Conferencia de prensa del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidente primero.- Buenas tardes. Como es habitual, les comentaré las decisiones del Consejo y luego ya haremos la rueda de prensa propiamente dicha.

Hemos aprobado dos Proyectos de Ley para su envío a las Cortes, porque ya han pasado todos los trámites preceptivos. El primero se refiere a los servicios funerarios. Es un Proyecto de Ley que, básicamente, hace dos cosas: establece competencia en los servicios funerarios entre los distintos prestadores de estos servicios y, en segundo lugar, simplifica trámites administrativos. Les pongo un ejemplo conocido: trasladar un cadáver, que seguramente no es el tema más agradable para comentar, pero es muy importante. Es muy importante, ¿saben por qué? Porque la gente en esos momentos paga lo que le piden. Es un momento en el que estás bajo de defensas y por eso es muy importante que estén bien regulados, es muy importante que haya mucha competencia, cuanta más mejor, y es muy importante que haya pocos trámites administrativos, que acaban elevando el precio.

En un momento difícil como ése que la gente tenga pocos trámites que hacer y, además, le salga cuanto más barato mejor, creo que es un tema importantísimo y por eso lo comento; no por otra razón. Me parece que tiene interés y es una ley que, al final, lo que va a hacer es abaratar un servicio que, desgraciadamente, todo el mundo acaba utilizando.

El segundo Proyecto de Ley que quería comentarles es el de la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que también se ha enviado ya al Parlamento. Tratamos de hacer también aquí dos cosas esencialmente: por una parte, reformar la Inspección, hacerla más moderna, profesionalizarla más y dotarle de mejores medios, básicamente informáticos. En definitiva, vamos a tratar de conseguir una Inspección que sea más eficaz a la hora de hacer su trabajo, que no es otro que impedir el fraude en temas laborales y de Seguridad Social. Ése es el primer objetivo.

El segundo objetivo es organizar o adaptar la Inspección al nuevo mapa competencial. Saben ustedes que está transferida ya en dos Comunidades Autónomas una parte de la Inspección, la que se refiere a las materias laborales, no a la Seguridad Social, y, por tanto, hay que organizar la Inspección de forma que esa transferencia no acabe redundando en una menor eficacia y, por tanto, permitiendo la cooperación entre todas las Comunidades Autónomas y el Estado; las que tienen competencias ahora y, eventualmente, si las tuviera alguna más. Hay que adaptar, por tanto, la Inspección de Trabajo a ese nuevo esquema competencial del que nos hemos dotado en los últimos años.

Las dos razones, eficacia y adaptación competencial, son las que han llevado al ministro de Trabajo a presentar este Proyecto de Ley que, repito, ha pasado todos los trámites preceptivos y que va ya directamente al Parlamento.

En tercer lugar, hemos aprobado un Real Decreto que regula las penas que se cumplen fuera del sistema penitenciario, de las cárceles; no fuera del sistema, porque son parte del sistema también, fuera de las cárceles: los trabajos en beneficio de la comunidad; las penas que suponen vigilancia de algunas personas que están cumpliendo, y no están en las cárceles, en distintos grados penitenciarios; o, cuando entren estas penas, la llamada "libertad vigilada", que, si recuerdan, es una modificación que introdujimos en el Código Penal para permitir que los jueces, en algunos supuestos, cuando se acaba la pena propiamente dicha de una determinada persona, puedan introducir medidas de libertad vigilada, que lo que tratan, esencialmente, es de impedir, cuando hay ese riesgo, que se vuelva a delinquir. Estoy pensando en delitos de tipo sexual o tipo pederastia.

Saben ustedes que hubo un debate sobre este asunto e introdujimos una libertad vigilada. Es decir, en sentencia el juez puede decir: "usted pasa equis años en la cárcel y luego tendrá que tener una vigilancia durante equis años más". Ese sistema de libertad vigilada es el sistema que había que regular para que Instituciones Penitenciarias sepa lo que tiene que hacer cuando se produzcan ese tipo de penas.

