Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Voy a darles cuenta de los principales asuntos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy.

Como saben, el presidente del Gobierno está en el Consejo Europeo, donde se está negociando el próximo marco financiero plurianual y donde esperamos que, fruto de esas negociaciones, pueda lograrse un buen presupuesto para Europa y un buen presupuesto para España. Se llega con espíritu constructivo, pero también dispuestos a dar la batalla para conseguir un presupuesto equilibrado y sensato, por cuanto, por primera vez, España pasará a ser contribuyente neto.

A España le preocupan, especialmente, nuestro sector agroalimentario, las políticas relativas a la PAC, la Política Agrícola Común; la cohesión; el tratamiento de las regiones ultraperiféricas y, en definitiva, nuestra posición como cuarta economía de la zona euro y quinta del conjunto de la Unión Europea.

Por tanto, en este Consejo de Ministros, en ausencia del presidente del Gobierno, hemos aprobado las siguientes iniciativas:

En primer lugar, un Real Decreto sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. ¿Qué es esto? Una norma que pretende reactivar la construcción, por un lado, y la modernización de los barcos pesqueros. Es, por tanto, una medida de estímulo para un sector muy importante de nuestra economía: el sector naval, por un lado, pero también el sector de la pesca, por otro.

¿Cuál es el objetivo en la actual situación de coyuntura económica? Dar mayor flexibilidad a armadores y a empresas para reponer sus flotas.

Con esta norma que aprueba el Consejo de Ministros se realizan tres cambios en la regulación vigente con el objetivo de impulsar la recuperación económica de estos dos sectores, que han sido muy afectados por la crisis, y de garantizar la seguridad jurídica de los destinatarios.

En primer lugar, se flexibilizan las condiciones para poder construir o modernizar buques pesqueros, fomentando las inversiones en el sector naval. Como saben, la normativa nacional y comunitaria exige apartar buques dados de baja, fundamentalmente porque se van a desmantelar, para poder construir otros nuevos o modernizar los existentes, con el objetivo de no superar la capacidad total de pesca que tiene asignada España por la Unión Europea. El problema es que, como consecuencia de la crisis, muchas veces no podía en el plazo previsto acometerse la construcción del nuevo buque. Para ello, se da un plazo de dos años que garantiza que los armadores que estén en un proceso de construcción o de modernización de sus buques no pierdan esos derechos sobre los barcos ofertados como bajas por las dificultades derivadas de la crisis.

La segunda medida, muy ligada también a la seguridad, modifica la normativa para las embarcaciones auxiliares de sectores como la pesca del percebe, que no requieran aportar bajas para poder contar con pequeños barcos de apoyo a sus labores extractivas que beneficien mejoras de su trabajo y, fundamentalmente, de la seguridad.

Por último, se crea un sistema para garantizar que los datos registrales de los buques se ajusten a la realidad. En España el ejercicio de la pesca exige estar dado de alta en distintos registros administrativos; sin embargo, los datos que obran, a veces, en poder de la Administración no siempre coinciden. Últimamente, lo que se hacía es ir aprobando sucesivas leyes, sucesivas normas, para ir regularizando el sector. A partir de ahora, se aprueba un procedimiento ordinario, con vigencia indefinida y general, que dé estabilidad y seguridad jurídica.

Por tanto, estamos ante una norma que es un impulso para el sector naval y para el sector pesquero, a la vez; para adecuar, respetando el tamaño de la flota adecuado a España, nuestra flota, pero mejorarla y modernizarla. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, podrá beneficiar, ni más ni menos, que a más de cien empresas, siendo las de pequeño y mediano tamaño las más beneficiadas, además, por esta flexibilización.

En el capítulo de estímulos de inversiones, el Consejo de Ministros aprueba un Acuerdo, que es importante, para dinamizar, en concreto, una de las provincias más deprimidas de nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se concede a la Diputación General de Aragón una subvención de treinta millones de euros para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel. El objetivo es desarrollar actuaciones que favorezcan la generación de renta y riqueza en esta provincia, y lograr, además, mantener inversiones que generen empleo y que contribuyan a que la gente se quede en Teruel; a anclar la población a esta provincia.

Como saben, la Comunidad Autónoma de Aragón no se beneficia del Fondo de Compensación Interterritorial por su nivel de renta, pero presenta desigualdades interterritoriales importantes y se hace oportuna la aprobación de este Acuerdo, en línea con lo que se ha venido haciendo por anteriores Gobiernos desde los años 90.

Tercera medida en materia de colaboración y coordinación ministerial. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se crea la Comisión Mixta de Economía y Sanidad en relación con el Instituto Carlos III. Este Instituto, como saben, lleva más de veinte años en investigación en ciencias de la vida y de la salud, y, además, es el organismo de gestión de la Acción Estratégica en Salud, que forma parte del Programa de I+D+i. Pues bien, esta Comisión va a ser la encargada de marcar las líneas de actuación de este Centro, que es el principal organismo público de investigación que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. Esta Comisión, por tanto, es un instrumento de gobernanza, que establezca de manera eficiente la colaboración entre ambos Ministerios, por cuanto son materias conexas la investigación y, por otro lado, la sanidad.

Por último, quiero destacar que hoy se ha acordado en el Consejo de Ministros la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre fue la fecha elegida por la Asamblea de Naciones Unidas para fijar, para conmemorar, ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por tanto, es una Declaración que rinde homenaje a las víctimas y a sus familias, y que reafirma el compromiso de todos, pero también del Gobierno de España, para luchar en la erradicación de la violencia que sufren las mujeres.

