Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de hoy remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos. La nueva normativa flexibilizará el régimen de este tipo de arrendamientos favoreciendo la movilidad de la tierra y la modernización de las explotaciones agrarias. Sobre las principales novedades contempladas en el Proyecto de Ley les informará a continuación el Ministro de Agricultura.

En otro orden de cosas, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se incrementan los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Este Real Decreto clasifica las instalaciones implicadas en casos o brotes de enfermedad en función de la mayor o menor probabilidad de dispersión y proliferación de la legionela, y establece un nuevo protocolo para los sistemas de agua climatizada. El Ministerio de Sanidad llevará a cabo paralelamente la puesta en marcha de las medidas acordadas hoy por el Consejo una campaña informativa dirigida a los titulares de las instalaciones de riesgo en colaboración con las Comunidades Autónomas.

El Consejo ha dado luz verde al acuerdo por el que se amplía la cuantía del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una nueva dotación de 1.200 millones de euros. Esta dotación adicional eleva la cuantía del Fondo hasta los 8.669 millones de euros, más de 1,4 billones de las antiguas pesetas, el equivalente a más de dos mensualidades de la nómina de pensiones. Esta cuantía supera ampliamente el objetivo fijado en el Acuerdo de Pensiones hasta el año 2004, que era, como ustedes conocen, de 6.000 millones de euros. En lo que va de año se han realizado dotaciones al Fondo, incluida la acordada hoy, por importe de 2.402 millones de euros.

Por otra parte, el Consejo ha autorizado la contratación de la organización, gestión y ejecución del Programa de Vacaciones del IMSERSO, destinado a 1.200.000 mayores para las temporadas 2003-2004 y 2004-2005. La contratación de estas plazas supondrá para el IMSERSO una inversión de 98 millones de euros. Como novedad, se incrementará en un 20 por 100, de 4.000 a 5.000, las plazas ofertadas en Galicia para contribuir a la recuperación turística de las zonas afectadas por el "Prestige".

En materia de Medio Ambiente el Consejo ha autorizado la firma de doce Convenios de Colaboración con Ayuntamientos del Pirineo aragonés para la ejecución de actuaciones de mejora en abastecimiento de agua a estas poblaciones. Las obras acordadas, que recogen el espíritu del Pacto del Agua para el año 1992 por las Cortes de Aragón, supondrán una inversión de 8,6 millones de euros. Con la autorización de estos Convenios son ya 36 los municipios del Pirineo aragonés los que suscriben acuerdos específicos para mejorar sus infraestructuras hidráulicas.

El Consejo ha aprobado también el nuevo Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia. Este Tribunal pasará a ser un organismo autónomo, con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía en gestión y plena capacidad jurídica, adscrito al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Economía.

En el área de Fomento el Consejo ha autorizado las obras de instalación y mantenimiento de tres subestaciones eléctricas de tracción en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid-Medina del Campo. El presupuesto de licitación de estas actuaciones es de 66 millones de euros. Asimismo, se ha autorizado la licitación de un nuevo tramo de la línea Málaga-Fuengirola, dentro del proyecto de aumento de la capacidad y mejora de los accesos al aeropuerto de Málaga. Estas obras tendrán un presupuesto de 19,8 millones de euros.

El Consejo también ha autorizado el contrato de las obras de construcción de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado en Ourense. El proyecto de nuevo Archivo contempla la rehabilitación del antiguo Convento de San Francisco y el plazo de ejecución de las obras es de 36 meses y la inversión prevista, 16 millones de euros.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado dos créditos a la República Popular China con cargo del Fondo de Ayuda al Desarrollo por importe de 4,8 millones de dólares. Estas ayudas irán dirigidas a la adquisición de equipamiento médico general y hospitalario.

En el capítulo de nombramientos, el Consejo ha aprobado tres Reales Decretos por los que se nombra Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don Fernando Herrero-Tejedor Algar; Fiscal de Sala en la Unidad de apoyo al Fiscal General del Estado, a don Juan José Martínez Zato; y Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a don Gregorio Segurado Contra.

En cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno para la semana próxima, el lunes 7, a las once, presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, y el martes 8, a primeras horas de la mañana, iniciará un viaje a la República de El Salvador y a los Estados Unidos, donde visitará sucesivamente los Estados de California, Nuevo México y Texas, desde donde emprenderá viaje de regreso a Madrid el domingo día 13.

Sr. Arias Cañete.- El Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos va a flexibilizar el régimen de estos arrendamientos favoreciendo la movilidad de las tierras, que es un aspecto decisivo para la modernización de la agricultura española.

