Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria de prensa.

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Específicas en materia de Seguridad Social que garantiza la unidad, solidaridad e igualdad de las pensiones del Sistema de Seguridad Social en todo el territorio nacional. El Ministro de Trabajo les desarrollará los principales aspectos de este Anteproyecto. Asimismo, el Consejo ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas, del que también les informará a continuación el Ministro de Justicia.

En otro orden de cosas, el Consejo ha acordado solicitar a las autoridades francesas la extradición de los miembros de ETA Cristina Goiricelaya González, Carlos Saez Eguilaz Murguiondo, Gorka Martínez Ahedo y Javier Abaunza Martínez.

El Consejo ha autorizado la aplicación del fondo de contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 331 millones de euros. Este presupuesto se destinará, entre otros gastos, a hacer frente a los daños ocasionados por el accidente del "Prestige" y a los provocados por actos terroristas. Los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 incluyen, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como todos ustedes conocen, un fondo de contingencia con una dotación aproximada de 2.290 millones de euros. Esta cantidad está destinada a financiar los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito, así como las ampliaciones e incorporaciones de crédito que puedan surgir a lo largo del ejercicio.

El Consejo ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra la disposición quinta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 21 de diciembre del año 2002 por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.

También ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza la regulación de la formación médica especializada con el fin de adecuar esta formación a las necesidades del actual sistema sanitario y a las demandas de prestación sanitaria de la sociedad española. La nueva norma tiene como objetivo principal la modernización de determinados aspectos relativos a la formación de médicos especialistas. Establece, entre otras medidas, el procedimiento para la revisión y actualización de los programas de formación en cada una de las especialidades médicas con el fin de garantizar su constante puesta al día.

Por otra parte, el Consejo ha autorizado la modernización del convenio de gestión directa entre el Ministerio de Medio Ambiente y las sociedades estatales Aguas del Duero y Aguas del Segura con el fin de hacer frente a nuevas obras hidráulicas por valor de 74,3 millones de euros. La Sociedad Estatal Aguas del Duero realizará diversas obras de mejora del abastecimiento de agua potable de las que se beneficiarán 200.000 habitantes en 244 poblaciones en Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Por su parte, la Sociedad Estatal Aguas del Segura pondrá en marcha dos nuevos proyectos en Murcia y Albacete con una inversión de 10,4 millones de euros.

En el área de Fomento, el Consejo ha autorizado la realización de obras de estabilización de taludes en distintos puntos del Eje Pirenaico, en la provincia de Lleida. Estas actuaciones, que se inscriben dentro del programa de conservación y explotación de carreteras del Plan de Infraestructura 2000-2007, suponen una inversión dos millones de euros.

En cuanto, a las actividades del Presidente del Gobierno: mañana, sábado, día 8, participará a mediodía en un acto organizado por el Partido Popular en Arganda del Rey.

El lunes, día 10, a las doce, colocará la primera piedra del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. A las dieciocho recibirá, en La Moncloa, al ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y a las diecinueve treinta recibirá al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello.

El martes, a las once, recibirá en La Moncloa al Comité Español de Representantes de Minusválidos. A la una viajará a Lanzarote para participar en la Cumbre Hispano-Alemana, que se prolongará hasta el miércoles, día 12, y que concluirá con una conferencia de prensa conjunta del Presidente del Gobierno y del Canciller de la República Federal Alemana. Posteriormente, regresará a Madrid para incorporarse a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El jueves, a las doce y media, recibirá al Secretario General de la OTAN, señor Robertson. A las catorce treinta clausurará, tras un almuerzo de trabajo, la jornada "2003: el reto de la ampliación", organizada por el Instituto Español de Comercio Exterior en el Recinto Ferial Juan Carlos I. A las veintiuna horas ofrecerá una cena en La Moncloa al Presidente de la Confederación Suiza, Pascal Couchepín.

El viernes 14, a las nueve y media, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Como acuerdos de personal, se designa Embajador en la República de Guinea Ecuatorial a don Carlos Robles Fraga; Embajadora Representante Permanente Adjunta ante Naciones Unidas a doña Ana María Menéndez Pérez; Embajador en Misión Especial para el Plan Galicia, don Manuel Piñeiro Souto; Embajador en Misión Especial para la Comisión del XXV Aniversario de la Constitución, a don Juan Bautista Leña; Embajador en Misión Especial para Asuntos del Mar, a José Luis Roselló, y Embajador en Misión Especial para el Proceso de Reflexión sobre las Cumbres Iberoamericanas, a don Julio Albi de la Cuesta.

Sr. Michavila.- El Consejo de Ministros ha decidido convertir en Proyecto de Ley, es decir, remitir al Parlamento, la Ley Orgánica de Medidas de Reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Después de que la iniciativa haya recibido el respaldo del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, el Gobierno ha remitido esta Ley al Parlamento.

Esta Ley supone un paso importante para fortalecer nuestra democracia en la lucha contra el terrorismo y los ejes de esta Ley son todos ellos, desde el sentido común, desde la reflexión y desde el respeto a la Constitución, impulsar medidas que fortalezcan nuestra democracia para hacer a los terroristas más difícil cada día su vida. Se trata, a partir de que esta Ley entre en vigor, de que los asesinos terroristas cumplirán sus condenas.

Con esta Ley se amplía a cuarenta años el tiempo de prisión; con esta Ley no será igual para un terrorista ser condenado a diez años, que a cincuenta años, que a cien años, como ocurre en la actualidad; con esta Ley un terrorista no saldrá de la cárcel sin indemnizar antes a las víctimas o colaborar activamente con la democracia.

En definitiva, se trata de una ley de sentido común, de una ley que le da a la democracia española instrumentos legales que tienen otras democracias europeas en la lucha contra el terrorismo y de una ley que haga que España no sea el país de la Unión Europea en el que más barato salga ser terrorista.

Se trata de un proyecto de ley que remitimos al Parlamento después de haber recibido el respaldo del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General, después de haber hecho un texto muy reflexionado y que ahora remitimos al Parlamento. Quiero también informarles que el texto que hoy remitimos al Parlamento es el que aprobó el Consejo de Ministros del pasado día 3 de enero; que ese texto, que recibe el aval de los órganos a los que se ha consultado, también es un texto que creemos que es muy bueno para nuestra democracia y también queremos seguir la línea de diálogo que venimos manteniendo con los Grupos Parlamentarios.

En este sentido, he acordado con los Grupos Parlamentarios, y singularmente con el Partido Socialista, con Convergència i Unió, con Coalición Canaria, remitir el texto al Parlamento a fin de que sea en el Parlamento donde se pueda incorporar algún matiz de carácter técnico; pero cualquier matiz de carácter técnico estará siempre respetando, y así me lo han manifestado los Grupos Parlamentarios, los ejes de la reforma que hoy se traslada al Parlamento, que hoy aprueba el Consejo de Ministros, y es que los terroristas sepan que van a cumplir sus condenas, que los terroristas sepan que les va a salir mucho más caro ser terroristas en nuestro país y que los terroristas sepan que la democracia española, desde la Constitución, sólo con la Constitución, pero con todos los instrumentos que tiene la Constitución, combate con más eficacia al terrorismo.