Es una apuesta que debe ser el compromiso de toda la sociedad. Los datos está ahí: son 43 mujeres las que han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Es muchísimo lo que queda por hacer, lo que queda por trabajar, porque, además, más del 70 por 100 de las mujeres que sufren violencia de género tienen hijos menores que están expuestos o a esa violencia y a ese clima de violencia desde la más tierna infancia.

En consecuencia, éste es uno de los principales problemas que tiene el país, que tenemos que tomarnos todos muchísimo más en serio, que tenemos que trabajar de una manera mucho más coordinada y que nos implica a todos, a los Gobiernos, a las Administraciones, pero también a la sociedad en su conjunto. Por eso, el Gobierno va a recoger, en una Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, todas las medidas, de manera coherente y organizada, que en los distintos ámbitos permitan seguir trabajando y seguir avanzando en la lucha contra la violencia contra la mujer.

Se trata de una Estrategia, que ya está en fase de conclusión, que esperamos presentarles en plazo muy breve, pero que se basa, fundamentalmente, en los siguientes puntos:

En primer lugar, buscar la ruptura del silencio cómplice del maltrato, tanto de las mujeres, como de su entorno y de la sociedad en general. Creo que se han dado pasos sustantivos en este punto, pero todavía tenemos que trabajar mucho más. Eso requiere también dar mucha más confianza a las mujeres de que van a ser protegidas por todo, por las instituciones, por las autoridades, y comprendidas por la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, trabajar para una asistencia mucho más personalizada a las mujeres y a sus hijos, a los menores que viven en su entorno.

En tercer lugar, hay muchos recursos de todas las Administraciones y de muchísimas instituciones, y tenemos que coordinarlos y aprovecharlos todos mucho mejor, para actuar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz, y lograr llegar, no sólo en respuesta, sino también en prevención.

Tenemos que seguir trabajando sobre el conocimiento de esta realidad, de sus magnitudes y de sus por qués, porque es la mejor manera de protegerlo y conocerlo.

Esta Estrategia también contempla, en quinto lugar, una atención específica a las necesidades de grupos que están detectados como esencialmente más vulnerables.

Por último, en la lucha de violencia contra la mujer hay que trabajar en la violencia de género, pero también en nuevas formas de esa violencia como son la trata con fines de explotación sexual; los matrimonios forzados, que, como saben, esperamos que sea ya un delito con la reforma del Código Penal, o la mutilación genital.

Para completar estos ejes y para poner en marcha muchas de las medidas que prevén, saben que el Gobierno está trabajando en un Código Penal, que está ahora sometido a período de informes, donde se pretenden establecer las siguientes medidas:

Extensión de la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género; es decir, que se pueda adoptar esta medida de seguridad frente a los que han sido condenados y no están rehabilitados. Cuando la medida de libertad vigilada se imponga, además, a los delitos de violencia de género, podrá obligárseles a participar en programas de igualdad de trato y no discriminación.

Se tipifican nuevos delitos, como el delito de manipulación de aquellos mecanismos, como son las pulseras, que son dispositivos de control utilizados para garantizar el cumplimiento de las penas o las medidas cautelares y de seguridad.

También se va a tipificar el delito de hostigamiento y acecho. Muchas veces quedaba sin penar y quedaban libres por no entrar muy bien en el tipo penal. Por tanto, a partir de ahora se castigará a quienes, sin estar legítimamente autorizados, acosen a una persona de forma insistente o reiterada que altere su vida cotidiana; o que establezcan o intenten establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación; o el uso indebido de sus datos personales, la adquisición de productos o la contratación de servicios.

Por último, se tipificará el delito de ciberacoso, castigando la conducta de quien, sin autorización de esa persona, de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones de aquella que hubiera obtenido, incluso con su anuencia, en un domicilio o en otro lugar, fuera del alcance de terceros, cuando esa divulgación atente contra su intimidad.

Ayer el Ministerio presentaba una campaña "Hay salida". Yo creo que, entre todos, debemos transmitir a todas las mujeres que en un momento de su vida pueden pasar ellas y sus hijos un calvario, como puede ser la violencia de género, que no están solas; que a las Administraciones Públicas nos queda mucho por hacer y que tendremos que hacerlo muchísimo mejor, pero que la vía para salir de todo ello es denunciar. Tendremos también que trabajar para ganarnos su confianza para que se sientan protegidas; pero, sobre todo, también tenemos que seguir luchando contra ese sentimiento de fracaso o, incluso, de vergüenza, que provoca muchas veces reconocer una situación que tú no has creado, de la que no eres responsable, pero que sientes como un fracaso propio.

Yo creo que ésa es una tarea que tenemos que hacer juntos, y lo digo delante de ustedes, el Gobierno, las Administraciones, los medios de comunicación y las escuelas, todos, porque, sencillamente, las mujeres somos la mitad de la población. Cuando cualquiera de nosotras sufre, no sufre un colectivo; sufre la mitad de la población española, que merece ser protegida como cualquier otro ciudadano, con independencia de la cercanía de la persona, que lo hace mucho más grave, que comete un delito de esa naturaleza.

