Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Paso a informarles de las decisiones que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros.

En primer lugar, ha aprobado un Real Decreto Ley que establece un nuevo régimen de financiación y pago de las indemnizaciones para los afectados de la catástrofe del "Prestige", Real Decreto Ley que eleva a 249,5 millones de euros la dotación para estas indemnizaciones y establece su pago inmediato a las personas y entidades jurídicas perjudicadas por el vertido.

El Gobierno ha tomado esta decisión tras constatar que el régimen jurídico y la dotación económica del sistema de indemnizaciones establecidos por el anterior Gobierno en junio, como recordarán, del año pasado resultaba inadecuado e insuficiente para hacer frente a los daños ocasionados por la catástrofe.

Como se sabe, dicho sistema de financiación no contaba con una provisión de fondos específicos del Estado sino que se hacía depender de los recursos procedentes de fondos internacionales, fundamentalmente del Fondo Internacional de compensación por Daños debido a la Contaminación de Hidrocarburos, el conocido como FIDAC, y de otros mecanismos complementarios como la Lotería, el Plan del Turismo Cultural, etc., etc. Como consecuencia de ello, de esta regulación que había establecido el anterior Gobierno, al regular el pago de las indemnizaciones se establecían dos importantes limitaciones: en primer lugar, se fijaba un tope máximo para todas las indemnizaciones fijado en 160 millones de euros y, en segundo lugar, se condicionaba el pago de las indemnizaciones a que el Estado ingresara previamente los recursos.

El resultado de esta fórmula tan específica y singular de financiación ha sido que hasta ahora se habían ingresado 75 millones de euros en el ICO (el Instituto de Crédito Oficial), que es el organismo encargado de realizar los pagos: 57,5 millones pertenecientes al anticipo concedido por el FIDAC a cuenta de la indemnización que corresponde al Estado español y 17,4 millones procedentes de un sorteo especial de la Lotería. Eso es lo que había ocurrido con la fórmula de financiación establecida en el anterior Real Decreto Ley.

El Real Decreto Ley que hoy aprueba el Gobierno propone e incorpora, entre otras importantes medidas, la dotación al Instituto de Crédito Oficial de 249,5 millones de euros para que pueda procederse de forma inmediata al pago de los daños y perjuicios sufridos por particulares y entidades que hasta ahora no habían tenido posibilidad de cobrar nada. Además de la dotación al ICO, el nuevo Real Decreto Ley establece un Fondo, dotado con tres millones de euros, destinado a compensar las pérdidas sufridas por los titulares de actividades de pesca, marisqueo y acuicultura durante el año 2004. Es decir, con eso completamos a los que no habían podido cobrar las indemnizaciones y un fondo nuevo de productividad para los daños sufridos.

Este fondo, al que me acabo de referir, de tres millones, cuyos recursos se van a distribuir en atención a criterios de productividad, viene a subsanar también una importante deficiencia del sistema anterior que no contemplaba posibilidad alguna de reparación de las pérdidas sufridas con posterioridad al año 2003. Ya saben ustedes que ha habido consecuencias para algunas empresas que se han puesto de manifiesto con posterioridad y no han tenido ninguna posibilidad de recuperar los perjuicios sufridos.

Sí quiero señalar que, dado que por imperativo constitucional, un Real Decreto Ley, como ustedes saben, es una medida de carácter extraordinario y urgente en la cual sólo se pueden regular determinadas materias que tengan estas características de extraordinarias y urgentes, las medidas que hoy se incluyen en este Real Decreto Ley son las más apremiantes, lo que no significa, desgraciadamente, que todos los problemas que todavía están pendientes de la catástrofe del "Prestige" se puedan abordar aquí, y los iremos abordando más adelante de forma sucesiva.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha adoptado la decisión de prorrogar y ampliar la misión de las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán y el envío de una misión de paz a Haití. En este último caso, en el caso de Haití, el Consejo de Ministros ha decidido que el número de efectivos y el momento de su presencia en Haití se llevará a cabo una vez que Naciones Unidas precise el ámbito de actuación al que van determinadas.

