que no presenten patologías estructurales o que estén conformes con la legislación urbanística vigente, así como que tengan condiciones de habitabilidad adecuada.

Por supuesto, todas las viviendas que entraban dentro de esa división social forman parte ya del parque público de vivienda. Igual con la gestión de los suelos. Es decir, perimetrado todo aquello que puede ponerse a disposición en el menor tiempo posible, pasando del rescate a los bancos al rescate a las familias. Y para completar esa tarea que está liderando la empresa pública Sepes de construir un parque de vivienda asequible en el menor tiempo posible, pues todos los recursos son bienvenidos. Saben ustedes que estos trabajos comenzaron con la disposición de terrenos de Defensa para lo que teníamos una consignación presupuestaria importante y lo que hemos hecho también en el Consejo de Ministros de hoy, paso al segundo acuerdo, es habilitar a la empresa pública a poder utilizar esos recursos, en este caso hasta..., les digo la cifra, 5.000 eh... perdón. 593 millones de euros que sumamos a los 5.900 a los que antes me refería para adecuar estas viviendas, para desarrollar los suelos adquiridos, para completar otras compras en proceso o incluso para la adquisición de compra de otras viviendas y también adecuar el resto de inmuebles que vamos a ir adquiriendo de todo el patrimonio del Estado para conformar ese parque público de vivienda, también con esos terrenos de Defensa, que era para lo que estaba previsto esta partida presupuestaria que constaba ya en las arcas del Ministerio de Vivienda y, en este caso, de la empresa pública.

En definitiva, como les decía al principio, dos acuerdos muy importantes que sirven a la prioridad de este Gobierno y a la principal preocupación de la ciudadanía, que nos justifican en nuestro trabajo diario de hacer avanzar a este país para culminar los avances económicos y sociales que se han producido en los últimos años necesitamos culminar esta obra, acabar con el quinto pilar del estado del bienestar y esto solo se puede conseguir desde la intervención de lo público para propiciar más vivienda, más vivienda del parque público asequible, para avanzar en la regulación.

Hoy, precisamente, comienza a aplicarse de forma obligatoria el registro o ventanilla única que da desarrollo al registro o a la ordenación europea siendo el primer país europeo en determinar ya su eficacia, desde ya, desde hoy, quien no haya hecho, tiene que registrarse en esta ventanilla, en este registro único para poder comercializar sus alojamientos turísticos o los contratos temporales o de habitaciones, para poder dar garantías a la ciudadanía y, sobre todo, impedir el fraude y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales que están impidiendo el acceso a tantas familias. Desde lo público. La política de vivienda ha de hacerse desde lo público para garantizar el derecho y ha de hacerse por parte de todas las Administraciones Públicas.

Por eso sigo haciendo un llamamiento a todas las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a implicarse en las políticas públicas de vivienda cuyas competencias reclaman cada día, y yo reclamo que se ejerzan con eficacia, con contundencia, con determinación, como hace este Gobierno, con todos los recursos, ya sean presupuestarios, de suelos o, en este caso, las viviendas ya existentes que vamos a poner al servicio de la ciudadanía. No vamos a parar hasta dar respuesta a este problema y, sin duda, lo que hoy hemos acordado es un paso muy definitorio en un cambio de políticas de vivienda para garantizar esa protección pública que será la que dé solución a este problema, esperemos, lo antes posible.

Portavoz.- Muy bien, ministra, muchas gracias. Ministro.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.- Gracias. Buenas tardes. Yo voy a presentarles el anteproyecto de ley que ha adoptado hoy en primera vuelta el Consejo de Ministros relativo al consumo sostenible. El consumo sostenible es un concepto establecido que tiene que ver con la capacidad de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios presentes sin comprometer la capacidad de ofrecerlos en el futuro. Es un componente troncal de los objetivos de desarrollo sostenible, también del Pacto Verde Europeo y, en realidad, lo que hace es aterrizar dos preceptos constitucionales de los que tienen que ver con el artículo 51 de la protección de la salud y el bienestar y los derechos de consumidores y consumidoras, y también el 45, que garantiza el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Es una ley ambiciosa que incluye muchísimas medidas, a quienes les interese este ámbito y las políticas públicas, yo les recomiendo, encarecidamente, su lectura, y la voy a resumir en cinco aspectos esenciales, muy rápido, lo prometo, pero que son los pilares que constituyen esta ley ambiciosa en materia de derecho sostenible.

