Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

18.5.2012

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Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a dar cuenta de los asuntos que ha abordado este Consejo de Ministros.

En primer lugar, quiero señalar que el Consejo de Ministros se ha detenido largamente en un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró en el día de ayer.

Quiero transmitir, en primer lugar, la valoración sumamente positiva que el Consejo de Ministros ha hecho de esa reunión; una reunión que marca un hito muy importante en el desenvolvimiento del Estado autonómico.

El acuerdo de ayer es un consenso de primer nivel. El acuerdo de ayer es un auténtico pacto de Estado en el que todos sus miembros hacen común un objetivo de nación, que es controlar el déficit para salir de la crisis. En ese acuerdo se pone, además, de manifiesto la viabilidad de un Estado, el Estado de las Autonomías, que es capaz de marcarse objetivos comunes y que es capaz de fortalecer la unidad de todos sus miembros para conseguir lo que tiene que ser un elemento fundamental en la salida de la crisis, que es el control del déficit.

A través de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera las Comunidades Autónomas, conjuntamente con el Gobierno de la nación, ponen en claro sus cuentas, ponen a cero sus cuentas, aprovechando también el Plan de Proveedores, con un elemento fundamental, el del control del déficit, para salir de la crisis.

Como bien saben, tres son los objetivos fundamentales o tres son los elementos fundamentales para conseguir el objetivo de salir de la crisis: uno es la consolidación fiscal, esto es, la austeridad y el rigor presupuestario para lograr, a través de ese control presupuestario, destinar los mejores recursos y los mayores recursos posibles a la gestión del Estado de Bienestar; en segundo lugar, las reformas estructurales que necesita el país para modernizarse, para volver a crecer y crear empleo, y, por último, la reforma del sistema financiero.

Pues bien, en torno a uno de esos elementos las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación logran un acuerdo para fijarse un objetivo común y un objetivo de primera magnitud, que es ese control del déficit.

Por tanto, la valoración del Gobierno es una valoración positiva por cuanto, con independencia de los distintos intereses y situaciones de esas Administraciones de cada una de las Comunidades Autónomas, se logra un acuerdo para la consecución de ese objetivo de control del déficit como mecanismo para salir de la crisis.

Y quiero, en nombre del Gobierno, agradecer a todos los participantes, a todos ellos, la responsabilidad con que han actuado en este camino que ahora se inicia y que, indudablemente, será objeto de control por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Es un objetivo al que ha ayudado, indudablemente, una ley, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, fruto de una reforma constitucional, que ha permitido marcar una senda de unidad y de intereses comunes de todas las Administraciones públicas españolas en un órgano que sale de ella también reforzado, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A partir del día de ayer empieza la ejecución de ese acuerdo y el control de su ejecución, y lo hace a través de la remisión mensual de información, que establece y a que obliga esa Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a partir de la cual se trasladarán sus datos en datos homogéneos de Contabilidad Nacional. Es decir, por primera vez, habrá un control mensual de la ejecución de las Comunidades Autónomas en términos homologables y transparentes para todos los ciudadanos, por cuanto de la transparencia de las cuenta públicas nace también la responsabilidad, en esa tarea compartida y acordada en el día de ayer, de controlar el déficit, de reordenar los servicios públicos y de lograr una verdadera reforma administrativa; un cambio de mentalidad en todas las Administraciones para, cumpliendo con los compromisos presupuestarios, lograr poner el contador, las deudas, a cero y empezar a abrir una nueva senda de crecimiento y creación de empleo.

En segundo lugar, este Consejo de Ministros ha analizado el segundo de los pasos de lo que para nosotros es una reforma fundamental de regeneración democrática de transparencia. Creemos que uno de los elementos claves que da fiabilidad a un país, que refuerza su confianza y que da credibilidad es la transparencia, la rendición de cuentas, de sus instituciones.

Saben que hace algunas semanas el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Documentación Pública y el Código de Buen Gobierno fue expuesto a audiencia pública; en concreto, el 23 de marzo. Estuvo colgado en la página web del Ministerio de la Presidencia hasta el 11 de abril. En ese tiempo fueron muchas las visitas --más de 78.000 visitas-- y numerosas las aportaciones, tanto de particulares, como de otras Administraciones públicas o como, de una manera muy especial, de distintas organizaciones no gubernamentales, algunas muy ligadas al ámbito de la transparencia y otras, con otros contenidos o con otros cometidos de carácter más general o más particular.

En total, se han recibido 3.669 correos electrónicos con observaciones y, por Registro, ha habido catorce entradas más. Es decir, ha tenido casi 3.700 aportaciones, de muy diversa índole y de muy diferente calado. Analizadas todas ellas, en una labor en la que permítanme que reconozca la tarea que han llevado a cabo los funcionarios de esta casa, se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse, porque respondían a la filosofía y, sobre todo, a la posibilidad de cumplimiento en esta Ley, por cuanto en esta Ley lo que vamos a procurar es que lo que se incluya, se cumpla. Sería muy fácil hacer gestos de inclusión de cuestiones que después queden en papel mojado. Lo que queremos es que sea una ley de obligado cumplimiento para todos en sus propios términos.

