Conferencia de prensa del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, y del ministro de Trabajo, después de la reunión del Consejo de Ministros

25.3.2011

Madrid

Vicepresidente primero.- Buenas tardes. Como siempre, les daré cuenta muy brevemente de los acuerdos más importantes del Consejo; el resto lo tienen ustedes en la Referencia.

Hemos aprobado la reforma de las pensiones, hemos aprobado el texto de ley que reforma las pensiones y, por tanto, su envío al Parlamento. El ministro de Trabajo dará cuenta del contenido del texto a continuación.

Hemos conocido dos informes de dos Anteproyectos de Ley que están tramitándose y que irán al Parlamento con celeridad. En concreto, el primero hace referencia a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Es un texto que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo rural, en el sector agrario, donde saben que hay mucho trabajo por hacer en ese campo. Gracias a este texto las mujeres podrán tener la titularidad compartida de las explotaciones agrarias; en este momento, el 71 por 100 está en manos de los varones. Es un texto, por tanto, que lo que va a permitir es aflorar, si me permiten la expresión, el trabajo que las mujeres realizan en las explotaciones agrarias en este momento en condiciones poco dignas y, desde luego, poco igualitarias en relación con las que tiene el trabajo de los hombres.

Este texto durante la próxima semana será trabajado por la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con los distintos sectores, y es probable que el viernes que viene lo aprobemos para su envío definitivo al Congreso de los Diputados.

Finalmente, hemos conocido también un informe sobre un texto de ley que modifica la Ley de Protección de la Salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Lo que busca este texto de Ley, que igual inicia su tramitación y tardará algún tiempo todavía en venir a Consejo de Ministros para su envío definitivo al Parlamento, es una adaptación de nuestra Ley del Dopaje a las nuevas leyes que rigen el mundo del dopaje; fundamentalmente, los acuerdos de la Asociación Mundial Antidopaje de 2009. Son convenios que van revisando la normativa, adecuándola a los cambios que saben ustedes que en este mundo son vertiginosos, desgraciadamente en muchos casos, y lo que hacemos es adoptar un cambio en nuestras leyes, repito, para tener en cuenta los cambios que el Código Mundial Antidopaje introdujo en la lucha contra el "doping" en el conjunto de los deportes.

Dos cosas más, rápidamente. Hemos aprobado la convocatoria de las elecciones municipales y también las de las Asambleas de Ceuta y Melilla, que es el ámbito que corresponde al Gobierno. El Real Decreto lo publicaremos el martes, día 29, y entrará en vigor el mismo día 29. Como saben, las convocatorias de las elecciones autonómicas corresponden a cada una de las Comunidades Autónomas.

Finalmente, hemos aprobado definitivamente el despliegue y la participación de las unidades militares en el marco de la crisis de Libia, de acuerdo con la autorización parlamentaria que se votó el martes de esta misma semana.

Éstos son los acuerdos más significativos. Le paso la palabra al ministro de Trabajo ahora para que nos resuma el contenido del texto que modifica el sistema de pensiones en España.

Sr. Gómez.- En efecto, hemos acordado en el día de hoy el contenido del Proyecto de Ley de reforma del sistema español de pensiones. Es un Proyecto de Ley que, prácticamente en su inmensa mayoría, responde al contenido original del Anteproyecto aprobado ya hace algunas semanas. Era necesario evacuar algunos informes, muy especialmente el informe del Consejo Económico y Social de España, informe que ya se ha producido e informe que ha sido muy útil para el Gobierno.

Yo quiero agradecer expresamente el trabajo que han desarrollado los consejeros del CES. Ha sido un trabajo que yo diría que en un 70 ó en un 80 por 100, incluso, en cuanto a sus recomendaciones ha sido incluido dentro del contenido del Proyecto de Ley. Ha sido un trabajo, por consiguiente, útil sobre una de las materias, probablemente la materia más compleja, de nuestra legislación socio-laboral, como son las pensiones.

La reforma, por consiguiente, y su inmensa mayoría, reitera el contenido que ya conocen todos ustedes. La reforma pretende dar respuesta al desafío del envejecimiento de nuestra población, a un envejecimiento que va a ser diferencialmente mayor incluso que el que sufrirán otras sociedades europeas. Es una reforma amplia, como ninguna otra en la historia de España; es una reforma equilibrada y es también una reforma intensa.

Su impacto en la configuración del sistema español de Seguridad Social no comenzará a notarse hasta dentro de algún tiempo pero, cuando transite por todo el período previo previsto, que es un período amplio, será una reforma que dará una gran seguridad, una mayor seguridad, a la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones.