El primero tiene que ver con la práctica conocida como "greenwashing" o "ecopostureo", es decir, con la construcción de imágenes de marca referentes a la sostenibilidad de los bienes o de los servicios que se ofertan que no esté basada en datos contrastables o prácticas reales. Lo que vamos a hacer es regular la necesidad de certificar las afirmaciones que se hagan. Cualquier consumidor o consumidora conoce esta realidad. Hoy en día todo es "bio", "eco", "sostenible", "bueno para el planeta"..., bueno, pues en transposición de la directiva europea, también, vamos a establecer un sistema para certificar, de manera objetiva, aquellas valoraciones que se hagan sobre las cualidades o virtudes de un producto y también vamos a prohibir las afirmaciones que estén basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El segundo de los pilares tiene que ver con la lucha contra la obsolescencia programada, algo que también conocen en su vida cotidiana todos los consumidores y consumidoras. Y lo vamos a hacer a través de una serie de medidas que, por ejemplo, prohíben inducir a sustituir elementos fungibles de un bien antes de que sea necesario o afirmar falsamente que utilizar recambios o elementos fungibles que no sean proporcionados por el productor pueda afectar al buen funcionamiento de un bien, cuando esto no sea así. También vamos a regular las actualizaciones de software obligando a que se informe, en caso de que una actualización vaya a afectar a la funcionalidad de un bien, de ese extremo, y también previendo que se plantee como necesaria una actualización cuando no lo sea. Esto es una situación que sucede de manera cotidiana. Se nos plantea la necesidad de actualizar un software y luego esa actualización nos impide abrir ciertos programas o hace que nuestros equipos funcionen peor.

El tercero de los pilares tiene que ver con la promoción de la sostenibilidad. Vamos a intervenir sobre el etiquetado de los bienes y productos para poder identificar aquellos que tengan una garantía superior a dos años, también para incluir información sobre la reparabilidad.

Y este es el cuarto pilar, y creo que más importante, que incluye esta ley, que es la consagración del derecho a reparar. Vamos a obligar a que los repuestos, para un producto, para un bien, estén disponibles hasta 10 años después de que ese producto deje de fabricarse. También vamos a obligar a incluir información orientativa sobre los precios de las reparaciones en las páginas webs de los productores. Vamos a extender el plazo de garantía de un bien cuando este se repare por un periodo adicional de 12 meses. Vamos a crear una plataforma digital de reparaciones, donde los usuarios podrán encontrar reparadores para aquellos electrodomésticos, por ejemplo, que quieren reparar, pero también donde se puedan poner en contacto los compradores de bienes defectuosos y los vendedores de bienes reacondicionados. Y, por último, la medida más innovadora que plantea esta ley es la creación de un sistema de cofinanciación para las reparaciones. Queremos reducir la factura de la reparaciones haciendo que los productores asuman una parte de ese coste. Hasta un 20 % del coste de las reparaciones será asumido por los productores.

Y el último de los elementos centrales de esta ley tiene que ver con la garantía de los derechos de los consumidores y con la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Les resumo solo algunas de las medidas en este sentido. Vamos a regular la conocida como, "publicidad del miedo". La "publicidad del miedo" son aquellos mensajes publicitarios que explotan el miedo como emoción principal y que pretenden generar una sensación falsa de vulnerabilidad o de ansiedad, que puede llevar a los consumidores a contratar bienes o servicios que quizá no necesiten. Vamos a obligar a incluir en estos mensajes publicitarios, en los que apelen al miedo como emoción principal, información objetiva, estadísticas, datos contrastables, que permitan conocer la realidad social sobre la que están intentando operar. Hay ejemplos notorios en nuestro país de algunas industrias publicitarias que trabajan de manera sistemática estas sensaciones.

Vamos también a regular el fenómeno conocido como "reduflación", algo que todos los españoles y españolas han conocido en el supermercado, cuando vamos a comprar un producto y ese producto incluye menos cantidad de la que incluía, al mismo precio, o un menor número de envases al mismo precio. Esto es una forma de hacernos pagar más por menos. Y vamos a obligar también a indicar, de manera clara y reconocible, cuando se haya alterado el peso, el contenido o el número de envases de un producto sin alterar su precio.

También vamos a prohibir la reventa de entradas para espectáculos por un precio que sea superior al de venta original más el IPC. Esta práctica es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural, pero sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura. Por lo tanto, vamos a prohibir la reventa de entradas por un precio superior al original más el IPC.

Y, en último lugar, un avance importante que recoge esta ley, es que va a prohibir la publicidad de los vuelos cortos, de los combustibles fósiles y de los vehículos más contaminantes. La intención es incentivar la transición industrial y productiva, para generar no solo modelos más sostenibles, sino también más accesibles, para que bajen los precios y podamos hacer esta transición asegurando la inclusión y la justicia social.

Y quiero terminar con una reflexión, en este sentido, que creo que es de actualidad en plena ola de calor. Los efectos del cambio climático, bajo forma de olas de calor, de inundaciones, de sequías prolongadas, no afectan por igual a toda la población, sus efectos son asimétricos y, de hecho, se ceban con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En los últimos cinco años, más del 90 % de las víctimas de las olas de calor eran personas mayores de más de 65 años. En el caso de la DANA, más de la mitad de las personas fallecidas tenían más de 70 años, a pesar de que la población mayor de 70 años representaba un 15 % en la población de las zonas afectadas. Y lo mismo sucede con los niños, con las niñas, con las personas con discapacidad y con las familias con menor renta.

En España, el 1 % de la población contamina más que 12 millones de personas, y, por eso, el negacionismo climático del señor Feijóo y de la ultraderecha, es una cuestión de clase social, porque son los ricos quienes más contaminan, pero son los pobres quienes más pagan los efectos del cambio climático. Y, por eso, la filosofía que inspira este anteproyecto de ley, es precisamente reconocer que la transición ecológica e industrial no puede recaer sobre una suma de responsabilidades individuales, no es cada consumidor quien tiene la responsabilidad, de a través de sus decisiones de compra, garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema económico, hay que responsabilizar al sistema económico en su conjunto, transformar los modos de producción, de distribución y de consumo, y asegurar que el acceso a un modo de consumo sostenible, también al bienestar en tiempos de cambio climático, no sea una cuestión de clase social o de capacidad de renta, sino que sea un derecho universalmente garantizado. Este anteproyecto de ley es un primer paso en esa dirección.

