Madrid
Vicepresidenta Primera.- Buenos días. La lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad ambiental es, como saben, una de las apuestas decididas del Gobierno; apuesta que el Gobierno ha querido renovar con un nuevo modelo económico sostenible y apuesta que el Gobierno quiere que sea uno de los pilares de la Presidencia española de la Unión Europea.
Ése es el ánimo con el que el Gobierno ha afrontado este último Consejo Europeo en Bruselas y con el que encara la importante Cumbre de Copenhague, de la que el Ejecutivo espera que se consiga un acuerdo que suponga un punto de inflexión para avanzar en un modelo más equilibrado y más justo, y luchar así contra el calentamiento global.
Con ese espíritu, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana una importante batería de medidas en esta materia. En primer lugar, hemos dado luz verde al Anteproyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, una ley que permitirá la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales y confinarlo en una instalación subterránea para su almacenamiento permanente.
Con este texto incorporamos a nuestro ordenamiento la normativa europea adaptándola a la realidad industrial, geológica y energética de nuestro país, y al tiempo establecemos la base jurídica para que dicho almacenamiento se realice en condiciones absolutamente seguras para el medio ambiente. Con este proyecto damos un nuevo paso para alcanzar el compromiso europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por 100 en el año 2020, compromiso que, como saben, se elevará a un 30 por 100 en el caso de que se logre un acuerdo internacional equitativo en esta materia.
De manera complementaria a la iniciativa de este importante Anteproyecto de Ley, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que declaramos, en el área denominada Asturias Centro, una zona de reserva provisional a favor del Estado para su explotación como estructura subterránea susceptible de acoger ese almacenamiento de dióxido de carbono, que vamos a hacer posible con esta Ley cuyo Anteproyecto hemos aprobado hoy.
Y, dentro de esta batería de medidas medioambientales, también hemos aprobado el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado. El objetivo de este plan es que 350 centros reduzcan su consumo de energía en un 20 por 100 en el año 2016 a través de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Finalmente, hemos dado el visto bueno a un acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y reparto entre las Comunidades Autónomas de cerca de nueve millones de euros destinados a mitigar la desertificación, la prevención de incendios forestales y la Red Natura 2000 en el medio forestal.
En segundo lugar, hemos adoptado una serie de medidas destinadas a mejorar uno de nuestros sectores estratégicos que es el sector aeronáutico, cuya industria consideramos prioritaria y al que queremos dotar también de más medidas de seguridad, como ya en su momento informó el Ministro de Fomento ante el Parlamento; una batería de medidas que se van a ir aprobando de aquí al próximo mes de junio.
Primero, y con el objetivo de favorecer la industria aeronáutica, hemos aprobado un acuerdo por el que autorizamos la concesión de anticipos reembolsables a la entidad filial de Airbus establecida en España, por más de 330 millones de euros, para su participación en el desarrollo de una nueva familia de aviones A-350. Igualmente, hemos autorizado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a conceder ayudas por más de 250 millones de euros a cuatro empresas españolas seleccionadas por Airbus como subcontratistas de primer nivel para el desarrollo de esta nueva familia de aviones. Y hemos dado luz verde a un Real Decreto por el que se regula la seguridad aeronáutica en las demostraciones aéreas civiles, estableciendo los criterios para la correcta organización y desarrollo de estas actividades, y que forma parte y es un elemento más de todas esas medidas que ya les he dicho que iremos trayendo en los próximos meses referidas a reforzar nuestra seguridad aérea.
En tercer lugar, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha presentado el Informe sobre Seguridad y Siniestralidad Laboral correspondiente al año 2008. Según este informe, elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a lo largo del pasado año se produjeron en España unos 120.000 accidentes de trabajo menos en jornada laboral respecto del año anterior; pero, sin duda, a pesar de que hemos mejorado, sigue siendo un tema que ocupa y preocupa al Gobierno porque las cifras siguen siendo muy elevadas, siguen siendo altas, sobre todo en sectores como la construcción o la industria.