En primer lugar, ha habido petición de ampliación de los sujetos, algunos de los cuales ustedes conocen, porque me han preguntado aquí sobre posible inclusión. No obstante, yo quiero recordar que esta Ley es una ley dirigida a las Administraciones públicas o a aquellos que tienen alguna relación o alguna consideración en algunas de sus funciones de administración. Por eso, se ha aceptado una sugerencia de muchos ciudadanos de incluir a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público en la Ley de Transparencia, y se ha incluido.

Se ha ampliado también entre los sujetos a los adjudicatarios de contratos que, en cuanto tales, llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas y que, en los términos que establezca el propio contrato, tendrán que hacer transparente esa gestión contractual.

En tercer lugar, se ha ampliado el ámbito de la Ley de Transparencia a aquellos elementos que se van a incorporar en la información que, de una manera activa, las Administraciones cuelgan en sus páginas web o en el Portal de Transparencia, al que luego aludiré. Y se va a ampliar la información en materia de contratos a elementos tales como los desestimientos o las renuncias; pero también se da una solución a la información sobre contratos menores, que saben que son contratos de muy pequeña cuantía, que estaban excluidos de la Ley. Ahora lo que se hará es una información trimestral de los montantes y los principales elementos de esos contratos.

Se refuerza la posición del Portal de la Transparencia. ¿Qué es el Portal de la Transparencia? Es una página web única, en este caso, para la Administración General del Estado, en la que todos los Ministerios y todas las entidades que integran la Administración General del Estado incluirán su información para que los ciudadanos puedan, yendo a una sola página, analizar, o la documentación que se aporta directamente por la Administración, o reconducir sus peticiones a un único órgano, que se encargará de distribuirlas y recabar las respuestas para su aportación.

Quiero decir que los ciudadanos han reclamado la conversión del silencio negativo en silencio positivo. Lo hemos valorado pero, ante la situación de materias que son importantes y sensibles para la seguridad ciudadana o de las personas, para la defensa nacional, que pueden afectar a la competencia entre determinadas personas o empresas que están vinculadas a procedimientos administrativos; ante esas dificultades de limitaciones que afectan a elementos importantes, esta Ley mantendrá el carácter del silencio negativo, por cuanto actuar de otra manera supondría perjuicios en ocasiones a intereses, o públicos, o de terceros, que entendemos que hay que preservar.

Pero, sin embargo, sí hemos atendido a una petición de dotar de mayor independencia a la valoración de esas decisiones que adopta la Administración sobre la aportación de información o sobre la vigilancia de la propia Ley. Se ha reclamado un organismo o una entidad que fuera más independiente respecto de la propia Administración que tiene que prestar los datos de transparencia. Como no queremos crear nuevas agencias ni nuevas estructuras que cuestan dinero a los ciudadanos, saben que existía una Agencia de Calidad de los Servicios, que se encargaba precisamente de comprobar que la Administración prestara servicios de mejor calidad y mejor gestionados a los ciudadanos, esa Agencia, ya en el borrador, se convertía en Agencia de Transparencia y de Calidad de los Servicios.

En este segundo paso reforzamos su independencia con un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores; en concreto, al del nuevo organismo supervisor que se va a crear, que es independiente --lo es por exigencia, entre otras cuestiones, de la Unión Europea--, que es la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Pues bien, en esta Agencia de la Transparencia su director, su presidente, será elegido de la misma manera que esa Comisión y sólo podrá cesar por las causas previstas en la Ley. Es decir, le damos un estatus de mayor independencia respecto a la Administración General del Estado.

Hay dos últimos puntos que se han reforzado, y mucho, en esta Ley. De un lado, en el Código de Buen Gobierno se ha establecido mucho más acotado y mucho más profundo el régimen del procedimiento sancionador de aquellos altos cargos que incumplan las normas de buen gobierno previstas en la Ley. Tratándose de ministros o secretarios de Estado, será el Gobierno, será el Consejo de Ministros, el órgano sancionador; tratándose de otros altos cargos, será el Ministerio, ahora de Hacienda y Administraciones Públicas. Y ese Ministerio de Hacienda será el encargado de sancionar las conductas de los altos cargos que vulneren, en los términos previstos por la Ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, del mismo modo que ese Ministerio puede acordar el envío de delegaciones u otros mecanismos coercitivos para cumplir los planes de ajustes, será también el que tenga encomendada la misión de analizar si hay vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de un alto cargo, que sea constitutiva de infracción e imponer la correspondiente sanción.