Estoy a su disposición para cualquier punto sobre este tema o sobre cualquier otro asunto.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber cuál es la postura del Partido Popular con respecto a las medidas que va a tomar el señor Monago en Extremadura, de poner un impuesto a la banca, contra el que el propio PP puso un recurso de inconstitucionalidad hace diez años. Y también qué opina de que vaya a aplicar la paga a los funcionarios en diciembre.

Vicepresidenta.- Me pregunta, me imagino, por la postura del Gobierno. Son dos asuntos distintos, aunque uno ha venido conectado con el otro.

En primer lugar, es cierto que hubo un recurso que se ha resuelto ahora, diez años después. Diez años después, este recurso, que afecta al sector financiero, debe ser analizado. Con todo respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional, , en cuanto a la posición del Gobierno debe ser reexaminado en un cambio de circunstancias importantes, sobre todo a nivel europeo.

Como saben, a nivel europeo, mediante el procedimiento de cooperación reforzada, se está abordando el tratamiento de la posible tasa sobre las transacciones financieras. Por otro lado, España tiene aprobado un MOU, un Memorándum de Entendimiento, por la ayuda al sistema financiero que obliga a poner de manifiesto todas aquellas variantes que puedan afectar al sector bancario.

Por tanto, el Gobierno analizará profundamente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional y ya estamos trabajando en posibles actuaciones, como consecuencia de un avance en los ámbitos de la, entre comillas, "unión bancaria" en el conjunto de la Unión Europea y del tratamiento mediante cooperación reforzada, de determinadas tasas en este sector, que obligan a evaluar una sentencia sobre un asunto diez años después, en que han pasado tantas cosas, si me permite que lo diga así, en los mercados financieros. Tendremos que analizar cuál es el procedimiento más adecuado para dar solución a un asunto que tendremos que hacerlo coordinadamente con Europa, tanto porque se está abordando en un procedimiento de cooperación reforzada una tasa sobre transacciones financieras, aunque no sea el mismo producto, como porque estamos sujetos a un Memorándum de Entendimiento como consecuencia de la ayuda concedida por la Unión Europea a la banca.

Sobre la paga extraordinaria, en primer lugar, tendremos que ver qué hacen el Gobierno de Extremadura y la Asamblea extremeña respecto a esa paga extraordinaria. En las últimas informaciones no deja claro si va a pagar la segunda paga, la de diciembre de 2012, o está haciendo referencia o se refiere a las pagas de 2013. Pero con claridad le digo que, si se incumpliera lo que es una ley básica, la que afecta al régimen del Estatuto del Funcionario Público, y que afecta a la segunda paga del año 2012 --como saben, no se pagará en metálico en diciembre, sino que se diferirá mediante aportaciones al pago de pensiones--; indudablemente, si la normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura incumple esa legislación básica, el Gobierno, como en otras ocasiones, tendrá que proceder a formalizar el recurso de inconstitucionalidad.

No anticipamos nada porque dependerá de si se adopta, si realmente supone un incumplimiento de esa Ley y, si así fuera, se actuará como corresponda, de acuerdo con la Constitución. La legislación básica es aplicable a todas las Administraciones Públicas, como bien conocen.

P.- Vicepresidenta, usted hacía referencia a este Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, donde el presidente del Gobierno de España va a dar la batalla por esos presupuestos y por políticas, como es el caso de la Política Agraria Común. A mí me gustaría saber qué mensaje traslada el Gobierno a los agricultores en estos momentos.

Vicepresidenta.- A los agricultores tenemos que decirles muy claramente que salvar el sector agrícola español y sus recursos es una de las principales, sino la principal, prioridades que tiene el presidente del Gobierno en la negociación de este Marco Financiero Plurianual. Por ello, se está buscando el apoyo o la complicidad de otros Estados que tenemos una preocupación similar; de hecho, ha habido, esta mañana, una reunión bilateral con Hollande, que también es un defensor de la Política Agrícola Común, para lograr defender esas medidas agrarias de renta y de desarrollo del sector rural, que son muy importantes para España.

Siempre hemos dicho que para nosotros la propuesta de la Comisión era el mínimo y que había que trabajar a partir de ahí. En eso estamos. Ya le digo, es una de nuestras principales prioridades, sino la prioridad fundamental, en las negociaciones de este Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

P.- Vicepresidenta, quería saber si al Gobierno le preocupa esa aparente soledad en la que se está quedando el Ministerio de Justicia a la hora de defender las tasas judiciales, por las protestas de jueces, fiscales y otros colectivos judiciales, y también si se podría plantear, como ha dicho el presidente de la Xunta de Galicia, si alguna de esas tasas se podrían revisar a la baja, porque le parecen un poco excesivas.

Vicepresidenta.- Como saben, este Gobierno está llevando a cabo una profunda reforma de la Administración de Justicia, que no sólo afecta al asunto de las tasas, sino que afecta a toda su reorganización en su conjunto, buscando mecanismos que eviten el exceso de litigiosidad, como puede ser la Ley de Mediación o, en un futuro, las leyes de Arbitraje o de Jurisdicción Voluntaria.

Quiero señalar varias cuestiones. En primer lugar, las tasas judiciales es un instrumento común en toda Europa como elemento para la financiación de la Justicia, y en el caso español se quedan muy por debajo de los porcentajes de financiación de este servicio público, que, sin embargo, existen en otros ámbitos de la Unión Europea.

En segundo lugar, las tasas no son nuevas. Existen desde el año 2002 y sufrieron una actualización hace algunos años, en cuanto a su aplicación a los procesos monitorios --como saben, son los proceso civiles, digamos, de los más numerosos-- en la anterior Legislatura y ahora se lleva a cabo una actualización y una ampliación de las mismas.