Éste es el eje de la propuesta y quedo luego a expensas de contestar sus preguntas.

Sr. Zaplana.- Como anunciaba el Vicepresidente, el Consejo de Ministros ha conocido el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social. Este Anteproyecto abarca la reforma de diversas medidas de gestión --tiene un carácter fundamentalmente técnico-- que persiguen acomodar la legislación de la Seguridad Social a los cambios que se han producido en nuestra sociedad, a los permanentes cambios de la sociedad española. Tiene, por tanto, un bloque fundamental desde el punto de vista técnico, al que ahora me referiré brevemente, y después tiene un segundo bloque, del que ustedes han tenido noticia en los últimos días, que tiene como objetivo fundamental garantizar el principio de igualdad.

Respecto al primero, son medidas de gestión, son muchas medidas y de índole muy variada. Por citarles algunas que pueden ser de mayor interés probablemente para ustedes, se implanta un sistema de recargo de porcentaje variable y progresivo, con el notable beneficio que ello va a comportar para aquellas personas que ingresen las cuotas con anterioridad. Se prima, por tanto, al deudor que tarde menos en regularizar su situación con la Seguridad Social. Saben ustedes que antes el recargo era siempre el mismo y ahora se establece un procedimiento gradual en el que un mes es el 3 por 100; dos meses, el 5 por 100, y así sucesivamente.

Otra cuestión que podríamos resaltar en estos momentos es que la regulación del artículo 12 intenta combatir con más eficacia el fraude a la Seguridad Social que se viene produciendo hoy en distintos supuestos de sucesión de empresas y grupos de empresas, clarificando mucho más esta cuestión.

Hay una novedad a resaltar, que se incorpora en el artículo 20, que se refiere a una completa reordenación de la regulación de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, que andaba dispersa, pero con un dato que es novedoso: se extienden las prestaciones familiares a tanto alzado a los supuestos de adopción, que hasta ahora no estaban contemplados.

Posteriormente, se establece también la no exigencia del requisito de hallarse al corriente en el pago de cotizaciones para el acceso a las prestaciones cuando los trabajadores sean responsables del ingreso por tal concepto. Había en algunos regímenes autónomos y agrarios que, si no estaban al corriente, no podían tener derecho. No es que ahora se les exima del pago, pero se establece una figura que es la invitación al pago para que, si lo realizan, lógicamente, puedan tener acceso a esas prestaciones.

En cualquier caso, es una ley detallada y amplia de cuestiones técnicas sobre las que les informaría con más detalle si alguno de ustedes manifestara interés concreto por alguna circunstancia.

El segundo bloque de este mismo Anteproyecto de Ley intenta, como les he dicho anteriormente, garantizar el principio de igualdad en todo el territorio nacional a la hora de abordar las pensiones, tanto contributivas, como no contributivas.

Se procede a delimitar expresamente los fines y los principios en los que se basa el sistema de la Seguridad Social con la intención o en orden a consolidar más nítidamente, si cabe, el régimen público de Seguridad Social dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Española. Se trata, en suma, de establecer expresamente que cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en sus modalidades contributivas y no contributivas forma parte del sistema de la Seguridad Social.

Los objetivos básicos de esta modificación son, sin duda, reitero una vez más, garantizar el principio de igualdad en todo el territorio nacional y, por tanto, todas las pensiones serán exactamente iguales con independencia del lugar de residencia del pensionista. Con esto también se refuerza el principio de solidaridad, pues ante las mismas situaciones o la misma contribución tendrá las mismas prestaciones en igualdad de circunstancias.

Hay una cuestión no menor, que es afianzar la visión que los ciudadanos tienen de la Seguridad Social; es decir, ser garantes del sistema de la Seguridad Social. El sistema de la Seguridad Social es en estos momentos un sistema que, como pudimos analizar en la comparecencia del pasado viernes después del Consejo de Ministros, goza, afortunadamente, de muy buena salud --el viernes pasado conocía el Consejo de Ministros el Anteproyecto del Fondo de Reserva-- y se trata, precisamente, de aprovechar ese buen momento de esa envidiable salud que tiene el sistema público de pensiones para sentar las bases de esa garantía en el presente y en el futuro desde el punto de vista del sistema público de pensiones.

Saben ustedes que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó los conflictos positivos de competencias promovidos por el Gobierno de la Nación sobre decisiones de la Junta de Andalucía. Pero la propia sentencia señalaba --literalmente les leo-- que "el Estado siempre podrá adoptar, al amparo de los expresados títulos competenciales o de otros que en cada caso puedan ser de aplicación, las medidas que resulten convenientes para evitar los posibles efectos disfuncionales que pudieran producirse en dicho sistema como consecuencia de la acción normativa de las Comunidades Autónomas". Esta fundamentación jurídica de la sentencia es la que hemos desarrollado y es la que les acabo de darles cuenta a ustedes.

P.- Para el Vicepresidente. Por un lado, me gustaría saber si el Gobierno se siente realmente solo ante la crisis con Irak después del debate en el Parlamento y una vez que el PSOE parece incluso dispuesto a liderar la protesta popular.

Por otro lado, ¿podría decirse que la modificación electoral que se va a hacer en el Senado de la Ley Electoral hace inviable cualquier plan del señor Arzallus para sacar adelante su propuesta de reforma electoral en Álava?

Vicepresidente.- En relación con la segunda pregunta, lo que pasa es que es de hace quince segundos, tengo aquí un avance de una agencia de noticias que dice que PNV y Eusko Alkartasuna piden que la reforma electoral se debata después del 25 de mayo, es decir, que renuncian a que esa reforma entre en vigor antes de las elecciones que se van a celebrar el próximo 25 de mayo y que, por tanto no valdría para eso.

Yo creo que eso es una noticia objetivamente considerada buena, porque es bueno que no se hagan este tipo, y perdón por la expresión, de tropelías tres meses antes de las elecciones. Lo que pasa es que, si bien es cierto que es buena desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo no puedo decir lo mismo porque, en el fondo, PNV y EA retiran esto porque saben que no va a salir adelante, porque efectivamente las fuerzas políticas democráticas no estamos dispuestos a que se actúe de esta manera tan partidista y tan sectaria.

El Gobierno estaba estudiando la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional y, efectivamente, yo tengo conocimiento de que los partidos políticos estaban hablando para presentar una modificación a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que evitara que esto se pudiera producir, e incluso también tengo conocimiento de que la Diputación de Álava estaba estudiando la posibilidad de plantear ante la comisión arbitral un conflicto de competencias.

Por lo que vemos, parece que esto no es necesario hacerlo en este momento y, repito, esto, desde el punto de vista objetivo, es una buena noticia; desde el punto de vista de la motivación de PNV y EA es una mala noticia porque, al final, hay cosas que en un sistema democrático son difícilmente admisibles, como que para favorecer a unos determinados partidos se pretenda cambiar la Ley Electoral tres meses antes de la convocatoria de las elecciones.