Junto a eso, saben ustedes que España está modernizando su sistema penitenciario, como lo están haciendo los países del mundo, y que ahora hay penas que no se cumplen en prisión. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas derivadas de las infracciones graves de tráfico o muy graves de tráfico. Hay un Código Penal que modificamos para, entre otras cosas, conseguir los resultados que estamos consiguiendo; no sólo así, pero también así o a través de este medio. La gente es condenada en un Juzgado, en un juicio rápido, a cumplir determinado tipo de compromisos con la sociedad, que se llaman "trabajos en beneficio de la comunidad". Se están haciendo ya en casi todas las Comunidades Autónomas, había que regularlas y había que aligerar los trámites judiciales para que Administraciones Penitenciarias pueda actuar más de prisa.

En resumen, es un Real Decreto muy importante que lo que hace es regular todo aquello que las personas condenadas hacen fuera de las cárceles para cumplir sus condenas, que me parece que es importante; por ejemplo, repito, cuando estás condenado a cumplir o hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Les voy a decir --voy a improvisar, pero creo no equivocarme-- que en trabajos en beneficio de la comunidad debe haber del orden de 180.000 condenas en España en este momento. Básicamente son tráfico, pero no sólo tráfico; hay violencia de género.

Es una pena, por tanto, que está utilizándose mucho, que está muy bien: no vas a la cárcel, pero es verdad que tienes que cumplir con la sociedad. Todo esto había que regularlo bien y es lo que hacemos en este Real Decreto que depende, lógicamente, del Ministerio del Interior.

Siguiente tema. Hemos conocido un informe de la ministra de Sanidad sobre el plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el llamado Plan contra la Trata, que es un plan que hacemos entre varios Ministerios. Probablemente, habrá una presentación pública, no sé si en una conferencia de prensa o en el Parlamento de la ministra de Sanidad o mía, según el caso.

Finalmente, hemos aprobado una serie de subvenciones a las Comunidades Autónomas para programas educativos. Son en total 34 millones de euros. Se trata de programas derivados, básicamente, de las dos grandes Leyes educativas que tenemos en este momento en aplicación: una de Educación, la LOE, y la Ley de Universidades.

De los 34 millones, me interesaría destacar veintitrés millones que van para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Básicamente, son veintitrés millones que el Estado cede a las Comunidades Autónomas para que éstas organicen programas de intercambio de estudiantes y facilitar la salida de los estudiantes fuera de España a aprender una lengua, y también la de los profesores a reforzar sus conocimientos de lengua extranjera. Es el programa más importante de los que hemos aprobado hoy, porque lo es, y mucho, saben ustedes, el conocimiento de las lenguas en nuestro sistema educativo.

Me parece que esto es todo lo más relevante. El resto de los temas, como siempre, van en la Referencia. Si tienen alguna cosa, me lo preguntan ahora. En todo caso, a lo largo del día estamos a su disposición y ahora abrimos el turno de preguntas.

P.- Vicepresidente, le quería preguntar por la manifestación de los indignados del 15-M que se prepara para este domingo en Madrid. Quería preguntarle si al Gobierno le preocupa, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de esta semana, lo que hemos visto en Barcelona. ¿Va a haber algún dispositivo especial? ¿Usted se va a reunir en las próximas horas o este fin de semana con los mandos policiales?

Vicepresidente primero.- Lo primero que quiero decir es que la Policía y la Guardia Civil lo están haciendo muy bien; ya lo dije el viernes pasado y lo repito hoy: muy bien. Y les voy a informar --alguno seguro que lo sabe-- de que ayer el presidente del Parlamento valenciano, cuando acabó la sesión de investidura del presidente Camps, se trasladó a la Comisaría a decirle a la Policía, en nombre de la Mesa, por unanimidad: "felicidades por lo bien que lo habéis hecho". Lo digo porque no lo dice el ministro del Interior, lo dice el presidente del Parlamento valenciano.