Por ello, hemos aumentado las inspecciones de trabajo, hemos hecho planes específicos de inspección de trabajo en sectores como el textil, la construcción o la agricultura, y también por ello durante la Presidencia española de la Unión Europea trabajaremos en la aplicación de la Estrategia comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque tenemos que seguir luchando para que estas cifras tan negras disminuyan más y muy rápidamente. Por eso, no sólo no bajamos la guardia, sino que redoblamos esfuerzos para lograrlo.
Como también redoblamos esfuerzos en política social, y muy particularmente en el ámbito de la atención a la dependencia, del que ya saben que con frecuencia se ocupa de ello el Consejo de Ministros. Hoy hemos adoptado un acuerdo por el que autorizamos la aplicación del Fondo de Contingencia por más de 68 millones de euros para financiar el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas de acuerdo con la Ley de Dependencia. Con ese fin se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Política Social destinado al Imserso, suplemento con el que en el nivel mínimo garantizado superará los 1.230 millones de euros en el año 2009.
Como saben, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia constituye el cuarto pilar del Estado del Bienestar, un pilar que permanece firme pese a las dificultades económicas.
En el área de Educación también hoy hemos adoptado decisiones relevantes. Saben ustedes que la modernización e internacionalización de nuestro sistema universitario es un importante objetivo del Gobierno y con ese fin hemos aprobado hoy tres Acuerdos por los que autorizamos la suscripción de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Madrid, de Cataluña y de Andalucía para la financiación del Programa Campus de Excelencia Internacional, un programa sobre el que el Ministro Gabilondo nos ha presentado también un informe.
Como saben, el objetivo del Programa Campus de Excelencia Internacional es situar a las Universidades españolas entre las mejores de Europa. Se trata de sumar instituciones que, compartiendo un mismo campus, creen un entorno académico innovador y emprendedor.
Tras la convocatoria que se resolvió hace solo unos días, y gracias a la coordinación de Gobierno, Comunidades Autónomas y sistema universitario, este programa repartirá 150 millones de euros en préstamos a proyectos de veinte universidades. En los dos últimos años la financiación total del Ejecutivo ha superado los 350 millones de euros, y creo que muchos de los proyectos que se han presentado son muy importantes y nos van a permitir, en un plazo razonable de tiempo, tener unos Campus Internacionales de Excelencia que puedan competir con los principales campus también europeos e internacionales.
Hemos adoptado hoy también una ampliación de veinticinco millones de euros para la Línea de financiación ICO-Plan Avanza. Como recordarán, esta iniciativa busca potenciar las inversiones en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones mediante la concesión de préstamos a ciudadanos y a empresas. Con la ampliación aprobada hoy, el importe global de la Línea supera ya los 1.730 millones de euros en esta materia.
En séptimo lugar, el Consejo ha dado luz verde a un acuerdo por el que se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Como recordarán, hace unos meses aprobábamos la regulación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, cuyo objetivo final es el de estimar y valorar el impacto que tienen las nuevas normas aprobadas desde todos los puntos de vista. La Guía establece los criterios para realizar ese análisis normativo para asegurar que las normas se adecuan al orden constitucional, para determinar su impacto económico y presupuestario, y para tener en cuenta factores tan importantes como la igualdad de género, el impacto de género que produce cualquier disposición normativa, la salud, el medio ambiente o la educación.
Es una Guía que nos comprometimos a aprobar antes de que finalizase el año, no tiene carácter normativo pero, sin duda, es una herramienta muy útil para mejorar la eficacia, la claridad y la transparencia de las disposiciones normativas de cara a los ciudadanos.
En materia de Defensa, el Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Defensa, la Ministra Chacón, y del Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro Moratinos, un acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2010 la participación de unidades y observadores militares en las operaciones que se desarrollan fuera de nuestro territorio; quiero recordar, en Bosnia-Herzegovina, en Afganistán, en El Líbano y en aguas de Somalia. Como saben, es un Acuerdo que adoptamos todos los años, a final de año, prorrogando esas misiones.