No obstante, para poner las cosas en razón, me gustaría darles a ustedes algunos elementos de juicio. En primer lugar, como saben, en España funciona un sistema de asistencia jurídica gratuita. Esto ¿qué es? A las personas que no pueden litigar, que no tienen recursos para litigar, se les dan los beneficios de la asistencia jurídica gratuita que supone, no sólo la eliminación de las tasas, además de las exenciones que prevé la Ley, sino también la posibilidad de que se les abonen los servicios de abogado y procurador. Como saben, en nuestro sistema con carácter general, con algunas excepciones, se exige postulación y asistencia procesal; es decir, acompañamiento de abogado y procurador.

Por darles algunos datos, los servicios de asistencia jurídica gratuita atendieron en el año 2011 a 2.076.774 personas y en 2010, más de 1.660.000 personas. Durante el año 2011 se recibieron más de 900.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, que se ratificaron en más de un 79 por 100; es decir, 673.514 expedientes.

Es decir, hay un sistema de justicia gratuita muy amplio. El número de asuntos de asistencia jurídica gratuita tramitados por los Colegios de Abogados en el año 2011 fue casi de 1.700.000. Es decir, hay un sistema de asistencia jurídica gratuita amplio, pero este Gobierno lo quiere ampliar aún más. Ya saben que esas tasas irán vinculadas a la ampliación de los beneficios de asistencia jurídica gratuita elevando los umbrales a partir de los cuales se puede acceder.

En segundo lugar, no todos los procesos llevan aparejada la imposición de una tasa. No lo son los procesos penales, que suponen un porcentaje muy elevado sobre el conjunto, ni determinados procedimientos, como puede ser la primera instancia en el procedimiento laboral; sólo se aplica la tasa a los recursos como el de suplicación.

Un tercer elemento que es importante tener en cuenta es la condena en costas. Si para que reconozcan mi derecho los Tribunales de Justicia tengo que recurrir y me dan la razón, el condenado en costas pagará las tasas que él ha generado y las que le ha generado a la parte que se ha tenido que defender o ha tenido que ir a un procedimiento judicial para que atiendan su derecho.

El Gobierno, y después el Parlamento, están trabajando por una reforma de la Justicia, en la que éste es, como digo, un elemento para trabajar, para rebajar la litigiosidad en nuestro país. Y pensamos que es una norma, un conjunto de todas ellas, especialmente la ampliación de los beneficios de asistencia jurídica gratuita, que puede llevar a reordenar la participación en el pago de los costes de un servicio público que no debe recaer en los que no tienen para litigar y que tenemos que repartir entre los que litigan. Y creo que, cohonestando esos beneficios de la asistencia jurídica gratuita, la ampliación que se va a hacer legislativamente y lo que es el pago al condenado en costas, también esas tasas sirven para abordar esa razonabilidad de la que usted me hablaba y que pedían algún dirigente político y representantes del sector.

P.- Una aclaración a la pregunta sobre Extremadura. Entiendo de su respuesta que ustedes ni recomiendan al resto de las Comunidades que apliquen una tasa a los bancos como ésta para evitar recortes, ni están a favor de un nuevo impuesto a la banca. Usted dice que se tiene que negociar en Europa, pero España tendría un cierto margen, y de hecho hay gente que lo plantea, para hacer un impuesto a la banca para hacer menos recortes. Eso no está encima de la mesa, por lo que entiendo. ¿No teme que el resto de Comunidades puedan igualar o copiar a la extremeña, teniendo en cuenta los buenos resultados que les ha dado con esa sentencia, la puerta que se abre?

Quería plantearle también en torno a la polémica sobre el informe, del que todavía nadie se hace responsable, que está monopolizando la campaña catalana. Quería preguntarle si ustedes ya tienen claro de dónde ha salido; si es posible que en el Ministerio del Interior, en la Policía española, se haga un informe sin que se sepa quién lo ha hecho; y, de alguna manera, si a usted, como Gobierno, le preocupa la imagen que pueden estar ofreciendo, como Gobierno, de descoordinación en una cuestión tan grave que no se sabe muy bien en qué punto estamos.

Por último, estamos ya a finales de noviembre y queda un mes para acabar el año. Le hemos preguntado muchas veces por el rescate. ¿Cree que se puede llegar ya, tal como estamos, a fin de año sin que se haya producido esa petición de rescate?

Vicepresidenta.- Sobre Extremadura, yo he dejado muy clara cuál es la posición en este momento. Ayer se conoció una sentencia que, como usted muy bien decía en su pregunta, obedece a un recurso de diez años antes y creo que todo el mundo es consciente de lo que ha pasado, pero no en España, en el mundo en su conjunto y muy especialmente en la Unión Europea, en relación con el sector bancario.

¿Qué hay que hacer ahora? Por eso, yo creo que también todas las Administraciones y también las Comunidades Autónomas, porque fuera, especialmente en la Unión Europea, como usted conoce bien, todos respondemos como una única parte, un único Estado. Entonces, todos tenemos, vista esa sentencia, que analizar y contrastar con la Unión Europea qué hay que hacer ahora con un cambio de circunstancias muy importante: primero, los cambios en la normativa bancaria deben ser analizados a la vista del Memorándum de Entendimiento a raíz de las ayudas financieras a la banca; en segundo lugar, precisamente en el marco de la tasa a las transacciones financieras, para que sea realmente operativo, hay un procedimiento de cooperación reforzada para aplicarlo de una manera coordinada en todos los Estados.