Portavoz. - Muy bien, muchísimas gracias a los dos, y empezamos ahora con la ronda de preguntas, por favor.

Alba Galán Collado (TVE). - Buenos días, quería preguntar a ministra portavoz sobre la declaración de ayer de Cerdán ante el juez. Dijo que es víctima de una persecución política por su papel clave en armar la mayoría de la investidura, no sé si el Gobierno comparte esta versión.

Y en el auto del juez, apunta a que podrían haberse visto beneficiadas más personas físicas o jurídicas, ¿mantienen que el PSOE no está entre ellas?

Y sobre la huelga de jueces y fiscales, quería una valoración sobre esta primera jornada y si teme el Gobierno que convoque más jornadas de huelga. Gracias.

Portavoz. - Vamos por partes. Bueno, sobre las palabras de ayer del señor Santos Cerdán, desde luego, yo no voy a comentar su testimonio ni por supuesto su estrategia de defensa. Lo que sí que les puedo decir, es que nosotros frente a este caso actuamos con contundencia en cuanto se abrió ese secreto de sumario y, por tanto, cuando conocimos esos primeros indicios que eran, por otro lado, unos indicios muy serios. Ahora, lo decía el presidente del Gobierno, y es así, es el momento de la justicia, máxima colaboración, como siempre hemos trasladado, y que sea, por supuesto, la justicia la que dirima las consecuencias que crea oportunas.

Mire, me preguntaba también usted sobre la propia manifestación de la huelga de jueces. Yo, desde luego, por un lado, respetar las acciones convocadas, tanto para mañana, como para hoy, para mañana de diferentes asociaciones judiciales, también por parte de fiscales y también, por supuesto, respetar a aquellos que decidan no hacerlo. No obstante, yo creo que aquí también es importante recordar que ya fue suficientemente claro el Consejo General del Poder Judicial, que tuvo una respuesta unánime y que creo que todos, además, todos ustedes, conocieron.

A partir de ahí, lo que también me gustaría trasladar es la intención, por supuesto, que trasladó el Gobierno y que ahora se está debatiendo en el Consejo de los Diputados de llevar a cabo una reforma modernizadora de la justicia en nuestro país que, desde luego, creemos que tiene importantes virtudes. Como les digo, ahora mismo se debate en el Consejo de los Diputados, por un lado, hacer permanente esas becas SERÉ, para aquellos jóvenes que el día de mañana quieren ser jueces o fiscales. Por otro lado, también nos parece importante introducir, ustedes además lo conocieron, el propio ministro de Justicia lo explicó en esta sala de prensa, introducir esa prueba escrita, que es una de las novedades que se recoge en esta reforma, recoger también que las pruebas orales puedan grabarse, hacer también como novedoso que todos aquellos jueces que quieran formar a futuros opositores, a futuros jueces y fiscales, puedan también registrarse en un registro público.

En definitiva, como les decía, mejorar y modernizar la justicia en nuestro país. Eso es, lo que, desde luego, en lo que estamos trabajando y vaya por delante, como les decía, trasladar también el respeto que manifestaba en mis primeras palabras, pero yo creo que conviene también que no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial fue absolutamente claro, contundente y además de una forma unánime.

Y sobre la otra cuestión que usted me trasladaba. Mire, el Partido Socialista, desde el año 2010 sin estar obligado por ley, viene haciendo distintas auditorías. No solamente, por supuesto, entregar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, sino que desde el año 2010 hay auditorías externas. Lo venimos haciendo desde el año 2010 y en este caso, cuando conocimos ese secreto de sumario, el propio Secretario General del Partido Socialista y presidente del Gobierno, anunció hacer una auditoría más para hacer un tercer chequeo, si me permiten, a las cuentas del Partido Socialista, porque, hasta ahora, lo que conocemos y lo que nos ha detallado, desde luego, la realidad de la auditoría y también del Tribunal de Cuentas, es que las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. Y, tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y, por tanto, están certificadas y, a partir de ahí, vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección.

Ana Isabel Martín Almaraz (El Debate).- Buenas tardes, tenía dos preguntas, una para el ministro Bustinduy y otra para la portavoz. Señor Bustinduy, quería volver a esa parte del auto conocido ayer en el que el juez Puente dice que se refuerza la idea de que más personas físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán pudieron haberse lucrado con las adjudicaciones, ustedes se reúnen hoy con la otra parte del Gobierno, con el PSOE, quería saber dónde está la línea roja de Sumar, si es que la tiene, para una hipotética salida de este Gobierno.