En cuanto a la primera pregunta que me hace, yo le diría lo siguiente: el Gobierno va a actuar en esta materia, porque es la obligación del Gobierno, de una manera responsable. El Gobierno va a seguir luchando para que haya paz y para que no haya guerra. El Gobierno quiere que Sadam Hussein se desarme, porque el Gobierno quiere luchar, como cualquier Gobierno, contra el terrorismo y contra las armas de destrucción masiva.

Creo que la posición de España, manifestando su posición favorable a darles más tiempo a los inspectores, hemos visto que ha surtido efecto, porque los inspectores presentaron su primer informe el día 27 y ahora presentarán un nuevo informe el día 14. Y creo que también ha sido importante el que España planteara, pidiera y manifestara su posición favorable a que este asunto se volviera a plantear en el debate de una segunda Resolución. Ésa es la posición.

A partir de ahí, yo le diría lo siguiente: la opinión pública, aquí y en cualquier país, siempre manifiesta una posición igual ante acontecimientos de estas características. La opinión pública española ha estado en contra del ingreso en la OTAN, de la intervención en Irak bajo la dirección de Felipe González en el año 1991 y está en contra, si se produce, que ojalá no se produzca, de una intervención en Irak ahora. También los actores y los artistas estuvieron en contra del ingreso en la OTAN, estuvieron también en contra de la intervención en Irak en el año 1991 y están en contra, si se produce, que, insisto, ojalá no se produzca, de una intervención ahora. El Partido Socialista estuvo en contra de la OTAN cuando estaba en la oposición y a favor de la OTAN cuando estaba en el Gobierno, y en contra de una intervención en Irak cuando estaba en la oposición y a favor de una intervención en Irak cuando estaba en el Gobierno. Y la oposición actual, el Partido Popular, apoyó en su día al Gobierno de Felipe González y ahora no recibe el apoyo del PSOE.

Es decir, todo el mundo mantiene ante situaciones similares iguales criterios, salvo el Partido Socialista que cuando está en la oposición hace una cosa y cuando está en el Gobierno hace una cosa diferente. Esto es especialmente grave porque un partido de Gobierno debe actuar responsable, seria y coherentemente. Creo que no se está haciendo en esta ocasión, como no se hizo cuando tuvimos el famoso debate de la OTAN. Yo creo que esto es suficientemente conocido por la opinión pública.

Esto lleva al Partido Socialista a hacer algunas cosas que son ciertamente sorprendentes, como aprobar hoy en el Parlamento vasco con Batasuna una resolución sobre el tema de Irak que yo creo, sinceramente, que es algo ciertamente sorprendente; o le lleva a realizar manifestaciones como las que hizo en el último pleno del Congreso el señor Rodríguez Zapatero, que dijo que, haga lo que haga el Consejo de Seguridad de la ONU, él tiene una postura ya muy clara; lo cual es equivalente a decir que la ONU es un organismo que no va a servir para nada porque, si la ONU toma una decisión en el año 1991 y durante diez años Irak no hace caso a las Resoluciones de Naciones Unidas y ahora tampoco se le hace caso, entonces ya me dirá el señor Zapatero para qué sirve la ONU.

Por tanto, ésa es la situación. Insisto, nosotros vamos a actuar con responsabilidad, vamos a hacer el mayor esfuerzo del que seamos capaces para evitar que se produzca una guerra; exigimos, como exige toda la Comunidad Internacional, a Sadam Hussein el desarme --no olvidemos que Sadam Hussein ha matado, utilizando armas químicas, a muchos miles de personas; éste es un hecho objetivo que creo que no debemos olvidar-- y nos gustaría que hiciera de una vez caso a los requerimientos que le ha hecho por unanimidad el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Lo que lidere el Partido Socialista nos es igual. Nos gustaría que la oposición actuara con un poco más de responsabilidad, porque creo que han demostrado que en el Gobierno han hecho una cosa y en la oposición hacen lo contrario, mientras que la opinión pública, y me he referido incluso a actores, y el Partido Popular hacen lo mismo en un sitio que en otro. Ése es un dato que creo que debe ser valorado y que no debemos echar en saco roto.

P.- Al Ministro de Trabajo. Con esta Ley referida a las pensiones no contributivas, ¿cómo se puede impedir o prohibir que las Comunidades Autónomas den lo que son ayudas complementarias, que no modifican el monto de la pensión en todo el territorio?

Otra cosa. Usted dijo que no hablará de modificar el cálculo a las futuras pensiones si los sindicatos no quieren. Si los sindicatos no quieren, ¿el Gobierno piensa revisar este año ese cálculo de las pensiones futuras?

Sr. Zaplana.- Empiezo por la segunda cuestión, si usted me lo permite, diciéndole que ese tema ya está cerrado. Se lo digo así de claro porque es que lo he venido reiterando con más o menos brillantez y claridad en estos últimos días, pero he dicho siempre lo mismo. Como es un argumento reiterativo, pues está cerrado, cerrado definitivamente. No se trata. Está cerrado absolutamente; olvidado. Porque hay algunos que se empeñan todos los días en sacar esta cuestión y, como se empeñan permanentemente en sacar esta cuestión, yo soy absolutamente consecuente con todas mis declaraciones desde el principio. Siempre hemos dicho lo mismo. Por tanto, tema zanjado; por lo menos por mi parte.

Nosotros no vamos a impedir ni está en nuestro ánimo que, desde el punto de vista de la asistencia social y de la acción social, las Comunidades Autónomas tomen las decisiones que estimen oportunas y convenientes. Están en su perfecto derecho y, por tanto, a ellas corresponde tomar determinadas decisiones.

Nosotros lo que queríamos dejar absolutamente claro era la unidad y la igualdad del sistema público de pensiones. Las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, serán exactamente iguales en todo el territorio nacional: el principio de igualdad por encima de todo. En cuanto a la prestación económica, en cuanto a la pensión, no puede un señor o una señora cobrar más o menos en función del territorio donde viva, y lo que hemos hecho ha sido establecerlo con la mayor claridad posible, desarrollando principios constitucionales sobre los que no tenemos ninguna duda.

Le voy a dar algún dato de forma breve. La Ley 26/1990 --por tanto, por la fecha, como es lógico, aprobada con Gobiernos anteriores-- regulaba las denominadas pensiones no contributivas y establecía literalmente en su exposición de motivos que "la cuantía de ambas pensiones es uniforme y se fijará en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado". Y posteriormente la propia exposición de motivos decía: "una regulación unitaria de las distintas acciones de los poderes públicos para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones a favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos económicos propios suficientes para su subsistencia". Y sabido es que las pensiones han crecido de forma importante en los últimos años por encima del IPC.