Usted me pregunta por un asunto en el que en el año 2002 la solución podía ser de una determinada manera e, incluso, podía abordarse únicamente a nivel nacional, o a nivel nacional hablando con las Comunidades Autónomas, o armonizándolo a nivel nacional, y póngame "armonizando" entre comillas para que no se interprete ninguna fórmula legal. Pero ahora da la casualidad de que este asunto en concreto excede de lo que es el ámbito de los Estados miembros o, al menos, en España además como consecuencia del Memorándum de Entendimiento, y debe ser abordado conjuntamente con la Unión Europea.

Es decir, ahí se pone de manifiesto… Claro, diez años es mucho en todo, pero en este caso el cambio de nuestro sistema financiero, de nuestro sector bancario, como todos conocen muy bien, y fíjese la crisis que ha tenido y que tiene, obliga a analizar las cosas a una banda más amplia que Estado-Comunidades Autónomas: a Estado-Comunidades Autónomas-Unión Europea.

El segundo de los asuntos era el informe policial. Yo creo que a lo largo de estos últimos días hay dos circunstancias que deben ser investigadas y se lo digo con absoluta neutralidad, como debe hacer el Gobierno en cualquier procedimiento de esta naturaleza: de un lado, una filtración de un informe y el Ministerio del Interior, inmediatamente de conocido, abrió una investigación que está llevando Asuntos Internos; y, de otro, una serie de acusaciones en relación con determinadas personas que deberán ser los Tribunales los que deben investigar.

Por desgracia, no es la primera vez que se producen en nuestro país filtraciones de informes policiales, que usted conoce muy bien; ha escrito mucho sobre ello, con este Gobierno y con el anterior. A mí juicio, el criterio debe ser siempre el mismo: investigar esas filtraciones, pero también investigar por parte de los Tribunales las circunstancias que se denuncian. Yo no voy a entrar a valorar los distintos procedimientos judiciales que tienen abiertos distintos representantes de ese partido político por el que me pregunta. Corresponde a los jueces, y no al Gobierno, llevar a cabo esa investigación. En la parte que corresponde al Ministerio del Interior, se ha ordenado la oportuna investigación, que lleva a cabo Asuntos Internos

El Ministerio del Interior le ha pedido a Asuntos Internos que haga una investigación y es a Asuntos Internos a quien le corresponde, sin ningún tipo de instrucción, llevar a cabo esa investigación.

Sobre la última de sus preguntas, no hay ninguna novedad respecto a la última intervención del presidente del Gobierno y a mis últimas informaciones aquí. Este Gobierno, ya le digo, no descarta ningún tipo de actuación en ese sentido y lo que tiene que valorar es, a la vista de las circunstancias, la medida que se considere mejor para los españoles. No voy a entrar en ninguna fecha que usted me pregunta.

P.- Tres puntualizaciones; la primera, respecto a las tasas judiciales. Dada la normalidad que usted ha apuntado que existe en la implantación de estas tasas, ¿a qué se cree entonces que se debe que todas las asociaciones de jueces, la abogacía, procuradores, etc., etc., todos, hayan criticado esta implantación de tasas?

Respecto a Extremadura, me gustaría que nos aclarara dos cosas. El impuesto a fecha de hoy está en vigor, lo estaba antes, lo que pasa es que no podía recaudarse, sino que se iba a un fondo mediante avales. ¿Quiere usted decir que a partir de ahora el Gobierno planteará que no pueda seguir en vigor el impuesto? Eso por un lado.

Respecto a dedicar el dinero que hasta ahora estaba en ese fondo a las pagas extras, mi pregunta es: ¿la Comunidad de Extremadura, como otras, pueden pagar pagas extras que ha quitado el Gobierno? Eso por un lado. Y, en el caso concreto de Extremadura, ¿puede dedicar ese dinero extraordinario a algo que no sea reducir el déficit, dada la Ley de Estabilidad?

Por último, si me perdona, sobre el informe, me gustaría saber, dado que, según el Sindicato Unificado de Policía, no hay ningún nombre en ese borrador del informe y hubo un ministro que lo dio por bueno, y por eso dijo que dieran cuenta quienes tenían las cuentas en Suiza, ¿cree que ese ministro debería hacer alguna rectificación al respecto?

Vicepresidenta.- Sobre las primeras de sus preguntas, indudablemente el Gobierno respeta la valoración que las asociaciones judiciales y otros participantes en el sector de la Justicia puedan hacer a este respecto; pero al Gobierno le corresponde tomar decisiones; al Parlamento, aprobar las leyes oportunas y nosotros lo que vamos a hacer es, con ese incremento de las tasas, llevar a cabo una mejora sustancial del servicio de asistencia jurídica gratuita. Creemos que tenemos que tener un sistema en el que se amplíen los beneficiarios, aunque eso sea a costa de quienes, en un determinado momento, teniendo recursos para litigar, deciden acudir a un proceso judicial.

Lo que se está haciendo, digamos, es un reparto diferente de los costes de la Justicia, ampliar la asistencia jurídica gratuita, es decir, que quien no tenga bienes o recursos sufrientes pueda litigar a cuenta de que quienes lo tienen tengan que pagar un porcentaje mayor o una parte mayor de esos costes. Ese ejercicio de equidad les corresponde hacerlo al Gobierno y al Parlamento.