Quiero destacar que, por primera vez en nuestra historia, antes de que se apruebe un envío de un contingente militar al exterior han comparecido en el Parlamento los Ministros de Defensa y Asuntos Exteriores para consultar la decisión del Ejecutivo con los distintos Grupos Parlamentarios. También es la primera vez que el Presidente del Gobierno comparece, como ustedes saben que va a comparecer, porque así lo anunció el otro día, en el Congreso de los Diputados para someter a votación en el Parlamento la decisión aprobada hoy por el Consejo de Ministros. De esta manera el Gobierno no sólo cumple su compromiso, sino que va más allá, que es el de explicar, consultar y someter su decisión a votación o refrendo parlamentario.

Como ustedes saben, además, esta decisión que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros sobre Afganistán y Haití se encuadra dentro de los ejes de la política exterior que el Presidente Rodríguez Zapatero dibujó en su Debate de Investidura. Nuestras Fuerzas Armadas cooperarán activamente en misiones de paz respaldadas por Naciones Unidas y de eso se trata en este caso: de dos misiones de paz respaldadas por Naciones Unidas. Esta cooperación, por lo tanto, se ha decidido con el Parlamento y es el cumplimiento de un compromiso más del Presidente Rodríguez Zapatero.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha adoptado una decisión en relación con la desclasificación de determinados documentos solicitados por la Comisión de Investigación del 11 de marzo; una decisión que, como ya hemos dicho en diversas ocasiones, ha estado siempre guiada por nuestra firme voluntad de actuar con la máxima transparencia y de ofrecer toda la información que el Gobierno pudiera tener desde el punto de vista de la legalidad sobre los trágicos atentados del 11 de marzo, con los únicos límites, que siempre yo también les he puesto de manifiesto, que son el de la seguridad del Estado y, por tanto, la seguridad de todos los ciudadanos.

Esta decisión va a permitir, a nuestro juicio, que la Comisión de Investigación tenga conocimiento de la práctica totalidad de la documentación requerida por los distintos Grupos Parlamentarios.

Como ustedes recuerdan, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes remitió el pasado martes al Congreso de los Diputados la práctica totalidad de los documentos solicitados por la Comisión, una información que creemos relevante y suficiente para que la Comisión pueda realizar su trabajo. No pudieron entonces, como así se decía, ser enviados, lógicamente, aquellos documentos que se encontraban y se encuentran incorporados a las actuaciones sumariales de procesos judiciales en curso, como ya lo dijimos también en aquel escrito, y tampoco pudieron enviarse aquellos que estaban afectados por la previsión establecida en la legislación de secretos oficiales. Éstos últimos han sido los que hoy ha estudiado el Consejo de Ministros, cumpliendo así con su compromiso de adoptar al respecto un acuerdo lo más rápidamente posible, y sobre los que se ha tomado la siguiente decisión:

En primer lugar, entregar al Parlamento, al cancelar su calificación de "secreto", documentos relativos a cinco peticiones por entender que su conocimiento por personas no autorizadas no daña ni pone en riesgo la seguridad y defensa del Estado ni de los ciudadanos. Los cinco documentos se remitirán de forma inmediata al Presidente del Congreso de los Diputados para su traslado a la Comisión.

En segundo lugar, el Consejo ha decidido hacer posible el conocimiento, en sesión secreta, por parte del Parlamento de documentos relativos a ocho peticiones cuyo carácter reservado no se modifica, pero cuyo contenido sí podrá ser consultado por los miembros de la Comisión en la forma y condiciones fijados por la Presidencia del Congreso de los Diputados en su Resolución del 11 de mayo de 2004 sobre secretos oficiales.

