Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Ministro de Trabajo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Como pueden intuir por la presencia del Ministro Caldera, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un importante programa de medidas sociales de mucho calado y trascendencia. En primer lugar, hemos dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social; lo remitimos al Congreso de los Diputados. Es un Proyecto de Ley que mejorará sensiblemente la vida de millones de ciudadanos. Consta sólo de ocho artículos, pero actualiza la regulación de materias laborales y sociales tan básicas como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la jubilación o el acceso de las parejas de hecho a las pensiones por viudedad. Todos los cambios que se introducen tienen el mismo objetivo: mejorar los mecanismos de protección y, en algunos casos, ofrecer a los ciudadanos una ayuda vital para que puedan llevar a cabo una vida digna.

Las modificaciones del Proyecto responden a los compromisos que el Gobierno firmó con los interlocutores sociales hace algo más de seis meses. El Ministro les explicará todos los detalles de los que consta. Como saben, la reforma de la Seguridad Social tiene una influencia directa en el futuro de millones de ciudadanos. Soluciona problemas reales, por ejemplo, regula la jubilación parcial o el retraso voluntario de la jubilación, algo cada vez más frecuente en el mercado laboral español. También contempla, como les decía, la existencia de las parejas de hecho desde el punto de vista del Derecho, facilitando el acceso a una pensión de viudedad o la indemnización por fallecimiento en caso de accidente de trabajo, lo que en el pasado dio lugar a tantas resoluciones judiciales y a tanta conflictividad judicial.

La evolución de la España social y económica ha sido muy rápida en los últimos años y de ahí la necesidad de abrir nuestra legislación a las nuevas realidades. Actualizar las leyes, acomodarlas a nuestro tiempo, es un pilar básico de la estrategia de nuestro Gobierno para ampliar derechos.

Para desarrollar todas las mejoras que he citado, y muchas otras, necesitamos recursos; recursos para mantener la Seguridad Social, algo que, por cierto, hacemos entre todos. Cuantos más ciudadanos trabajen más recursos tendremos en esa caja común que es la Seguridad Social. Como saben, nos encontramos en una buena situación puesto que el paro está en uno de los niveles más bajos en los últimos treinta años y estamos en uno de los niveles más altos de ocupación.

Con justificada satisfacción, por tanto, el Consejo de Ministros ha acordado hoy incrementar en cuatro mil millones de euros el Fondo de Reserva a la Seguridad Social. Esta reserva de ahorro nos proporcionará a todos, al Gobierno y a ciudadanos, bastante tranquilidad a la hora de afrontar el futuro. Al día de hoy el Fondo de Reserva de la Seguridad Social dispone de más de 40.300 millones de euros, que es una cifra que permite al Gobierno y a todos los trabajadores, en su calidad de futuros pensionistas, mirar al futuro con cierta tranquilidad.

Tenemos dinero ahorrado y lo tenemos porque la economía marcha bien, y yo diría que marcha más que razonablemente bien. El Instituto Nacional de Estadística anunció hace tres días que el pasado año el PIB, el Producto Interior Bruto, creció el 3,8 por 100. Ese incremento supone un punto y una décima más que el resto de los países con los que compartimos el euro y es también el mejor dato de crecimiento de los últimos cinco años.

Antes de pasar la página económica, permítanme dar la bienvenida públicamente al que va a ser el nuevo Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que sustituirá a don José María Cuevas. El señor Cuevas ha estado veinte años al frente de la Confederación de Organizaciones Empresariales y en este tiempo el modelo de relaciones laborales en España ha vivido una auténtica y profunda transformación modernizadora. En nombre del Gobierno, nuestro agradecimiento al señor Cuevas y nuestros mejores deseos al nuevo Presidente de la Confederación de Empresarios.

Nuestro segundo asunto en el día de hoy ha sido la inmigración; en concreto, tres iniciativas. La primera es la regulación de la entrada y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea. Hemos aprobado un Real Decreto y con esta medida cumplimos el mandato que en el año 2004 la Comisión Europea puso en marcha a través de la Directiva que regula el derecho de entrada y residencia de los ciudadanos comunitarios y sus familiares en otro Estado miembro. Este Real Decreto, en definitiva, lo que viene es a consagrar en la práctica la libre circulación de trabajadores, además de salvaguardar el derecho a la reagrupación familiar y el principio de igualdad de trato entre ciudadanos españoles y ciudadanos europeos.

Yo creo que la máxima novedad del Real Decreto el Ministro les va a explicar todos los detalles es la desaparición de la tarjeta de residente comunitario. En lugar de obtener dicha tarjeta, los ciudadanos europeos tendrán otra obligación, que es dar sus datos en el Registro Central del Extranjeros. Se trata de facilitar el acceso a una situación de pleno derecho y, por tanto, el certificado del Registro sustituirá a la tarjeta. Este nuevo documento será el que acredite la pertenencia a un país europeo.

Y hay una segunda novedad importante también, ya que por primera vez, de nuevo, la pareja se equipara al matrimonio a los efectos de la reagrupación familiar; es decir, se reconoce la existencia de parejas de hecho siempre que se trate de una pareja que esté registrada.

El Real Decreto mantiene también el derecho de residencia a título personal para cada miembro de la familia en caso de fallecimiento o desvinculación matrimonial del titular del derecho. La norma dice que se considerarán residentes permanentes aquellos comunitarios que hayan vivido, al menos, cinco años en España.