La reforma se asienta en cuatro principios; el primero, el más importante, el de la sostenibilidad. Necesitamos y queremos un sistema de pensiones que sea capaz de garantizar las pensiones del futuro.

El segundo principio, el de su adecuación. La reforma trata de combinar el hecho de que haya una mayor relación entre lo que cada día empresarios y trabajadores aportan al sistema de Seguridad Social y lo que son después los contenidos de sus prestaciones: el importe de las pensiones.

La reforma está concebida --creo que ése ha sido uno de los grandes aportes del proceso de diálogo-- desde la flexibilidad. Se refuerza una concepción flexible de la jubilación, como un derecho que se puede ejercer a través de diversas fórmulas; como un derecho que no se limita exclusivamente a la posibilidad de jubilarse con 67 años, sino que tiene un abanico amplio de posibilidades de hacerlo a partir de los 63 años, pasando también por los 65 años, como en la actualidad, e incluso manteniendo una situación excepcional, cuando las empresas sufren crisis, a partir de los 61 años.

El cuarto gran principio de la reforma, y hemos insistido también durante este tiempo en ello, es su gradualidad. La reforma entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2013; pero será una reforma gradual, poco a poco, que pueda ser encajable por el conjunto de las empresas y de los trabajadores; que los pensionistas tengan tiempo de prever cono suficiente antelación sus efectos y que no se verá culminada completamente hasta el año 2027.

Éste es el contenido esencial de los principios de una reforma que, en general, ha obtenido --ésta es la opinión del Gobierno-- un gran respaldo, un importante respaldo, por parte de los agentes sociales que han podido comprender bien los principales retos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones en el conjunto de Europa y también, por supuesto, en nuestro país.

Las líneas de reforma elevan, por supuesto, la edad de jubilación. Se trata de una elevación lenta, gradual y flexible; se trata de una elevación que sólo será de 67 años en el año 2027 y en todo momento será posible seguirse jubilando a los 65 años cuando se tiene una carrera larga de cotización, que la hemos definido en los 38 años y medio. Y sigue existiendo el derecho a la jubilación en situaciones de crisis a partir de los 61 años.

Hay un nuevo derecho, que me gusta resaltar especialmente, que es el derecho a la jubilación voluntaria a partir de los 63 años; un derecho que pueden ejercer todos los trabajadores, tanto los trabajadores por cuenta ajena, como los trabajadores autónomos, y que no lo tenían ni los trabajadores por cuenta ajena ni los trabajadores autónomos. En el caso de los trabajadores autónomos, y también, por supuesto, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, es necesario que la pensión resultante no dé derecho a un complemento a mínimos, porque lo que estaríamos haciendo es estimular, efectivamente, el que la cotización sea inferior y la reforma pretende siempre elevar los ingresos del sistema, hacerlo más sólido, a base de que todo el mundo cotiza por sus ingresos y también los autónomos cotizan cada vez más por sus ingresos nominales.

Se contemplan, por supuesto, dos situaciones específicas. Ahí no ha habido modificación, si acaso una leve ampliación de alguna de las cuestiones que habíamos ya reflejado en el Anteproyecto. Se sigue reflejando la posibilidad de que las mujeres y los varones, cuando tengan que afrontar el cuidado de algún hijo, puedan tener reconocido, en el momento de su edad ordinaria, nueve meses de cotización por cada uno de los hijos, hasta un máximo de dos años.

Y en el caso, sobre todo, de los jóvenes, hemos planteado, efectivamente, la posibilidad de que durante el tiempo que están como becarios, el tiempo que están en desempeño de funciones que no son laborales pero que están remuneradas, puedan, efectivamente --con cotización, naturalmente; no gratuitamente--, también ver reconocidos esos derechos como si de una parte de su vida laboral se tratara. Hemos elevado también en este caso la recomendación del CES también para los investigadores, aunque no tengan una actividad directamente remunerada.

El resto de las cuestiones son cuestiones que ustedes conocen bien y que la sociedad española ha tenido ocasión de conocer bien durante estos meses. Las pensiones se han convertido en uno de los principales asuntos del debate público prácticamente desde el mes de diciembre. No hay en ese sentido ninguna otra novedad respecto de las conocidas.

El período de cálculo pasará a ser un período de cálculo que, de los quince años actuales, pasará a ser un periodo de veinticinco; pero también será nuevamente con gradualidad, aumentando un año más de período de cálculo conforme pase el tiempo. En 2022 se tendrán en cuenta los veinticinco años. Y, a su vez, se incorpora una fórmula, que pensamos que es una fórmula equilibrada, para cuando exista algún tipo de laguna de cotización durante ese período de cálculo.