Y en segundo lugar, portavoz, sobre las gestiones de Cerdán, quería preguntarle si habría habido investidura de Pedro Sánchez sin el trabajo de Cerdán o, dicho de otra manera, si Cerdán fue indispensable para la investidura del presidente en noviembre de 2027. Gracias.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Pues muchas gracias. Respecto a su primera pregunta, a la reunión de seguimiento del pacto de coalición ha sido convocada para mañana. A esa reunión el planteamiento que llevamos es público. Tiene que ver con condiciones en dos sentidos. El primero, sobre la situación en la que estamos y medidas contra la corrupción, exigimos garantías de limpieza, absoluta, caiga quien caiga, y, en segundo lugar, planteamos un giro de izquierdas para la legislatura que pase por el cumplimiento íntegro del acuerdo de Gobierno en lo que tiene que ver con la retribución de los permisos parentales, prestación por crianza, la financiación de la dependencia, etcétera. Esas condiciones son públicas y así las hemos defendido. La reunión será mañana.

Sobre la permanencia en el Gobierno, se lo digo con total honestidad, yo estoy aquí trabajando, sin cesar, en las cosas en las que creo, como la que he presentado hoy en día. Trabajando por la financiación del sistema de la dependencia, por luchar contra la pobreza infantil, por defender a los consumidores frente a las multinacionales, luchando contra los pisos turísticos ilegales, y lo hago con limpieza, con honestidad y sin confundir nunca las lealtades. Prestando servicio a los intereses de las clases trabajadoras y la mayoría social de este país. Lo que exigimos y lo que planteamos es exactamente eso, limpieza, honestidad, y políticas de izquierdas.

Portavoz. -Yo lo que les diría es que la investidura fue posible gracias al voto de más de 12 millones de personas, que plantearon para este país un gobierno progresista. Y que dijeron no a un Gobierno de la derecha y la ultraderecha. Y gracias a esos votos, y gracias a esos más de 12 millones de ciudadanos, hace dos años tenemos un gobierno progresista. Un Gobierno, por cierto, que va a continuar a lo largo de esta legislatura, hasta el año 2027, porque merece la pena seguir transformando y mejorando este país. Porque sigue mereciendo la pena trabajar para mejorar las condiciones de la clase media y la clase trabajadora de nuestro país. Es lo que venimos haciendo en estos dos últimos años y, no le quepa ninguna duda, es el camino que vamos a seguir recorriendo hasta el año 2027 y, por supuesto, el tiempo que, además, a raíz después del año 2027, sigan queriendo los ciudadanos.

Iñigo Aduriz Mulas (elDiario.es). - Hola, ¿qué tal? En primer lugar, le quería preguntar al ministro de Derechos Sociales qué efectos cree que puede tener el hecho de prohibir la publicidad de los combustibles fósiles y de los vehículos con combustibles fósiles, etc., en la ciudadanía y en la población, lo digo por la polémica que se ha generado.

Y a la ministra portavoz, quería preguntarle si más allá de lo que dice de que han actuado con contundencia, más allá de la petición de perdón, si el hecho de que en dos semanas, en apenas dos semanas, el que fue secretario de Organización de su partido haya pasado del escaño a estar en la prisión, si el Gobierno considera que debe haber algún otro tipo de responsabilidad política, si se debe asumir algún otro tipo de responsabilidad política por parte del partido, por parte del Gobierno. Gracias.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Sí, muchas gracias por la pregunta. Como saben, la venta de vehículos que utilicen exclusivamente combustibles fósiles está prohibida a partir del año 2035 por la Unión Europea. Lo que buscamos actuando sobre la publicidad de los vehículos más contaminantes y de los combustibles fósiles también es, precisamente, acelerar la transición industrial y productiva para hacer que la industria sea más competitiva y, por tanto, que pueda garantizar la accesibilidad y la justicia social en esta transformación. Como decía anteriormente, la transición ecológica no puede recaer sobre responsabilidades individuales ni puede depender sobre la capacidad económica o la renta de cada cual y para ello es fundamental que la transformación industrial se acelere y se haga conforme a criterios de equidad y de inclusión.

En este sentido también citaba antes la estadística, el 1 % de la población contamina más que 12 millones de personas en España. Es evidente que quienes más contaminan, quienes tienen un estilo de vida centrado en torno a bienes suntuarios, el presidente del Gobierno, ayer, desde Sevilla, mencionaba también la necesidad de implementar medidas fiscales sobre los jets privados, los yates privados, la huella de carbono de quienes viajan semanalmente en clase "business", etcétera, pues es fundamental que fiscalmente hagamos recaer el coste de esta transición en quienes más contaminan porque, como decía antes, estamos en un momento en el que los ricos contaminan y son los pobres quienes están en una situación más vulnerable, no solo en nuestro país, sino en el sur global también, quienes más pagan los efectos de la crisis climática. Así que todas las medidas que recoge este anteproyecto de ley buscan acelerar una transición hecha desde una perspectiva de justicia social.

Portavoz. - Miren, ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aun siendo conscientes que esta imagen era posible a consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser, como les digo, una imagen profundamente decepcionante y dolorosa. En cualquier caso, este hecho confirma nuestra determinación en seguir trabajando para combatir la corrupción, como llevamos haciendo estos años, para seguir colaborando con la justicia con máxima transparencia, dando todas las explicaciones que sean oportunas. Además, ustedes saben que, desde el primer momento, como le decía su compañera, desde que conocimos esos primeros indicios lo primero que se hizo fue exigirle el acta al señor Santos Cerdán, exigirle que abandonara todas sus responsabilidades orgánicas, como le digo, trasladando nuestra máxima contundencia ante la corrupción.

