Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Buenos días a todos, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia.

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de hoy remitir al Consejo de Estado el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta reforma favorece la inmigración que accede a nuestro país a través de las vías legales, al tiempo que fortalece la lucha contra la inmigración ilegal. Sobre los principales aspectos de este Anteproyecto les informará, a continuación, el Ministro del Interior.

También se ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los criterios y requisitos básicos en materia de listas de espera en los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud. El objetivo de esta norma es, por una parte, lograr un tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera que permita un análisis comparable de necesidades y resultados, facilitando una mejor gestión y evaluación de su funcionamiento; por otra parte, garantizar la transparencia y uniformidad en la información que se facilita al ciudadano.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se reforman algunos títulos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La nueva redacción tiene en cuenta, tanto la Directiva-Marco del Agua de la Unión Europea, como el Plan Hidrológico Nacional. El nuevo texto incorporará novedades dirigidas a mejorar la cantidad y calidad de las aguas, impulsa la protección de los acuíferos subterráneos, refuerza el control de los vertidos y establece un nuevo contrato de cesión de derechos en el uso del agua entre particulares para flexibilizar y mejorar su gestión.

En el área de Fomento, el Consejo ha autorizado la licitación de diversos contratos de obra, con un presupuesto de 558,7 millones de euros en tres tramos de las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza, Barcelona-Frontera francesa, Acceso al Norte y Noroeste de España y el acceso a Toledo. Estas obras afectan a instalaciones de enclavamiento, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones, sistemas de radio móvil, catenaria y señalización.

Por otra parte, se han autorizado las obras del tramo Padrón-Osebe, del Eje Atlántico de Alta Velocidad, con un presupuesto de 26 millones de euros y un plazo de ejecución de treinta meses.

El Consejo ha acordado, en otro orden de cosas, solicitar a las autoridades de México la extradición del miembro de ETA Lorenzo Llona Olalde. Asimismo, se ha acordado solicitar a Chile la extradición de Ramiro Silva Vial por colaboración con la banda terrorista ETA.

También el Consejo ha autorizado la concesión de ayudas a la producción corriente para ocho empresas mineras del carbón por un importe de 324 millones de euros. El Instituto para la Reconstrucción de la Minería del Carbón ha acordado ayudas a lo largo de este ejercicio para otras 28 empresas del sector, con lo que las ayudas para este año se elevan a 395 millones de euros. Éstas son las primeras ayudas concedidas después de la entrada en vigor el pasado año del Reglamento comunitario sobre ayudas estatales a la industria del carbón.

El Consejo ha aprobado también diez Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Adolfo Martín Aristarain Tamburri, don Vladimir Cruz Marrero, don Federico José Luppi Malacalza, don Jorge Víctor Goldenberg, don Marcelo Enrique Piñeyro, doña Paz Alicia Garciadiego y Ojeda, don Jorge Perugorria Rodríguez, don Juan Carlos Tabio Rey, don Arturo Ripstein y don Arsenio Senel Paz Martínez.

El Consejo ha aprobado tres Reales Decretos por los que se amplían los traspasos en materia de Sanidad y Agricultura a la Comunidad de Madrid, se transfiere la gestión del Impuesto sobre Patrimonio y de los tributos del juego. En materia de Sanidad, además de la ampliación de los servicios transferidos anteriormente, se traspasa a la Comunidad de Madrid el Hospital Carlos III. Estos traspasos, que fueron aprobados en la Comisión Mixta de Transferencias el pasado 5 de mayo, tendrán efectividad a partir del día 1 de junio.

Por último, el Consejo ha dado luz verde a la concesión de tres créditos FAD a la República Popular China y a la República Dominicana. El importe total de estos créditos será de 24,3 millones de euros, de los que 12,6 irán destinados a financiar proyectos en China y 11,7 a la República Dominicana.

En cuanto a las actividades del señor Presidente del Gobierno entre los días 23 y 30 de mayo, hoy almorzará con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, y esta tarde participará en sendos actos organizados por el Partido Popular en Valladolid y en Madrid. El martes 27, a las once treinta, presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. El miércoles 28, a las dieciséis horas, asistirá a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados. El jueves 29, a las 17,30, recibirá al Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, y el viernes 30, a las 9,30, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

También quiero anunciarles que los Secretarios de Estado de Seguridad y de Comunicación comparecerán mañana sábado ante los medios de comunicación, a las doce horas, en la Sala Unesco del Palacio de Congreso de Madrid sobre los distintos aspectos de interés de la jornada electoral del próximo domingo.

Sr. Acebes.- El Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión al Consejo de Estado la reforma de la Ley de Extranjería. Para encuadrar esta reforma, se basa, como todos ustedes conocen, en que la inmigración masiva hacia España es un fenómeno reciente; es también un fenómeno creciente, que se deriva fundamentalmente del acelerado crecimiento en estos años.

Pero ésta no es una preocupación en exclusiva de España; ésta es una preocupación y una prioridad de todos los países y de todos los Gobiernos de la Unión Europea, precisamente para que una gestión adecuada de la inmigración pueda garantizar los sistemas de protección social y también que la capacidad de acogida no se vea sobrepasada por la inmigración irregular.