En términos generales, el Gobierno está satisfecho con el resultado de este proceso de conversión del Anteproyecto en Proyecto de Ley. Dijimos al final del año 2010 que durante el primer trimestre del año habría una reforma en nuestro sistema de pensiones; dijimos que nos gustaría que esa reforma fuera una reforma dialogada y pactada; dijimos, además, que sería importante que antes de que culminara el primer trimestre esa reforma estuviera en el Parlamento y exactamente lo que dijimos unos meses después lo hemos cumplido, dando cuenta hoy de la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de reforma de nuestro sistema de pensiones.

P.- Vicepresidente, quería plantearle dos cuestiones. La primera es relacionada con la Ley del Menor y el "caso Marta del Castillo". Esa Ley ha provocado, en ese caso concreto, dos instrucciones paralelas y el juez ha justificado precisamente en eso la condena al "Cuco" que, como sabe, no satisface ni a la Fiscalía, que ha anunciado un recurso. Sé que no quieren legislar en caliente, pero quería preguntarle o plantearle si esto puede ser ya la puntilla para analizar, estudiar y, en su caso, reformar la Ley del Menor.

La segunda cuestión que quería plantearle es relacionada con el "sin ti no soy nada". Quería preguntarle si usted, cuando la pronunció, era consciente de que se podía convertir en un lema o, en su defecto, si se puede convertir en "su" particular lema de campaña.

Vicepresidente primero.- Primera cuestión, se trata de una sentencia que no hemos leído ni analizado el ministro de Justicia; pero, como usted comprenderá, lo que hay que hacer es respetarla y acatarla. La analizaremos y veremos si esa sentencia lleva o no alguna modificación legal; pero, de momento, anunciar una modificación legal al hilo de una sentencia sería tanto como entrar en una crítica que no vamos a hacer al juez. Hay sentencias que nos gustan más, otras menos, pero todas se acatan y todas se respetan.

Respecto a la segunda cuestión, fue una pregunta parlamentaria sin más. Además, a mí me gusta mucho "Amaral", o sea que mis amigos no se vieron sorprendidos por semejante… Pero nada más.

P.- Una pregunta para el ministro de Trabajo. El presidente del Gobierno ha hablado de incentivos a las empresas para aflorar empleo sumergido. Quería preguntarle si podría explicarnos en qué consisten, aunque ya sé que va a decir que está pendiente de la patronal y los sindicatos, etcétera, y ver si podía especificarnos un poco más en qué consiste y si se trata de aplazamiento de pago en las cotizaciones, reducción de cotizaciones, etcétera.

Sr. Gómez.- Lo que le puedo decir es que los incentivos no serán incentivos que consistan en amnistías. En España la Ley, nuestra legislación, no hace fácil ese tipo de procesos; pero ayudaremos a que se regularicen las situaciones; si es necesario, concediendo plazos para que las deudas acumuladas puedan ser pagadas con mayores facilidades por parte de las empresas.

Nuestro objetivo, si hay trabajo no declarado en una época de crisis tan intensa como la que hemos vivido y estamos viviendo en España en este momento, es emerger trabajo. Lo queremos hacer no sólo en España, sino en el conjunto de los países europeos, porque el objetivo de la emersión del trabajo no declarado es un objetivo común. Está inserto en el conjunto del texto del Pacto del Euro, no es sólo un compromiso que España lleva entre los que tienen que llevar cada uno de los países que suscriben, que firman, el Pacto del Euro.

Esos incentivos para emerger el trabajo declarado creemos que también ayudarán, entre otras cosas, a mejorar unas finanzas públicas y unas finanzas de nuestro sistema de protección social que, obviamente, son finanzas que ahora atraviesan situaciones difíciles como consecuencia de la evolución del empleo en estos años.

Pero es muy importante guardar las formas en el diálogo social. Los interlocutores sociales tienen que ser los primeros en conocer el contenido del plan y así será. El plan es un plan ya muy avanzado por parte del Ministerio de Trabajo. Tendrán ustedes ocasión de conocerlo con toda precisión y con todo detalle, pero su contenido final serán ellos los primeros en conocerlo.

P.- Yo quería hacerle tres preguntas al ministro de Trabajo. La primera es, en consecuencia con la pregunta anterior, si esos incentivos van también dirigidos a reducir o a controlar más el gasto en desempleo, con el objetivo de reducir el gasto en desempleo, que ahora representa el 3 por 100 del PIB. ¿Se va a plantear de otra manera, ligar el desempleo a la formación? ¿Cómo pueden hacer eso?