En segundo lugar, por supuesto, porque tenemos que hacerlo y teníamos que hacerlo, pedimos perdón. Pedimos perdón a la ciudadanía porque le dimos confianza a una persona que no merecía tal confianza. Además, saben también que el propio presidente del Gobierno ha comparecido ya en varias ocasiones para trasladarles a todos ustedes, en primer lugar, la celebración del Comité Federal este mismo sábado 5 de julio. Además, también anunciarles una futura comparecencia, el próximo 9 de julio. Por otro lado, también la puesta en marcha de una comisión de investigación el Congreso de los Diputados y, por supuesto, también desde el primer momento, reunirnos con todos los grupos parlamentarios que hicieron posible esa investidura hace ahora dos años. Con esto, ¿qué le que les quiero decir? Que somos conscientes que la corrupción cero no existe. Pero que, cuando existe, se ataja y se toman medidas. Porque si algo hemos demostrado desde el primer momento es que este Gobierno, ante la corrupción, absoluta contundencia.

Iván Gutiérrez Gómez (TV3). - Gracias. A la ministra de Vivienda. Hablaba de un traspaso de 40.000 viviendas. ¿Cuál es el traspaso que se hace ya? Es decir, es una parte, es el total. ¿Y cuál es el cambio sustancial, sobre todo, que estas viviendas estén en la Sareb o pasen a esta nueva sociedad? ¿Qué coste tendrá esto, y también si la Sareb se disolverá, finalmente, en 2027?

Y luego, a la ministra portavoz, una económica y otra política, BBVA ha decidido seguir con la OPA, una valoración por parte del Gobierno a esto, y luego si tienen previsto, a parte, de alguna manera, de todo lo que ha citado que están haciendo, si tienen previsto hacer algún otro movimiento, porque no parece suficiente lo que han dicho hasta ahora, por ejemplo, sobre las cuentas, evidentemente una comisión o un pago B no se va a registrar, nunca va a aparecer en una auditoría de este tipo como las que han hecho hasta ahora. No sé si, por ejemplo, se plantearían hacer un forénsico, una auditoría forense. Muchas gracias.

Portavoz. -Ministra.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sí. Eh... agradezco su pregunta, porque no había dado explicación sobre la fórmula de transmisión, y esta es muy importante, porque lo que hacemos es pasar esas viviendas a la empresa pública de vivienda y suelo sin un coste adicional, es decir, sin que exista una transmisión a cambio de un precio por esas viviendas. Se trata de una trasmisión lucrativa, es lo que consideramos una donación. Se hará primero a Patrimonio del Estado por seguridad jurídica y directamente después a la empresa pública de vivienda y suelo.

¿Qué cambia en este concepto de unas viviendas que ciertamente vienen de un banco malo que sirvió a un interés distinto al que vela este Gobierno, el interés de rescatarlo y convertirlo en activo financiero frente a lo que nosotros consideramos un derecho, con los cambios que se han producido ya durante esta legislatura y la anterior con respecto a la gestión que ha hecho este Gobierno del banco entonces malo, que ha pasado a prestar auxilio social también, como antes decía? Pues que la finalidad última de esa empresa seguía siendo la venta de estos activos, para nosotros derecho, a cambio de que ese cobro por esos activos revirtiera finalmente al interés del abono de la deuda a esas entidades financieras. Y nosotros lo que hacemos esas viviendas las pasamos directamente a la ciudadanía en su concepción de derecho, no de activo financiero, y por tanto, es un cambio de paradigma coherente con el cambio en las políticas públicas de vivienda que está llevando a cabo este Gobierno: donde se vendía el parque público ahora se protege; donde se salvaba a los bancos y se desahuciaba a las familias, ahora se cogen esas viviendas para entregar a las familias, con esa protección permanente de las mismas.

¿Cómo será el ritmo de adaptación y de puesta a disposición en el parque público? Bueno, pues hemos tenido un pequeño ejemplo de cómo hemos podido hacerlo en la zona de la DANA, donde como les contaba, hemos tenido que adaptar esas viviendas, limpieza, pintura y en algún caso algún arreglo como consecuencia de la falta de uso durante este tiempo. Dentro de esas 40.000 viviendas no todas están en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones, el presidente del Gobierno se comprometió a la puesta a disposición de 13.000 de forma inmediata, que será la cifra sobre la que estamos trabajando fundamentalmente. Y iremos incorporando todas, porque algunas requerirán todavía de una adaptación, de una obra, de una puesta a disposición, para lo que vamos a invertir esos casi 600 millones de euros a los que antes hacía referencia.

Eh... ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que también hay un cambio distinto de gestión, hasta ahora saben ustedes que la empresa Sareb estaba trabajando con empresas privadas que se dedicaban a rentabilizar esos activos financieros, y nosotros queremos hacer una buena gestión desde lo público, con la empresa pública de vivienda directamente gestionando ese parque, llegando a acuerdos, como ya tenemos además en conversación con algunas comunidades autónomas, con empresas públicas autonómicas e incluso municipales para la gestión de ese acuerdo, y si hemos de contar con agentes que nos ayuden a la gestión de esas empresas, vamos a priorizar nuestros trabajos con el tercer sector o con empresas sin ánimo de lucro o de lucro limitado, con ese interés social, que en estos momentos ya están trabajando políticas públicas de vivienda, en acompañamiento a las entidades también públicas. Por tanto, ese sería el formato.

