Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Un viernes más voy a darles cuenta de las medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros.

Como bien saben, la tarea que estamos llevando a cabo en estos primeros meses de Gobierno es una tarea triple: de un lado, estamos adoptando medidas de consolidación fiscal, medidas para garantizar o para hacer un ejercicio de austeridad y de estabilidad presupuestaria, a fin de ajustar las cuentas públicas a la realidad de los ingresos, de la situación económica española; en segundo lugar, reformas estructurales importantes que devuelvan la credibilidad a la economía, que reactiven la situación actual y que ayuden a la creación de empleo; y, por último, también estamos adoptando medidas de apoyo, medidas para paliar los efectos dramáticos de la crisis.

Hoy el Consejo de Ministros se ha dedicado particularmente a estas últimas. En este Consejo de Ministros se han adoptado medidas para paliar la situación dramática de muchos españoles que lo han perdido todo, que han perdido su trabajo, en muchas familias, más de un millón y medio, que tienen a todos sus miembros en el paro; familias que se van quedando sin ingresos y que, ante la imposibilidad de poder pagar su hipoteca, se encuentran ante una ejecución hipotecaría y, después, ante un desahucio.

Como ya anunció el ministro de Economía, desde ese Ministerio, en colaboración con los Ministerios de Justicia, de Hacienda y de Presidencia, se ha trabajado en la elaboración de un Código de Buenas Prácticas, que tendrían que suscribir o que suscribirían las entidades de crédito. Pues bien, hoy damos cobertura legal a ese Código de Buenas Prácticas en un Real Decreto Ley de medidas de apoyo a deudores hipotecarios sin recursos.

En ese Real Decreto Ley, en primer lugar, se define de qué deudores sin recursos estamos hablando; cuál es el umbral de exclusión en que se encuentran esas familias, esas unidades familiares, que se ven ante la imposibilidad de seguir pagando las cuotas de su hipoteca.

El caso que contemplan este Real Decreto Ley y el Código de Buenas Prácticas son aquellas familias que se ven afectadas en esa ejecución por su vivienda habitual; es decir, estamos hablando de familias que tienen una única vivienda y que tienen un proceso de esta naturaleza en relación a esa vivienda. En segundo lugar, familias que tienen a todos sus miembros en el paro; no tienen ingresos, no tienen actividad económica. En tercer lugar, familias en las que las cuotas hipotecarias exceden el 60 por 100 de lo que son sus ingresos por todos los conceptos. Y se establecen, además, unos baremos de precio de adquisición de esas viviendas para que se beneficien, de verdad, quienes hayan adquirido viviendas en un marco de normalidad en relación con sus ingresos; es decir, se van a excluir las viviendas de naturaleza suntuaria o las que excedan de lo que son condiciones de normalidad en esa adquisición.

Se trata de un valor de adquisición de viviendas, por poner algún ejemplo, de 200.000 euros --tengo aquí los datos-- en las ciudades de más de un millón de habitantes; de 180.000 euros, en las de medio millón; de 150.000 euros, en las de más de 100.000 habitantes o 120.000 euros en las de menos.

¿Cómo se regulan estos mecanismos para ayudar a los deudores hipotecarios que no puedan hacer frente a sus hipotecas? En primer lugar, y por la Ley, se limitan los intereses moratorios que se pagan en los casos de problemas en la ejecución hipotecaria. Como máximo, el interés moratorio será el resultante de sumar los intereses pactados en el préstamo más un 2,5 por 100. Es decir, se pone un límite a los intereses moratorios. Hoy por hoy no había límite y en ocasiones eran bastante exagerados.

En segundo lugar, en este Real Decreto Ley también se hace una reforma importante de los procedimientos de ejecución extrajudicial para que sean más ágiles, más baratos y, sobre todo, más transparentes.

Pero, fundamentalmente, lo que hace este Real Decreto Ley es incorporar el Código de Buenas Prácticas a su texto. Esto, ¿qué va a implicar? El Código de Buenas Prácticas es voluntaria su suscripción por las entidades bancarias; pero, una vez que lo suscriban, es de obligado cumplimiento y se podrá invocar, por tanto, ante los Tribunales. Se va a crear, además, una comisión de seguimiento que semestralmente publicará un informe actualizado de su cumplimiento.

Lo que hace este Código de Buenas Prácticas es establecer mecanismos diferentes para evitar ese desahucio. En primer lugar, lo que se busca es una restructuración de la deuda, una restructuración del pago de la hipoteca; es decir, si el deudor, porque se encuentra en esas situaciones de exclusión, no puede hacer frente al pago de su hipoteca, se reestructura esa deuda. ¿Cómo? Estableciendo un período de carencia en el pago del capital, es decir, un período de hasta cuatro años en que no se paga capital; se amplia el plazo de vigencia de la hipoteca hasta cuarenta años --esto quiere decir que, al ampliarse el plazo, indudablemente, bajan las cuotas-- y se limitan los tipos de interés a euribor más 0,25 por 100.

Resumo. Primer plan de reestructuración: período de carencia de hasta cuatro años en el pago de capital; ampliación de la vida de la hipoteca hasta cuarenta años y limitación de los tipos de interés a euribor más 0,25 por 100.