En segundo lugar, quería preguntarle si, después de escuchar el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, esas propuestas del control del gasto incluyen la fijación de un techo de gasto a las autonomías o se les va a proponer a las autonomías la fijación de un techo de gasto.

En tercer lugar, todos sabemos que la negociación colectiva va a ser pactada, que estará a mediados de abril. En el caso de que no tenga concretamente un acuerdo satisfactorio en la caducidad de los contratos ¿legislará el Gobierno?

Sr. Gómez.- Respecto de los incentivos, de lo que se trata es de abrir un período donde sea posible regularizar voluntariamente la situación y que el Estado ayude a que eso se produzca. Pero, después de que ocurra ese período, nuestro planteamiento, el planteamiento del Gobierno, es que algunos comportamientos tienen que ser sancionados, incluso de una forma más intensa, muy especialmente todo lo que tiene que ver con el empleo irregular. El empleo irregular tiene que tener una sanción probablemente más intensa que la que ahora tiene y éste es uno de los contenidos que por parte del Gobierno queremos negociar, queremos dialogar, con los interlocutores sociales.

O sea, más que hablar de amnistías, hay que hablar de facilidades, hay que hablar de incentivos y hay que hablar también de más control y de más sanciones a aquellos que incumplen la obligación de tener, en términos en los que define la OIT, un trabajo decente. Y el trabajo decente incluye también, en un país como España, cumplir el conjunto de nuestra normativa laboral.

Respecto de la segunda pregunta, techo de gasto sí para el Estado y para los Entes Locales, pero existe autonomía, naturalmente, plena autonomía, en este aspecto para las Comunidades Autónomas. El Estado no puede imponer un techo de gasto a las Comunidades Autónomas; tendrán que hacerlo ellas mismas. El marco ideal es, naturalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo tengo la impresión de que todas las Comunidades Autónomas y el propio Estado también tienen interés en fijar también techos de gasto en su comportamiento presupuestario y en su disciplina económica y presupuestaria. No creo que sea algo difícil de obtener durante este tiempo.

Respecto de la negociación colectiva, el objetivo del Gobierno, y siempre lo dijo, es que tenía que haber una reforma de nuestra negociación colectiva. Es un objetivo que ya no es sólo un objetivo del Gobierno; es una prescripción legal que fijaba la fecha. El Gobierno también dijo, además, que prefería, desde luego, que esa reforma fuera una reforma fruto del diálogo social, como lo fue la primera reforma, que en realidad fue el primer diseño de negociación colectiva libre en España hace treinta años, cuando aprobamos el Estatuto de los Trabajadores.

Lo que ha hecho el Gobierno estos días es seguir priorizando esa declaración previa. Si estamos hablando de días y si estamos hablando de necesidad de un tiempo adicional, porque es verdad que han contado con poco tiempo, porque tuvieron que rápidamente insertarse en una dinámica de negociación los interlocutores sociales, recién concluido un acuerdo tan intenso como el que exigió en Trabajo el acuerdo sobre pensiones y políticas activas, digamos el gran acuerdo de febrero, lo necesario entonces ahora es dar un tiempo para culminar esa negociación. ¿Por qué? Porque merece la pena el que tengamos una regulación consensuada en una materia en la que cada día en España se firman centenares de convenios y sus protagonistas no son ni los Gobiernos autónomos, ni los Ayuntamientos, ni el Estado; sus protagonistas son los empresarios y los trabajadores.

Es importante que esa reforma, en su definición y en su reglamentación, sea también una reforma fruto del acuerdo. Si es un problema de días, creo que merece la pena esperar. Si no hubiera acuerdo, por supuesto, el Gobierno mantiene, como siempre ha hecho, su compromiso y es que habrá reforma de la negociación colectiva; una reforma equilibrada, buscando la eficiencia en este caso y buscando la adaptabilidad interna de las empresas, que es el gran objetivo.

El objetivo es hacer que las empresas sean más adaptables al ciclo económico. El objetivo no es alterar los intereses de unos y otros; es seguir manteniendo un equilibrio en el juego de las relaciones laborales, pero hacer que nuestras empresas apelen al despido como último recurso y tengan buenos instrumentos de flexibilidad interna.

Yo creo que ese objetivo, por fortuna, es un objetivo compartido por el Gobierno, por los empresarios y por las organizaciones sindicales. Compartir es objetivo es lo que dará pie a alcanzar entre ellos un gran acuerdo, suficiente e importante, también en esta materia.

