Conferencia de prensa de la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno y del ministro de Fomento tras el Consejo de Ministros

La Moncloa

Portavoz.- Buenos días a todas y todos.

Me acompaña en esta conferencia de prensa el ministro de Fomento, señor don José Luis Ábalos.

Es difícil empezar mi comunicación sin hablar de esta semana. Siempre lo hacemos y lo vamos a hacer. Una vez más, la oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida de poder. No termina de concluir, razonablemente, que ha perdido el gobierno democrática y constitucionalmente.

El PP, el Partido Popular, ahora en connivencia con una nueva derecha, la de Ciudadanos, está realizando una campaña de acoso al Gobierno, incomparable en democracia, ya sea desde las instituciones, bloqueándolas, ya sea traspasando otros límites que van más allá de lo tolerable.

No nos permiten avanzar en la aprobación de una nueva senda de déficit aceptada por Europa, utilizando la Mesa del Congreso, técnica por naturaleza, de manera partidista, saltándose normas importantes de neutralidad e imparcialidad, y privando así a la sociedad española de poder disponer en los próximos presupuestos de 2019 de 6.000 millones de euros para el blindaje del Estado del bienestar.

De otro lado, los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno. Este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente, no solo para las personas de la izquierda, sino también incluso para muchas otras personas y colectivos de centro y liberales, que están mostrando su repulsa ante esta cacería.

Ante esta estrategia política y estos ataques, reiteramos las palabras del presidente: Vinimos a limpiar, estamos limpiando y seguiremos limpiando. No vamos a parar de trabajar. No nos van a parar.

Este acoso al Gobierno produce bochorno democrático. Una minoría en el Congreso se dedica a bloquear la gobernabilidad del país. Se erigen en mayoría quienes no lo son y boicotean las iniciativas del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que, además, representa a la mayoría de los españoles.

El último acuerdo de la Mesa del Congreso en relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue arbitrario, inaudito e inaceptable, como señaló muy bien el Grupo Parlamentario Socialista. Si había dudas jurídicas, ¿por qué ni siquiera se solicitó un informe a los letrados de la Cámara? El Partido Popular y Ciudadanos están actuando con una sola voz y con un único objetivo: impedir que se continúe, que continuemos, con la agenda del cambio para mejorar el Estado de bienestar.

Pero lo que no dicen es lo que, en realidad, están provocando, un bloqueo a las mejoras sociales que viene promoviendo este Gobierno: avances en la educación, en la sanidad, en la dependencia. Sin este Gobierno, no habría habido becas para la pobreza infantil; no se habría dado alimentación a 60.000 niños este verano. Sin este Gobierno no tendríamos una protección universal a la salud. Sin este Gobierno no se revertirían los recortes en educación, ni habría plan de inversiones en ciencia ni tampoco se modificaría la LOMCE, ni habría planes de pobreza energética con bonos para los más vulnerables. Frente a esto, el Gobierno avanza con mayor transparencia que en el pasado. Mucha mayor transparencia que la que ha ejercitado ningún otro gobierno de la historia.

Hoy precisamente llevamos al Consejo de Ministros -luego entraremos en los temas con más detenimiento-, llevamos un Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Alto Cargo, y que contiene otra serie de disposiciones.

Se trata de un plan completo de transparencia para las instituciones, en concreto, para el Gobierno. Hay quien dice, lo he escuchado, que como llegamos al Gobierno moralizando, pues eso, obviamente, ha de tener sus consecuencias.

Nosotros llegamos al Gobierno tras una sentencia judicial por corrupción que afectaba al partido que sustentaba el anterior Gobierno y que cuestionaba la credibilidad del anterior presidente del Gobierno ante los tribunales. La ética pública nos viene obligando a avanzar en transparencia. Y en relación a esto he de decir que hoy hemos aprobado este Real Decreto de transparencia por el que se aprueba, efectivamente, el desarrollo de la Ley de transparencia del Gobierno. Un decreto que era sencillo de hacer, pero que sirvió de coartada al anterior Gobierno para no publicar los bienes y actividades de muchos miembros del Gobierno en la anterior etapa.

Hoy hemos aprobado este Real Decreto del Alto Cargo y además les anuncio que mañana en el Boletín Oficial del Estado aparecerán publicados los bienes y actividades de más de 1.000 altos cargos, de los de este Gobierno y de los que en el otro Gobierno no aparecieron publicados. Habrá 1.500 registros referidos a 1.062 cargos, 38 de ellos ministros, 74 secretarios de Estado y 18 cargos asimilados. Es decir, este Gobierno, realmente, avanza por la línea de la transparencia, que cree que es la única fórmula aceptable para avanzar en democracia.
Esperamos, desde luego, sentido de Estado. Vamos a seguir trabajando por la sociedad española. Observamos que, efectivamente, hemos pasado de la impunidad de antaño a la persecución, pero continuamos en la brecha. No vamos a parar de trabajar.

Ya entrando en los temas de esta semana, hemos de lamentar que en los últimos cuatro días hemos tenido que atender la desgraciada noticia de tres mujeres y dos niñas asesinadas en casos de violencia machista.