En tercer lugar, el Consejo ha decidido también hacer posible el conocimiento, en sesión secreta, en la Comisión de Gastos Reservados, tal y como establece la Ley del Centro Nacional de Inteligencia, de los documentos referidos a diecinueve peticiones cuyo contenido de nuevo sí podrá ser consultado también en la forma y condiciones establecidas por el Presidente del Congreso en la Resolución de 11 de mayo de 2004.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha decidido mantener a todos los efectos la calificación de secretos de los documentos relativos a seis peticiones que están afectadas por el artículo 11.2 de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Son documentos estos últimos que afectan a la propia estructura del Centro Nacional de Inteligencia, a sus fuentes y procedimientos o que tienen que ver con servicios de inteligencia extranjeros y organizaciones internacionales. Estos documentos, lógicamente, no pueden ser en ningún caso entregados ni consultados y quedan fuera del ámbito del control parlamentario, porque fue el propio Parlamento, al aprobar la Ley del CNI, quien excluyó del control parlamentario este tipo de documentos.

En resumen, quiero señalarles que en un tiempo récord --siete días-- el Gobierno facilita al Parlamento todos los documentos solicitados y hallados que legalmente puede entregar. El Gobierno ha cumplido su promesa con esta decisión de actuar con la máxima transparencia, repito, y con la máxima diligencia para favorecer y apoyar en todo momento los trabajos de la Comisión de Investigación del 11-M. Desde luego, seguiremos haciéndolo hasta que estos trabajos finalicen.

Otro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros hoy ha sido establecer por primera vez un plan de prevención de riesgos estivales. Una Comisión Interministerial, formada por los titulares de Sanidad, Interior, Asuntos Sociales, Medio Ambiente e Industria, y coordinada por mi misma, establecerá y velará por el buen cumplimiento de este Plan.

Forman parte de él actuaciones que competen a los Departamentos que antes he señalado y que contemplan medidas para prevenir dolencias o infecciones que tienen que ver con las altas temperaturas y la conservación de los alimentos, sobre todo en esta época estival; una campaña, que ya se ha dado a conocer a ustedes, para recordar las precauciones que hay que tener en esta época de altas temperaturas; el incremento de la seguridad y el control en las carreteras; refuerzo también de la seguridad en las playas y en las costas; apoyo a la fluidez y seguridad en el llamado "paso del Estrecho"; medidas también para la prevención de riesgos forestales, y medidas, igualmente, para evitar apagones.

Esta Comisión Interministerial de prevención de riesgos estivales ha establecido un mecanismo de trabajo --nos reuniremos próximamente-- para mantener nuestra actividad y control respecto de los riesgos que les he mencionado a lo largo de todo este verano.

Finalmente, les doy cuenta de la aprobación por el Consejo de Ministros del Reglamento General de Conductores. Es una reforma parcial, es una primera reforma también de este Reglamento, que no incorpora aún, lo haremos más adelante --ya lo ha anunciado el Ministro del Interior-- el carnet de conducir por puntos, pero sí tiene algunas novedades. Por lo tanto, hoy el Gobierno da un paso más hacia nuestro objetivo de incrementar la seguridad vial.

Entre las medidas que incorpora el Reglamento, una de ellas es cambiar el formato del nuevo carnet de conducir que, en vez del conocido tríptico rosa que llevamos todos, se sustituye ahora por uno más pequeñito, que va a ser más duradero, porque está plastificado, y, desde luego, más difícil de falsificar.

Se permite también, entre las medidas que se establecen, a los conductores profesionales de fuera de la Comunidad Europea que soliciten el canje de su carnet tras seis meses de estancia en nuestro país y también se permite a los titulares del permiso de conducir de clase B, el de automóviles, con tres años de antigüedad que puedan acceder al permiso A-1, que es el de motocicletas.

Es todo esto por mi parte, es todo lo que tenía que contarles de lo que hemos tratado hoy en el Consejo de Ministros y quedo a su disposición para cuantas dudas o preguntas quieran formular.