Vicepresidente primero.- Les recuerdo, completando la información que daba el ministro de Trabajo, que el Partido Socialista lleva en sus programas electorales autonómicos el compromiso de establecer leyes de techo de gasto en cada Parlamento autonómico. El otro día tuve ocasión de hacerle un ofrecimiento a la portavoz del Partido Popular en el Congreso de que sería bueno de que el PP lo hiciera también en las Comunidades donde va a gobernar, de tal manera que, por acuerdo de las propias Comunidades, tendríamos una legislación de control del techo de gasto que sería buena para nuestra economía y respetuosa, en todo caso, con las Constitución y, por lo tanto, con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

P.- Una pregunta para el ministro de Trabajo en relación con este plan para incentivar el afloramiento del empleo sumergido. Si los incentivos en los que está pensando, como ha dado a entender, se apoyan fundamentalmente en la concesión de plazos, que es a lo que usted se ha referido, no parece que sea un plan que pueda tener unos objetivos muy ambiciosos, porque ya existen aplazamientos de pago en la actualidad. Tampoco parece que sea un procedimiento muy extraordinario como ha dado a entender el presidente del Gobierno, cuando ha dicho que ya hay "algún precedente" en la economía española; aplazamientos hay ahora mismo.

Sr. Gómez.- Por supuesto que hay aplazamientos, pero se puede ayudar a que ese aplazamiento sea durante más tiempo y se puede ayudar a facilitar las garantías, por ejemplo, que en ocasiones hay que aportar para esos aplazamientos. Hay fórmulas muy importantes que todavía pueden aplicarse de forma temporal.

Estamos hablando de una emersión de trabajo no declarado que se produzca durante un período de tiempo muy concreto y que rinda frutos también a la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y, sobre todo, a las condiciones en las que se realiza el trabajo en España.

Yo no quiero dar la impresión sólo, y no debemos dar la impresión sólo, de que estamos hablando de un programa de afloramiento con el objetivo de mejorar las cuentas públicas, aunque es un objetivo fundamental, como es lógico, en plena crisis, sino también de mejorar la situación en la que desempeñan su trabajo miles, probablemente, de trabajadores en este momento en España y en el conjunto de Europa. Sigue siendo el objetivo de lograr el trabajo decente y sigue siendo el objetivo que aparece cuando uno entra en la Organización Internacional del Trabajo, la organización que agrupa a empresarios, a trabajadores y a Gobiernos de todo el mundo.

P.- Yo quería incidir un poco más en una pregunta anterior en cuanto a la negociación colectiva. En el caso de que hubiera acuerdo, pero no fuera del agrado del Ministerio de Trabajo, o sea, si no flexibilizara lo suficiente el empleo en las empresas, ¿el Ministerio podría reformarlo, podría modificarlo?

En cuanto a las sanciones que ha dicho antes para que aflore el empleo sumergido, no sé si hablamos también de sancionar más a aquellos desempleados que no cumplan determinadas condiciones.

Sr. Gómez.- En cuanto a la primera parte de su pregunta, la negociación colectiva y el agrado o no del Gobierno, el Gobierno lo que tiene siempre en su idea de lo que debe ser la reforma de la negociación colectiva es algo, en cuanto a principios, ya compartido y escrito en un documento firmado el 2 de febrero. Es un documento donde en su parte bilateral, en la parte que compromete a empresarios y a sindicatos, se establecen objetivos; objetivos que comparte plenamente el Gobierno. He citado dos de ellos que me parecen fundamentales.

La capacidad de adaptación, de flexibilidad interna de las empresas es clave, es un principio básico. Si nuestras relaciones laborales tuvieran hoy que caracterizarse por algún defecto es por el uso excesivo que hacemos del despido. Casi todo el mundo está de acuerdo en que nuestras empresas usan con exceso el despido, a pesar de que a veces se dice que es caro, porque es más fácil despedir que adaptar las condiciones de trabajo dentro de ellas. Éste debe ser, por consiguiente, el gran objetivo. Lo fue en la reforma laboral y sigue siendo un objetivo al que nunca debemos renunciar.

Además, la negociación colectiva tiene que viabilizar --éste es otro de los grandes objetivos--, tiene que hacer viables, aquellos grandes objetivos de la reforma laboral, y lo va a hacer, haciendo posible, por ejemplo, que mecanismos de arbitraje, de mediación, cuando hay bloqueos en la negociación de cualquier condición de trabajo dentro de la empresa, sea posible hacerlos y sea posible hacerlos de forma rápida y relativamente cómoda para empresarios y para trabajadores. Para ello también tenemos que dotar de más medios a los sistemas de mediación y de arbitraje, y hay que quitarle también trabajo a la justicia social en este aspecto, a las Magistraturas sociales, a los Juzgados Sociales. Hay que dar mucho más trabajo de mediación y de arbitraje que de sentencia, porque hay muchas cosas que se pueden arreglar con el diálogo todavía en los órganos específicos para ello.