Por último, se refuerza la tarea del Gobierno a la hora de abordar la simplificación normativa. Uno de los elementos de esta Ley era la necesidad… Para, evidentemente, ser más transparente y, sobre todo, fomentar la calidad de las normas que van dirigidas al conjunto de los ciudadanos, se creó una Unidad de Simplificación Administrativa. Esta Unidad de Simplificación Administrativa va a depender de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, por cuanto es el vehículo de relación del Gobierno con el Congreso de los Diputados, y tendrá la obligación primera de aprobar un Plan de Simplificación Normativa.

Este Plan de Simplificación Normativa tiene por objeto que en nuestro país haya menos y mejores leyes; que los ciudadanos y los operadores económicos y jurídicos, en general, se encuentren con normas más sencillas, mejor hechas y, a ser posible, menos numerosas. Por eso tiene el encargo de elaborar, en primer lugar, una relación de textos refundidos que tendrán que presentarse en el Congreso de los Diputados. Es decir, el propio Gobierno tratará, en las normas que han sufrido muchos cambios, de llevar un buen número de textos refundidos a las Cortes para que en una sola norma estén presentes todas las modificaciones que se han producido y que están en vigor.

En segundo lugar, utilizaremos el instrumento de la codificación para dar unidad a normativas de un mismo sector, pero dispersas en distintas leyes, y muchas veces con diferente interpretación entre unos y otros preceptos, para clarificar a los operadores jurídicos y tener en un solo texto el régimen jurídico aplicable. Y se fortalecerá la obligación, del Gobierno pero también de las Cortes Generales a la hora de llevar a cabo estas cuestiones, de inclusión de cláusulas derogatorias que saquen del ordenamiento jurídico aquellas normas o aquellos artículos de normas que están derogados, que están superados, por las que se presenten.

Es un plan que tiene un objetivo fundamental, que es mejorar la calidad normativa, pero, sobre todo, dar a los ciudadanos normas de mayor calidad y a los operadores jurídicos y económicos una mayor seguridad jurídica, que, indudablemente, redundará en una mayor facilidad en el tráfico económico y en el tráfico jurídico, que, en la medida de lo posible, también puede ayudar a reducir el número de la litigiosidad por cuanto una de las reclamaciones de todos los operadores y de los profesionales, en este sentido, son mejores leyes, que no tengan que ser discutidas en su interpretación ante nuestros tribunales.

Ése es el contenido de un Anteproyecto que ahora se remite a la Agencia de Protección de Datos, por cuanto, indudablemente, afecta a ese régimen, y que después pasará el trámite correspondiente ante el Consejo de Estado, previa su remisión a las Cortes Generales.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto u otro.

P.- Yo quería preguntarle, en primer lugar, por Bankia. ¿El Gobierno no considera que, después de la semana que llevamos, con la prima de riesgo, además, por las nubes, no habría sido conveniente un mensaje del presidente del Gobierno para tranquilizar a los ciudadanos?

También quería preguntarle por Televisión Española. ¿El Gobierno ha tomado ya una decisión sobre la renovación de los cargos directivos?

Sobre la auditoría de la banca española, conocemos que uno de los auditores será Goldman Sachs. Quería preguntarle quién será el siguiente, si el Gobierno lo sabe, y a cuánto ascenderá el coste de esa auditoría.

Luego, específicamente sobre el asunto de la transparencia, tengo dos dudas. En primer lugar, usted ha explicado que el Gobierno ha optado por el silencio negativo, aludiendo --me ha parecido-- a los asuntos de seguridad, de defensa nacional o de datos que perjudiquen a terceros. No me ha quedado claro el argumento, puesto que aquí no estamos hablando de la materia que se comunica, sino el modo mediante el que se comunica, sobre cómo se dice un "sí" o cómo se dice un "no; si se dice por escrito o se da la callada por respuesta. Me gustaría que me explicase, si es posible, un poco más en qué se ha basado el Gobierno para no aceptar esta petición, como usted ha dicho, masiva, por parte de las ONGs.

Por último, como no han facilitado ustedes todas las sugerencias aportadas por los ciudadanos, sí me ha parecido escucharle que usted reconocía que muchas de ellas tenían que ver con el ámbito de la ampliación de sujetos de la Ley. Me gustaría preguntarle --creo que cualquiera de los que estamos aquí podemos pensar que ha sido así-- si existe entre esas sugerencias ciudadanas que la ampliación de sujetos pase por la Casa Real, que fue un asunto que en su momento pidieron algunas ONGs. ¿Esto ha sido masivo en las peticiones ciudadanas?

Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas iba referida a Bankia. En primer lugar y en nombre del Gobierno, quiero, primero, trasladar un mensaje de tranquilidad a los inversores y a los impositores por cuanto el Gobierno, entre otras materias y en sus dos reformas del sistema financiero, en sus dos pasos de la reforma del sistema financiero, ante todo lo que trata de garantizar es la solvencia y la capacidad de todas las instituciones para cumplir plenamente sus obligaciones. Por lo que desde el Consejo de Ministros se le da un mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos sobre la seguridad de sus depósitos, de sus imposiciones de diferente tipo y de sus inversiones.

