Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro del Interior, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Me acompaña el ministro del Interior. Les vamos a informar de los principales asuntos que han sido aprobados, pero también abordados, en este Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que, como saben, se ha recibido el informe del Comité de Expertos a quien se encargó, en el mes de julio del año pasado, la elaboración de una propuesta sobre reforma fiscal.

Quiero, en primer lugar, agradecer su labor y su tarea. Está formado por un grupo de expertos de reconocido prestigio y amplio conocimiento y experiencia, y han planteado, conforme al encargo que se les hizo, un análisis y un conjunto de propuestas para una reforma integral de nuestro sistema tributario. No se trata, por tanto, de hacer propuestas o análisis sobre una u otra figura tributaria, sino sobre un modelo integral y completo de reforma.

Quiero señalar que la puesta en marcha de esta Comisión, la Comisión Lagares, por ponerle el nombre de su presidente, sigue lo que han sido las mejores prácticas internacionales en el planteamiento de reformas fiscales globales, que afectan al sistema tributario de los Estados en su conjunto, y abre un camino en la forma de llevar a cabo los debates previos a la aprobación de una reforma fiscal, que ya tiene antecedentes en España en años pasados, pero también que se basa en las mejores prácticas internacionales en materia de fiscalidad. Por ponerles algún ejemplo, la Comisión Carter, que se crea en Canadá en 1982; o el ejemplo más cercano del Reino Unido, donde en 1978 el Comité MIR publicó la llamada "Estructura y reforma de la tributación directa", que fue una propuesta para la reforma tributaria del Reino Unido, que se estableció en esa década; o recientemente, en el año 2010, se publica el Informe Mirrless de propuesta de reforma tributaria integral para ese Estado.

En España también hay precedentes de esta manera de iniciar los debates sobre una reforma de tanto calado; precedentes en los que, además, el propio presidente de esta Comisión, el profesor Manuel Lagares, ha tenido una gran importancia y una gran participación: en 1973 fue coordinador del equipo que elaboró el "Libro verde de la reforma tributaria española"; en 1977 y 1978 en el Ministerio de Hacienda"; entre 1978 y 1987 presidió el grupo de trabajo para la evaluación del fraude fiscal; a principios del año 1997 fue nombrado presidente de la Comisión para la Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y también en enero de 2002 presidió una comisión para la nueva reforma del Impuesto sobre la Renta, que se aprobó por Ley a finales de ese mismo año.

Por tanto, esta forma de proceder, de encargar un análisis y un estudio previo a expertos en la materia, sigue precedentes españoles de forma de actuar, pero también prácticas internacionales consolidadas.

Dicho esto, quiero señalar que ésta es una propuesta de un comité de expertos, de expertos en temas tributarios, económicos y jurídicos; es su propuesta, su planteamiento. No es, por tanto, el proyecto del Gobierno. Esa tarea vendrá después. Éste no es el proyecto del Gobierno. El Gobierno analizará las bases y los principios de ese informe con arreglo a los objetivos que se les plantearon, los principios generales de organización del sistema que proponen y todas y cada una de las 125 medidas que constituyen su contenido; pero no es el proyecto del Gobierno. Habrá asuntos en los que el Gobierno puede compartir ese parecer y otros en el que el Gobierno, y especialmente el Ministerio de Hacienda y las personas que de él forman parte, pueden proponer otras cuestiones.

A título de ejemplo, les diré que, a bote pronto, y por lo que ha tenido mayor interés, el Gobierno no comparte la imputación como renta de la primera vivienda. No obstante, otros aspectos, sin embargo, y otras propuestas sí son o forman parte de algunos asuntos que ya el propio Gobierno ha anticipado en el Debate sobre el Estado de la Nación. Ésta es, por tanto, la segunda idea: no estamos ante un proyecto del Gobierno, estamos ante una propuesta que sirve de base a un trabajo posterior.

En tercer lugar, quiero señalar que con esta propuesta, y ése era también nuestro objetivo, se abre un debate sobre la reforma fiscal en nuestro país. Lo hemos abierto a la sociedad civil --de hecho, parte de esa sociedad civil son esos expertos-- y ahora queremos que, especialmente los Grupos Parlamentarios y los partidos políticos, puedan también manifestar su opinión de cara a la elaboración de las oportunas leyes tributarias y sus reglamentos por parte del Gobierno.

En este sentido, el informe, que se hará público hoy y que será explicado en rueda de prensa, se enviará a las Cortes y el profesor Lagares nos ha comunicado su intención de comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar cómo ve la reforma y cuáles son las sugerencias de este grupo.

A partir de ahora empieza la tarea del Gobierno en un calendario que marcó el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. A partir de la presentación de esas sugerencias y de su presentación pública, y de las aportaciones por parte de los Grupos en el debate, el Gobierno analizará el informe exhaustivamente, el amplio informe de los expertos, y procederá a elaborar las leyes de reforma durante los meses de marzo, abril y mayo, de cara a su presentación en las Cortes Generales a lo largo del mes de junio.

Se ha hecho, y quiero reconocerlo y volverlo a agradecer, un trabajo muy serio, un trabajo riguroso, cargado de sentido; hecho, además, por gente que son, digamos, los grandes conocedores de nuestro sistema tributario. Ellos han hecho muy bien su trabajo, han hecho sus propuestas, sus sugerencias, y ahora empieza el trabajo del Gobierno. Hay diferentes sugerencias y propuestas de muy distinto calado. Algunas serán aceptadas por el Gobierno, en otras se discrepará; pero quiero poner en valor su trabajo conjunto, el análisis que han llevado a cabo y la base que supone para abrir un debate y, sobre todo, para que el Gobierno, a partir de ese análisis, pueda preparar su proyecto de reforma tributaria que será enviado a las Cortes.

Seguimos con asuntos abordados en el Consejo de Ministros, de distinta naturaleza y en distintas materias. Hemos aprobado importantes normas en materia de información y cooperación internacional, en dos ámbitos: por un lado, en la lucha contra el fraude fiscal, con tres Acuerdos de intercambio de información, en la línea de lo que está haciendo el Gobierno a lo largo de esta Legislatura; y también en materia de cooperación judicial penal en el ámbito de la Unión Europea.

Me acompaña el ministro del Interior porque, además, hemos aprobado el Real Decreto que contiene el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Con este Real Decreto se cubre un vacío legal y, además, sustituimos una Orden de Presidencia de 22 de febrero de 1999, que hasta ahora era la norma --como ven, de un rango inferior-- que regulaba el funcionamiento de estos Centros.

