Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros y en la parte final de mi intervención también haré una referencia a los asuntos que han sido aprobados en el Consejo de Seguridad Nacional, que se ha reunido esta mañana, a las nueve de la mañana, y de algún tema importante que se adoptó en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que se celebró en la tarde de ayer.

En primer lugar, y por lo que afecta al Consejo de Ministros, seguimos adelante en el cumplimiento del Plan Nacional de Reformas y, además, impulsamos medidas para favorecer la expansión y la competitividad de la pequeña y la mediana empresa.

Me acompaña la ministra de Empleo, que ha presentado al Consejo el Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas, lo que se conoce como el borrador de la Ley de Mutuas. Es un paso más en el desarrollo del Programa Nacional de Reformas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social para la modernización de las relaciones entre empresarios, trabajadores y la Seguridad Social para garantizar prestaciones en un marco de estabilidad jurídica.

Además, hoy, dentro del paquete de medidas, por un lado, de reforma de las Administraciones Públicas y, por otro, de desarrollo de la Ley de Emprendedores, se adoptan varias iniciativas.

En primer lugar, se aprueba el Real Decreto por el que se crea y se regula el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa. Éste es un órgano esencial en cuanto que supone darle un rango muy importante dentro del organigrama de la Administración Pública y a la tarea de la pequeña y mediana empresa y a la interlocución con los pequeños y medianos empresarios. En España, el 99,8 por 100 de las empresas son pequeñas y medianas empresas, entendiendo por tales las de menos de 250 empleados, y un 95,8 por 100, microempresas, las que tienen menos de diez. Las Pymes representan el 62,9 por 100 de asalariados; es decir, dan trabajo a un 69,2 por 100 de los trabajadores de nuestro país.

Era necesario un órgano coordinador, ya que en materia de Pymes toman y adoptan decisiones, no sólo muchos Ministerios dentro de la Administración General del Estado, sino que hay competencias transversales prácticamente en todas las Administraciones Públicas. Se hacía necesario un foro que sirviera como un instrumento de planificación y de coordinación de todas las políticas en apoyo de la pequeña y mediana empresa, a nivel de la Administración del Estado, con otras Administraciones Públicas y con suficiente interlocución por parte de los representantes de este tipo de empresas.

En 1995 se había creado el Observatorio de la PYME, que fue un foro de encuentro, de análisis y de propuestas pero, por su propia composición y por sus funciones, se ha demostrado que no era un cauce lo suficientemente operativo, a pesar de sus importantes funciones y de la tarea y el esfuerzo que han llevado a cabo en este tiempo, que yo quiero agradecer.

El informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas estimó que este Observatorio resultaba insuficiente, entró dentro del programa de eliminación de Observatorios y se propuso su sustitución por un Consejo Estatal, que es el que hoy regulamos. Quedará adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y se constituirá en el plazo de dos meses desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto.

Este Consejo suma las funciones de informe, recomendación y análisis de las políticas relacionadas con las Pymes, y el seguimiento y evaluación de la aplicación en España de la Ley de la Pequeña Empresa. Es una ley que constituye un marco de referencia de estas políticas en el seno de la Unión Europea.

Quiero destacar que este Consejo no genera ninguna duplicidad por su naturaleza trasversal y por la propia naturaleza trasversal u horizontal de las políticas Pyme. Tendrán 52 miembros: un presidente, dos vicepresidentes y 49 vocales; hay representantes de todos los Ministerios afectados y vocales del ICO, del ICEX, de Red.es; representantes de cada Comunidad Autónoma, de las Ciudades Autónomas y de la Administración Local, así como de organizaciones empresariales, confederaciones empresariales, organizaciones sindicales y el Consejo Superior de Cámaras de España.

Es un foro necesario, ambicioso y tiene por objeto, como decía, encontrar un cauce a gran nivel para la planificación, la coordinación y la ejecución de políticas de apoyo a las Pymes.

También hemos aprobado una importante norma, desarrollo, entre otras, de la Ley de Emprendedores, en el ámbito tributario. El nombre lo verán en la Referencia, prolijo y detallado, porque la Ley General Tributaria obliga a que en los reales decretos de modificación de reglamentos tributarios se incluya en el título lo que se modifica, con lo que se encontrarán un título prolijo, casi de diez o doce líneas, que yo trataré de resumir en lo más importante, y en el resto les remito tanto a la Referencia, porque es muy amplio, como a las explicaciones que les pueden ofrecer desde el Ministerio de Hacienda.

Este Real Decreto modifica el Reglamento del Impuesto de Sociedades, el de la Renta de las Personas Físicas, el del Impuesto de no Residentes, el Reglamento de Actuaciones y Procedimiento de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, ni más ni menos. Lo que hacemos es desarrollar algunas de las iniciativas que hemos adoptado hasta la fecha, porque entendemos que, a pesar de que va a haber una reforma tributaria más general el año que viene, es oportuno desarrollar en especial algunos aspectos, como la Ley de Emprendedores, para dar seguridad jurídica y facilidades de gestión.

Entre las medidas que se desarrollan, y ya digo que son muchas, yo voy a centrarme, ya diciendo que no es una exposición exhaustiva, en las más llamativas.

En lo que afecta al IRPF, y en desarrollo de la Ley de Apoyo a Emprendedores, lo que se hace es regular la financiación privada y profesional a través de las empresas de nueva o reciente creación y de los llamados "bussines angels". Se establecen los requisitos a la exención por reinversión en empresas de nueva o reciente creación, los mismos que para la exención por reinversión en vivienda habitual, con la diferencia del plazo.

El llamado "inversor de proximidad" tendrá una deducción del 20 por 100 por la inversión en empresas de nueva creación, es decir al entrar, para las inversiones que se realicen a partir de la entrada en vigor de esa Ley de Emprendedores. La base de la deducción es el valor de la adquisición de las acciones o participaciones, con un importe máximo de cincuenta mil euros anuales. El inversor tendrá también derecho a una exención del 100 por 100 por las ganancias obtenidas, si a su vez lo reinvierte en otra empresa de nueva o reciente creación.