Como saben, los ciudadanos de Rumania y Bulgaria están sometidos de momento a un régimen transitorio, así que la norma no les afecta plenamente, pero es verdad que tienen sus peculiaridades. Sí es completamente efectiva para los ciudadanos de la Europa de los 25, más los que tienen pasaporte de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.

Hemos aprobado también un Real Decreto para la tramitación de los permisos de trabajo que nos permitan atraer a España a los mejores profesionales, cualquiera que sea su procedencia, en caso de personas altamente cualificadas. Seguimos así las recomendaciones de la Unión Europea, decidida a no dejar escapar los talentos que pueden contribuir a mejorar la capacidad de competir de nuestras empresas y, por tanto, de nuestros sistemas económicos.

La legislación de extranjería ya establecía un régimen especial para determinadas categorías profesionales pero, aún así, la Secretaría de Estado de Inmigración y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales han recibido peticiones de las grandes empresas y de centros de investigación. Lo que se reclama, en definitiva, es más agilidad en los trámites, más facilidades de contratación, más rapidez y más eficacia. Con las actuaciones que hemos aprobado hoy, desde luego, esperamos dar satisfacción a estas demandas.

Por último, en materia de inmigración se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, que también el Ministro les va a explicar en detalle. Como saben, en España la población extranjera se ha triplicado en seis años. El número de inmigrantes ha pasado de 900.000 en el año 2000 a los tres millones en la actualidad. Los trabajadores extranjeros representan ya más del 6 por 100 de la población. El aumento de población inmigrante es, por tanto, evidente en nuestras calles y también es evidente para todos que ellos, los extranjeros que viven entre nosotros, están contribuyendo a crear riqueza, están dinamizando nuestra economía. Es evidente que contribuyen a la prosperidad económica de nuestro país y está claro que también su llegada debe producirse de manera legal y ordenada, es decir, llamando a la puerta a través de los cauces legales que les permita cotizar a la Seguridad Social y contribuir al pago de los servicios básicos.

Pero el Gobierno cree que eso no es suficiente, que ahí no se acaba la política de inmigración. Tenemos que conseguir que los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país se sientan parte de España, tenemos que conseguir que se integren en nuestra sociedad. De esa capacidad de integración depende la convivencia que nuestros hijos mantendrán en el futuro con los inmigrantes y de ahí la importancia del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que dispondrá de un presupuesto de 2.005 millones de euros para llevar a cabo las distintas estrategias, las distintas actuaciones que contempla: por ejemplo, evitar abusos en las relaciones laborales; por ejemplo, reconocer y homologar títulos profesionales a las personas que vienen de fuera; por ejemplo, fomentar algo muy importante la integración en materia educativa, en vivienda, en temas que tienen que ver con la igualdad de género y valoración de la mujer, y en la mejora del conocimiento y del respeto de los valores y las normas de la sociedad española a la que llegan y a la que también se tienen que adaptar.

Las medidas que he detallado y que el Ministro desarrollará con mayor nivel de detalle responden a una convicción: si hay cohesión social, si las desigualdades entre la población española y los inmigrantes se reducen al mínimo, es evidente que la convivencia entre todos será muchísimo más fácil.

Pasando ya a otro ámbito, el Consejo de Ministros, en el ámbito de la salud pública, ha aprobado esta mañana los criterios de distribución de las cantidades destinadas al Plan Nacional sobre Drogas. Este programa, como saben, es un programa que desarrollan las Comunidades Autónomas, pero la inversión la coordina el Ministerio de Sanidad y Consumo. La inversión total para desarrollar el Plan Nacional de Drogas asciende a más de veintidós millones de euros y saben que de esa cantidad más de un tercio de destinará a la atención a los toxicómanos y a sus familias. En las políticas de prevención del consumo se invertirán algo más de siete millones de euros, y millón y medio se dedicarán al desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas, que está llevando a cabo un importante análisis sobre la evolución y sobre los distintos factores que inciden en este tema.

Esta misma mañana el Consejo de Ministros ha aprobado también el destino que se dará a los bienes decomisados en las acciones de la lucha contra el tráfico de drogas. Como ya conocen, la política del Gobierno consiste en procurar que estos bienes decomisados a los narcotraficantes reviertan precisamente en los programas de lucha contra la drogodependencia. Consideramos, y creo que los ciudadanos también, que ése es el destino más justo y que da más eficacia a esta medida. Piensen que estamos hablando de cantidades importantes: para este año 2007 los bienes decomisados estarán en torno a los catorce millones de euros, que, como les decía, se reinvertirán en esas políticas de atención a la drogodependencia.

También en el ámbito de la salud pública, pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo ha aprobado hoy la llamada Estrategia Nacional de la Calidad del Aire. La actuación para la mejora de la calidad del aire y la protección de la atmósfera constituye una de las prioridades para el Gobierno, ello por dos motivos fundamentales: por una parte, porque la contaminación atmosférica continua siendo motivo de preocupación en España y en el resto de Europa, pues existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud y para el medio ambiente, particularmente en las concentraciones, en las aglomeraciones urbanas, en las grandes ciudades; por otra, y aunque resulte llamativo habida cuenta la gravedad del problema, éste es un ámbito con una normativa particularmente obsoleta: la actual Ley en vigor, fíjense, data ni más ni menos que del año 1972.