Pero hago también una llamada a la responsabilidad de todos a la hora de abordar un asunto en el que son muchos los intereses de muchos ciudadanos, a los que tienen que llegar mensajes certeros de cómo está la situación y de la tranquilidad que pueden tener.

La segunda de sus preguntas era sobre la decisión de nombramientos en Televisión Española. No corresponde al Gobierno hacer esos nombramientos. Se iniciará ahora un trámite que depende de las Cortes Generales, que se residencia en el Congreso y en el Senado, y en las negociaciones de los Grupos Parlamentarios. En ese sistema, desde luego, es intención del Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno buscar los máximos consensos en un procedimiento que les recuerdo que es de dos tercios de los diputados y senadores en una primera fase, y de mayoría absoluta en una segunda votación, si no se lograra en la primera.

Ayer hubo ya el acuerdo de algunos Grupos que llevó a una votación en un número importante de ese cambio en ese sistema de nombramiento. Nosotros vamos a trabajar por mantener ese acuerdo y, en la medida de lo posible, ampliarlo a otros grupos en un sistema que, por otro lado, es un sistema que ya ha regido en España con anterioridad, como consecuencia del derecho transitorio que fijó la Ley primera del año 2006 en relación al régimen de nombramientos en Radiotelevisión Española.

La tercera de sus preguntas era sobre la auditoría de banca española y me mencionaba usted una entidad que no tiene porque ser de los valoradores independientes. Me habla usted de una entidad que colabora con el Tesoro, en lo que ha salido. Estamos hablando de cosas diferentes. El lunes se dará a conocer por parte del Ministerio de Economía, de acuerdo con la instrucción que recibió del Gobierno, el nombre de estos valoradores. Se trata de un procedimiento que se ha hecho con urgencia, pero se han pedido distintos nombres para llevar a cabo la mejor elección y con la mayor independencia, y el lunes conocerán ustedes el nombre de estas dos entidades o estos dos auditores encargados de llevar a cabo esa valoración. Será en dos fases: una primera fase de "stress test", muy urgente, rápida, en el término de un mes; y, después, un análisis más pormenorizado de los balances de cada una de las entidades.

Corresponden los costes de esta actividad al Banco de España y les podrá informar más sobre la misma.

Sobre el asunto del silencio negativo, permítanme que les explique cómo funciona ese régimen del silencio. Cuando el silencio es positivo y alguien presenta una petición, haya o no respuesta, si pasa el tiempo, se le da por concedido el derecho a tenerla. Si ante numerosas peticiones sobre un determinado asunto, y sabiendo que la Administración es limitada en cuanto a su personal, no se da respuesta en un asunto que afecta a la seguridad nacional o de las personas, a la defensa, a diferentes intereses comerciales y económicos; si no hay respuesta, se entiende que se tiene derecho a obtenerla, con lo que pudiera generarse un conflicto importante en relación a la protección de esos intereses, muchas veces del Estado o de otras Administraciones, pero también de los particulares.

Es decir, no es que del silencio positivo se deduzca que le han dicho a uno que "sí"; es que, si se deduce que le han dicho que sí, le tienen que dar esa información, con independencia de que el dar esa información pueda vulnerar la Ley de Protección de Datos, por poner un ejemplo, o las leyes de la defensa nacional.

Su quinta y su sexta pregunta eran relativas a la ampliación del ámbito subjetivo y me preguntaba qué sugerencias ha habido en este punto. Las ha habido en el ámbito de los Colegios Profesionales, como corporaciones de derecho público; de algunos que deben entenderse en el ámbito de aplicación de la Ley, porque son administraciones y no era necesario; y de la Casa del Rey.

Efectivamente, algunos ciudadanos y algunas organizaciones, igual que me preguntaron ustedes con ocasión de la presentación de esta Ley, lo han pedido. Pero yo vuelvo a recordar que la Casa del Rey no forma parte del grupo de las Administraciones públicas, que son las que están sujetos, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Española, a las obligaciones del acceso a documentos. Por otro lado, la normativa internacional, el convenio internacional, más importante sobre esa materia, prevé que las Casa Reales, las distintas monarquías, no estén sujetas a este régimen. Y vuelvo a recordarles que alguna de las monarquías con mayor tradición europea, como es la británica, no están sometidas o no se les aplica la Ley de Transparencia de ese país, que, sin embargo, y a pesar de ello, es considerada como un referente en las leyes de transparencia en el ámbito de la Unión Europea.

P.- Vicepresidenta, sobre la situación económica. Esta semana hemos vivido una semana muy complicada; evidentemente, hemos llegado en la prima de riesgo a los 500 puntos, la Bolsa… No sé qué más puede hacer el Gobierno para que esta situación se solucione, para que los mercados vuelvan a la calma. Es cierto que hoy la situación se ha mejorado, pero no sé qué más puede hacer el Gobierno. ¿O tal vez es la Unión Europea la que ahora tenga que dar gestos o hacer algún tipo de instancia para que la situación se mejore? Es verdad que hoy Bruselas ha dicho que España no tiene por que temer que sea intervenida, pero no sé si debe de hacer algo más o el Gobierno puede todavía hacer algo más para mejorar la situación.