En cuanto a Extremadura, me preguntaba sobre el impuesto a los bancos. Indudablemente, la sentencia produce los efectos que produce sobre la norma que ha sido recurrida y que, como usted bien sabe, estaba en ese régimen tan particular de funcionamiento. Pero es que en diez años la regulación del sector financiero ha cambiado mucho. En diez años, para tasas de esta naturaleza hay un acuerdo en la Unión Europea que se adopten desde un sistema… Más que en la Unión Europea, que entre distintos Estados miembros se acuerde mediante un procedimiento de cooperación reforzada. Pero es que en ese plazo, como consecuencia de la ayuda financiera a los bancos, en España, que responde en su conjunto --esto ya no es Gobierno de la nación, es el Estado español que responde en su conjunto--, medidas de esta naturaleza, tributos de esta naturaleza, tienen que ser hablado y coordinadoss con la Unión Europea y las Instituciones encargadas de seguir el cumplimiento del Memorándum.

Por tanto, han cambiado muchísimo las circunstancias y todos, Gobierno de la nación y Gobierno de las Comunidades Autónomas, que somos Estado, tendremos que trabajar para cumplir lo que es la posición de España en la Unión Europea y en el Memorándum de Entendimiento.

Sobre a qué se puede dedicar el dinero, me dice usted: ¿pueden las Comunidades Autónomas dedicar este dinero a pagar pagas extras, que lo impide la legislación básica del Estado? Indudablemente, no. La legislación básica es aplicable a todo el territorio nacional, por eso es básica, y debe ser respetada por todas las Administraciones. ¿A qué deben dedicar el dinero? A lo que marque el plan de ajuste en concreto de cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Por último, en relación con el informe, yo no he tenido oportunidad de leer ese borrador, pero le voy a decir una cuestión muy clara: el ministro Montoro hizo referencia a un aspecto que es fundamental en la lucha contra el fraude. Que yo sepa no dio nombres, pero sí dejó muy claro cuál es el procedimiento y yo se lo voy a decir: en España no es que no se puedan tener cuentas fuera, es que los españoles tenemos la obligación de declararlas y pagar por las cantidades o por los rendimientos de esas cantidades en cuentas en el extranjero porque, si no pagamos por esas cuentas, estamos defraudando, no sólo a la Agencia Tributaria, sino al resto de los españoles que, como tienen sus cuentas en territorio nacional, les retienen y pagan religiosamente, en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las cantidades que les corresponden.

En conclusión, la obligación de cualquier Agencia Tributaria y, por tanto, del ministro de Hacienda es investigar si existen esas cuentas no declaradas en el exterior. Es más, la semana pasada --lo que pasa es que no era de actualidad y no triunfé yo con el tema-- les presentábamos un Real Decreto que desarrollaba la Ley de Lucha contra el Fraude sobre la obligación que se tenía al inicio de cada año de declarar cuentas y bienes que se tenían en el exterior, y se daba un plazo para declararlo. ¿Cuál es la obligación del ministro de Hacienda, por Ley? Investigar esas cuentas e investigar cualquier bien no declarado, porque eso es un fraude y eso debe hacerlo por Ley, sin necesidad de mandamiento judicial.

Cuando a uno le abre una paralela o le abre una investigación Hacienda, se la abre Hacienda y le llega la carta de la Agencia Tributaria. En el caso de que esa conducta sea constitutiva de delito, que generalmente es porque supera determinadas cuantías, es cuando la Agencia Tributaria le remite lo que se llama "deducir el tanto de culpa al órgano judicial"; pero la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene la obligación de investigar aquellos bienes no declarados, por supuesto en España, pero más cuando se utilizan otro tipo de fórmulas para, conscientemente, burlar el control de la Agencia Tributaria y la obligación de colaborar todos en ese mantenimiento de los servicios públicos, porque quien no paga sus impuestos, lo que está haciendo es perjudicar el servicio público, en general que, reciben el resto de los españoles y que en su inmensa mayoría oportunamente pagan.

P.- Incidiendo en el tema de Extremadura, y en vista de que, según sus declaraciones, entiendo que no parece compatible el nuevo impuesto con la legislación europea, me gustaría saber si le van a pedir a Extremadura que hasta que esto se aclare suspenda la aplicación de este impuesto.

Luego, como usted comenzaba hablando de la negociación sobre el Presupuesto europeo, ¿sería un fracaso que no se alcanzara un acuerdo sobre este Presupuesto, como ha dicho la Canciller alemana a la entrada, que ha dicho que esta no sería una única reunión?

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, ayer se conoció la sentencia, hay que analizarla bien y lo que hay que ver es cómo se encaja en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, permítame que, primero, los Ministerios hagan esa tarea, especialmente los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, y, a resultas de las consultas que se hagan a la Unión Europea, determinar cual es el mejor procedimiento para, como digo, ajustar al momento actual lo que es una resolución judicial fruto de una norma de hace diez años, con un cambio de circunstancias muy importante.

Quedan varias horas de negociación o eso parece. Yo no voy a anticipar cuáles son los resultados. Yo creo que lo importante es en este momento es seguir trabajando con espíritu constructivo y lo importante es llegar a un buen acuerdo, que sea un buen Presupuesto en general… Unas buenas Perspectivas, porque no es el Presupuesto, es el Marco Financiero Plurianual; buenas para la Unión Europea y, por la parte que corresponde a España, que sean buenas para un país que, como digo, por primera vez va a ser contribuyente neto, con lo que tiene una posición, digamos, novedosa y un tanto más complicada que en anteriores circunstancias.