P.- Quería saber el Gobierno está esperando posibles represalias de militantes islamistas por la decisión de mandar más tropas a Afganistán.

Luego, parece ser que desde Dubai esta mañana hay grupos vinculados con Al Qaeda que han prometido renovar ataques sobre Europa este mes. ¿Cómo de serio podríamos tomar estas nuevas amenazas o estaba el Gobierno ya esperando nuevos ataques de grupos militantes islamistas?

Vicepresidenta.- Me va a permitir, en cuanto a su primera pregunta, que no comente declaraciones supuestas de terroristas. No las voy a comentar.

En cuanto a lo segundo, quiero decirles lo que les señalaba antes: el Gobierno ha adoptado una decisión en relación con el envío de tropas a Afganistán, lo ha hecho en el marco de la legalidad internacional, lo ha hecho solicitado por todas las organizaciones internacionales, se ha hecho consultando al Parlamento antes y se va a someter a votación del Parlamento después. Es una decisión que forma parte de la política que, como señalaba antes, ya diseñó el Presidente Zapatero en el discurso de investidura. Por lo tanto, no tengo nada más que añadir.

Creo que es una misión clara, apoyada por la Comunidad Internacional; es una decisión que, en principio, aunque se va a someter a votación la próxima semana, en la sesión que hubo ayer en el Parlamento estuvo apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas y, por tanto, por la mayoría de los españoles. Y no tiene por que tener, en la medida en que ha sido adoptada por el conjunto de la Comunidad Internacional, ningún tipo de problema.

P.- En relación con los documentos del CNI, usted ha aludido siempre a peticiones, a documentos que responden a peticiones y número de peticiones. Me gustaría saber si nos podía detallar el número de documentos los que se desclasifican, los que se permiten mostrar en las Comisiones de Secretos Oficiales y de Fondos Reservados; y, en segundo lugar, ¿por qué razones y sobre qué versan los informes que no han podido ser desclasificados? ¿Por qué razones no se desclasifican, exactamente, y a qué motivo responde? ¿Cuál es el contenido que solicitaba por parte del Congreso, no el que no se pueda revelar, claro?

Vicepresidenta.- Vuelvo a repetir un poquito, porque la verdad es que la petición formulada, como decía antes, por el Congreso de los Diputados era una petición que abarca... Son 85 peticiones, dentro de las cuales hay peticiones de la más diversa naturaleza e, incluso, hay algunas peticiones que se refieren a muchos documentos. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo enorme en este Gobierno por tratar de facilitar a la Comisión de Investigación la totalidad de documentos que se pueden facilitar para que la Comisión pueda trabajar con los límites que le he dicho: seguridad y legalidad; siempre en cumplimiento, además, de la legalidad.

Entonces, con arreglo a ellos, ya conocen ustedes los que el pasado día 29 remitimos al Congreso. Ésos ya los conocen, que yo creo que debían afectar a cerca de cuarenta peticiones, aproximadamente.

Hay otras peticiones que también se mandaron al Congreso diciendo que no se podían mandar porque están bajo secreto sumarial, que son otro número importante de peticiones.

Y hoy el Consejo de Ministros veía todas aquellas que están afectadas, bien por la Ley del Centro Nacional de Inteligencia, por la que todos los documentos que se producen en el Centro Nacional de Inteligencia están calificados como "clasificados" y, por tanto, son materia reservada; o todos aquellos que provienen de los servicios de información del Ministerio del Interior, que también tienen la calificación de "clasificados" por acuerdo del Consejo de Ministros de los años 1993 y 1994. Ésos son los que se han visto hoy.

De los que se han visto hoy, cinco se van a remitir al Parlamento, porque se considera que su contenido ni pone en riesgo los límites de los que ya había hablado, que era ley y seguridad. Ni lo impide la Ley en este caso que se desclasifiquen, porque se pueden desclasificar, ni su contenido pone en riesgo la seguridad y defensa del Estado, y por tanto de los ciudadanos. Por tanto, éstos se desclasifican y se entregarán al Parlamento.