Vuelvo a insistir: se está haciendo muy bien, utilizando dos palabras o dos cosas en las que vengo insistiendo, que son "prudencia" y "firmeza". Con estos dos pedales, si me permiten la expresión, con estos dos principios, para hablar con más propiedad, la Policía y la Guardia Civil lo están haciendo muy bien. Prudencia y firmeza. Prudencia y firmeza, por tanto, es lo que vamos a seguir haciendo. ¿El domingo hay una manifestación? Si la manifestación se desarrolla pacíficamente, prudencia; si hay alguien que lo quiera hacer mal, firmeza.

Pero quiero insistir una vez más: ayer, en Valencia, el presidente se trasladó y dijo: "gracias a la Policía, lo ha hecho muy bien". Como hay muchas críticas, algunas de ellas muy esperadas, quiero insistir. Lo está haciendo bien y así va a seguir siendo, créanme.

P.- Vicepresidente, por seguir con este asunto, quería plantearle un tema que nos llega desde Cataluña. Ellos están estudiando fórmulas para controlar a los cabecillas de los movimientos que habitualmente protagonizan incidentes y se plantean, incluso, poderles obligar a fichar en Comisaría cuando haya algún tipo de acto público y multitudinario. Yo quería saber si al Gobierno se le pasa por la cabeza algún tipo de medida en este sentido y, en ese caso, si siempre tendría que pasar por un control judicial o es algo que puede hacer la Policía.

Vicepresidente primero.- Usted misma sabe que no soy muy partidario de contar las medidas que la Policía desarrolla para hacer cumplir la Ley y para cumplir sus funciones. No soy muy dado a hablar de los métodos policiales y lo único que quiero decir es que son siempre ajustados a la legalidad; eso siempre. Dentro de eso, se hacen distintas cosas.

Veo que sonríe, porque sabía que le iba a contestar así, más o menos. Es más, estoy seguro de que le parece prudente.

P.- Vicepresidente, yo quería seguir con este asunto y con otro. Me gustaría saber si al Gobierno le preocupa el que esta situación del 15-M y sus derivadas puedan acabar provocando una fractura social, porque también hay muchos ciudadanos que no entienden ya hacia dónde va este movimiento y consideran que les molesta o que perjudica sus derechos, como los comerciantes o los hosteleros. Me gustaría saber la reflexión que hace el Gobierno sobre este asunto.

También me gustaría saber si tiene usted o el Gobierno ya medianamente claro dónde puede acabar este debate acerca de la posible supresión de Diputaciones Provinciales y agrupaciones de Ayuntamientos.

Vicepresidente primero.- Respecto a la primera cuestión, no creo. No pienso, en modo alguno, que esto pueda acabar en una fractura social; no creo. Es verdad que hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos y hay gente que se puede sentir perjudicada e, incluso, ya lo hemos comentado en alguna rueda de prensa. Me da la impresión de que, en todo caso, no caminamos haciendo fractura social y, en todo caso, las instituciones democráticas tienen mecanismos para que estas cosas, al final, no acaben en una fractura social. Por tanto, honestamente, no veo ese riesgo, aunque insisto en que hay que trabajar y, al menos así lo hace la Policía, con prudencia y con firmeza. Las dos cosas marcan lo que yo llamaría "formas" en democracia.

Luego, los partidos tendrán que hacer sus reflexiones, que no es el momento de hacer aquí. Lógicamente, los partidos tienen que hacer sus reflexiones, las que quieran hacer, y, de hecho, estoy escuchando muchas de partidos, de gente, de pensadores, de escritores... Hay un debate que me parece que tiene interés, pero que no creo que conduzca a una fractura social.

