Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Fomento y de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta .- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de algunos de los asuntos que han sido abordados y acordados en este Consejo de Ministros.

En primer lugar, quiero decirles que hoy da el primer paso una de las que será las principales reformas estructurales que va a acometer el Gobierno español. Hoy se acuerda la creación de una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español. Se trata de una reforma, que pretendemos que sea integral, de todo el sistema tributario, es decir, de nuestros impuestos, tasas y demás tributos en su conjunto, y que está llamada, como lo es la reforma de las Administraciones Públicas, a dar una revisión, un análisis completo, de todo el sistema para proponer soluciones en orden a lograr una serie de objetivos fundamentales:

- En primer lugar, lograr un sistema tributario mucho más sencillo que el actual.

- En segundo lugar, un sistema tributario que garantice la suficiencia de ingresos tributarios --saben que nuestro sistema es uno de los de recaudaciones más bajas de toda la Unión Europea-- y ello hacerlo con respeto a los principios constitucionales de capacidad económica, generalidad, igualdad y progresividad, que ha de regir en nuestro sistema impositivo. Además, se pretende ratificar el compromiso de consolidación fiscal que hemos asumido.

- En tercer lugar, y quizá el objetivo mucho más importante de esta reforma, es que hay que construir un sistema tributario que ayude al crecimiento económico, que favorezca el desarrollo económico. La revisión de este sistema tributario, y así se pedirá a los expertos, tiene que priorizar los estímulos al crecimiento, a la creación de empleo y a la internacionalización de las empresas. También es muy importante que garantice la unidad de mercado y la neutralidad fiscal.

- En cuarto lugar, además, es necesario trabajar por un sistema tributario que favorezca el desarrollo social, adoptándose medidas que favorezcan particularmente a colectivos que han de ser objeto de especial protección, como son las familias; como es la igualdad de oportunidades, especialmente en el caso de las mujeres, o supuestos que busquen una mayor integración social, como es el caso de las personas con discapacidad, y medidas que favorezcan el ahorro.

Las conclusiones y propuestas de esta comisión de expertos se recogerán en un informe final que ha de presentarse en el mes de febrero de 2014. Febrero de 2014 es la fecha tope para que los expertos designados hoy presenten su informe al Gobierno; una vez que lo presenten se extinguirá esa Comisión y empezará la tarea del Gobierno: el diseño y la aprobación, conforme a esas aportaciones, de una reforma tributaria integral y completa.

¿Quiénes van a formar parte de esta Comisión? Exclusivamente profesionales económicos y tributarios de reconocido prestigio en el ámbito académico y profesional. Será presidida por el señor don Manuel Lagares Calvo y formarán parte de ella, como vocales, don Sixto Álvarez Melcón, don Maximino Carpio García, don Francisco Castellano Real, don Juan Francisco Corona Ramón, don Fernando Fernández Méndez de Andés, don Pedro Manuel Herrera Molina, don Rafael Ortíz Calzadilla y don Pablo Hernández de Cos.

En resumen, como decía, hoy se pone en marcha una de las reformas estructurales del Gobierno; una reforma estructural que busca, por un lado, completar la consolidación fiscal; pero, lo que es más importante, utilizar nuestro sistema tributario como un elemento de impulso al crecimiento y a la creación de empleo como un instrumento para garantizar el desarrollo y la equidad sociales. Un instrumento que tiene que, además, atender a una mayor simplificación de los tributos y de los procedimientos para pagarlos que ayude a una recaudación mucho más justa y mucho más equitativa.

Ésa, la primera de las reformas.

La segunda de las reformas, también muy importante; también un compromiso clave de este Gobierno, en su programa y en el Programa Nacional de Reformas: la aprobación del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Saben que es uno de los elementos fundamentales, una reforma estructural esencial, que ha sido demandada por todos los operadores nacionales y extranjeros, porque es una medida de un calado económico esencial; una medida que está pensada para que todos los operadores económicos en España tengan muchas más ventajas y muchas más facilidades a la hora de poder trabajar en todo el mercado español. Se va a elevar a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria después de un amplio trámite de audiencia pública, de recibir quince informes preceptivos y de lograr el respaldo del Consejo de Estado, que avala su constitucionalidad.

Es una norma que, como decía, forma parte de nuestro Plan Nacional de Reformas y que es, quizá, de las leyes económicas de mayor calado en apoyo a la empresa, especialmente a la pequeña y mediana empresa, y para la creación de empleo.

Los estudios del Ministerio de Economía y Competitividad nos dicen que la aprobación de esta Ley puede suponer un aumento del Producto Interior Bruto de 1-1,5 por 100 en diez años; unos 1.500 millones de euros al año.

Lo que queremos traer a España es, sencillamente, lo que rige para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea: que se pueda operar libremente con la licencia de una administración en el territorio de otra, con fórmulas muy sencillas.

Esta Ley se basa en un sistema de licencia única, de modo que un operador que tenga autorización para funcionar, porque así lo ha entendido una Comunidad Autónoma o una Administración, pueda trabajar en otra. Para ello, lo que nos basamos es en un principio de confianza mutua: si en el ejercicio de las competencias cada Administración, ya sea el Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales, funcionamos con un principio de presunción de legalidad y de eficacia en nuestros propios actos administrativos, lo lógico es que otra Administración diferente asuma que lo hecho por una Comunidad Autónoma cumple todos los requisitos de legalidad, y es, además, eficaz.

Estamos, por tanto, también ante una ley que refuerza otro aspecto fundamental, además del económico, que es un principio de cooperación y colaboración entre todas las Administraciones Públicas. Ahí se ha insistido mucho por parte de todos los participantes. Prevé mecanismos que van a permitir a las distintas Administraciones Públicas sentarse en una misma mesa, la del Consejo de la Unidad de Mercado, para poder poner en común y coordinarse en la aplicación de normas y de elementos normativos que tienen que permitir una cosa en la que creo que todos estamos de acuerdo: que tenemos que favorecer la creación de empresas, que tenemos que favorecer la libre actividad empresarial y que tenemos que acometer medidas que nos permitan que los operadores económicos funcionen con mejores costes y con mayor agilidad.

De todo ello informará el ministro de Economía.

También está hoy en esta mesa la ministra de Fomento para dar detalles de un Acuerdo por el que se declaran los servicios de transporte ferroviario de viajeros, competencia de la Administración General del Estado, prestados sobre la red de ancho métrico --Ferrocarriles de Vía Estrecha-- y los de Alta Velocidad media distancia, prestados sobre la Red de Altas Prestaciones AVANT, que quedarán sometidos a obligación de servicio público. Se trata de determinar cuáles son aquellos trayectos con plena garantía a los usuarios que forman parte de esa obligación de servicio público y que, por tanto, deben ser sufragados y mantenidos en los términos que explicará la Ministra.