Así es que este tipo de objetivos son objetivos plenamente compartidos por todos y, si hay acuerdo, y yo soy de los que piensan que habrá acuerdo alrededor de estos ejes, será un acuerdo, con seguridad, del agrado del Gobierno; con seguridad.

Las sanciones tienen que ser, efectivamente, sanciones que afectan a las empresas que contratan de forma irregular; pero ya hay un esquema de sanciones, por cierto importante, para los trabajadores que complementan de forma irregular la percepción de prestaciones por desempleo con el trabajo. Cada año, y me gusta recordarlo, hay 250.000 expedientes que el sistema español de prestaciones por desempleo abre a trabajadores por incumplir esta norma; un cuarto de millón de expedientes cada año se producen por incumplir esta norma.

Desde luego, en el caso del empleo irregular, el contratante, una empresa en este caso, será también un ámbito de actuación preferente.

Insisto, primero, un plazo para regularizar las situaciones y buscar la forma, como siempre, de soluciones amistosas, de soluciones razonables, sobre la base de que, vencido ese plazo, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en el trabajo irregular puede ser una ley que aumente significativamente y que endurezca significativamente las sanciones. Pero todo esto, insisto, debe ser previamente dialogado con los interlocutores sociales.

Ésta es la posición del Gobierno, ésta es la opinión del Gobierno y, como toda opinión de Gobierno que quiere dialogar, también una opinión que puede estar dispuesto, y está dispuesto, a sustanciar y a modificar fruto del diálogo social.

P.- Primero, me gustaría pedirle que detallara esta última respuesta. O sea, ¿se está refiriendo a endurecer exclusivamente las sanciones a las empresas?

Luego me gustaría preguntarle si precisamente sobre este plan tienen objetivos. Usted en la Cadena SER, hace un mes, más o menos, habló de que la economía sumergida era en torno al 20 por 100 del PIB. Me gustaría saber si tienen objetivos de aflorar cuánto empleo y qué porcentaje de la economía sumergida.

También sobre la reforma de pensiones quería saber si puede detallar cómo queda el factor de sostenibilidad, qué peso tiene cada criterio que se va a tener en cuenta, y dar algún detalle de esa fórmula de rellenar lagunas de cotización.

Sr. Gómez.- Respecto a los objetivos cuantitativos, es difícil, obviamente, hacer pronósticos respecto al resultado final de las actuaciones. La economía sumergida en España, a través de diversos estudios, siempre la situamos en una franja que va desde el 15 hasta el 25 por 100. Dije ayer en algunas declaraciones en ese sentido que no es para sentirse satisfecho, en absoluto; pero no me gusta dejar de destacar que la mayor parte de los estudios solventes que se hacen respecto al tamaño de la economía sumergida no dejan en mucho mejor lugar a las economías centroeuropeas o nórdicas respecto de las meridionales; que el tamaño de la economía sumergida en esas economías es un tamaño también muy importante, es un tamaño que en muchas ocasiones supera también el 15 y el 16 por 100; que en ocasiones no debemos dejar de destacar que ese fenómeno, el del trabajo no declarado, es un fenómeno común al conjunto de Europa, y que por esa razón, precisamente, constituye un objetivo común incluido en el conjunto del Pacto del Euro. No es sólo un objetivo que fijan las autoridades nacionales; es un objetivo fijado en el conjunto de la Unión Europea.

Respecto del factor de sostenibilidad, es un factor del que el Gobierno, y por supuesto los interlocutores sociales, se siente especialmente satisfecho. No ha habido cambios en su concepción durante este tiempo. El factor detonante tiene que ser siempre la esperanza de vida, porque estamos hablando de un factor de sostenibilidad en el medio y en el largo plazo, y los sistemas de pensiones de reparto, si tienen un factor clave, es siempre la esperanza de vida. El otro es, por cierto, la tasa de fecundidad y, a través de ella, la tasa de empleo en cada una de las economías.

Hemos planteado que, para sostener mejor nuestro sistema en el medio y largo plazo, el factor detonante, el que desencadena los cambios en el sistema cada cinco años, es la esperanza de vida. Ése continuará siendo, digámoslo así, el factor que desencadena las revisiones; revisiones que afectan al conjunto de los parámetros. En ningún momento se fija en qué proporción unos u otros, lo cual significa que tiene que haber un proceso de diálogo social y un proceso de contraste económico, analítico y de acuerdo político y social a la hora de traducir esos cambios en la esperanza de vida en cambios en el sistema de pensiones.