Si se da la circunstancia de que, no obstante, el deudor está en la situación económica que le impide afrontar eso, se prevé como segundo proceso de reestructuración la posibilidad de quita de parte de esa hipoteca, con arreglo a una serie de elementos y de cálculos porcentuales que se establecen en el Real Decreto Ley.

Si, no obstante, el deudor no puede hacer frente a ese programa de restructuración y es inviable su situación, entonces se prevé la dación en pago: la entrega de las llaves de la vivienda para liquidar la deuda y, por tanto, la exclusión de la responsabilidad personal; es decir, que tenga que seguir pagando, a pesar de haber entregado su vivienda, con su sueldo o con lo que pueda ganar en el futuro para hacer frente a la misma.

No obstante, aquí se planteaba un problema y es que, entregada la casa en dación en pago, el deudor tenía un problema de vivienda. Entonces, lo que se prevé es que durante dos años, prorrogables, pueda quedarse en alquiler en esa vivienda que ha entregado en pago pagando un interés, que es un interés limitado, un interés que supone aplicar a la deuda restante, a lo que le quedaba de la deuda, un porcentaje de un 2 por 100. Estamos hablando, por ejemplo, de, si le quedan por pagar cien mil euros, una cuota mensual de 250 euros.

Es decir, se establece en este Código de Buenas Prácticas un mecanismo que trata de evitar llegar a la situación de desahucio por distintas vías: primera, la restructuración de la deuda; en segundo lugar, la posibilidad de quita, o sea, de quitar una parte de esa deuda; y, en tercer lugar, la dación en pago para liberar la deuda y la posibilidad de seguir viviendo un tiempo en alquiler.

En segundo lugar, en este Consejo de Ministros se ha cerrado el vehículo que permitirá la puesta la marcha del plan de pago a proveedores. Como bien saben, se aprobó y se convalidó esta semana un Real Decreto Ley que establece la obligación de los interventores de los Ayuntamientos de comunicar al Ministerio de Hacienda los pagos pendientes a proveedores, de fijar un plan de ajuste; un mecanismo que ya ha sido hablado en la Comisión de Administración Local y que ha sido, además, aceptado también en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

Hoy se completa esa regulación con la creación de un fondo para la financiación de ese plan de pago a proveedores, con el consiguiente aval del Estado, y que permitirá asumir el préstamo sindicado que constituye el plan de pago a proveedores, de en torno a 35.000 millones de euros, para empezar el pago a aquellos proveedores, especialmente Pymes y autónomos, que tienen deudas pendientes con esas Administraciones. Es decir, hoy se completa esa medida de estímulo importante para la economía, que es el plan de pago a proveedores.

Por primera vez en el sector se establece un mecanismo de pago que sirve para devolver a las Administraciones su credibilidad --pocas cosas dañan tanto a la confianza como que las Administraciones públicas dejen de pagar lo que deben--; que es un estímulo muy importante para la reactivación de la economía, por cuanto esas, especialmente, pequeñas y medianas empresas, y autónomos, estaban teniendo graves dificultades para salir adelante como consecuencia de los impagos de lo que le debían, y que es un mecanismo también que inyecta liquidez en un año especialmente complicado para todos los españoles.

Por último, también les informo de que este Consejo de Ministros ha ampliado un acuerdo de se adoptó en octubre de 2011 para paliar los daños generados como consecuencia de los movimientos volcánicos en la isla de El Hierro, en Canarias. Como bien saben, en octubre de 2011, como consecuencia de la actividad sísmica en esa isla, se aprobó una Línea de créditos ICO, Línea que estaba prevista para paliar, para reparar, los daños que había generado esa actividad. Hoy el Consejo de Ministros ha ido más allá y ha ampliado esa Línea ICO con dos millones de euros para favorecer o reactivar la actividad económica en la Isla, que es fundamentalmente turística. De este modo, se inyecta este capital para permitir o mejorar la situación del circulante, del dinero que manejan, o las inversiones que hayan hecho los empresarios, también los autónomos, que se dediquen al turismo en esa isla.

Es decir, lo que buscamos es impulsar de nuevo la principal actividad de la isla, que es la turística, muy afectada como consecuencia de esa actividad sísmica, de esa actividad volcánica, que tuvo lugar o que todos vimos y padecimos en octubre del año 2011.

Éstos han sido los tres principales, y otros muchos que figuran en la Referencia del Consejo de Ministros; pero fundamentalmente los acuerdos de este Consejo de Ministros, que, como digo, se ha centrado en paliar, a través de la fórmula del Código de Buenas Prácticas y de la limitación de los intereses moratorios por Ley, la situación de familias con todos sus miembros en el paro, sin ingresos, que están también a punto de perder su vivienda; en establecer el mecanismo que hace posible el inicio de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores, como una de las medidas de estímulo más importantes llevadas a cabo en los últimos años en la economía española; y, por último, también en atender a la especial situación, la difícil situación, que viven esos empresarios españoles en la isla de El Hierro como consecuencia de la caída de su actividad a raíz de la actividad sísmica del pasado año.

P.- Tras la reunión que ha mantenido usted esta semana con el presidente de la Xunta de Galicia, y dado que uno de los temas que le planteó fue ése, en concreto, ¿el Gobierno está dispuesto a dar algún tipo de garantía suplementaria, como un esquema de protección de activos, para facilitar la entrada de inversores internacionales en la recapitalización de Nova Galicia Banco?