En torno a cuál será el futuro de Sareb, que saben ustedes que tiene un horizonte escrito en la norma del año 2027, no me corresponde a mí abordar esa cuestión, es competencia del Ministerio de Economía, y yo creo que este acuerdo del día de hoy también es una señal de hacia dónde se dirige este Gobierno con esa entidad, pero como digo, esa será una decisión que tenga que adoptar en su día el Gobierno y en su caso, el ministro de Economía.

Portavoz. - Como le decía anteriormente a su compañero, queda por delante un comité federal, que se va a celebrar este sábado, posteriormente el 9 de julio en esa comparecencia y, por lo tanto, me permitirán que me remita a estas dos fechas, que son dos fechas importantes. Ahora, también les digo cualquier medida que vaya a favor de mejorar la trasparencia, bienvenida sea, bienvenida sea, porque aquí no hay nada que esconder. Pero me parece también muy importante recordarles que desde el año 2010 el Partido Socialista lleva haciendo auditorías, a más a más de la entrega, como nos corresponde, de las cuentas al Tribunal de Cuentas. Y el reflejo que nos ha dado, tanto el Tribunal de Cuentas como estas auditorías, es que las cuentas del Partido Socialista son un fiel reflejo de la realidad. Le quiero recordar que a otros partidos políticos se les ha sancionado por financiación irregular en casi en un millón de euros. Y sin embargo, las cuentas del Partido Socialista están absolutamente chequeadas y no tienen ni una sola tacha.

Y sobre la pregunta que me trasladaba de la operación del BBVA a Sabadell, lo explicaba el ministro Cuerpo la semana pasada, sabe perfectamente que el objetivo del Gobierno es salvaguardar el interés general, como recoge además nuestro marco normativo y, una vez garantizado esto, por supuesto, la participación del Gobierno en este proceso se acaba, como usted conoce, y como establece la Ley de Defensa de Competencia. Y ahora, después de conocer la decisión del BBVA de seguir con la operación de esta concentración, tiene que hacer que se apruebe ese folleto por parte de la CNMV y, a partir de ahí, que lo evalúen los accionistas en este caso del Sabadell, que son los que tendrán que decidir si aceptan o no.

Antonio Luis Ruiz Valdivia (InfoLibre). - Buenas tardes. A la ministra portavoz le quería preguntar. El Partido Popular ha anunciado una ronda de contactos con los socios, no sé si ustedes confían en seguir contando con el apoyo de los socios, si han hablado con ellos, y si cree que mantendrán su respaldo hasta 2027 para agotar la legislatura.

También a usted y a la ministra de Vivienda, como dos destacadas dirigentes del Partido Socialista, si alguna de las dos asumirá la Secretaría de Organización a partir del sábado.

Quería preguntarle también, de manera más concreta, a la ministra de Vivienda, ha dicho "lo antes posible" para entregar esas viviendas. ¿Cuándo podría ser la fecha en la que la tengan ya los ciudadanos?

Y al ministro de Consumo, quería saber cómo van a lograr que en la reventa de entradas no se suba el precio y saber cómo está el enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid por esa lista de 3.500 pisos ilegales que ustedes han trasladado al palacio de Cibeles. Gracias.

Portavoz. - Pues empieza usted, ministro.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. -Sí. Eh... Pues respecto a la venta de entradas. En España la legislación ya prohíbe la utilización de bots para la compra masiva de entradas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está sucediendo, lo ha vivido cualquier persona que quiera comprar entradas para un espectáculo, salen a la venta, entran en una cola online y las entradas desaparecen para aparecer mágicamente en otro portal de reventa al doble o al triple del precio. Eso se hace por medio de dispositivos diseñados con bots que compran masivamente las entradas y las llevan para allá. Esto está prohibido, pero evidentemente no está funcionando la aplicación de esta legislación. Lo que planteamos es una modificación legal para prohibir la reventa de esas entradas a un precio superior al original de compra más el IPC y, por tanto, el Ministerio de Consumo podrá actuar en los casos en los que se constate que se están produciendo operaciones de transacción comercial con entradas por encima del precio original más el IPC, de la misma manera que estamos actuando con los pisos turísticos: podremos sancionar y bloquear las webs que se dediquen a esto.

En relación a la segunda pregunta, mire, yo… respeto el estilo político de cada quién, también del señor Almeida, a pesar de que incida muchas veces en la falta, ¿no? No hay ninguna deslealtad, es todo lo contrario, el Ministerio de Consumo está haciendo el trabajo que el Ayuntamiento de Madrid no está haciendo. Hemos recabado información con las direcciones postales, calle y puerta, de 3.500 pisos turísticos que están operando de manera ilegal en la ciudad de Madrid y le hemos remitido esa información, junto con los anuncios que demuestran la actividad comercial ilícita de esas 3.500 viviendas, para que el Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene las competencias, y por tanto la obligación legal, proceda a inspeccionarlos, a cerrarlos y a sancionar a sus propietarios. La realidad es que el alcalde de Madrid no ha hecho nada en esta materia. Ya le remitimos hasta 16.000 anuncios de pisos turísticos que probaban que en la ciudad de Madrid había más de 15.200 operando de manera ilegal en relación al número de licencias que tiene concedido el Ayuntamiento de Madrid y desde entonces no han hecho nada.