Respecto a la segunda cuestión, no es un debate nuevo tampoco el de las Diputaciones; no lo es, lo hemos tenido en distintas ocasiones. Yo no voy a entrar en el tema concreto de si Diputaciones sí o no, o más Ayuntamientos o menos; menos, en todo caso, porque más creo que no ha propuesto nadie. Lo que sí le quiero decir es que es un debate pertinente, en todo caso; me parece pertinente. El debate de cómo nos organizamos para ser más eficaces y, por tanto, gastar menos es siempre un debate pertinente y, cuando estamos en la crisis como la que vivimos en estos momentos, más pertinente que nunca.

Ahora bien, cuál sea el final de ese debate es más difícil de predecir; pero es un debate abierto que, repito, considero que es un debate pertinente y que debemos tener.

P.- Vicepresidente, en primer lugar, por seguir con este asunto de las Diputaciones, no sé si el Gobierno considera viable que haya alguna transformación efectiva de la estructura administrativa antes de que termine la Legislatura. Eso por un lado.

En segundo lugar, quería irme a su otra cartera, la de ministro del Interior, para preguntarle, por un lado, si han visto ustedes si hay fórmulas legales de obligar a los Ayuntamientos a que permitan la entrada de escoltas en sus dependencias, que es un caso que hemos empezado a ver en el País Vasco.

Por último, quería pedirle alguna información más sobre la detención de un presunto etarra. ¿No sé cómo lo interpretan? Por un lado, parece ser que este señor ha vuelto de Venezuela, viajaba de Italia a Francia y no sé si estamos hablando de un intento de reconstruir la dirección de la banda. También llevaba material electrónico. ¿Qué se puede hacer con ese material? ¿Creen que ETA tiene alguna infraestructura en Italia? ¿Puede dar alguna información?

Vicepresidente primero.- Sobre el tema de las Diputaciones, no es un tema sencillo. No pienso que se pueda resolver en pocas semanas o en pocos meses. No me parece razonable pensar en un horizonte legislativo a corto plazo, pero sí creo que es una discusión pertinente, como he dicho antes. Me parece pertinente.

Sobre el tema de los escoltas, más allá de los escoltas, que es un tema que ciertamente hay que considerar, me gustaría hacer una reflexión de carácter más general y no sé si llamarla "reflexión" o "recordatorio", por si acaso. No quiero decir que sea estrictamente pertinente pero, por si acaso, recordarle a la gente de Bildu que ha entrado en los Ayuntamientos que los Gobiernos estamos sometidos a las leyes, que las leyes hay que cumplirlas y que, si las leyes no se cumplen, los jueces se encargan de que las cumplamos. Ésa es una regla democrática elemental.

Y le voy a decir más: el Gobierno también tiene mecanismos para que las leyes se cumplan en los municipios. Y, si las leyes no bastaran, el Gobierno propondría los cambios de las leyes. Y eso afecta a la seguridad de las personas.

En resumen, creo que sí, que tenemos mecanismos para garantizar la seguridad de las personas en todo momento; pero, si no los tenemos, le puedo asegurar que tardaré una semana en traer una ley al Consejo de Ministros.

El detenido se llama Iñaki Domínguez. Efectivamente, ha sido detenido en Francia y digamos que tiene, al menos, que yo recuerde, dos causas pendientes en España; no sé si una condena y una causa. La segunda tiene que ver, efectivamente, con la colaboración entre ETA y las FARC, y, como usted señalaba también, ha sido detenido con material electrónico, básicamente, y dinero. Probablemente, venía de Italia.

¿Qué valoración hacemos, que sería la pregunta? Primero, lo más importante, ratifica lo que vengo diciendo casi todos los viernes y es que el Gobierno sigue con la misma política antiterrorista. ETA sigue existiendo y el Gobierno sigue deteniendo; ésa me parece que es la conclusión más evidente. ¿El Gobierno? Las Fuerzas de Seguridad, para ser más exactos.

Es evidente que hay que analizar exactamente lo que llevaba, hay que contrastar la información que teníamos, que ya teníamos, y, a partir de ahí, la Policía hará una valoración que, si puedo hacer pública, la haré. Pero es evidente que nada bueno hacía con el material que trasladaba, de eso no me cabe ninguna duda; nada bueno. Pero no me atrevería a ir más lejos, porque estamos haciendo justamente el análisis y contrastando toda la información con la Policía francesa.