Vicepresidenta.- Efectivamente, yo tuve una reunión esta semana con el presidente de la Xunta de Galicia, con don Alberto Núñez Feijóo, donde estuvimos hablando, no sólo de ése, sino de otros muchos temas que preocupan a la Comunidad Autónoma. Usted ha comentado el asunto de Nova Caixa Galicia, pero también abordamos aspectos como la situación del sector naval y el expediente abierto en relación al "tax lease" y otras cuestiones en relación con el cumplimiento de los requisitos de la estabilidad presupuestaria, en la la Comunidad Autónoma de Galicia ha hecho un importante esfuerzo.

Me planteó la situación de la Caja o del Banco, ahora Banco, y las posibilidades de inyección de capital. Es un asunto que yo escuché atentamente y que, desde luego, trasladé a quien es competente en el Gobierno por razón de la materia, que es el ministro de Economía, para que lo analizara en el marco de lo que es la reforma del sistema financiero que aprobó este Gobierno hace unos meses. Y ahí es donde está ahora residenciada.

Desde luego, yo le escuché con mucho interés, porque tanto unos como otros lo que buscamos es una reforma del sector financiero en la que salgan entidades fuertes, entidades solventes, entidades en las que se pueda confiar. Yo creo que es buena noticia que confíen, especialmente, también inversores de fuera, en las entidades españolas y se tomará la decisión que mejor resulte en esa reestructuración del sistema financiero que fortalezca la capitalización, su saneamiento y, especialmente, la credibilidad y la confianza que todos necesitamos también en el sector bancario.

P.- Vicepresidenta, quería saber, en primer lugar, sobre la dación en pago, si el Gobierno tiene datos de cuántas personas pueden verse beneficiadas de esta medida y si han hablado con los Bancos.

En segundo lugar, los sindicatos han convocado una huelga general para el día 29 de marzo. Quería saber cómo valora el Gobierno esta convocatoria y si le preocupa la imagen que pueda trasladarse de España fuera.

Y, en tercer lugar, le quería preguntar por la propuesta que hizo ayer el Lehendakari en el Parlamento vasco. Quería saber si el Gobierno considera que el Lehendakari se precipitó al plantear esta ponencia especial para la convivencia sin contar antes con el Partido Popular o sin consensuarlo antes con el Partido Popular.

Vicepresidenta.- Sobre la dación en pago, en estos últimos años, desde que se inició la crisis, las ejecuciones hipotecarias han sido unas trescientas mil; es decir, han sido trescientos mil o casi trescientos mil los casos en los que, como consecuencia de la imposibilidad de hacer frente al pago de las hipotecas, se ha llegado a una situación de ejecución hipotecaria.

Es difícil dar una cifra y hacer un cálculo, porque depende de muchísimos factores, porque no sólo estamos hablando de las hipotecas, sino también de los miembros de la unidad familiar que residen en la misma. Pero, indudablemente, a lo que va dirigido es a paliar la situación de muchísimas familias. Se cifran en nuestro país en un millón y medio las familias que tengan a todos sus miembros en paro. ¿Van a ser todas ellas? Indudablemente no, porque es necesario que sean propietarios de una vivienda y que se encuentren en esta situación.

Pero entendemos que es un umbral amplio, que permita dar una solución que, desde luego, estamos hablando con los Bancos para evitar que sean lanzados de sus casas. La palabra "lanzamiento" no es que sea muy bonita, pero es muy gráfica; es decir, que sean desahuciados y ya lo pierdan absolutamente todo: el empleo y, además, la vivienda.

Ya le digo, no le puedo dar una cifra, más allá de una que me parece muy significativa: trescientas mil ejecuciones hipotecarias son importantes. Es cierto que en los últimos años ha descendido en algo esa cifra, pero sigue siendo una cifra muy elevada la de esas ejecuciones.

Sobre la huelga general, yo quiero destacar varias cuestiones: en primer lugar, que ayer se sometió a convalidación el Real Decreto Ley por el que se aprobaba en nuestro país la reforma del mercado laboral y tuvo un apoyo muy importante en el Congreso de los Diputados, 197 votos, que suponen el apoyo, no sólo del partido que sustenta al Gobierno, del Partido Popular, sino también de otros partidos políticos en esa Cámara, como Convergència i Unió, como Unión del Pueblo Navarro o Foro Asturias. Ha tenido, por tanto, un importante apoyo.

A partir de ahora se va a tramitar como Proyecto de Ley, precisamente porque el Gobierno, y desde esta tribuna, les pidió a los Grupos que apoyaran la tramitación como Proyecto de Ley que permita analizar las enmiendas que presenten otros Grupos y enriquecer el texto.

Nosotros estamos abiertos a estas medidas que sirvan para mejorar, para complementar, un texto que ha sido avalado ampliamente en sus líneas generales y cuyos principios y pilares esenciales se van a mantener. Pero estamos abiertos a cuantas aportaciones puedan hacerse a ese texto.

Sobre la huelga general, la posición, en este caso del partido que sustenta al Gobierno, es la misma ahora, que está en el Gobierno, que cuando estaba en la oposición. Cuando estaba en la oposición, el Partido Popular trasladó, cuando se convocó la huelga general en septiembre de 2010, que entendíamos que las huelgas generales no eran la solución a la importante, a la difícil, a la grave, situación económica y social que vive nuestro país.