Por medio de este Acuerdo, además de prorrogar estas misiones, se autoriza además la participación de unidades navales en la Operación "Active Endeavour" y en las en las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN, así como la asignación de unidades españolas a los Grupos de Combate de la Unión Europea y a las Fuerzas de Respuesta de la Alianza Atlántica.
Asimismo, hemos aprobado hoy una Declaración para conmemorar el XX Aniversario de la adopción del II Protocolo facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que se celebra el día 15 de diciembre y que está destinado a abolir la pena de muerte. Saben el compromiso que tiene nuestro país con la abolición de la pena de muerte y por eso hoy el Consejo ha aprobado una Declaración institucional, adhiriéndonos a la celebración del aniversario de ese Protocolo.
Ya muy brevemente, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de una subvención directa del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la Sociedad Audiovisual Aval por cuatro millones y medio de euros. Esta sociedad de garantía recíproca, que inició su actividad hace más de tres años, es un referente financiero en el sector cinematográfico y audiovisual. En este tiempo más de trescientas compañías se han beneficiado ya de sus servicios.
También hemos dado luz verde a un Real Decreto que desarrolla reglamentariamente la Ley de Creación de la Comisión Nacional del Sector Postal. Con esta norma se entra en una última fase para la entrada en funcionamiento de este organismo público, de esta Comisión Nacional, que tiene como objetivos velar por la transparencia y buen funcionamiento del mercado postal, garantizar la prestación del servicio y salvaguardar el cumplimiento de las exigencias de la libre competencia.
Hemos aprobado seis Reales Decretos de concesión de subvenciones directas a otras tantas organizaciones por un importe de 330.000 euros. Como podrán ver con detalle, si es de su interés, en la Referencia, se trata de organizaciones que dedican sus esfuerzos a facilitar el acceso al agua potable, a la resolución de conflictos globales y a la abolición --precisamente hoy lo señalo-- de la pena de muerte y la protección de los derechos humanos.
Termino con importantes inversiones en obras de Alta Velocidad. En concreto, esta mañana hemos aprobado varios acuerdos para la construcción de infraestructuras en Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y Andalucía, por más de 740 millones de euros. Además, hemos autorizado más de 677 millones para la construcción de la estación barcelonesa de La Sagrera.
Y antes de dar paso a sus preguntas, quería referirme a una importante cita que tendrá lugar la próxima semana. Me refiero a la IV Conferencia de Presidentes, que se reunirá el lunes con una agenda de gran calado político. Muchos e importantes son los temas que se abordarán en esta IV Conferencia: las políticas de empleo, especialmente las vinculadas al desarrollo de la economía sostenible; el sector primario; las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea; la lucha contra la violencia de género y también se procederá a la aprobación del propio Reglamento de la Conferencia que, como saben, se acordó poner en marcha, reglamentar y poner en marcha en la última Conferencia que se celebró.
El Gobierno acude a esta reunión con los Presidentes autonómicos, y a la que han sido invitados los agentes sociales, como siempre lo ha hecho, con espíritu constructivo y de diálogo, porque el Gobierno no sólo cree en el Estado de las Autonomías, sino que apuesta decidida y claramente por la cooperación entre los distintos Gobiernos para afrontar entre todos, y de manera muy especial en estos momentos, la situación económica actual. Sabemos que trabajar juntos, con lealtad institucional y voluntad de cooperación, no es sólo una necesidad derivada de nuestro orden constitucional y el de nuestro Estado complejo, sino también lo que los ciudadanos esperan de nosotros siempre, pero yo creo que lo esperan hoy de manera especial.
El Gobierno confía en que los trabajos de esta IV Conferencia de Presidentes sirvan para avanzar entre todos en el camino de la creación de empleo, de un modelo de crecimiento más seguro y más sostenible. Desde luego, el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para que así sea.
Con esto ya sí termino de darles cuenta de las decisiones que hemos adoptado hoy y, como siempre, me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que consideren oportunas.