P.- Le quería sacar otro tema. ¿Qué lectura hace de los datos de deuda que ha publicado hoy el Banco de España, que dice que las Comunidades Autónomas han incrementado un 26 por 100 la deuda en el primer trimestre y que la deuda del Estado, si se suman todas las Administraciones, ya es del 55 por 100 del PIB, con lo que se supera el umbral que marca la Comisión Europea? ¿Qué lectura hace y qué medidas se tienen que tomar?

Vicepresidente primero.- Que la deuda crece, cosa que no le puede sorprender a nadie, y, segundo, que es verdad que ha crecido, pero no es menos cierto que, si nos comparamos con el nivel de los países de la Unión Europea, seguimos estando en la parte baja. Es decir, España debe mucho menos que muchos países; pienso en Italia, por ejemplo, que es un país con el que estamos siempre comparándonos en diferenciales de deuda. La deuda española es mucho menor que la deuda italiana y eso sumando toda la deuda, incluida la de las Comunidades Autónomas, que, en porcentaje, en relación con la deuda total, es una deuda pequeña.

En resumen, que crece; que, de acuerdo con los datos de la economía, no es esperable que haga otra cosa que crecer, pero que crece moderadamente si nos comparamos con el conjunto de la Unión Europea, y que seguimos teniendo poca deuda pública.

Es que el problema de nuestro país, y lo han dicho el presidente y la vicepresidenta muchas veces, no es la deuda pública. Tenemos menos que los países de la Unión Europea, estamos por debajo de la media. Nuestro problema es el conjunto del país, lo que debe el conjunto de España: las empresas, las familias y las Administraciones. El conjunto de la deuda española es la que preocupa al Gobierno y la deuda de las Administraciones es, en este caso, en términos comparativos con la Unión Europea, una deuda soportable. ¿La deuda conjunta del país? Ésa nos crea problemas, como usted sabe, todos los días.

P.- Vicepresidente, sobre este mismo tema de la deuda, ¿el Gobierno se está planteando, como ha pedido también el líder de la oposición, convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar este tema y ver si hay que tomar nuevas medidas con los nuevos datos económicos que puedan surgir en algunas Comunidades?

En segundo lugar, otra económica. ¿En qué momento o cómo está el procedimiento para fijar el techo de gasto?

Y, en tercer lugar, usted el otro día nos comentó que dos no renuevan si uno no quiere, referido al Tribunal Constitucional. Quería constatar si ya usted ve que alguno de los que no quería ahora ya quiere y si ha hecho alguna gestión que pueda conducir a una solución de este tema de conflicto institucional grave que se ha producido esta semana en el Tribunal.

Vicepresidente primero.- Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sí, hay uno obligatorio --no sé si obligatorio, pero previsto-- para julio. De hecho, creo que ya hace tiempo, incluso antes de que dijera el señor Rajoy lo que dijo, que me pareció sensato, como comenté aquí, que es que estos temas del déficit, sobre todo, que es lo que nos preocupa más que la deuda, se discutieran en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Me parece que ya la vicepresidenta económica dijo, hace ya tiempo, bastante antes, que sería en torno a julio. Cuando los Gobiernos autonómicos tomen posesión, cuando vean los números, será el momento de convocar ese Consejo. Pero, sí, lo habrá y le diría que creo que antes del verano.

No sé en qué momento aprobamos el techo de gasto; no debe faltar mucho, pero no le puedo precisar el momento en que el Gobierno lo hará. Creo que también antes de finales de junio, pero no me lo tome al pie de la letra, porque no quiero meter la pata. Esa información se la facilitaremos luego, porque Economía seguro que tiene perfectamente calculado en qué momento tenemos que aprobar el techo de gasto del Estado.