Explicará su contenido el ministro del Interior. Yo quiero poner en valor las importantes aportaciones que han llevado a cabo distintas instituciones y distintos organismos en nuestro país: Organizaciones No Gubernamentales, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, del que se asumen sus observaciones esenciales. Y, además, lo que en el futuro supone lo que va a ser su aportación, porque esta nueva regulación prevé la colaboración de las Organizaciones No Gubernamentales comprometidas en la asistencia a extranjeros en el desarrollo de su tarea.

Como les decía, y entrando ya en otras materias, el Consejo de Ministros hoy ha aprobado tres importantes Acuerdos de información tributaria con tres dependencias de la Corona británica: las islas de Jersey, de Guernsey y la isla de Man. El Reino Unido ha autorizado la negociación y firma de los mismos con los países de la OCDE y la Unión Europea. Cuando estos Acuerdos entren en vigor, estas tres islas dejarán de tener la consolidación de "paraísos fiscales". Los Acuerdos responden a la voluntad de las partes de facilitar bajo requerimiento el intercambio de información en materia tributaria sin que sea posible oponer secreto bancario. Son un paso muy importante de los que ha dado el Gobierno, orientados a favorecer los intercambios de información entre Estados para evitar el fraude fiscal.

Quiero recordar que España ha liderado, junto a Alemania, Francia o Italia, el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio multilateral de información. Se ha impulsado, además, la extensión de una red de acuerdos mediante nuevos convenios que evitan, de un lado, la doble imposición y, de otro, facilitan el intercambio de información. Los hemos ido exponiendo a lo largo de esta Legislatura y les recuerdo los firmados o rubricados, entre otros, con Qatar, Austria, Reino Unido, India, Uzbekistán, Chipre, Argentina, Estados Unidos, Mónaco, Macao y los tres que se adoptan hoy.

Como principales características de su contenido, como he dicho hace un momento, fundamental, cuando estos Acuerdos entren en vigor, estas tres islas dejarán de considerarse "paraísos fiscales" dentro del listado de paraísos fiscales que tiene regulado nuestro país. Las partes se comprometen a obtener y proporcionar toda información que, previsiblemente, pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación de los impuestos regulados en el Acuerdo, el cobro y ejecución de las reclamaciones tributarias o la investigación y enjuiciamiento de casos en materia tributaria. No será posible ya oponer ni secreto bancario ni cláusula del interés doméstico.

Tercer asunto: hoy aprobamos y enviamos a las Cortes un Proyecto de Ley y dos Proyectos de Leyes Orgánicas, con los que se adapta nuestra legislación a la normativa europea con el objetivo de poder intercambiar información de antecedentes penales, y poder transmitir y ejecutar resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de un avance muy importante a la hora de que entre los Estados miembros podamos conocer y dar efectos, sobre todo en interés de la reincidencia, de la constancia de reincidencia, a los antecedentes penales señalados por otros Estados miembros, y que podamos aplicar y ejecutar resoluciones judiciales en el ámbito penal que haya decretado otro Estado.

El Proyecto sobre intercambio de información de antecedentes penales permite el intercambio de información basado en un principio de confianza mutua. En España será el Registro Central de Penados la autoridad competente para enviar y recibir información sobre antecedentes penales a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Este texto consagra el principio de equivalencia de sentencias dictadas en el ámbito de la Unión Europea y eso significa que serán tenidas en cuenta en los procesos que se produzcan con posterioridad por la comisión de nuevos delitos en las mismas condiciones que si la sentencia condenatoria hubiera sido dictada dentro del Estado miembro. Es decir, si hay una condena penal en un Estado miembro, computa como antecedente penal y a efectos de reincidencia en la fijación de la pena, por ejemplo, de un delito que se está juzgando en España.

El segundo Proyecto es el de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y va unido a un proyecto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar estas nuevas competencias a las que ya tienen jueces y tribunales en nuestro país. Ambos textos suponen la unificación en el Derecho español de distintas normas en materia de cooperación judicial penal que ha venido dictando la Unión Europea desde el año 2002. Saben que ese año fue en el que se aprobó la Decisión Marco sobre la Orden europea de Detención y Entrega, que ha permitido, como bien conocen, y especialmente en asuntos tan importantes y delicados como el terrorismo, un avance muy importante en la cooperación judicial penal de los jueces y tribunales españoles con el conjunto de las autoridades de los Estados miembros.

Entre las Órdenes europeas que se reconocerán entre los distintos Estados figuran: cumplimiento de penas o de medidas privativas de libertad, que permitirán que una resolución condenatoria dictada por un Estado miembro pueda ser ejecutada en otro. Ello hará posible que los reclusos extranjeros puedan ser enviados a su país de origen y, a la inversa, los españoles condenados en otro Estado miembro puedan cumplir aquí condena.

Quiero destacar un tema muy importante, que es la Orden europea de Protección, también recogida, cuya regulación permite que las medidas de protección adoptadas en favor de una víctima o posible víctima de un delito, que se encuentre en peligro, le acompañen en cualquier Estado de la Unión Europea al que se desplace ocasional o permanentemente. Es decir, se reconocen esas Órdenes de Protección, lo que permitirá una mayor seguridad de las víctimas que se desplacen dentro de todo el territorio de la Unión.

Por tanto, incorporamos a nuestra legislación mecanismos que favorecen el intercambio de información y la ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito penal y en la Unión Europea, un elemento clave para ir avanzando hacia una mayor justicia y seguridad dentro del entorno de la Unión.

Por último, brevemente --lo verán en la Referencia, aparte de otras cuestiones--, hoy se aprueba el Real Decreto por el que se crea el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Esto ¿qué es? Esto es una norma que incentiva a las empresas a calcular y reducir voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen a agravar el cambio climático, y se incentiva, además, la creación de masas forestales que absorban el CO₂. Es un esquema voluntario que se pone en marcha de acuerdo con las Comunidades Autónomas para entrar en vigor en dos meses, y permitirá reducir las emisiones de CO₂ y aumentar la superficie de bosques, con lo cual España avanzará en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto.

¿Efectos positivos del cálculo de la llamada "huella de carbono"?. La "huella de carbono" es un parámetro muy útil para tomar conciencia de que todas las actividades conllevan emisiones de gases de efecto invernadero, evaluarlas y permitir a las empresas que tomen medidas para reducirlas; también es un nuevo elemento de competitividad en el mundo empresarial. Este Real Decreto permite, además, dar un tratamiento especial a las Pymes para que puedan incorporarse a esta fórmula de la huella de forma sencilla.

El Real Decreto comporta un Registro con tres secciones: una para las empresas que calculen su huella, otra para los proyectos de sumideros. Con estas dos secciones se permitirá, además, una tercera, que es que se registren las compensaciones que lleven a cabo las empresas entre los primeros y segundos proyectos.

Para las empresas que se sumen al cálculo se crea, además, un sello oficial, que dará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que otorga reconocimiento a estas acciones y que podrá ser usado por las empresas en sus comunicaciones.