Ustedes saben que este Gobierno trabaja de manera incansable para desarrollar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. Seguimos desarrollando esas medidas que afectarán a otras instituciones y estamos trabajando para que finalmente lleguen los recursos a ayuntamientos para poder hacer frente a esta lacra.

Hemos tenido también una semana muy internacional: El presidente permanece todavía, en Estados Unidos, donde ha participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí ha podido establecer alianzas en políticas progresistas como la migración, cambio climático, lucha contra la desigualdad, feminismo. Ha visitado y ha mantenido reuniones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ha mantenido reuniones con el secretario general de la Asamblea General de la ONU, Antonio Guterres, y también con varios mandatarios mundiales. Además, Pedro Sánchez ha anunciado que pronto visitará Cuba invitado por el presidente, Miguel Díaz-Canel.

Entrando ya en los temas del Consejo de Ministros, hoy hemos aprobado un Real Decreto Legislativo por el cual transponemos dos Directivas. Una de ellas estaba incompleta y ya era objeto de censura por parte de la Unión Europea, y la otra estábamos en tiempo. Ambas dos hacen referencia a la Ley del Mercado de Valores. En concreto, la regulación de los sistemas españoles de negociación, liquidación y registro de instrumentos financieros. Así que, otras dos Directivas que hemos transpuesto esta mañana.

También hemos autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1 millón de euros para Comunidades Autónomas, en este caso Galicia y Principado de Asturias, por emergencias de protección civil.

Asimismo, hemos adoptado un acuerdo por el que se autoriza la celebración de la contratación en el Fondo Español de Garantía Agraria, del suministro de alimentos, en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas. En concreto es una cuantía importante, es una cuantía de 92.175.274 euros. El 85% de ella es financiado por Fondos Europeos y el 15 por España. Como les he dicho, está destinada a personas desfavorecidas.

Le voy a dar paso al ministro de Fomento, señor Ábalos, para que él explique un acuerdo que ha llevado y se ha adoptado en Consejo de Ministros.

Sr. Ábalos.- Muchas gracias, ministra.

Les voy a dar cuenta de los contenidos del Real Decreto Ley que afecta a un nuevo marco de regulación de las VTC.

Bueno, antes quisiera un poco, ya lo conocen, pero no está de más volver a reiterar cuál es la situación actual y el marco normativo que afecta al transporte público en vehículos de turismo.

El taxi es un transporte que desarrolla su actividad en el ámbito urbano y está regulado por la legislación autonómica y municipal, y en el ámbito interurbano por la legislación del Estado.
Las VTC, cuya actividad está regulada, hasta el momento, por la legislación del Estado, sin embargo, pueden realizar una actividad tanto urbana como interurbana. O sea, que las VTC, según la legislación actual, pueden trabajar dentro de las ciudades y fuera, mientras que los taxis solo pueden trabajar en el ámbito urbano, con lo cual dependen de una legislación autonómica y municipal, pero si lo quieren hacer a nivel estatal lo tiene que regular el Estado.

En definitiva, son dos servicios de transporte que desempeñan una actividad en un mismo ámbito y sin embargo tienen una fuente de regulación distinta. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? En su momento las VTC encontraban un encaje en la regulación estatal porque se desconocía el origen y el destino de sus trayectos. Piénsese que era un transporte para bodas, sepelios, vehículos de lujo, en fin, para determinadas ocasiones. Pero recientemente, y con la irrupción de las plataformas digitales, se ha convertido en un transporte urbano que debe coexistir con el taxi y es ahí donde se ha producido un conflicto. Un conflicto respecto de los contingentes y que es una cuestión que ha ido ocurriendo y de facto se ha producido un transporte urbano que, curiosamente, es el único transporte que no se regula a nivel urbano.

El ministerio de Fomento, el Estado no regula ningún medio de transporte urbano. Ni buses, ni metros, ni tranvías, ni taxis. No tenemos competencia para la regulación, pero extrañamente, por estas circunstancias de reconversión de una modalidad de transporte, que ha cambiado su naturaleza por la vía de la práctica, se nos ha quedado en la regulación estatal un medio de transporte urbano.

Esto es una contradicción tremenda que afecta. lógicamente, a los niveles competenciales. Por lo tanto, lo que pretende este decreto es ajustar un espacio de actividad al correspondiente nivel regulador. Por tanto, si es un transporte urbano, lo que corresponde es que se regule como el resto de transportes urbanos. Además, ello es absolutamente necesario, más allá de la referencia competencial, porque en definitiva si estamos por asumir que los municipios, las comunidades autónomas…, les corresponde la planificación urbana de la movilidad sostenible, no pueden estar regulando ni planificando todo menos un ámbito que, extrañamente, corresponde a la legislación estatal. No tiene ningún sentido. No hay posibilidad de hacer política urbana dejando al margen medios o recursos de transporte, que en el caso de algunas ciudades son muy importantes.

Por lo tanto, lo que tratamos es de ajustar esta cuestión, aplicando, además, lógicamente todo el acervo comunitario que tiene que ver con la aplicación del principio de subsidiariedad y porque, además, el problema es absolutamente desigual en España.
Precisamente porque es una cuestión urbana, no afecta de modo igual en todo el Estado.
Hay comunidades donde no se da ningún tipo de conflicto. Hay comunidades donde la presencia de las VTC es testimonial, por no decir irrelevante. Y, sin embargo, esto se produce con claridad en determinadas grandes ciudades. Las expresiones más claras son Madrid y Barcelona.