P.- Vicepresidenta, me gustaría hacer tres o cuatro preguntas en relación con el caso Haidar. Me gustaría saber si el Gobierno aprecia en el régimen marroquí alguna señal de flexibilidad que permita albergar esperanzas de que esto pueda solucionarse.
Me gustaría saber también si el Gobierno da por definitivamente descartada la posibilidad de alimentar a la señora Haidar a la fuerza.
También, si el Ejecutivo no siente una cierta incomodidad después de que desde diferentes sectores, sobre todo de la izquierda, se haya reclamado con insistencia la intervención del Rey, dando por hecho que la diplomacia española es incapaz de arreglar las cosas.
Por último, me gustaría saber si el Gobierno puede decir que sigue manteniendo intacta su relación de confianza mutua con el régimen de Marruecos.
Vicepresidenta primera.- Como usted sabe, desde el primer día el Gobierno ha trabajando y sigue trabajando por abordar este tema desde los distintos planos que plantea. Desde luego, el objetivo fundamental ha sido que la señora Haidar vuelva a su tierra, a su casa y con su familia. Por tanto, no hemos renunciado ni vamos a renunciar a ese objetivo. Creemos que es un objetivo justo y, por lo tanto, trabajamos para ello y trabajamos, desde luego, dialogando y tratando de llevar a la convicción y a la razón, con la argumentación y con todo tipo de acciones en el ámbito diplomático, con el Gobierno marroquí y con la comunidad internacional. Por tanto, ése es el primer objetivo.
No podemos olvidar que partimos de que en la base de este asunto hay un conflicto estancado, que está estancado ahí desde hace años y en el que venimos trabajando desde hace años, desde hace mucho tiempo. El compromiso de España en relación con el conflicto del Sahara es un compromiso total y absoluto de la sociedad española y del Gobierno de España. Nuestra posición en relación con ese conflicto es clara y nítida. Hemos apostado y apostamos por el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de las disposiciones de Naciones Unidas y siempre hemos trabajado para facilitar el acuerdo entre las partes; igual que venimos cooperando, y seguimos y seguiremos haciéndolo, con el pueblo saharaui.
Solamente yo quiero recordarles aquí un dato: el 80 por 100 de la ayuda anual que reciben los campamentos de Tinduf en concepto de cooperación al desarrollo, es decir, de ayuda humanitaria, proviene de España. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. No descartamos nunca, no renunciamos ni nos resignamos a conseguir el objetivo con el que el Gobierno trabaja, que es que la señora Haidar vuelva a su tierra. Ése es nuestro objetivo y vamos a seguir en él.
En segundo lugar, desde el punto de vista personal también trabajamos para que la señor Haidar preserve su salud e insistimos en tratar de hacerla llevar a que abandone la decisión que ha adoptado, que es legítima pero que creemos que no es buena, por supuesto, para su salud. Creemos que puede defender su causa y que la puede defender con libertad en este país, y, en ese sentido, le ofrecemos todo tipo de posibilidades. El Gobierno va a trabajar siempre para preservar su vida y su salud, porque es un objetivo también prioritario para este Gobierno. Esperemos no tener que llegar a una situación en donde sea una situación límite y, por tanto, vamos a trabajar para, desde luego, preservar su salud y su vida ante todo. En esto no descartamos adoptar todas las medidas que la Ley nos ofrece.
Sobre el tema que usted me planteaba de tener que acudir…, en relación con el tema del Rey, creo que ha quedado claro siempre que la figura institucional del Rey, su labor y su disposición a favor de los intereses de España está por encima de todo, y además yo creo que es conocida, reconocida y valorada por parte de todo el mundo, y de manera muy especial es reconocida y valorada por el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero.
El Rey, en éste como en todos los asuntos que afectan a nuestro país, está permanentemente informado y sigue con todo detalle los acontecimientos esta mañana, hace un rato, el propio Presidente del Gobierno lo trasladaba en estos mismos términos, y, por supuesto, todo lo que hace lo hace en colaboración y contacto fluido con el Gobierno, como siempre ha sucedido en el marco de nuestro ordenamiento.
