Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y del Interior, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Vamos a darles cuenta de los principales acuerdos abordados hoy en el Consejo de Ministros, un Consejo que sigue con el calendario de reformas estructurales y en el que se adoptan algunas medidas muy importantes en la línea de las reformas que habíamos venido anunciando y que serán objeto, como ustedes saben también, de una segunda fase del Plan Nacional de Reformas que se aprobará el 26 de abril.

Hoy, en este Consejo, reforzamos nuestro entramado institucional para mejorar y fortalecer las bases de la recuperación económica y, muy especialmente, de la consolidación fiscal. Hoy se aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Con esta Ley Orgánica, que explicará ahora el ministro Montoro, se introducen mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de todas las Administraciones Públicas españolas y se da cumplimiento a lo que prevé la Directiva europea sobre requisitos aplicables en el marco presupuestario de los Estados miembros.

Esa Directiva establecía la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes, con análisis fiables independientes realizados por un órgano con autonomía funcional, que será esta Autoridad, como digo, Independiente de Responsabilidad Fiscal en la línea de otras instituciones que funcionan en Estados miembros de la Unión Europea de manera similar.

Será un ente público independiente, con personalidad jurídica propia y garantizará el cumplimiento efectivo del artículo 135 de la Constitución Española que, como saben, fue reformado para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El ministro de Hacienda dará los detalles de su constitución y de sus funciones.

Asimismo, el Consejo de Ministros de hoy ha autorizado la firma del Acuerdo con Estados Unidos para luchar contra la evasión fiscal. Se trata de un modelo acordado conjuntamente entre España, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, y su objetivo es lograr un sistema multilateral de intercambio de información tributaria que potencie la lucha contra el fraude fiscal. Forma parte la firma de este Acuerdo de un conjunto de iniciativas que se han llevado a cabo en el marco de los planes generales de control tributario de los últimos años, y especialmente el del año 2013.

En estos meses ha habido un esfuerzo muy importante en la Administración Tributaria para intensificar la presión internacional sobre los paraísos fiscales a través de una red de convenios y de acuerdos de intercambio de información, en línea con todos los esfuerzos internacionales en los que viene participando España. A fecha de hoy, han dejado de figurar entre los "paraísos fiscales", como bien saben, por haber firmado convenios o acuerdos, países y territorios como Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Malta, Trinidad y Tobago, etc., etc. Además, se está en negociaciones, que, como explicará el ministro, se han concluido muy recientemente, en acuerdos para intercambiar información con las tres dependencias de la Corona británica (Jersey, Guernsey y la Isla de Man), así como en Mónaco, que se encuentra con tramitación.

Hoy, por tanto, damos un paso más con la aprobación de este Acuerdo que permite, como digo, un intercambio de información fiscal con los Estados Unidos.

Segunda reforma estructural importante que avanza en este Consejo de Ministros: hoy aprobamos un acuerdo por el que se constituye el Comité de Expertos que analizará el factor de sostenibilidad de las pensiones. Como sabe, la Ley 27/2011, de 1 de agosto establecía la necesidad --esa Ley de la Legislatura pasada-- de establecer un sistema que permitiera mantener la proporcionalidad entre las contribuciones del sistema y las prestaciones, y garantizar su sostenibilidad en el futuro. En el Real Decreto Ley del 15 de marzo de 2013 se estableció la necesidad de constituir un Comité, por parte del Gobierno, que analizara con visión de futuro esta cuestión y emitiera un informe, que sería remitido después a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

Como saben, el factor de sostenibilidad es implantado en otros Estados de la Unión Europea. Cada país ha tenido una forma muy diferente de llevarlo a cabo. La definición, por tanto, afecta muy directamente al propio sistema, a sus efectos, a su edad, a la edad de jubilación, a las cuantías de las prestaciones, de la pensión; y, por tanto, es un elemento clave en la sostenibilidad, en el mantenimiento del mismo y en el establecimiento de un objetivo de refuerzo del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Por ello, el Ministerio de Trabajo en estos días, después de la aprobación del Real Decreto Ley de marzo, lo que ha mantenido son contactos con los agentes sindicales y con distintas formaciones políticas para hacer una composición lo más amplia y plural de esta Comisión, porque el objetivo es aprobar una reforma que, como tiene que funcionar a medio y a largo plazo, goce de la mayor estabilidad.

Paso a leerles el nombre de los doce integrantes de esta Comisión. Como presidente, Víctor Pérez-Díaz, doctor en Sociología, Derecho y Ciencias Políticas; Manuel Lagares Calvo, doctor en Ciencias Económicas e inspector de Hacienda en excedencia; José María Marín Vigueras, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; Santos Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada; Miguel Ángel Vázquez Burgos, periodista; Ignacio Conde Ruíz, doctor en Economía; Rafael Doménech Vilariño, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico; José Enrique Devesa Carpio, profesor titular de Universidad en el Departamento de Economía Financiera; Mercedes Ayuso, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales; Miguel Ángel García Díaz, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; Francisco Castellano Real, catedrático de Hacienda Pública; y José Luis Tortuero Plaza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Todos ellos son personas de reconocida experiencia en el análisis del sistema de pensiones y también de los estudios de los mecanismos de sostenibilidad.

En otro orden de cosas, nos acompaña hoy el ministro del Interior para informarles a ustedes de la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada. Es una norma que tiene por objeto adaptar nuestra seguridad privada a los nuevos tiempos. La Ley vigente es del año 1992; entre tanto, han evolucionado mucho, tanto el sector, como las necesidades del mismo; un sector importante, con una facturación de más de 3.600 millones de euros. Por tanto, se trata de una nueva ley que busca adaptarse a todos los cambios que se han producido desde el año 1992 y que lo que viene a fijar es una regulación integral de todo el sector de la seguridad privada en términos más completos y adecuados a las actuales exigencias.

Como materia mixta de los dos Ministerios que me acompañan, hoy se aprueban los Reales Decretos de Oferta de Empleo Público del Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2013. Como en años anteriores, el Ministerio del Interior incluirá un apartado en su web en procesos selectivos, donde se incluirán cada convocatoria y toda la información necesaria. Yo simplemente la resumo: la Oferta de Empleo Público en el Cuerpo Nacional de Policía será, por oposición libre, 50 plazas en la Escala Ejecutiva y 140 plazas en la Escala Básica; y, como promoción interna, 100 plazas en la Escala Ejecutiva desde la categoría de Subinspector. Y en el caso de la Guardia Civil, para el ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias se autoriza la convocatoria de 134 plazas; de éstas ser reservan 67 a militares profesionales de Tropa y Marinería y 26 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil. En promoción interna se autoriza la convocatoria de 330 plazas para ingreso en los centros docentes de Formación de la Guardia Civil, de las que 80 son plazas en la Escala de Oficiales y 250 plazas en la Escala de Suboficiales.

En cumplimiento también de nuestros compromisos internacionales y de la necesidad de establecer modificaciones que fortalezcan la confianza y la profesionalidad en el sector financiero, hoy aprobamos un Real Decreto por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012 sobre evaluación de la adecuación de los miembros de los órganos de administración y de los titulares de funciones clave en entidades financieras.

Como saben, el 22 de noviembre del año 2012, la conocida como EBA, la Autoridad Bancaria Europea, aprobó una serie de directrices y requirió a los Estados miembros para que informaran sobre el cumplimiento o la incorporación de la misma al Derecho propio. Con este Real Decreto se incorpora determinada normativa de la Autoridad Bancaria Europea en requisitos de honorabilidad y también de profesionalidad.