De ahí que la reforma que hoy les presento y que he presentado ante el Consejo de Ministros tenga como ejes fundamentales precisamente las bases sobre las que se basa la política de inmigración del Gobierno de España, pero en consonancia con la política de inmigración del resto de los países de la Unión Europea; es decir, favorecer la inmigración legal, que permita que quienes quieran venir lo hagan con sus papeles en regla, con los canales legales y sin caer en redes de extorsión o explotación; en segundo lugar, luchar contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, la explotación personal y laboral de los inmigrantes y contra las redes que le dan soporte; y, en tercer lugar, favorecer la integración plena de las personas que llegan legalmente a nuestro país para trabajar y convivir con nosotros, dándoles educación, prestaciones sociales, la asistencia necesaria, la facilidad para el acceso al trabajo, es decir, todos los derechos que permitan la integración y la convivencia; también exigiendo la aceptación de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestras normas de convivencia y de nuestro marco legal y constitucional.

Actualmente la situación de la presión migratoria en España, que es la que aconseja que permanentemente tengamos que estar adaptando nuestra legislación, como está ocurriendo en el resto de Europa, para dar respuesta a las nuevas situaciones y a las nuevas demandas y problemas que se plantean, en España tiene unas ciertas peculiaridades, aparte de, como decía al comienzo de esta intervención, de lógicamente la presión migratoria en España, que es reciente y debida esencialmente al desarrollo y al crecimiento económico que ha tenido afortunadamente España durante los últimos años y que ha pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigrantes que quieren venir a vivir, a trabajar, a convivir, con nosotros.

Además, España tiene algunas peculiaridades. En primer lugar, es un país preferente para la mayoría de los países iberoamericanos que tienen como objetivo generalmente o como destino preferente a España. A esto tenemos que añadir la situación geográfica, nuestra proximidad a África y, por tanto, a algunos de los países de los que procede el mayor número de inmigrantes: Marruecos, Argelia, todos los países subsaharianos... Nuestra proximidad también es un elemento y una característica propia de España. Finalmente, hay otra característica adicional, que es también peculiar o por lo menos tiene una importancia cuantitativa a la hora de hacer un análisis general de la inmigración en España: el problema más acuciante y complejo es, sin duda, el derivado de los accesos con apariencia de legalidad. Son aquellos inmigrantes que, bajo una apariencia de legalidad, entran en España para al poco tiempo convertirse en ilegales. Esencialmente me estoy refiriendo a todos aquellos que entran como turistas y que, transcurridos tres meses, no vuelven a sus países de origen y, por tanto, se quedan de manera irregular en España.

Una característica adicional que tiene España --es verdad que también otros países la tienen, pero nosotros, como lugar de destino preferente, el año pasado recibimos prácticamente 45 millones de turistas-- es que la utilización de este sistema viene también a ser una de las variables que tenemos que utilizar a la hora de hacer las reformas legislativas y de adaptar nuestra política de la gestión de los flujos migratorios para poderla hacer de manera correcta y de manera adecuada.

Por orden de importancia cuantitativa, en cuanto a los sistemas de transporte de orden de menor a mayor --insisto, cuantitativamente--, en primer lugar está el marítimo. Es verdad que tiene una gran carga de dramatismo, de sensibilidad humana, y con razón, porque muchas veces el transporte que se utiliza, las pateras, para que las redes que trafican con seres humanos traten de introducir en España a inmigrantes ilegales tiene las más graves consecuencias para la vida y para la integridad de las personas. Por eso tiene una enorme repercusión e, insisto, con razón tiene una enorme gravedad; pero, desde el punto de vista cuantitativo, es mayor el número de entradas de inmigrantes ilegales que se realiza vía terrestre y, sobre todo, por vía aérea como consecuencia, decía antes, del turismo, dado que también es el elemento fundamental de transporte que se utiliza para introducir estos inmigrantes con una acreditación de turista y luego no se utiliza el billete de vuelta para volver a sus países de origen.

En definitiva, nos encontramos con una situación geográfica peculiar: ser objetivo prioritario para los inmigrantes iberoamericanos y, además, ser un país con una gran actividad turística. Por ello es necesario que trabajemos en el ámbito europeo -ya conocen ustedes que lo estamos haciendo y además con mucha intensidad; baste ver la reunión que tuvimos durante este fin de semana en Jerez, precisamente para abordar alguna de estas cuestiones-- y con la finalidad de que la inmigración sea ordenada, controlada, porque desde el descontrol, desde el desorden, no estaremos garantizando ni la convivencia ni la integración. Por tanto, de ese orden y de ese control los principales beneficiarios son también, precisamente, los inmigrantes que quieren venir a trabajar y a convivir con nosotros.

Las principales novedades de la reforma de la Ley de Extranjería que hoy ha visto el Consejo de Ministros se basan sobre unos ejes fundamentales: en primer lugar, la simplificación y mejora de la gestión, con la eliminación de solicitudes y de documentación, manifiestamente carente de fundamento, estableciendo la obligación de que las solicitudes se presenten ante el órgano competente para la tramitación de las mismas y de forma personal.