Sobre las Comunidades Autónomas nos ha avanzado que va a haber un control mensual de las cuentas de las Comunidades. No sé cómo se va a articular ese control. No ha hecho mención al Principado de Asturias y también me gustaría saber cuál va al ser el procedimiento con Asturias a partir de ahora.

Vicepresidenta.- Me preguntaba sobre la situación económica de estos últimos días. Indudablemente, todos, en el conjunto de la Unión Europea, en cada uno de los Estados miembros, y, por supuesto, en España, tenemos que hacer nuestra tarea para que la Unión Europea vuelva a crecer, vuelva a ser un motor de crecimiento del empleo y logre la estabilidad política y económica que todos queremos.

¿Qué va a hacer el Gobierno? Va a seguir llevando a cabo las reformas que España necesita: en primer lugar, la consolidación fiscal, porque el control del déficit es un elemento fundamental para salir de la crisis y para crear empleo; es el presupuesto de base. Vamos a seguir haciendo las reformas estructurales que necesita España para volver a la senda de crecimiento. Y este Gobierno seguirá en el cumplimiento de su programa reformista, porque entendemos que de la combinación de la consolidación fiscal y del cumplimiento de las reformas estructurales que hemos diseñado vendrá una reordenación de nuestra economía, de nuestros sectores productivos, que permitirá a España volver a crecer.

Yo creo que lo que el Gobierno va a hacer y va a seguir haciendo es garantizar un ritmo de reformas adecuado que permitan, en el plazo más breve posible, que todas aquellas estructuras que tienen problemas de funcionamiento, que es necesario cambiar para fortalecer el país y fortalecer la confianza, se hagan.

Hoy la Unión Europea ha puesto en valor alguna de esas reformas y ha destacado el paso importante que supone el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, por cuanto empieza verse como reformas como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria empiezan a dar sus frutos y que todas las Comunidades Autónomas y todas las administraciones españolas están trabajando juntas para lograr ese objetivo de salir de la crisis. Seguiremos trabajando y reformando lo que este país necesita para, de verdad, volver a ser un país competitivo y volver a crecer.

La siguiente de sus preguntas iba referida a cómo va a ser el control de esa ejecución. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece por primera vez mecanismos, ya no trimestrales y genéricos de ejecución, sino mecanismos de remisión mensual y obligatoria de información, que se trasladarán a números homogéneos, de manera que fácilmente se pueda constatar si se están cumpliendo o no los objetivos de ejecución, los objetivos de cumplimiento de déficit.

En relación con el procedimiento en Asturias, le diré que al Principado se le ha dado el plazo de quince días naturales para que presente un plan de ajuste que será analizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que será revisado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar, probablemente, a mediados de junio. Porque ahora el sistema de esa revisión de los planes de ajuste es muy diferente. Ese sistema se analiza por todos los miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y son todos los consejeros allí reunidos los que dan el aval y el apoyo al plan de ajuste presentado por el resto de miembros.

P.- Yo quería preguntar por el asunto de los "hispanobonos", que parece que es un tema que varias regiones andan continuamente reclamando y pidiendo. Quería saber si ha habido cierto debate dentro del Consejo de Ministros entre el Ministerio de Hacienda y de Economía a este respecto, si es la mejor opción… ¿Cómo valoran el tema? ¿Se va a llevar adelante?

Vicepresidenta.- No, no ha habido ningún debate sobre este asunto en el seno del Consejo de Ministros. Somos conscientes de los vencimientos y de las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas, como del resto de las Administraciones públicas; pero el Consejo de Ministros no ha tomado ninguna decisión al respecto. El día en que ese procedimiento se lleve a cabo se les informará a ustedes debidamente; pero le informo de que hoy no ha habido debate ni se ha tratado ese asunto.

P.- Después de la aprobación ayer del nuevo marco legal para nombrar el Consejo de Radiotelevisión Española, le quería preguntar qué plazo baraja el Gobierno para presentar, para hacer pública, su propuesta, sus nombres.

En segundo lugar, ¿podría decirnos si el Gobierno tiene previsto celebrar el Debate del Estado de la Nación en este año 2012? Si es así, ¿baraja la primera quincena de julio como la opción más razonable, teniendo en cuenta la situación económica?

Por último, ¿me puede decir si cree el Gobierno que es el momento de invertir en Bankia?