P.- A usted, Vicepresidente, le quería preguntar lo siguiente sobre el debate en cuanto a la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. ¿Cómo ha visto la resolución el Gobierno? El fallo se conoce y no los argumentos. ¿Cómo valora el hecho de que vaya a tener como mínimo, al menos, tres votos particulares, pero que haya trascendido que en la deliberación hubo un equilibrio precario, de nueve a siete, y, por tanto, una fuerte división, que nunca se había dado en el Tribunal Supremo sobre estas cuestiones?

Quería preguntarle, además, si esto puede gravitar sobre la decisión que en su día adopte el Tribunal Constitucional, porque se espera en breve el recurso.

Y también sobre las manifestaciones del Lehendakari en el sentido de que la izquierda abertzale tiene ahora la oportunidad de demostrar que su apuesta por la paz es real. ¿Realmente hay una segunda oportunidad en todo este proceso o está, digamos, todo explicado y todo aclarado?

En último término, no me resisto a preguntarle, en un tono ya muy distendido, sobre la cuestión musical. La cuestión sería si, por lo que usted pueda saber, el Presidente empieza también a tararear algún tema de "Amaral".

Vicepresidente primero.- Brillante.

Respecto a la primera cuestión, sentencia de Sortu. Primero, como en el caso de una pregunta anterior en relación con una sentencia, en este caso un tema mucho más vidrioso, la sentencia de Sortu merece para el Gobierno acatamiento y respeto. Satisfacción también, por qué no, porque es verdad que el Tribunal Supremo lo que ha venido ha sido a confirmar la tesis que el Gobierno sostuvo --aquí lo hice yo personalmente-- y que han sostenido en sus demandas la Abogacía del Estado y el Fiscal General del Estado. Por tanto, "acatamiento" y "satisfacción" son las dos palabras que había que emplear.

Yo creo que no tiene nada que ver lo que pasa en el Tribunal Supremo con lo que pase en el Tribunal Constitucional. Cada tribunal tiene su ámbito de actuación y de discusión, y, por tanto, el Tribunal Constitucional hará lo que tenga que hacer en el ámbito de su autonomía. No creo que el resultado de una y otra discusión tenga más allá de la coherencia jurídica que ambos tribunales siguen teniendo o vienen teniendo en relación con la Ley de Partidos, donde usted sabe que ha habido, digamos, una aportación por, cada uno de ellos, muy coherente a lo que es todo el desarrollo que desde el punto de vista de la jurisprudencia se ha hecho de la Ley de Partidos. Si usted mira las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, verá que hay una sintonía muy importante, sintonía ratificada por el Tribunal de Estrasburgo, y que ambos tribunales han ido aproximando, desde cada una de sus posiciones, criterios jurisprudenciales muy importantes.

¿Por qué digo esto? Porque en algunos de esos criterios se encuentra justamente la base que va a emplear el Gobierno si es que, como todo parece apuntar, intenta la ilegalizada Batasuna entrar a través de otros mecanismos distintos de la legalización de Sortu. Ahí hay criterios jurisprudenciales que han sido recogidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, y creo que es interesante leer ambas jurisprudencias para darse cuenta de hasta qué punto son complementarias. Por eso no creo que quepa inferir un comportamiento u otro en el Tribunal Constitucional en función de la discusión en el Tribunal Supremo, que, por otra parte, yo no conozco y espero a conocer, lógicamente, cuando se produzca la sentencia.

P.- Era una segunda parte sobre algo que le han preguntado sobre el tema de qué le parece la opinión de Patxi López. Patxi López, creo, si no le entendí mal las declaraciones, propuso también que, a poder ser, el Tribunal Constitucional acelerara su deliberación e, incluso, su resolución para las elecciones municipales. Él lo decía también en base precisamente a esa votación tan reñida que habido en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué opinión le merece esta propuesta del Lehendakari?

Vicepresidente primero.- Ayer tuve la ocasión de expresar por primera vez la opinión del Gobierno en relación con la sentencia, aunque lo había hecho antes el Ministro de Justicia la propia noche de la sentencia, y quiero reiterarla ahora aquí, porque pienso que encontrarán ustedes una sintonía con lo que está exponiendo Patxi López; sintonía que existe, evidentemente, porque como saben ustedes, hablamos todo el día, yo con Patxi López, y con Rodolfo Ares ni les cuento.