Incluimos la inadmisión a trámite de solicitudes, como decía antes, manifiestamente carentes de fundamento, que vulneran los requisitos exigidos por la Ley o que se presenten por extranjeros que se encuentren en España de forma irregular. Aquí claramente tratamos de evitar una práctica abundante en estos momentos en España, en la que mafias o desaprensivos con ánimo de lucro utilizan y manipulan la necesidad de los inmigrantes irregulares, utilizando la presentación en distintos registros públicos, sean o no los competentes, para crear falsas expectativas de posibilidades de obtener papeles, trabajo, una situación regular; insisto, generalmente por grandes cantidades de dinero y que no hacen sino crear esas falsas expectativas, que cambiarán con la situación nueva, en la que la atención tendrá que ser personal y así podrá la Administración informar de los derechos, de los requisitos, de las posibilidades que tiene, directamente y no a través de aquellos que pretenden manipularles o utilizarles con ánimo de lucro.

También se incluyen una serie de medidas para la simplificación del procedimiento de gestión de los permisos y visados. Ésta es también una de las novedades importantes, que es que a la hora de otorgar el visado se haga a quien previamente obtenga una autorización para residir o trabajar; por lo tanto, junto con el visado ya se le entregará la autorización para lo que puede entrar en España, para lo que está habilitado (para residir, para trabajar o para estudiar), cuestión que ahora, en estos momentos, no existía.

Con ello estamos evitando, en primer lugar, la doble tramitación, policial y laboral. Ahora se realiza antes de la venida y después de la llegada, procurando que el que llegue lo haga legalmente y tratando de evitar que llegue el que luego no vaya a ser legal. Por tanto, como en origen, antes de salir de su propio país, ya tendrá, no sólo el visado, sino la autorización para lo que va a poder hacer en España, le estaremos ahorrando muchos trámites al propio inmigrante, también, desde luego, con las retenciones, retrasos y duplicidades en España, y evitando situaciones de ilegalidad posterior a la llegada a nuestro país.

Tendrán la única obligación, que se incluye, y además va a ser así en toda Europa, de obtener la tarjeta de identificación, que es como el Documento Nacional de Identidad de los nacionales, que pueden obtener un mes después de transcurrida su presencia en España.

Por lo tanto, simplificación y mejora de la gestión, primer eje. Segundo eje, refuerzo de la lucha contra la inmigración ilegal.

Se tipifican por primera vez como infracción muy grave las actuaciones individuales que con ánimo de lucro induzcan, promuevan, favorezcan o faciliten la inmigración ilegal a España, bien sea como destino final o de tránsito, así como la permanencia en nuestro país. Hasta este momento teníamos tipificadas como faltas muy graves estas actuaciones, pero realizadas en el marco de organizaciones; por tanto, la manera de burlar la Ley era intentar probar o acreditar que no se hacían estas conductas o estas actividades de manera organizada, sino que se hacían de manera individual. Por tanto, ahora introducimos esta mejora para que esta práctica pueda ser perseguida y sancionada.

También en este mismo marco establecemos la imposición de obligaciones a los transportistas con el fin de potenciar su colaboración en el marco de la lucha contra la inmigración ilegal. A tal fin, en aquellas rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen que sean especialmente sensibles desde el punto de vista inmigratorio, y a los efectos precisamente de un control de la inmigración ilegal, se va a poder exigir a las compañías de transporte que remitan una relación pormenorizada de las personas que van a transportar a nuestro país. Asimismo, estas compañías de transporte podrán ser obligadas a remitir a las autoridades españolas información sobre el número de billetes de vuelta no utilizados y, en determinados casos, información sobre las personas incursas en tal situación.

Son dos medidas que para España, precisamente por las peculiaridades que les he explicado al comienzo de esta intervención, tienen una trascendental importancia para poder realizar una gestión adecuada de los flujos migratorios y, sobre todo, para evitar la inmigración ilegal y obtener la información mínima necesaria para poder actuar en consecuencia. Que con el tiempo suficiente las autoridades españolas puedan conocer qué personas van a pretender entrar en España y si reúnen los requisitos o ya se encuentran en nuestras bases de datos por haber sido expulsados, haber cometido delitos, tener expedientes sancionadores en España, o en el futuro en esas bases de datos en el conjunto de la Unión Europea, va a aportar una información muy importante y muy sensible. Y también lo es precisamente para aquellos que han entrado como turistas, con billete de ida y vuelta y no han utilizado el billete de vuelta, lo que nos permitirá saber cuántas personas se han quedado y su identificación.

Otra de las medidas es que también se incluye garantizar la devolución de quienes pretenden entrar ilegalmente en el territorio nacional permitiendo el internamiento de los mismos porque, si no, no hay manera de garantizar que las resoluciones de expulsión se cumplan.

Otra medida muy importante es incorporar el reconocimiento mutuo de resoluciones de expulsión de los Estados miembros de la Unión Europea para evitar que se eluda la medida de expulsión trasladándose a otro país de la Unión Europea. Si en estos momentos en cualquier país de la Unión Europea hay un expediente con resolución de expulsión, antes de que se le notifique al inmigrante ilegal que va a ser expulsado, se desplaza a otro país, por ejemplo a España, es detenido y tiene que reiniciarse todo el procedimiento de expulsión de nuevo. A partir de la entrada en vigor de esta norma --además, en España esto se da de manera muy frecuente-- será detenido y, si ya tiene resolución de expulsión en otro país de la Unión Europea, inmediatamente será expulsado. Para garantizar la misma el juez podrá acordar el internamiento en un centro en un régimen cerrado.