Esto es perfectamente compatible, el que esto sea así, con el hecho de que sea el Ejecutivo el que, en el ejercicio de sus competencias, como también ha señalado el Presidente del Gobierno, asuma de manera directa la responsabilidad en la gestión de un asunto de esta naturaleza, insisto, como sucede siempre en las relaciones entre el Jefe del Estado y el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, creemos que eso forma parte de la normalidad institucional y del funcionamiento normal y democrático de nuestras instituciones.
En cuanto a la última, por supuesto seguimos trabajando para mantener… Son muchos años. Marruecos es un país con el que trabajamos a través de los instrumentos en los que este Gobierno cree, que son el diálogo, el diálogo y el diálogo. A través del diálogo se llega a veces a acuerdos, con el diálogo a veces se discrepa, pero el instrumento mejor para llegar a convivir y para avanzar en una convivencia democrática y en paz es siempre el diálogo, incluso desde la discrepancia; el diálogo, la determinación y la firmeza cuando se discrepa de un tema.
Ésos son los elementos fundamentales que mantenemos en nuestra política exterior, en los que creemos y con los que vamos a seguir trabajando. Por tanto, seguimos teniendo acuerdos muy importantes de colaboración con Marruecos, como con otros países, que se mantienen en vigor y vamos a trabajar para que, desde luego, se sigan manteniendo en vigor, porque son importantes para los intereses generales.
P.- El Presidente Rodríguez Zapatero ayer habló de inminencia en la recuperación económica española. Quisiera saber si podría concretarse esa inminencia. ¿Estamos hablando de quince días o un mes? ¿Cuáles van a ser los próximos datos? ¿A esa inminencia la van a llamar cuando el crecimiento de la economía española pase de cero en el crecimiento del PIB, deje de ser negativo?
Por otro lado, quisiera saber la opinión del Gobierno sobre el documento hecho público hoy por los obispos, en el que se pide que el aborto siga siendo considerado un delito, también sobre las críticas, que supongo que habrán escuchado y leído hoy, de que podría ser un verdadero coladero el hecho de que las niñas menores de dieciséis años sean eximidas de informar a sus padres de intención de abortar bajo determinados supuestos.
Vicepresidenta primera.- En cuanto al primer tema que me plantea, el Presidente Rodríguez Zapatero realizó ayer un análisis realista y riguroso sobre la situación económica de España. Somos realistas partiendo de que 2009 ha sido, y así lo expresó ayer el propio Presidente Rodríguez Zapatero, uno de los años más difíciles de nuestra historia económica reciente, y el próximo año, el año que va a entrar próximamente, debemos seguir profundizando en las diferentes medidas que hemos adoptado a lo largo de todo el año 2009, porque todavía nos quedan meses de dificultad. Ése es el análisis que ha hecho el Presidente.
Dicho esto, lo que es evidente es que los instrumentos que hemos puesto en funcionamiento (las ayudas al sistema financiero, las líneas de crédito, las medidas de apoyo a las empresas, el respaldo a sectores concretos económicos e industriales y todo lo que comporta el Plan E, del cual hemos visto los resultados que ha producido) nos han permitido amortiguar el fuerte impacto de la crisis internacional en nuestra economía.
Ya contamos en estos momentos, y eso yo creo que es lo que nos permite mantener la situación de esperanza, con algunos datos que se vienen produciendo de forma sistemática en una tendencia suave, como ocurren estas cosas desde los últimos meses, que son relativamente positivos en distintos indicadores económicos. Entre ellos, hay una desaceleración en la destrucción del empleo que indica que las cosas pueden empezar a marchar mejor, de la misma forma que hay indicadores positivos en la fortaleza del comercio exterior, en cómo se va recuperando la confianza en el consumo y en las empresas, o en las inversiones en la adquisición de bienes de equipo.
Dicho todo esto, podemos afirmar, por lo tanto, que hemos superado el peor momento de la crisis y ahora debemos seguir ayudando a nuestra economía para que crezca con una reforma del sistema productivo y con una reforma del mercado laboral, que son las dos grandes reformas que vamos a abordar y que, sin duda, afrontaremos con diálogo y consenso con los agentes sociales y con las fuerzas políticas.