En otro orden de cosas, en materia de seguridad jurídica y responsabilidad de todas las Administraciones hoy hemos aprobado el Real Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Es una norma muy técnica, pero importante, que lo que trata es de que cada uno asumamos nuestra responsabilidad a la hora de cumplir las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión y del Derecho de ella derivado.

Ante las instituciones europeas, como saben, el Estado asume la responsabilidad por todos, por el incumplimiento de cualquier obligación. El Estado es el responsable, lo sea o no, aunque tengo o no capacidad para evitar el incumplimiento por carecer de competencia en la materia. Hasta ahora existían previsiones legales dispersas en distintas materias que determinaban quién asumía esa responsabilidad en caso de incumplimiento, aunque el Estado fuera, por decirlo de alguna manera, el que diera la cara o al que se dirigían las instituciones comunitarias; sin embargo, no había una norma general, no se había desarrollado hasta ahora, a pesar de que sí se ha hecho en otros muchos ordenamientos jurídicos, como es el caso del ordenamiento alemán.

Ahora lo que hacemos es cumplir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligaba a desarrollarlo, y en ese desarrollo establecer los criterios y los procedimientos para hacer efectivo este principio de responsabilidad; para, además, generar una mayor seguridad jurídica, para que cada uno sepa bien qué tiene que cumplir, cuándo tiene que cumplir y de qué, digamos, obligaciones tiene que responder en caso de incumplimiento; mejorar mucho más la cooperación y la coordinación entre Administraciones para que pueda conocerse qué tipo de responsabilidad puede derivar de cualquier procedimiento y anticiparse a posibles incumplimientos. Con ello también damos cumplimiento mejor a nuestros compromisos europeos y a nuestra imagen institucional como país, y convergemos, como digo, con otros países de nuestro entorno que tienen procedimientos de naturaleza similar.

Antes de la intervención de los ministros de Economía y Competitividad, y de Fomento, les informo también de que el Ministerio de la Presidencia ha elevado al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto por el que se desafecta el yate "Fortuna". Como saben, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y a petición del Monarca, inició un procedimiento para desafectar el yate. Conocida por la Fundación que lo donó la intención del Monarca de no utilizarlo y de que fuera desafectado, ha pedido su devolución porque el "Fortuna" no se destina al fin para el que fue donado. Entienden los Servicios Jurídicos que es una donación modal y, desaparecida esa circunstancia, debe procederse a la revocación. Se ha pedido un informe de la Abogacía del Estado que ha dictaminado que procede la revocación de esa donación, y por tanto la devolución del bien, y lo que hace hoy el Consejo de Ministros por Real Decreto es acordar desafectarlo a Patrimonio Nacional y ahora serán los órganos correspondientes de Patrimonio Nacional quienes harán todos los trámites para proceder a la devolución del buque.

Por último, también les informo de otro asunto que tienen detallado en la Referencia del Consejo de Ministros, así como distintas cuestiones de otro orden, que es que se ha autorizado al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento navarro, apartado 7, artículo único, Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, que modifica, a su vez, la Ley 2/1995, de 10 de marzo, sobre las Haciendas Locales navarras.

Voy a dar la palabra al ministro de Economía para que nos informe sobre los elementos globales y novedosos también de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Sr. De Guindos.- La primera vuelta de esta Ley de Unidad de Mercado se hizo a finales de enero, el 25 de enero, y desde entonces lo que hemos hecho ha sido poner en audiencia pública este Anteproyecto de Ley, que se ha sometido a Comunidades Autónomas, Municipios; diferentes entidades como la Comisión Nacional de Competencia y como la Comisión Nacional de Entidades Locales; y, por último, como más relevante, el propio Consejo de Estado. Es decir, ha sido un proceso amplio, profundo, extenso, de consulta con respecto a una norma que es una norma fundamental.

¿Por qué es una norma fundamental? Es una norma fundamental porque en España existe una situación de fragmentación de mercados desde el punto de vista de la regulación por Comunidades Autónomas, y esto afecta especialmente a las Pymes. ¿Por qué afecta especialmente a las Pymes? Afecta especialmente a las Pymes porque las Pymes son las que tienen mayor capacidad de tratar con diferentes normativas, con diferentes ámbitos de regulación. Las grandes empresas en estas cuestiones tienen departamentos jurídicos amplios y una capacidad muy superior a la de las Pymes.

Por lo tanto, ésta es una norma que, fundamentalmente, lo que hace es favorecer la actividad empresarial y favorecer la actividad empresarial de aquellos operadores especialmente más reducidos, de menor capacidad económica, que se veían, como consecuencia de esta fragmentación de regulación, en ocasiones desfavorecidos y que tenían un impacto negativo desde el punto de vista del crecimiento potencial de la economía española.

Antes lo ha valorado la Vicepresidenta, los estudios que hemos hecho son que, en el medio plazo, eliminar los obstáculos a la unidad de mercado puede elevar el crecimiento potencial de la economía española en un punto y medio; es decir, eso es, aproximadamente, quince mil millones de euros; es decir, 1.500 millones al año durante un período de una década, lo cual supone que, en términos tanto de actividad de crecimiento, como de bienestar, como desde el punto de vista de generación de empleo, es una norma fundamental.

Además, es una norma fundamental porque, más allá de lo que es la normativa que vemos aquí, lo que indica es la voluntad del Gobierno, que ha sido apoyada por parte de las instituciones internacionales, de facilitar, favorecer y eliminar regulación inútil, que, en última instancia, está impidiendo y está dificultando nuestra competitividad, está dificultando la inversión extranjera y está dificultando, en última instancia, que incluso las empresas ganen escala. Porque, cuando te encuentras con limitaciones desde el punto de vista de la regulación, que lo que hacen es afectar a tu capacidad de hacer negocios en ámbitos territoriales más amplios, lo que estás haciendo, en última instancia, es afectar a la escala y la escala en ocasiones es uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista de la eficiencia.

¿Cuál es el contenido de la norma? Yo se lo voy a recordar, porque ya la presentamos aquí a finales de enero, pero me gustaría empezar subrayando que éste es, seguramente, el Anteproyecto de Ley que mayor realce da a lo que es la capacidad de las Autonomías, de las Comunidades Autónomas, para regular. Porque lo que hace, en última instancia, es que si una actividad económica, si un operador está autorizado en una Comunidad Autónoma, entonces, inmediatamente puede extender su actividad económica al conjunto del territorio nacional. Es el principio del pasaporte único; es el principio de que si tú actúas y estás regulado en una parte del territorio nacional, ya puedes actuar sobre la totalidad del mismo, independientemente de la Comunidad Autónoma en la cual te hayas domiciliado, por decirlo de una forma, y estés cumpliendo la legislación.