Esta nueva normativa se enmarca en las conclusiones y recomendaciones del Libro Blanco de la Agricultura y Desarrollo Rural que está terminando de elaborar el Ministerio de Agricultura, en el que se sugiere la necesidad de aumentar la dimensión física y económica de las explotaciones --la dimensión media en España en estos momentos es de 28 hectáreas y, si se considera la superficie agraria útil, de 21 hectáreas--; se sugiere también favorecer la movilidad de la tierra, esencialmente mediante arrendamientos, dado el elevado precio de la tierra en estos momentos en España, y de fomentar fórmulas asociativas y societarias.

Además, esta flexibilización es hoy muy necesaria en un contexto que es muy distinto del de décadas anteriores, que está determinado por la reforma de la Política Agraria Común, recientemente concluida en la Unión Europea; la liberalización y expansión del comercio internacional, que se va a incrementar en la próxima ronda negociadora de Cancún, que se celebrará en septiembre; y las profundas transformaciones que han sufrido la agricultura y la sociedad españolas con importantes trasvases de población del medio rural al medio urbano y un progresivo envejecimiento de la población rural.

Según estimaciones realizadas en el Libro Blanco, en la próxima década pueden desaparecer 400.000 explotaciones. En el censo de 1999 había 1.768.000 explotaciones en España y se van a jubilar 400.000 agricultores en los próximos diez años, con mucha dificultad de renovación generacional. Eso va a suponer que se van a liberar cerca de cuatro millones de hectáreas que, en principio, quedarán disponibles para incorporarse a otras explotaciones. Por lo tanto, el horizonte de arrendamientos a los que se dirige esta norma es un horizonte que puede estar en torno a los 500.000 arrendamientos en los próximos diez años, lo cual da idea de que su ámbito de aplicación tiene una enorme importancia en el sector agrario.

La actual regulación, que estaba contenida en la Ley de Arrendamientos Rústicos, se ha mostrado en la práctica muy rígida e intervencionista; no responde a las realidades de la agricultura española e incluso cuando se publicó la Ley de 1980 se redujo el número de hectáreas arrendadas: bajó de 5,8 millones a 5,6 en el período de diez años.

En 1995 se hizo un intento en la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias de flexibilizar este régimen, disminuyendo el plazo de duración del contrato y suprimiendo las prórrogas, y pasó la superficie arrendada casi hasta ocho millones de hectáreas. Este Proyecto de Ley profundiza en esta tendencia liberalizadora para ampliar el número de superficie arrendada en España.

Por tanto, entre los objetivos de este Proyecto se encuentran, mediante el impulso de la movilidad de tierras, la modernización de las explotaciones agrarias y reforzar su viabilidad económica, lo cual debe ser compatible con el equilibrio de las partes en el contrato, y no se puede separar tampoco esta norma de otros proyectos futuros que van a coadyuvar al logro de estos objetivos, fundamentalmente favoreciendo la instalación de jóvenes agricultores, de mujeres, con planes de mejora y, en general, con medidas de modernización.

Las principales novedades del Proyecto de Ley son las siguientes: se da primacía a la voluntad de las partes, siendo muy limitado el contenido imperativo de la Ley; se incluye, junto con el arrendamiento de fincas, el arrendamiento de explotaciones y se regulan los derechos de producción agrícola, que se integrarán en el contenido del contrato si las partes no disponen lo contrario. Saben ustedes que en la nueva reforma de la Política Agraria Común hay algunos sectores en los que hay ayudas que están desacopladas de la producción y, por tanto, se pueden percibir las ayudas sin tener que producir. En esta Ley se regula, tanto el arrendamiento de fincas, como el de los derechos de producción, en la vertiente de que estarán integrados junto con las tierras arrendadas, salvo que se disponga lo contrario.

Se amplía notablemente la capacidad de arrendar, permitiendo que sea arrendatario cualquier persona física o jurídica, incluso comunidades de bienes, y se incluye también a los extranjeros con permiso de residencia permanente.

A falta de pactos en la duración del contrato de las partes, el plazo mínimo del contrato es de tres años para que se dote de estabilidad a los proyectos de inversión y, cumplido el plazo, se suceden prórrogas de tres años en tanto que las partes no denuncien el contrato.

Se procura también fomentar la modernización de regadíos, otorgando fuerza obligatoria a los acuerdos de las comunidades de regantes a este respecto, y se suprimen los derechos de adquisición, que pierden sentido con la nueva regulación. Derechos de adquisición preferentes son el tanteo, el retracto y el propio derecho de adquisición preferente.