Luego hay otro bloque de documentos que atienden a ocho peticiones, porque ya saben ustedes como están formuladas las peticiones, que no se desclasifican; por lo tanto, se mantiene su carácter reservado. ¿Por qué? Porque contienen elementos que podrían, de alguna manera indirecta, afectar a la seguridad, pero que se hacen llegar al Parlamento para que los comisionados puedan acceder a ellos y, mediante este acceso, facilitar su trabajo en la Comisión del 11-M.

Después hay otro grupo de diecinueve documentos, que atiende a diecinueve peticiones también, que proceden del CNI y que se ha considerado también que no procedía desclasificar por las mismas razones que les he dicho antes: porque su contenido y algunas cosas que pueden contener en esos documentos no es prudente hacerlos públicos, pero sí, como establece la Ley, dar la posibilidad también que establece en este caso la Ley del Centro Nacional de Inteligencia de que sean visionados en la Comisión que en la Ley se llama de Gastos Reservados pero, como ustedes saben, es la misma de la Ley de Secretos Oficiales, y que puedan acceder a ellos también.

Finalmente, hay unos documentos que responden a seis peticiones que ni se desclasifican ni se pueden legalmente visionar, porque la propia ley del Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo 11.2, excluye de todo tipo de control parlamentario, ni siquiera a través de la Comisión de Gastos Reservados, aquellos documentos que afecten a la estructura y funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia o que sean documentos elaborados o provenientes de informaciones de servicios de inteligencia extranjeros que están cubiertos por convenios internacionales. La razón es que fue el propio Parlamento el que, al aprobar esta Ley, decidió que había algún tipo de documentos que se excluían del control del propio Parlamento. Es una autoexclusión del propio Parlamento.

Fuera de estos seis documentos, todos los demás documentos pedidos por una vía o por otra van a ser conocidos por el Parlamento. O sea, si usted computa, si hay ochenta y cinco y usted le quita seis, le diré que la práctica totalidad de documentos, de peticiones formuladas por el Parlamento son atendidas por el Gobierno para facilitar la labor de la Comisión de Investigación. Como los documentos tienen distinta naturaleza, de ahí viene la distinta clasificación, porque la Ley los clasifica de forma distinta; están sometidos a regímenes jurídicos diferentes.

Ésas son las razones de lo que ha sido más complicado atender en tan escaso tiempo; pero yo creo que este Gobierno ha hecho un esfuerzo que no se había hecho nunca, porque creemos que el Parlamento debe ser el centro de la vida política y porque creemos que, como dijimos, cumplimos con nuestra palabra: facilitar el trabajo de la Comisión de Investigación.

Yo creo, sinceramente, que con lo que este Gobierno remite, por una vía o por otra, al Parlamento, el Parlamento puede hacer su trabajo con rigor y de forma razonable en el ámbito de la Comisión de Investigación del 11-M.

P.- Quería que me precisase un poquito más todavía. Decía usted ochenta y cinco documentos, menos seis que no van a ser desclasificados. Me gustaría que me precisase: ¿esos setenta y nueve en total son todos documentos que estaban clasificados en el CNI o Ministerio del Interior?

Otra pregunta. Me gustaría saber cuándo van a remitir los documentos que sí pueden ser conocidos por una de las dos fórmulas al Congreso, si van a salir, o ya han salido a lo largo del día de hoy, o van a esperar a la semana que viene.

Una última pregunta. ¿Sabe usted cuál es la fórmula que va a ser elegida para conocer, dado que los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales no son los mismos que los miembros de la Comisión de Investigación? ¿Se va a hacer una delegación de miembros asignados a ese fin o buscar una fórmula distinta a las habituales?