Con este Real Decreto será el Banco de España el encargado de analizar los elementos de honorabilidad de los miembros del consejo de administración y otros titulares de funciones clave en las entidades bancarias, y se refuerzan los requisitos de experiencia y profesionalidad, de manera que se tendrán en cuenta, no sólo la trayectoria profesional, sino la formación teórica en banca y servicios financieros. Además, en materia de buen gobierno se tendrán en cuenta los conflictos de intereses derivados de vínculos estrechos o de control con personas físicas o jurídicas, así como la existencia de conflictos por el desempeño de puestos pasados y futuros. Se amplían, además, las competencias del Banco de España para la determinación de ambos requisitos de honorabilidad y profesionalidad.

Por último, también quiero darles cuenta de que se ha aprobado el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, conocido como Plan AIRE, que tiene como objeto la mejora de la calidad del mismo en España. Corresponde a la Administración General del Estado la aprobación de los Planes Nacionales de mejora, sin perjuicio de su implementación por las Comunidades Autónomas y entidades locales. Se ha sometido, por tanto, a la colaboración y a la información de todas ellas, a un proceso de participación pública y al Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Los objetivos generales son: garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional; impulsar desde la Administración General del Estado actuaciones en materia de calidad del aire para complementar los planes de actuación de otras Administraciones Públicas; reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; fomentar la concienciación ciudadana y, sobre todo, la información disponible sobre la calidad del aire. Son 78 medidas, 27 de carácter general y 51 sectoriales. Tendrán ustedes más información completa sobre el mismo, dada su amplitud, en la Referencia del Consejo de Ministros.

Sr. Montoro.- Como ha ya advertido la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley relativo a la creación de en España, por primera vez, de un organismo que existe ya en varios países desarrollados de nuestro entorno y que aquí llamaremos Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, reuniendo los elementos que quieren configurar lo que es el espíritu mismo de este nuevo órgano. Es un órgano que responde a la necesidad, al énfasis, desde luego, del Gobierno español por reforzar la arquitectura institucional de España en pro de la estabilidad presupuestaria vigente en todas sus Administraciones públicas, --insisto, en todas; es algo que concierne al Estado español en sus diferentes Administraciones-- y lo hace también en virtud de las recomendaciones que para España realiza la Unión Europea y, en concreto, las recomendaciones contenidas en el ECOFIN y en el MOU de ayuda financiera.

Además, damos también un paso en términos de constituir en España lo que son los canales por los que debe discurrir la gobernanza europea, el nuevo Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

¿Qué hacemos? Como les decía, nosotros aquí vamos a tener la autoridad fiscal, digamos, más avanzada del mundo desarrollado y más próxima a lo que trata de materializar la Comisión Europea en una nueva Directiva, de manera que la nuestra no se va a parecer ni siquiera a algunas de las más recientemente creadas en nuestro ámbito europeo, por razón de que, al hacer en esta fase en la que estamos, podemos acercarnos más al mismo contenido de la Directiva Europea.

A ese respecto, en lo que insisto es en que nace por una Ley Orgánica, en primer lugar; una ley que permite que su ámbito se extienda a todo el sector público, incluyendo, por tanto, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Seguridad Social y otros órganos. Se le dota de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para garantizar su actuación; se configura como una entidad de derecho público, dotada de independencia funcional y autonomía respecto de las Administraciones Públicas, con un régimen específico en atención a su carácter único y exclusivo; y sus fines, como les avanzábamos, son garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria.

¿La adscripción? Es un ente de derecho público que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin dependencia de ninguna de sus áreas, sino adscrito directamente al ministro, en una configuración parecida a lo que es nuestro Instituto Nacional de Estadística, para entendernos, cuya operatividad goza de una total autonomía y sus estadísticas están consideradas como entre las más fiables del mundo.

Su dirección corresponderá a un presidente que contará con asistencia de directores de división, que serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente de la Autoridad, entre quienes cuenten con experiencia, al menos, de diez años en las materias propias de la división correspondiente.

La designación del presidente se designará por el Consejo de Ministros y se someterá a una audiencia en el Congreso y el Senado, donde se comprobará la validez de su curriculum a esos efectos. Será elegido por tres años renovables en otros tres como límite, es decir, un mandato máximo de seis años, que, como ven, no coincidirá con el final de las Legislaturas en España, sino que, cuando esta Ley esté en vigor, se procederá a esos nombramientos que trascenderán el límite de la actual Legislatura para garantizar su objetividad y su independencia. El personal será funcionario o laboral en esos términos; serán personas cualificadas para llevar adelante su actividad.

También quería destacarles que en el Anteproyecto de Ley lo que hacemos es institucionalizar un Comité Técnico de Cuentas Nacionales, que ya funciona en nuestro país, con representantes de la Intervención General del Estado, del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística. Lo que le damos es cuerpo formal a ese Comité, cuya capacidad operativa es absolutamente fundamental para materializar la Contabilidad Nacional de nuestro país.

¿Funciones? Las funciones son elaborar informes, ésta es realmente su actividad, y podrá formular también opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la Ley. Asuntos sobre los que informará: las previsiones macroeconómicas, en primer término y a ese respecto va a contribuir a validar las propuestas sobre proyecciones macroeconómicas en nuestro país; informará sobre el Programa de Estabilidad, que también, como saben, traza el horizonte, no sólo presupuestario, sino también en términos de escenario económico para los siguientes tres ejercicios; después, informes sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, o sea, que su tarea también es estar valorando la Ejecución Presupuestaria.

También hará informes valorando el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los diez días siguientes a la aprobación por el Gobierno de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de las Administraciones.

De manera que, como ven, su tarea realmente es estar presente en la valoración de todo lo que es el ciclo presupuestario en España de todas las Administraciones Públicas de nuestro país. También le corresponderá, por ejemplo, la valoración de los planes económico-financieros y planes de reequilibrio, tanto de la Administración central, como de las Comunidades Autónomas; informar sobre esos planes. Por tanto, está velando por la materialidad, la ejecución, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Podrá, por supuesto, emitir opiniones sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria --creo que ya lo he explicado suficientemente-y, en todo caso, también sobre la concurrencia de circunstancias excepcionales que, tal como prevén nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudieran justificar una desviación del déficit. Todo esto será objeto de valoración.

En conclusión, se trata de que España va a contar con una institución independiente, con una autonomía funcional, que garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, y contará para ello con un personal de la mayor experiencia y conocimiento. A ese respecto contribuirá lo que es el programa de España, que es superar la crisis económica desde los parámetros de fiabilidad y de confianza, en términos de nuestra pertenencia y nuestra adscripción a las instituciones europeas, a las instituciones internacionales y también, por descontado, a toda la relación económico-financiera de nuestro país con el resto del mundo.

Insisto en que daremos cumplimiento también a las exigencias europeas a ese respecto, de forma que también en el próximo Programa de Reformas que aprobará el Consejo de Ministros en quince días también irá la referencia, la inclusión, a ella. Ahora se remitirá al Consejo de Estado, al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la CNAL para su consulta y su conocimiento, puesto que a todos afecta.

Después, también ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno el acuerdo, conocido como FACTA, con Estados Unidos, que constituye, sin duda alguna, un hito relevante en el intercambio de información tributaria a nivel internacional, que sienta bases para un nuevo marco de intercambio internacional automático, recurrente y estandarizado.

Primero, se atiende a la obligación creada por la legislación americana en relación con el conocimiento de las cuentas que ciudadanos estadounidenses tengan en entidades financieras en España, y, en correspondencia, nos consta el interés de Estados Unidos, de su Gobierno, de corresponder en términos también del mismo suministro de información. De forma de que, cuando ello esté completado, habrá automáticamente información entre nuestras agencias tributarias, de forma que no hace falta otro ámbito de intercambio de información que no sea el estrictamente administrativo; no ya a requerimientos de procesos judiciales o de más elementos, sino automáticamente.