Sabe usted nuestra posición respecto al techo de gasto. Nosotros creemos que es bueno que las Comunidades Autónomas tengan un techo de gasto, que lo tengan, como lo tiene el Estado. También pensamos que la Constitución Española obliga a que ese techo de gasto lo establezcan las propias Comunidades y por eso dijimos durante el proceso electoral que, si ganábamos, donde ganáramos, en aquellas Comunidades que el PSOE ganara habría una Ley para limitar el techo de gasto anualmente en las Comunidades, como hace el Estado, y donde no estemos en el Gobierno, desde la oposición la propondremos. Por tanto, sí, creemos que las Comunidades tienen que hacer estas leyes. Galicia ha hecho una, creo que la semana pasada, y nos parece muy bien.

Y a la tercera pregunta, no hay nada nuevo en relación con ese tema. Cuando haya novedades, ya les iré informando.

P.- Vicepresidente, yo quisiera volver a los incidentes que hubo delante del Parlament esta semana y es una duda que tengo. Hubo un momento en que la Policía autonómica parecía un poco superada por los acontecimientos e, incluso, el Conseller reconoció que igual el dispositivo no se había hecho del todo correctamente. Mi pregunta es, y mi duda, si el Gobierno catalán puede pedirle al Gobierno central que actúe o ustedes podrían actuar si viesen que eso se desbordaba en algún momento.

Vicepresidente primero.- No. Actuar por nuestra cuenta, no, de ninguna manera. El Gobierno catalán podría haber pedido, podría haberlo hecho; pero todo el mundo sabe que las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña son limitadas. Hay pocos policías y pocos guardias civiles, y los que hay, además, no son de orden público; son, básicamente, de información y de investigación. Para que todo el mundo se haga una idea, el Estado en Cataluña ejerce competencias de seguridad en terrorismo, crimen organizado, extranjería y droga, básicamente; digamos que eso es lo que hacemos.

Por tanto, la gente nuestra ahí es gente que se dedica a eso; no es, por tanto, gente de intervención. Pero, eventualmente, cabría la posibilidad de que una Comunidad de las que tienen competencias, que son básicamente Euskadi, Cataluña y, compartida, Navarra, le pidiera al Estado, y lo haríamos, sin duda; pero no es el caso y, además, no lo haríamos en media hora porque no hay Fuerzas de Seguridad allí suficientes y las que hay, repito, tienen otra especialización.

P.- Vicepresidente, dados los altercados que se han vivido en Barcelona y en las tomas de posesión, etcétera, ¿se han replanteado la posibilidad de revocar la autorización a esta manifestación del domingo, más teniendo en cuenta que dos de las seis personas físicas que la han convocado son reconocidos militantes de ultra izquierda, con vínculos con Batasuna, vínculos públicos y notorios? ¿Se lo han planteado?

También quería preguntarle por la imagen que va a proyectar el país el domingo. ¿Cree que beneficia en esta situación, donde la prima de riesgo está otra vez en máximos históricos? ¿Cree que esto puede ahondar en una percepción negativa sobre el país o no?

Luego, quería preguntarle cuáles son las reflexiones interesantes que le merece este movimiento.

Vicepresidente primero.- Respecto a la autorización, no sé quienes son los que han pedido la manifestación. Sí le digo que sobre las manifestaciones en España., para prohibirlas, tienes que estar absolutamente cargado de razón. Tiene que haber razones. En general, como usted sabe, la experiencia que tengo es que, de las poquísimas que se han prohibido, la inmensa mayoría de ellas han sido autorizadas judicialmente.

Nosotros tenemos una Ley de Manifestación, y no le digo nada de concentración y de reunión, muy permisiva. Son derechos fundamentales. A mí me parece bien, pero eso limita muchísimo la capacidad de prohibir, lo que no quiere decir que una cosa tenga que desarrollarse mal. Yo creo que son dos cosas distintas.