Vicepresidenta.- Para que quede claro, de los ochenta y cinco documentos pedidos por el Parlamento, ya lo he dicho, los que remitimos el día 29 los remitimos directamente porque no estaban clasificados. Luego, no todas las peticiones están clasificadas. Hubo una primera remesa, efectuada el día 29, que no estaba bajo el calificativo ni de secreto ni de reservado y, por tanto, se remitieron de forma directa dentro de los cuatro días; los que aparecían, porque es verdad que ha habido algunos que tampoco aparecían. No están, no existían. No todos, repito, tenían la clasificación de secreto o reservado.

Hay otro bloque de documentos que no es que sean ni secretos, ni reservados; es que forman parte del sumario y, por tanto, es el juez el que tiene que decidir, en su caso, si da o no da esos documentos en función de la situación procedimental y de su decisión sobre si afectan o no a la investigación. Por tanto, hay un bloque que será el Parlamento quien se los pida al juez y el juez decidirá.

Luego hay un bloque final, que son todos los que se han visto hoy, por eso hemos esperado hasta hoy, que sí todos ellos estaban calificados como secretos o reservados de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales. Dentro de ellos había dos bloques: un bloque que son documentos o peticiones que afectan a documentos provenientes del Ministerio del Interior, que todos los que afectan a la lucha antiterrorista están clasificados como secretos u oficiales por acuerdos de Consejos de Ministros, y hay otro bloque de documentos que son del Centro Nacional de Inteligencia, calificados por ley todos ellos como secretos o reservados.

Ésas son las clasificaciones. Por eso, en función de la naturaleza jurídica de cada uno de esos bloques, el Gobierno ha ido tomando decisiones de acuerdo con la Ley, en función de esos bloques.

De los que hemos hoy tratado en el Consejo de Ministros se ha decidido unos cuantos desclasificarlos, porque se consideraba que ésos no tienen relevancia respecto de la seguridad ni ponen en riesgo fuentes, ni ponen en riesgo nada; por tanto, era bueno desclasificarlos y se han desclasificado.

Hay otro bloque que pertenecen a Interior, es decir, que no están afectados por la Ley del Centro Nacional de Inteligencia, que se remiten al Presidente del Parlamento para que, de acuerdo con la Resolución de la Presidencia, puedan ser visionados en Comisión secreta, teniendo acceso a ellos los comisionados, pero eso lo establece la Resolución de la Cámara, o teniendo acceso a ellos como se hizo, por ejemplo, por citarles un ejemplo, con el informe del Banco de España en la Comisión Gescartera. Los comisionados tienen acceso a un documento que está salvaguardado, el cual no se puede fotocopiar, solamente se puede visionar y tomar alguna nota.

Luego hay otro bloque de documentos, que son los del CNI, que la propia Ley del CNI dice que pueden ser visionados --ahí mírense la Ley y siempre teníamos además alguna confusión por la denominación que la Ley utiliza-- en la Comisión de Gastos Reservados; así lo denomina la Ley. En la Comisión de Gastos Reservados está también en la Resolución de la Presidencia y, por tanto, es otro sistema para visionar los documentos. Ésos son los que afectan al CNI.

Finalmente, hay, dentro de los del CNI, otro bloque de documentos que están afectados por el artículo 11.2 de la Ley del Centro Nacional de Inteligencia, que dice que están exentos de control parlamentario aquellos que afectan a fuentes --repito-- estructura, funcionamiento y fuentes internacionales cubiertas por convenios internacionales. Ésos ni se pueden entregar ni se pueden visionar, porque lo dice la Ley; y de ésos hay seis.

P.- Le quería pedir otra precisión. Entre las peticiones de documentación había varios sobre la documentación secreta que manejó el Gobierno anterior sobre la guerra de Iraq, sobre la situación de Iraq; documentos que José Luis Rodríguez Zapatero prometió desclasificar durante la campaña electoral. Yo quería saber en qué categoría ha incluido el Gobierno esos documentos.

Vicepresidenta.- En los documentos que en estos momentos pueden ser visionados.

P.- ¿En cuál de las Comisiones?