A partir de ahí, con todos estos datos, esto nos permite pensar que en los próximos meses empezará a haber recuperación.
Aborto. En primer lugar, en relación con el tema de la Conferencia Episcopal, como ya les he señalado en otras ocasiones, las relaciones del Gobierno con la Iglesia están basadas en la lealtad; lealtad que, como en esta ocasión, no está reñida con la discrepancia que Gobierno e Iglesia mantienen en este asunto, porque es conocida desde el primer día. Discrepamos de la posición que mantiene la Iglesia en este asunto con absoluta lealtad y transparencia. Me lo han oído decir en otras ocasiones.
La Iglesia tiene derecho a participar en los debates sociales pero, a la hora de legislar y adoptar decisiones en el Parlamento, la última palabra, la palabra, la tienen los representantes de la soberanía, la tiene el Parlamento, que está trabajando en una Ley de Salud Sexual y Reproductiva cuyo fin es dar más garantías, dar más protección.
Por tanto, yo creo que, dicho esto, ya un poco tratando de contestar a lo que usted me planteaba como una segunda parte de la pregunta en relación con el tema de esta Ley de Salud Sexual y Reproductiva, yo me alegro y el Gobierno está satisfecho de que haya habido un acuerdo entre los Grupos Parlamentarios, que creo que han realizado un gran trabajo. Quiero desde aquí, desde esa perspectiva, felicitar el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Igualdad, porque desde las legítimas posturas han sabido consensuar yo creo que un buen texto legislativo preservando y, al mismo tiempo, enriqueciendo los principios que el Gobierno se marcó desde un primer momento en relación con esta Ley.
Este acuerdo, sin duda, el acuerdo que se ha fraguado en la Comisión de Igualdad, da una mayor legitimidad, a mi juicio, si cabe, al texto que inicialmente enviamos al Parlamento y se va a traducir, en definitiva, en mayores garantías a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, mayores garantías a los profesionales, mayor equidad, más información y más garantías en el acceso a las prestaciones sanitarias.
Desde luego, yo creo que, al final, puedo decir que va a haber una mayor preparación y formación del conjunto de la sociedad para evitar los embarazos no deseados, porque con esta Ley se ofrecen instrumentos precisamente para eso, para embarazos no deseados, y poder disfrutar de algo tan importante como es una mayor salud sexual y reproductiva. Ése es el objetivo fundamental de la Ley, evitar estos embarazos y tener más información y más instrumentos, y estoy absolutamente convencida de que eso es lo que desean todas las personas que han apoyado esta Ley, el trabajo que se ha hecho en la Comisión y, además, estoy absolutamente convencida de que eso es lo que desea la inmensa mayoría de los ciudadanos.
P.- Quería conocer su opinión, la opinión del Gobierno, sobre las más de 160 consultas sobre la independencia de Cataluña que se van a celebrar este próximo domingo y a las que están llamadas más de setecientas mil personas.
Una segunda pregunta añadida, pero en relación con este mismo asunto, es si considera que la espera de tres años y medio de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut puede estar alentando, de alguna manera, el independentismo en Cataluña.
Vicepresidenta primera.- Ya saben que me he pronunciado en algunas ocasiones sobre este tema. Creo que la Constitución y las leyes fijan con claridad las normas que regulan las consultas populares. Estas consultas no se ajustan ni a la Ley ni a la Constitución, y, por tanto, no tienen ni validez ni consecuencia jurídica alguna.
Dicho esto, en relación con la segunda parte, en absoluto, no lo creo. Yo creo que hay un Estatuto aprobado en Cataluña, aprobado en España, que está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional, y ya me han oído decir, y quiero volver a repetir, que se aplica con normalidad democrática desde que se aprobó: e aprobó en el Parlamento de Cataluña, se aprobó en el Parlamento de España y se aprobó en referéndum. Todo eso forma parte de la normalidad democrática en España en cuanto a la aprobación de las normas y, desde luego,en Cataluña. Por tanto, no creo que haya nada distinto que no sea eso.