Pero le cito también, y con esto concluyo, y creo que contesto a su pregunta, un dato que a mí me parece relevante, y es que los representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, junto con los restantes miembros de la Administración, emitieron un comunicado el 3 de marzo de 1999 en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Social de 1997. Se establecía, respecto de las pensiones no contributivas, lo siguiente, y en este caso leo literal también: "asimismo, desean expresar su firme convencimiento, basado en la legalidad vigente, de que las pensiones no contributivas forman parte indisoluble de lo que se denomina Sistema de Seguridad Social, formando parte y estando incluidas dentro del ámbito de la cobertura protectora que éste dispensa. Y precisamente por estar incardinadas dentro del Sistema de Seguridad Social, por tener naturaleza de pensiones de Seguridad Social, su regulación, incluida la determinación de su cuantía, corresponde en exclusiva a las Cortes Generales, con la finalidad de preservar la unidad del sistema y el mantenimiento de un régimen público único y unitario de la Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice, al tiempo, la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social".

Quiero decir que aquí siempre hemos estado de acuerdo, que la idea ha sido siempre la misma, y yo me alegro de que algunos lo hayan expresado de forma clara y pública, como los responsables de Comisiones Obreras o incluso ayer el Presidente de una Comunidad Autónoma del Partido Socialista.

P.- Una pregunta para el Ministro de Trabajo. Este Anteproyecto ¿también afecta a las bonificaciones que realizan las Comunidades Autónomas para el empleo, porque también son cuotas del sistema de Seguridad Social?

Sr. Zaplana.- Para nada. En este momento nosotros estamos regulando el sistema de pensiones, las prestaciones económicas, la pensión tanto contributiva como no contributiva que recibe una persona. Lo que estamos estableciendo es que eso tiene que ser necesariamente igual en todo el territorio nacional. Lo que está en juego --parece ahora una anécdota y a lo mejor ahora pasa más desapercibido por la fortaleza del sistema público de pensiones-- es la esencia del propio sistema. Hoy el sistema no tiene ningún problema, no solamente de presente sino desde el punto de vista de su viabilidad futura. Ya le citaba que constituíamos el viernes pasado el Fondo de Reserva para eventualidades que, de producirse, se producirán en un plazo muy largo de tiempo.

Pero precisamente por eso, cuando las pensiones están creciendo, cuando las pensiones están creciendo más que nunca habían crecido, cuando el sistema tiene una viabilidad absoluta, es cuando hay que evitar que se pueda jugar con el propio sistema desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de las decisiones que se pueden tomar en un momento determinado.

Esto será compatible con las decisiones de acción social que quieran tomar los Gobiernos autónomos, que tienen sus competencias y sus posibilidades. Pero nosotros estamos especialmente preocupados en garantizar la viabilidad futura del sistema y la viabilidad futura del sistema pasa, entre otras cuestiones, por defender por encima de todo el principio de igualdad para definir el sistema. Todos, absolutamente todos, los ciudadanos que sean perceptores de retribuciones públicas de pensiones tendrán garantizada la misma pensión vivan donde vivan.

P.- Para el Ministro de Trabajo. Usted ha sido muy tajante al decir que estaba cerrado el tema de ampliar el cómputo de años para calcular la pensión. Yo quería saber si ha hablado con los firmantes del acuerdo de pensiones, CEOE y Comisiones Obreras, para cerrar este asunto o si ha sido una decisión unilateral del Gobierno porque, de ser así, sería un incumplimiento de este acuerdo.

Sr. Zaplana.- Yo le contesto encantado y, además, le hago las aclaraciones que usted estime oportunas; pero lo que no me gustaría es que después pudiéramos agarrarnos a cualquier tipo de interpretación que yo le haga en estos momentos en el desarrollo de la contestación para poder abrir un escenario que está cerrado. Perdonen que lo haga con tanta insistencia pero, como lo he intentado hacer durante los tres últimos días y se ha vuelto a interpretar de forma distinta, que quede claro.

Dicho que está cerrado esa cuestión, ahora le explico. Sabe usted que en el primer Pacto de Pensiones se acordó con UGT y con Comisiones Obreras ampliar el cómputo de ocho a quince años, y sabe usted que eso ha dado unos resultados que son de todos conocidos. Y sabe que el segundo acuerdo no lo firma UGT, lo firma Comisiones Obreras, lo firma la patronal y lo firma el Gobierno, y sabe que se establece la posibilidad de hablar de esta cuestión en el año 2003.

Ése es el marco en el que nos movemos y alguien ha querido sacar y poner encima de la mesa este debate, que no ha sido el Gobierno, que no ha sido el Ministerio de Trabajo, permanentemente para abrir polémica sobre una cuestión que no la tiene. Están permanentemente aireando esta cuestión. Si los agentes sociales algún día creen que es que eso es importante abordarlo, nos lo dicen y encantados. ¿El Gobierno? Mientras, tema cerrado y no se encontrará, para dejar las cosas claras, ni una sola declaración o referencia de ningún responsable del Ministerio, y especialmente mía, que no vaya en esta dirección en la que yo me estoy pronunciando y manifestando en estos momentos.

He concedido entrevistas recientemente, he hecho declaraciones y todas han ido en la misma dirección, y no sé por qué se reitera permanentemente un asunto que, desde luego, desde nuestro punto de vista, salvo que los agentes sociales quisieran, está cerrado.

P.- Una pregunta para el Ministro de Trabajo y otra para el Vicepresidente.

En el Anteproyecto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿qué está contemplado en el caso de que alguna Comunidad Autónoma incumpla este principio de igualdad?

También parece ser que en el Pacto de Toledo se ha creado una pequeña polémica. ¿Puede el Gobierno adoptar esta serie de medidas, ya sean técnicas o la medida de igualdad, sin previo consenso o previo debate con ellos?

Al Vicepresidente quería preguntarle si el Gobierno tiene pensado presentar algún recurso contra la Ley de Cajas y si esta presentación de recurso supondría que se parara su ejecución.

Sr. Zaplana.- Cuando se presente y esté aprobada la Ley alguna decisión, y que la conozcamos, de las Comunidades Autónomas, entonces será cuando tengamos que resolver. Habrá que esperar a ver si las Comunidades Autónomas, una vez que esté aprobada esta Ley, toman alguna decisión que el Gobierno considere que puede ser recurrible. Hasta que no se produzca ese supuesto, lógicamente no le puedo contestar.

En segundo lugar, estoy encantado de poder comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo y a requerimiento de los Grupos Parlamentarios cuando quieran. Desde luego, para nada se han vulnerado ni el espíritu ni los acuerdos; es más, lo que se está haciendo es el desarrollo de esos propios acuerdos. Saben ustedes perfectamente que la Ley del Fondo de Reserva está prevista en los propios acuerdos y lo que hace el Gobierno en estos momentos es desarrollar los acuerdos.

Pero, y con esto concluyo, fíjese usted de dónde surgen las polémicas normalmente, porque no está surgiendo la inmensa mayoría de ellas, al margen de algunas puntuales que se pueden producir, de los agentes sociales ni de los sindicatos; están surgiendo de formaciones políticas. Si repasamos los teletipos de ayer, de antes de ayer y de hoy, veremos que son las formaciones políticas, probablemente, porque no estén contentas con el nuevo escenario, porque no estén muy cómodas con que estemos hablando de estas cuestiones y, sobre todo, que no estén muy cómodas con un excelente clima de relación desde el punto de vista del diálogo social, con el que no contaban.