Por lo tanto, a la hora de regular, lo normal es que en aplicación del principio de subsidiariedad, de la proximidad que representa la descentralización, tanto municipal como autonómica, lo normal, es que esto se regule desde la instancia más próxima al problema y que además atienda, lógicamente, a las características del caso. Por lo tanto, es normal que la regulación en Extremadura no sea la misma que en Cataluña porque no se dan las mismas circunstancias.

Esto permite, por lo tanto, dar una respuesta específica a una situación concreta. Así es, además, en el resto de países donde, lógicamente, es en el ámbito urbano donde se concentra el asunto, en ciudades como Nueva York, Berlín, Múnich, París…, que son las que regulan estas situaciones.

Por ello, lo que planteamos es no transferir la competencia, porque ya se tiene, constitucionalmente las Comunidades Autónomas tienen la competencia del transporte que se realiza dentro de la Comunidad Autónoma. También las ciudades regulan el tráfico urbano.
Por lo tanto, no transferimos nada, sino que lo que habilitamos es transferir la regulación del asunto a las Comunidades Autónomas que, por cierto, ya estaban concediendo las autorizaciones, aunque lo hacían por delegación. Pero, además de que concedan las autorizaciones, que también las puedan regular en función de las circunstancias de cada espacio.

Se acordarán que en el último Consejo de Ministros de julio, creo recordar, o a primeros de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un informe en el que avanzamos ya cuáles eran los propósitos. El Decreto que planteamos no se sale de esa hoja de ruta, sino que simplemente lo que establece, y esa es la novedad respecto de lo anunciado hasta ahora, un período transitorio que permita, de una parte, la acomodación o la regulación de las Comunidades Autónomas, que haga posible que puedan regular, un tiempo prudente para regular, y al mismo tiempo también un tiempo que permita que las VTC también tengan un tiempo de adaptación, o incluso de indemnización en su caso, plazo que se ha calculado, para que puedan seguir funcionando en las mismas circunstancias que hasta ahora durante cuatro años.

¿Qué pasará en estos cuatro años? Tendrán que ajustarse a la regulación autonómica y, por lo tanto, si quieren trabajar en el ámbito urbano, tendrán que sacar una licencia de la Comunidad Autónoma, pero, en ningún caso perderán su autorización estatal. Lo que pasa es que la autorización estatal corresponderá a las competencias que tiene el Estado, que es el transporte interurbano. De alguna forma, en este caso, tendrán una regulación similar a la que ahora mismo tiene el taxi. El taxi tiene una regulación autonómica y municipal para el transporte urbano y una estatal para el interurbano. Quedarán en la misma situación.

Por otra parte, sí que es cierto que, con independencia de este periodo de cuatro años, las condiciones de explotación que ahora mismo tienen las autorizaciones de las VTC sí que pueden cambiar en función de la entrada en vigor del Real Decreto, como, lógicamente, a lo que establezca la administración autonómica y sin perjuicio, también lógicamente, de las competencias que la Ley refiere al nivel local, en cuanto a racionalidad del tráfico, cuestiones medioambientales… Pero esto son competencias que ya tienen.

Lo importante, y por supuesto, lo que también planteamos es que la regulación autonómica se haga de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad que la Ley vigente establece.

También planteamos en el Decreto la constitución de un grupo de trabajo para la búsqueda de soluciones que faciliten esta convivencia ordenada.

En definitiva lo que queremos es establecer racionalidad en esta cuestión, de una parte asentando los niveles competenciales y de regulación que afectan a un transporte urbano, pero, de otra parte, también garantizando que, en este caso el consumidor o el ciudadano, pueda escoger en función de su interés o de su gusto cualquiera de los servicios y modalidades de transporte urbano. Por lo tanto, lo que tratamos de evitar en este caso es cualquier tipo de ventaja desde la Administración.

Hasta ahora había un sector muy regulado en cuanto a horarios, itinerarios, y lo que pretendemos es que haya una igualación en ese sentido, de tal modo que no sea la Administración la que otorgue ventajas competitivas de mercado, sino que sea el propio mercado, a través de los ciudadanos quienes decidan qué modelo de transporte quieren tener.
Si hay alguna pregunta procuraré atenderla.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Abrimos entonces la fase de preguntas. Así que adelante con ellas.

P.- Daniel Basteiro de El Español Dos preguntas para el ministro de Fomento. Representantes del taxi, en concreto el secretario general de Elite Taxi, aseguran que han coaccionado a su ministerio en lo que se refiere a esta reforma. Dice literalmente, con perdón, "hemos agarrado de las pelotas a quien había que agarrar" aquí dentro del ministerio. Lo publicamos hoy en El Español. Quería saber si le constan a usted esas coacciones, si se refieren a usted o a otro miembro del ministerio.

En segundo lugar, UGT se ha mostrado muy sensible con los intereses de la VTC, con los que se ha reunido recientemente. En un comunicado pide que no haya pérdida de empleo en ninguno de estos servicios de transporte. Querría saber si con este Real Decreto eso se garantiza o si por las características de la moratoria que acaba de anunciar es algo que tendrán que resolver las Comunidades Autónomas. Gracias.