En el Impuesto de Sociedades las empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros podrán deducirse la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades hasta un 10 por 100 de los beneficios obtenidos en el período impositivo que se reviertan en la actividad económica. Será aplicable ya a beneficios que se generen a partir de períodos impositivos desde 2013, incluido 2013. El número de beneficiarios potenciales es de 200.000 personas físicas y 185.000 sociedades de reducida dimensión.

Por otro lado, se modifican algunos plazos de ingresos tributarios. A partir del año 2014, las retenciones e ingresos a cuenta que deben efectuar las grandes empresas --entendiendo por tales las que tiene un volumen de operaciones superior a seis millones de euros-- que se generan en el mes de julio deberán ingresarse en agosto. Ahora lo que se hacía era que esas retenciones e ingresos a cuenta del mes de julio se ingresaban en el mes de septiembre, lo cual producía unos desfases de tesorería muy importantes y un coste bastante elevado para el Tesoro público; digamos, ese período de vacación del mes de agosto. Con esta medida el Tesoro se ahorra anualmente veinticinco millones de euros, que no es una cifra menor, simplemente con un asunto de diferente gestión tributaria.

He hablado de recaudación y voy a hablar del destino de lo recaudado, que es, como ya conocen todos los años, el reparto, entre otras, del llamado 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hoy el Consejo de Ministros autoriza la concesión de subvenciones a Cruz Roja y a Cáritas Española con cargo a la asignación del Impuesto sobre la Renta. Se autorizan éstas dos porque son las que exceden del tope que obliga a la autorización del Consejo de Ministros, pero el reparto es mucho mayor y afecta a distintas entidades. Luego haré un resumen general del conjunto de la convocatoria.

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de dos subvenciones a Cruz Roja Española y a Cáritas Española por un importe de más de 67 millones de euros: 42 millones a Cruz Roja y 25 millones a Cáritas. Con esta partida se financian 87 programas sociales de interés general y permitirá desarrollar 1.501 proyectos sociales, de los que se beneficiarán más de un millón de personas desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad. El importe de estas subvenciones se ha incrementado en más de diez millones respecto a los dos últimos ejercicios al considerar prioritarios programas dirigidos a personas en riesgo de inclusión social o de familias con problemas económicos y menores a su cargo.

Cáritas recibe esos casi 25 millones de euros para financiar 37 programas, integrados por 568 proyectos que atienden a más de 430.000 personas. Y, en segundo lugar, Cruz Roja percibe más de 42 millones de euros, 5,6 millones más que en 2012, y financia 50 programas, integrados por 933 proyectos, que atenderán a más de 560.000 personas vulnerables, especialmente mayores, personas con distinta capacidad o en situación de pobreza.

En total, la convocatoria de 2013 para subvenciones estatales dedicadas a la realización de programas de interés general con cargo al IRPF ha subvencionado 447 entidades --pero, como digo, sólo el Consejo de Ministros autoriza a las que están por encima de los doce millones de euros--, 1.135 programas anuales y 5.835 proyectos. Se ha repartido un importe total de 210 millones de euros con cargo a lo que los españoles pagamos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de haber marcado la oportuna casilla.

Objetivos principales de todas estas subvenciones: la lucha contra la exclusión social y contra la pobreza, defensa de los derechos de la infancia, de las familias y las necesidades de las personas mayores y con discapacidad. Éstos son, digamos, los colectivos que se llevan un mayor porcentaje de proyectos en esta autorización concesional.

En el ámbito del Consejo de Ministros, un último apunte: hoy se remitirá a las Cortes Generales el Tratado sobre Comercio de Armas. El acuerdo de referencia fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, como conocen, el 2 de abril de 2013; su firma se autorizó por el Consejo el 31 de mayo de este año y se llevó a cabo el 3 de junio en la sede de Naciones Unidas. En el momento de la firma España depositó una declaración sobre la aplicación provisional en nuestro país de los artículos 6 y 7.

El objeto del Acuerdo, como bien conocen, es establecer normas internacionales comunes para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, eliminando el tráfico ilícito y para prevenir su desvío ilegal. Se hace especial hincapié en el objetivo de resolver problemas que el tráfico ilícito de armas provoca en la población civil, con mención expresa a mujeres y niños, y las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de ese tráfico. Se hace referencia y mención al papel que desarrollan la sociedad civil y numerosos organismos no gubernamentales. Regula todo lo relacionado con el comercio de armas convencionales, pequeñas y ligeras, municiones, explosivos, partes, componentes y tecnología.

Dados los avances de nuestro sistema, la entrada en vigor en nuestro Derecho de este Tratado no lo hará precisa, porque ya se ha anticipado la modificación de la normativa española.

Dos apuntes en otros dos órganos de los que forma parte el Gobierno o parte del Gobierno.

En primer lugar, ayer en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos se aprobaron las líneas fundamentales de actividad del ICO 2014 en cuanto a Líneas de mediación. Se pretende combinar el apoyo a las pequeñas y mediana empresa con un mayor impulso a las actividades de exportación. Las Líneas, con un volumen de dieciséis mil millones de euros, giran en torno a dos grandes áreas estrategias: el área ICO Empresas Emprendedores 2014 y el área ICO Internacional.

En 2014 lo que se prevé es un aumento de las líneas de mediación del 20 por 100, hasta un importe de dieciséis mil millones y con un límite máximo previsto de veinticuatro mil millones.

En cuanto al funcionamiento de las Líneas Mediación-ICO, ayer también se hizo balance de su funcionamiento en este año, en el último trimestre, con más de seis mil millones de euros. Ha sido el mejor trimestre en los veinte años de historia de las Líneas de mediación del Instituto de Crédito Oficial. La última disposición de préstamos del Instituto de Crédito Oficial de 3 de diciembre, por mil millones de euros, supone un récord histórico de concesión de crédito en el mismo período. Con este dato se superan ya las cifras de concesión de préstamos de 2012, porque han sido 12.200 millones este año, frente a 11.510 millones del año 2012. Los miles de millones son, digamos, más complejos para manejar por la gente normal, entre los que me incluyo. Esto supone un crecimiento interanual positivo del 10,4 por 100. Y se han formalizado más de 170.000 operaciones de préstamos. Aquí hablamos de miles de millones de euros como que fuera tal y, cuando lo sigues mentalmente traduciendo a pesetas, te das cuenta de las cifras que se manejan.