Vicepresidente.- Yo ya le he dicho antes que el Consejo ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra la disposición quinta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 21 de diciembre por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. En concreto, efectivamente, la disposición quinta hace referencia a la regulación de las normas básicas sobre los órganos rectores de las cajas de ahorro.

En este marco el Gobierno entiende, en primer lugar, que la pauta andaluza se aparta deliberadamente de las circunstancias de hecho que determina la aplicación de la norma básica estatal con el único fin de dificultar su aplicación, y, en segundo lugar, que el precepto andaluz altera la base estatal al exigir que, junto a la voluntad de la propia caja de ahorros, se manifieste también la voluntad de otras personas físicas o jurídicas distintas, que son las entidades fundadoras, que, como usted sabe, no aparecen contempladas en la legislación básica estatal.

Ésta es la norma que se recurre y, efectivamente, responde a la pregunta que usted hace.

P.- ¿Pero ustedes piden la suspensión?

Vicepresidente.- Sí, nosotros pediremos la suspensión y será el Tribunal Constitucional, lógicamente, el que lo decida. Normalmente suele hacerlo.

P.- Vicepresidente, yo quería saber si el Gobierno ha comprado dosis de vacunas contra la viruela; si es así, en qué cantidad; si es así, qué organismo científico se hace cargo de estas vacunas.

Con respecto a la nueva Resolución de Naciones Unidas, el Presidente del Gobierno ha repetido en los últimos días que en esa Resolución se debería recoger un plazo breve y definitivo a Irak para su desarme. En el caso de que el día 14 los inspectores pidan no un plazo breve, sino más tiempo, ¿cuál será la posición del Gobierno español en el Consejo de Seguridad?

Vicepresidente.- En cuanto a la posición de España sobre el tiempo que se le debe dar a los inspectores de Naciones Unidas, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el día 14 se va a producir el segundo informe de los inspectores y el día 15 se producirá una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sobre este asunto me gustaría hacerle, y hacerlo con la brevedad debida, una breve explicación. No olvidemos que ya en el año 1991, cuando se aprobó la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tanto nos ha ocupado a lo largo de estos días, por una parte, se declaraba un alto el fuego por parte de la coalición internacional y, por otra parte, se exigía a Irak que procediese a la destrucción de sus armas de destrucción masiva. Durante doce años Irak violó de manera continuada las Resoluciones de Naciones Unidas, porque luego hubo nueve en esa misma dirección, nueve Resoluciones exigiendo lo mismo, y al final se aprobó, a finales del pasado año como es sabido, la Resolución 1.441 donde se dice textualmente que es la última oportunidad que se le da al régimen de Irak para que cumpla una Resolución cuyo origen ya está en el año 1991.

A partir de ahí, de los inspectores sólo tenemos un informe que es el informe que presentaron el día 27 del pasado mes de enero y las líneas esenciales del informe se resumen en frases del señor Blix. Dice Blix que la declaración de más de doce mil páginas presentada por Irak no parece contener ninguna nueva prueba que elimine las preguntas a contestar o reduzca su número el número de esas preguntas, y luego dice que Irak parece incluso, al día de hoy, no aceptar de manera genuina el proceso de desarme que se le exigía y que necesita llevar a cabo al objeto de lograr la confianza de la Comunidad Internacional y poder vivir en paz.

Esto es lo que dijeron los inspectores el día 27. España entonces se mostró partidaria, y lo hizo dentro de la Unión Europea --precisamente esa misma semana se celebró una reunión del Consejo de Asuntos Generales, de los Ministros de Asuntos Exteriores--, de darles más tiempo a los inspectores. Pero no olvidemos una cosa: darles más tiempo a los inspectores no es en realidad darles más tiempo a los inspectores, sino que es darle plazo a Irak simplemente para que cambie de actitud y ayude a los inspectores a resolver las preguntas que se le han hecho.

Nosotros estamos a la espera del nuevo informe --yo creo que era hoy cuando los inspectores partían para Irak-- que harán el próximo día 14. A partir de ahí, veremos qué es lo que nos dicen los inspectores. Pero aquí el problema no es un problema de plazo, pues yo creo que la Comunidad Internacional ha dado plazo suficiente durante muchos años, ha aprobado en noviembre la Resolución 1.441 y ahora ha vuelto a dar un nuevo plazo; el problema es que Sadam Hussein cambie de actitud, sea claro y explique lo que se le pide por parte de los inspectores de la ONU, es decir, donde están los 8.000 litros de ántrax, donde están todos los cohetes, que además se establecen en su número exacto y que el otro día leyó el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Por tanto, no podemos tener un deseo mayor que que Sadam Hussein cumpla por dos razones: primero, porque esto evita problemas a todos y evita la intervención y, en segundo lugar, porque eso supondrá que Sadam Hussein deje de ser un peligro, porque ya no tendrá armas de destrucción masiva y, al mismo tiempo, deje de ser un peligro también a efectos del terrorismo. Éste es el deseo nuestro y es por lo que estamos batallando y vamos a seguir haciéndolo en el futuro.

En relación con la primera pregunta, la de las vacunas contra la viruela, efectivamente, España ha adquirido dos millones de vacunas de viruelas en previsión de un ataque bioterrorista con este virus infeccioso; en previsión, no vayamos a sacar de estas palabras unas conclusiones que no se van a producir, en previsión, como tengo que decir han hecho otros muchos países, fundamentalmente, todos los países de la Unión Europea.

La compra la han realizado conjuntamente Sanidad y Defensa, el coste de la operación asciende a 5,8 millones de euros y la enfermedad se considera, como ustedes también saben, erradicada desde el año 1980; pero hay una sospecha en la Comunidad Internacional de que, tanto Irak, como otros países podrían conservar ilegalmente cepas de este virus. Nosotros hacemos esta compra, como he dicho, como medida preventiva y las dosis compradas se encuentran en los laboratorios donde han sido compradas, que es fuera de España, puesto que su almacenamiento es ciertamente complicado.

Tengo que decir que hay también otros países, como Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania y Japón, que precisamente por esa razón han hecho las adquisiciones a que acabo de hacer referencia. Repito, hemos adquirido dos millones de vacunas.

Éste es un dato ciertamente importante y es el que también nos debe mover a la reflexión de que debemos hacer un esfuerzo para luchar contra aquellos países que poseen armas de destrucción masiva y que prestan su apoyo al terrorismo. Esto es muy importante y yo creo que todos debemos ser conscientes de que es así. No lo dice sólo el Gobierno de España o el Portavoz de este Gobierno, es que esto es algo que lleva sosteniendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la última vez en la Resolución 1.441 en noviembre, cuando los quince del Consejo le exigieron a Irak que eliminase sus armas de destrucción masiva. Por tanto, son dos temas íntimamente unidos el uno con el otro.