Sr. Ábalos.- Lo que queda claro es que este es un conflicto en el que hay muchos intereses. Lo que ha hecho este Gobierno es no caer en ningún interés concreto. Eso, obviamente, tiene un coste. Yo lo que le puedo decir es que este periodo transitorio a algunos les parece muy poco tiempo y a otros les parece un mundo. Eso evidencia que hemos actuado con la mayor objetividad y racionalidad.

Yo de los grupos de WhatsApp, como comprenderán, algunos me llegan, pero no todos, como es normal, pero, evidentemente, no he sucumbido. Pero, le diría que si todas las presiones fueran de ese nivel, oiga, no hay ningún problema. Pero usted sabe que las presiones de verdad, son más sutiles, las eficaces son más sutiles, y de esas conozco unos cuantas. Pero, desde luego, a estas alturas de la vida un Whatsapp no me da miedo. Me dan miedo otras cosas.

De todas formas le aclaro una cosa: mire las reacciones de los sectores y verá si alguno puede decir que ha ganado. La pérdida de empleo no tiene por qué darse. Desde luego, nadie debería amenazar con pérdida de empleo. Me parece un mal instrumento. Estoy acostumbrado a ello. Pero eso nos llevaría a legitimar cualquier tipo de actividad que generara empleo. Yo entiendo que puede haber quienes estén muy interesados en la defensa del empleo. Nosotros lo que queremos es un sector ordenado que, además, crezca con seguridad. Hasta ahora nadie ha generado ningún espacio de seguridad. Ese es el gran problema. Lo que nosotros queremos ofrecer es un marco de convivencia que permita a cualquier sector que pueda desarrollar su actividad con seguridad, con estabilidad. Nosotros no queremos apostar por un lado ni por otro, ni por un servicio. Tampoco queremos que haya discriminaciones como ha habido hasta ahora.

P.-Ketty Garat de Libertad Digital. Buenas tardes a ambos. Portavoz, mis preguntas están dirigidas a usted. El Gobierno está hablando permanentemente de chantaje del comisario Villarejo al Gobierno. Quería saber por qué la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no denunció en su día el chantaje que le confesó, en una conversación privada, el comisario Villarejo contra otros políticos y empresarios. Si les ha comunicado o les ha explicado por qué no lo hizo la actual titular de Justicia.

En segundo lugar, le quería preguntar: en 2015 el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió la dimisión, abiertamente, de Ignacio González tras unas conversaciones privadas, unas grabaciones del comisario Villarejo, que demostraban, a juicio del entonces líder del PSOE, que no tenía una trayectoria intachable. Mi pregunta es ¿por qué lo que vale para Ignacio González no vale hoy para la actual ministra de Justicia?. Gracias.

Portavoz.- La señora ministra de Justicia ha dado las explicaciones pertinentes y más va a dar, creo que tiene una fecha prevista en el Congreso de los Diputados. Ahora no me acuerdo cuál es su fecha, pero ella dará todas las explicaciones en relación a este caso en sede parlamentaria, que es donde deben darse. La ministra de Justicia tiene la confianza plena de este Gobierno, confianza plena del presidente. Es una excelente profesional. Es una excelente jurista y va a seguir trabajando en Justicia.

P.- José Marcos, del diario "El País". Quería preguntar a la ministra Portavoz y al señor ministro de Fomento. ¿Qué expectativas tenían de que se produjera un cambio de posición del Partido Popular y Ciudadanos en la mesa del Congreso? Parece que acaban de rechazar hace pocos minutos el trámite que se planteaba por parte del PSOE y de sus socios para sacar adelante la Ley de Estabilidad.

¿Por qué el centroderecha español parece incapaz de apoyar unos presupuestos que permitirían disponer de 6.000 millones de euros más acordados con Bruselas?, Y que parece que esto sí que estaría en sintonía con lo que opinan las autoridades comunitarias, donde hay además preponderancia del centro derecha europeo.

Otra pregunta en relación al señor Villarejo, en prisión desde hace casi un año. ¿Creen que está marcando la agenda un presunto corrupto? ¿Que se está produciendo una extorsión al Estado? ¿Y creen que estaría pasando esto mismo si quien estuviera gobernando ahora mismo fuera el Partido Popular? Porque este señor está en prisión desde hace casi un año. Gracias.

Portavoz.- Si teníamos, efectivamente, porque trabajamos en política, y la política consiste en buscar soluciones. Por tanto, teníamos unas razonables expectativas de que, finalmente, la Proposición de Ley que pasaba hoy, de nuevo, por la Mesa, atendiendo una calificación jurídica, como es la posibilidad de que una Ley vaya por procedimiento abreviado, como de lectura única que era la Proposición de Ley, teníamos expectativa de que, efectivamente, el Partido Popular y Ciudadanos corrigieran el rumbo y le dieran el respaldo.