Por lo tanto, los operadores lo que hacen es que se someten a la legislación de origen y, a partir de ahí, pueden actuar, aunque las Comunidades Autónomas tengan otras regulaciones para la instalación, en el conjunto del mercado nacional.

Otros principios de la Ley, que son absolutamente congruentes con lo que comentaba yo anteriormente, son el principio de no discriminación y el principio de unicidad y de consistencia en la intervención; es decir, las intervenciones de las Administraciones tienen que ser proporcionales, tienen que ser transparentes y tienen que ser coherentes con lo que es la búsqueda de la actividad económica y de favorecer la actividad económica.

Por otro lado, también se indica en la norma, y es un aspecto muy importante, que el régimen de autorizaciones administrativas de las diferentes Administraciones Públicas tiene que, de alguna forma, limitarse a aspectos muy concretos. Es decir, las autorizaciones no se pueden utilizar de forma discrecional; solamente se pueden utilizar con ocasión de razones de orden público, seguridad, salud pública o protección del medio ambiente.

Por otro lado, también, como no puede ser de otro modo, se regulan instrumentos para que las diferentes Administraciones Públicas, las diferentes Comunidades Autónomas, colaboren entre sí. Por ejemplo, en todas las normas que se vayan aprobando va a ser necesario que en la memoria de impacto normativo se incluya una referencia a la incidencia en lo que es la unidad del mercado.

Por otro lado, también es imprescindible un intercambio de información electrónica, dada la naturaleza del proyecto que estamos hablando, y también la integración de las bases de datos de los diferentes registros que existen en las Administraciones Públicas.

Se crea un Consejo de Unidad de Mercado, que estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y la Secretaría estará en la Secretaría de Estado de Economía, y lo que hace será la supervisión continua de la implementación y aplicación de la norma, y la gestión de los mecanismos de protección de los operadores; y hará una evaluación, un informe anual, de lo que está siendo la unidad de mercado en España y un código de buenas y de malas prácticas.

Por otro lado, también en combinación con lo que era la normativa anterior, este principio del pasaporte único, se ha iniciado, en paralelo a la aplicación de la Ley --ya hemos empezado a trabajar en ello--, un desarrollo de racionalización normativo. Hemos identificado cerca de seis mil normas, tanto estatales, como autonómicas y como locales, que pueden tener impacto en la actividad económica, en la actuación de las diferentes empresas, en veintiocho sectores de actividad. Lo que se va a intentar, fundamentalmente, es evaluarlos con base en dos parámetros: el primero es la racionalidad, coherencia y posible simplificación de las normas; y, en segundo lugar, cuáles son los medios de intervención estatales para adaptarlos al modelo de regulación del Proyecto de Ley, que, como decía anteriormente, es un modelo de simplificación y es un modelo de racionalización.

A partir de ahí, se preparará un informe en el que saldrán propuestas sobre la modificación de la legislación estatal actual y también propuestas para discutir, cuando se trate de normas comunitarias, en las Conferencias Sectoriales.

Por último, existe un sistema de solución o resolución de los potenciales conflictos que se puedan producir, en el cual, tras un sistema voluntario y de acuerdo entre las partes, sin ningún tipo o naturaleza de arbitraje, lo que se hará es que se otorgará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la posibilidad de plantear resoluciones ante la Audiencia Nacional cuando efectivamente haya actos o haya regulaciones de las Comunidades Autónomas que se considere que van en contra del principio de la unidad de mercado, y además se puede hacer a instancias del operador afectado. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera o plantea este recurso, entonces se plantearía una suspensión del acto que ha sido recurrido o de la regulación que ha sido recurrida durante un período mínimo de tres meses, en el cual la Administración pública podrá alegar cuáles son las razones de dicho acto o de dicha regulación y, posteriormente, lógicamente, se resolverá al respecto por parte de la Audiencia Nacional.

En definitiva, es un paso importantísimo a la hora de simplificar la vida empresarial en España, si me aceptan ustedes la expresión; el desenvolvimiento, como decía anteriormente, de las pequeñas y medianas empresas. Es, además, una reforma que formaba parte de nuestro Plan Nacional de Reformas y que, además, se ponía de manifiesto en las recomendaciones a España por parte de la Comisión que se deberían llevar a cabo con rapidez y con el contenido que se había visto en lo que era el Anteproyecto de la primera vuelta; y, por otro lado, también por parte del Fondo Monetario Internacional.

Sra. Pastor.- Como ha explicado la Vicepresidenta, voy a presentar la segunda fase del Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, los servicios de ancho métrico o lo que se conoce como Ferrocarril de Vía Estrecha, y los servicios Avant.

Este Plan de Racionalización de obligaciones de servicio público en los servicios ferroviarios está incluido, como saben, en el Programa Nacional de Reformas y engloba, dentro de las reformas para la modernización e incremento de la calidad y eficiencia del transporte ferroviario, por una parte, los servicios de mercancías, en los que ya está definida la obligación de servicio público, y los de media distancia.

Lo que hoy se trae es el resto de los servicios que están sometidos a obligación de servicio público y que ya preveía el Real Decreto-Ley 22/2012, del 20 de julio del año pasado, y el Consejo de Ministros, como saben, del 28 de diciembre trajo la primera fase.

¿En qué consiste éste Plan de Racionalización? En primer lugar, lo que hace es definir cuáles son esas obligaciones de servicio público que financia el Estado para todos los ciudadanos españoles. Para dar cumplimiento al mandato, el Ministerio garantiza la movilidad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, y siempre se tiene en cuenta que cualquier ciudadano de nuestro país tenga una alternativa siempre, o ferroviaria o a través de una línea de autobuses, para que pueda moverse dentro de su territorio. En el caso de las islas, como saben, además hay obligaciones de servicio público aéreas, como por otra parte es normal.

En la fase uno, como les decía, se incluyó la media distancia que va sobre red convencional. ¿Qué es lo que se hace ahora? Los servicios Avant. ¿Qué es un servicio Avant? El servicio Avant es aquel servicio de media distancia, pero en el que trascurre el tren por una Vía de Alta Velocidad; es decir, con trenes específicos, no es el tren de Alta Velocidad, pero da un servicio público. Los precios en este caso son aprobados por el Gobierno y las tarifas tienen que ser aprobadas por el Gobierno. Por lo tanto, no es un servicio comercial.

Pondría algunos ejemplos. Por ejemplo, el Madrid-Toledo, que es un billete sencillo, vale 12,5 euros, o el Madrid-Valladolid, o el Zaragoza-Calatayud.. Y utilizando bonos, como saben, abonados, hemos visto que hay más de un 33 por 100 de personas que utilizan este servicio que es servicio recurrente, es decir, lo utilizan prácticamente todos los días de la semana; son personas que se desplazan para hacer gestiones pero, fundamentalmente, personas para su trabajo.