Vicepresidenta.- En la medida en que establece la Ley del Centro Nacional de Inteligencia que tienen que ser visionados por la Comisión de Gastos Reservados, tiene que ser la Comisión que establece la propia Ley.

P.- Creo que estamos todos en lo mismo. Si fuera posible, a mí me parece que hay una fórmula para dejar definitivamente concretado cómo se distribuyen estos documentos, en el sentido de que el propio Gobierno, en el informe que ha remitido al Parlamento, numeraba del 1 al 75 las peticiones de la Comisión de Investigación; si fuera posible, no sé si en este momento o posterior, decirnos cuáles son las numeraciones de los documentos y cómo se distribuyen en los bloques, podríamos aclararnos a este respecto.

Luego, simplemente preguntarle ya a un nivel más político. Por una parte, el PP ya ha hecho varias declaraciones diciendo "no querríamos pensar que el Gobierno desclasificara unos documentos sí y otros, no". Han sido declaraciones realizadas a lo largo de esta semana.

También veo que este Gobierno ha aplicado un criterio diferente al del anterior Gobierno. El Gobierno en funciones del señor José María Aznar desclasificó documentos del CNI y veo que este Gobierno no desclasifica ninguno. Quiero recordar que fue el 18 de marzo, después de las elecciones, e incluso utilizó el criterio de "desclasificación parcial", es decir, se desclasificaba un documento pero se mantenía clasificado algún párrafo por considerar que tenía información que podía afectar a la seguridad nacional.

Incidiendo en lo mismo, respecto a lo que le ha dicho a mi compañero, resulta difícil entender que un documento sobre las inexistentes armas de destrucción masiva del Sadam Hussein a estas alturas de la historia pueda suponer un riesgo para la seguridad nacional. ¿Por qué el Gobierno no desclasifica esos documentos? ¿Quizás hay un criterio político de no dar la imagen de que mediante esa desclasificación se deje en mala situación al anterior Gobierno?

Vicepresidenta.- Les están facilitando ya una relación de todos los documentos. Inicialmente es verdad que aparecían setenta y cinco, pero son ochenta y cinco, porque se había perdido una última remesa y faltaban diez más. Son, en total, ochenta y cinco. Les vamos a facilitar una relación del tratamiento jurídico, y por tanto la decisión política, que respecto a cada uno de ellos se ha adoptado.

Una vez más, no voy a entrar aquí a valorar las manifestaciones que pueda haber hecho el líder de la oposición. No es éste el lugar. No lo voy a hacer.

El Gobierno ha trabajado con rigor, ha hecho un esfuerzo yo creo que enorme. En muy pocos días hemos abordado un tema importante para que el Parlamento pueda trabajar. Por tanto, ésa es nuestra posición y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber que este Gobierno colabora con el Parlamento; que de esta Comisión espera transparencia e información, y que no tenemos nada que ocultar; pero que trabaja también con los límites, repito, de, por supuesto, la legalidad y, en todo caso, la seguridad.

Por tanto, creo que con eso contesto a la primera parte de su pregunta.

¿Trabajamos con arreglo a unos criterios nuevos? Por supuesto. Este Gobierno tiene autonomía y trabaja con los criterios que considere más adecuados para lo que es el funcionamiento de las instituciones y para lo que es facilitar el trabajo del Parlamento y el respeto de las instituciones. Por lo tanto, son nuestros criterios y no voy a juzgar desde aquí tampoco cuáles eran los criterios del Gobierno anterior.

Finalmente, en lo que se refiere a los dos últimos documentos que usted mencionaba, los que tienen que ver con las armas de destrucción masiva de Iraq, son documentos que se van a visionar en el Parlamento, que se van a poder ver y que se va a tener acceso a ellos en la forma que establece la Resolución de la Presidencia de la Cámara. Pero no hay ninguna otra intención ni de salvar a nadie ni de dejar de salvar a nadie. Los documentos están ahí, van a poder tener acceso a ellos y, por tanto, se podrán utilizar para el trabajo fundamental que en estos momentos es el trabajo fundamental de la Comisión de Investigación, repito, del l1-M; no otra cosa.