Por eso, como recordarán, el pasado 19 de enero aprobamos el Anteproyecto de Ley del Aire y Calidad de la Atmósfera, que se está tramitando y que en breve plazo de tiempo remitiremos a las Cortes, y nos comprometimos, cuando aprobamos este Anteproyecto, a aprobar en pocas semanas una Estrategia Nacional de Calidad del Aire. Hoy hemos cumplido con ese compromiso.

Como pueden imaginar, la Estrategia para mejorar la calidad del aire no puede por su propia naturaleza responder a principios estáticos. Debe ser una herramienta dinámica que se module en función de las circunstancias concretas que vayan determinando el mayor nivel de contaminación. No obstante, las líneas maestras de esta Estrategia pasan, primero, por una importante promoción de la investigación y, desde luego, en segundo lugar, por la revisión del Programa Nacional de Reducción de Emisiones.

Además, como saben, vamos a potenciar al máximo ya las actuaciones que están en marcha, como el Plan de Energías Renovables o el Plan de Estrategia de Ahorro y Deficiencia Energética. Todo esto a su vez forma parte, como también saben que les dije hace poco tiempo, de la Estrategia sobre el Cambio Climático.

Para ya ir terminando, les hablaré de Teruel, porque hemos aprobado una subvención de treinta millones de euros para proyectos en esta provincia. Es evidente que para el Gobierno Teruel existe. Lo demostramos al aprobar a finales del año 2005 el denominado Plan Teruel, en el que, entre otras cosas, se prevé la firma de convenios específicos entre el Gobierno central y la Comunidad de Aragón para atender al desarrollo y a la financiación de inversiones. La partida de inversión aprobada hoy forma parte de esos convenios y de ese compromiso que adquirimos.

Saben que uno de los objetivos del Gobierno es fomentar la colaboración territorial y borrar las desigualdades que pudiera haber entre las distintas zonas geográficas de nuestro país. Ésa es la base sobre la que en los últimos años se han tomado decisiones relacionadas, en este caso, con el Plan Teruel. De todos es sabido que esta provincia aragonesa sufre un déficit de infraestructuras y de desarrollo que es necesario resolver, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno.

Finalmente, hemos adoptado un Acuerdo por el que se declara el año 2007 como el Año de Antonio Machado en Soria y se crea la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la llegada de don Antonio Machado a esa ciudad.

Por último, antes de cederle la palabra al Ministro, el Gobierno, cómo no, ha hecho una valoración del juicio iniciado ayer del atentado del 11 de marzo, el más grave que ha sufrido la historia de nuestro país. Todavía hoy, transcurridos casi tres años, se produce un inmenso dolor al asomarse a una tragedia que dejó más de 1.000 heridos y se llevó 192 vidas. El Gobierno quiere que las víctimas y sus familias sepan que el dolor sigue vivo, compartido por todos los españoles; pero también queremos transmitir nuestra absoluta confianza en que la Justicia va a hacer, como ha venido haciendo, su trabajo y que lo va a hacer bien. Ésa es nuestra esperanza y creemos que el mejor mensaje de solidaridad que podemos transmitir es precisamente ése: el respeto a las víctimas pasa por el respeto a la Justicia y el respeto a la Justicia exige que no se hagan juicios paralelos; que se deje trabajar a los fiscales, a los tribunales, a los abogados, a todas las personas que intervienen en el juicio.

Me lo han oído decir en más de una ocasión: vivimos en un Estado de Derecho que felizmente funciona con plenas garantías. Después del brutal atentado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han venido realizando su tarea de manera rápida y eficaz; ha habido una exhaustiva investigación y una eficaz instrucción por jueces, por fiscales y por peritos.

También desde ayer los presuntos culpables se sientan en el banquillo de los acusados. Por tanto, el Estado de Derecho está funcionando con todas las garantías. Ha llegado el momento de la Justicia. Dejemos que ésta trabaje. Estoy segura de que su trabajo aportará claridad a los hechos y facilitará la verdad.

Sr. Caldera.- Empezaré por el Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social que, como saben los españoles, es un Proyecto de Ley muy importante. Primero, deriva del diálogo social y quiero agradecer a los representantes de los trabajadores y de los empresarios este acuerdo que garantiza nuestro sistema de pensiones. Los españoles pueden estar tranquilos: el sistema público de pensiones está plenamente garantizado, y no sólo está garantizado; las pensiones en España serán mejores en el futuro. Serán mejores para todos, no cabe la menor duda, porque, además, esta reforma se realiza en el mejor momento de la Seguridad Social en España, el mejor momento. Nuestra Seguridad Social tiene un elevado superávit y nos permite aplicar reformas paulatinas para hacer frente a los retos de futuro, como hace este Proyecto de Ley.

La Comisión Europea ha elaborado un informe hace un mes donde sitúa al sistema público de pensiones español entre los de reparto, que son del tipo que tenemos en España, como el segundo más sostenible de Europa. Por tanto, estamos a la cabeza en sostenibilidad del sistema y los españoles deben estar plenamente tranquilos.

Además, esta reforma que hoy les presento es coherente con nuestro desarrollo económico y social, y sigue plenamente las directrices que marcó el Pacto de Toledo.