Por tanto, estamos avanzando, y mucho, en términos del conocimiento de la situación fiscal de ciudadanos que están viviendo o que tienen bienes, en este caso que tienen activos financieros, en otros países. De esa manera, estamos avanzando mucho en términos de la lucha contra la evasión fiscal.

En esos mismos términos este Acuerdo también, como saben ustedes, estamos materializándolo en el Consejo de Ministros. En las fechas del mes de abril se cumple la obligación de que aquellos ciudadanos que tengan bienes y derechos situados en el extranjero den cumplimiento al conocido como Modelo 720, iniciativa que lo que pretende es evitar la evasión fiscal a través de la tenencia en el extranjero de esos bienes o de esos derechos y que en nuestra nueva Ley no prescriben. Ésta es también una novedad en la legislación antifraude en España, de forma que los contribuyentes están obligados a relatar cuáles son esas cuentas y cuáles son sus tenencias de patrimonio en otros países, so pena de ser descubiertos por la Inspección Tributaria y sometidos a sanciones muy serias, muy severas, que en el caso de los Impuestos sobre Sociedades o IRPF pueden llegar a recargos del 150 por 100 de la cuota correspondiente, con lo cual les puede hacer incurrir en delito fiscal claramente; depende de la cuantía, obviamente.

Estamos avanzando y ya saben que a voluntad del Gobierno es muy clara en términos de luchar contra esa clase de evasión fiscal que consiste en la tenencia de activos en el exterior.

Quería relatarles que en ese terreno también hay un avance importante dentro de la Unión Europea: es la carta conjunta que hemos firmado los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, y que hemos enviado al comisario Semeta, que el comisario encargado de fiscalidad en Europa, anunciándole un proyecto piloto de intercambio multilateral entre los países que acabo de mencionar, abierto a que otros países miembros de la Unión Europea se adscriban o participen, coadyuvando a la Comisión al liderazgo mundial que esta iniciativa supone en términos de información.

Tengo que saludar, y lo hago, la declaración a ese respecto del primer ministro de Luxemburgo, el señor Junker, que ha manifestado que su país, Luxemburgo, está dispuesto aceptar el intercambio automático de información a partir del 1 de enero de 2015. Tengo que decir que vamos avanzando mucho en Europa en términos de esos intercambios de información en materia tributaria. Y, también, insistir en la cercanía de la Directiva del ahorro, que tiene como finalidad el intercambio automático de información entre los Estados miembros para que éstos puedan aplicar sus propias normas fiscales a los rendimientos del ahorro pagados a sus residentes por agentes pagadores en otros Estados miembros.

De manera que estamos ya, como ven, completando lo que debe ser naturalmente una Unión Europea, una pertenencia a un mercado interior bancario. Esto de tener una cuenta en otros país que es socio de ese proyecto de integración y no declararla en el país originario no deja de ser una auténtica anormalidad que, como ven, estamos muy cerca de superar.

También quería relatarles que durante esta Legislatura hemos firmado entre el Reino de España y la República de Singapur un Convenio, como lo hemos hecho con la región administrativa especial de Hong Kong, de la República Popular China. Está en relación, además, el Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra -como saben, tuve el encuentro con mi homólogo andorrano--, donde realmente a partir de la fluidez en el intercambio de información bancaria hemos dado luz verde para empezar la negociación acerca de un Convenio de doble imposición.

Y quería citarles, por supuesto, los avances… España firmó un nuevo Protocolo de modificación del Convenio con la Confederación Suiza y, a ese respecto, quería darle toda la importancia a esos intercambios de información que también hemos firmado en el mes de mayo del año 2012 con las dependencias de la Corona británica: Jersey, Guernsey e isla de Man.

Estamos ya haciendo, como ustedes ven, grandes avances en esta Legislatura en términos de intercambio fluido de la información tributaria, con todo lo que ello supone de fiel cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias y también de lucha contar el fraude fiscal a través de la tenencia de cuentas en el exterior, cuentas o cualquier otra modalidad de activos.

Sr. Fernández.- Tal como ya ha informado sintéticamente, pero muy bien, la señora Vicepresidenta, hoy he tenido ocasión de presentar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros como tal Anteproyecto y acordada su tramitación subsiguiente, que consiste, básicamente, en que ahora será remitido a la Agencia Española de Protección de Datos para el informe preceptivo correspondiente, dado que, entre otras cosas, como no se les oculta a ustedes, en esta Ley se regulan aspectos que tienen mucho que ver con datos personales, con la intimidad, privacidad personal, el derecho a su intimidad, etcétera, y el intercambio de información también entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las propias empresas de seguridad privada o los despachos de detectives.

Desde el punto de vista de la situación actual, la nueva normativa regulará adecuadamente uno de los sectores que quiero destacar que tiene mayor auge empresarial en España en estos momentos, cosa que en estos momentos es especialmente, además, significativa. Por ejemplo, el sector de seguridad privada facturó en el año 2011, que es el último año del que tenemos cifras cerradas, 3.600 millones de euros, y agrupa a prácticamente 1.500 empresas que emplean a prácticamente 90.000 personas, según los últimos datos disponibles.

Quiero decirles que es un sector que es puntero a nivel internacional, España. Por ejemplo, es una empresa española la tercera a nivel mundial. Les doy ese dato y podría darles más.

El ratio de policías por cada 100.000 habitantes en España --cuando hablamos de policías hablamos de policías públicos; en el caso de España, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil; policías autonómicas, es decir, la Ertzaintza, Mossos d' Esquadra, Policía Foral de Navarra, y policías locales-- es uno de los más altos de Europa, con 528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a una media de la Unión Europea de 385. En cambio, el número de vigilantes de seguridad privada es el más reducido prácticamente de la Unión Europea, con cerca de 200 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes en España, cuando la media en la Unión Europea es de 271.

Como decía la señora Vicepresidenta, la nueva Ley pretende subsanar las lagunas del hasta ahora vigente texto legal, la Ley 23/1992, que ha sido muy superada por el desarrollo tecnológico que en estos últimos veinte años han tenido tecnologías que están directamente relacionadas, como no se les oculta, con la actividad de la seguridad privada o de la investigación privada, las tecnologías de la información y de la comunicación, así como también los desajustes que conviene ajustar a la hora de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

El objetivo, pues, que pretende esta nueva Ley es regular el sector de manera integral para que la seguridad privada, que es una submateria, en terminología de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la seguridad pública, que es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.29 de nuestra Constitución, quede claramente establecida como una actividad complementaria, coordinada, pero subordinada a la seguridad pública; de tal manera que se establecen mecanismos de colaboración intensos y eficaces con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que esta colaboración quede debidamente garantizada.

Pretende también como objetivo el acabar con el intrusismo que, si es una práctica viciosa en cualquier sector de la actividad, en uno que tiene que ver con la seguridad no se le oculta que es especialmente delicado, por lo que en esta nueva Ley se establecen graves sanciones que llegan, incluso, al cierre de las empresas de seguridad que puedan infringir esta normativa.

En esta nueva Ley también se regula el acceso de las empresas de seguridad privada a la prestación de nuevos servicios, que hasta ahora, o bien estaban insuficientemente regulados o, simplemente, no estaban regulados, y donde la realidad social va por delante de la regulación legal, y la demanda social y la demanda del sector hacían aconsejable que lo que era, insisto, una realidad social y una demanda social tuviera la adecuada cobertura y respaldo legal.

A título de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, les cito como nuevos servicios, que hasta ahora no estaban debidamente regulados o simplemente no estaban regulados, los de videovigilancia privada en el interior de los inmuebles y locales; la gestión y respuesta de alarmas; vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales; servicios de planificación y asesoramiento y vigilancia perimetral de prisiones, siempre, quede claro, bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de esa misión en las respectivas prisiones.