Vicepresidenta.- Sobre Radiotelevisión Española, como decía a una pregunta anterior, no es al Gobierno al que, de acuerdo con la Ley, le corresponde dar los nombres. Es a los distintos Grupos Parlamentarios a los que, en el seno de un procedimiento que tiene que abrir la Mesa del Congreso, hacen sus propuestas y se intenta llegar a un acuerdo. Más que nada, se tiene que llegar a un acuerdo en esa primera votación de los dos tercios. Con lo que, a partir de ahora, será el Congreso el que tendrá que habilitar ese procedimiento y, desde luego, por parte del Grupo que sustenta al Gobierno, como ayer ya se hizo constar, se buscará el mayor acuerdo de los Grupos.

Sobre el Debate del Estado de la Nación, conocen bien cuál es la posición del presidente del Gobierno sobre este punto; entre otras cuestiones, porque ayer él mismo lo abordó. No hay ninguna fecha prevista y habrá que analizar el momento en que se hace. En estos momentos han pasado cuatro meses y medio de este Gobierno, y habrá que elegir un momento que sea oportuno para poder hacer una primera evaluación de las medidas y, segundo, para manifestar o para llevar a cabo la explicación del impulso reformista que va a seguir haciendo el Gobierno. Se hará, pero habrá que buscar una fecha.

Sobre el momento de invertir en Bankia, nosotros, como Gobierno, damos un mensaje de tranquilidad, una llamada a la responsabilidad. Son ahora los gestores, la nueva dirección, quienes tienen que presentar su plan, que hará la semana próxima, donde además se fijará cuáles son los objetivos y las necesidades. Al Gobierno, por su parte, lo que le corresponde y lo que ha hecho es, a través de los dos Reales Decretos Leyes, el primer paso y el segundo de la reforma financiera, tratar de fortalecer la credibilidad y confianza en todas las instituciones bancarias.

P.- Después de la valoración positiva que hace del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, dado que las Comunidades Autónomas siguen teniendo problemas de financiación y que ustedes han dicho que, cuando las Comunidades Autónomas cumplieran, estaban dispuestos a ayudarlas, me gustaría saber si están dispuestos a avalar, a partir de ahora, las peticiones de deuda para que no tengan que pagar los intereses que han pagado últimamente algunas Comunidades Autónomas.

También me gustaría saber si, después de ese Consejo de Política Fiscal y los buenos resultados, creen que es el momento de que se celebre una Conferencia de Presidentes.

Vicepresidenta.- Contestaba a la primera de sus preguntas en relación con lo que me formulaban sobre los "hispanobonos". El Gobierno ya ha ayudado financieramente a muchas Comunidades Autónomas a lo largo de este procedimiento y, vistas y tenidas en cuenta las necesidades de financiación y los vencimientos de los próximos meses y de los próximos trimestres, el Gobierno tomará la decisión que considere más oportuna, teniendo presente que habrá apoyo a las Comunidades Autónomas, pero también la necesidad de seguir el cumplimiento y la ejecución de los planes de ajuste que ayer se aprobaron.

Sobre la Conferencia de Presidentes, vamos a acabar primero la ronda de visitas con los presidentes autonómicos. La semana que viene el presidente del Gobierno recibe al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y aún queda algún presidente autonómico por ver y alguno también por investir.

P.- Vicepresidenta, dos cuestiones. Antes le hacían una pregunta sobre si el Ejecutivo había valorado un pronunciamiento público del Presidente esta semana, en la que ha habido mucha inquietud en los mercados, etcétera. ¿Se ha hablado de una comparecencia o no?

Luego, ¿ya nos puede decir cuál es la metodología que quiere seguir el Gobierno respecto a las comparecencias del Presidente? Por ejemplo, Rodríguez Zapatero, en su día, comparecía un día sí y otro también, y el Gobierno parece que sigue otro criterio. ¿Nos lo puede explicar, pues estaría muy bien?

Por otra parte, quería preguntarle sobre las semioferta de pactos de Estado que realizó Pérez Rubalcaba el otro día en el Congreso de los Diputados. ¿Creen que es sincera? ¿Están dispuestos a abordarla en profundidad? ¿Ya han planteado alguna reunión?

Vicepresidenta.- Este domingo el presidente del Gobierno inicia una serie de viajes internacionales y eso, indudablemente, afecta a su agenda y afecta a sus posibles comparecencias dentro del país.

Sobre la metodología, yo le voy a decir que la primera metodología que yo creo oportuna para un presidente del Gobierno es que, primero, trabaje, lleve a cabo las reformas que necesita el país, y después se explican. A lo mejor, discrepo de esas fórmulas de que primero se explica lo que se va a hacer y, a veces, nunca llega a hacerse. Yo creo que lo importante es que el presidente del Gobierno lleve a cabo estas reformas.

También le voy a poner encima de la mesa un dato. El otro día, revisando el número de intervenciones del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, creo que está en la línea de lo que vinieron a ser las comparecencias de algún predecesor. Es decir, metodologías tenemos muchas, y ahí están los cálculos y los Diarios de Sesiones.