Lo que hace Fomento es subvencionar el déficit de explotación de estos trenes, es decir, la diferencia que hay entre los ingresos por billete y lo que cuesta el servicio en su totalidad. Son trenes que tienen una importante demanda, por tanto, y son viajeros normalmente recurrentes.

Los servicios Avant fueron utilizados en el año 2012 por algo más de seis millones de viajeros, con un aprovechamiento medio del 46,5 por 100. Recordarán que, cuando presenté la orden en el mes de diciembre, había servicios de media distancia que no eran Avant en los que la ocupación era del 1 y, a veces, del ninguno por 100. Había estaciones pequeñitas en las que no subía ningún viajero, incluso ni en un mes. ¿Por qué se produce esta mayor ocupación? Lógicamente, porque al ir estos trenes por una línea de Alta Velocidad, tardan menos y, por lo tanto, son servicios que tienen ocupación, porque todas las personas tienen una distancia que recorren en menor tiempo y a un coste razonable.

Son servicios rentables o desde el punto de vista económico, en muchos casos; pero, sobre todo, son rentables desde el punto de vista social, por lo que se mantienen todas las oportunidades de viaje. Es decir, en los servicios Avant que hoy aprobamos se mantienen todos los servicios que hay en España en este momento. Solamente hay un caso, que el servicio de Calatayud, pero en ese caso lo que se hace es que a todos los viajeros que utilizaban ese servicio Avant se les permite que suban en AVE, en el AVE que va a Zaragoza, y que el coste sea el mismo que si fueran en ese servicio alternativo que era Avant.

Por lo tanto, son servicios en todo caso que son financiados, pero sólo las parte que no cubre la tarifa. Se han reorganizado todos los servicios, pero los servicios siguen siendo los mismos en todo el territorio, y se prevé un ahorro anual de 4,6 millones de euros.

A continuación, los servicios de ancho métrico. En España tenemos 1.193, si no me falla la memoria, kilómetros de vía estrecha, es decir, de la vía métrica, que no es el ancho ibérico. Saben que hay tres tipos de ancho: el ancho métrico, el ancho ibérico, que es un poquito más ancho que el europeo, y el ancho internacional, el ancho UIC. Pues bien, los servicios ferroviarios de viajeros, como le digo, tienen 1.193 kilómetros y son servicios que obtienen ingresos reducidos en comparación con los costes. Tienen una cobertura económica media del 19 por 100 en Cercanías y del 10 por 100 en regionales.

Según los datos del año 2012, que son los últimos cerrados, el aprovechamiento medio está en el 24 por 100. Son servicios de gran relevancia social para la vertebración territorial con un elevado número de viajeros al año y, en muchos casos, son viajeros que no tienen otra alternativa o la que tienen es por carreteras comarcales, además con unas condiciones de temperatura… Son zonas de montaña en muchos casos. Saben que están en todo el norte de España, fundamentalmente, desde León a Asturias, pero, sobre todo, País Vasco- Cantabria, Asturias-Galicia y, después, una parte en Cartagena. Pues bien, son de gran relevancia, los han utilizado 9,5 millones de viajeros, nueve millones en Cercanías de Vía Estrecha y cerca de 0,5 millones en servicios regionales. Es decir, los que se mueven ya entre Cantabria y Asturias, o entre Asturias y Galicia, o entre Galicia y el País Vasco.

En la mayoría de los recorridos, como les digo, es difícil garantizar una alternativa por carretera utilizando modos de transporte alternativo, como el autobús, debido a la complicada orografía y a las dificultades climatológicas. Las vías alternativas son carreteras en muchos casos secundarias y de montaña, y de trazado complejo, y en las que, además, el tiempo es incluso el doble que puede ser en ferrocarril.

Por tanto, lo que hacemos es mantener como obligaciones de servicio público todas las relaciones sobre el ancho métrico por su papel específico, por su garantía de accesibilidad a todos los ciudadanos y por, además, estar afectando a ciudadanos que viven en poblaciones pequeñas y sin otros modos alternativos.

A pesar de ello, el Plan de Eficiencia y Ajuste de Gasto combina racionalización de costes y aprovechamiento de sinergias. Por ejemplo, hay algunos tramos en los que ponemos trenes que tienen pocas plazas. Son los conocidos como "Tamagochi", que es un tren pequeñito, que tiene pocas plazas, y lo que haces es que en aquellos recorridos donde tienes un histórico de pocas personas utilizas ese tren más pequeño. Es decir, lo que estamos haciendo es algo de sentido común que harían todos ustedes, que es adaptar la oferta a la demanda, y eso reduce el gasto en 4,7 millones de euros.

Concluyo ya, señora Vicepresidenta. Con estas medidas que acordado el Gobierno se garantiza el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tanto en los servicios Avant como en los servicios que ustedes conocen, estos servicios de vía estrecha. Esta optimización es de diez millones de euros que se vienen a sumar, como se había contemplado en el Plan Nacional de Reformas, a los más de cuarenta millones de los servicios de media distancia.

Estamos intentando, como saben, en los servicios que son OSP tener racionalidad y dar servicio a todos los ciudadanos, y en los servicios comerciales, como es el AVE, que hoy no trae causa pero lo quiero recordar, que son servicios comerciales, lo que queremos es que la cuenta de resultados dé bien, no que les cueste nada a los españoles y no se ponga dinero público. Pero hemos bajado los precios, como saben, con el fin de que los trenes que iban, a veces, al 30 por 100 en este momento vayan a una ocupación altísima. En el caso, por ejemplo, del último tren AVE que hemos abierto, el de Alicante, se han vendido ya más de 75.000 billetes y hemos tenido días de ocupación de lo nunca visto hasta ahora, de más del 90 por 100.

P.- A la Vicepresidenta varias cuestiones en clave internacional. El presidente venezolano ha llamado "indigno" y "abusador" al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, por el caso del vuelo del señor Morales. Me gustaría saber si el Gobierno va a llevar a cabo algún tipo de gestión diplomática ante estos calificativos y si se reafirman, Vicepresidenta, en la posición adoptada en el caso del vuelo.

También en clave internacional, me gustaría una valoración del Gobierno sobre el golpe del Ejército en Egipto, una valoración en este sentido.

En clave nacional, Vicepresidenta, el Partido Socialista ha criticado abiertamente las investigaciones e imputaciones llevadas a cabo por la juez Alaya. Me gustaría saber si considera el Gobierno que un partido político puede criticar abiertamente las decisiones judiciales.

Y al ministro de Economía, una cuestión muy breve. Me gustaría saber si observa con preocupación la situación política en Portugal y si cree que la situación de este país puede traer inestabilidad a España.