Quiero aquí decir, de manera especial, que la única Comunidad Autónoma, como ustedes saben, que tiene transferida la gestión de la Administración Penitenciaria es Cataluña y que la Comunidad Autónoma de Cataluña, a través de sus respectivos consejeros de Interior en la anterior Legislatura y en la actual, me habían trasladado que en la nueva regulación legal de la seguridad privada se habilitara que a aquellas Comunidades, como es el caso de Cataluña, que disponen de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad propios, con competencias en materia o preservación del orden público y seguridad ciudadana, y que también tuviera transferida la competencia de prisiones --la única es Cataluña--, se les habilitara la posibilidad de que esa vigilancia perimetral la pudieran prestar también empresas de seguridad a través de personal de las mismas.

Nosotros hemos considerado que esa petición estaba plenamente justificada, tan justificada que la hemos generalizado, para el caso de que así lo acuerde, en el resto del territorio, el Gobierno.

También uno de los nuevos servicios que hasta ahora tenían vetados las empresas de seguridad privada, y que a partir de ahora podrán prestar, es el de la investigación privada.

Como he dicho, bajo el principio de coordinación, colaboración y preeminencia en todo momento de la seguridad pública, de la que, insisto, la seguridad privada es una submateria, y a efectos de garantizarla, se establecen mecanismos de coordinación, creando comisiones mixtas de seguridad privada que estarán integradas por el Ministerio del Interior y por representantes del sector y de las Comunidades Autónomas que tuvieran transferidas las competencias para protección de personas y bienes. Serán comisiones que, en el ámbito del Estado, el Gobierno, tendrán nivel nacional, nivel autonómico, nivel provincial, y presididas por el ministro del Interior, delegados y subdelegados del Gobierno respectivamente; y, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, por las que estimen ellos en el ejercicio de la competencia de autoorganización que tienen reconocida en sus respectivos Estatutos.

En relación con las empresas de seguridad y despacho de detectives, quiero decirles que las empresas de seguridad y los despachos de detectives se inscribirán a partir de ahora en el nuevo --nuevo porque se crea a partir de esta Ley-- Registro Nacional de Seguridad Privada; Registro Nacional de Seguridad Privada en el que deberán estar inscritas todas las empresas de seguridad privada de España, todos los despachos o agencias de detectives, todas las empresas de formación de personal para estas empresas y, al mismo tiempo, donde deberán abocar o volcar los datos e informaciones que posean los registros autonómicos, cuando las Comunidades Autónomos los tuvieran establecidos en virtud de que hubieran asumido las correspondientes competencias en el ámbito ejecutivo.

En relación con estas empresas de seguridad y despachos de detectives, se establece también un mayor control de la Administración y nuevas obligaciones para las empresas de detectives. Entre ellas, quiero destacar el documentar los encargos mediante contrato por escrito; que, además del Libro de Registro, que ya está establecido a nivel reglamentario y ahora pasa a ser a nivel legal, deberán elaborar un informe actualizado donde deban constar el cliente, el encargo, los medios utilizados para esa investigación y los resultados obtenidos. Quiero decir, en todo caso, que las investigaciones privadas, como no se le oculta a nadie, tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través de las mismas sólo se podrán poner a disposición, bien del cliente que las ha solicitado o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales cuando hubiera razón suficiente para ello.

Por otra parte, y como continuación de estas funciones de control que se establecen con carácter más intenso a partir de esta nueva regulación legal, he de decir que este informe al que he hecho referencia estará, siempre que esté por medio una investigación policial o judicial, a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por supuesto, de la correspondiente autoridad judicial.

Por último, las empresas y actividades de detectives tendrán que presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.

Quiero decirles también, en relación con las empresas y despachos de detectives, que se establece con carácter legal la prohibición de utilizar, para las labores propias de estas agencias o despachos, servicios o medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad familiar o familiar, o a la propia imagen, o al secreto de las comunicaciones.

Por último, los informes a los que se refieren las actividades propias de estas empresas o agencias deberán conservarse archivados, al menos, durante cinco años, y las imágenes o sonidos grabados durante las investigaciones o vigilancias se destruirán un año después de su finalización, salvo que estén relacionados con un procedimiento judicial, una investigación policial o un expediente sancionador.

P.- Mis primeras preguntas son para el ministro de Hacienda, porque han surgido esta mañana varias noticias económicas y quería saber si me podía confirmar o explicar las noticias.

La primera es que el secretario de Estado de Economía ha anunciado una nueva estructura fiscal. Me gustaría que nos aclarara si se refiere a una nueva subida de impuestos y a qué impuestos.

Después, ha trascendido también que Bruselas parece ser que nos va a relajar el objetivo de déficit para este año hasta el 6 por 100. Me gustaría saber si nos lo puede confirmar.

Y he visto también que el Gobierno está estudiando devolver a los empleados públicos la paga extra. Lo acabo de ver. Me gustaría saber si me podría decir algo al respecto.

Después, a la Vicepresidenta le quería preguntar por el escrache del que fue víctima hace una semana. Hemos conocido que va a haber multas para las personas que participaron en ese escrache aquí, en Madrid. Me gustaría saber si eso se va a hacer extensivo a otras Comunidades Autónomas, donde también ha habido fenómenos similares.

Sr. Montoro.- No va a haber subida de impuestos, no van a subir los impuestos en España. No va a haber subida. Estamos ya en la fase de reestructuración de nuestra carga tributaria y el año que viene entrará el IVA de caja para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos. A partir de ahí, ya más claros no podemos ser. Es muy importante el cambio en la configuración del IVA, totalmente acorde con la Directiva de la Unión Europea, la sexta Directiva, y muy acorde también con lo que tendencialmente se va haciendo en Europa en esta materia. Eso, en primer lugar y con toda claridad.

Después, a España no le va a relajar nadie el objetivo de déficit, porque es al revés: nos está sacando de esta crisis el cumplimiento de nuestro objetivo de déficit público, junto a las reformas estructurales que estamos haciendo. Por tanto, no esperamos que nos relaje nadie, que no entienda nadie nuevas cifras de objetivos, sino que es seguir en la reducción del déficit estructural que es con el que se da cumplimiento a la senda de corrección de déficit excesivo en la Unión Europea --el estructural, el componente estructural del déficit público-- y en el que en el año 2013 el programa del Gobierno es llevar adelante una reducción del déficit estructural equivalente al del año 2012. Por tanto, ésa es la senda y no esperamos otra noticia.

La verdad es que no tenía noticia de esa noticia esta mañana. Lo dejo también con meridiana claridad.

Eliminen el término "relajar". Es que no se relaja aquí nadie hasta que no salgamos de la crisis. Insisto, hay terminologías que son contaminantes. No se relaja. ¿Cómo se va a relajar? ¿Cómo vamos a relajarnos si tenemos que salir de esta crisis? Tenemos que acabar con esta recesión económica y, para eso, corregir el déficit público es una absoluta prioridad. Pero eso no quiere decir… ¿Dónde está el límite de la intensidad de esa corrección? En que el ritmo de corrección del déficit público no lleve a más recesión económica. Eso es el límite, pero hay que seguir reduciendo el déficit público. Por tanto, no hay que relajar nada.

Y la paga extra de los funcionarios en España no se ha eliminado; se va a devolver a partir del año 2015, como establece nuestra Ley. También lo quiero dejar con toda claridad. A ver si se lo explicamos a algunos, que no les interesa esto. Pero no sé por qué no les interesa. A los funcionarios lo que les interesa es que no ha habido reducción de su sueldo en el total, sino que lo que ha habido es un desplazamiento en el tiempo. Y a partir del 2015, en función de las disponibilidades presupuestarias, se va a devolver esa paga. Eso es lo que establece nuestra Ley.