P.- Yo quería plantearle tres cuestiones al Ministro de Trabajo. Ha dicho usted antes que el Gobierno no va a impedir que, desde el punto de vista asistencial o de asistencia social, las Comunidades Autónomas tomen las decisiones que consideren oportunas. De esa afirmación yo interpreto una cuestión, y quiero que me aclare si es buena o es mala la interpretación que yo saco, que es que pagas como la de Andalucía de elevar en 72 euros una media las pensiones no contributivas una sola vez como han hecho este mes de enero se podrían seguir haciendo. No sé si esto es así.

En segundo lugar, hoy, el Consejero de Bienestar Social del Gobierno navarro ha asegurado que ellos van a seguir complementando hasta el Salario Mínimo Interprofesional determinadas pensiones de viudedad a través del marco fiscal que ellos tienen, mediante reducciones en la cuota del IRPF. Quería también saber si, una vez que este Anteproyecto se convierta en Ley, se podría seguir haciendo esta política.

En tercer lugar, y aprovechando su presencia, quería conocer una valoración del Gobierno de los datos de la EPA hechos públicos hoy, que sitúan la cifra en el peor dato desde el año 1994, en términos de incremento de paro, si lo datos del INE no nos fallan.

Sr. Zaplana.- Sobre las dos primeras preguntas, efectivamente no se podrán bajo ningún concepto elevar pensiones no contributivas. Las ayudas asistenciales tendrán que tener otro concepto distinto; en ningún caso, elevar las pensiones. Yo creo que la Ley lo deja claro y, si a eso añadimos que incluso las organizaciones sindicales, como el comunicado que le acabo de leer hace un momento, están de acuerdo y, ya digo, incluso voces del propio Partido Socialista, confío en que esto no tenga que generar más polémica en el futuro. Desde luego, desde que se apruebe la Ley, el Gobierno estudiará si se producen estas decisiones y actuará en consecuencia, y actuará en consecuencia en este caso con una normativa legal absolutamente clara, que es la que hemos conocido hoy en Consejo de Ministros, la que vamos a tramitar y la que aprobaremos.

Después quería decirle que discrepo de su inicial afirmación a la hora de valorar los datos de la Encuesta de Población Activa, que efectivamente hemos conocido hoy, que hacen referencia al cuarto trimestre del año pasado, del ejercicio de 2002, y que confirman todo lo contrario desde mi punto de vista: confirman la evolución tremendamente positiva del mercado de trabajo y esa evolución positiva se nota todavía mucho más si la comparamos con la evolución que están teniendo el resto de países de la Unión Europea; pero no solamente en este trimestre que acabamos de conocer, sino también en todo el año, porque se ha obtenido un incremento máximo de actividad en nuestro país.

Se ha creado empleo, se sigue creando empleo. Conocían ustedes los datos, y yo mismo a través de las noticias que se publicaban, de Alemania, por ejemplo, y conocemos los de otros países de la Unión Europea. Sin embargo, nosotros aquí estamos creando empleo; estamos creando, según estos mismos datos del cuarto trimestre de 2002 de la EPA, empleo de calidad, empleo indefinido y, fundamentalmente y de forma mayoritaria, empleo para las mujeres.

Los datos concretos son que en el cuarto trimestre del año 2002 se han incorporado al mercado de trabajo 32.500 personas en relación con el trimestre anterior; en el trimestre anterior se habían creado 20.400 nuevos empleos y durante todo el año se han creado 256.200 empleos; el número de asalariados con contratos indefinidos ha crecido durante el trimestre anterior, según los datos que hemos conocido, en 65.000 y a lo largo de todo el año en 357.100, y el crecimiento del empleo femenino, que es donde sabe que reside el problema fundamental del desempleo en nuestro país, ha sido tres veces mayor que el masculino: durante el pasado año 200.500 puestos de trabajo creados para mujeres.

¿Qué pasa? Que la población activa, lógicamente, también se ha incrementado a máximos históricos y, por tanto, lógicamente, no todas las personas que se han incorporado a la población activa han encontrado trabajo. Eso es verdad, pero los datos son francamente positivos. El empleo está creciendo en España el 2 por 100 y en el conjunto de la zona euro 0,6 por 100, con algunos países destruyendo empleo en estos momentos.

Cuando las economías --permítanme la expresión y no es exageración-- de todo el planeta, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Japón, incluyendo todos los países europeos, tienen serias dificultades, muy importantes dificultades, y algunas están destruyendo claramente el empleo --Alemania sobrepasaba los cuatro millones seiscientos mil parados--, que en España se estén creando los empleos que se están creando en éste último trimestre según EPA, 32.500, superiores a los del trimestre anterior, es una excelente noticia tal y como lo vemos nosotros en este panorama de incertidumbre en el que, desde el punto de vista económico, vivimos en estos momentos.

Eso lo confirman también los datos que avanzábamos ayer de afiliación a la Seguridad Social. Ése es un dato objetivo que, probablemente, muchas veces no se resalte lo suficiente pero, desde luego, es difícil discutirlo desde el punto de vista de su objetividad: el mejor enero de los últimos cinco años, el mejor. Luego, si nos atenemos al dato de la afiliación de enero o al paro de enero, que, aun siendo un paro elevado, es muy inferior a los de los eneros anteriores, las cosas mejoran en vez de empeorar, todo lo contrario de lo que algunos nos habían pronosticado.

P.- Dos preguntas para el Vicepresidente sobre la crisis de Irak. Primero, quería saber si en las conversaciones del Gobierno español con el Gobierno norteamericano ha habido en algún momento el apunte de qué peticiones de colaboración podría haber de alguien en caso de invasión. En concreto, me refiero a si Estados Unidos ha mostrado interés en que un batallón español antiguerra química situado en Valencia pueda ser aportado por España en el conflicto.

En segundo lugar, le preguntaban antes por la soledad del Gobierno en el debate político en este momento sobre la guerra o sobre la posible guerra de Irak. Yo quería saber si el Gobierno intenta evitar esa soledad votando alguna de las mociones que va haber en el Congreso el martes sobre el conflicto, donde hay una del PSOE, otra de Izquierda Unida y la de Convergencia i Unió. En concreto, le pregunto a usted, que parece el encargado de hablar con los nacionalistas catalanes, en qué punto se encuentran sus conversaciones y si, finalmente, el Partido Popular votaría esa Resolución u otra de Convergencia i Unió.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, a una pregunta parecida respondí hace siete días y quiero decir que por parte de Estados Unidos no hay ninguna petición que esté fuera del vigente Convenio para la Cooperación y para la Defensa entre el Reino de España y Estados Unidos. Del batallón al que usted hace referencia no se ha hablado en ninguna conversación ni hay ninguna petición en ese sentido.