Seguimos pensando lo mismo respecto de esa huelga general, seguimos manteniendo el mismo criterio: pensamos que no es la solución y pensamos que en momentos de graves dificultades para todos los españoles, los ciudadanos, y desde luego es lo que da el Gobierno, valoran esfuerzos constructivos, esfuerzos que sirvan para construir y mejorar el país.

Cada uno, y desde luego este Gobierno, respeta el derecho de todos en relación con la huelga; pero también pido una reflexión sobre la difícil situación que vive nuestro país dentro con 5.200.000 parados, pero también la percepción que se puede tener fuera. El Gobierno lleva a cabo su tarea, ejerce su responsabilidad y pedimos a otros que lo hagan de la misma manera; pero, desde luego, respetamos el derecho de cada cual y luego son los ciudadanos los que valoran la actitud y las decisiones de unos y de otros.

Sobre la proposición del Lehendakari, yo no voy a entrar en si habló o no con los miembros de los otros partidos en el Parlamento vasco. Yo sólo digo que, como Gobierno de la nación, lo que le reclamamos nosotros a la banda terrorista ETA es que se disuelva, que deje definitivamente las armas y que desaparezca. Y por esa decisión es por la que peleamos, por la que trabajamos, por la que nos esforzamos, para que este país deje de sufrir una de las mayores lacras que puede sufrir una democracia, que es tener una organización terrorista que no se disuelve.

P.- El Partido Socialista acaba de pedir al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, que se siente con los sindicatos a negociar. Yo quiero saber si todavía queda margen para que el Gobierno llame a los sindicatos y se siente con ellos de nuevo.

Por otra parte, quería saber también si el Gobierno está preocupado o cómo interpreta el Gobierno las últimas encuestas del CIS con respecto a la intención de voto en Andalucía, porque el Partido Popular no llega, según esas encuestas, a la mayoría absoluta, a pesar de los casos de corrupción que salpican a miembros de la Junta de Andalucía y a pesar también del altísimo paro que tiene ahora mismo Andalucía.

Vicepresidenta.- Me pregunta por si hay margen para las reuniones y la negociación con los sindicatos. Yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que este Gobierno, muy especialmente el Ministerio de Empleo, se ha reunido y se seguirá reuniendo con los sindicatos para abordar este texto, no sólo porque lo hiciera el presidente del Gobierno antes de ser investido, sino porque desde que el Gobierno se formó ha habido unas 32 reuniones con los sindicatos en el ámbito del Ministerio de Empleo, tanto de la Ministra como de altos cargos de ese Ministerio.

Y después de aprobada la reforma, ha habido cinco mesas técnicas sobre la reforma con los sindicatos.

Les voy a dar un dato que me parece muy revelador de cuál es la posición y la actitud del Gobierno sobre esta reforma. El día 2 de marzo los sindicatos enviaron por correo, y se recibieron en el Ministerio de Empleo, las enmiendas o las propuestas en relación a esta reforma. El día 5 de marzo hubo una reunión con los sindicatos donde se abordaron esas enmiendas y se quedó en que este lunes, el lunes 12, a las seis y media de la tarde, habría una nueva reunión técnica para analizarlas.

Es decir, nosotros hemos mantenido desde el Gobierno muchas reuniones, distintas reuniones, también después de presentada la reforma laboral mesas técnicas con los sindicatos, y se van a seguir teniendo para abordar esa reforma.

No sé si el Partido Socialista conocía o no esos datos; yo se los traslado. Después de presentadas las enmiendas ha habido reuniones y el lunes día 12 habrá una reunión por la tarde, concretamente centrada en las enmiendas y en las propuestas que hacen los sindicatos.

Me pregunta por la encuesta del CIS. Del Ministerio de la Presidencia depende el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace las encuestas, y, desde luego, lo hará en esta etapa, con arreglo a sus propios criterios técnicos y profesionales. Dicho lo cual, no valoraremos en el ámbito de los partidos políticos desde el Gobierno nada más.

Yo, respecto a las elecciones andaluzas, lo único que puedo decir como Gobierno es que invito a los ciudadanos a que participen en la elección del nuevo Gobierno que integre la Junta de Andalucía. No le puedo contestar más ni debo hacerlo desde esta tribuna.

P.- Yo quería insistir en el tema de la huelga general y pedirle algún tipo de precisión. Ha dicho usted que puede haber mejoras en el texto en el trámite parlamentario. Entiendo que esas mejoras serían como consecuencia de la negociación con los Grupos y, por tanto, de la aritmética parlamentaria. Por tanto, ¿descarta usted que un eventual éxito o un alto seguimiento de la huelga electoral haga rectificar al Gobierno?

Vicepresidenta.- Este Gobierno ha trabajado y ha estudiado mucho esa reforma laboral; y, desde luego, cuando la hemos presentado, es porque es una reforma meditada, estudiada, necesaria en este momento en que hay en España 5.200.000 parados y tiene detrás una reflexión profunda y seria.

Como ya les dije, fue el propio Gobierno el que trasladó la conveniencia de tramitarlo como un Proyecto de Ley para escuchar a todos los Grupos lo que tuvieran que decir y aportar. Y, desde luego, analizaremos aquellas enmiendas que sean una mejora de ese texto; pero lo haremos porque sean buenas para el texto, porque sean mejoras que lo perfeccionen o porque entendamos que aportan al principal objetivo de esa reforma, que es ayudar a la creación de empleo. Pero no porque haya una mayor o menor presión, sino que lo que haremos será la mejor reforma porque objetivamente pensemos que pueden beneficiar a este texto, pueden mejorarlo o pueden perfeccionarlo; pero atendiendo a eso.