¿Por qué lo hacen? Porque están bloqueando la acción del Gobierno, y es un bloqueo muy grave. Es un bloqueo doble, además. Es un bloqueo que impide, y esta es la consecuencia más dramática, que impide que 6.000 mil millones de euros ya hablados con Europa, que 6.000 mil millones de euros vayan a las Comunidades Autónomas, a la Seguridad Social y a la Administración del Estado, pero sobre todo a lo que es el blindaje del Estado de bienestar, la reversión de los derechos, de las libertades y de las protecciones que fueron arrebatadas durante la crisis: el derecho a la educación entre otros, mermados claramente. Por tanto, de esos 6.000 millones, 2.000 millones iban a las Comunidades Autónomas para el blindaje del Estado de bienestar. Se bloquea y además se hurta a los diputados, que en el pleno ejercen la soberanía nacional, de poder debatir y acordar sobre la nueva senda de déficit.

Por lo tanto, es una discrepancia en el seno del propio Congreso. Es una discrepancia entre la Mesa y la Junta de Portavoces y además el Pleno del Congreso de los Diputados.

En relación a la extorsión del comisario Villarejo, es evidente que este hombre no ha tenido una conducta moralmente exigible y por eso está en la cárcel. No sabemos lo que hubiera pasado de haber aquí otro Gobierno. Lo que sí sabemos es lo que está pasando hoy. Pero como dijo el propio presidente, nosotros no atendemos a las extorsiones de un corrupto.

P.- Víctor Ruiz Almirón, de "ABC". El presidente de la Generalitat y la vicepresidenta del PDeCAT han contestado esta mañana a las palabras del presidente Sánchez ayer en Nueva York, en las que venía a vincular la estabilidad, la duración de la legislatura, a la actitud que tuvieran los independentistas. Y vienen a decir algo así, -me parece que son palabras de la vicepresidenta Nogueras- que no se va a poner por delante su Gobierno, el suyo, por delante de la autodeterminación o la libertad de los presos. Le pregunto si le parece esto una forma de gobernar. Como hablaba antes de boicot, no sé si considera esto también una presión, un boicot a la acción de Gobierno, no sea que pareciese que el Gobierno es más condescendiente con estos partidos por el hecho de no ser competidor electoral.

Sobre la ministra de Justicia, sobre lo que ha dicho de la confianza plena, entiendo que es una confianza plena después de todo lo que hemos conocido esta semana, independientemente del canal por el que lo hemos conocido ¿Qué grado de importancia le da el Gobierno al hecho de haber comprobado los diferentes cambios de versiones de la ministra de Justicia y que no dijo la verdad sobres su relación con el señor Villarejo, y que podía conocer algunas de las actividades que venía cometiendo? Gracias.

Portavoz.-De la ministra de Justicia le he respondido. En relación a las declaraciones que usted me comenta, le diré que el Gobierno quiere hacerles una pregunta a las autoridades catalanas, al Govern de Cataluña. Y es si quieren hablar de autogobierno o no. Si quieren dialogar de autogobierno o no. Si quieren dialogar, como este Gobierno siempre le dice, dentro de la ley o no. Si quieren seguir avanzando en la resolución del conflicto catalán o no. Esta es la cuestión y ésta es la cuestión que permanece.

En esto ha sido muy claro el presidente del Gobierno cuando ha afirmado que si se persiste en la persecución del conflicto habrá elecciones. Pero, ciertamente, estamos en una vía de buscar la senda de la resolución del conflicto, y si las fuerzas soberanistas de Cataluña fueran inteligentes, aprovecharían la oportunidad. Esto es claro. Además, observamos que este camino está dando sus frutos, más allá de alegatos retóricos cargados de emoción. Dando sus frutos, recientemente esta misma semana ha habido una reunión de la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que no se reunía desde hacía ocho años, que ha permitido desbloquear parte de la deuda que el Estado tenía contraída con Cataluña y que el Supremo ya le había indicado. Ha habido acuerdos sobre entrega de recursos en relación al incremento de efectivos de los Mossos d'Esquadra y además también al déficit inversor de Cataluña.

Por tanto, hay caminos que están dando resultados. Lo que este Gobierno dice: Estamos determinados a seguir ese camino que da resultados, camino político, desde la política, que además la sociedad entiende. Nos dirigimos a la sociedad catalana y española. Queremos una Cataluña moderna, bien asentada dentro de España. Y estamos trabajando por adoptar medidas, y las adoptamos, en beneficio de toda la sociedad catalana, la nacionalista y la no nacionalista. En eso está este Gobierno.

Así que, si estos son los resultados prácticos, materiales de esta senda, se debería tratar de desarmar la retórica para conseguir más resultados que permitieran arreglar el conflicto catalán.

P.-Eulogio Lopez de Hispanidad. Para la ministra Portavoz. Hoy hemos tenido una batería de noticias económicas, a cual peor. La primera, la desaceleración del crecimiento económico. Ya estamos en el 2,5. Un mantenimiento, pero en la línea alta, del IPC, 2,2, que supongo que tendrá, además, una repercusión clara sobre las pensiones. Reducción de las exportaciones, aumento de las importaciones y de propina el récord de deuda pública.

¿Teme el Gobierno que podamos estar a las puertas de una nueva recesión económica o al menos de una desaceleración, con el consiguiente aumento de paro?
Para el ministro de Fomento, ¿le preocupa al Gobierno, en esta pugna entre VTC y taxistas, el modelo fiscal que sigue en España Uber, dónde no paga ningún impuesto, menos aún que las tecnológicas?