Sobre las ofertas de pactos, indudablemente, el Gobierno habla y está hablando con los Grupos Parlamentarios sobre las reformas que se están planteando. Y nuestra voluntad de consenso y de trabajar por él es evidente desde el momento en que ayer se consiguió un consenso importante en un foro muy numeroso, en el que los intereses de gobierno de los distintos partidos que forman parte de esos Gobiernos autonómicos o de la distinta situación de la Comunidad Autónoma hace que sea un Consejo de miembros de muy diferentes intereses, de muy diferentes procedencias; pero que ayer aparcaron esas diferencias o esa diferente manera de ver algunas cuestiones de la política en aras a un objetivo nacional, cual es controlar el déficit para volver a crecer.

Yo creo que ése es un buen ejemplo de cómo se puede llegar a acuerdos y yo lo que invito es a todos a reflexionar sobre esa metodología de acuerdo, sobre todo, porque los acuerdos también se van construyendo con pasos concretos sobre los diferentes temas y sobre las diferentes reformas que se están llevando. Pido a todos reflexionar, en la dificultad de este momento, de, más allá de peticiones de palabra de esos consensos, que se trabaje día a día en cada una de las reformas por buscar acercamientos o, al menos, por entender las necesidades y las urgencias de las propuestas de otros y, entre ellos, del Gobierno.

P.- Le preguntaban antes qué más se puede hacer en una semana como ésta. Hay una cosa que se puede hacer y que está en todos los periódicos como especulación. Quería preguntar si el Gobierno se plantea, si está encima de la mesa, pedir ayudas europeas para los bancos españoles, inyecciones de capital. ¿Eso está encima de la mesa, es una posibilidad?

Hay mucho debate sobre las responsabilidades de Bankia. Parece que varios partidos piden comisión de investigación; otros, que comparezcan los responsables. ¿El Gobierno está de acuerdo en que debería haber una investigación en el Congreso, de alguna forma, con los responsables de Bankia? ¿Debería pasar por el Congreso?

Por último, sobre un asunto de indultos, este Gobierno ha tenido varios indultos por cuestiones de corrupción, de policías, de condenados por el Yak 42… Le quería plantear si el Gobierno va a conceder el indulto, que se está pidiendo ya, para el juez Garzón.

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre lo que va a hacer el Gobierno en relación con los bancos y la petición de algún tipo de ayuda. Al respecto, lo que el Gobierno está haciendo en relación con el sector financiero lo hizo en febrero y el segundo paso lo dio en el Consejo de Ministros de la pasada semana, en el que se aprobó una segunda fase en el proceso de reestructuración del sistema financiero, exigiendo unos mayores ratios de solvencia en algunos de sus elementos o de sus activos no problemáticos, y establecer un sistema de préstamo por parte del capital público, en este caso del Estado, bien en fórmula de acciones o de los ya conocidos por todos --curiosamente, fórmulas financieras tan complicadas ya tienen un nombre tan vulgar y tan conocido-- como "cocos". Ése es el sistema que se ha planteado el Gobierno y que ha traído a un Real Decreto Ley la semana pasada. Ésa es nuestra posición.

Sobre dónde analizar la cuestión de Bankia y la situación de Bankia, la pasada Legislatura, y sigue funcionando en ésta, se creó una subcomisión parlamentaria relativa al FROB en la reestructuración del sistema financiero, donde, entre otros, el subgobernador del Banco de España iba explicando los distintos procesos en los que iba interviniendo el FROB y en los que iba habiendo una intervención pública en distintas entidades. Yo creo que éste es el lugar adecuado, el entorno adecuado, para, en este caso, como en supuestos anteriores donde hubo iniciativas similares, abordarse cómo se ha llegado a esta situación y cuál va a ser el control que se ejerza por parte de esa subcomisión sobre esta entidad pro futuro.

A la tercera de sus preguntas, me informan desde el Ministerio de Justicia que no se ha registrado ninguna petición en ese sentido. Por tanto, no le puedo informar sobre la posición del Gobierno en relación a peticiones que no han entrado en el registro del Ministerio de Justicia, que es el que tramita las peticiones de indulto o el ejercicio del derecho de gracia.

P.- Sobre este último tema, Vicepresidenta, y no sé si lo he entendido bien, ¿el Gobierno, entonces, vería con buenos ojos o vería bien que en el seno de esa subcomisión, que entiendo que es a puerta cerrada, se produjeran las comparecencias, por ejemplo, las que ha pedido esta mañana el Partido Socialista, del gobernador del Banco de España y del ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato?

En segundo lugar, quería preguntarle, sobre la Ley de Transparencia, cuál es el calendario que maneja el Gobierno. ¿Cuándo esta Ley va a estar en vigor, según el calendario del Gobierno?

Vicepresidenta.- Lo que yo he señalado es que en el seno de esa subcomisión, que funciona desde la Legislatura pasada en que se produjeron, como bien conocen, distintos supuestos de intervención pública a distinto nivel en entidades financieras, se lleve a cabo un proceso similar al que se ha producido en anteriores ocasiones sobre la aportación de capital público a distintas entidades. Entiendo que ésa es la fórmula, cómo se ha venido llevando hasta la fecha y en lo que especialmente atañe al subgobernador del Banco de España, que es el que ha venido explicando en el seno de esa subcomisión las distintas medidas adoptadas.