Como digo, es un Real Decreto Ley que ha recibido un importante respaldo en esa Cámara: 197 diputados han votado a favor y se abre ahora un proceso que el propio Gobierno ha impulsado. Pero yo a lo que invito es a todo el mundo a que participe en ese proceso de presentación de enmiendas con ánimo constructivo y para perfeccionar ese texto; para que sea objetivamente mejor, no por otro tipo de circunstancias.

P.- Vicepresidenta, dos cosas. Una es sobre la dación en pago o los desahucios. ¿Tiene carácter retroactivo? Es decir, las personas que están ya en este momento en esa situación, ¿se verán beneficiadas o será a partir de ahora que los bancos suscriban este acuerdo y las nuevas hipotecas que concedan las que se verán beneficiadas?

Por otro lado, imagino, lógicamente, que sabe usted que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la inmersión lingüística y ha dicho que el catalán como lengua vehicular es lógico que exista y que el castellano solamente en casos concretos debe ser vehicular. Me gustaría saber si después de esta sentencia van a modificar los planes del Gobierno que habían anunciado que querían que fuera tanto el castellano como el catalán, en igualdad de condiciones, la lengua vehicular en Cataluña.

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre la dación en pago y la verdad es que una pregunta que pone el acento en lo que nos ha llevado a hacer este Real Decreto Ley y a un Código de Buenas Prácticas; pero no quizás por eso, sino por una situación previa.

Para poder aplicar la dación en pago a los contratos vigentes no era posible establecer fórmulas diferentes que ese Código de Buenas Prácticas, primero, voluntario en su adhesión y, después, obligatorio, una vez que se ha adherido. ¿Por qué? Porque la legislación actual permite dos tipos de hipotecas: las hipotecas con responsabilidad limitada a la vivienda, que son generalmente más caras en cuanto al tipo de interés y en cuanto a la valoración, y las hipotecas con responsabilidad personal, con la propia casa y con el resto de bienes.

Entonces, como queríamos buscar un mecanismo que sirviera para los contratos actualmente en vigor, para las hipotecas celebradas desde antes y que se siguen pagando, la fórmula para hacerlo ha sido este Código de Buenas Prácticas. Como no podíamos por ley cambiar la regulación con carácter retroactivo, hemos hablado y estamos hablando con los Bancos para aplicar un Código de Buenas Prácticas a todas las hipotecas vigentes.

Los requisitos que señala el artículo 2 del Real Decreto Ley para poder aplicarlo son: contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria, que el deudor esté en el umbral de exclusión y que estén vigentes cuando entre en vigor. Voy a explicarlo claramente: el deudor hipotecario, que tiene una hipoteca fija desde hace unos años y que ahora, porque se encuentra en una situación extrema que no tiene trabajo o que no tiene ingresos, no puede pagar, se beneficia de este Código de Buenas Prácticas y de los requisitos establecidos en él. Por eso se ha buscado esta fórmula: para poderla aplicar retroactivamente a todos los contratos en vigor.

¿Vamos a modificar los planes del Gobierno? Desde esta tribuna siempre ha manifestado la posición del Gobierno en relación a las resoluciones judiciales y aquí diré que tanto del Tribunal Superior de Justicia, como del Tribunal Supremo, sabiendo quienes crean o no jurisprudencia, y es respeto a esas resoluciones judiciales. Creo que hay abierta una vía de recurso y habrá que estar a lo que se diga en sede de ese recurso. Pero también he trasladado cuál es la posición del Gobierno en este punto: defendemos un bilingüismo integrador que potencie en el ámbito de la escuela y en el ámbito de las Administraciones públicas, en el ámbito de lo público, esa normalidad, esa cordialidad, que existe en el uso de las lenguas en la calle. Y esa posición del bilingüismo integrador es la que defiende el Gobierno y seguirá defendiendo como posición política.

P.- Yo quería insistir en la huelga general, pero desde otro punto de vista. Quería saber si el Gobierno ha valorado el coste económico que tendría para España esta convocatoria el día 29 de marzo, sobre todo teniendo en cuenta las estimaciones que se realizaron en la anterior huelga general de 2010. Algunos analistas lo cifraron en 4.000 millones de euros, principalmente centrado en el coste para el empresario, pero en 380 millones de euros para las arcas públicas. Quería saber si el Gobierno considera, en este sentido, que es el mejor momento para celebrar esta convocatoria.

Hilo aquí con la segunda pregunta. Los sindicatos han valorado esta huelga, en rueda de prensa esta mañana, como "justa y necesaria". Quería saber si le parece justa y necesaria, y, sobre todo, si considera este Gobierno que los sindicatos están siendo más hostiles con este Gobierno que con el anterior, manifestándose a los 98 días de su nombramiento.

Vicepresidenta.- Estos días, en distintos medios de comunicación, han aparecido valoraciones diversas del coste de la huelga. El Gobierno, como es lógico, en su momento hará sus oportunos cálculos.