Portavoz.- Pediré a la ministra de Economía, señora Calviño, que nos acompañe el próximo viernes para hablar de los datos económicos.

Por lo que yo vengo hablando con ella, los datos macroeconómicos siguen siendo robustos. Y por tanto, esta ligera de desaceleración que se puede producir en una semana no se corresponde con las que puede producirse de aceleración en la siguiente ni la anterior.

Pero no obstante, señor Eulogio, usted va a tener datos mucho más precisos la próxima semana, porque pediremos a la ministra de Economía que comparezca aquí para que le dé toda la información exacta y precisa.

Lo que sí le puedo decir es que esta curva que usted me plantea, desde luego no se ha producido desde ni junio, cuando entra este Gobierno, donde hemos tenido semanas de subida, semanas de ligeros descensos, semanas de subida. Esto es lo que este gobierno observa, pero, no obstante, usted tendrá todos los datos la próxima semana.

Sr. Ábalos.- Es un detalle, claro que nos preocupa y que nos debe ocupar. Hay alguna otra medida que se está planteando desde el punto de vista de la fiscalidad, pero la lleva la ministra de Hacienda, algún tema va a afectarles también, lógicamente, en función de las nuevas actividades que tienen que ver con las plataformas digitales. No solamente el impuesto sobre sociedades.

Pero bueno, en este tema concreto, no era el momento ni el espacio para abordar la fiscalidad porque, en definitiva, de lo que estábamos tratando es de ajustar un espacio que permita la convivencia entre dos sectores, más allá de muchas otras cuestiones que afectan. Pero desde el punto de vista del transporte, que es la perspectiva con la que hemos abordado este Decreto, lo que nos preocupa es justamente cómo establecer un ámbito espacial de convivencia y de regulación.

El tema de la fiscalidad no corresponde al ámbito autonómico ni al ámbito municipal. Estamos hablando ya de otras políticas que sí que nos afectan a nosotros, pero que las lleva el Ministerio de Hacienda.

P.- Olga Guerrero, de Antena 3, yo tenía dos preguntas para la ministra Portavoz. Por un lado si podría aclarar, valorar, las declaraciones que ayer hizo la vicepresidenta, donde pedía limitar la libertad de expresión como respuesta a las "fake news".

Por otro lado, una noticia que se acaba de saber hace unos minutos, que el Supremo rechaza imputar a Casado por cohecho y prevaricación, que asume íntegramente el informe del Fiscal y no ve indicios de criminalidad. Quisiera que hiciera también una valoración. Gracias.

Portavoz.- Es obvio que este Gobierno defiende y siempre ha defendido la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero, también es evidente, -ustedes lo saben y estaremos de acuerdo- en que, por una moda en el mundo globalizado, estamos asistiendo a muchas noticias llamadas del territorio de la postverdad, "fake news", "deep fake" o lo que ustedes saben mucho más que yo en relación a su tipificación.

Estamos de acuerdo en que, efectivamente, algo habremos de hacer, al menos iniciar una reflexión, en torno a lo que significa la postverdad, una moda que se ha instalado en Estados Unidos y en otros países, y que no es precisamente deseable. Yo sé que la reflexión de la propia vicepresidenta iba en esa dirección, en la dirección de tomar conciencia, de asumir y de reflexionar juntos sobre este tema. Porque estoy absolutamente segura de que a ustedes, profesionales de los medios, que conocen perfectamente lo que es la historia del buen periodista, del periodismo y de la ética pública, tampoco les hace ninguna gracia que haya confusión entre la verdad y la postverdad. Por ahí iba la reflexión de la vicepresidenta.

En relación al señor Casado, este Gobierno no tiene nada que decir. Respeta absolutamente a los tribunales y la separación de poderes.

P.- Irene castro, de eldiario.es. Yo quería continuar con el teme del máster de Pablo Casado y el archivo en el Supremo.

Teniendo en cuenta que hay una jueza que sí que ve indicios de delito, que la Audiencia Provincial de Madrid avala a esa jueza y que en el caso del Supremo cuatro de los cinco jueces que tenían que decidir sobre su futuro fueron aupados por vocales del PP, si el Gobierno se plantea hacer una reforma en la forma de elección de los órganos judiciales.

Por otro lado, hay una polémica sobre el cambio que ha habido en el proceso de elaboración de las encuestas del CIS, algunos profesionales de la demoscopia se han quejado de que ese cambio no permite seguir bien la serie histórica. Quería saber si el Gobierno se plantea volver a la fórmula anterior. Gracias.

Portavoz.- Plantea usted una pregunta muy interesante en relación a la forma de elección de los órganos judiciales, pero he de decirle que, lamentablemente, esto no ha sido debatido en Consejo de Ministros. Yo represento al Gobierno por tanto, nada podré decir a este respecto.

En relación al CIS, he de decirle que el CIS también funcionaba hace unos años con la orientación y dirección que ha anunciado el CIS que va a hacer en el futuro. Nada más le diré.