El Ministerio de Consumo está poniendo esta información a disposición del Ayuntamiento para que no pueda alegar ningún tipo de excusa. Lo único que tiene que hacer es coger esa información, ir a las direcciones, inspeccionar, cerrar los que no tengan licencia, que son los 3.500 que le hemos mandado para empezar y sancionar a sus responsables. Nadie entendería que en la ciudad de Madrid hubiera 15.000 bares, 15.000 restaurantes, 15.000 taxis que estuvieran operando sin licencia. Y los pisos turísticos ilegales están vaciando barrios enteros de la ciudad. En otras muchas ciudades en España también, están desplazando a familias trabajadoras, a estudiantes, que ven cómo sus barrios se ven convertido en parques temáticos, y esto en condiciones de flagrante ilegalidad.

El Ministerio de Consumo está haciendo su parte y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos da la razón por segunda vez y fuerza a la plataforma Airbnb a retirar 5.800 anuncios ilegales, un primer paquete de un total de 65.000 que tendrán que retirar y, después de esta resolución, la plataforma Booking, de manera voluntaria, ha decidido cooperar con los requerimientos del Ministerio de Consumo y eliminar 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos. Es decir, las actuaciones del Ministerio de Consumo están funcionando, lo único que le pedimos al Ayuntamiento de Madrid, como a otras Administraciones, es que con la información que les brindamos, el trabajo ya hecho, cumplan con su obligación, que apliquen la ley, que defiendan el derecho constitucional a la vivienda y no los intereses de un puñado de fondos financieros y de agentes especulativos que se están lucrando a costa de cercenar el derecho a la vivienda de las familias en España.

Portavoz. - Ministra.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sí. Por completar la pregunta que le hacía al ministro Bustinduy, además, para agradecerle el compromiso de su ministerio también con este objetivo de persecución de los alojamientos turísticos ilegales, que están impidiendo a muchas familias acceder a su vivienda. Hoy, además de todo ese esfuerzo, se suma, como les decía al inicio, ese nuevo instrumento, esa nueva herramienta a disposición de todos, porque vamos a trabajar de la mano del Ministerio de Consumo también, entregando todos esos datos, que hemos podido trabajar de manera muy eficaz con los registradores de España, y que a partir de hoy esto ya es obligatorio, y por tanto, ese requerimiento que se ha hecho a través de los tribunales implica que no se puede comercializar si no se obtiene esta identificación, este registro, no se podrá comercializar en las plataformas, y como consecuencia de este esfuerzo, estamos consiguiendo que las plataformas, distintas plataformas, se estén uniendo ya a ese objetivo, de oficio retirar ya, sin que se tengan que hacer requerimientos.

Y, sobre todo, y en relación a la pregunta que usted planteaba, de la circunstancia de Madrid, es en estos datos que hemos obtenido de estos seis primeros meses de registro voluntario, donde ya hemos observado una simetría con el resto de España, y es que aquí estamos ante la ley de la selva. Si en el resto de España la proporción es del entorno de 75 % pisos turísticos, 25 % resto, fundamentalmente temporales, en el caso de Madrid es a la inversa, estamos en apenas un 25 % de pisos turísticos registrados, ¿por qué?, porque son ilegales, y por tanto no pueden registrarse. Y lo que toca ante esa ilegalidad es la clausura, el cierre, pero por mucho que el ministro Bustinduy o yo misma nos empeñemos en esto, se precisa que el Ayuntamiento en este caso, o en su caso, si fuera en otra comunidad autónoma, la comunidad autónoma competente, determine el cierre, la clausura y la sanción. Y es aquí donde se vuelve a poner en evidencia que para abordar algunas políticas en nuestro país se precisa de la conciliación, de la cooperación, del acuerdo de todas las Administraciones Públicas, que es lo que venimos reivindicando para dar respuesta a este problema. Y es aquí también donde se pone en evidencia que no todos estamos persiguiendo los mismos intereses ni atendiendo las mismas circunstancias, y es aquí también donde se pone en evidencia la necesidad de la continuidad de este Gobierno para seguir avanzando, en este caso, en la lucha contra alojamientos turísticos ilegales y la garantía del derecho de acceso a la vivienda.

La pregunta al respecto del comité federal, nunca he sido yo dada a hablar de asuntos del partido en esta mesa, pero además tengo un respeto absoluto, porque las preguntas de interés general las responde la portavoz.

Y en lo que se referiría a en qué momento estas viviendas. Lo que hemos hecho hoy es muy importante, porque estas herencias envenenadas de la derecha estaban bien ancladas para servir a esos intereses, a los de siempre, en aquel caso, al rescate a la banca en detrimento de la atención a las familias. Muy ancladas también desde el punto de vista jurídico y legal y, por tanto, lo que hemos tenido que hacer es armar un acuerdo, en este caso en Consejo de Ministros, que nos permitiera romper ese corsé que se había puesto a este instrumento, a este instrumento para salvar a la banca, para que sirva ahora al interés de salvar a la gente, de salvar a la ciudadanía y de conformar ese parque público de vivienda.