La evolución de las Líneas ICO a lo largo del año 2013 muestra una clara tendencia alcista en la demanda de financiación, produciéndose incrementos de demanda muy importantes a partir del tercer trimestre. El grueso de la financiación ICO se dirige a microempresas o autónomos. El 70 por 100 de los créditos se han concedido a autónomos o a Pymes con menos de diez empleados y más del 50 por 100 son de importe inferior a 250.000 euros.

Por tanto, las previsiones para este año 2013 son muy positivas, teniendo en cuenta la aceleración en la concesión de créditos que hemos vivido en este último trimestre.

Por último, y ahora ya sin cifras, lo que me facilitará la tarea, reunión del Consejo de Seguridad Nacional esta mañana, presidido por el presidente del Gobierno. Ha aprobado la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional.

Estos trabajos, que han sido coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, son fruto de un proceso de elaboración y coordinación en que participamos diversos ministerios y organismos para establecer una orientación estratégica y coordinada de las Administraciones Públicas en dos ámbitos esenciales para la seguridad nacional: por un lado, la ciberseguridad, que responde a la creciente necesidad de preservar la seguridad del ciberespacio por su enorme repercusión en asuntos relacionados con la seguridad nacional, pero también con la competitividad de nuestra economía y, en general, el progreso en nuestra sociedad. La Estrategia delimita el entorno del ciberespacio, cifra principios, objetivos y líneas de acción para el logro de esa ciberseguridad nacional, y define un marco de coordinación de esta política.

Por otro lado, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, teniendo en cuenta las implicaciones que la seguridad del mar tiene en el desenvolvimiento de nuestra sociedad y nuestra economía, refleja una visión propia de España que facilite la coordinación y el uso eficaz de los medios disponibles. Y enumera el conjunto de intereses marítimos nacionales, los riesgos y amenazas que pesan sobre ellos, ya sea por actuaciones ilegales, como terrorismo, tráficos ilícitos, pero también condiciones naturales del medio, como los accidentes o catástrofes de distinta naturaleza.

Quiero señalar que en la elaboración de las mismas también se ha contado con la colaboración, y quiero agradecérselo, del principal partido de la oposición.

Por otro lado, se ha decidido crear órganos colegiados de apoyo al presidente del Gobierno y al propio Consejo para la puesta en marcha de las nuevas Estrategias, que son los Comités Técnicos Especializados de esta Ciberseguridad Nacional y de Seguridad Marítima Nacional.

Tendrán una nota de prensa con el detalle de la composición y organización de estos instrumentos.

Como decía hace un momento, estamos tratando de consensuar en torno al pilar de la Seguridad Nacional un consenso político. Por tanto, estas iniciativas fueron presentadas al Partido Socialista, que ha mostrado su colaboración en la aprobación de estas Estrategias.

Después de esta prolija exposición de innumerables temas de variada composición, le doy la palabra a la ministra de Empleo que ha esperado pacientemente y que nos explicará el borrador de la conocida como Ley de Mutuas.

Sra. Báñez- Hoy presentamos en rueda de prensa después del Consejo de Ministros el Informe que el Ministerio de Empleo ha presentado hoy en el Consejo de Ministros, que inicia los trámites para presentar el próximo día 20 de diciembre en el Consejo de Ministros el Anteproyecto ya de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social. Es en cumplimiento de nuestro Plan Nacional de Reformas, como ustedes conocen muy bien.

Las mutuas, como saben, son entidades privadas, son asociaciones de empresarios, que colaboran en la gestión de la Seguridad Social. Son entidades de naturaleza público-privada, porque administran fondos públicos a través de las cotizaciones sociales, de las que disponen, y, además, tienen un patrimonio privado de carácter fundamentalmente histórico.

En 2012 gestionaron recursos de 8.500 millones de euros, el 95,31 por 100 de las cuotas por contingencias profesionales y el 78 por 100 de los trabajadores por cuenta ajena. A su vez, también les informo de que tienen una plantilla aproximada de 24.000 empleados.

Entre las funciones más importantes que tienen hoy las mutuas en nuestro país está la gestión de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales (incapacidad temporal, permanente, muerte y supervivencia), así como de asistencia sanitaria derivada de la incapacidad temporal; en total, unos recursos de 3.900 millones de euros. En la gestión de la prestación por incapacidad temporal derivada de las continencias comunes, que también hacen, el pago del subsidio durante la incapacidad, el control y la propuesta de altas médicas; en total, unos recursos de 3.739 millones de euros.

Pero también, como conocen, gestionan otro tipo de prestaciones, como son las de riesgo durante el embarazo y la lactancia, el cese de actividad de los trabajadores autónomos, el cuidado de menores con patologías graves y la gestión de contingencia de los empleados del hogar, entre las más importantes.

A su vez, y por último, hacen y realizan actividades de prevención en contingencias profesionales.

Por tanto, ésa es la tarea que tienen hoy acometidas las mutuas en nuestro país.

¿Por qué hacemos esta reforma? La hacemos, en primer lugar, porque es una obligación legal derivada de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de modernización del sistema de Seguridad Social, que preveía ya abordar la reforma de las mutuas garantizando su función de entidad colaboradora de la Seguridad Social, asegurando su carácter privado, respetando su autonomía de gestión y articulando un régimen económico que promueva el equilibrio entre ingresos y costes de las prestaciones.

En segundo lugar, por seguridad jurídica, porque es necesario superar el régimen jurídico existente, la dispersión que tiene hoy la regulación de las mutuas en diferentes normas, en esa nueva reforma y en esa nueva norma. Y, además, por corrección de irregularidades. Se han detectado multitud de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que ponen de relieve una serie de irregularidades que han cometido las mutuas en la gestión durante estos años, que también han sido señaladas en los informes de auditoría de la Intervención y del Tribunal de Cuentas. Y también, como conocen, han sido objeto de expedientes de la Comisión Nacional de Competencia sobre temas de competencias con entidades privadas, sobre todo, en la regulación de la prevención de riesgos laborales.