P.- Pilar Blazquez, de "La Vanguardia". Tengo un par de preguntas para el ministro Ábalos. Por un lado, me gustaría que me explicara si la moratoria temporal que se ha implantado sobre las Comunidades Autónomas para que regulen la VTC implica que el Gobierno se ahorra las posibles indemnizaciones que estaban en vilo, si había que pagar a las VTC que iban a tener las licencias nuevas. Si se ha calculado cuánto dinero se va a ahorrar el Gobierno con esta moratoria.

Por otro lado, usted ha dicho que se ha generado un espacio de seguridad y estabilidad, pero es verdad que esta legislación atenta directamente contra la supervivencia de Cabify, que es uno de los dos únicos unicornios que hay en España. Entonces a nivel internacional se están generando bastantes dudas de hasta qué punto los inversores internacionales que apuestan por las "startups" españolas tienen seguridad o no. Me gustaría saber si han valorado esta situación.

Sr. Ábalos.- Hemos valorado todas las situaciones. Llevamos un mes valorando.

Hemos recibido a muchísimas personas que representan intereses muy contradictorios y muy contrapuestos. Claro que hemos recibido también a Cabify y nos han explicado su modelo de negocio, sus previsiones y hemos tenido en un buen tono una reunión muy larga.

Pero nosotros no podemos estar aquí para favorecer unos negocios u otros. Nosotros tenemos que introducir racionalidad y equidad. Eso es lo que le corresponde a un Gobierno. Así que es probable que cuando se conozca definitivamente el Decreto, posiblemente todos se van a quejar.

Pero también es cierto que se han venido manteniendo posiciones muy beligerantes y un tanto excluyentes. Todo el Decreto está muy bien apoyado por parte de la Abogacía General del Estado. Se ha hecho, y por eso se ha tardado, para blindarlo jurídicamente.

Antes se me hablaba de amenazas y advertencias. Sí, todo el mes llevo oyendo las amenazas de los costes, pero, evidentemente, las empresas pueden contratar a sus asesores, pero el Gobierno tampoco anda huérfano de asistencia jurídica. Y además tiene algo muy importante, y es que tiene una gran memoria jurisdiccional. Por lo tanto, todo el documento está absolutamente apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Frente a argumentos de coloquio, quiero decirles que una autorización no constituye derecho de propiedad alguno, porque en ese caso estaríamos privatizando todas las posibilidades concesionales del Estado. Por tanto, una autorización no es derecho de propiedad. Es una autorización que está condicionada a cada momento. Y las condiciones de explotación de la misma no tienen ningún carácter indemnizable. Aquí no le quitamos la autorización a nadie, en todo caso, los portadores de estas autorizaciones verán modificadas, en todo caso y no siempre, sus condiciones de explotación.

Pero eso es la historia, por ejemplo, del taxi donde siempre se les han ido cambiando las condiciones de explotación y, sin embargo, la licencia ha permanecido. Esto es una larga historia, no estamos inventando nada.

Pero en todo caso, para evitar cualquier responsabilidad o perjuicio, porque hemos estado en todo caso claramente manteniendo la seguridad jurídica, por eso precisamente se plantea un periodo de cuatro años. Porque si alguien entiende que le constituye un perjuicio respecto de la perspectiva que tenía, estos cuatro años adquieren naturaleza indemnizatoria, y lo fija la propia norma para que nadie pueda interpretar qué indemnización merece. Lo dice la norma, pero es más, la norma prevé que si hay algún recurso respecto del cálculo indemnizatorio que estos cuatro años suponen y quiere recurrir, la norma contempla sobre qué supuestos, qué justifica, quién resuelve y cómo se concede. Y se concederá nuevamente en años de moratoria si puede acreditar tal circunstancia.

Por lo tanto, es evidente que habrá recursos, por parte de todos, pero es evidente que hemos planteado y está resuelto incluso la posibilidad de los recursos, entorno a qué se darán.

Y no va a contribuir este Gobierno, obviamente, en ninguna estimación ni cálculo especulativo, porque todas las cifras que yo he escuchado están basadas en la especulación de unas licencias y autorizaciones que ha concedido la Administración, es decir, que nadie ha adquirido por ninguna conquista legítima ni invirtiendo. ¿Sabe lo que cuesta una autorización? Cuesta 39 euros. ¿Puede alguien pedir miles de euros y el Estado va a participar de ello? Este Decreto evita también cualquier aspiración especulativa y lo plantea en términos de servicio. Está bien pensado. Por eso lo traemos.

Y va a haber recursos, obviamente, porque hay muchas expectativas por parte de muchos. Pero es el primer intento que se hace racional. El último esfuerzo que se hizo es el que fijó el 1/30. Fíjese si resolvió, que hoy estamos hablando de esto, pero de momento, con eso se embelesó de alguna forma. Pero se puso un contingente que podía ser un deseo, pero que no se cumplió. Y por eso hoy estamos nuevamente aquí con este problema, porque no resolvió nada. Puso una cifra imposible de conseguir, pero lo que es peor, no puso ningún mecanismo que pudiera conducir a esa expresión y por eso hoy estamos aquí.