Por tanto, es una medida importante de cara a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y al incremento de la superficie forestal en España como un elemento clave para esa reducción.

Sr. Fernández.- En efecto, tal como señalaba la vicepresidenta del Gobierno, y muy bien, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana, mediante Real Decreto, el nuevo Reglamento que recoge el funcionamiento y régimen interior de los que conocemos comúnmente como CIES, es decir, Centros de Internamiento de Extranjeros en España.

Era un compromiso legal, derivado de la Ley Orgánica del año 2009 que modificó, a su vez, la Ley Orgánica del año 2000, que regula el régimen jurídico de los extranjeros en España y su integración social, y que establecía en su disposición adicional tercera un plazo de seis meses para que el Gobierno aprobase un Reglamento que regulase precisamente el internamiento de extranjeros, y cito literalmente la dicción de la Ley Orgánica. Es evidente que el plazo se ha superado. Esa reforma de la Ley es de noviembre de 2009 y, por tanto, llevamos un cierto retraso: dos años de la anterior Legislatura y un año y ocho meses de la actual. Pero tengo que decir que el nuevo Reglamento ha sido, sin duda, una de las prioridades del Ministerio del Interior desde el inicio de la presente Legislatura.

Ustedes saben que han sido numerosas las ocasiones en que en sede parlamentaria, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, los diferentes Grupos Parlamentarios se han interesado por la aprobación de este Reglamento. Han sido diversas las ocasiones en las que diversas delegaciones parlamentarias se han desplazado a visitar los CIES, en particular el de Barcelona, ubicado en la Zona Franca, y el de Aluche aquí, en Madrid, y, por hablar de lo más próximo en el tiempo, una de las resoluciones aprobadas tras el reciente Debate sobre el Estado de la Nación instaba al Gobierno a aprobar lo antes posible esta Reglamento. Finalmente, como digo, hoy el Consejo de Ministros lo ha aprobado.

Hemos intentado obtener el máximo nivel de consenso posible, además de que, como es evidente, tuviera todas las garantías jurídicas que exige un Reglamento de estas características que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, en este caso los inmigrantes, que, pese a estar en situación irregular en España, es evidente que gozan de derechos y libertades que el ordenamiento jurídico les reconoce y que deben estar adecuadamente garantizados.

Por ello, hemos solicitado múltiples informes, en particular, les quiero destacar informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia Española de Protección de Datos y de diversos ministerios. Y debo decir que ha sido aprobado de acuerdo --insisto, de acuerdo-- con dictamen del Consejo de Estado. Como saben, poder decir que ha sido aprobado de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado exige como condición previa que las observaciones esenciales que este órgano consultivo del Gobierno haya establecido en su informe sean asumidas por el proyecto correspondiente. Ha sido así y por eso digo que este Reglamento se aprueba de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado.

También han sido importantes las aportaciones realizadas por los diferentes Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, así como, y no podía ser de otra manera, evidentemente, por diferentes ONGs. Y también hemos tomado muy en consideración diversas recomendaciones planteadas por la institución de la Defensora del Pueblo, en este caso.

Quiero recordarles sumariamente, porque lo saben ustedes, que son los CIES, que son establecimientos no penitenciarios que dependen del Ministerio del Interior y que están destinados, según la Ley, y así lo recoge evidentemente el Reglamento, a la custodia preventiva o cautelar de los extranjeros para garantizar su expulsión o devolución en virtud de expediente administrativo, o la expulsión cuando ésta sea acordada por el juez como medida sustitutiva de una pena privativa de libertad, cuando esta pena privativa de libertad es inferior a seis años, tal como establece el artículo 89 del Código Penal.

Es decir, debe quedar muy claro que en los CIES se ingresa únicamente con autorización judicial y la autoridad judicial corresponde al juez predeterminado, tal como establece la Constitución, en función del lugar donde se produce, en el caso de detención policial, esa detención; si se trata de una pena alternativa a la prisión en los términos que les acabo de comentar, lógicamente al juez que ha establecido esa condena.

Si es mediante autorización judicial cómo se ingresa en el CIES, también es conveniente recordar que también se controla que se garanticen los derechos y libertades de las personas inmigrantes que están ilegalmente en nuestro país y están ingresadas en los CIES por los jueces de control. En este caso el juez de control es aquel al que le corresponde en función de la localización del CIES correspondiente.

Es decir, en todo momento, el ingreso y la instancia están bajo control judicial. Eso es importante resaltarlo porque, de esa manera, tenemos la plena garantía de que los internos gozan de todas las garantías jurídicas y del respeto de sus derechos fundamentales conforme a la legislación española y también a la legislación comunitaria, en particular, y a la internacional, en general.

Quiero destacarles también que, a diferencia de otros países europeos en los que el tiempo máximo de estancia en este tipo de centros puede llegar hasta los dieciocho meses, en España es de sesenta días el tiempo máximo de estancia, si bien la media de permanencia en estos momentos es de veintidós o veintitrés días; es decir, sensiblemente por debajo de la mitad del tiempo máximo que legal y reglamentariamente ahora se permite.

Les recuerdo que actualmente son ocho los CIES que existen en España, cinco en la Península (Madrid, Barcelona, Algeciras, Valencia y Zaragoza) y tres en las Islas Canarias, con un total de 2.572 plazas: 2.346 para varones y 226 para mujeres. No son centros separados, son mixtos, aunque, evidentemente, con dependencias separadas por razón de sexo.

Hechas estas consideraciones de carácter general, permítanme que les diga que las razones de un nuevo Reglamento, sumariamente, son ese mandato legal de esa reforma de la Ley Orgánica de Extranjería del año 2009, la Ley 2/2009, que a su vez reformaba la Ley 4/2000, de Extranjería, y. como señalaba la señora vicepresidenta del Gobierno, en la actualidad el Reglamento es una Orden Ministerial del año 1999, así como un artículo en concreto que está contenido en el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. Quiero distinguir el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería de este Reglamento que desarrolla de la Ley de Extranjería, en particular, lo relativo a los centros de internamiento de extranjeros.

Por tanto, el nuevo Reglamento que hoy ha aprobado mediante Real Decreto el Consejo de Ministros desarrolla, de forma integral y en una norma con rango no ya de Orden Ministerial, sino de Real Decreto como procede, la regulación que contiene la Ley Orgánica sobre extranjeros y su integración social en España relativa a estos centros, a los Centros de Internamiento de Inmigrantes en España.