Por todas estas situaciones, es bueno modernizar y actualizar la normativa sobre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Por tanto, nosotros tenemos un doble objetivo con esta nueva reforma, dos objetivos de política económica: el primero, garantizar que las mutuas destinan los recursos públicos a fines públicos, asegurando además la sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social; y, en segundo lugar, y de forma muy importante, incrementar la eficiencia en la gestión para alcanzar los objetivos públicos tan importantes como son ayudar y colaborar en el control del absentismo laboral injustificado, mejorar la prevención de riesgos laborales y la prestación de unos servicios sanitarios de calidad que contribuyan a mejorar la salud de nuestros trabajadores.

Éstos son los grandes objetivos de la política económica que pretendemos abordar con la nueva regulación de las mutuas.

En nuestro país se pierden al año una media de 11,4 días por absentismo injustificado por trabajador, mientras que en otros países de nuestro entorno los días que se pierden son menores: en Finlandia, 8,4; en Dinamarca, 7; en Canadá, 6,8; y en Estados Unidos, que es el que menos días por absentismo tiene, es 4,9.

Quería señalar también que no es la primera vez que el Gobierno acomete medidas para luchar contra el absentismo. La tasa por absentismo en 2012 ha sido del 4,3 por 100, medio punto menor que en los años 2010 y 2011, que era del 4,9 por 100. Por tanto, quiero resaltar el esfuerzo de toda la sociedad española, de los trabajadores y de las empresas para luchar contra este absentismo injustificado durante todo este tiempo, con las medidas que ya están dando resultados.

También queremos conseguir dos objetivos más con esta nueva normativa que vamos a plantear en la reforma: en primer lugar, facilitar que el cese de actividad de los trabajadores autónomos, por ejemplo, que es una prestación que se hace a cargo de las mutuas, se haga más eficientemente, porque hasta ahora los autónomos se quejan, y con razón, de que son muchas las solicitudes que se deniegan una vez que se solicita la prestación. Entonces, esa regulación, que es anterior a ese Gobierno, lo que queremos es mejorarla para mejorar la eficacia porque, si los trabajadores autónomos cotizan por el cese de actividad, tienen derecho, una vez que solicitan esa prestación, a que le sea correspondida por las mutuas. Por tanto, vamos a mejorar la prestación por cese de actividad de los autónomos para que no haya tanta denegación a esas solicitudes una vez que se produzcan las circunstancias.

Y también queremos poner de manifiesto que con esta nueva normativa vamos a facilitar que las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias de sanidad, puedan establecer convenios de colaboración con las mutuas para que la capacidad que tienen las mutuas que no utilizan pueda ser usada por el Sistema Nacional de Salud para atender al resto de los españoles para que puedan tener una atención más temprana, sobre todo, en el diagnóstico y en la atención hospitalaria. Por tanto, ahí también vamos a facilitar los convenios de colaboración entre Comunidades Autónomas y mutuas para dar un mejor servicio a los españoles en el ámbito sanitario.

Quiero decirles que, evidentemente, como han puesto de manifiesto las organizaciones empresariales y los analistas económicos, una mejora de normativa en la legislación de las mutuas va a favorecer, sin duda, la competitividad, porque va a suponer ahorros y recursos disponibles a las empresas a lo largo de los próximos años. Por tanto, es una ley, una nueva reforma, que ayuda a la competitividad de país.

Como el calendario de tramitación que les señalaba antes, hoy se ha presentado el Informe en el Consejo de Ministros; la próxima semana iniciamos las consultas con los interlocutores sociales y, a su vez, estamos trabajando con las Comunidades Autónomas en los convenios de la incapacidad temporal para mejorar el tratamiento de la incapacidad temporal con las Comunidades Autónomas. Serán unos convenios que saldrán también en las próximas semanas, después de un debate intenso con las Comunidades Autónomas y con las propuestas y solicitudes que nos han hecho al Gobierno.

Y la Ley, presentada el día 20 de diciembre en el Consejo de Ministros como Anteproyecto, tendrá su tramitación parlamentaria para que en el final del primer semestre del año 2014 esté totalmente aprobada esta nueva regulación de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social.

P.- A la Vicepresidenta. Este viernes habrá una concentración en Barcelona de apoyo a la Constitución; también, por supuesto, están los actos en el Congreso de los Diputados y me gustaría saber las razones que ve el Gobierno para festejar este día hoy, que está tan entredicha la Carta Magna.

En este sentido, el líder de la oposición, el señor Pérez Rubalcaba, acaba de reiterar que hay que reformar la Constitución para solucionar el problema territorial por la vía federal, ha dicho. Me gustaría también un comentario al respecto.

Y a la ministra Báñez. Estos días se ha escrito mucho sobre la posibilidad de una nueva reforma laboral. Me gustaría saber si nos puede confirmar que va a haber cambios y en qué van a consistir esos cambios.

Vicepresidenta.- En relación con la primera de sus preguntas sobre la Constitución y su vigencia, yo creo que basta recordar o remontarnos a cómo era España hace 35 años. En un tiempo récord, y con una transición modélica, este país pasó de ser una dictadura a una democracia; a reconocer, quizá, el esquema de derechos fundamentales y de libertades públicas más amplio de aquel momento, que sirvió, además de modelo a otras muchas Constituciones; a organizar territorialmente un Estado que ha convertido al Estado de las Autonomías en uno de los más descentralizados del mundo; y a garantizar un nivel de progreso y bienestar que era inédito en España.

Yo creo que eso es, entre otras cuestiones, lo que se conmemora mañana: un período de paz, de prosperidad, de bienestar, de mejora de derechos y de libertades muy amplio; y un marco de convivencia y de concordia que supieron hacer españoles que en aquel momento tuvieron una gran altura de miras y supieron diseñar un modelo democrático que nos ha llevado a donde estamos ahora.