Vicepresidenta.- En relación con su primera pregunta sobre las declaraciones del señor Maduro, han oído esta mañana muy clara y muy extensamente al ministro de Asuntos Exteriores. Yo no sé si Maduro conoce, digamos, el conjunto de las declaraciones y de las actuaciones de los distintos Gobiernos, y especialmente del Gobierno español. Me gustaría, fundamentalmente, destacar que, digamos, el Gobierno afectado por los acontecimientos de ese día ha hablado a través de su canciller, quien ha señalado expresamente que quiere agradecer al Gobierno español, porque inmediatamente ellos han respondido favorablemente, para que el presidente Morales pueda reabastecerse --se entiende de combustible-- en las Islas Canarias. Es decir, yo creo que hay un error también por parte de quien ha emitido esas declaraciones en cómo se han desarrollado esos acontecimientos porque, como verá usted, la incongruencia de quien ha experimentado esa situación y quien la ha conocido, digamos, ya de segunda derivada, no coinciden en su apreciación.

Sobre la situación en Egipto, y dado que me solicita una posición del Gobierno español, en primer lugar, hay que señalar o hay que lamentar las víctimas que se han producido en este conflicto; y hacer un llamamiento a la calma, a la contención y a la prudencia, para evitar un enfrentamiento más grave entre la ciudadanía, que vive una situación terrible de tensión y de polarización. Nosotros creemos que esto no debe justificar la cancelación del proceso democrático, todo lo contrario, y urgimos al restablecimiento del poder civil en Egipto en el plazo más breve posible; un poder que respete e integre las distintas sensibilidades que coexisten en la sociedad egipcia. Por ello, nuestra posición es reclamar la convocatoria de elecciones sin tardanza para que pueda devolverse al pueblo egipcio otra vez su palabra mediante cauces democráticos.

Nosotros hemos acompañado el proceso de transición desde el más absoluto respeto y seguimos en esa línea de respeto y de atención a un pueblo que debe superar esta situación, transición de nuevo a la democracia para la que goza de todo el apoyo del Gobierno español.

Sobre las críticas a los jueces, yo creo que es buena doctrina la que sigue el Gobierno español que, como poder que es, diferente de otros, respeta las decisiones de otros poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial. Y nosotros a lo que invitamos a los demás es que hagan lo mismo que hace el Gobierno: respeto a las decisiones judiciales.

Sr. De Guindos.- En relación con Portugal, aunque hubo algún momento de incertidumbre con la salida del ministro de Asuntos Exteriores, que además era líder de uno de los dos partidos que formaban la coalición, después se ha puesto de manifiesto que la coalición continúa, con lo cual está garantizada la estabilidad política.

Después también ha salido el anterior ministro de Finanzas, la sustituta era la número dos, es decir, la conocemos perfectamente en el Eurogrupo, y estamos convencidos de que Portugal, como ha venido haciendo, y lo ha hecho de una forma prácticamente ejemplar, está llevando a cabo todas las reformas que tiene que llevar a cabo y un esfuerzo, a veces costoso desde el punto de vista social, de ajuste presupuestario. Pero es la forma en la cual Portugal estamos convencidos de que va a volver a tener acceso a los mercados de forma recurrente, tal como estaba previsto en el plan de rescate de Portugal.

P.- Al ministro de Economía. Me gustaría saber si se va a garantizar que ninguna Comunidad Autónoma puede discriminar a empresa contratistas por razones lingüísticas; ha ocurrido en Guipúzcoa con Bildu. Parecer ser que el primer borrador contemplaba esta cuestión, pero luego se ha rebajado.

También quiero saber por qué ahora va a presidir el ministro de Hacienda este Consejo por la Unidad de Mercado, que antes era el ministro de Economía.

Y a la Vicepresidenta. Ya que no está el ministro Montoro, quería saber si la reforma, que va a estar lista en febrero de 2014, se pretende que entre en vigor en 2015 y, si es así, si no se podría intentar adelantar un poco para que tenga más efectos y no entre en vigor en año electoral.

Luego quería saber si ha reflexionado sobre la bajada de doce puntos en el IRPF que ha propuesto Aznar en su informe de FAES. El ministro Montoro dijo el martes que lo haría. ¿Qué le parece su argumento de que estos tipos tan elevados no están consiguiendo recaudar en el IRPF lo esperado? ¿Realmente el Gobierno habría apostado ahora por esta reforma si Aznar no hubiera criticado su política fiscal, como hizo en aquella entrevista, y luego hubiera presentado este informe? Porque ustedes a las dos o tres semanas reaccionaron y propusieron su reforma, y ahora yo creo que los objetivos son muy parecidos, aunque de momento las formas no conocemos las suyas tanto.

Sr. De Guindos.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas siempre, desde los primeros borradores del Anteproyecto de Ley, es el que presidía, es el que estaba definido que tenía que presidir el Consejo de Unidad de Mercado; por tanto, no ha habido ningún tipo de modificación. Y tiene una lógica, porque el ministro de Hacienda también es ministro de Administraciones Públicas y aquí estamos hablando de regulación autonómica; con lo cual tiene toda la lógica. Después, la coordinación con el Ministerio de Economía en los aspectos económicos se da porque la secretaría la tiene el secretario de Estado de Economía.

En relación con las cuestiones lingüísticas, supongo que se refiere usted al etiquetado. El etiquetado de los productos en estos momentos… Nosotros tuvimos muchísima relación con todos los sectores empresariales y lo que nos comunicaron fue que el tema lingüístico de la rotulación de las etiquetas en diferentes lenguas no es un obstáculo fundamental. Además, aquí ya existe una normativa comunitaria en la cual, para los productos agroalimentarios, se establece que tiene que ser en una lengua, lógicamente el castellano, y también estamos a lo que ocurra con la regulación comunitaria en otros ámbitos.

Pero la percepción general, en relación con el tema del etiquetado, es que no era un obstáculo básico del cual se busca la eliminación como objeto fundamental en esta norma y, por lo tanto, se recoge lo que se recoge. Nunca ha habido modificación sustancial al respecto.

Vicepresidenta .- Sobre el conjunto de sus preguntas en relación con la revisión del sistema tributario, la emisión del informe es para febrero de 2014; pero eso ni condiciona ni anticipa la fecha de entrada en vigor de las leyes que pueden derivarse de la aprobación de este informe.

Por otro lado, me pregunta usted por adelantar efectos. Hay una parte importante de lo que pudiera haber constituido esa reforma fiscal que es todo el tratamiento fiscal de los emprendedores, que supone una factura fiscal de unos dos mil millones de euros y que ha sido anticipada a la Ley de Apoyo al Emprendedor y a su Internacionalización, que, como saben, remitimos la semana pasada a las Cortes Generales. En ella se contemplan algunas de las medidas más importantes, que lo eran, además, del programa de este Gobierno: la aplicación del llamado IVA de caja; el cambio del momento del devengo, para que no se anticipe el IVA de las facturas que no han sido cobradas; y deducciones que consideramos que son fundamentales para el objetivo esencial de esta reforma tributaria, cual es el crecimiento económico. El ejemplo más claro pueden ser las deducciones por reinversión de beneficios: permitir una deducción mayor cuando las empresas, lejos de repartir dividendos, lo que hacen es utilizar esos beneficios en ampliar la empresa, en ampliar sus capacidades o en, digamos, adquirir material que les permita ser todavía mucho más competitivos.