En cuanto a su contenido y principales novedades, yo sumariamente les voy a destacar:

Además de lo que acabo de comentar, es decir, que por primera vez en nuestro Ordenamiento Jurídico hay un Reglamento que regula esta materia de forma completa y actualizada, se establecen dos ámbitos diferenciados en la gestión de los CIES: por una parte, el que hace referencia a la seguridad, seguridad que recae en el Cuerpo Nacional de Policía; por otra parte, está lo que afecta al ámbito asistencial, que será asumido por personal ajeno a la Policía. Podrán ser empleados públicos o personas que pertenezcan a instituciones, normalmente organizaciones no gubernamentales, ONGs, en virtud de convenios o contratos que a estos efectos se suscriban y que son las que se encargarán de organizar, gestionar y controlar los servicios de asistencia sanitaria, asistencia jurídica, cultural y social.

El Reglamento desarrolla de manera muy garantista, como recordaba la Vicepresidenta, el estatuto jurídico de los extranjeros, mediante una regulación muy pormenorizada de sus derechos y deberes. Yo quiero insistir en que estamos hablando de derechos fundamentales y libertades públicas; por lo tanto, estamos hablando de una manera muy sensible que afecta a claramente a la dignidad de las personas.

Puedo comentarles que en el Reglamento se establece que, en todo caso, tienen derecho estas personas a ser informadas de su situación en un idioma que les sea comprensible --estamos hablando de extranjeros--, a recibir asistencia médica, a presentar quejas y peticiones, y a contactar con ONGs nacionales e internacionales que se dediquen, sustancialmente, a la protección de inmigrantes.

Se regula expresamente en el Reglamento el derecho de los extranjeros a formular peticiones y quejas, y a interponer recursos sobre aspectos relativos al funcionamiento del Centro. Asimismo, se fortalecen los mecanismos de control e inspección de los Centros, incluyendo, por supuesto, la posibilidad de visitas del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, y estableciéndose, y esto me parece relevante, la obligación de colaborar con los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Es totalmente novedoso en este Reglamento el que se regula la formación del personal del Centro, las reglas de conductas por la que deben regirse sus trabajadores y la creación de unos libros-registro, en los que se recogerá toda la información sobre la gestión y funcionamiento de los Centros. Asimismo, se establece un seguimiento periódico de la prestación de los servicios sanitarios existenciales y sociales. Todo ello va, como ven, en la línea de garantizar en todo momento que se respetan y se protegen los derechos y libertades fundamentales de las personas ahí ingresadas.

En cuanto a las medidas de seguridad, constituye una novedad y se recuerda que la competencia para su adopción corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, y que las medidas que se podrán adoptar para garantizar la seguridad en su interior deberán en todo momento, respetar los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia, salvaguardando en todo momento también la dignidad, la intimidad y los demás derechos fundamentales de los internos. Eso se recoge expresamente.

También es nueva, como les he señalado, pero se recoge expresamente por ello en el Reglamento, la participación de las ONGs mediante la suscripción de convenios o contratos para la prestación de servicios de asistencia social y la realización de visitas.

Déjenme señalar, por último, que la adopción del Reglamento lleva aparejado también un importante esfuerzo presupuestario. De esa forma, a los fondos destinados al funcionamiento de los CIES con ocasión de esta reforma, que están en torno a los nueve millones de euros, hay que sumar otros tres millones de euros procedentes de ajustes en el presupuesto del Ministerio del Interior y más de dos millones y medio de euros adicionales para realizar inversiones que se derivan de la aplicación de las previsiones contenidas en éste Reglamento; todo ello, por supuesto, sin contar los gastos derivados del personal que presta sus servicios en los mismos.

En suma, y con esto termino, contamos a partir de ahora, concretamente a partir del día siguiente al de su publicación de este Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, con un instrumento jurídico adecuado, claramente garantista y que regula de forma integral esta materia tan sensible para una parte no menor de la sociedad española y que tiene mucho que ver con el hecho de que España es un Estado democrático, social y de derecho, en el que la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas es uno de los fundamentos de la misma.

P.- Vicepresidenta, por seguir con la reforma fiscal, y dado que los expertos presentan esta tarde la suya, ¿en la del Gobierno también descartan otras cosas que plantean, parece, los expertos, como subidas de distintas maneras del IVA? ¿También eso está fuera de los planes del Gobierno? ¿En qué más partes --ha puesto sólo un ejemplo-- no están de acuerdo?

También dentro de la reforma del Gobierno… Hoy sabemos unos datos: España es el país de Europa donde más ha aumentado la desigualdad, mucho, con el anterior Gobierno y ha seguido con el suyo. ¿Esta reforma fiscal va a hacer algo para cambiar ese aumento de la desigualdad? Porque parece que temas de impuestos de grandes fortunas o así creo que no están encima de la mesa, ¿no?

Al ministro del Interior le quería plantear unas cuestiones sobre Ceuta. La Unión Europea está diciendo que los disparos pudieron contribuir al pánico y al ahogamiento; usted está insistiendo mucho en que no hay causa-efecto. ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Qué información tiene para estar tan seguro de que esos disparos de pelotas de goma no contribuyeron al ahogamiento?

En cualquier caso, ya ha reconocido usted que usar pelotas de goma fue un error. Le pregunto: ¿nadie va a asumir responsabilidades por ese error? ¿No va a haber dimisiones, destituciones, movimientos…, en fin, responsabilidades políticas o técnicas? Como quieran hacerlo, pero ¿nadie va a asumir responsabilidades?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, yo al inicio de mi intervención señalaba cuál va a ser el procedimiento del Gobierno, cómo hemos planteado esta reforma. Pensamos el año pasado que era oportuno seguir un esquema que había funcionado en España en anteriores ocasiones y que contaba con precedentes en el ámbito internacional muy serios y rigurosos. Decidimos que fuera una comisión de expertos de reconocido prestigio quien analizara el sistema, sus deficiencias y, hecho ese análisis, pudiera hacer sugerencias y propuestas, como así ha hecho.

Como señalamos ya desde entonces, ésa será la base para una tarea que ahora nos compete a nosotros. Ésas son su posición y sus propuestas, que tienen, desde luego, todo nuestro respeto y agradecimiento; no es el proyecto del Gobierno, la base para que el Gobierno presente sus propuestas, una vez que también haya un debate político, que queremos también plantear en el Congreso de los Diputados. Será entonces cuando el Gobierno señale cuál va a ser su reforma, su posición, en el bien entendido de que ésta va a ser una reforma de calado; es una reforma integral y completa, que va más allá de tocar o no ciertas figuras tributarias. Es un sistema que tiene que cumplir dos requisitos: ser modelo equitativo y progresivo --y ahora contestaré a su segunda pregunta, pero esto es importante--, y ayudar a la recuperación y a la dinamización de nuestra economía.