También lo que se va a hacer ya es devolver la cotización correspondiente a la paga que no se materializó en el mes de diciembre, como nos comprometimos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en este mes. Es a finales de abril cuando se adelante y de ahí puede haber algo de confusión a ese respecto.

Pero también aclaro: este año el Gobierno no va a reducir, ni parcialmente, ninguna de las pagas extras, llamadas extras, en julio o en diciembre. Lo digo también por el rumor extendido ayer mismo, también muy generalizado, que tampoco sé de dónde sale, y lo quiero también desmentir con la mayor rotundidad.

Sr. Fernández.- La señora Vicepresidenta me cede a mí la respuesta que alude a ella. El pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, interpreto yo que en su doble condición de Vicepresidenta y de diputada del Congreso, padeció, como por desgracia otros muchos cargos públicos están padeciendo, ¿verdad?, un acto radicalmente antidemocrático de acoso y hostigamiento, y que pretendía, en última instancia, coaccionar --no tengo ninguna duda de que esa coacción no va a dar ningún resultado-- la libertad política y la libertad de voto, en este caso de la Vicepresidenta, como Vicepresidenta y como diputada, y en otros casos, insisto, de compañeros como diputados o diputadas.

Tengo que decir que en ese momento --yo estuve en contacto permanente con ella, como es evidente, telefónico-- lamenté de manera muy especial que eso lo viviera su hijo pequeño, Iván. Y lo digo porque están siendo, por desgracia, demasiados los familiares de cargos públicos que están padeciendo estas situaciones. Aprovecho para decirlo. Quiero decir que se está atentando contra el derecho o la inviolabilidad del domicilio, contra el derecho a la intimidad personal y familiar, y contra ese derecho en lo que afecta a los vecinos que no tienen por qué padecer, como están padeciendo, esos actos por ser convecinos de un cargo público. Y se están violando de forma reiterada la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión y la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Lo que se ha hecho en el caso al que usted hace referencia es, simplemente, aplicar dos Leyes Orgánicas plenamente vigentes: la de reunión, que data del año 1983, y la de protección de la seguridad ciudadana, que data del año 1992.

En la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, y ya sabe usted que es una derivada la manifestación, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se establece la obligatoriedad de que las reuniones, entendiendo por tal toda concentración de personas de manera concertada y temporal con una finalidad determinada --es lo que dice literalmente la Ley de Reunión--, deberá ser comunicada a la autoridad gobernativa competente. Y la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana tipifica como falta muy grave el incumplimiento de esta disposición que establece la Ley de Reunión.

En el caso que nos ocupa de la vicepresidenta del Gobierno no se ha hecho, nada más y nada menos, que aplicar dos Leyes Orgánicas, la de reunión y la de protección de la seguridad ciudadana, como se van a aplicar al resto de diputados o cargos electos en general que han padecido estos lamentables y radicales actos antidemocráticos. Eso sin perjuicio de que, evidentemente, en el caso de que las denuncias que se han interpuesto y que han sido trasladadas al Ministerio Público dieran lugar a alguna acción legal, evidentemente, se suspendería el procedimiento administrativo hasta tanto se sustanciara el correspondiente procedimiento penal.

Pero no ha habido trato distinto en este caso del que va a haber y se está produciendo en todos los casos, que repito que no es ni más ni menos que el cumplimiento de la Ley.

P.- Yo quería preguntarle a la Vicepresidenta, y también a los ministros; tengo tres preguntas.

A la Vicepresidenta, sobre los planes de la Junta de Andalucía en materia de desahucios. No sé si nos puede confirmar que ya han ido a la Abogacía del Estado para informarse acerca de la constitucionalidad o no de estas decisiones. En todo caso, ¿consideran, dada la repercusión que está teniendo, una decisión populista por parte de la Junta de Andalucía tomar ahora esta medida?

En clave económica me gustaría preguntar por las reformas de dentro de quince días. Ha rechazado el ministro Montoro que se vayan a subir los impuestos, pero me gustaría saber si se van a tratar en esas reformas otras medidas sensibles, por ejemplo, las pensiones; lo sugería la Unión Europea. No sé si esto va a ser así o no, y si nos puede hacer las aclaraciones.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma ese Decreto Ley y está siendo analizado, tanto por el Ministerio de Justicia, como por el Ministerio de Fomento, en cuanto a sus implicaciones de constitucionalidad.

Sí hemos analizado, porque éste es un Gobierno serio, los efectos y la efectividad de la medida que ha anunciado y aprobado la Junta de Andalucía, sobre todo, en su relación con otras medidas que han sido aprobadas, en primer lugar, por el Gobierno de la nación a través de un Real Decreto Ley que se está tramitando en las Cortes Generales. Voy a procurar ser lo más didáctica posible, aunque la normativa es compleja.

Tras el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, para aquellas familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, en los términos en que establece la Ley, se establecía la obligación por parte del Juzgado de paralizar los lanzamientos de esas personas que iban a ser sacadas de sus casas durante dos años. Es decir, una familia o una persona en riesgo de exclusión social en los términos que establece la Ley ya, porque esa normativa está vigente, no sale de su casa en el plazo de dos años por un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de la nación.

¿Qué dice la Junta de Andalucía? Que para esas personas en riesgo de exclusión social lo que se hace es que se va a expropiar el uso de la vivienda y yo pregunto: si estamos en situación de exclusión social, como define el Real Decreto Ley, es que esas personas ya no van a ser lanzadas, porque esa prohibición de lanzamiento se establece en una norma con rango de Ley; en este caso, nacional.

En segundo lugar, voy a entrar en la definición de en qué casos establece la Junta de Andalucía en su Decreto Ley y ha establecido el Gobierno de la nación en su regulación, que, como digo, ya está vigente. Si comparan ustedes ambas normas, la Junta de Andalucía exige que los ingresos de la unidad familiar, para entrar en el supuesto de expropiación de uso, no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Pues bien, ese límite de renta es el mismo que establece el Real Decreto Ley del Estado pero, a mayores, dice que podrá ser hasta de cuatro o cinco veces en casos de especial vulnerabilidad. Es decir, en lo que se refiere a los ingresos de esa unidad familiar, el Real Decreto Ley del Estado es más amplio.

¿Qué vengo a decir con esto? Que tendrá que explicar la Junta de Andalucía qué añade a mayores a un Real Decreto Ley, el del Estado, que ya impide el lanzamiento y que lo paraliza inmediatamente "ex lege", sin necesidad de un complejo procedimiento de expropiación forzosa en el que hay que pagar un justiprecio. ¿Y quién dice el Decreto Ley que pague ese justiprecio de uso? El que se queda en la vivienda, con el límite del 25 por 100 de sus ingresos, cosa que no ocurre en la prohibición de lanzamiento que fija el Estado.

Por otro lado, la Junta de Andalucía somete esta medida a que existan disponibilidades presupuestarias, en las que explicar con sus Presupuestos si las tienen o no. En el caso del Estado, prohibición del lanzamiento directamente por la Ley, sin procedimiento administrativo posterior y sin pagar justiprecio.

Por último, el Gobierno ha aprobado un Fondo Social de Viviendas para que aquellos ciudadanos que, o por anterioridad o por determinadas circunstancias, han sido lanzados puedan tener una vivienda a un precio razonable. No tenemos el dato exacto, porque no se ha suministrado por la Junta de Andalucía, pero nos consta que tienen viviendas de protección oficial vacías. Probablemente, un mecanismo mucho más ágil y más rápido que un procedimiento de expropiación forzosa sería eso, pero lo tendrán que explicar.