¿Cuáles pueden ser los riesgos de futuro? Sin duda, el hecho de que los ciudadanos cada vez vivimos más años, por fortuna. Las españolas y los españoles cada vez viven más tiempo y necesitan tener garantizada la pensión durante más tiempo. Por eso esta reforma va en esa línea y toma las medidas necesarias para que el hecho de que vivamos más tiempo no suponga un riesgo para el sistema de Seguridad Social.

Además, adapta la protección social a las nuevas realidades familiares lo decía la señora Vicepresidenta, reformando la pensión de viudedad, reconociendo las parejas de hecho esto es muy importante; da mejor cobertura a situaciones de necesidad, es decir, personas que tienen situaciones de necesidad van a percibir mejores prestaciones; racionaliza situaciones que están teniendo un comportamiento anómalo dentro del sistema, controlando el gasto ahora diré cuáles son, y, por último, preserva la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones para el futuro.

Ya les dije que respondía a las directrices del Pacto de Toledo. Nosotros tenemos un sistema de Seguridad Social que es el que quieren los españoles, que es un sistema público y de reparto. ¿Qué quiere esto decir? Que es que un sistema solidario, es decir, que garantiza solidariamente las prestaciones a todos los españoles.

Hoy, como les decía, la Seguridad Social en España atraviesa por el mejor momento de su historia; es el momento en que tiene más saneadas sus cuentas. Yo recuerdo que durante la década de los 80 se nos advirtió una y otra vez que el sistema de pensiones en España estaría ya en déficit en el año 2000. Se equivocaron, claro que se equivocaron. En los años 90 nos dijeron muchos organismos internacionales que el sistema de pensiones en España tendría graves problemas en el año 2005-2006. Se equivocaron, claro que se equivocaron, y ahora también se equivocan quienes piensan que en el futuro el sistema no será sostenible. Lo será y, repito, será sostenible pudiendo percibir los españoles mejores pensiones.

Les pondré un ejemplo. En el año 2006 el superávit de nuestro sistema de Seguridad Social, en su conjunto, alcanzó casi el 1,27 por 100 del PIB. No hay ningún modelo de Europa que lo haya conseguido; es el primero: 1,26 por 100 del PIB de superávit; es decir, más de diez mil millones de euros que están ahí para respaldar el futuro del sistema.

Ésta es una reforma ambiciosa, que conjuga la mejora de la protección social a ciudadanos en situación de necesidad con la garantía de la sostenibilidad y solidez financiera del sistema.

¿Por qué mejoramos la protección social? Porque reconocemos la pensión de viudedad a las parejas de hecho y, además, incrementamos y eliminamos las situaciones de discriminación en las pensiones de orfandad. Por tanto, las pensiones de orfandad de aquellas personas que se quedan huérfanas, que pierden a sus progenitores, a su padre o a su madre, serán mejores.

Mejoramos también la pensión de jubilación de colectivos más desfavorecidos; por ejemplo, los que se jubilaron anticipadamente, pero de manera involuntaria, antes del 1 de enero del año 2000 y los mayores de 52 años que se encuentran en situación de desempleo. Y reconocemos una pensión mínima de incapacidad permanente a los trabajadores que no han podido cotizar lo suficiente. Por tanto, aquí tenemos un refuerzo de la protección social.

Pero también tenemos medidas que van en la línea de garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Por ejemplo, hay avance en el control del sistema de Seguridad Social, como los mecanismos más eficaces de control de la baja por enfermedad. Aquí hay que ser serios y exigentes, porque estamos trabajando en beneficio de todos los españoles.

Cuando llegamos al Gobierno, Vicepresidenta, el gasto por enfermedad común crecía un 14 por 100 al año. No era sostenible. Si hubiera continuado así, los gastos del sistema se hubieran gravado de una forma extraordinaria. Tomamos medidas de control y hoy el gasto crece sólo al 5 por 100, por debajo del crecimiento real de la economía. Por tanto, hoy podemos decir con satisfacción que hemos establecido medidas de control que evitan gastos futuros.

Logramos también que exista una mayor correspondencia entre lo cotizado y lo percibido, y habrá que cotizar un poco más de tiempo para alcanzar la pensión: quince años efectivos. Además, incentivamos con estímulos suficientes la prolongación de la vida laboral: si vivimos más años y queremos seguir percibiendo durante más años buenas pensiones, pensiones sostenibles, tenemos que trabajar un poco más de tiempo. Ése es el mensaje que esta reforma envía a los ciudadanos españoles. Con estímulos, lo estimulamos. ¿Cómo? Toda persona que trabaje a partir de los 65 años tendrá un incremento de su pensión entre el 2 y el 3 por 100 anual; es decir, verá mejorada notablemente su pensión. Por tanto, del hecho de trabajar más tiempo también obtendrá mejores prestaciones. Y es necesario hacerlo, estimular la permanencia en el empleo, porque de ese modo garantizaremos la sostenibilidad del sistema.

Y limitamos la posibilidad, por supuesto, del acceso a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, que suponen enormes gastos al sistema. Lo hemos limitado porque el crecimiento del gasto era enorme y porque nos parecía que para garantizar el acceso a la jubilación anticipada y parcial tenemos que exigir una serie de condiciones que impidan el gasto excesivo. Por tanto, ahora habrá que haber cotizado más años al sistema de Seguridad Social, sólo se podrá acceder a partir de los 61 años y tendrá que haber unas alternativas con el contrato de relevo que garanticen que ese empleo es estable y que ese empleo va a generar a la Seguridad Social suficientes recursos para mantener la jubilación de la persona que lo hace parcialmente.