Como yo decía, no es un proyecto del Gobierno y he puesto un ejemplo de un asunto, porque es al que hoy, a lo mejor, le han prestado ustedes mayor atención; en otros casos o en otros asuntos, por ejemplo, ya hemos señalado que nosotros vamos a proceder a una bajada de impuestos que, además, será profunda en aquellas rentas menos elevadas para trabajar en ese principio de equidad. Pero entiéndame que éste no es el momento, más allá de estos ejemplos que yo pongo para dejar un poco claros cuáles son los parámetros de actuación… Que sea en esas leyes en las que se vaya determinando cuál va a ser esa composición; que, por otro lado, como bien conocen, en ocasiones también tienen que seguir los mandatos de la Comisión Europea o de la normativa comunitaria.

En resumen, el Gobierno recibe este informe de los expertos; serán ellos quienes nos lo expliquen a la sociedad en su conjunto y, después, a las Cortes Generales. A partir de ahí, empezará nuestra tarea: habrá un debate y el Gobierno trasladará al conjunto de la ciudadanía y a las Cortes Generales las leyes que se piensan aprobar y los reglamentos de su desarrollo.

En segundo lugar y sobre la igualdad, usted me hace referencia a un informe que recoge la evolución de esa igualdad en los últimos años, especialmente en los años 2007 a 2011. Eso nos pone de manifiesto que tenemos que trabajar, y mucho, y yo voy a poner encima de la mesa dos ámbitos fundamentales para luchar contra esa desigualdad: en primer lugar, el empleo que es, quizá, la más clara y la mejor política social, y este Gobierno está poniendo en marcha medidas de todo tipo con arreglo a un objetivo básico y esencial, que es crear empleo. Ayer se convalidó en el Congreso de los Diputados la tarifa plan de cien euros para las nuevas contrataciones con carácter indefinido.

Otro ejemplo claro es el asunto fiscal, que creo que es un elemento muy importante, especialmente en el tratamiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que el presidente del Gobierno ya adelantó en cuanto a las intenciones del Gobierno: hacer un tratamiento muy progresivo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ayude a trabajar por esa igualdad.

Por otro lado, este Gobierno ha aprobado un Plan de Inclusión Social, que no tenía nuestro país desde que acabó el anterior en el año 2010, que se aprobó el año pasado y que se ha completado con un Plan de Igualdad de Oportunidades, que es fundamental y que se les explicó a ustedes el pasado viernes por la ministra de Sanidad.

Es decir, son muchas las tareas que hay que hacer y en las que yo quiero poner en valor también una cuestión, y son dos aspectos clave que el Gobierno ha tratado de preservar en todas sus políticas en este ámbito: en primer lugar, las pensiones, por cuanto los pensionistas no tienen ya capacidad de trabajo para poder de otra manera ayudar a mantener sus necesidades, y este Gobierno ha hecho un esfuerzo importante, lo han hecho todos los ciudadanos, porque nuestro sistema de pensiones quedara indemne; y, en segundo lugar, las prestaciones por desempleo, donde a lo largo de la crisis, como saben ustedes, se han ido incrementando las cuantías en esa prestación. A pesar de que en algunas ocasiones, desde distintas instancias internacionales, se nos había pedido actuaciones en ese punto, el Gobierno ha considerado que las prestaciones por desempleo eran uno de los elementos en que debíamos de hacer el máximo esfuerzo para que los ciudadanos pudieran, en momentos de dificultad y en momentos de crisis, contar con esa cobertura de la manera más amplia posible.

Sr. Fernández.- Tengo que decir que la Unión Europea no ha dicho eso. La comisaria Malmstrom escribió un twitter e hizo una entrevista a una radio sueca. Yo he estado en el Consejo Europeo JAI, donde están los veintiocho ministro del Interior de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea, reunido todo el día hablando de presión migratoria, de dificultades de política de retorno, etc., etc., y no había ni una sola crítica a España. Por tanto, distingamos las cosas.

Por lo demás, yo hablé, como es público y notorio, con la comisaria Malmstrom y prefiero quedarme aquí. Pero no identifique usted una entrevista a una radio sueca y un twitter con la posición de la Unión Europea, por favor, porque me parece que eso es excesivo.

En todo caso, como usted sabe, hoy ha pasado un mes que yo comparecí en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, una comparecencia de casi cinco horas; anteayer yo contesté a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, aparte de que, tanto en el Congreso como en el Senado, desde el 6 de febrero pasado, cuando se produjeron esos trágicos acontecimientos cuando quince personas, que eran inmigrantes ilegales en Marruecos y pretendían pasar ilegalmente a España, en Ceuta, y fallecieron ahogados en aguas marroquíes, contiguas al espigón del Tarajal… He contestado, como digo, a varias preguntas, tanto en el Congreso como en el Senado, que se me han formulado; anteayer respondía a esa interpelación y en la moción subsiguiente a esa interpelación, como usted sabe, el Grupo Socialista lo que ha pedido es una comparecencia en donde se explique exhaustivamente y se aporte toda la documentación que exista en relación con los hechos que se produjeron y las demás circunstancias concomitantes con el caso.

En la medida en que hay un Juzgado, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, a instancias de la Fiscalía, desde el día en que apareció el primer cadáver en aguas españolas, a pesar de que habían fallecido en aguas marroquíes --las mareas, las corrientes, los trasladaron en días subsiguientes; el primero apareció el día 8, dos días después de la tragedia--, ya ese día se abrieron incidencias judiciales.

Como está sometido a proceso judicial, yo podría quedarme ahí y, en todo caso, tengo que quedarme ahí; pero sí que, en la medida en que la autoridad judicial nos permitió que pusiéramos a disposición de conocimiento público los vídeos que se habían grabado y contenían las imágenes correspondientes a esos acontecimientos, es público y notorio que en la página web del Ministerio se pusieron a disposición de todo el mundo esas imágenes.

En esa moción de anteayer del Grupo Socialista se nos pedía toda la documentación, etc., etc., y que diéramos una explicación lo más pormenorizada posible de todo lo que sucedió. Como la jueza nos había solicitado documentación por escrito y también los audios que grabaran todas las conversaciones y todos los intercambios de información que, de forma oral, se pudieran haber intercambiado entre el Centro de Operaciones y la Guardia Civil que estaba presente mientras se producían esos hechos, y de manera muy especial en los veintidós minutos que van desde las 7:48 de la mañana a las 8:00 de la mañana del día 6 de febrero, aunque no sólo ésos; todo eso se ha traslado a la autoridad judicial.

La jueza nos ha autorizado a que hagamos el uso que estimemos conveniente y el secretario de Estado de Seguridad va a comparecer --ayer pidió la comparecencia-- ante la Comisión de Interior lo antes posible. La previsión es que, si así lo acuerdan la Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión de Interior, esta comparecencia se sustancie el próximo miércoles por la tarde en la Comisión de Interior del Congreso y nuestra voluntad es, en un ejercicio de absoluta transparencia y con autorización judicial, poner a disposición de todos los Grupos Parlamentarios toda esa información.