Yo sólo digo que a ese ciudadano en riesgo de exclusión social, en los términos que establece el Real Decreto Ley del Gobierno de la nación, que tiene esas rentas y que se ha visto perjudicado en el montante de su hipoteca como consecuencia de una situación de riesgo ya el Real Decreto Ley del Gobierno, con aplicación general para toda España, impide que sea lanzado de la misma, echado de la misma, durante un proceso de dos años.

Sobre las reformas de hace quince días, me preguntaba usted de las pensiones, hoy hemos aprobado la creación de la Comisión para la sostenibilidad de las pensiones. Ésta es una reforma que trae causa, primero, de una ley del año 2011, donde se establecía la obligación de hacerlo; segundo, de la propia reforma constitucional y la Ley Orgánica de Sostenibilidad Presupuestaria, que establecía un segundo mandato para garantizar la sostenibilidad de las pensiones; en tercer lugar, del Real Decreto Ley del 15 de marzo. También, la Unión Europea entre sus recomendaciones considera importante llevar a cabo ese análisis. Y en materia de pensiones ésta es la medida fundamental que irá incluida en el Plan Nacional de Reformas. Esperamos el informe lo antes posible por parte de los expertos; luego, remisión al Pacto de Toledo y su consiguiente aprobación parlamentaria.

P.- En el primero de los asuntos, después del análisis que nos ha hecho, ¿teme que no se constitucional la medida?

Vicepresidenta.- Ayer se aprobó el Decreto Ley. Hay muchas y serias dudas, y lo han visto ustedes. La doctrina jurídica se ha pronunciado mucho, incluso sólo con el anuncio, sobre sus dudas de constitucionalidad en cuanto a que afecta a un derecho como es el de la propiedad privada. Nosotros, como siempre hacemos… Son ambos Ministerios --Fomento, por la materia, y Justicia, con carácter general-- quienes analizarán exhaustivamente la constitucionalidad de esa medida; pero, a bote pronto y dejándoles a los expertos, que para eso están en cada Ministerio, su análisis, yo le estoy hablando también de algo que me parece muy importante y es de su efectividad, porque los Gobiernos no estamos para el titular; estamos para hacer medidas que sean efectivas y ya digo que, y está vigente, hay una decisión de paralizar los lanzamientos en casos de exclusión social o en casos de vulnerabilidad que está en vigor y que lleva en vigor ya bastantes semanas.

P.- Ministro, lo quería preguntarle si se le van a quitar al Ministerio de Economía, en esta Autoridad Fiscal Independiente, las competencias para elaborar las previsiones macroeconómicas, porque a mí me parece que esta nueva Autoridad ya va a prever cuál va a ser el PIB, el déficit… Entonces, supongo que eso lo asume esta Autoridad y, como depende de usted, ¿no es una merma de las competencias de ese Ministerio?

Después, Ministro, yo entiendo que la independencia se garantiza, en cierta medida, al romper los mandatos con los de la Legislatura. Pero es verdad que el mecanismo o esta Autoridad dependen de usted y, aparte, es nombrada por el Consejo de Ministros. Entonces, entiendo que a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos se les controlará, pero ¿quién controla al ministro de Hacienda si toma una mala decisión de subidas de impuestos, por ejemplo, y ven que hay un desfase en el déficit? Ha pasado en Legislaturas pasadas y este año tampoco hemos cumplido con el objetivo a rajatabla.

Quería preguntarle también sobre la estructura fiscal, porque nos ha dicho que no van a subir los impuestos; ¿pero eso quiere decir que, manteniendo la presión fiscal estable, es posible que algunos suban y otros bajen? Porque en España, por ejemplo, las cotizaciones sociales todos los organismos internacionales nos están diciendo que son muy elevadas. Entonces, ¿es posible que esto cambie y que, por ejemplo, el IVA en determinados productos suba para homogeneizarlo a otros países europeos?

Por último, sobre las pensiones quería preguntarle a la Vicepresidenta. ¿Cuándo va a entrar en vigor el factor de sostenibilidad de las pensiones? Porque es una reforma que se está anunciando desde hace mucho tiempo y ahora se crea una Comisión de Expertos pero, con un déficit de la Seguridad Social de diez mil millones, no creo que sea una cuestión que se pueda dejar para muy adelante.

Después, también quería saber si se van a adelantar los plazos que puso en marcha el presidente Rodríguez Zapatero.

Sr. Montoro.- El día que le pierda usted respeto a hablar en público, realmente, habrá perdido su condición de inteligencia y usted es mucho más inteligente que para eso. Eso es absolutamente normal, no le quepa duda; lo tenemos todos.

En relación con el fondo del planteamiento de la Autoridad Fiscal, que quién controla al controlador, esto es filosofía política realmente, como ustedes saben. Primero, dentro de la estructura de Gobierno, aquí tienen una persona que me controla y más arriba está el presidente del Gobierno, y más allá están las Cortes Generales. Ésa es nuestra estructura política y lo que hacemos --pero no lo hacemos nosotros, lo hacen las democracias-- es crear órganos que, con la independencia que se le atribuye por Ley, asumen una función. Eso es lo que hacemos y eso es compatible totalmente con el funcionamiento democrático, también adaptado a los países. Por ejemplo, un país que tiene desde hace mucho tiempo esa Autoridad, como ustedes saben, es Estados Unidos. Es un sistema presidencialista que tiene esa Oficina, llamada Oficina de Control Presupuestario; Oficina adscrita, incluso, en términos de Congreso. Y ese tipo de Oficinas lo que emiten son valoraciones, son informes, desde su autonomía, que es lo que llevamos, traducimos, desde su independencia.

En nuestras democracias hemos avanzado lo suficiente para respetar cuando una ley te otorga esa autonomía, pero tiene que depender funcionalmente de algún órgano en esos términos. Eso es lo que nos lleva a hacer esa propuesta de dependencia, pero que no significa, en primer lugar, que anule las competencias de nadie, porque precisamente donde reproduce ese tipo de competencia es en la previsión macroeconómica, pero lo es en todo el proceso presupuestario. La previsión macroeconómica, que también yo he llamado, como saben, públicamente objetivos --no solamente previsiones, un Gobierno tiene objetivos--; esa previsión macroeconómica después es continuada y esa Autoridad tendrá que informar sobre el Proyecto de Presupuestos y la ejecución de ese Presupuesto.

Por tanto, estamos impulsando el nacimiento de una figura cuyos informes serán relevantes, porque son públicos. Quizás no lo he destacado; y he hecho mal --no recuerdo si me he referido a ello--, pero los informes son públicos, lo cual da valor en nuestra sociedad. No estamos hablando de un órgano deliberante para hacer llegar sus informes al Gobierno, sino para publicarlos. En nuestro ordenamiento actual, por ejemplo, sobre el proceso presupuestario en sus inicios también la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria le da un papel al Banco de España porque, como saben, el Gobernador comparece para, en definitiva, informar de la opinión del Banco de España, que tiene también esa categoría, esa condición de estudio, de evaluación, de lo que es la adecuación de los Proyectos de Presupuestos, tanto en el Congreso, como en el Senado de España, al comienzo del proceso presupuestario.

De manera que estamos, por tanto, viendo nacer una nueva figura; pero estamos convencidos de que la adscripción, si le damos la categoría a través de Ley, ciertamente… Y luego las personas que lo ocupen hay que atender a que realmente ejerzan esa función con la máxima profesionalidad.