Con estas medidas, en conclusión, cumplimos los objetivos que debe tener toda reforma de Seguridad Social: mejorar la protección social de los ciudadanos, de una parte, se mejora la protección social de muchos millones de españoles, y, al mismo tiempo, fortalecer el equilibrio económico y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social para garantizar nuestras pensiones en el futuro.

El empleo en España está creciendo de forma extraordinaria. Hoy tenemos veinte millones de ocupados. Ésa es la mejor garantía para el futuro del sistema de Seguridad Social. La mujer cada vez se incorpora en España con más velocidad al mercado de trabajo. El 60 por 100 de los empleos creados el año pasado fueron femeninos. Ésa es la mejor garantía para la sostenibilidad futura de nuestro sistema.

Y tenemos, y lo explico brevemente, un Fondo de Reserva que alcanza, como nos recordó la señora Vicepresidenta, más de cuarenta mil millones de euros. Claro, cuarenta mil millones de euros son casi ocho billones de las antiguas pesetas, para que todos nos entendamos.

Hoy hemos hecho una aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la mayor de la historia. Me siento, como ustedes comprenderán, satisfecho y orgulloso de haber hecho esta propuesta al Consejo de Ministros, porque nunca se hizo una aportación semestral de cuatro mil millones de euros, que es la más elevada que hemos hecho en España. Con ella alcanzamos los cuarenta mil millones de euros en el Fondo de Reserva y, cuando hagamos la siguiente aportación en el otoño, superaremos los 45.000 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de cantidades que, fíjense ustedes, hoy ya alcanzan el 4,14 por 100 del PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, lo que hoy hemos aportado al sistema son 650.000 millones de las antiguas pesetas.

Con estas cantidades y con un Fondo de Reserva que seguirá creciendo durante bastantes años, y con estas medidas que se inscriben en los cambios en el proceso de reformas paulatinas del sistema, sin duda, los españoles tienen garantizado su futuro en lo que a las pensiones se refiere.

Paso a explicarles con un poco más de detenimiento el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, año 2007-2010, que hoy también hemos aprobado. Es un plan muy importante, como lo recordaba la señora Vicepresidenta Primera. Surge del consenso, quiero destacarlo, con Comunidades Autónomas, todas, y con organizaciones sociales y organizaciones representantes de los ciudadanos inmigrantes en España. Es verdad que la inmigración ha sido rápida en España, pero tengo que decir y felicitar al conjunto de los españoles por el grado de integración tan elevado y de comprensión que se ha producido con respecto a los ciudadanos inmigrantes que hoy trabajan en España.

Lo que queremos garantizar con este Plan Estratégico es que nuestros sistemas de prestaciones de servicios públicos (sanidad, educación…) no sufran deterioro alguno, no sólo para los inmigrantes, también para los españoles. Este plan va dirigido a ambos. Va dirigido a reforzar las políticas públicas, con unas cantidades tan importantes como las que ha citado la señora Vicepresidenta, 2.005 millones de euros en sólo cuatro años, para evitar ningún deterioro en esas prestaciones de servicios, ni para ciudadanos españoles ni para ciudadanos inmigrantes.

Dicho de otro modo, ningún ciudadano español puede verse perjudicado en los servicios que recibe por el hecho de que lleguen a España trabajadores de otros países. Eso es lo que pretende evitar este Plan Estratégico de Ciudadanía y de Integración, que, repito, se dirige al conjunto de los ciudadanos, españoles y extranjeros; que ha sido elaborado de forma consensuada, de abajo a arriba, hablando con todas las organizaciones, estableciendo un amplísimo proceso de consultas y más de mil aportaciones hemos recibido. Por tanto, creo que eso le da garantías de éxito por el nivel de participación que ha recibido.

Entre sus objetivos está la normalización de la convivencia y de la cohesión social, y de ahí que los principios de igualdad y no discriminación sean esenciales, así como el principio de ciudadanía.

El presupuesto es importantísimo y un 40 por 100 del mismo irá dirigido a los Ayuntamientos españoles.

Las medidas se articulan en una serie de actuaciones prioritarias, como son la de acogida, en primer lugar, para que cuando lleguen los inmigrantes a España adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para implicarse, para desenvolverse en la sociedad española.

Por otra parte, las de educación: medidas contra la segregación escolar, implantación de programas de acogida educativa en los centros de enseñanza, formación de profesionales de la educación en la interculturalidad y en la gestión de la diversidad, y aprendizaje intensivo de la lengua-lenguas oficiales españolas de la sociedad de acogida.

Empleo: favorecer el acceso a la mejora y el mantenimiento del empleo, y lucha contra la discriminación en este campo.

Vivienda: reforzar programas de intermediación y lucha contra la discriminación en el mercado de vivienda.

Servicios sociales, por supuesto, para que, como decía antes, nuestros grandes servicios sociales no sufran ningún deterioro y mantengan su calidad y su prestación para todos los ciudadanos.

Salud: fomento de políticas informativas dirigidas a la población inmigrante sobre normas de acceso, derechos y obligaciones de los usuarios del sistema público de salud.

Infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización, aspecto este último que es muy importante: mejorar la imagen pública de la inmigración, promocionar los aspectos positivos de una sociedad diversa y generar cambio de actitudes en relación con la inmigración.

Y, por último, codesarrollo. Es esencial que fortalezcamos el papel de las personas inmigradas, es decir las que han llegado a convivir con nosotros, como fuentes colectivas de desarrollo en sus propios países de origen, aprovechando las capacidades y cualificaciones de los migrantes como agentes de desarrollo.

Creo que, sin ninguna duda, todas estas líneas prioritarias de actuación garantizarán una adecuada integración social de los ciudadanos inmigrantes y, por tanto, una mejora del bienestar colectivo del conjunto de los españoles y de los inmigrantes.

Hago dos breves referencias finales a los otros dos acuerdos a los que ha hecho referencia la señora Vicepresidenta. Primero, aquel que regula la entrada, circulación y residencia de los ciudadanos europeos en España. Esto es muy importante. Como ustedes saben, uno de los principios básicos de ciudadanía comunitaria consiste en la libertad de circular y de residir de los europeos en cualquier país miembro de la Unión. Lo que hacemos con este Real Decreto lo explicó ya la señora Vicepresidenta es facilitar los trámites, hacer menos engorrosos los trámites burocráticos para los ciudadanos. Desaparece la tarjeta de residencia, lo ordena la Directiva comunitaria. Esto solía generar un trámite burocrático un tanto lento. Desaparece y se sustituye por un Registro Central, cuyo funcionamiento y composición serán mucho más rápidos para los ciudadanos comunitarios. Al mismo tiempo, se favorece el reagrupamiento familiar, incluso para las parejas de hecho, dentro del ámbito comunitario.

Por tanto, estamos hablando de un avance indudable en la regulación que garantiza la libre circulación de los ciudadanos comunitarios.

Por último, como indicaba también la Vicepresidenta, España sigue necesitando también trabajadores cualificados. Explico en muchas ocasiones que, a veces, hay una distorsión sobre el mercado laboral español. Parecería que todos los puestos de trabajo que se crean, si son para ciudadanos inmigrantes, son de baja o media cualificación. No es así. Hay un porcentaje muy importante de empleos altamente cualificados: científicos, personal directivo, artistas de reconocido prestigio internacional…, es decir, personas que ocupan estratos muy especializados en el desarrollo de las empresas. Para todos ellos hemos establecido un procedimiento, a través de la creación de una unidad específica, que nos va a permitir que entre dos y cuatro semanas podamos tener los permisos oportunos para estas personas que necesitan las empresas españolas.

Créanme que hay una petición enorme y hemos tenido un cierto retraso burocrático en la concesión de este tipo de permisos, que ahora vamos a agilizar de forma extraordinaria, facilitando, además, también a estas personas que les puedan acompañar sus familias cuando venga a trabajar a España.

P.- Tenía dos preguntas para la Vicepresidenta sobre el asunto del barco de Mauritania. Quería saber si el Gobierno considera que los policías nacionales españoles que han sido enviados allí han sido enviados en las condiciones más adecuadas. También querría saber si ante la negativa, parece, de India de admitir a los doscientos ciudadanos indios hay posibilidad de que esos ciudadanos sean trasladados a España.

Vicepresidenta.- En relación con el tema que me plantea, en primer lugar, me gustaría disculparme porque el viernes pasado dije que el barco estaba desembarcando, que estaba entrando ya en el puerto, y no lo estaba; todavía no había sucedido. Dije también que había un acuerdo con Mauritania, y lo había, y les diré también que el Gobierno no ha elegido, desde luego, la política más fácil en materia de inmigración, sino la política más adecuada, la exigible.

Ahora no se solucionan las cosas de cualquier manera. Creo que hemos elegido el camino adecuado, el mejor camino; pero el mejor camino también es el camino más complicado, el que exige cumplir con dos principios: exige respeto a la Ley y a los derechos humanos, y exige la colaboración con los países de origen. Y la colaboración con los países de origen tampoco es fácil en muchas ocasiones; es un tema complejo, como pueden ustedes imaginar.

Yo creo que también es justo señalar que España y Mauritania, en este caso concreto, son los dos países que están trabajando para cuidar de la mejor manera de los inmigrantes antes de ser repatriados. En todo caso, la tarea no es fácil ni sencilla y, por lo tanto, las soluciones no lo son.

Ahora bien, sí quiero señalarles que el trabajo está dando sus frutos porque estamos colaborando con los países subsaharianos, con Senegal, con Mauritania y con otros países africanos; estamos trabajando con India, y la propia Embajadora de India ya ha señalado que, cuando se lleven a cabo las identificaciones de sus nacionales, ellos serán repatriados.

Hay que dar tiempo al tiempo; estamos en ese acuerdo. Yo creo que estamos realizando una labor importante que, como les decía, exige respeto a la Ley y cooperación internacional. Lo estamos haciendo con respeto al derecho humanitario, con la intervención permanente de la Organización Internacional de Migraciones, y las identificaciones se están llevando a cabo de la mejor manera posible. De la misma manera que procuramos, como siempre, que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que tienen que hacer este trabajo tan complicado y tan difícil, que lo hacen maravillosamente bien, estén también en las mejores condiciones, que a veces no son fáciles.