Pero, más allá de esos cálculos y de ese coste, lo que yo he trasladado en la primera pregunta que se me ha formulado sobre este tema también está amparado mucho en lo que supone para un país en crisis la adopción de una medida de esta naturaleza, que nos lleva, como formación política, al partido que sustenta al Gobierno y que ahora está en el Gobierno, haber defendido en los últimos años que las huelgas generales no son la solución a la difícil crisis económica y social que vive este país. Lo hemos mantenido el Partido Popular en la oposición y lo mantiene ahora el Gobierno, que está sustentado por el Partido Popular.

Lo consideramos una situación difícil, que es una situación dramática la que se está viviendo, y que no es la solución constructiva que en este momento puede pensarse o debe buscarse. Pero cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones.

Este Gobierno ha hecho una reforma laboral porque, como Gobierno, tiene que hacer una reforma que ayude a cambiar la dinámica del mercado de trabajo. Esos 5.200.000 parados son para nosotros una de las principales responsabilidades que nos llevan a cambiar, no sólo el mercado de trabajo, sino cuantas reformas estructurales sean necesarias, porque un país como el nuestro --en general, cualquiera, pero un país como el nuestro--, que tiene capacidad y que tiene potencia, no puede permitirse que estén en esa situación 5.200.000 personas. Por muchos planes de dación en pago y medidas paliativas que hagamos, y que hemos hecho hoy, nuestra obligación es cambiar esa dinámica y lo hacemos asumiendo nuestra responsabilidad.

Hemos hecho esa reforma laboral porque es necesaria. Aquí los sindicatos han parafraseado al Gobierno para apoyar su decisión; no sé si será muy afortunado o no ese uso de los mismos términos. Un país en el que 5.200.000 personas no pueden trabajar necesita muchas reformas, también la del mercado laboral, y es justo, además, que haga reformas para que puedan participar en ese mercado de trabajo 5.200.000 personas que no trabajan y que han perdido casi todo. Como ya digo, hoy tomamos medidas para que encima no pierdan su vivienda.

Ésa es la posición de este Gobierno, que ejerce desde su responsabilidad. Los sindicatos ejercen la suya y tendrán que dar explicaciones de las decisiones que toman.

Yo respeto el derecho de huelga y lo respeta este Gobierno; el derecho de todos a decidir en relación a esa huelga. Pero nuestra responsabilidad son medidas, reformas, positivas y constructivas para que en este país haya empleo, y lo haremos en éste y en otros muchos ámbitos. En la medida en que lo permitan también las arcas públicas y la capacidad y el afán reformista de este Gobierno, lo que podamos ir paliando de esa situación, como digo, con mecanismos como el de hoy frente a los desahucios y la dación en pago, también lo haremos. Pensamos que ésa es nuestra responsabilidad y la ejercemos. Cada uno después dará explicaciones de cómo ejerce la suya. Yo aquí explico las del Gobierno.

P.- Me gustaría insistir en el tema de las lenguas porque, aunque el Ejecutivo, evidentemente, respete la sentencia que ha salido, me gustaría saber si consideran razonable que para ejercer un derecho, como es la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas, sea necesario reclamarlo previamente por vía judicial. ¿Y usted misma, que hablaba de instaurar esa cordialidad que existe en la calle también en el sistema educativo, no cree que con un sistema así, al final, se estigmatizará, por ser minoría, a los niños que reclamen este derecho a estudiar castellano?

Vicepresidenta.- Yo decía en mi primera intervención que este Gobierno respeta las resoluciones judiciales. Todas las Administraciones públicas deben respetarlas y deben respetarlas en la aplicación de los derechos que corresponden a los ciudadanos, sin que los ciudadanos tengan que demandar que se les protejan sus derechos. Igual que el Gobierno está obligado a respetarlas, todas las Administraciones, todos los poderes públicos, tienen que respetar esas resoluciones judiciales y ejercer su tarea, su labor administrativa, de acuerdo con lo que esas sentencias dispongan.

El recurso a los Tribunales es un recurso que concede nuestra Constitución para tutelar lo que no se respeta, pero de entrada hay que respetarlo; después, serán esos otros mecanismos.

P.- Vicepresidenta, dos cuestiones. Esta semana ha habido inspectores de la Comisión Europea revisando las cuentas públicas, sobre todo, debido a la desviación del déficit público del 6 al 8,5 por 100. No sé si han dejado algún mensaje o el Gobierno puede valorar esta visita.

En segundo lugar, no sé si cuenta con algún informe o información de primera mano de las entidades que van a aceptar este Código de Buenas Prácticas para que tenga éxito la medida que han adoptado.

Vicepresidenta.- Empiezo por la última de sus preguntas. El Gobierno ha estado hablando con las entidades y con las organizaciones que integran las entidades bancarias, hablándoles de este Código de Buenas Prácticas. Yo no voy a dar la primicia de las que se adhieran. Vamos a ser transparentes también comunicando cuáles van a ser esas entidades.

Sí, ha sido bien acogida, le puedo decir, y yo creo que en este momentos todos tenemos que hacer un esfuerzo importante frente a esa situación, y espero y confío en que lo hagan buena parte de ellas.

Sobre la visita de los inspectores de la Comisión Europea, han venido a España para analizar los datos de la ejecución presupuestaria del año pasado, del año 2011. Se les ha dado la máxima información, con la mayor transparencia, y también se ha aprovechado por parte del Gobierno para explicar y trasladar a la Comisión las importantes reformas que se están llevando en todos los ámbitos. Aquí quiero poner como ejemplo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es pionera en el ámbito de la Unión Europea.