Como digo, hay efectos, por tanto, adelantados e importantes de cualquier reforma fiscal en esa reforma fiscal que se aplica a un elemento fundamental de nuestra economía, como son las Pymes, dado que tres de cada cuatro trabajadores dependen de ellas. Con lo que no es, digamos, un colectivo menor a la hora de atenderlos en una reforma fiscal.

Indudablemente, en relación con su segunda pregunta, el Gobierno ha nombrado a un equipo de expertos que son de una gran trayectoria y tradición, también, en algunos grupos de trabajo en años pasados. Yo les invito a que analicen cómo y quiénes llevaron a cabo las reformas de los Impuestos de la Renta en el año 1997 y en el año 2003; ésas fueron las fechas de entrada en vigor. Es decir, estamos hablando de gente con una gran trayectoria.

También quiero recordarles que, cuando se planteó, entre otras cuestiones, el Plan Nacional de Reformas siempre se diferenciaron dos fases importantes: el primer año, indudablemente, con un agujero de déficit fiscal del 9 por 100 --y tengo aquí al ministro de Economía que puede completar lo que yo digo--, hubo una urgencia fundamental, que es lograr la consolidación fiscal. Ahora, pasados esos primeros momentos y habiendo demostrado que todas las Administraciones Públicas están comprometidas en esa senda, y las nuevas perspectivas de la economía española, dada la presentación del próximo techo de gasto, permiten embarcarse en otro tipo de cuestiones importantes, como es esta reforma integral.

Hemos anticipado algunas cuestiones, como la lucha contra el fraude, que probablemente podrá también avanzarse, o el asunto de los emprendedores, que ponen de manifiesto que este Gobierno tiene una política tributaria que es la que quiere hacer, si bien en el primer año, con el déficit que había, el que se sabía y el que no, las urgencias eran otras. Y gracias a ese compromiso de todos también hemos evitado circunstancias que, desde luego, eran de las que estábamos hablando los que estamos aquí sentados, exactamente hace un año, un mismo viernes.

P.- Al ministro de Economía me gustaría hacerle una pregunta. Ha habido un último informe, conocido esta mañana, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo sobre la solvencia y sobre la situación de la Banca española, de los Bancos españoles. ¿Puede confirmar o no lo que dice ese informe en concreto sobre la no necesidad de más financiación, aunque sí habla de un control más exhaustivo y continuado de los activos en las entidades financieras españolas?

Y a la Vicepresidenta, dos cuestiones muy concretas. Una, ¿ha habido contactos o avances en las últimas horas con el vicepresidente de la Comisión, con el comisario Joaquín Almunia, sobre la devolución de las ayudas a los astilleros?

Y en clave política, ¿le preocupa al Gobierno la bajada en las encuestas del partido que sustenta al Gobierno, al igual que el principal partido de la oposición? ¿Esto marca un declive del bipartidismo en España?

Sr. De Guindos.- Supongo que se refiere usted al informe que vamos a ver el lunes en el Eurogrupo, que es el tercer informe que han elaborado la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y también tendremos otro informe por parte del Fondo Monetario Internacional, que es consecuencia de la aplicación del programa de asistencia financiera a nuestros Bancos.

Yo creo que es un informe positivo. Indica que estamos cumpliendo todas las etapas y todos los pasos a los que nos comprometimos, y en él se señala, además, que los Bancos españoles no necesitan más capital, que es algo que ya había comentado el Gobierno; que incluso lo que es la evolución de los datos macroeconómicos se encuentra más próxima al escenario base que había analizado el evaluador independiente, que era Oliver Wyman, que al escenario más negativo, que es el que determinó la inyección de capital; y, por lo tanto, que la evolución del sistema bancario español sigue su curso de acuerdo con lo que se había previsto en el Memorándum de Asistencia y de Entendimiento, y con el Programa de Asistencia Financiera.

Con respecto al tema del control exhaustivo, lógicamente hay una preocupación, no solamente en España, sino en Europa, de que, si no mejora la evolución económica, puede haber un impacto sobre los activos bancarios. Pero ésa es una preocupación general; es decir, es la interrelación que se produce siempre entre actividad económica y la situación de solvencia de las entidades y de calidad de sus activos.

Con lo cual yo creo que es un informe positivo; es el tercero que se hace. Nos queda ya prácticamente el que sería el último, a elaborar a finales de septiembre o principios de octubre, y, lógicamente, la satisfacción porque se va cumpliendo el Programa de Asistencia Financiera con los resultados que todos pretendíamos.

Vicepresidenta.- En relación con el asunto del "tax lease", la situación del sector naval, les informo de que, en un principio, el ministro de Industria y los presidentes de las Comunidades Autónomas más afectadas, más implicadas en el naval, como son Asturias, Galicia y el País Vasco, mantendrán una reunión en Bruselas sobre el "tax lease" con el vicepresidente de la Comisión y comisario de la Competencia, el señor Joaquín Almunia, el próximo jueves, 11 de julio.

El Gobierno español y los Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas más afectadas consideramos que hay argumentos jurídicos más que de sobra para apoyar la no devolución de esas ayudas concedidas al sector en forma de bonificaciones fiscales. Lo que es la trayectoria de decisiones en la Comisión Europea y en el Tribunal de Justicia avala un sistema como el nuestro y, desde luego, en la defensa de esos argumentos jurídicos entendemos que hay margen más que suficiente para reconsiderar esa decisión en un sector clave para España, pero también para el conjunto de Europa, del que dependen 85.000 puestos de trabajo.

Por eso, y siendo muy conscientes de que hay argumentos jurídicos que permiten con claridad defender la posición española, esta posición de defenderá, no sólo por el ministro de Industria en representación del Gobierno, sino por los tres representantes, los tres presidentes, de las tres Comunidades Autónomas principalmente afectadas el próximo jueves 11 de julio.

En cuanto a la segunda de sus preguntas, ya saben mi trayectoria en esta mesa de no comentar las encuestas; respetarlas, comentarlas… Creo que son, simplemente, un instrumento de trabajo. Yo creo que, como Gobierno, nosotros tenemos un objetivo mucho más allá de esas encuestas, que es recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestro país, y también coadyuvar a la estabilidad institucional y política, que es muy importante, a la vista de alguna de las preguntas que han efectuado ustedes también al ministro de Economía esta mañana. Creo que también es un elemento importante a valorar.