Sobre la reforma de la Constitución, como he señalado en varias ocasiones y como se puso de manifiesto en el Debate del Estado de la Nación, las posiciones de los Grupos Parlamentarios sobre los elementos de modificación son distintas y, si me permiten decirlo claramente, dispares; incluso, contradictorias entre sí y hacia polos muy opuestos y muy diferentes. Falta un núcleo de consenso que permita iniciar un proceso con garantías de que va a llegar a buen término, más allá de discusiones políticas, doctrinales o jurídicas.

El líder de la oposición insiste en un modelo federal. Sobre lo que son los Estados federales y sus distintas fórmulas de organización de poder podríamos discutir mucho, y no falta doctrina que afirma que el nuestro, con sus particularidades, responde a esa tipología. Yo no voy a entrar en ese debate técnico, aunque para la gente que esto le gusta es un debate apasionante. Lo que me gustaría saber es en qué concreta el líder de la oposición esa vía federal, en qué consiste. porque, como ya digo, modelos federales en el Derecho comparado hay muchísimos: no coinciden dos modelos de Senado idénticos, ni de reparto competencial... Todos ellos responden a la misma fórmula federal y, como digo, hemos leído mucho en estos días doctrina muy diferente y son muchos los juristas destacados que señalan que el nuestro lo es, con sus singularidades, pero sobre todo por sus efectos. Es que, quizá, el Estado de las autonomías español sea uno de los más descentralizados del mundo.

Sr. Báñez.- Con respecto a la pregunta sobre la reforma laboral, quiero decir que la reforma laboral del Gobierno está hecha y, además, está dando resultados mes tras mes. Lo que sí ha anunciado el Gobierno es que vamos a hacer pequeños ajustes para mejorar la contratación y fomentar la empleabilidad de los trabajadores, sobre todo ahora que en el año 2014 nuestro país va a crecer por primera vez después de la crisis y va a crear empleo neto. Queremos fortalecer ese crecimiento del empleo a través de mejoras en la contratación y en la empleabilidad de los trabajadores.

También conocen, porque lo hemos ido anunciando desde el Ministerio de Empleo, que vamos a simplificar administrativamente los modelos de contratos en nuestro país. A día de hoy hay 42 formularios y se quedarán en cuatro modelos de contrato: indefinido, temporal, de formación y en prácticas. Además, vamos a realizar algunas modificaciones, como la que ya hemos dicho del contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que hoy sólo se puede celebrar a tiempo completo, para que también se pueda celebrar entre los trabajadores a tiempo parcial.

Por otra parte, vamos a seguir mejorando, en línea con nuestro Plan Nacional de Reformas y de lo que ya ha anunciado el Gobierno, la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo. Sobre todo, estamos trabajando en coordinación con las Comunidades Autónomas para mejorar esa empleabilidad con unas políticas activas más eficaces y que ayuden a los trabajadores a volver cuanto antes al mercado de trabajo.

Ésos son los temas que tenemos por delante y queremos fortalecer que 2014 sea ese año de creación de empleo neto por primera vez después de toda la crisis.

P.- A la ministra ya le preguntaron por la segunda ronda de la reforma laboral. Quería saber si ya ha recibido el informe de la OCDE. ¿Cuándo podemos esperar esta segunda ronda? La llamo "segunda ronda" porque el ministro de Economía la ha llamado así. No sé si nos quedamos con lo que dice el ministro de Economía o lo que dice usted, que la reforma laboral ya está hecha.

A la vicepresidenta le quería plantear qué está pasando en la Agencia Tributaria, porque la semana pasada usted dijo que no había injerencias políticas y esta semana, una nueva dimisión de alto nivel. ¿Va alguien a asumir responsabilidades políticas? Sobre todo, ¿qué está pasando? ¿Va alguien a explicarlo en el Parlamento? ¿Va a dimitir alguien?

De la Constitución le quería plantear si --usted le ha explicado al compañero la posición del Gobierno-- el Gobierno se plantea algún tipo de reformas; si el Gobierno, al margen del consenso que haya o no, ha abandonado las posiciones que tenía el PP en la oposición. Usted dirigió un equipo que trabajó e hizo unas propuestas de reforma. ¿Ya no están en eso? ¿Ven que no hay ninguna posibilidad? ¿Descartan por completo ningún tipo de reforma?

Sra. Báñez.- Efectivamente, el Gobierno, aparte de hacer por primera vez una evaluación de la reforma laboral, que la hicimos este verano, sobre los primeros resultados de una reforma que ya está suponiendo el mantenimiento de muchos empleos en nuestro país en una etapa de recesión… Ahora veremos cómo funciona en este nuevo período que es que, cuando se inicie el crecimiento, se cree empleo antes de lo que tenía acostumbrada nuestra economía. Es decir, con crecimientos de la economía en el entorno del 1 por 100 ya se creará empleo neto, no como sucedía antes cuando teníamos que pasar de crecimientos del 2 por 100 del PIB para que se creara empleo neto en nuestro país. Por tanto, ahora estamos ante la segunda fase de la reforma laboral en la que podemos ver las nuevas perspectivas.

Efectivamente, encargamos, además, a la OCDE que hiciera una evaluación independiente de una reforma que ha sido capital para atracción de inversiones extranjeras, para mantenimiento del empleo y para que nuestro país sea un país más competitivo durante su tiempo de aplicación. Será en los próximos quince días cuando se presente por la OCDE ya, finalmente, ese informe, después de haberlo trabajado durante seis meses. Ése es el calendario y el Gobierno recibirá, como le digo, el informe de la OCDE en los próximos quince días.

Respecto a la otra pregunta que me hacía, ya le he contestado a su compañero suficientemente.

Vicepresidencia.- Sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en primer lugar, permítame reconocer la profesionalidad de todos los funcionarios y el resto de empleados públicos que prestan servicio en la Agencia Tributaria.

A lo largo de todos estos años la Agencia Tributaria ha sido siempre, dentro de las Administraciones de nuestro país, ejemplo de independencia, de profesionalidad y, además, de una administración moderna y eficaz a la que tienden a parecerse todas las demás. De hecho, en el esquema de reforma de las Administraciones Públicas, en muchos de sus procedimientos, en el avance informático que ha tenido, la Agencia Tributaria es para todos un modelo.