P.- Yo querría saber si el debate soberanista que se ha suscitado desde hace algunas semanas en España, y que puede concluir, ya veremos cómo, en las elecciones del domingo, puede acabar contaminando o polarizando a las instituciones de la Justicia. Lo digo, por ejemplo, por el enfrentamiento que habido entre el fiscal general del Estado y el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También me gustaría saber si el Gobierno confía en que después de las elecciones, a la vista del resultado, sea el que sea, cree que se pueden abrir cauces de diálogo o establecer algún tipo de puentes para calmar esta situación o, por el contrario, piensa que puede ir a más.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, yo creo que hay que ajustarnos y las instituciones tienen que ajustarse a lo que dice su funcionamiento constitucional; entre ellos, en el ámbito de la Fiscalía a la autonomía respecto al Gobierno, pero también a la unidad de criterio y a la dependencia jerárquica en el ámbito de la Fiscalía. Eso es lo que marca la Constitución y, cuando la Constitución fija un asunto, poco tenemos los demás que opinar.

Pero yo quiero recordar una cuestión que es importante. Una de las bases de la democracia es la separación de poderes y lo que tenemos que cuidar es que haya separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial siempre, pero máxime en aquellas Administraciones que, como son Administraciones y por tanto forman parte del Poder Ejecutivo, aunque tengan también, digamos, su parte legislativa, lo que deben ser es absolutamente escrupulosas con respecto al Poder Judicial. Es decir, en nuestro sistema, aunque sea un Estado descentralizado, la Justicia es un poder único para todos e independiente de todos; pero especialmente también independiente de otras Administraciones.

Sobre las elecciones y lo que va a pasar después de las elecciones, yo no puedo ni anticipar, ni lo conozco, ni sé, lo que pasará o dejará de pasar el domingo; pero siempre el presidente del Gobierno ha mantenido y ha buscado un clima de diálogo y cooperación leal con todas las Comunidades Autónomas. Así la ha expresado en pluralidad de ocasiones, antes y durante la campaña, y así lo hará, porque ésa es la forma de trabajar de este Gobierno, después de la misma. Me remito a lo que expresamente se le dijo al presidente de la Generalitat, y también candidato de uno de los partidos, después de la reunión bilateral que tuvieron en Moncloa.

P.- Le quería preguntar por el tema catalán, porque hace un momento salían en esta sala las declaraciones que hizo hace unos días en un acto electoral en Cataluña el ministro Montoso. A la vista de lo que usted nos ha contestado, quería saber si el Gobierno tiene indicios o datos concretos que avalen que el señor Mas tiene cuentas en Suiza o en algún paraíso fiscal.

En segundo lugar, quería retomar una pregunta anterior sobre las tasas judiciales. Teniendo en cuanta las protestas que estaba provocando o la disconformidad de muchos sectores (abogados, jueces y partidos políticos), quería saber si el Gobierno se plantea reconsiderar este tema; una rebaja, una flexibilización de esas tasas judiciales.

Vicepresidenta.- A la segunda de sus preguntas, idénticamente formulada, acabo de contestar hace un momento y nada tengo que añadir respecto a lo que acabo de decir.

En relación con la primera de sus preguntas, como bien sabe, estamos en medio de un proceso de regularización fiscal y lo primero que corresponde a los que tengan cuentas fuera no declaradas es declararlas. Para los que quieran acogerse al sistema de regularización fiscal acaba la semana que viene y los que no, saben perfectamente que, a partir de ese momento y de acuerdo con la nueva Ley de Lucha contra el Fraude, podrán ser oportunamente investigadas sus cuentas.

Si yo le diera lo que usted me está pidiendo, probablemente incumpliría alguna norma tributaria, porque ya sabe cómo están afectos estos procedimientos que afectan a personas individuales a unos limitados derechos de acceso a documentos públicos que establece, entre otros, la Ley de Régimen Jurídico de las a las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo.

P.- ¿Cree que en esta recta final de la campaña electoral catalana, y a cuenta de este informe, o borrador, o lo que fuere, CiU está pretendiendo hacerse la víctima a cuenta de la existencia de nuevo de ese informe? ¿Le perece relevante la información que contiene el informe y que Interior avala, indicando que parte de esa información está judicializada y otra parte forma parte de notas, etcétera? Es decir, parece que refrenda la existencia de los datos que menciona.

Luego, quería preguntarle qué le parece que el juez del "caso Palau" forme parte de una fundación que ha recibido cientos de miles de euros en subvenciones de la Generalitat, que gobierna el partido que está juzgando en ese caso de financiación irregular.

Vicepresidenta.- No tenía información de este último punto. Lo acabo de conocer porque usted me lo pregunta. Ante ese desconocimiento, permítame que no haga valoraciones de un hecho que no conocía y que, en todo caso, corresponderá a esa fundación dar las explicaciones oportunas de esos fondos que me dice usted que ha recibido y del empleo de los mismos.