Ése es el trabajo que estamos llevando a cabo y yo creo que los ciudadanos españoles saben perfectamente las dificultades y la complejidad del trabajo que estamos haciendo.

P.- Estos días son evidentes los movimientos públicos de Batasuna y su entorno para presentarse a las elecciones municipales y forales, y, al mismo tiempo, el Partido Popular ha convertido este tema en caballo de batalla política. Yo le quería preguntar cuál es la posición del Gobierno sobre este tema y si está haciendo algo ya para que no haya candidaturas, no ya sólo de Batasuna, sino con otras siglas, como Izquierda Abertzale, o incluso el PCTV.

Respecto al tema anterior, que lo ha tocado de pasada, le quería preguntar si hay algún tipo de autocrítica por parte del Gobierno respecto a las condiciones en las que estuvieron los policías españoles en Mauritania.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, como los procedimientos están muy claros y la Ley está muy clara, la posición del Gobierno español está también muy clara. Ya lo saben y me lo han oído decir en muchas ocasiones: dentro de la Ley, todo; fuera de la Ley, nada. Y todo está perfectamente definido en la Ley de Partidos Políticos. Es una ley que está en vigor y es una ley que se ha aplicado ya en múltiplas ocasiones; por lo tanto, es una ley respecto de la que existen también precedentes jurisprudenciales de la Sala del artículo 61 y del Tribunal Constitucional. El Gobierno no tiene nada más que hacer que cumplir y acatar lo que establece la Ley, y todo el mundo lo que tiene que hacer es eso.

En cuanto a lo segundo, ya le he dicho que siempre nos gustaría que todo el mundo trabajase en las mejores de las condiciones. A veces, las condiciones de trabajo son difíciles. Yo quiero reconocer, una vez más, el trabajo difícil que hacen nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en un tema tan delicado y tan complejo, como es el tema de la inmigración. Desde aquí, una vez más, darles nuestro agradecimiento y, desde luego, el Gobierno siempre trabaja para que nuestros policías estén en las mejores condiciones.

P.- Desde el Gobierno de la Generalitat se está observando una invasión de competencias casi en prácticamente todas las nuevas leyes que está realizando el Gobierno. Yo quería saber si comparte este análisis y si se va a seguir con esta línea, digamos, legislativa.

Vicepresidenta.- La verdad es que yo respeto… Yo creo que lo más importante es que respetemos los procedimientos. No creo que los Proyectos de Ley que estén impulsando el Gobierno sean proyectos que invadan ningún tipo de competencia. Si en algún caso eso se produjera, procedimientos hay, como ha habido siempre. Pero usted sabe que existe el compromiso de este Gobierno, no de ahora, sino desde el inicio de la legislatura, de legislar ateniéndonos a los criterios jurisprudenciales, de la jurisprudencia, del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a lo que son normas básicas. Además, esa jurisprudencia precisamente del Tribunal Constitucional ha sido recogida en los preceptos que están hoy consagrados y aprobados en el Estatuto de Cataluña.

El Gobierno, por tanto, cumple la Constitución y cumple lo que está dispuesto en el Estatuto de Cataluña. Ésa es la posición del Gobierno y ésa es la que defendemos y vamos a seguir defendiendo.

P.- Mi pregunta es para el Ministro de Trabajo. Hace pocos días conocimos un estudio realizado por el recién nombrado Asesor económico del Presidente del Gobierno, señor Taguas, referente al sistema de pensiones español, en el que da una visión bastante catastrofista del futuro de ese Fondo de Reserva y del propio sistema. Decía que las medidas que hoy planteaba usted se han quedado cortas. Quería preguntarle qué le parece el contenido de ese estudio y, sobre todo, qué le parece el hecho de que proceda de alguien que está en estos momentos en el entorno de Moncloa trabajando con el Presidente.

Sr. Caldera.- Yo quiero decirle en primer lugar que, según me indica el señor Taguas, es un artículo, no un estudio, y creo que no hay diferencias encontradas o posiciones encontradas con el Ministerio de Trabajo.

En todo caso, la opinión del Gobierno la expreso yo y se la he expresado hoy, aquí. El sistema de pensiones en España no tiene ningún problema. En ese artículo, por ejemplo, se tomaban datos del año 2004, claro, cuando todavía gobernaba el Partido Popular; de principios de 2004 Entonces estábamos peor, es verdad, y ahora estamos mucho mejor. No se ha tenido en cuenta el espectacular crecimiento del empleo, con veinte millones de ocupados; el que la reforma laboral, fíjese, ha conseguido ya que un millón y medio de personas, de trabajadores, sean estables y, por tanto, tengan carreras de cotización más amplias, porque un empleo estable suele tener una carrera de cotización bastante más amplia; o las medidas de conciliación que incorpora la Ley de Igualdad; o los 600.000 trabajadores extranjeros normalizados y cotizantes al sistema de Seguridad Social.

Además, precisamente las medidas que pone en marcha la reforma pactada con empresarios y sindicatos en esto estamos de acuerdo los empresarios, los sindicatos y el Gobierno lo que hacen precisamente es garantizar el futuro; es decir, van en la línea de reformas graduales y progresivas que pide también ese artículo. Por lo tanto, que no haya ninguna duda.