Después, en términos de recaudación tributaria, sobre el Producto Interior Bruto, en el año 2012, un año de recesión económica muy profunda, un año extraordinariamente difícil para todos los españoles, donde el Gobierno también ha tenido que tomar decisiones enormemente difíciles, como ustedes saben, en términos también tributarios, que yo públicamente desde esta mesa y desde todas mis intervenciones he lamentado tener que tomar, obviamente, tener que haber llevado esas iniciativas al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales; pero, por lo menos, han rendido fruto en términos de que ha aumentado la recaudación sobre el Producto Interior Bruto el año pasado, que no ha llegado, pero casi, a un punto sobre el Producto Interior Bruto.

Era algo necesario, porque España tiene una presión fiscal anormalmente baja. En el año anterior, el 2011, estamos hablando de poco más de un 35 por 100 sobre el Producto Interior Bruto y ésa es una situación que nos advierten todos los organismos internacionales, y por supuesto quienes nos supervisan, de que eso es una anormalidad, y es que lo es. Lo es, es una anormalidad, porque ésta es la medición sin tener en cuenta cuál es el Producto Interior Bruto.

Pero piense que, si nos comparamos cuando empezamos el proceso de Maastricht, en el año 1996, teníamos casi dos puntos más de presión fiscal que lo que hemos tenido al comienzo de esta Legislatura. Con un PIB per cápita que era quince puntos inferior al actual teníamos dos puntos más de carga tributaria sobre la actividad. Es decir, esto es una anormalidad, que, por cierto, tiene que ver mucho también con la lucha, con el énfasis, contra el fraude fiscal. Esto se explica por la extensión del fraude fiscal, razón por la que estamos tomando medidas duras como nunca antes se habían tomado en materia de lucha contra el fraude fiscal en nuestro país.

Vicepresidenta.- Sobre las pensiones, como saben, hace escasas fechas aprobamos un Real Decreto Ley que regulaba uno de los aspectos importantes que había comprometido este Gobierno en materia de pensiones, que era la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial. En ese mismo Real Decreto Ley se establecía la creación o la obligación al Gobierno de crear esta Comisión para analizar el factor de sostenibilidad que, como digo, viene impuesta por una Ley de 2011 y por otra Ley del año 2012.

La ministra de Empleo lo que va a pedir a esta Comisión es que haga sus trabajos de una manera lo más ágil posible para remitirlos de manera inmediata al Pacto de Toledo. Es una de las leyes que queremos impulsar en este semestre.

Me pregunta por el anticipo de los plazos de Rodríguez Zapatero; me imagino que será, digamos, por la ampliación de la edad legal de jubilación. Como ya señalamos en el anterior Real Decreto Ley, esa reforma sigue su "tempus" y nosotros lo que hemos establecido es la adaptación de la edad anticipada, tanto voluntaria como forzada por la situación empresarial, a ese decalage temporal que establecía la norma.

P.- Al ministro de Hacienda. Yo entiendo que vayan a dejar los anuncios grandes para el día 26, pero creo que le estaban preguntando… Claro, usted dice "no vamos a subir los impuestos", pero a la vez dice que es una anormalidad la presión fiscal que tenemos. Entonces, para usted, esto que le está pidiendo Bruselas, para concretar, que es sacar del IVA superreducido una serie de productos, ¿eso es subir impuestos o no? ¿Eso está encima de la mesa del Gobierno o no? Y, sobre todo, si no hay subida de impuestos, ¿de qué estaba hablando el secretario de Estado de Economía esta mañana? ¿A qué se refiere con una gran reforma fiscal?

Sobre el tema del mecanismo independiente, ¿cómo se puede ser independiente si te nombra el Consejo de Ministros? Porque a los organismos independientes, normalmente…, probablemente me equivoco yo, pero ¿no son de extracción parlamentaria, con una mayoría cualificada? Lo llamamos "independiente" pero lo nombra directamente el Consejo de Ministros y, según he entendido, el Parlamento sólo lo oye, no tiene capacidad de veto. No he entendido muy bien el mecanismo.

A la Vicepresidenta lo que le quería plantear es: sobre el conjunto de la reforma… La semana pasada nos dijo que esta semana se aprobarían las reformas. Va a ser el día 26, pero no sé si hoy ya han hecho un análisis en el Consejo de Ministros, si se está evaluando de alguna manera.

En "El País" nosotros el otro día hacíamos una evaluación, en la que decíamos que 41 de las 72 reformas prometidas en marzo no han llegado y Bruselas está lanzando mensajes de que se está retrasando. ¿Admite usted esa crítica? ¿Contesta a esa crítica?

Por último, sobre el asunto de los escraches, sí le quiero preguntar a usted si puede hacer algún tipo de respuesta política, si no a las personas que hicieron esos escraches, sí en general, a todos esos ciudadanos que detectan las encuestas, que hay mucho malestar con la política en general. ¿Usted qué les diría? ¿Qué respuesta política podría dar desde aquí?

Sr. Montoro.- En primer lugar, quiero decirles también, con toda claridad: en España el tipo reducido de IVA, fundamentalmente, está aplicado al transporte y a la hostelería-turismo. No está en la mesa del Gobierno de España subir ese tipo reducido. Más claro ya… Insisto, es que no está. Les he dicho por qué al mencionar las dos grandes categorías sujetas a tipo reducido. Si en España subimos ese tipo, que ya hemos subido del 8 al 10 por 100, estamos perjudicando la competitividad de nuestro país y nuestro país, en esos ámbitos, en los ámbitos que he citado --turismo, hostelería y transportes--, es un país pionero en Europa y tenemos que, por tanto, no perjudicar la capacidad de competir.

No todos los productos y no todas las actividades son lo mismo. Por tanto, esa generalización en la comparación entre impuestos, realmente, en fin… Comprendo que se haga a veces, pero hay que dotarla de contenido y hay que hablar de los efectos que se están promoviendo en esos términos y en esas comparaciones. Por eso, más claro… Sabe lo que significaría, ¿no? Entonces, el Gobierno está apostando por un cambio de escenario de crecimiento económico, como sabe, para el año 2014. Por tanto, esas medidas perjudicarían no concretamente a uno, sino a dos, de los grandes motores de la economía española. No hay ninguna intención de hacerlo.

Además, la Comisión Europea no nos pide que hagamos medidas adicionales para 2013 y de ahí viene un escenario económico que, como el presidente del Gobierno ya anunció, vamos a revisar y esa revisión de escenario económico nos lleva a una cifra diferente de déficit. Ésta es la correlación. Y la Comisión Europea reconoce el esfuerzo que ha hecho España en términos de corrección de déficit estructural no exigiéndonos nuevas medidas porque, si no, estaría diciendo que no se ha hecho la corrección suficiente en términos de déficit estructural. Ésta es la secuencia lógica.

Por tanto, a partir de ahí, lo que está y lo que no está en la mesa del Consejo de Ministros y, desde luego, digamos, para nada en esos términos. Por descontado, luego tenemos que ver la evolución de la recaudación tributaria, los efectos de esa lucha contra el fraude, los efectos del aforamiento de bases imponibles, qué se ha hecho con la regulación extraordinaria, todos estos elementos, y, a partir de ello, seguir tomando decisiones en materia tributaria, pero desde la equidad y desde el principio de no perjudicar el crecimiento económico. Insisto, desde la equidad tributaria y desde el principio de no lastrar ese crecimiento, que es lo que nos conviene a España y le conviene a Europa entera y, por supuesto, a quienes velan por el crecimiento económico de Europa.

Luego, independiente. ¿Usted diría que no es independiente el gobernador del Banco de España? ¿Usted diría que no es independiente el presidente del INE? ¿Usted diría que no es independiente la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Quiero decirle que, realmente, les cito instituciones y podría seguir, ¡eh!, con instituciones, pero ya las otras… Son independientes.