Déjeme que le diga, antes de acabar, una cosa: no es la primera vez --es posible que, por desgracia, no sea la última-- que hechos trágicos como éstos se produzcan de manera especial en los perímetros fronterizos de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla; sí es la primera vez en la que se produce una transparencia como la que en estos momentos se está produciendo. Ha habido fallecidos, ha habido muertos, con anterioridad. En las vallas de Ceuta, en las vallas de Melilla, en las aguas con ocasión de la crisis de los cayucos, en la fachada atlántica, en la fachada mediterránea; por desgracia han sido numerosas, numerosísimas, las personas que intentaban entrar ilegalmente en nuestro país y durante ese intento, por desgracia, han fallecido. Lo que es nuevo es que el Gobierno haya respondido con la transparencia con la que en la actualidad estamos respondiendo.

En el año 2005 se pidieron los vídeos en sede parlamentaria y el Gobierno se negó, el Gobierno de la época, alegando que la Ley de Protección de Datos y de Protección de la Intimidad Personal lo impedía. En esta ocasión, como digo, todos se han puesto a disposición de la opinión pública a través de la página web del Ministerio. Eso sí es nuevo, como va a ser nueva también toda la información, toda, que se va a aportar por parte del secretario de Estado de Seguridad el próximo miércoles por la tarde, si así lo acuerda, como digo, la Mesa y Junta de Portavoces de la Comisión de Interior del Congreso.

La comisaria del Interior dijo que había establecido un silogismo en virtud del cual decía, la premisa mayor, "se han lanzado o se han disparado…". Claro, el lenguaje no es neutral. No es lo mismo lanzar pelotas de goma, de acuerdo con el manual de instrucciones que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están encargadas de estas misiones, y que tienen un manual de instrucciones para garantizar su uso de tal suerte que no corran riesgo, evidentemente, las personas… La premisa mayor, decía, es que se ha disparado a las personas, podemos pensar que esos dispararon pudieron ocasionar pánico y ese pánico, conclusión, pudo ocasionar el fallecimiento de esas personas. Bien, ése es un silogismo que no se sostiene.

En todo caso, yo tengo el deber de que, si hay un procedimiento judicial abierto, y de los audios y de los vídeos en absoluto se desprende que ni la premisa mayor sea cierta ni la premisa menor, y mucho menos la conclusión… Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, y hasta ahora no se ha demostrado, no hay relación de causa-efecto entre la actuación que tuvo la Guardia Civil y esos fallecimientos, que lamentamos, dramáticos, en aguas marroquíes.

Por tanto, tengo que decir que es evidente que, mientras no se demuestre lo contrario, insisto, no hay ninguna razón por la que exigir responsabilidades.

Termino diciendo una cosa: yo pedí en mi intervención anteayer en el Congreso de los Diputados, y ofrecí al Partido Socialista, sin excluir a ninguna fuerza política, un acuerdo --podemos calificarlo de pacto de Estado-- en materia de inmigración. El fenómeno de la inmigración, como sabe usted, es muy complejo; hunde sus raíces en la desigualdad entre un mundo rico y un mundo pobre; entre la situación en la que viven, por desgracia, en el continente olvidado, en África, millones de personas, y cómo viven, desde su punto de vista, o cómo vivimos otras personas en lo que para ellos puede ser considerado, a pesar de la crisis, como Eldorado, es decir, España y el conjunto de Europa.

Esas personas, si consideran que en sus países de origen no tienen nada que perder, se ven abocados en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, a intentar entrar ilegalmente, en el caso que nos ocupa, a través de Ceuta y Melilla, en España, y, de España, a la Unión Europea. De tal suerte que Ceuta y Melilla, que son frontera exterior de España en África, son también frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, en la medida en que son frontera exterior de la Unión Europea, bajo el principio de solidaridad y responsabilidad compartida, la Unión Europea se ha de comprometer solidariamente, desde todos los puntos de vista (financiero, económico y también desde el punto de vista político), en hacer frente a un problema que, como digo, no es causado por España y que, en consecuencia, no es España, ni mucho menos en solitario, la que tiene que hacer frente al mismo.

Es difícil que nos presentemos en Europa pidiendo que el fenómeno de la inmigración sea tratado como una política europea, como una política comunitaria, si previamente en España no somos capaces de ponernos de acuerdo, de tal manera que sea tratado este problema, este fenómeno, como una auténtica política de Estado. Y por eso lo he ofrecido.

Entonces, no quiero ir más allá, precisamente porque después de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad estoy convencido de que quedarán aclarados todos los extremos relativos al caso que nos ocupa, esta tragedia, en donde la última palabra la dirá, como no puede ser de otra manera, la autoridad judicial. Pero me quedo con lo positivo y es que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, está dispuesto a entrar, después de esta comparecencia, a conversaciones para intentar conseguir un acuerdo en relación con la política de inmigración para que sea tratada como política de Estado, de tal manera que, cuando gobernemos nosotros, no digan cosas y no hagan cosas que vayan contra lo que ellos dijeron e hicieron cuando estaban en el Gobierno y se encontraban en situaciones similares a las que nos hemos encontrado nosotros, por desgracia, en estos momentos en los perímetros fronterizos de Ceuta y de Melilla.

P.- Para la Vicepresidenta. Ante declaraciones como las del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ayer asegurando que habrá urnas el día 9 de noviembre para realizar la consulta, u otras voces que están planteando el control de puertos y aeropuertos, ¿el Gobierno prevé mantener la misma estrategia de seguir esperando a ver cómo evolucionan los acontecimientos o está barajando algún cambio de esa estrategia? En ese caso, ¿qué es lo que podría hacer en concreto?

Por otro lado, querría saber su opinión respecto a la opinión de la juez Alaya sobre la fianza a Magdalena Álvarez y si el Gobierno considera que no hay inconveniente en que pueda seguir manteniendo su cargo en el Banco Europeo de Inversiones.

Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas va vinculada a las declaraciones del presidente de la Generalitat. A mí me gustaría recordarle al presidente de la Generalitat que lo es precisamente porque la Constitución y las leyes le permiten serlo, y que todos estamos sujetos a la Ley; pero, además, los que tenemos un cargo público tenemos la obligación de cumplirla y, además, de hacerla cumplir. Creo que no es bueno ver a un cargo público de esa naturaleza y de esa importancia abiertamente hablar en los términos en que lo hace. Y yo le hago un llamamiento a su propia posición hace no muchos meses, donde era muy consciente de que la legalidad nos obliga a todos.

El Gobierno a lo largo de este tiempo ha tenido una posición coherente, que es la que va a seguir manteniendo siempre. En primer lugar, nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, y lo estamos haciendo.