P.- ¿Qué le parece que los sindicatos mantengan la manifestación de mañana por el empleo y por los salarios cuando ayer ya dijo el Presidente que el crecimiento va a ser inminente?
Vicepresidenta primera.- Comprendo perfectamente que los sindicatos expresen su preocupación y ejerzan su derecho a la manifestación por algo que todos compartimos, que es el deseo de que entremos en la senda de la creación de empleo.
Es verdad que el Presidente del Gobierno señaló ayer que tenemos indicios y datos de que las cosas empiezan a mejorar, pero también dijo el Presidente del Gobierno que todavía tenemos meses de dificultad por delante. Desde esa perspectiva de máximo respeto, por supuesto, al ejercicio de un derecho como es el derecho de manifestación, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, muchos ciudadanos, comparten y sienten como una preocupación la preocupación que todos tenemos. El Gobierno no sólo tiene preocupación, sino preocupación y ocupación, porque estamos trabajando desde el primer día precisamente para tratar de recuperar el crecimiento, porque el empleo se creará más y mejor cuanto más crezcamos.
Sabemos que todavía tenemos meses difíciles por delante, pero estamos también convencidos de que con la puesta en marcha de las medidas que hemos adoptado, que ya han producido y servido para mitigar el impacto, y las que vamos a seguir adoptando, recuperaremos la situación que todos deseamos y que yo creo que es lo que quieren expresar los sindicatos con esa manifestación.
P.- Sobre el tema de Aminatou, quería saber quién en la Administración dio la orden para que el vuelo de Aminatou partiese, a pesar de todo, hacia España.
Por otra parte, hablaba usted de evitar situaciones límite. Si el juez de Lanzarote no insta a la alimentación forzosa de Haidar, ¿el Gobierno tendría alguna alternativa para recurrir a esta decisión vía Abogacía del Estado?
Luego, sobre Afganistán quería preguntarle cuándo tiene previsto el Gobierno concretar el aumento anunciado de efectivos y, sobre todo, si el Gobierno descarta un incremento similar al anunciado por otros países europeos de entre quinientos o seiscientos efectivos.
También quería preguntarle por el caso Roberto Flores, el primer proceso por traición. La Abogacía del Estado ha solicitado que el juicio sea a puerta cerrada. Es fácil adivinar los motivos, pero le pediría, por favor, que los explicitase. Y, además, por qué la Abogacía del Estado no ha llamado a declarar, sin embargo, a nadie del Gobierno ruso; a nadie del servicio diplomático ni a nadie del servicio de inteligencia.
Vicepresidenta primera.- En cuanto al primer tema que me plantea, la decisión se toma en el ámbito de las autoridades de la Policía de fronteras. Quiero recordar que el Gobierno español ha respetado la Ley y ha actuado por motivos humanitarios con la señora Haidar, y eso lo confirman los datos.
La señora Haidar tiene permiso de residencia legal en España por razones humanitarias. Por lo tanto, la señora Haidar era residente legal en España cuando el 13 de noviembre viajó a Marruecos con su pasaporte marroquí y éste es el punto de partida que creo que es importante, porque a veces, probablemente, se nos olvida.
En segundo lugar, a la señora Haidar le fue, como todo el mundo sabe, denegada la entrada por las autoridades marroquíes, lo que motivó que la compañía aérea la admitiera en el viaje de vuelta en aplicación del articulo 66 de la Ley de Extranjería, que prevé el transporte al punto de origen de los rechazados en frontera.
No voy a entrar en la decisión de las autoridades marroquíes, simplemente constato el hecho. Por lo tanto, la señora Haidar entró en España como residente legal.
A partir de ahí, todo lo demás creo que ya lo he contestado en las anteriores preguntas. El Gobierno va a seguir trabajando, como lo ha hecho desde el primer día, con los objetivos que ha marcado en los distintos planos: en el plano político, en el plano, por supuesto, humanitario y en el plano diplomático; en todos los ámbitos. Vamos a trabajar como lo venimos haciendo, impulsando, además, gestiones en toda la Comunidad Internacional para darle una salida razonable a este problema.