P.- Quería preguntarle por el "caso Snowden". Teniendo en cuenta las noticias que están saliendo en otros países, ¿puede garantizar el Gobierno que en España no se han intervenido datos de manera indiscriminada y sin autorización judicial?

Siguiendo también con este tema, usted, en la Legislatura pasada, en el Congreso, pidió al PSOE que regulara el sistema de interceptación de comunicaciones, el SITEL. Quería saber si ahora, teniendo en cuenta que ya está en el Gobierno y, sobre todo, que usted es la máxima responsable del CNI, por coherencia va a impulsar esa regulación.

Vicepresidenta.- En primer lugar, sobre la intervención de las comunicaciones, en nuestro país hemos sido pioneros, y de hecho hay Estados que en los últimos años han venido a interesarse por el sistema, en mecanismos de interceptación de las comunicaciones con autorización judicial. Ése es el funcionamiento de nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Obvio ya la interceptación que se produce en el seno de los procedimientos judiciales, pero saben que se aprobó una ley, con un mecanismo muy específico, de previa autorización judicial de cualquier tipo de comunicaciones, que son muy restringidas en territorio español, de acuerdo con nuestra propia normativa y con autorización judicial.

Sobre la regulación del SITEL, precisamente éste es uno de los puntos que formará parte de la discusión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se abordarán cuestiones como la regulación de estos mecanismos.

P.- Al Ministro le quería preguntar sobre la reforma fiscal. Si la plantean para febrero de 2014, es lógico pensar que la vayan a aplicar en 2015, porque, si no, lo harían ahora, como han hecho con la reforma de las pensiones. Han dado dos meses a los expertos y ahora les han dado mucho más tiempo. Entonces, yo le quería preguntar: ¿usted cree que hay margen para bajar el IRPF en 2014 o no lo hay? ¿Hay alguna posibilidad?

A la Vicepresidenta. Sobre la crisis diplomática ya le preguntaban antes y yo le quería rematar la idea: ¿admite el Gobierno algún tipo de error, porque el señor Evo Morales sí está molesto con que, según su versión, se intentara vigilar el avión de alguna manera? ¿Admite algún error? ¿Va a pedir algún tipo de disculpas?

También ayer el ministro Wert habló de dejar la política después de su mandato. ¿Mantiene el Gobierno el apoyo a Wert? ¿Se está fraguando algún tipo de crisis de Gobierno?

Por último, hoy sale el CIS y aumenta la preocupación por la corrupción y por la política. ¿Cree el Gobierno, de alguna manera --le pregunto por su participación--, que el silencio sobre el "caso Bárcenas" y sobre otras clases de corrupción puede contribuir a que crezca en el CIS esta preocupación por la corrupción? ¿Cree que se está gestionando bien, digamos, la imagen pública?

Sr. De Guindos.- Sí, lo ha comentado antes la Vicepresidenta. Independientemente del informe que hagan los expertos, que estará en febrero del año que viene, ya hay medidas de ámbito fiscal con las que se están tomando alivios desde el punto de vista de impuestos, como, por ejemplo, en la Ley de Emprendedores, que se valorarán en torno a los dos mil millones de euros.

Después, en relación con el margen del IRPF, yo me vuelvo a referir a lo que es nuestro Programa de Estabilidad. Se dice que antes del año 2015 se revertirá totalmente el incremento que hubo del IRPF, que se llevó a cabo a finales del año 2011 y que empezó a aplicarse en el año 2012. Por lo tanto, ése es el planteamiento del Gobierno, tal como está en nuestro Programa de Estabilidad.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, creo que la expresión que tenemos más clara de lo que ha pasado y de lo que consideran las autoridades bolivianas de la actuación española están las palabras del canciller Choquehuanca, que ha señalado claramente que agradece nuestra posición y el haber respondido favorablemente a su petición, con lo que si el afectado agradece cómo se ha comportado el Gobierno español, nosotros, lógicamente, ponemos en valor sus palabras.

Sobre la tercera de sus preguntas, creo que me hizo la misma ---si no era usted, un compañero-- hace dos viernes y yo mantengo íntegramente lo que dije entonces. Creo que la reforma de la educación es absolutamente necesaria e imprescindible en nuestro país. No he oído todavía ningún argumento que avale mantener el sistema actual. Es una reforma difícil y es una reforma compleja, pero también es una reforma necesaria. No creo que nadie quiera conformarse con los niveles de fracaso que hay ahora. Desde luego, el señor Wert está trabajando para tratar de arreglarlos.

Y sobre su otra pregunta, yo creo que en las cosas hay que encontrar un punto medio y este Gobierno, ni interferirá en las resoluciones judiciales, como me han preguntado hace un momento, ni intentará presionarlas de ninguna manera. Para nosotros, nuestro máximo respeto y nuestra máxima colaboración con las autoridades judiciales, con independencia de quién esté afectado en el procedimiento. Yo creo que la congruencia también es necesaria. Y por lo demás, como Gobierno, llevar a cabo cuantas reformas sean necesarias para evitar que se repitan situaciones de esa naturaleza. Ahí tienen la Ley de Transparencia y los futuros trabajos de medidas de regeneración, que están ya muy avanzados en el grupo que creamos al efecto.

P.- Vicepresidenta, yo le quería preguntar sobre la comisión de expertos de la reforma tributaria. No va a haber ningún representante político, entiendo; pero tampoco va a estar dirigida por el Gobierno; como ha ocurrido con la reforma de la Administración en la que estaba el Gobierno detrás, encabezando la reforma. En este caso, ¿el Gobierno no va a participar en esa comisión? ¿Va a esperar a recibir el informe y, a partir de ahí, lo lleva adelante? No sé si es así.

Luego, le quería pedir la valoración también de lo que hemos conocido del vicepresidente de la Junta de Andalucía, que compró en su día una vivienda a bajo precio de un desahuciado. Quería saber qué le parece y si lo ve compatible también con ese discurso beligerante que están teniendo desde la Junta de Andalucía respecto a los desahucios y la expropiación de viviendas.

Vicepresidenta .- Sobre la comisión de expertos, en este caso, lo que se ha decidido, como en algún otro supuesto, es una comisión únicamente de expertos independientes y de profesionales del sector.

En el caso de las Administraciones Públicas lo que hicimos fue una comisión de representantes de los distintos ministerios y de funcionarios, porque la Administración Pública y su auditoría, que era de lo que se trataba, entendíamos que se conocía muy bien y que podía hacerse muy bien por quienes están dentro de sus propias estructuras.

No obstante, si recuerdan, constituimos un Consejo Asesor; es decir, el grupo de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas hizo la auditoría completa y todas las propuestas, pero fue apoyado por la creación de un Consejo en el que estaban integrados la patronal, los sindicatos, distintos representantes de consumidores y usuarios, de autónomos, etc., etc., que nos aportaron su visión desde fuera de la propia Administración y la fuimos integrando.