En cuanto al segundo asunto, a nosotros, lógicamente, nos gustaría que el objetivo para que el que estamos trabajando fuera compartido por el mayor número de grupos políticos y también por el mayor número de países. Piense usted que nosotros estamos trabajando para algo que todos quieren, que es que se produzca el desarme de Irak por razones de defensa frente a un país potencial colaborador y colaborador de hecho, como ha quedado acreditado en numerosas ocasiones, de grupos terroristas y frente a un país que utiliza, porque las ha utilizado, armas de destrucción masiva.

A partir de ahí, estamos presionando a Naciones Unidas todo lo que podemos y nos gustaría, efectivamente. Yo he visto en los últimos días, por parte de algunos dirigentes de la fuerza política a la que usted se refiere, algunas declaraciones bastantes razonables y yo no sé si será posible o no llegar a un acuerdo; pero, en cualquier caso, el Gobierno tiene que actuar con seriedad, con equilibrio, con responsabilidad y manteniendo la coherencia que nosotros hemos mantenido en relación con este asunto siempre que se han planteado circunstancias de estas características. Lo hemos hecho, lo señalé antes, con ocasión de la intervención en Irak en el año 1991 y, por tanto, lo vamos a hacer ahora.

Ya le digo, trabajamos por la paz, por una segunda Resolución. Ojalá Sadam Hussein se desarme y yo espero que haya una oportunidad de que haya grupos políticos que entiendan que eso es así. Es evidente que otros no lo van a entender, porque ya han demostrado que hacen una cosa en la oposición y otra en el Gobierno; pero, a partir de ahí, lógicamente nosotros estamos abiertos a hablar con quien quiera hacerlo con nosotros.

P.- En primer lugar, quería pedirle al Vicepresidente Rajoy, en aras de la máxima transparencia informativa y para evitar alarmismos innecesarios, que nos detalle si el conflicto venidero con Irak ha obligado al Gobierno a realizar cualquier otro tipo de inversiones en previsión de ataques bioterroristas en España.

Respecto a la pregunta que acaba de responder le pediría una valoración un poco más a fondo de la actitud aparentemente equidistante que mantiene Convergència i Unió, puesto que, a la vez que critica el electoralismo del PSOE en este asunto de la guerra, envía a su portavoz en Madrid a la manifestación por la guerra del próximo día 15. Me gustaría saber qué valoración hace el Gobierno y si confía en contar con su complicidad en este asunto.

Y para el Ministro de Justicia. A la luz de las conversaciones que ha mantenido el Gobierno con el PSOE, ¿ve factible alcanzar en el seno del Pacto Antiterrorista un acuerdo respecto al Proyecto de Ley aprobado? ¿Las modificaciones técnicas a las que ha aludido y que se podrían introducir en el texto podrían afectar a los capítulos referidos a la reinserción de los presos de ETA?

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, es decir, si hemos hecho más inversiones de las que antes he citado, que yo tenga conocimiento no; es decir, sobre yo que yo tengo conocimiento, hemos adquirido dos millones de vacunas de viruela para hacer frente a un ataque bioterrorista con este virus infeccioso, a un ataque en el supuesto de que se produzca, como es natural.

Insisto, tratemos esto con la precaución debida. Que yo tenga conocimiento... Es decir, no sé si algún Ministerio ha tomado alguna otra decisión; pero, desde luego, si la ha tomado, no es decisión de la que yo sea conocedor y, por tanto, no será una decisión importante.

En relación con la postura de Convergència i Unió, si es equidistante o no, no tengo nada que afirmar. Yo respeto aquí las decisiones de todos los partidos, comento lo que creo que debo comentar, Izquierda Unida ha dicho lo mismo siempre y en cualquier oportunidad; el PSOE dice una cosa en el Gobierno y otra en la oposición, y no tengo ningún comentario que hacer sobre la posición de Convergència i Unió.

Sr. Michavila.- En relación con la pregunta que me hace, como he dicho antes, el texto que el Consejo de Ministros ha remitido hoy al Parlamento convierte en Proyecto de Ley un texto que el Gobierno, que el Ministro de Justicia, habló con todos los Grupos Parlamentarios y con el Partido Socialista. No cuando es Proyecto de Ley, ni siquiera cuando era Anteproyecto de Ley, ni siquiera cuando era borrador de Anteproyecto de Ley, sino antes de que fuera borrador de Anteproyecto de Ley el Gobierno convocó a todos los Grupos Parlamentarios para hablar de esta iniciativa.

El Gobierno lo hizo porque cree que ésta es una iniciativa muy importante para fortalecer nuestra democracia en la lucha contra el terrorismo. Igual que lo han venido siendo otras iniciativas para acabar con la impunidad de los terroristas que asesinan en España, cruzan la frontera y se pretendían refugiar en Francia; igual que otra iniciativa para acabar con la impunidad de los terroristas que usan un partido político como instrumento del terrorismo, ésta es otra iniciativa en la línea de fortalecer nuestra democracia y por eso hemos hablado con todos los Grupos Parlamentarios.

Ahora se remite el texto al Parlamento y yo he venido manteniendo estos días reuniones con los Grupos Parlamentarios. Singularmente he mantenido reuniones también con el Partido Socialista, con quien el Partido Socialista ha designado, con Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar, para hablar de este texto en la idea muy clara de que el texto se hace desde el sentido común, el texto se hace desde el respeto a la Constitución y el texto se hace para fortalecer la democracia, para hacer que no sea España el país de la Unión Europea en el que más barato salga ser terrorista.

La Fiscalía General y el Consejo General del Poder Judicial han respaldado y avalado el texto. Lo han avalado en todo lo que supone el que los terroristas sepan que sus asesinos van a cumplir las condenas, que los terroristas sepan que se amplía a cuarenta años el período de prisión, que los terroristas sepan que no se puede tener ningún tipo de privilegio penitenciario y que los terroristas sepan que el cómputo de los beneficios será sobre la pena realmente impuesta, que es un tema esencial de la reforma y también avalado por los informes que se han recibido.

A partir de ahí, yo vengo manteniendo un diálogo constructivo con los Grupos Parlamentarios, y lo que yo espero y deseo es que este texto reciba el mayor apoyo parlamentario posible. Desde luego, creo que, cuando las reformas se hacen desde el sentido común y desde el escrupuloso respeto a la Constitución, es muy fácil apoyarlas y por eso estoy convencido de que encontraremos un amplísimo apoyo a esta iniciativa.

P.- Quería preguntar al Vicepresidente, insistiendo en una cuestión anterior, si, aunque no haya petición expresa de Estados Unidos, el Gobierno está dispuesto o descarta contribuir con tropas a un futuro posible ataque a Irak, sea esta unidad de Valencia o sea otra.

Por otro lado, ¿podría valorar la moción aprobada en el Parlamento vasco en contra de la posición de España en el conflicto?