El tercer grupo de medidas son las del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de marzo de 2003. Clarifica la reagrupación familiar asociándola en todo caso a la solvencia económica y al trabajo, y evitando la reagrupación en cadena de los ascendientes dependientes reagrupados, que excepcionalmente podrán a su vez reagrupar cuando tengan un permiso de residencia permanente y acrediten solvencia económica. ¿Qué es lo que trata, en definitiva, esta media? Es evitar las reagrupaciones en cadena de manera fraudulenta.

Una familia se ha reagrupado y, aparte del cónyuge, de los descendientes, también puede reagrupar a los ascendientes; pero se ha dado en ocasiones una práctica en la que el ascendiente, que entra legalmente con motivo de la reagrupación y por su dependencia de la familia, reagrupa e inicia un proceso de reagrupaciones en cadena: hermanos, a su vez los hermanos a sus hijos, y así sucesivamente, por lo que sería absolutamente ilimitada e incontrolada esta posibilidad, defraudando el objetivo de la Ley, que es la reagrupación por la dependencia. Pero es que, además, una vez que produce el primer escalón, se vuelve a su país de origen. Por eso exigimos que tenga un permiso de residencia permanente en España para que los ascendientes, a su vez, puedan reagrupar.

Finalmente, se incorporan criterios generales de inscripción en el Padrón para los extranjeros y se regulan cuáles son los documentos acreditativos de la identidad de los extranjeros para tener acceso a la inscripción padronal.

En definitiva, son toda una serie de medidas, todas ellas de mucho sentido común, que abordan problemas concretos y específicos, que desde el conocimiento y desde la evolución de la inmigración en España eran absolutamente necesario abordar, que nos van a facilitar la integración de los inmigrantes legales, que nos van a ayudar en la lucha contra la inmigración ilegal y hacerlo de manera ordenada y controlada, en beneficio de todos y esencialmente de los inmigrantes. Además, necesitábamos incorporar las Directivas europeas que, como es lógico, también por la evolución de la inmigración en el conjunto de Europa y la preocupación permanentemente se están produciendo, y la Resolución del Tribunal Supremo.

P.- Yo quería saber qué datos son los que se van a pedir a las compañías aéreas, que están pidiendo una contraprestación económica, puesto que les va a suponer, dicen, un trabajo adicional de control, de elaborar listas... ¿Se ha estudiado alguna compensación?

Sr. Acebes.- Los datos son datos muy simples, pero sin embargo muy útiles, que son los relativos a la filiación: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, país de origen, número de la tarjeta de identidad o del documento con el que pretenden acceder a España. Son datos que habitualmente ya manejan las compañías, o al menos deberían manejar, a la hora de solicitarles la documentación para transportarles de un país a otro. Por lo tanto, no creo que les vaya a suponer un coste adicional, no sé si una mínima carga de trabajo.

Lo que esperamos, y para eso hemos estado en conversaciones con ellos, es la colaboración, porque esto es un interés general, es un interés general de España y, por tanto, es absolutamente necesario e imprescindible hacer políticas para regular los flujos migratorios, para que éstos sean ordenados. Yo espero la colaboración, y así se la solicito, de las compañías, porque estos datos van a ser muy importantes de cara al futuro.

P.- Quería hacer, en primer lugar, dos preguntas que tienen que ver con la actitud del Parlamento vasco en relación con Batasuna: primera, ¿es realmente necesaria la reforma del Reglamento vasco para poder aplicar esa orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo sucesor de Batasuna?; en segundo lugar, ¿qué puede ocurrir si la Cámara de Vitoria continúa con su actitud de desobediencia?

Otra cuestión. Nos gustaría que nos hiciera una valoración de la Resolución de las Naciones Unidas que levanta las sanciones contra Iraq y entrega plenos poderes en la reconstrucción a los Estados Unidos y al Reino Unido.

Vicepresidente.- Las dos preguntas que usted formula en relación sobre si es preciso o no para cumplir una sentencia judicial el proceder o no a la reforma del Reglamento y qué puede ocurrir en el futuro, yo quisiera hacerle un comentario político y un comentario judicial.

Desde el punto de vista político, uno ya tiene la sensación de que se está haciendo un esfuerzo, que es especialmente grave, para ver si se puede captar los votos de Batasuna por parte del Partido Nacionalista Vasco, lo cual, por otra parte, tengo que decir que contradice unas afirmaciones que esta misma mañana hace en el diario "Gara" el señor Eguibar, diciendo que a lo mejor sería bueno un acuerdo con el Partido Socialista. Aquí de lo que se trata es de buscar el mayor número de votos posibles para luego hacer lo que se estime oportuno y conveniente.

Y, desde el punto de vista judicial, las sentencias de los Tribunales es obligado cumplirlas. Lo de que es preciso reformar el Reglamento es otra argucia de las muchas que han puesto sobre la mesa el Parlamento vasco y su Presidente, el señor Atutxa, a lo largo de los últimos días. Todo el mundo está obligado a cumplir las resoluciones y las sentencias de los Tribunales, todos los ciudadanos; desde luego, también los Parlamentos, y, desde luego, también tiene obligación el señor Atutxa de cumplir esa resolución. Estamos en el siglo XXI y a ver si sabemos bien lo que es la separación de poderes y lo que es la obligación por parte de todos de cumplir las resoluciones de los Tribunales.

Por tanto, yo espero que el señor Atutxa cumpla las resoluciones de los Tribunales y que luego haga lo que estime oportuno y conveniente. Ha dicho que va a dimitir. Si quiere, que lo haga. Pero su obligación es cumplir las resoluciones de los Tribunales.