La Generalitat sabe perfectamente que el referéndum que plantea y que ha remitido, a través de un Proyecto de Ley, del Parlament al Congreso de los Diputados no es acorde con la Constitución. El Gobierno lo ha dejado meridianamente claro en numerosas ocasiones; la última, este viernes, cuando remitió su criterio sobre dicha Proposición de Ley al Congreso de los Diputados. Haciendo uso de una potestad que nos da el Reglamento de la Cámara, el Gobierno ha querido exponer ante los Grupos los motivos por los que entendemos que ese referéndum es contrario a la Constitución. Las leyes están para cumplirlas y las Constituciones para respetarlas, porque son la base de nuestra convivencia, y el Gobierno tiene que ser el Gobierno de las leyes, no el Gobierno de las voluntades de algunos hombres.

En segundo lugar, quiero decirle que el Gobierno ha venido reaccionando a todas aquellas actuaciones que consideraban que eran contrarias a la Constitución y a las leyes. Ante el Tribunal Constitucional están distintas actuaciones que hemos considerado que no eran acordes con lo que nuestra Constitución y nuestras leyes programan, y así vamos a actuar siempre. Ese referéndum no es legal, no es constitucional. En la obligación del Gobierno está decirlo y actuar en consecuencia.

En tercer lugar, somos Gobierno de España y, por tanto, también Gobierno de los catalanes, y procuraremos a lo largo de todo este proceso que los catalanes se vean lo menos perjudicados posibles y que su bienestar se vea lo menos cuestionado posible. Es también nuestra obligación tratar de evitar algo que, en presencia del ministro del Interior, que lo conoce bien porque le afecta, algunos están haciendo vivir a Cataluña, que es una división social y una incertidumbre que creo que ningún Gobierno debería alentar ni promover.

Sobre las decisiones de los Tribunales, siempre este Gobierno ha respetado y respetará las decisiones de los Tribunales, y acata las que le afecten, y yo pido a todos el mismo respeto. En nuestro país hay un principio que se llama separación de Poderes: el Poder Legislativo y las Cortes Generales legislan, el Gobierno es el Poder Ejecutivo y a los jueces les corresponde instruir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Creo que todos lo tenemos que respetar en todos los casos.

Respecto al BEI, el Gobierno está manteniendo contactos con la institución, que tomará las decisiones que corresponda con arreglo a sus procedimientos y de acuerdo con un principio de prudencia. Nosotros nos sometemos a lo que la propia Institución determine. Ayer les informó el ministro de Economía y Competitividad, que es quien mantiene las relaciones funcionales con el Banco, de cuál es la posición de la institución, y también del Gobierno, en relación con la misma.

P.- Sobre Cataluña, a la Vicepresidenta, Me gustaría saber si comparte la opinión del ministro García-Margallo, que ayer en Barcelona aseguró que sería bueno un alto al fuego verbal entre las dos partes, entre el Gobierno catalán y español. En este sentido, ¿sería un buen gesto que el ministro compareciese en el Parlament de Catalunya para explicar el último informe sobre los posibles efectos de una independencia, como han solicitado algunos Grupos?

Y al ministro del Interior, también. ¿Nos podría dar algún detalle más sobre la célula que se ha desarticulado hoy, sobre su actividad? ¿Nos puede dar más detalles de qué es lo que hacían?

Vicepresidenta.- En relación con su primera pregunta, el Gobierno siempre ha considerado que los ciudadanos tienen derecho a saber las consecuencias completas de las proposiciones que hacen algunos, y en este caso de la Generalitat de Catalunya. Yo creo que es bueno que los ciudadanos tengan conocimiento de los efectos y de las consecuencias de un proceso que, oyendo a determinados responsables de la Generalitat, parece que todos son ventajas y ninguno es inconveniente. Yo creo que importante que los ciudadanos conozcan cómo afectaría a su economía y cómo afectaría a toda la posición de Cataluña en el ámbito internacional, por cuanto supondría su salida de la Unión Europea, del euro y lo que supone la falta de reconocimiento por parte de la Comunidad Internacional.

Esto es lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está poniendo de manifiesto y, desde luego, por parte del Gobierno esas explicaciones consideramos que son buenas, que son oportunas y que tienen que conocerse. Lo hemos hecho en distintas instancias y, desde luego, por ejemplo, lo hemos manifestado, como yo señalaba, hace un momento en el propio Congreso de los Diputados respecto a la tramitación de la Proposición de Ley que pretende que se transfiera o se delegue la facultad para convocar referéndum de autodeterminación, como es este caso.

Por parte del Gobierno y por parte del Ministerio se pueden dar cuantas explicaciones se estimen oportunas sobre ese extremo, también en el entendido de que en este debate es importante que todos sepan las consecuencias de todo, y por parte de algunos parece que sólo pesa alguna posición política poco clara respecto a los ciudadanos.

Sr. Fernández.- Con mucho gusto lo hago, porque empiezo por decir que ha sido una muy importante operación antiterrorista la que se ha desarrollado esta madrugada en Melilla, Málaga y Marruecos, y que han ejecutado en absoluta coordinación, tanto a nivel de investigación como operativa, la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de seguridad de Marruecos, y que ha permitido desmantelar una célula internacional, sin duda la más activa e importante de España, y también, sin duda, una de las más activas e importantes de Europa en estos momentos, en lo que hace referencia a su actividad, que era precisamente captar y enviar a presuntos terroristas a focos o zonas de conflicto, como pueden ser en este momento, de manera especial, Siria o Malí.

Han sido detenidas en España, tres en Melilla y una en Málaga, cuatro personas, y tres en Marruecos. El principal dinamizador de esta red es un ciudadano de origen belga, nacionalizado español, Mustafá Maya Amaya. Quiero destacar que a través de Internet se encargaba personalmente de reclutar a los yihadistas voluntarios, cualquiera que fuera el país de origen de éstos. De hecho, esta red disponía de ramificaciones en numerosos países, tales como, además de Marruecos, Bélgica, Francia, Túnez, Turquía, Libia, Mali, Indonesia o Siria. Los seleccionaba a través de las redes sociales, los captaba personalmente y, una vez captados personalmente, les daba instrucciones y apoyo logístico para desplazarse a esas zonas de conflicto, para lo cual incluso les facilitaba documentaciones o identidades falsas. Estas personas se integraban en redes terroristas dependientes todas ellas de Al Qaeda.

Quiero destacar, porque es una cosa muy importante, que la operación, insisto, se ha ejecutado en absoluta colaboración y cooperación entre los servicios de seguridad marroquíes y españoles. Y les he dicho que no sólo en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito operativo. Esto no se había producido nunca y yo lo quiero poner en valor por lo que significa de colaboración extraordinaria entre Marruecos y España en la lucha contra el terrorismo yihadista.