Por nuestra parte, total transparencia en esas cifras; no puede ser de otra manera. Ahí están los datos de la ejecución presupuestaria del año 2011 y también cuáles son los mecanismos que el Gobierno está poniendo en marcha para evitar que situaciones como ese desfase presupuestario del año 2011 vuelvan a producirse en España.

P.- Vicepresidenta, enlazando con la cuestión de la misión de la Comisión Europea que han estado estos días por aquí, ¿no cree que el hecho de que hayan tenido que venir aquí para que le demos la información que ellos nos reclamaban allí para verificar esos datos daña la imagen y la credibilidad de las cuentas españolas fuera del país?

Vicepresidenta.- Esas visitas se producen en determinadas ocasiones. A nosotros nos piden los datos de la ejecución presupuestaria del año 2011 y, desde luego, los damos porque somos el Gobierno en este momento y, además, como queremos poner en orden esas cuentas, no sólo les trasladamos los datos que nos piden, sino también cuáles van a ser los mecanismos que este Gobierno ha decidido poner en marcha para que circunstancias como ésa no vuelvan a pasar.

Yo creo que esa actitud del Gobierno de ser un Gobierno sincero, de ser realista y de plantear reformas estructurales fortalece también la confianza que pueda volver a generar nuestro país.

Esas cuentas están ahí y transparentemente las hemos trasladado; pero lo que también nos importa mucho, y eso lo estamos haciendo, es trasladar, dentro y fuera de nuestras fronteras, que aquí hay un Gobierno que va a hacer las cuentas de otra manera; que va a predicar con el ejemplo; que va a ser austero; que va a hacer unos Presupuestos reales y realistas, porque la sinceridad y el realismo son muy importantes en este momento, y que, además, ha puesto en marcha una reforma estructural muy importante, como es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Hemos cambiado la Constitución para que ese principio sea un principio constitucional y lo hemos desarrollado inmediatamente en una Ley Orgánica, que creo que es pionera en el ámbito de la Unión Europea, que traslada al ámbito español esas medidas y esos mecanismos previstos en el "pacto fiscal", y somos de los primeros Estados que lo hemos hecho.

Creo que eso refuerza, no sólo la confianza en este momento, sino la confianza que de futuro se puede tener de las Administraciones públicas españolas, que se imponen esa obligación de austeridad para siempre, en momentos de crisis y en momentos de bonanza.

P.- Vicepresidenta, yo le quería preguntar si el Gobierno tiene pensado hacer público el sueldo del nuevo presidente de la Agencia EFE y si tenía pensando ofrecerle algún otro complemento o algún consejo de administración.

Por otro lado, ¿comparte usted el término de violencia estructural, del que se ha estado hablando estos días con el tema del aborto y de su compañero en el Consejo de Ministros, Alberto Ruiz Gallardón, teniendo en cuenta que usted ya lo utilizó en un momento dado, en 2009, cuando defendió el voto particular en la Ley de Plazos?

Vicepresidenta.- Sobre la Agencia EFE y, en general, sobre todas las empresas públicas no es que este Gobierno vaya a hacer puntualmente públicos esos sueldos; es que este Gobierno, por primera vez en la historia y frente al sistema anterior, aprobó la semana pasada un Real Decreto Ley que pone límites a los sueldos de los directivos de las empresas públicas. Hasta ahora no eran conocidos; ahora, no es que vayan a ser conocidos, es que se tienen que mover en los baremos que establecimos la semana pasada en un Real Decreto Ley que recibió informe favorable del Consejo de Estado y que está en vigor. Eso se aplicará a todas las empresas públicas, a la Agencia EFE y al resto de empresas que forman parte de esa Administración institucional, de esas empresas públicas, que constituyen el entramado empresarial del Estado. Es decir, hemos ido mucho más allá.

Me preguntaba sobre la posición de mi partido, que era la segunda de sus preguntas. El ministro de Justicia no ha hecho, ni más ni menos, que trasladar el programa electoral con el que el partido que sustenta al Gobierno se presentó a las elecciones, que tiene, por un lado, una reforma legislativa, que figura en ese programa, y una serie de medidas de apoyo a la maternidad, que también figuran en ese programa.

P.- Brevemente, sólo sobre Andalucía. Indiferentemente de las elecciones, me gustaría una referencia o una opinión del Gobierno sobre la batería de casos de corrupción y de datos que corrupción que hemos estado conociendo a lo largo de esta semana y que afecta al Gobierno autonómico.

También sobre el Gobierno autonómico, éste ha sido el único de todas las Comunidades Autónomas que ha decidido públicamente incumplir el objetivo de déficit. Me gustaría saber también la valoración del Gobierno.

Vicepresidenta.- Voy a empezar por la segunda de sus preguntas. En esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es cierto que la Junta de Andalucía fue el único Gobierno autonómico que no apoyó esos objetivos de estabilidad presupuestaria. Yo creo que todas las Administraciones públicas --lo ha hecho el Estado, también las Corporaciones Locales y el conjunto de las Comunidades Autónomas-- van a hacer un esfuerzo de austeridad, que es necesario en este momento.