Hecho ese reconocimiento, que además es obligado, debido y conozco bien cómo funcionan los profesionales de esta casa, los ceses a los que hacen referencia las informaciones publicadas en estos días, tal y como ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, forman parte de un proceso normal de relevo en los equipos como consecuencia de la reestructuración motivada por el cambio en la dirección de la institución.

La dimisión del director del Departamento de Inspección, como se ha señalado por el propio Departamento, se debe a discrepancias con la Dirección General en materia relacionadas con el personal, especialmente de nombramientos concretos y criterios para la reasignación de funcionarios; que, por otro lado, son competencia de la propia Dirección General.

Ésa es la explicación que ha dado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y no me cabe ninguna duda de que estará dispuesto a darla en todos los ámbitos que sean pertinentes.

Sobre la reforma de la Constitución, como yo le decía a su compañero, desde un punto de vista teórico y también desde un punto de vista programático son reformas de la Constitución y elementos a reforzar o cambiar que pueden hablarse de diferentes posiciones, diferentes ámbitos. Pero, cuando a uno le corresponden tareas de Gobierno y la dirección política, de alguna manera, en esas tareas, tiene que analizar cuál es, digamos, la posición de cada uno en ese proyecto y las posibilidades que hay de sacarlo adelante y de llevarlo a buen puerto.

Como digo, en el Debate sobre el Estado de la Nación, el Partido Socialista, la Izquierda Plural y otros partidos pusieron encima de la mesa elementos, más que, digamos, propuestas ahormadas; elementos en los que había que reformar la Constitución y que, como digo, no sólo eran dispares, sino dirigidos hacia polos muy diferentes. Yo creo que eso es lo primero que hay que poner de manifiesto, esa falta de discordancia, porque estamos hablando de propuestas políticas y de llevarlas a buen puerto.

En segundo lugar, desde el punto de vista de las tareas de Gobierno, uno tiene que analizar también muy bien los momentos políticos, económicos y sociales del país en el que vive y que, en su caso y en el caso del Gobierno, le toca gobernar y le toca dirigir. Y también señalar prioridades, y yo creo que la estabilidad política es un elemento importante para sacar a este país de la crisis y lograr la recuperación, y también lo es centrar las fuerzas en esa recuperación económica.

Yo creo que la Constitución es una Constitución amplia --muchos la han calificado de abierta-- y ha permitido ese nivel de descentralización importante. Desde el punto de vista de lo que podemos hacer desde otros ámbitos, visto que no hay una posición, ya no digo unánime, sino dos posiciones iguales o parecidas, en las propuestas de reforma que tienen los Grupos, tenemos todos que seguir trabajando por mejorar ese modelo y, especialmente, el de nuestras Administraciones Públicas. Por eso desde el Gobierno se está impulsando un procedimiento de reforma de las Administraciones que permite lo que, por otro lado, los ciudadanos también demandan de sus poderes públicos y de sus poderes administrativos: que sean mucho más eficientes, mucho más eficaces y mucho más modernos, que hagan más con menos y que haya menos burocracia, porque eso supone ahorro en austeridad, pero también supone ahorro en trabas y ahorro en trámites. Eso es lo que está haciendo el Gobierno.

P.- Yo quería seguir también con el aniversario de la Constitución, pero en otro sentido. Mañana los partidos nacionalistas han anunciado que no van a estar en el Congreso de los Diputados en el acto central de la celebración y la mayoría de los presidentes autonómicos, tampoco. De hecho, muchos de ellos hoy están organizando actos de celebración de la Constitución por su cuenta en sus propias Comunidades. Me gustaría saber cómo ve el Gobierno central esto: que los nacionalistas no estén mañana y que muchos de los presidentes autonómicos que representan a ese Estado de las Autonomías tampoco acudan a la celebración.

En segundo lugar, si me permite, Vicepresidenta, tengo una curiosidad sobre lo que han aprobado esta mañana en el Consejo de Seguridad Nacional. Me gustaría saber si el documento de ciberseguridad dice algo en materia de escuchas y si el documento de seguridad marítima dice algo sobre las aguas de Gibraltar, y qué dice exactamente.

Vicepresidenta.- En relación con su primera pregunta y sobre los partidos nacionalistas, creo que no supone ninguna novedad respecto de anteriores convocatorias.

Sobre las presencias de los presidentes autonómicos, a lo largo de estos años ha habido distintas presencias, mayores o menores; pero siempre se ha visto por la inmensa mayoría de ellos un gran compromiso y, como dice usted, muchos de ellos están celebrando actos en su propia… Yo tengo que respetar las decisiones y las agendas de cada uno. Por su parte, la del Gobierno será amplia teniendo también presente, porque se lo preguntará usted, que algunos ministros tienen, porque mañana es viernes y se sigue trabajando en Europa y en el mundo, compromisos que mañana tendrán que atender; que será también cumplir con sus obligaciones que enmarca la Constitución como Gobierno.

Sobre las dos cuestiones que me pregunta, las Estrategias están sujetas al deber de reserva y confidencialidad que marca la propia Comisión, y les daremos cumplida cuenta del contenido de las mismas dentro de lo que nos permiten la propia norma reguladora de ese Consejo de Seguridad Nacional y la Ley todavía vigente de Seguridad Nacional.

P.- Quería saber, Vicepresidenta, cómo ve el Gobierno la posible creación de una agencia de inteligencia catalana y si el Gobierno se plantearía la intervención o un recurso ante la posible creación de ese CNI catalán, que se ha bautizado así.

Una pregunta más. Quería saber cómo va la Comisión bilateral. ¿Está estancada? ¿Sigue adelante? ¿Se están manteniendo contactos? ¿En qué punto estamos ahora mismo?

Vicepresidenta.- Sobre la primera y la segunda de sus preguntas, de nuestra Constitución --porque hoy el día va de eso-- está bien claro a quién corresponden las competencias en esa materia. Tanto es así que el principal órgano que se encarga de estos temas en nuestro país tiene una regulación por Ley Orgánica, que pone de manifiesto que estamos, digamos, en el… Supone unas funciones esenciales en materia de la defensa y de la seguridad nacional, que son sus títulos habilitantes. Además, es así no sólo por la importancia y el rango de esas funciones, sino también porque, a través de esa regulación y a través de la fijación de esa competencia, se pueden garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas que pueden intervenir y operar ese ámbito, desde el punto de vista de la protección y desde el punto de vista de la afectación.