¿Qué es lo que puede ocurrir en el supuesto de que no las cumpla? Los Tribunales y nuestro sistema judicial tienen una serie de instrumentos, que son los instrumentos propios de la democracia, de la Ley y del Estado de Derecho, para hacerle cumplir esa resolución al Parlamento vasco.

Tengo que decir que estamos ante un acontecimiento de una enorme gravedad, que no tiene precedente alguno y que supone el que una institución, como el Parlamento vasco, se sitúa fuera de la Ley. Esto, insisto, es de una enorme gravedad. La Ley obliga a todos, incluidos también los Parlamentos, incluidos los que representan funciones institucionales.

Por tanto, yo espero que se haga una reflexión sobre eso y que el Partido Nacionalista Vasco se coloque en la senda de la democracia, del respeto a la Ley y del respeto al Estado de Derecho y a los procedimientos que nos hemos dado todos los ciudadanos españoles. Porque, entre otras cosas, el Parlamento vasco aprueba leyes y supongo que aprobará leyes con el objetivo de que se cumplan, y es una enorme contradicción el decir que ahora no queremos cumplir otras leyes con resoluciones de los Tribunales instándole a que lo haga.

En relación con la segunda pregunta sobre la nueva Resolución que ha aprobado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, efectivamente, se produjo en el día de ayer. Yo creo que es una noticia de una enorme importancia y todos debemos de estar muy satisfechos de que efectivamente allí se haya producido. Esta Resolución, como saben ustedes, fue elaborada conjuntamente por el Reino Unido, Estados Unidos y España, y tiene el propósito de atender las cuestiones más perentorias que afectan a la población iraquí tras la caída del régimen de Sadam Hussein: fundamentalmente, el mantenimiento de la ayuda humanitaria, el levantamiento de sanciones, la reconstrucción económica y la transición política hacia un Estado de Derecho, así como el papel de Naciones Unidas.

Yo creo que esta Resolución ha dejado patente el deseo de la Comunidad Internacional de abordar con unidad y con coherencia el futuro de Iraq y de posibilitar su reincorporación, la de la Comunidad Internacional, a la misma.

Quiero destacar, porque esto es muy importante, el papel desempeñado por España y que responde a lo que habíamos dicho en su momento en otra ocasión, además en este mismo foro después de un Consejo de Ministros: nuestros objetivos eran dar un papel de especial relevancia a las Naciones Unidas, y creo que eso se ha conseguido; lograr el mayor consenso posible entre los Estados miembros del Consejo de Seguridad, esforzándonos en atender las preocupaciones manifestadas por algunos de ellos, y así lo hemos hecho, y creo que esto es muy importante; y, al mismo tiempo, propiciar el establecimiento de un marco que permita que todos los Estados y organizaciones que lo deseen puedan contribuir a la reconstrucción económica y política de Iraq.

Tiene un enorme significado político, porque además también establece el papel que desempeñarán el Reino Unido y Estados Unidos como potencias ocupantes y el papel que puedan desempeñar otros países que no tienen esa consideración, pero que han colaborado también en la coalición internacional contra Sadam Hussein.

Por tanto, yo creo que ésta es una extraordinaria noticia. La han votado todos los países, salvo Siria, como todos ustedes saben, y ahora lo que hace falta es que todos trabajemos esforzándonos en mirar hacia el futuro, y sería bueno que esta nueva actitud que adoptan todos los países que forman el Consejo de Seguridad también la adoptaran los dirigentes de algunos partidos políticos españoles, que siguen empeñados y empecinados en discursos que nada tienen que ver por donde van las cosas en este momento.

P.- Yo quería, en primer lugar, que el Vicepresidente Primero del Gobierno, el señor Rajoy, hiciese una valoración política a falta de pocas horas para la finalización de esta campaña electoral a las autonómicas y municipales, y, en segundo lugar, que hiciese también una valoración política sobre lo acontecido ayer, en un acto por parte de una plataforma, con respecto a una candidatura aquí, en Madrid.

Luego, al Ministro del Interior, al señor Acebes, quería preguntarle si tienen ustedes, dentro de este flujo inmigratorio, a cuántas personas posibles pueden afectar estas nuevas reformas de la inmigración.

Vicepresidente.- Es una valoración, entiendo yo que me pregunta usted, de cómo ha transcurrido la campaña electoral y que también opine sobre lo que ha sucedido ayer en una reunión de personas, que creo que pertenecen a la plataforma de la cultura, y a un incidente con el señor Mendiluce.

Yo creo que la campaña electoral se ha desarrollado con una cierta normalidad. Hay algunos acontecimientos muy importantes. Para mí, un acontecimiento muy significativo, desde el punto de vista político, que ya he señalado en alguna ocasión pero creo que es bueno reiterarlo, es que por primera vez desde que se celebran elecciones municipales en España, desde 1979, el partido político que apoya a ETA, es decir, la rama política de ETA, no se puede presentar a las elecciones. Además, no se puede presentar a las elecciones por decisión de los tribunales de justicia, aplicando una ley aprobada de forma muy mayoritaria por el conjunto de ambas Cámaras y después de un procedimiento instado también por las Cámaras.