Ya les he indicado antes que muchas de las previsiones sobre nuestro sistema se han equivocado, prácticamente todas. Nuestro sistema siempre ha salido más fortalecido y ha tenido mejor salud que todas las previsiones que se han hecho sobre él. Por tanto, como Ministro de Trabajo no voy a consentir que se ponga en duda el sistema de pensiones en España. Tiene futuro y los españoles pueden estar tranquilos, y van a cobrar mejores pensiones. No sólo van a seguir percibiéndolas, sino que van a ser mejores en el futuro.

P.- Para el Ministro Caldera. Me gustaría que me concretara si los cursos para aprender la lengua y las lenguas oficiales en España van a ser obligatorios para los inmigrantes.

Sr. Caldera.- El Plan Estratégico de Integración y Ciudadanía lo que hace es favorecer y ofrecer a toda persona que llega al territorio español, a todo su territorio, esa integración, esa facilidad. No, no es obligatorio, pero es muy conveniente. Precisamente por eso se establecen las posibilidades de acceso a esa educación.

Por supuesto, en el ámbito educativo claro que es esencial favorecer que los niños y las niñas aprendan la lengua con la mayor rapidez posible y con la mayor eficacia.

P.- Quería saber si el Consejo de Ministros ha debatido sobre la situación penitenciaria del etarra De Juana Chaos, si el Gobierno piensa tomar una decisión pronto al respecto o si está dispuesto a discutirlo dentro del Pacto Antiterrorista con el PP, como se solicitó ayer, aunque parece que este Pacto no se reunirá nunca.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema que plantea, le voy a decir dos palabras: respeto y acatamiento. Las posibles medidas penitenciarias no se debaten en el Consejo de Ministros. Las cosas se harán como se han hecho siempre y como se hacen siempre, como prevé la Ley y como prevén los reglamentos; estudiando el caso cuando toque, si es que toca, cuando llegue; tomando las decisiones conforme a las circunstancias objetivas y siempre, siempre, de acuerdo con los criterios que establecen la Ley y el Reglamento Penitenciario, siempre. Ésa es la posición del Gobierno en este tema.

Es verdad que hay ciertas dificultades para reunir el Pacto Antiterrorista, pero ya saben que por el Gobierno no va a quedar. Seguimos creyendo en que la mejor manera de luchar contra el terrorismo es que estemos todos unidos en esa lucha y, si hay que seguir esperando y trabajando, seguiremos esperando y trabajando. El Partido Popular siempre tendrá la mano tendida del Gobierno y el trabajo constante y permanente del Gobierno por un acuerdo.

P.- Para el Ministro. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, pidió recientemente una convocatoria del Pacto de Toledo. Él se quejaba de que no se había convocado a lo largo de toda la Legislatura. Quería saber si piensa convocarlo con ocasión de esta reforma de la Ley de Seguridad Social y si espera que haya consenso en esa reforma.

Sr. Caldera.- Espero que haya consenso, claro. ¿Cómo que no hemos convocado a los interlocutores sociales? A todos ellos. Son los autores de esta reforma, junto con el Gobierno. Y yo mismo he comparecido en la Comisión correspondiente del Pacto de Toledo en el Parlamento a los efectos de explicar el alcance de la misma. Ésos son los mecanismos establecidos. Por tanto, espero que haya consenso en el Parlamento. Desde luego, creo que habrá un acuerdo muy amplio. Ojalá fuera consenso unánime, pero en todo caso seguro que hay un acuerdo muy amplio, que ya viene precedido por el acuerdo con los interlocutores sociales, que son, como usted puede imaginar, una parte esencial del Pacto de Toledo.

P.- Volviendo al tema de Mauritania, salen informaciones contradictorias. ¿El Gobierno conoce el número exacto de inmigrantes que quedan en Nuadibú? En el caso de que India no reconozca a todos los inmigrantes que quedan como nacionales, ¿dónde va a completar el Gobierno las tareas de identificación? ¿Será en Mauritania, en España o bien en algún otro lugar?

Vicepresidenta.- Como les decía antes, el tema no es un tema fácil. Vamos a seguir trabajando. Se están produciendo las identificaciones. Como les decía antes, en mi intervención, la Embajadora india ya ha hecho declaraciones concretas en cuanto a una identificación genérica, no a la identificación concreta, de todos los integrantes que quedan en estos momentos en Mauritania todavía por identificar y, sobre todo, por documentar; dificultades de identificación y, además de la identificación, hay que proceder a su documentación.

No vamos a especular con que no se vayan a identificar. Se van a identificar y esperemos que en el menor tiempo posible. Esperemos que esa identificación lleve consigo la documentación y, cuando eso se produzca, puedan se repatriados o devueltos a India. Estamos en negociaciones permanentes y en contacto directo con el Gobierno mauritanio que, repito, está trabajando y colaborando magníficamente bien, como les decía.

En definitiva, España y Mauritania somos los dos países que nos estamos haciendo cargo de estos inmigrantes y también estamos hablando con el resto de los países subsaharianos. Sabe que hubo una repatriación de subsaharianos a Cabo Verde y estamos hablando con Guinea Bissau. Estamos llevando a cabo todas las negociaciones diplomáticas para resolver el tema de la mejor manera posible y atendiendo a los criterios a los que me he referido al principio, que es devolver siempre a los inmigrantes al país de origen, atender a la Ley y, por supuesto, a los criterios que conforman el derecho humanitario.

Muchas gracias.