Por tanto, implicaba una complejidad técnica-jurídica. He hecho un repaso rápido de lo que implica una trasmisión lucrativa, donación a Patrimonio del Estado y de ahí a SEPES. Como saben ustedes, la empresa pública, están aquí su directora y el secretario de Estado que presiden SEPES y la dirigen, está conformándose en este momento, ya está actuando en línea de ser una empresa que está capacitada para la gestión del suelo y la promoción, movilización y gestión de las viviendas y, por tanto, las que ya están construidas, habitadas, pasan, eh... inmediatamente a la gestión por parte de Sareb, con esa pasarela administrativa, pero están sirviendo ya al interés de parque público, aunque no de gestión directa del Ministerio de Vivienda, como esas 300 a las que antes hacía alusión. Y, por tanto, dependerá, más allá de la pasarela técnico-jurídica, ese tránsito de Sareb, Patrimonio del Estado, SEPES, dependerá de su estado de conservación, si hemos de realizar alguna obra, pintura, adecentarla y después esos convenios, esa cogestión en colaboración con las empresas públicas autonómicas, locales y también con entidades del tercer sector y operadores sociales que ya están contribuyendo a la gestión del parque social público y asequible en nuestro país.

Portavoz. - Sobre la pregunta que... bueno, lógicamente, quién ocupará la Secretaría de Organización sabe que se desvelará y se conocerá en ese comité federal, y además será una propuesta realizada por el secretario general, y que ustedes, lógicamente, conocerán, como le digo, este próximo sábado.

Y sobre la otra pregunta que me realizaba, yo creo que esa primera ronda de contactos ya empezó a celebrarse la semana pasada, cuando el señor Feijóo se reunió con el señor Abascal. Desconozco si al resto de los grupos parlamentarios con los que ha empezado a hablar durante estas horas les ha contado a ellos esa conversación o qué acuerdos cerraron en ese encuentro. A partir de aquí, ¿qué les digo?, que el Partido Popular sabe perfectamente que existe una herramienta democrática que es la moción de censura. Ahora, eso sí, saben también que esa moción de censura tiene que plantear un candidato y un programa político alternativo y aquí en ambas cosas el Partido Popular hace aguas. Lo digo porque "constructivo" y "Partido Popular" son conceptos absolutamente antagónicos.

¿Qué le voy a decir del Gobierno con respecto al resto de los grupos parlamentarios? Pues creo que lo más importante es irnos a la política de los hechos y los hechos nos trasladan que en esta legislatura ha habido 1.200 votaciones y 1.054 votaciones las ha ganado este Gobierno y que hemos conseguido aprobar más de 30 leyes gracias a esos acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios. Leyes, acuerdos y medidas que nos han permitido, entre otras cosas, que hoy, el salario mínimo interprofesional en este país sea de 1.184, es decir, aplicarle una subida del 61 % a los 735 € que nos dejó el Partido Popular. Votaciones, aprobaciones y medidas que nos han permitido, entre otras cosas, que hoy en nuestro país se haya revalorizado un 39 % la pensión media de nuestro país: hoy la pensión en España está en 1.505. Les recuerdo ese 39 % de subida frente al pírrico 0,25 del Partido Popular.

Esos acuerdos nos han permitido, entre otras cosas, que este año se haya revalorizado el 9 % el ingreso mínimo vital. Esos acuerdos nos han permitido, por ejemplo, también aprobar una importante ley como es la ley de la reforma laboral. Esos acuerdos nos han permitido también, por ejemplo, desplegar más de 140.000 millones de euros de fondos europeos, que se consiguieron gracias a una importante negociación que tuvimos en Bruselas y, que consecuencia de esos fondos, que por cierto, el Partido Popular no quería, y buenos palos en la rueda nos pusieron, nos ha permitido, entre otras cosas, que hoy en nuestro país haya trabajado casi 22 millones de españoles y de españolas, lo que nunca en la historia. Y nos ha permitido que tengamos la cifra de desempleo más baja de los últimos 17 años. Y esos acuerdos nos han permitido que hoy tengamos una política de becas de más de 2.500 millones de euros. Y esos acuerdos nos han permitido también que hoy haya más de 60.000 nuevas plazas de educación infantil, públicas y gratuitas, en todas nuestras comunidades autónomas. Y esos acuerdos nos han permitido también, y este Gobierno, que hoy tengamos más de 370.000 nuevas plazas de Formación Profesional distribuidas en todas las comunidades autónomas. Y este Gobierno y esos acuerdos nos han permitido también que hayamos inyectado en nuestro sistema de ciencia e investigación en estos últimos años más de 18.000 millones de euros. Esa es la senda que llevamos construyendo estos años, a lo largo de esta legislatura, y desde luego, es el camino que queremos seguir avanzando en lo que reste de legislatura, un camino de avance y de progreso que bien merece la pena para este país, sobre todo para los ciudadanos de este país.

Portavoz. - Muy bien, pues muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)