Yo creo que ésa es una excelente noticia, que tiene un valor político muy importante, pero que tiene también un valor por lo que significa de defensa de la decencia y de la dignidad del conjunto de España y también del conjunto de los ciudadanos españoles.

Hay un segundo dato relevante en esta campaña electoral, que es que, como era previsible, algunas fuerzas políticas han hecho el mayor esfuerzo del que fueron capaces. Incluso estamos asistiendo a polémicas un tanto pintorescas en los últimos días sobre qué se puede o no se puede llevar a la hora de votar y qué pueden los interventores y apoderados llevar en la solapa. Han algunos que han intentado, y lo han recogido en sus vídeos electorales, utilizar en las elecciones municipales un desgraciado accidente que se produjo en Galicia y que nos afectó durante mucho tiempo, así como el asunto de la intervención en Iraq, y hay otros que hemos preferido hablar de otros temas, que son los que afectan al conjunto de los españoles.

Lo que ocurrió en el día de ayer, en mi opinión, es una muestra del sectarismo, del dogmatismo y de lo antiguos que son algunos, y lo digo con absoluta claridad. Me parece una cosa absolutamente sorprendente y es evidente que yo no soy sospechoso de prestarle ningún apoyo a ninguna candidatura sobre las cuales se discutía en el día de ayer.

Pero, fíjese, más grave todavía me pareció lo que ocurrió en el día de antes de ayer, cuando alguien, que por lo visto quintaesencia lo que es la democracia, dijo que iban a hacer una oposición salvaje. Que van a hacer una oposición es verdad, porque ése es probablemente el papel que les deparen las urnas y a donde los ciudadanos les manden, sobre todo con afirmaciones tan democráticas como ésas; pero el calificativo de "salvaje" es una prueba de intolerancia absolutamente tremenda, curiosamente, por parte de personas que presumen de ser demócratas y liberales, y que luego lo que hacen es eso.

Pero ya son muchos años los que llevan sin asumir la responsabilidad del Gobierno en Madrid y, probablemente, con afirmaciones tan democráticas como ésas aún les queden algunos más.

Yo creo que es lo que puedo decirle sobre estos temas.

Sr. Acebes.- Muy brevemente, porque precisamente la inmigración irregular es una inmigración clandestina y, por propia definición, imposible de cuantificar. Algunas de las medidas de las que les he dado cuenta y que se incluyen en el Proyecto que hoy hemos aprobado tratan de evitar esa inmigración clandestina y poder tener los datos suficientes para cuantificar el número de personas que vienen o aquellos que han entrado de manera legal, pero devienen ilegales por haber entrado como hipotéticos turistas sin serlo. Todo esto es lo que nos va a permitir, no sólo cuantificar, sino hacer una gestión adecuada de los flujos migratorios. Mientras sea completamente clandestina, todas esas cifras que se oyen en muchos sitios no se corresponden a la realidad ni al rigor por propia definición de la clandestinidad de ese tipo de inmigración.

P.- Al señor Acebes quería hacerle dos preguntas. Por un lado, ¿podría precisar los criterios generales de inscripción en el Padrón a los que se van regir los extranjeros? ¿Podía concretarlos más? ¿Esto significará que los criterios van a ser diferentes para los extranjeros respecto a los españoles y no es algún tipo de discriminación?

En segundo lugar, quería preguntarle si Interior prevé utilizar este censo, estos datos, para la persecución a nivel individual de los inmigrantes irregulares, es decir, de los que están censados, pero no tienen el permiso de residencia.

Sr. Acebes.- A la segunda, no. Y, a la primera, son los documentos que se exigen a cualquiera para acceder a un registro público, en este caso a un Padrón, que son los datos de identificación. Para los nacionales de terceros Estados son el pasaporte o la tarjeta de identificación de extranjeros.

P.- En primer lugar, para el Vicepresidente Primero. Cuando le han preguntado antes qué medidas va a adoptar el Gobierno, en el caso de que el PNV mantenga la desobediencia respecto al auto del Supremo, usted ha dicho que existen instrumentos legales. ¿Nos puede precisar aquí qué instrumentos legales son ésos?

En segundo lugar, al Ministro del Interior le quería preguntar qué medidas o qué sanciones va a adoptar el Gobierno en el caso de que las compañías aéreas no cooperen o en el caso de que haya problemas en este sentido. Creo que en el texto inicial que conocimos el otro día se hablaba de posibles sanciones.

En tercer lugar, ¿podemos conocer hoy el texto ya del Anteproyecto de Ley que va a ir al Consejo de Estado?

Sr. Acebes.- Las consideraciones y todo lo que les he dado cuenta son las reformas que se van a producir. Les daremos todas las posibilidades para que tengan acceso al texto concreto, inmediatamente que sea remitido al Consejo de Estado porque, como saben, es lógico que todos los textos legales primero entren en el registro del Consejo de Estado y luego tengan una difusión. Pero hoy mismo podrán tener todos los datos del mismo.

En cuanto a las sanciones, efectivamente, cada vez que se impone una obligación en esta materia, en caso de que se incumpla y dependiendo del grado de incumplimiento, tiene la tipificación en las sanciones que se corresponden con el catálogo, que no se modifica, de sanciones graves, muy graves, leves, en función de cual sea el cumplimiento y el grado del mismo tras el expediente sancionador, que se realizará con todas las garantías. Pero, efectivamente, a la pregunta suya de si el incumplimiento de las nuevas responsabilidades u obligaciones que se imponen a las compañías de transporte lleva aparejada una sanción es que sí.