Por tanto, creo que está bien clara cuál es la posición del Gobierno y la posición de ese tipo de organismos dentro de nuestro entramado constitucional, y sólo al Estado le corresponde la prestación de esos servicios, muy ligados con la defensa y la seguridad nacional en su conjunto. Con lo que la vulneración de una norma competencial de ese punto, pero también de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, que corresponden al conjunto de la nación, llevaría a un recurso de esa naturaleza, en el caso de que así fuera la intención de algunos de avanzar en ese terreno.

Sobre la Comisión bilateral, todavía estamos en los temas técnicos y no le puedo anunciar nada al respecto. Se están analizando esos temas, tal y como quedaron en las últimas reuniones mantenidas con los, digamos, órganos técnicos encargados de la preparación de ese tipo de reuniones.

P.- Vicepresidenta, antes decía que el Gobierno dará las explicaciones oportunas respecto a lo que sucede en la Agencia Tributaria. Me gustaría saber si esto implica el que el ministro de Hacienda comparezca en el Congreso, no tanto para explicar ceses o nombramientos que, si son de libre designación, le corresponden a él, sino para explicar esos expedientes concretos que afectan a grandes contribuyentes y que se están resolviendo de una manera que resulta en muchas ocasiones bastante sorprendente.

También me gustaría saber si el Gobierno coincide con la afirmación que han hecho varios diputados, que fueron constituyentes y que además fueron también ministros, apuntando que, si finalmente la Generalitat realiza una consulta no permitida, habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Vicepresidenta.- Usted me pregunta sobre expedientes concretos que afectan a personas físicas o jurídicas concretas, y las leyes reguladoras, especialmente la Ley General Tributaria, son muy claras respecto a la información que puede suministrarse en expedientes concretos que afecten a personas concretas.

Sobre las afirmaciones de algunos diputados, yo no voy a entrar a valorar. Yo respeto la opinión de cada uno. Conocen bien la Constitución y la interpreta cada uno como tiene por oportuno. Yo sólo le voy a decir que la Constitución, en el caso de iniciativas que no quepan en la misma, tiene un primer elemento o primera acción que es clara, que es el recurso al propio Tribunal Constitucional y la posibilidad de suspensión, que, por cierto, es la fórmula ordinaria en la que iniciativas de las Comunidades Autónomas o del Estado que vulneran la Constitución se ponen de manifiesto y se adoptan decisiones al respecto.

Yo creo que en estos asuntos es mejor ir avanzando paso a paso.

P.- Vicepresidenta, ha hablado de cifras del ICO, cifras récord del ICO. No ha dado la cifra de morosidad, pero también es récord. Entonces, quería saber si estaban preocupados por el incremento sustancial de los impagos y cómo se van a evitar.

En segundo lugar, la reforma de la Ley del Aborto ha quedado pospuesta, al parecer, a enero; sin embargo, el ministro de Justicia lleva anunciando desde hace varios meses que va a ser una reforma inminente. ¿Puede explicar por qué se ha producido ese retraso y cuál es la fecha en la que va a venir aquí, a Consejo de Ministros?

Vicepresidenta.- Sobre la morosidad, yo creo que el primer elemento, íntimamente relacionado con esa morosidad, es la propia situación económica, de modo que cualquier mejora y avance en la recuperación económica, indudablemente, contribuirá a una reducción de la morosidad.

Sí le puedo decir uno de los elementos en los que estamos trabajando intensamente y que conducirá, una vez que se reduzca la morosidad pública, a reducir la morosidad privada, porque muchas veces se encadena, que es todo el paquete de erradicación de la morosidad pública que puso en marcha la reforma de las Administraciones Públicas, que se ha concretado en tres elementos: el Plan de Pago a Proveedores, que ya se puso en marcha en su tercera fase en su primera parte; en segundo lugar, dos leyes que esta semana pasan su trámite final en el Senado para volver al Congreso de los Diputados y aprobarse antes de que termine el año, que son la Ley Orgánica reguladora de la Deuda Comercial, de modo que la deuda comercial de las Administraciones Públicas estará sometida al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; y, en segundo lugar, la Ley reguladora de la Factura Electrónica, que, dado que las facturas ya no serán facturas físicas que se pueden guardar en los cajones, sino facturas electrónicas que se registran, sabiendo la fecha de su emisión y la fecha de su recepción por parte del órgano obligado a pagar, contribuirá ineludiblemente a reducir los plazos de pago de las Administraciones Públicas. En el ámbito de la Administración del Estado se ha hecho un importante esfuerzo en este punto.

Éste es uno de los elementos en los que podemos incidir directamente para reducir la morosidad, que es la morosidad pública y, por tanto, la encadenada derivada de éste, y me parece importante ponerlo de manifiesto.

Sobre lo que usted me preguntaba de la información de que hay un retraso a enero, me acabo de enterar porque me lo dice. No es una información que salga del Gobierno. El Gobierno sigue trabajando con los plazos que aquí les dio el propio ministro de Justicia y yo no puedo hacerme responsable de cosas que no salen de quien corresponde. No hay ningún retraso para enero previsto en este momento.

P.- Vicepresidenta, esta semana el Ministerio de Hacienda hacía público el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas más detallado, con calendario y ahorro que el Gobierno ha calculado en las diferentes medidas. Muchas de estas medidas son reducir Defensores del Pueblo autonómicos, Tribunales de Cuentas autonómicos, Agencias de Protección de Datos… Quería saber si algunas Comunidades ya han hecho llegar al Gobierno su intención de reducir esos órganos.

En segundo lugar, le quería preguntar por el dato del CIS. Ahí la corrupción se ha convertido en el segundo mayor problema para los españoles, después del paro. Estas últimas semanas han salido noticias sobre UGT y acabamos de conocer que el juez Ruz imputó a diez empresarios por presuntas donaciones al PP. Quería saber si al Gobierno le preocupa este dato y este tipo de informaciones.