Yo decía al principio de mi intervención una posición muy clara: cuando surgen asuntos de esta naturaleza y cuando se pone encima de la mesa un informe como el que ha hecho público el SUP, corresponde investigar y hay que investigar dos circunstancias: la filtración de ese informe y el ministro del Interior, a través del encargo a Asuntos Internos se ha puesto a ello; y, de otro lado, las acusaciones que de ahí surgen. Corresponde a los jueces, y yo espero que así lo hagan, investigar los asuntos o los posibles delitos que ahí se contienen y dictaminar sobre los mismos. Yo creo que a lo largo de estos años han sido múltiples y son varios los procedimientos judiciales que en este caso afectan a Convergència i Unió, que usted me preguntaba, y a ellos les corresponderá, en su caso, dar las oportunas explicaciones políticas.

Pero ante circunstancias de esta naturaleza corresponde investigar: filtración policial al Ministerio del Interior y Policía; asuntos que puedan ser constitutivos de delito y que afectan a responsables de Convergència i Unió, a los jueces. Sobre las responsabilidades políticas de cada uno, cada uno tendrá que valorar si ha dado la suficientes explicaciones a los ciudadanos. Ahí, como Gobierno, no puedo entrar a hacer mayores valoraciones.

P.- Quería preguntarle dos cosas también en relación con este asunto de Artur Mas. Como ha hablado usted de la separación de poderes y de la importancia de que esto ocurra en el ámbito de la Justicia, quería un poco más de concreción sobre la valoración del Gobierno en relación con el documento que ayer hizo público el fiscal superior de Cataluña, diciendo que las afirmaciones sobre Artur Mas eran radicalmente falsas y apuntando directamente a un delito de calumnias por parte del diario "El Mundo".

En segundo lugar, como estamos a 48 horas de esas elecciones en Cataluña, me ha dado la sensación en dos ocasiones de que, si la portavoz del Gobierno habla de Artur Mas y acto seguido de aquellos que no declaran bienes a Hacienda, está insinuando claramente que el presidente de la Generalitat catalana no declara bienes a Hacienda o estafa a Hacienda. ¿Estoy equivocada o está insinuando que el Gobierno tiene esos datos, aunque no quiera incumplir una norma tributaria?

Vicepresidenta.- No me ponga en mi boca ni extraiga conclusiones que no he hecho. Yo le he contado a usted cómo es el procedimiento con carácter general y, además, tengo que hacerlo porque es bueno que en esto haya pedagogía. Como hay un cambio legal, es bueno que todos los ciudadanos que tengan cuentas fuera y que no las declaren sepan que la obligación de la Agencia Tributaria es investigar esas cuentas, averiguar si existen y hacer pagar por lo que no han pagado esos ciudadanos que no han declarado.

Ésa ha sido mi posición, sólo que ustedes me preguntan por personas y yo lo que les cuento es el procedimiento, con lo que la conexión de nombres va entre su pregunta y mi respuesta, pero no dentro de mi respuesta.

Sobre la situación de la Fiscalía, lo decía en una pregunta que me formulaban antes y es la siguiente: el Gobierno… Yo aquí nunca he opinado, ni mucho menos he dado instrucciones a la Fiscalía, que es autónoma. Yo no puedo valorar la posición de un fiscal; pero los fiscales, por mandato del artículo 124 de la Constitución Española, están sometidos a los principios de unidad de acción y actuación, y de dependencia jerárquica, con lo que corresponde al Fiscal General del Estado, como superior jerárquico, por mandato constitucional, hacer la valoración y fijar la posición de lo que corresponde que es adecuado hacer en el ámbito de la Fiscalía. Por tanto, a sus declaraciones me remito.

P.- Quería volver al informe. Usted comentaba que una de las partes importantes es que los Tribunales deben investigar. Leyendo el informe del SUP, que ha presentado el SUP, deja entrever que, quizás, algunas partes de la Justicia y algunas partes también de aspectos policiales no se han investigado convenientemente a pesar de estar ahí, de que están en ese informe. Quería preguntarle qué le parece que no se haya investigado lo que aparece en ese informe que ha presentado el SUP.

Y quería volver también a las tasas, porque usted ha explicado aquí por qué el Gobierno ha tomado esa decisión, cuáles son los beneficios que pueden traer, etc., etc. Entonces, yo me planteo por qué asociaciones de jueces, abogados, procuradores, asociaciones de consumidores, partidos políticos, sindicatos, todo el mundo, está en contra de algo que parece que el Gobierno tiene claro.

Vicepresidenta.- Me pregunta por qué le parece que no se investigue. Yo he pedido a lo largo de mi intervención varias veces que precisamente lo que ha de hacerse es investigarse. Y este Gobierno lo que pide es, con absoluta desde luego independencia y neutralidad, que se investiguen todos esos extremos; que se investiguen por quien corresponde: Policía y los Tribunales, y los temas fiscales por la Agencia Tributaria, que es a quien corresponde.

En relación con el asunto de las tasas, he contestado exactamente a esa pregunta. Yo entiendo que los usuarios o los que trabajan en la Administración de Justicia consideren que determinadas medidas afectan a cómo venía hasta ahora articulándose el asunto; pero al Gobierno le corresponde tomar determinadas decisiones, que no siempre son fáciles y que no siempre son populares, pero que a alguien le corresponde hacer. Y es a veces habitual que uno diga "hagan ustedes muchas reformas y hagan muchas cosas", hasta que toca la que más afecta a su ámbito. Y este Gobierno trata de hacer reformas de la mejor manera posible y acertar con un único objeto, que es mejorar un servicio público, que es muy necesario y en lo que debemos todos trabajar para que lo sea mejor a los ojos de los ciudadanos.

Muchas gracias.