Tampoco conozco… No sabía ni que se había autorizado, o sea que no lo sé. Respecto a los promotores, me refiero.

Respecto a la imagen, yo creo que vincular la prima de riesgo a este asunto me parece que no tiene ninguna lógica. Es más, le diré que yo creo que es un ejercicio interesante ver cómo evoluciona la prima de riesgo en dos países, por ejemplo, como Italia y España. Si mira usted las curvas, verá que son absolutamente idénticas. Es verdad que Italia tiene una prima de riesgo algo más baja que la española, pero sus oscilaciones son idénticas a las españolas. "Idénticas" es "idénticas"; es decir, se mueven completamente en paralelo.

Por tanto, dado que allí no hay, en principio, movimientos de esta naturaleza, no podemos concluir. Lo que no quiere decir, por decirlo todo, que sea una buena imagen para España lo que pasó el otro día en el Parlamento de Cataluña. No lo es; evidentemente, no lo es. Pero de ahí a decir que eso afecta a la prima de riesgo creo que hay una diferencia.

Y sobre la tercera, ya tiempo habrá de reflexionar. Algunas las hago de vez en cuando, pero no me parece que sea éste el sitio.

P.- Yo quería insistir en el tema de los escoltas. Desde el pasado lunes el Ayuntamiento de Andoaín, gobernado por Bildu, ha retirado, al parecer, los arcos detectores de metales e impide la entrada de los escoltas de los amenazados por ETA. Sólo quiero saber si le preocupa como ministro del Interior.

Vicepresidente primero.- Ya he contestado. He contestado con una rotundidad que ya responde a su pregunta implícitamente. Ya he contestado, créame; le aseguro que sí.

P.- Yo quería volver al techo de gasto. Hace un rato usted nos ha dicho que, en el tema de las Diputaciones, está dispuesto a hacer una reflexión a largo plazo --se supone que en la siguiente Legislatura--; reflexión que conlleva, probablemente, una reforma constitucional para la supresión de las Diputaciones. Entonces, mi pregunta es: si el techo de gasto también tiene rango constitucional, ¿estaría usted dispuesto a modificar la Constitución para poner un techo de gasto a las Comunidades Autónomas?

Vicepresidente primero.- No me retuerza usted tanto el argumento. No sé si la modificación de las Diputaciones exigiría una modificación constitucional, no estoy nada seguro; pero, en todo caso, le digo que el contexto en el que me…, Son dos debates paralelos: se habla de Diputaciones y de Ayuntamientos. Tenga usted en cuenta que las Diputaciones ejercen un papel, fundamentalmente, dirigido a los pequeños Ayuntamientos. Por tanto, es verdad que quien plantea los dos debates en paralelo está haciendo un buen planteamiento. Si quitas las Diputaciones, tienes que ver quién hace lo que hace las Diputaciones y luego tienes que ver qué pasa con aquellos que son, digamos, los principales beneficiarios de su trabajo, porque ambas cosas van conjuntamente.

No estoy nada seguro, no lo sé; pero tendría que mirar que la supresión exija una modificación constitucional. No lo estoy.

De lo que sí estoy seguro, fíjese --voy a hacer una apuesta, que creo que no es arriesgada--, es de que en los próximos meses todas las Comunidades Autónomas aprobarán leyes fijando un mecanismo parecido al del Estado; leyes que les obliguen a aprobar anualmente un techo de gasto. No sé cuándo, pero yo le digo que antes de un año hay una ley en cada Parlamento. Desde luego, donde gobierna el Partido Socialista la habrá y, donde no gobernemos, la vamos a proponer, y estoy convencido de que la vamos a sacar adelante, porque creo que es una cosa muy sensata. Es sensato que lo haya y es sensato que lo aprueben los Parlamentos que son competentes para ello.

En otras palabras, trato de decirle que, para hacer lo que todo el mundo quiere hacer, no hace falta modificar la Constitución, que sería algo así como matar moscas a cañonazos. ¿De acuerdo?

Gracias.