Vicepresidenta.- Lo que se ha hecho público en estos días no ha sido el Informe de la Reforma de las Administraciones Públicas, porque lo que es el grueso del Informe con todas las medidas, incluso algunas que me preguntaba usted, se presentó en junio de 2013, tal y como, además, explicamos ampliamente tanto a la sociedad, como expresamente a los medios de comunicación.

Lo que se ha remitido a las Comunidades Autónomas y se ha hecho público es un voluminoso dossier de las fichas que contienen los cálculos y los elementos tenidos en cuenta para elaborar ese Informe. Asumiendo un compromiso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el grupo de trabajo que se ha creado para esa reforma de las Administraciones Públicas en su seno, que proviene de un mandato de la Conferencia de Presidentes, lo que ha hecho la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas es hacer llegar a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones implicadas, en primer lugar, los datos que nosotros tenemos, sobre los que se basa el Informe, para poder determinar el número de ahorros, la cantidad de millones que se ahorran adoptando las medidas que ahí están previstas.

Eso es lo que se ha hecho llegar y lo que se ha hecho público. En cada una de las 217 medidas de ese Informe se determina en la ficha prolijamente cuál es la situación actual, cuánto se gasta, cómo se puede ahorrar, qué mecanismos se pueden adoptar para ponerlas en marcha, si requieren una reforma legal, si puede hacerse vía reglamentaria, por acuerdos, etc., etc. Eso es lo que se ha remitido a las Comunidades Autónomas, en la parte que les afecta, y lo que se ha hecho público. Es decir, son las medidas que vimos en junio.

De esas medidas en este tiempo hemos incorporado tres más. Una de ellas afecta --por eso miro a la Ministra-- a un asunto importante, que es el de facturación; un proyecto que pondrá en marcha el año que viene --éste es nuevo-- la Seguridad Social para remitir a los empresarios --la ministra lo podrá explicar mejor que yo-- mensualmente los costes de sus cotizaciones, una especie de autoliquidación, como se hace en la Agencia Tributaria. Pero, ya digo, salvo esas tres medidas nuevas, las medidas son las que estaban en el mes de junio de 2013, sólo que ahora explicado detalladamente lo que supone.

Sobre si algunas Comunidades Autónomas han hecho llegar al Gobierno y en distintas reuniones, distintas Comunidades Autónomas han ido asumiendo, algunas lo habían hecho antes y otras se están planteando o, incluso, están adoptando medidas en la línea de ese Informe. No sólo en el ámbito de la reducción de empresas públicas, en que se está trabajando de una manera ambiciosa --se han reducido 535 empresas públicas autonómicas, a datos de después de las vacaciones, y se ha ampliado el objetivo a la reducción de 728--, sino que algunas han reducido algunos de estos, digamos, organismos por los que usted me pregunta. Por poner un ejemplo, el Defensor del Pueblo ha sido eliminado en Castilla-La Mancha y en el Principado de Asturias, y está en discusión y se aprobará su eliminación por la Comunidad Autónoma de La Rioja, por poner un ejemplo de un caso muy claro.

Sobre la corrupción, el Gobierno, en materia de corrupción y regeneración democrática, en primer lugar, ha planteado una Ley de Transparencia, que ya es una ley aprobada; que en materia de buen gobierno está en vigor y que ahora estamos en trámite de construcción del denominado Portal de la Transparencia, que es, digamos, esa página web en la que la totalidad de datos que tiene que volcar la Administración General del Estado, y que estará a disposición de otras Comunidades Autónomas, se incluirá. Como digo, un portal de la Administración General del Estado.

Este mes de diciembre aprobaremos dos leyes relacionadas con el paquete de regeneración democrática que anunció el presidente del Gobierno: la Ley de Control Económico-Financiero de los partidos y el Estatuto de los altos cargos de la Administración General del Estado, que contienen las principales medidas de regeneración democrática que el presidente del Gobierno planteó en el Debate sobre el Estado de la Nación. En el mes de septiembre hicimos público un informe, iniciamos la negociación de los Grupos y tenemos el compromiso de seguir trabajando hasta su aprobación definitiva para, en la medida de lo posible, debate y consenso con todos los Grupos, y este mes de diciembre, como digo, esas iniciativas que modifican un buen número de normas pasarán el trámite de Anteproyecto por el Consejo de Ministros.

Sra. Báñez.- Igual que hace la Agencia Tributaria con los contribuyentes una vez al año, que es mandarles el borrador de su renta, se hará mes a mes por parte de la Seguridad Social a cada una de las empresas. Es un borrador sobre las cotizaciones que tienen que pagar por sus trabajadores cada una de las empresas. De esa manera estamos facilitando los procedimientos de liquidación de las empresas con la Administración, lo estamos haciendo telemáticamente y facilitamos la simplificación de procesos a las empresas, y así también tenemos una mejor gestión de todos los recursos de la Seguridad Social.

P.- Mis preguntas son para la Vicepresidenta. En primer lugar, la señora De Cospedal ha perdido la demanda de derecho al honor que interpuso contra Luis Bárcenas. Yo quería saber si cree que esto refuerza la posición del ex tesorero frente a la versión que están dando el presidente Rajoy y el Partido Popular.

En segundo lugar, también sobre la señora De Cospedal, hoy estamos contando en la Cadena SER que la esposa del consejero de Educación de Castilla-La Mancha tuvo la suerte, entre comillas, de poder saltarse la lista de espera de un hospital público: fue operada antes que pacientes que llevaban más de un año esperando. Yo entiendo que a usted esto no le parece lícito, ¿pero cree que De Cospedal debería dar algún tipo de explicación al respecto?

Vicepresidenta .- Sobre la primera de sus preguntas, el Gobierno tiene que respetar cualquier tipo de decisión judicial y eso es lo que vamos a hacer.

Sobre la segunda de las cuestiones, no tenía ningún tipo de información al respecto; por tanto, no le puedo informar sobre estos hechos que, por otro lado, no corresponden a la Administración General del Estado ni al Gobierno, sino a otra Administración distinta. Nosotros, dado que también estamos en esto de la Constitución, somos respetuosos con el autogobierno.

Muchas gracias.