España tiene un sistema institucional fiable, riguroso y que actúa no siguiendo las directrices de un Gobierno, con independencia de que se lo proponga. Luego, por supuesto, las llamadas, en términos anglosajones, las comparecencias, en términos de los "hearings" en las Cortes por supuesto que pueden ser negativas y pueden ser de rechazo. Claro que pueden ser de rechazo, siempre que esa persona no reúna las condiciones objetivas, y pudiera darse perfectamente el caso de que ello fuese así.

Pero quiero decirles que en nuestro panorama institucional hay suficientes ejemplos de que, no ya de que esas instituciones no reciban instrucciones del Gobierno; es que el Gobierno, ni este Gobierno ni ningún otro, tiene ninguna intención de dar instrucciones a este tipo de instituciones, porque estaría vulnerando la Ley. Por eso se ampara en la Ley y tiene que ganar su credibilidad y su fiabilidad en términos de realizar su papel desde esa independencia.

Eso es lo que ocurre, por cierto, en todos los países, en los otros países. Créame que es lo normal y lo normal es centrar el debate político sobre quienes tenemos esas responsabilidades en términos políticos y quienes tenemos que rendir directamente nuestra acción en las Cortes Generales. A partir de ello, también los otros dirigentes de esas instituciones, de manera programada, tienen que ir rindiendo también las cuentas de su actividad en las Cortes Generales.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en relación con el retraso en los tiempos de algunas reformas, el mismo día que su periódico publicaba ese análisis, otro periódico publicaba otro, recogiendo una posición del Partido Socialista sobre el abuso de los Reales Decretos Leyes. Y yo, viendo las dos noticias, pensé, sinceramente, ¿y esto cómo se concilia?

En primer lugar, ustedes hablaban de la Ley de Unidad de Mercado, de la Ley de Bases de Régimen Local… Efectivamente, esas Leyes están elaboradas y están siguiendo el trámite constitucional y parlamentario previsto. Para las que por su materia o por su extraordinaria urgencia podemos aprobar un Real Decreto Ley lo aprobamos y hemos aprobado bastantes. ¿Por qué? Porque algunas de esas reformas son necesarias, es necesario ponerlas en marcha cuanto antes, hay extraordinaria y urgente necesidad, y hay unos planes de reforma que cumplir, porque con la crisis no se puede uno parar. Pero en otras tenemos que cumplir los procedimientos legalmente previstos, entre ellos, el trámite parlamentario.

Indudablemente, en alguna de esas leyes que forman parte del Plan Nacional de Reformas --la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Bases de Régimen Local, hoy la Autoridad Fiscal Independiente-- las leyes están, están elaboradas, están redactadas, pero están en los trámites que hay que cumplir, salvo en los casos en los que podemos ir a un Real Decreto Ley que puede entrar en vigor y luego continuarse o no su tramitación. Con lo que lo procuramos es encontrar el punto medio del equilibrio, a sabiendas de que, hagamos lo que hagamos, probablemente, por uno o por otro lado, siempre pueden venir objeciones.

Sobre su segunda pregunta, yo agradezco que me la haga en esta sede, que es donde yo doy cuenta a los ciudadanos, a través de ustedes, de las actuaciones y de la posición política del Gobierno. Yo en esta sala estoy a su disposición para cuanto deseen preguntarme a través de la labor que tiene la prensa de informar a los ciudadanos. Incluso, a veces, alguno de ustedes me muestra su opinión y yo le doy la mía, porque también estamos para eso, como lo está el Parlamento de la nación, donde me someto a las sesiones de control, a las comparecencias que me reclamen y a los distintos debates; o como lo está también mi tarea de trabajo en esta casa, en el Complejo de La Moncloa, donde está mi despacho y donde trabajo al servicio de los españoles.

Aquí o en el Congreso es donde se me pueden o, creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno; es el de mi vida personal y, sobre todo, el de mi familia.

P.- Yo tenía un par de preguntas para el ministro de Hacienda. Sobre esta modificación impositiva --estamos dando vueltas a muchas cosas--, yo quería saber si estos cambios en la estructura del IVA, que parece que sí se van a realizar, ¿van a provocar una mayor recaudación? Es decir, si se van a cambiar productos de un IVA a otro o qué es lo que va a pasar, o si no se va a tocar directamente la estructura del IVA, porque no me ha quedado claro.

También quería preguntar por Loterías y Apuestas del Estado. En un momento dado, se dijo que se iba a apalancar Loterías para financiar el FLA, luego se canceló esa operación y ahora Loterías está volviendo otra vez al mercado para un préstamo sindicado de 1.500 millones. Yo quería saber, al final, ¿cuánto va a financiar Loterías o a través de Loterías cuánto se va a financiar del FLA? ¿Van a ser, al final, los 6.000 millones que se dijo en un principio y son solamente estos 1.500 millones para los que está en el mercado el Organismo? Un poco que nos explique eso.

Sr. Montoro.- En primer lugar, no va a haber recalificación de productos sometidos a tramos diferentes del impuesto del IVA, tramos distintos, tipos impositivos distintos; no va a haber. Si no le ha quedado claro, yo le agradezco la pregunta para reiterarme en ella: no hay ninguna intención por parte del Gobierno de llevar adelante esa reclasificación.

En relación con lo otro, efectivamente, ya hicimos una programación para que Loterías fuera entrando en la toma de un préstamo, un préstamo financiero, que complementara las emisiones del Tesoro, puesto que Loterías, siendo también una Administración pública que no tiene ese endeudamiento y tiene unos rendimientos bastante ciertos, podría tener esa capacidad. Eso es lo que se está haciendo. Estamos en ello y, por tanto, estamos, en función del interés del mercado y en función, por supuesto, de la capacidad de rentabilidad de este organismo autónomo, Loterías. Son los dos parámetros sobre lo que estamos haciendo.

Pero lo más importante es que, como ven, el Tesoro, España, tiene acceso a la financiación, tiene acceso a una financiación en unas condiciones que, comparadas con el año 2012, hemos de calificar de claramente favorables. Por tanto, tenemos que seguir ganándonos la credibilidad a través de todas nuestras capacidades y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en términos de toma de recursos, que siempre sea lo más limitada posible para no tensionar al mercado.

P.- Mi pregunta es para el ministro de Hacienda. Yo quería hablar un poco de plazos. Teniendo la noticia de la intención de Bruselas de flexibilizar el objetivo de déficit a España, ¿para cuándo va a ser la flexibilización a las Comunidades Autónomas, habida cuenta que, en el caso de Cataluña, por ejemplo, está pendiente la aprobación de los Presupuestos?

Sr. Montoro.- Estamos todos pendientes: está Cataluña, todas las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, y está la Administración General del Estado y la propia Comisión Europea. Estamos en Europa, éste es el proceso dentro de Europa y, por tanto, yo creo que no se demorará ya mucho más.

Nosotros tenemos la obligación, como Gobierno, de remitir a finales de este mes el Programa de Estabilidad del Reino de España; por tanto, ahí aparecerá ya una primera posición y definición, como es obvio. A partir de ello, vamos contrastando y haciendo el trabajo con la Comisión Europea. Pero quiero decirles que el propio Programa parte de las propuestas de los Gobiernos y, a partir de ello, habrá después la valoración de la Comisión Europea.

Éste es el proceso, proceso que estamos ya en primavera y seguro que no superará la primavera. Pero estamos en ello.

Entiendo la urgencia del nuevo Gobierno de Cataluña, pero también tenemos que entender todos que los plazos son inevitables, son ineludibles. Por tanto, lo que tiene que hacer es trabajar con los objetivos que hoy tenemos marcados, como lo han hecho el resto de las Comunidades Autónomas de España.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.