En este caso es otra fórmula posible. Se ha constituido una comisión de expertos muy conocedores del sistema de Hacienda Pública, pero también de los fundamentos de la economía española, porque, como ya decía, uno de los objetivos fundamentales de esta reforma del sistema tributario es que sirva para el crecimiento económico.

Sobre la situación personal del vicepresidente de la Junta de Andalucía, yo le voy a decir lo que el Gobierno ha hecho en este punto: cuando llegamos, no se había adoptado ninguna medida en relación con el problema de los desahucios. El Gobierno llegó, y está aquí el ministro de Economía, como principal impulsor, aprobó dos Reales Decretos-Leyes con medidas para paliar este problema y lo hicimos en el convencimiento de que teníamos que encontrar medidas responsables y equilibradas que nos ayudaran a solventar una cuestión, que no era nueva pero que nadie, desde luego, se había tomado la molestia de abordar globalmente hasta este momento. Lo hemos hecho con absoluta coherencia, sabiendo que había un problema y que había que buscar una solución, que fuera una solución equilibrada y que resolviera problemas. No se trataba de hacer discursos, se trataba de dar soluciones.

En cuanto a las decisiones políticas de otros, tendrán que ser ellos quienes den explicaciones de congruencia o de coherencia. Yo me quedo exclusivamente en lo que ha hecho el Gobierno español, que es solventar un problema, que no se había abordado hasta ese momento, y hacerlo de la manera más responsable posible. El vicepresidente de la Junta de Andalucía tendrá que explicar las decisiones políticas que toma en su cargo, del mismo modo que las explicamos nosotros aquí cuando adoptamos esas dos medidas.

P.- A la Vicepresidenta. ¿Nos puede dar alguna noticia sobre la central nuclear de Garoña, porque mañana concluye su plazo de explotación?

Para el ministro de Economía tenía tres preguntas. La primera, ¿hay alguna Comunidad Autónoma que no apoye la Ley de Mercados? ¿Nos puede decir cuál es, por supuesto?

La segunda, ¿hay algún avance en la venta de las entidades nacionalizadas, de Catalunya Bank y Novagalicia Banco?

Y una tercera: ¿qué le parece el informe que ha hecho Competencia sobre el estatuto del nuevo organismo regulador, en el que viene a decir como que no hay mucha independencia y que se pondría un poco en peligro el funcionamiento de la nueva CNMC?

Y a la ministra Pastor. El otro día dijo que no teme que haya una huelga en Iberia en verano pero, como conocedora de las conversaciones, dejó un poco, digamos, el susto de que se podría producir; como que existe esa amenaza. No sé si nos lo puede aclarar.

Vicepresidenta.- Sobre Garoña, le informo de que el secretario de Estado de Energía ha firmado la orden de cese de explotación de Garoña, que es un procedimiento administrativo, como saben, iniciado hace meses. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tenía que concluirlo antes del 6 de julio; estamos a 5. Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad, el ministerio va a iniciar las modificaciones normativas necesarias para contribuir a que pueda continuarse con la actividad de la instalación, si así fuera posible.

Es decir, hay una decisión, una orden de cese, basada en motivos económicos que no de necesidad, y ahora se trata de trabajar sobre la posibilidad de que pueda reanudarse en el futuro, dado, como digo, que no hay problemas de seguridad.

P.- ¿¿Se puede cambiar la autorización de lo que es un cese para que pueda continuar?

Vicepresidenta.- De momento, lo que digo es que se ha firmado la orden de cese de actividad. Es lo que le puedo confirmar.

Sr. De Guindos.- En relación con sus tres cuestiones, ha habido dos Comunidades Autónomas, Cataluña y Andalucía, que han planteado algún tipo de objeción a la norma y que han sido debidamente contestadas por parte, fundamentalmente, de la Abogacía del Estado y también el Consejo de Estado hacía referencias al respecto.

Después, en relación con el tema de los bancos nacionalizados, el FROB pidió un informe a una consultora, esta consultora planteó las diferentes alternativas que estaban disponibles y el FROB ha iniciado el proceso de venta de una de las dos entidades, que es Novagalicia Banco. En esta entidad lo que se va a hacer, fundamentalmente, es que el FROB va a contratar un banco de inversión --el otro día ya lo hizo público--, va a llevar a cabo el proceso de desinversión y hemos tenido muestras de interés por parte de inversores institucionales extranjeros, también por inversores domésticos, y esperamos que esté terminado después del verano, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, y que se pueda ejecutar la transición, porque, vuelvo a repetirle, ha habido una muestra de interés.

En relación con la CNMC, yo lo que le puedo decir es que en estos momentos en la CNMC, tal como está el proyecto que ya está aprobado por el Parlamento español, el grado de independencia de los miembros, de los vocales, del Consejo de Administración es muy superior al que existía anteriormente, en la normativa anterior, entre otras cuestiones, porque tienen que pasar, tienen que tener el visto bueno, de la Comisión de Economía del Congreso. Por otro lado, también hay otra señal de la independencia que no ocurría anteriormente: los directores, que son muy importantes, más allá de lo que son los vocales; los directores generales, los directores ejecutivos, que en el caso de la CNMC son cuatro, van a ser elegidos por el propio Consejo de la CNMC. Anteriormente era el Gobierno el que los nombraba.

En definitivas cuentas, yo creo que, desde el punto de vista, esto es un tema de opiniones, lógicamente; pero creo que es una realidad objetiva que, si ha habido un avance en lo que es la mejora de la CNMC, más allá de lo que es la racionalización, es desde el punto de vista de la independencia. La independencia está más garantizada, desde nuestro punto de vista, y creo que objetivamente es así, con la nueva Ley que crea la CNMC que con la que teníamos anteriormente con los organismos reguladores.

Sra. Pastor.- Con respecto a su pregunta, quiero decirle que no es sólo mi deseo, sino que es mi obligación, como regulador que soy y como garante de la movilidad del sector aéreo, llamar a las partes siempre a que tengan entendimiento, a que haya acuerdos, porque ya sabe que hemos tenido dos conflictos en torno a Navidad y a Semana Santa que, finalmente y afortunadamente, no llegaron a serlo. Pero en este momento, en verano, no sólo es la movilidad lo que tenemos que garantizar, sino que es que más del 10 por 100 del PIB de nuestro país está en torno al turismo, al turismo que entra. Como saben, más del 80 por 100 del turismo internacional entra por los aeropuertos españoles. Tenemos unos datos francamente muy buenos para este verano de las reservas de asientos de las compañías.

Por lo tanto, yo lo que pido, una vez más, a las partes es que haya entendimiento, porque están en juego, no solamente intereses legítimos, lógicamente, de los trabajadores y de la empresa, sino que están en juego los intereses de todos los españoles y de la economía de nuestro país.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.