P.- Pero quería saber si están precisadas en el texto.

Sr. Acebes.- Están precisadas. Cuando se establecen las obligaciones, lo que se establece es que, en caso de incumplimiento, será una sanción muy grave y luego para las sanciones muy graves se establece la multa cuantificada en cada uno de los artículos: si es grave, qué multa le corresponde; si es leve, cuál es. Está tipificado así.

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, aunque lógicamente no es la función del Gobierno, como es evidente, hacer comentarios puramente judiciales, yo creo que, si el Parlamento vasco no cumple lo que es una sentencia de los tribunales de justicia, en lo que está incurriendo es en un delito de desobediencia y que, por tanto, podría perseguirse por la vía penal. Yo creo que eso es algo absolutamente indiscutible.

A mí no me gustaría convertir esto en un debate jurídico sobre si es un delito de una u otra forma. A mí lo que me parece incomprensible es que en la Europa democrática en la que por fortuna vivimos, con un régimen de libertades y derechos, con una clara separación de poderes, haya un Presidente de un Parlamento que se niegue a cumplir unas resoluciones de los Tribunales. Eso es una actividad delictiva, sea Presidente del Parlamento o sea un ciudadano particular. Yo creo que el Presidente del Parlamento tiene, además, una obligación mayor, precisamente por la alta magistratura que ostenta, de cumplir las resoluciones de los Tribunales de Justicia.

Por lo tanto, sería un delito, aparte de que desde el punto de vista político sería algo ciertamente lamentable, impropio de un partido que quiere y pretende ser un partido democrático, porque una de las obligaciones fundamentales es respetar la Ley y respetar lo que dicen los Tribunales de Justicia.

¿Con qué autoridad moral puede un Presidente de un Parlamento que aprueba leyes aprobar esas mismas leyes e imponérselas al conjunto de los ciudadanos si él se niega a cumplirlas? Es de una enorme gravedad y yo creo que es claramente un delito de desobediencia.

P.- En relación con eso, también usted ha hecho la acusación política de que podía suceder que esta actitud del PNV haya sido para conseguir el voto de Batasuna; hablo en el terreno político. ¿Cree usted que, por tanto, podría haber un cambio de actitud en el PNV la semana que viene, una vez pasadas las elecciones?

Vicepresidente.- Yo creo que, efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco... Es que no es de hoy. Lo de hoy, el negarse a cumplir una sentencia de los Tribunales, tiene una enorme gravedad, porque estamos hablando de una sentencia los Tribunales; pero esto responde a una estrategia que ya hemos visto que se mantiene desde hace mucho tiempo. El Partido Nacionalista Vasco se ha opuesto a todas las normas que se han aprobado democráticamente en el Parlamento nacional a lo largo de los últimos meses y cuyo objetivo básico era ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo. Eso puede hacerlo, como es natural, y tiene perfecto derecho y es absolutamente legal. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

El Partido Nacionalista Vasco se ha opuesto, por ejemplo, a la Ley que establece el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas; se ha opuesto, como es sabido, a la Ley de Partidos; se ha opuesto cuando se inició el procedimiento para poner en marcha esa Ley de Partidos; ha criticado duramente las resoluciones de los Tribunales. Pero es que en este momento, aunque desde el punto de vista político mantiene una actitud coherente con lo hecho anteriormente, comete un acto especialmente grave, porque ya no es un tema estrictamente político, que también; es un tema que afecta a la propia esencia del modelo democrático, que es la obligación que tienen todos de cumplir las resoluciones de los tribunales de justicia.

¿Qué es lo que va a hacer el Partido Nacionalista Vasco después de las próximas elecciones? La verdad yo tengo muy poca confianza a la vista de la trayectoria que ha seguido el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de los últimos tiempos. Desde que surge Lizarra, desde que surge el Pacto de Estella en el año 1998, ha habido, sin duda alguna, con una ruptura luego, una cierta connivencia de objetivos entre lo que quería el Partido Nacionalista Vasco y lo que querían Batasuna y ETA. Eso es algo bastante indiscutible.

Por tanto, mientras no haya un posicionamiento en contrario o mientras no se mantenga un criterio en contrario donde se fije claramente que la prioridad básica es acabar con ETA y defender la vida, los derechos y las libertades, y mientras no se retire el plan que divide al conjunto de la sociedad vasca, como es el plan Ibarretxe, yo no tengo ninguna confianza en que el Partido Nacionalista Vasco dé pasos en la buena dirección, en los de la lógica, en los del sentido común, y en que no mantenga la regla de juego que fue el Estatuto de Autonomía del País Vasco que --ya lo he dicho en alguna ocasión y reitero ahora-- era un Estatuto de todos y no el Estatuto de una fuerza política, que eran las reglas del juego y que era fijar un marco de convivencia para el futuro.

Por tanto, confianza en lo que pueda hacer el Partido Nacionalista Vasco en los temas de fondo, ninguna. Lo demás son sus estrategias: vamos a ver si ahora sacamos unos votos, ahora reculamos, damos marcha adelante, damos marcha atrás; pero sus objetivos, evidentemente, son los que son y no parece que, a la vista de los acontecimientos, vayan a cambiar de criterio.