En definitiva, se ha logrado neutralizar, en un mismo acto y al mismo tiempo, a varios de los actores que forman parte de la cadena delictiva al haberse producido la detención simultánea del captador y dinamizador de la red, personaje muy conocido en el ámbito del terrorismo internacional a nivel europeo; y también al falsificador y a los encargados de logística, y a los propios yihadistas que se desplazarían a los países mencionados. Añado que algunos de los detenidos ya eran retornados; es decir, ya habían estado en las zonas de conflicto.

No sé si les he dicho que las nacionalidades de los cuatro terroristas detenidos en España-- uno en Málaga y tres en Melilla-- son español, uno, de origen belga, como he dicho, pero nacionalizado español, y después un tunecino y dos franceses. Un tunecino, dos franceses y un español, además de los tres marroquíes detenidos por los servicios de seguridad marroquíes en Marruecos.

Esta operación, junto con la que a mitad del pasado año, la llamada "Operación Cesto", de forma similar se produjo en Ceuta y en Fnideq, es decir, Los Castillejos, en Marruecos, son las dos más importantes operaciones contra el terrorismo yihadista realizadas en España; pero, sin duda, ésta puedo asegurarles que es la más importante hasta este momento.

P.- Sobre la reforma fiscal me gustaría hacerle dos preguntas. Una, dado que es una reforma integral, como usted ha señalado, ¿el que el Gobierno acepte algunas propuestas y no otras, no puede desvirtuar la visión general que aportan los expertos? Y, dos, algo de lo que consideran los expertos es que no debería haber impuestos autonómicos. ¿Comparte o no el Gobierno esta posibilidad?

Volviendo a una pregunta anterior, el señor García Margallo ayer dijo que estaba dispuesto a ir al Parlament a explicar el informe que ha hecho el Ministerio. Hoy Convergència i Unió ha pedido la comparecencia del señor García Margallo. ¿El Gobierno es partidario de que el Gobierno explique en el Parlament estos informes? ¿Es el señor García-Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro más adecuado para hacer estas explicaciones en el Parlament?

Vicepresidenta.- La reforma que hemos planteado es una reforma integral en el sentido de que no es una reforma que vaya a afectar únicamente a la imposición directa o a la imposición indirecta, a uno u otro tributo, sino que se trata de ver de qué manera, a través de un conjunto de medidas, tanto en el ámbito de la gestión tributaria, como en la regulación de cada uno de los tributos, conseguimos, además de ser justos y equitativos en un sistema fiscal que nos impone nuestra Constitución, lograr la dinamización económica.

Indudablemente, ahí hay medidas de distinto calado y, dentro de lo que se pretende, unas pueden ser cruciales y tener una gran relevancia y otras tenerla menos, y no por ello desvirtúan el conjunto de lo que son los objetivos en ese punto.

Sobre la regulación de los impuestos, ahora toca… Los expertos han señalado lo que les ha parecido oportuno sobre este punto, en el que han tenido un especial cuidado en analizar cómo afectan a la unidad de mercado estas regulaciones; pero, indudablemente, éste es un proceso mucho más amplio en el que el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera también tiene un aparte de interlocución importante, y desde luego el Gobierno así lo considera.

Sobre la segunda de sus preguntas, como yo dije hace un momento, el Gobierno no tiene ningún inconveniente en explicar. Al contrario, cree que es bueno que se expliquen el contenido y los efectos de decisiones de esta naturaleza. Ese informe es público y así lo ha señalado el Ministro, y por parte de ese Departamento, en cuanto que le ha correspondido o le corresponde a nivel internacional también poner de manifiesto a nuestras distintas Embajadas cuál es la situación y cuáles son las consecuencias de nuestra propia legalidad y de la Constitución en su conjunto. No obstante, éste es un tema que, en ese ámbito, en el ámbito de las explicaciones internacionales, corresponde a ese Ministro y que en otros ámbitos se haya repartido por distintos Departamentos, como puede ser, muy especialmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto que le corresponde la competencia de las relaciones del Estado con el conjunto de las Comunidades Autónomas. Ya digo, que cada uno en su tarea.

Lo importante y lo fundamental, y yo llamo la atención sobre este punto: se están poniendo de manifiesto, a través no sólo de distintos informes del Gobierno, sino de distintas opiniones en el ámbito nacional e internacional, las consecuencias que una decisión de esta naturaleza tienen sobre el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta: que los ciudadanos sepan que decisiones de esta naturaleza tienen sus efectos en el ámbito internacional: salida del euro, salida de la Unión Europea, problemas de profundas dificultades para un reconocimiento por parte de la Comunidad Internacional y efectos inmediatos y directos sobre la propia economía del país, de Cataluña y de España en su conjunto.

Por tanto, yo lo que pido a todos es que seamos mucho más conscientes en nuestros discursos políticos de las consecuencias que para la vida de los ciudadanos tienen algunas de las cuestiones que se lanzan desde el punto de vista político, pero que luego tienen unas consecuencias muy negativas para la vida de los ciudadanos.

P.- Quería seguir con el asunto de Cataluña y, en concreto, quería saber si, después de escuchar al presidente de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno puede garantizar que el 9 de noviembre no se van a sacar las urnas en las calles de Cataluña, o en los colegios, o donde sea. Es decir, el Presidente ha garantizado hasta ahora que no va a haber referéndum, pero el presidente de la Generalitat insiste en que sacará las urnas.

Por otro lado, me gustaría saber también si el Gobierno puede o tiene previsto actuar frente a la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, que es la que está marcando la "hoja de ruta" e, incluso, ya tiene fecha para la secesión y para la declaración de la independencia.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los puntos, tenga la completa seguridad de que este Gobierno cumple y hace cumplir las leyes, y lo hará cumplir. Y desde luego, ningún Gobierno, pero éste no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal.

Sobre la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña, este Gobierno ya está actuando y ha tomado decisiones en relación con algunas cuestiones que afectan a esa Asociación. Por poner un ejemplo, un total de casi treinta Ayuntamientos ha realizado aportaciones de naturaleza económica a esa Asociación para ayudar a esos esfuerzos en el cumplimiento de ese calendario. Pues bien, veintiocho de esas aportaciones han sido ya recurridas por la Delegación de Gobierno ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. Es decir, el Estado, a través de la Abogacía del Estado, está recurriendo aquellas decisiones de Ayuntamientos que están colaborando con esta Asociación para perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara.

A fecha de hoy no se ha resuelto todavía ninguno de estos recursos, están pendientes de los Tribunales; pero, desde luego, ha habido una posición muy activa por parte del Gobierno a la hora de preservar nuestra legalidad.

Muchísimas gracias.