Sobre la Ley de Transparencia, el calendario que maneja el Gobierno es ahora remitirla a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado, y, en cuanto evacuen sus informes, aprobarla definitivamente para remitirla a las Cortes Generales. Es una ley compleja y me imagino que los Grupos necesitarán también un tiempo para analizarla. Yo espero que pueda estar aprobada en el siguiente período de sesiones.

A partir de ahí, les indico una doble circunstancia: la parte relativa al Código del Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado; en cuanto a la parte relativa a la transparencia y al acceso a la documentación, hemos estado analizando los distintos procesos, sobre todo, en la parte de puesta en marcha de los Portales de la Transparencia que han hecho otros Estados.

El Reino Unido fijó un tiempo de entrada en vigor de cinco años. A nosotros nos parece un tanto excesivo y la entrada en vigor será en la media de lo que han venido a hacer otros países de nuestro entorno: entrará en vigor en el plazo de un año. Una vez que se apruebe, se pondrán en marcha las aplicaciones informáticas de los distintos Ministerios para poder "colgar" esa información y entendemos que ese plazo es un plazo en el que se puede cumplir de verdad la aportación de la documentación. Es cierto que hay Estados que han fijado un plazo mayor y nosotros vamos a intentar hacer un esfuerzo, dado que hemos sido de los últimos, por no decir el último, de los Estados importantes en el seno de la Unión de tener una Ley de Transparencia y eso también nos está costando puntos en el ámbito de la confianza institucional en todos los ranking internacionales.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber sobre la Ley de Transparencia, porque ha comentado que Hacienda a los altos cargos podría sancionarles directamente si vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entiendo que éstas son sanciones como la inhabilitación, ¿no?, que se está barajando. Entonces, yo quería saber si es sólo a los altos cargos de la Administración General del Estado o también de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, para que no se queden fuera.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias por su pregunta concisa y directa, y procuraré contestarle de la misma manera.

Si, el Ministerio de Hacienda podrá sancionar las conductas de los altos cargos de cualquier Administración (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

P.- Quería saber exactamente si sería el Ministerio de Hacienda el que decidiría la inhabilitación, porque es que me parece muy extraño que eso se pueda producir. Por eso le preguntaba si nos podría concretar la sanción que…

Vicepresidenta.- En las sanciones que figuran en la Ley, entre otras, está la pérdida de la condición de alto cargo y de las indemnizaciones que vienen aparejadas a la pérdida de esa condición.

Usted me pregunta por la inhabilitación, que es lo que yo conté la semana pasada. La inhabilitación es una pena que impone un juez de lo Penal o un tribunal. Por tanto, ahí no será el Ministerio el que sancione, porque estamos hablando de una sanción penal. Ahí, previa denuncia correspondiente ante el Tribunal en cada caso, serán los jueces, los magistrados, los que impongan una pena de inhabilitación. Por eso no forma parte de esta Ley esa pena, sino de una Ley Orgánica que en estos momentos está analizándose por órganos consultivos y que es el Anteproyecto de Ley Orgánica que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada, que afectaba a distintos delitos de naturaleza económica: delitos fiscales, fraude contra la Seguridad Social y también la inhabilitación.

Es decir, la inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional penal.

P.- Entonces, dejará de ser alto cargo.

Vicepresidenta.- No, es más allá. La inhabilitación, no es que deje de serlo; es que no podrá serlo ni podrá presentarse a unas elecciones durante un plazo de diez años. La pérdida de la condición de alto cargo sí puede… En el caso de que sea alto cargo ministro o secretario de Estado quien incumpla las obligaciones y, por tanto, que incurra en infracciones previstas en la Ley, ahí será el Consejo de Ministros el que lo lleve a cabo.

P.- (Inaudible)

Vicepresidenta.- Habla usted de futuribles.

P.- Vicepresidenta, ha explicado que ahora las Comunidades Autónomas tendrán que ir enviando información mes a mes para comprobar la ejecución presupuestaria que realizan de sus planes. Me gustaría saber qué es lo que pasa si alguna se desvía, si alguna no cumple tan rápido como estaría previsto. ¿Qué mecanismo es el que se pone en marcha: se le da un plazo, se vuelve a celebrar un Consejo de Política Fiscal..? ¿Nos podría explicar un poco el procedimiento?

Vicepresidenta.- El procedimiento es el que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria: si los planes de ajuste no se cumplen, se establecen distintas fórmulas, desde la necesidad de constituir un depósito, que primero es retribuido, que después pierde la condición de tal y se convierte en una sanción; incluso, la posibilidad del envío de una delegación por parte del Ministerio de Hacienda para controlar la ejecución de dichos planes.

Muchísimas gracias.