Creo que la Junta de Andalucía es quien tiene que dar explicaciones de por qué no forma parte de ese conjunto de Comunidades Autónomas, de esos Gobiernos autonómicos, que han decidido cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, que son necesarios para que España salga de la crisis y para que cree empleo. Yo creo que la austeridad no es una opción; es una obligación de todos los poderes públicos y de todos los gobernantes y todos los responsables públicos de ajustarse a sus cifras de ingresos y no trasladar a las siguientes generaciones lo que ellos no han sido capaces de gestionar, de controlar o de regular.

Me preguntaba por los casos de corrupción. Son casos judiciales que están ante los Tribunales y, como Gobierno, respetamos esos procesos judiciales, lo que se analiza de esas conductas que vamos conociendo a través de los medios de comunicación. Yo lo que espero es que, como en todos los casos, los Tribunales analicen cómo se han producido y, en el caso de que sean así constatados, se cumpla la Ley por todos y se pongan las sentencias que correspondan a la gravedad de esas conductas, si son así certificadas durante ese proceso judicial.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber con qué Ministerios se ha reunido la misión de la Unión Europea, si se puede saber.

También quería saber si el Gobierno ha hecho autocrítica por haber hablado de determinadas cifras de déficit público antes de que se conocieran los datos oficiales. Se llegó a hablar en un primer momento del 8 por 100; después, el Banco de España concretó el 8,1 por 100; habló también el ministro del Interior del 8,2 por 100 y, finalmente, el 8,5 por 100. Es verdad que el anterior Gobierno fue el que generó esa diferencia con respecto al 6 por 100, pero quería saber si eso se va a volver a repetir en el futuro o si eso es lo que le han explicado a los emisarios de Comisión Europea.

Vicepresidenta.- Me pregunta con qué Ministerios. Con los Ministerios de Economía y Competitividad, y de Hacienda y Administraciones Públicas, que son los responsables, tanto del cuadro macro, como de las cifras de ejecución presupuestaria.

Cuando se adoptaron las medidas del 30 de diciembre, ya se dijo, y se dijo desde esta misma mesa, y yo lo dije, que estábamos ante un avance de esa cifra de déficit en el entorno del 8 por 100. Es más, algunos de ustedes pidieron cifras más concretas. Dijimos: estamos en un primer avance, porque la ejecución presupuestaria y los cierres tienen su momento y sus tiempos. Y, cuando sea conocida esa cifra concreta, la ha dado el Gobierno, que especificó, con el cierre del ejercicio, la cifra del 8,51 por 100, con los datos que habían sido suministrados por las distintas Administraciones públicas. Siempre han sido así esos avances.

Me pregunta qué vamos a hacer para evitarlo en el futuro. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir los objetivos de déficit reales y realistas que nos hemos marcado y procurar elaborar unos Presupuestos, y lo vamos a hacer, que sean austeros, que sean realistas y que tengan muy presente cómo es la situación del crecimiento --mejor dicho, del no crecimiento-- económico a la hora de prever y estimar ingresos y gastos, en ambos lados, para que el cierre del ejercicio presupuestario del año que viene no sea este cierre de ejercicio presupuestario que obliga a España a un esfuerzo adicional: a hacer el ajuste que no se hizo en el año 2011 y el que puede hacerse y el que corresponde al año 2012.

P.- Vicepresidenta, yo le quería preguntar, en primer lugar, del tema del Código de Buenas Prácticas. Quisiera saber si el Gobierno está estudiando dar más incentivos fiscales de los que ya anunció en su momento a la Banca para que se sume a este Código.

Luego, una duda que me ha quedado del plan de proveedores. En el caso de las Comunidades Autónomas, ¿va a ser como con los Ayuntamientos, que se podrían retirar transferencias de impuestos estatales si incumplen este plan?

Vicepresidenta.- En el ámbito del Real Decreto Ley, que se detallará en la Referencia del Consejo de Ministros, se hace alusión a algunos asuntos en relación con los impuestos que gravan estas operaciones y que se refieren, especialmente, a ciertas bonificaciones de los derechos arancelarios, notales y registrales derivados de la cancelación de derechos reales. Esto es, en cuanto al ámbito tributario, lo que establece este Real Decreto Ley.

Esto ¿qué es? Una bonificación en las escrituras y otros títulos por los que se certifica, o la novación contractual derivada de las reestructuraciones de la deuda, o de las daciones en pago. Esto es lo que contempla este Real Decreto Ley.

En segundo lugar, la pregunta que me formulaba era en relación al pago de proveedores y las Comunidades Autónomas. Este mecanismo de pago a proveedores se sometió al Consejo de Política Fiscal y Financiera de principios de esta semana. Todas ellas estuvieron de acuerdo y, como en el caso anterior, tienen que presentar ese listado de proveedores al Ministerio de Hacienda y los planes de ajuste correspondientes; que, además, tratándose de las Comunidades Autónomas, como bien sabe, es algo mucho más consolidado y mucho más regulado. Es más, reforzado, si me permite decirlo, con lo que prevé la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria respecto al incumplimiento de los planes de ajuste, en los que, como bien sabe, se contemplan diferentes medidas y diferentes grados de alerta para lograr el cumplimiento de esos planes de ajuste y la plena estabilidad presupuestaria.

Es decir, incluso en el ámbito de las Comunidades Autónomas, esos planes de ajuste están reforzados por esos mecanismos que se prevé ya en la legislación vigente, pero que también refuerza la siguiente.

Muchísimas gracias.