En cuanto al tema de Afganistán, no hemos tomado todavía una decisión. El Presidente del Gobierno dijo que la tomaríamos, pero la tomaremos en las próximas semanas no le puedo concretar ahora todavía la fecha y ahí le diremos exactamente cuál va a ser el contingente, el número de efectivos, que va a aportar el Gobierno español, que, por supuesto, habrá que acordar y obtener la autorización de los grupos políticos, del Parlamento. Por lo tanto, ése es, como siempre, el cauce legal y a ese cauce legal es al que me remito.
Y, en relación con el otro tema que me plantea, se trata de un tema judicial donde el Abogado del Estado interviene en su calidad de tal, como abogado, ejerciendo el derecho de defensa, en este caso, del Estado. Ya sabe usted que yo jamás comento los asuntos que están "in judice", es decir, que se están juzgando. Hay que respetar los procesos judiciales y, por tanto, respetar la posición que en este caso adopten el Abogado del Estado y los jueces en el transcurso de ese proceso.
P.- Según un informe de Greapeace, Aragón sería una de las Comunidades elegidas para instalar una de esas plantas de almacenamiento de CO2. Simplemente, quería preguntarle si sabe el Gobierno dónde se van a instalar y si nos puede confirmar o desmentir esa noticia que difunde Greapeace, que además advierte sobre los efectos nocivos que podrían tener esas plantas en su entorno.
Vicepresidenta primera.- No están determinados los sitios. Hoy les he señalado que hemos adoptado un Real Decreto por el que se determina un lugar en Asturias y se está hablando con las Comunidades Autónomas para buscar los lugares en donde se puedan establecer esos centros de almacenamiento, que se van a autorizar, que se van a hacer viables, a raíz del Anteproyecto de Ley que hoy les he trasladado. Por lo tanto, no le puedo todavía decir cuáles van a ser los desplazamientos y cuántos centros va a haber.
En todo caso, sí quiero señalar que, desde luego, lo haremos respetando todas las normas de impacto ambiental para garantizar en todo caso la inexistencia de impacto ambiental y, desde luego, garantizar la seguridad, aunque la seguridad está garantizada ya por la propia tecnología que permite hacer estos almacenamientos. Pero lo estamos trabajando y todavía no le puedo confirmar con seguridad cuáles van a ser los sitios, más allá del de Asturias sobre el que hoy sí hemos adoptado hacer una reserva.
P.- Le quería preguntar sobre la última hora en referencia al secuestro de los tres cooperantes y por si nos puede confirmar algunas informaciones en referencia a la composición del grupo que los tiene secuestrados en nombre de Al-Qaeda.
Luego, sobre las consultas independentistas, un dato concreto: una vez ya examinadas prácticamente, supongo, todas las actas, ¿nos puede confirmar si va a ser necesaria o no en este caso la intervención del Abogado del Estado?
Vicepresidenta primera.- En relación con el primer tema que me plantea, en primer lugar, quiero de nuevo, si me lo permite, volver a reiterar la solidaridad y todo el apoyo del Gobierno a los familiares de Albert, de Roque y de Alicia.
Como saben, la reivindicación que se ha producido era una posibilidad que el Gobierno barajaba desde el primer momento, lo que no deja de añadir preocupación a la situación que lamentablemente estamos viviendo.
Quiero que sepan todos que estamos redoblando los esfuerzos a todos los niveles y que vamos a seguir trabajando hasta lograr su liberación. Pero, si me lo permite, voy a decir algo que vengo diciendo desde el primer día, que es que la prudencia y la discreción siguen siendo nuestras herramientas más valiosas para velar por la seguridad de los secuestrados y, desde luego, propiciar su libertad lo antes posible.
En cuanto a las consultas, sabe que el Abogado del Estado las mira todas y en cada caso toma la decisión. No tengo conocimiento de que haya habido que hacer ninguna intervención.
Muchas gracias.