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, yo tengo que decir que no se pueden adelantar acontecimientos. Es verdad que España participó en la anterior intervención en Irak en el año 1991 con medios militares. El Gobierno en aquella ocasión mandó medios militares, pero créame usted que nosotros estamos trabajando para que no sea necesaria una intervención en Irak. Por tanto, hasta el momento presente nadie nos ha pedido nada y, por tanto, nosotros no hemos hecho ningún planteamiento en ese sentido. Nosotros estamos trabajando para eso. Recuerdo que en el año 1991 el Gobierno sí lo hizo a nosotros no nos gustaría tener que hacerlo, porque no nos gustaría el que se produjesen esa intervención.

En esa situación estamos en este momento y tengo que decir que nada se nos ha demandado en ese sentido.

En relación con el segundo asunto, la decisión que ha adoptado el Parlamento vasco es una decisión que nosotros no compartimos. Nosotros no la compartimos porque estamos manteniendo una posición que es la que ustedes conocen y que creo que no hace al caso que estemos reiterando de manera continuada. Nosotros vamos a apostar para que termine de una vez la relación de Irak con el terrorismo y para que elimine sus armas de destrucción masiva, y, al tiempo, estamos apostando para que esto se haga de forma pacífica.

Sin embargo, sí tiene una cierta relevancia el que, al final, en el Parlamento vasco voten conjuntamente PNV, Eusko Alkartasuna, Batasuna, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Esas cinco fuerzas políticas han mantenido un criterio de forma conjunta, han votado lo mismo y eso creo que sería importante y un elemento, sin duda alguna, para la reflexión futura, máxime cuando en el Parlamento vasco no se han votado otras muchas cosas en otras ocasiones como todos ustedes conocen.

P.- Al Ministro de Justicia. Por lo que usted acaba de contestar, quería preguntarle si, finalmente, entonces no se va a acoger en el proyecto ninguna de las sugerencias hechas desde el Consejo General del Poder Judicial para abrir vías de reinserción a condenados por terrorismo que no incluye el Anteproyecto.

Sr. Michavila.- El texto que hemos remitido hoy al Parlamento es el mismo texto que se aprobó el día 3. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía avalan el texto y hay un extremo al que usted se refiere. Yo le quiero decir una cosa muy clara: el texto va a establecer y va a seguir manteniendo el que el cómputo sea el del tiempo realmente impuesto.

En este momento sabe usted que la legislación establece un límite para el cómputo de las penas, de tal manera que a un terrorista condenado a cincuenta o cien años de cárcel les sale gratis el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto asesinato. Eso es lo que con esta Ley se va a acabar. No tiene ningún sentido que con el problema de terrorismo que tenemos en España al asesino le salga gratis el segundo, el tercero o el cuarto asesinato.

En eso está de acuerdo también el Consejo General del Poder Judicial y en ese aspecto también está de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial en que no se puede hacer a un terrorista de mejor condición que a cualquier otro delincuente. A un delincuente que es un asesino y un violador por el hecho que diga que no va a violar o a asesinar no se le saca de la cárcel, no lo entendería nadie, y, sin embargo, hoy nuestra legislación permite que a un terrorista asesino, por el hecho de que diga que no quiere volver a ser terrorista, de manera ingenua se le saque de la cárcel. Eso es lo que se va a acabar también con esta Ley y esto es lo que la Ley y el Consejo General del Poder Judicial permiten que ocurra.

Queremos que, en caso de que se apliquen políticas de reinserción, se haga sin ingenuidad, se haga garantizando lo que la Unión Europea el 13 de junio acordó por unanimidad. Es una decisión muy reciente, es una decisión de todos los países de la Unión Europea y en ese sentido es en el que se puede hacer algún matiz técnico por parte del texto de la Ley.

Insisto en que la reforma es una reforma de sentido común, es una reforma que respeta a la Constitución en sus ejes fundamentales. Yo diría que en el 99 por 100 del texto todo está avalado por los informes recibidos y hay algunos aspectos que es bueno hablarlos, y yo también creo que incluso en el seno de la Comisión del Pacto Antiterrorista se podría cerrar perfectamente en la próxima semana un acuerdo para garantizar la eficacia de la Ley, que es lo que las fuerzas democráticas queremos: garantizar la eficacia de una ley dirigida a que los terroristas sepan que en España las condenas, cuando se ponen, se cumplen; dirigida a ampliar el tiempo de prisión y dirigida a que un terrorista indemnice con su patrimonio y presente futuro a las víctimas de los gravísimos daños que el terrorismo causa desgraciadamente en nuestro país.

P.- Al Ministro de Trabajo. Quería saber si tendrá efecto retroactivo la Ley; es decir, ¿qué va a pasar con los complementos de pensiones que están ya aprobados en alguna Comunidad Autónoma?

Sr. Zaplana.- La Ley, lógicamente, entrará en vigor cuando esté aprobada y, por tanto, se someterán a ella las situaciones futuras una vez que esté aprobada la Ley.

P.- Al Ministro de Justicia. No es por insistir, pero quería saber simplemente si cabe la posibilidad de que se suavicen las medidas de reinserción para los presos terroristas.

Sr. Michavila.- El Gobierno nunca ha negado la posibilidad de que quepa la reinserción. Lo que hemos dicho, y es lo que dice el texto de la Ley, es que no caben políticas ingenuas de reinserción y no cabe que salga igual cometer un acto de terrorismo de violencia callejera que cometer un asesinato. Y no es lo mismo que se cometa un asesinato y que salgan gratis el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, asesinato. Eso es lo que no tiene ningún sentido en ninguna democracia ni en ningún ordenamiento penal, y ésa es la reforma que hemos impulsado y en esos ejes se va a mantener.

Ahora, sobre algún matiz técnico como se puede sugerir en relación con los elementos para definir como coopera activamente, por ejemplo, un terrorista con la democracia, en la línea de la Decisión-marco de la Unión Europea, ahí es donde estamos abiertos al diálogo. Por eso precisamente, para estar abiertos al diálogo, es por lo que he mandado el texto en los mismos términos en los que se aprobó el día 3 para no introducir unilateralmente ninguna reforma que impida que haya acuerdos con los Grupos Parlamentarios con los que hasta ahora vengo hablando en un diálogo que espero que finalice con un acuerdo y en un diálogo que, hasta la fecha de hoy, es un diálogo constructivo y que, además, está en garantizar que la Ley sea lo más eficaz posible en la lucha contra el terrorismo. Ése es el propósito de la iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno.

Esta Ley es fruto de un compromiso político y electoral del Partido Popular con los electores; pero yo espero también que esta Ley acabe siendo fruto de un acuerdo parlamentario muy amplio, en el cual nuestra democracia y nuestras fuerzas democráticas hoy son muy conscientes de que hay que utilizar toda la Constitución, sólo la Constitución, pero toda la Constitución, para acabar de doblar el pulso de una vez a ETA.

ETA está hoy más débil que nunca. ETA hará lo único que sabe hacer cuando puede, que es asesinar y matar. Nuestra obligación es seguir impulsando leyes para asfixiar a ETA, para acabar con todos los espacios de impunidad que tiene ETA, y un espacio de impunidad que tiene hoy ETA es que sus asesinos sean condenados y luego no cumplan las condenas.

Vicepresidente.- Muchas gracias.