P.- Para el Ministro del Interior. Me gustaría que me aclarara, en el caso de sanción grave, hasta cuánto sería la multa máxima que se podría establecer a una compañía aérea que no cumpliera la normativa que ahora se va a aprobar.

Para el Vicepresidente, en su calidad de Ministro Portavoz del Gobierno. La Comisión Europea ha recomendado al Gobierno español que no aproveche el superávit de la Seguridad Social para compensar déficits de las Administraciones general y autonómica. Me gustaría saber si el Gobierno español va a atender esta recomendación.

Sr. Acebes.- Como es muy concreta, creo que la multa máxima a imponer en este caso es de 60.000 euros.

Vicepresidente.- En relación con el otro asunto por el que se interesa usted, lógicamente, el Gobierno siempre hace caso de aquellas normas que sean de obligado cumplimiento con arreglo a lo que son los Tratados europeos. En cualquier caso, vamos a estudiar más a fondo qué es exactamente lo que nos dice la Comisión Europea y, lógicamente, si es de obligado cumplimiento, lo haremos y, en caso contrario, plantearemos lo que nos parezca razonable.

P.- Para el Vicepresidente Primero. Querría saber cómo valora el Gobierno la imputación de delitos a dos ex altos cargos del Gobierno por el juez Baltasar Garzón en su investigación sobre el fraude del lino.

Y, en relación con el incidente que ha tenido lugar en un puesto de control militar en Bagdad y en el que se han visto implicados dos miembros de la delegación diplomática española, que llegaron a ser encañonados por militares de Estados Unidos, querría saber cómo lo valora el Gobierno y si ha presentado ya una protesta formal ante el Gobierno de los Estados Unidos.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, que es el tema del lino, yo creo que hay que decir con meridiana claridad que más que dos altos cargos... Es verdad que una persona yo creo que era Subsecretario del Ministerio en aquel momento, pero no creo que el ex Director Financiero de Mercasa fuera ningún alto cargo del MAPA.

Yo creo que sobre este asunto hay que esperar a ver qué es lo que dicen los Tribunales. El auto por el que usted se interesa no supone ninguna sentencia, por lo que no se puede afirmar, so pena de menoscabar el principio más básico de presunción de inocencia, que ninguno de los aparecidos en el auto sea culpable de la comisión de un delito.

Por tanto, lógicamente, cuando todavía no sabemos cuáles son, además, porque no se recoge en el auto, al menos que yo conozca, las determinadas actuaciones constitutivas de delito, lo que hay que esperar es a que se produzca una resolución judicial en uno u otro sentido. Esto es cuanto puedo decirle sobre ese asunto.

Respecto al otro asunto por el que se interesa, no tengo noticia en este momento; no puedo contestarle. Lo haré a continuación, pero no tengo noticia de ese acontecimiento por el que usted se interesa.

P.- ¿Cómo valora el hecho de que el Vicepresidente primero del Gobierno no tenga conocimiento de un incidente en el que..?

Vicepresidente.- Precisamente porque no tengo noticia no puedo valorar ese asunto.

P.- Le pregunto cómo es que usted no tiene noticia.

Vicepresidente.- Sí, lo entiendo perfectamente. No tengo noticia y, cuando la tenga, ya haré la correspondiente valoración.

P.- Al Vicepresidente. Yo quería saber si la Directora del Instituto de la Mujer ha presentado o tiene previsto presentar la dimisión y si el Gobierno la considera conveniente.

Vicepresidente.- Yo creo que hay que juzgar a las personas por su trayectoria y la trayectoria de la Directora del Instituto de la Mujer es una trayectoria impecable desde el punto de vista democrático. Fíjese usted, ahora mismo acaba de salir otra noticia, y por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que las cosas funcionen razonablemente, que denuncia la publicación de un libro por parte de la Junta de Extremadura que describe una violación y un asesinato, y ahora se pide la dimisión de la Directora del Instituto de la Mujer u organismo similar de la Junta de Extremadura.

Yo creo que las aclaraciones que ha dado la Directora del Instituto de la Mujer son unas aclaraciones que a quien tenga buena voluntad para entenderlas debieran bastarle. A partir de ahí, no está prevista la dimisión y no tengo nada más que decir sobre ese asunto.

P.- Se está poniendo el acento en la disolución del grupo de Batasuna, o como se llame ahora, en el Parlamento vasco. Pero, claro, también la sentencia del Tribunal Supremo ordenaba la disolución del grupo correspondiente en Juntas Generales y en Ayuntamientos, que cesara la actividad, etc., etc. Quería saber si va a haber un seguimiento de qué grado de cumplimiento ha tenido esta resolución judicial para que cese la actividad de todo aquel que actúe en política o en instituciones, mejor dicho, en nombre de Batasuna.

Vicepresidente.- No es que se ponga el acento en este tema, es que se ha producido un acontecimiento muy importante, como es una sentencia de un tribunal ordenando expresamente al Parlamento vasco, a su Mesa y a su Presidente que procedan a la disolución de este grupo.

A partir de ahí, lógicamente, es un hecho objetivo que cualquier institución está obligada a cumplir las resoluciones de los Tribunales, sean Ayuntamientos o sean Juntas Generales, Diputaciones, etcétera, y que corresponde a los tribunales de justicia el velar porque se proceda al cumplimiento de sus resoluciones.

Muchísimas gracias.