P.- Cambio de tema. Hoy está empezando el Congreso del PSOE. Yo quería preguntarle si usted se ha planteado abandonar su condición de independiente y fichar por el PSOE y si el Presidente Rodríguez Zapatero se lo ha pedido.

Vicepresidenta.- Desde esta mesa no vamos a hablar del Congreso del PSOE. Si no hablo de la oposición, menos del Congreso del partido que apoya al Gobierno. Lo lamento.

P.- Respecto a la petición del acta de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, ¿el Gobierno se ha limitado a dar fe de que no existe el acta? ¿Se ha puesto en contacto con el Gobierno anterior para ver qué había de eso?

Vicepresidenta.- El Gobierno ha constatado que no existe.

P.- Le quería preguntar por la última declaración del Presidente de la Generalitat sobre la posibilidad de recoger en la próxima reforma de la Constitución el reconocimiento de las llamadas nacionalidades históricas. ¿En este sentido hay algún cambio, todo sigue igual o cuál es la posición en este momento del Gobierno en este tema?

Vicepresidenta.- La misma. El Gobierno no ha cambiado de opinión, sigue manteniendo la misma opinión, tiene el mismo criterio que tenía. Ya sabe cuál es nuestro objetivo: reformar la Constitución de manera concreta y limitada, y a través de un proceso que ya hemos puesto en marcha.

P.- Sobre el tema de Afganistán y Haití, quería saber si el Gobierno ya tiene una fecha, aunque sea estimada, sobre cuándo se van a enviar las primeras tropas, una vez que se ratifique por el Parlamento.

Entiendo que el envío a Haití no va al Parlamento la semana próxima. ¿Se va también a someter a votación el envío a Haití?

Vicepresidenta.- Le contesto rápidamente a las dos cosas. En cuanto al tema de Afganistán, la idea es que en septiembre esté hecha la sustitución y la ampliación. Como ustedes saben, en principio la decisión es un incremento de 893 efectivos. En estos momentos hay en Afganistán 475, se incrementa en 893, pero regresan 328, con lo cual, en definitiva, creo que al final el aumento son entre unos 450 ó 500.

El calendario previsible es que se empiezan a producir a partir de ahora los relevos y la ampliación y que en septiembre de 2004 haya en Afganistán, con la prórroga y el aumento que se ha acordado, entre 940 y 1.040 efectivos.

En cuanto a lo de Haití, se va a someter también a votación la decisión. Es que hoy el Consejo de Ministros, no es que no haya decidido nada sobre Haití, lo que ha decidido es participar en esa misión de paz en Haití; pero no ha concretado el número de efectivos ni la fecha del envío, porque queda sujeto a que Naciones Unidas precise el ámbito de actuación. Entonces, eso será con posterioridad. Pero lo importante no es cuándo van a ir, sino lo importante es que tengamos el aval, la decisión y la conformidad de todos de que hay que ir, y en las condiciones que ya expusieron en el Congreso de los Diputados los Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa.

P.- Entonces, el número de 110 guardias civiles que ayer se proporcionó en el Congreso ¿es una cifra que puede variar?

Vicepresidenta.- Aproximada, pero puede variar. Lo digo porque el número no será superior a eso, probablemente; pero el número definitivo queda pendiente de fijar en función de lo que le he dicho con anterioridad.

P.- En cualquier caso, guardias civiles.

Vicepresidenta.- Sí.

P.- ¿Será el martes la comparecencia?

Vicepresidenta.- Vamos a pedir esta tarde, como ha acordado el Consejo de Ministros, la comparecencia del Presidente y vamos a pedir en principio --como ustedes saben, es período extraordinario-- que se habilite, a ser posible, el próximo martes 6.

Muchas gracias.