El asunto es el siguiente. ¿Ha habido movimientos en el mundo de la ilegalizada Batasuna? Ha habido movimientos. No se pueden negar. Ha habido cambios y ahora todo parece indicar, y hay que esperar a la sentencia, que esos cambios, a juicio del Tribunal Supremo, son insuficientes. Digo "todo parece indicar" y "que hay que esperar a la sentencia"… A ver cómo lo razonan, pero da la impresión de que los han considerado insuficientes, como insuficientes los consideró en su momento el Gobierno y como insuficientes los consideraron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En ese sentido, Batasuna sabe que tiene que seguir haciendo cambios. ¿Hasta cuando? Hasta que frente a los Tribunales pueda demostrar que no existe ninguna relación con ETA, ninguna; que la ha roto del todo, completamente, fehacientemente. Eso parece que todavía no se ha producido y pienso que en esta lógica se inscribe la posición de todos los que en esta materia de una u otra forma hemos opinado --el Gobierno, por supuesto; el Lehendakari, el Consejero de Interior--, y pienso que esta es una forma de entender también la sentencia del Tribunal Supremo, aunque, repito, en esto quiero ser especialmente cauteloso, porque no la conozco. Pero da la impresión de que, digamos, al dar la razón a la demanda está diciendo eso: cambios se han producido, pero hay que demostrar fehacientemente que habéis roto con ETA, puesto que esa relación con ETA es la que llevó a Batasuna a la ilegalidad.

Vuelvo a razonar una vez más como lo he hecho siempre, pero creo que es muy importante que los ciudadanos lo perciban: Batasuna fue declarada ilegal, porquen los jueces dijeron: es parte de ETA. Por tanto, si quiere pasar a ser legal, tiene que romper drásticamente con ETA o conseguir que ETA deje definitivamente la violencia. Como esto segundo parece que no lo ha conseguido, no tiene más remedio que ir al camino de ruptura total con ETA y eso tiene que ser fehaciente, demostrable, claro. Tiene que quedar rotundo ante los Tribunales y tal parece que los Tribunales, como el Gobierno, piensan, que esa rotundidad, esa claridad, no se ha alcanzado todavía.

P.- Vicepresidente, yo no voy a intentar pescar en un río en el que me va a espantar usted los peces; pero me voy a quedar en la orilla, porque me parece importante. Quería saber hasta qué punto considera usted que el ruido del debate sucesorio está pudiendo producir una erosión en la confianza en el Gobierno y en su presidente, no ya entre los ciudadanos españoles, sino en el exterior, en un momento tan crucial como el que vivimos y si cree que hay margen para frenarlo.

Y, como la orilla es tentadora, me voy a lanzar y le voy a preguntar, aunque espantará a los peces, si cree usted que este país está preparado para un presidente del Gobierno químico, con barba, delgado y que canta Amaral en el Congreso.

Vicepresidente primero.- Que canta Amaral en la ducha.

Poco le puedo decir, porque sabe usted que no es materia que corresponda a esta mesa. Pensarán ustedes que es una forma de tirar balones fuera, que también, pero hay algo más de fondo y es tratar de respetar los ámbitos institucionales. Ésta es la mesa donde el conjunto de los ciudadanos españoles reciben las noticias que el Consejo de Ministros, a través suyo, les quiere facilitar. Desde esa perspectiva, hay algunas reglas que hay que cumplir y yo trato de cumplirlas; entre otras, no está el discutir o hablar de cosas que corresponden más a los ámbitos partidarios. Fíjense que incluso para referirme a otros partidos soy especialmente prudente. Creo que ése es el sentido institucional de los que aquí estamos y créanme que así voy a seguir.

A partir de ahí, poco le puedo decir. Aparte de mis gustos musicales que ya son conocidos, hay otros; tengo más.

P.- Quería retomar la pregunta sobre si usted, políticamente, creería conveniente que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre Sortu antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Quería plantearle otra pregunta y es si el Gobierno va a autorizar una petición que le han hecho la Xunta de Galicia y Novacaixa Galega para autorizar un esquema de protección de activos, que es lo que ellos consideran fundamental para el plan de saneamiento que tienen previsto.

Vicepresidente primero.- No sabría contestarle a la segunda pregunta. No tengo la información y no me atrevo en un tema tan delicado a meter la pata. Así que con mucho gusto le trasladaré la pregunta al Ministerio de Economía para que esta tarde le pueda consternar lo que opine.

Respecto a la primera cuestión, no me parece procedente que el Gobierno dé su opinión sobre qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, aunque sea desde una perspectiva política. Yo creo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y ya le adelanto que lo que haga el Tribunal Constitucional para el Gobierno estará bien hecho.

Muchísimas gracias.