Estamos ante un hecho que puede ser que no satisfaga a nadie, pero es la primera vez que estamos ante una reforma estructural de colocar un problema en el nivel que le corresponde. Y ese es el nivel de un transporte urbano que se regula por quien tiene la competencia urbana.

Y eso no da ninguna inseguridad.

Ahora si alguien había planteado, aprovechando un espacio de indefinición, plantearse un negocio, pues como todo, o sea, al final uno ve que hay una oportunidad, pero al final también acaba regulándose algún día. Por lo tanto, esa expectativa tiene que enmarcarse dentro de la racionalidad y todos se tienen que dar cuenta de que no hay nadie por fuera de la norma y no hay negocio fuera de la norma.

P.- Maria Jamardo de Ok Diario. Muchas gracias. Mi pregunta es para la señora ministra en relación a unas declaraciones de Pedro Sánchez en 2015, y le cito textual: "Si tengo en la Ejecutiva de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y con los españoles".

Quería preguntarle al Gobierno en relación con lo que hemos publicado esta semana en Ok Diario sobre la sociedad patrimonial con la que el ministro Pedro Duque habría eludido declaración de patrimonio personal y sobre todo impuestos. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a ser coherente o si va a faltar a la palabra el presidente. Gracias.

Portavoz.- Lo sorprendente es que usted se atreva a formular esto en sentido afirmativo diciendo que la sociedad patrimonial del señor Duque era para eludir impuestos. Es muy sorprendente. No sé si el tribunal lo diría. Si lo dijera, sería tras una larga reflexión y una larga investigación.

El señor Duque ha realizado todas las declaraciones correspondientes en el día de ayer y hoy desde Bruselas. El Gobierno se remite a ellas. El ministro Duque es un excelente ministro. Es ejemplar y es un hombre que antes de ser ministro, no nació ministro, era, como ustedes bien saben, astronauta. Es decir, un hombre respetado, con una altísima cualificación laboral y que tenemos la satisfacción de poder tener como compañero.

P.- Montse Cabezas de la Televisión de Asturias. Mi pregunta es para el ministro. Le quería preguntar sobre el peaje del Huerna. Desde Fomento se ha planteado la posibilidad de cofinanciar el peaje con las tres Administraciones. Desde el Principado ya han anunciado que rechazan esa posibilidad. No sé si han tenido la oportunidad de hablar con ellos, de plantear otras posibilidades. Me interesaría saber cómo está la situación.

Sr. Ábalos.- No le puedo hablar en concreto esa cuestión. Tengo en previsión visitar Asturias. Lo estoy haciendo en toda España. Estamos abordando Comunidad a Comunidad, incluso provincia a provincia, en algunos casos, sus reivindicaciones. Tengo que decir que hasta ahora está siendo muy satisfactorio porque somos capaces de hablar, porque somos capaces de dialogar. A veces no cuesta demasiado. Todos nos podemos entender.

Tengo previsto ir a Asturias. Sé que tengo una amplia agenda, no solamente el tema que me plantea usted, sino otros muchos temas. Y estamos dispuestos a llegar claramente a acuerdos. Y así lo haremos.

Así es que se me ha dicho que estoy yendo mucho por el Mediterráneo, pero no es por nada. A mí España me encanta entera, en su totalidad. No tengo ninguna debilidad especial, ni siquiera por mi tierra de origen. Es un gran país. Además uno disfruta recorriéndolo. El lunes estaré en Cantabria. Estaré también en Galicia. Tengo ya anunciado País Vasco. Y voy a recorrer toda España. Tengo que decir que, hasta ahora, que allá por donde voy conseguimos amplios acuerdos, incluso en territorios donde se supone que te están esperando de uñas, al final terminamos muy bien.

Estoy muy contento. Esta semana he estado en Granada. Hemos tenido muy buena acogida, muy buen resultado. Estuve en Córdoba también. Ayer estuve en Barcelona respaldando el corredor Mediterráneo, excelente resultado. La semana anterior estuve en Murcia, salí muy satisfecho de esos dos días en Murcia.

Quiero decir que no tengo ningún problema con nadie porque intentamos resolver las cosas desde la buena disposición, pero también desde la racionalidad y de la disposición de recursos, que son los que son. Estoy convencido de que cuando aborde la agenda asturiana vamos a llegar a buenos acuerdos.

P.- Luis Ángel Sanz de "El Mundo". Quería preguntar a la Portavoz por algo que nos acaba de decir. Nos ha remitido a las explicaciones que ha dado Pedro Duque, pero quería preguntarle si se refería a las que hizo ayer cuando dijo que no había ninguna irregularidad y que había pagado el autoalquiler de sus viviendas, o a las que ha hecho hoy en las que ha admitido errores y ha dicho que no pagó el autoalquiler. Quería preguntarle si el Gobierno considera suficientes esas explicaciones y si, en el caso de que se desprendiera finalmente que ha habido algún tipo de irregularidad o ahorro de impuestos, si le pedirían que asuma responsabilidades. Gracias.

Portavoz.- El Gobierno es un equipo de granito. Perfectamente engrasado, además. Y enfrenta los problemas diarios en la confianza, en la seguridad, en la determinación, y además en la correspondencia de que la ciudadanía está estimando el trabajo que estamos haciendo y lo está valorando. A eso nos remitimos.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)