El Consejo de Estado ha informado favorablemente el esfuerzo simplificador de la legislación agraria en línea con el movimiento general de la Unión Europea, dada la absoluta necesidad de acometer una reforma estructural y la conveniencia de liberalización de producciones agrarias mediante el fomento de los arrendamientos. Han formulado observaciones, que se han tenido en cuenta, las organizaciones de Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y el País Vasco.

El Proyecto se tramitará por urgencia y, probablemente, lo podremos ver en el Pleno extraordinario del día 23 ó 24, en el supuesto de que hubiera alguna enmienda a la totalidad.

P.- Para el Vicepresidente Rajoy. Una vez desestimada la querella presentada por el PSOE por la presunta trama corrupta de Madrid, me gustaría saber si el Ejecutivo cree necesario que se abran otras vías de investigación, como reclaman el PSOE y la Fiscalía Anticorrupción, o, por el contrario, considera que ha llegado el momento de zanjar el asunto.

También quería consultarle si en su reunión de hoy el Consejo de Ministros ha estudiado o ha aprobado algún informe o borrador respecto a la futura reforma de la Ley de Reproducción Asistida o cualquier otra medida que posibilite la investigación con células-madre.

Vicepresidente.- En relación con la segunda pregunta, el Consejo de Ministros no ha abordado hoy nada relacionado con ese asunto; es decir, no se ha pronunciado una sola palabra en relación con el tema por el que se interesa.

En relación con el primer tema, yo quisiera hacer un breve balance de en dónde estamos, para luego decirle si hay o no que abrir una investigación. Yo creo que aquí hay unos datos muy significativos, que es que el Partido Socialista se ha querellado contra dos diputados socialistas que iban en su propia lista, además de contra otras personas; que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha admitido a trámite esa querella y que ahora --lo cual no deja de ser poco elegante, como mínimo, y creo que no contribuye a nada-- se ha producido un sinfín de críticas hacia la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Éstos son los hechos objetivos sobre los que a mí me gustaría que reflexionase el Partido Socialista y hasta donde quiere seguir con esta situación.

Yo, desde luego, quiero manifestar nuestro respeto a esa decisión o a cualquier otra que puedan adoptar los tribunales de justicia y quiero recordar --ya no es ningún comentario político, sino que es un comentario jurídico-- que yo hace quince días dije que, analizada esa querella desde el punto de vista jurídico, haciendo abstracción de cualquier otra consideración política, no había por donde cogerla y que resulta ciertamente sorprendente el que algunas personas, que sin duda tienen conocimientos jurídicos, se hayan visto obligados, porque no puedo entender otra cosa distinta, a firmar esa querella.

A partir de ahí, han sido los Tribunales los que han hablado y han dicho que no admiten a trámite la querella; es decir, no es que no condenan a nadie, es que dicen que no hay indicios para que pueda seguir adelante esa querella.

La Asamblea de Madrid ha tomado una decisión, como todos ustedes conocen, que es la de constituir una comisión de investigación; también conocen cuál es la posición del partido en que yo milito, y sobre ese asunto el Gobierno no tiene nada más que respetar las decisiones que han adoptado los diputados y los partidos en la Asamblea de Madrid. A partir de ahí, todo lo demás son decisiones que no competen al Gobierno y si acaso al Fiscal General del Estado.

Pero vuelvo a insistir: creo que es un asunto --es mi opinión personal, con la que creo que coincide mucha gente--, un problema, originado fundamentalmente por la situación que ya lleva atravesando desde hace tiempo la Federación Socialista Madrileña. Fíjense ustedes en que se interpone una querella aludiendo a unos acuerdos adoptados en el año 1997 en un ayuntamiento de Madrid. Supongo que los conocerían de antes y, sin embargo, esas personas entraron en la lista electoral.

Por tanto, yo creo, y debe pedírsele al Partido Socialista, que no ha estado muy afortunado, por no decir otra expresión más dura, en el tratamiento de todos estos temas, que comience a actuar con un poco de sensatez y de equilibrio, porque el espectáculo ya está comenzando a ser ciertamente grandioso.

P.- A raíz de la pregunta que acaba de responder, ¿podría puntualizarnos un poquito más el Gobierno qué cree que ha de hacer o que debería hacer el Fiscal General del Estado?

Vicepresidente.- El Fiscal General del Estado, hasta donde yo conozco, autorizó en su día a iniciar una investigación sobre este asunto condicionado, lo cual parecía bastante razonable, a lo que en su día dijeran los tribunales de justicia, en este caso la Sala de lo Civil y de lo Penal, que no aceptaron la admisión a trámite de la querella. Saben ustedes que esto no es normal; que normalmente se admiten a trámite muchas querellas y que luego quedan en nada. En este caso ni siquiera se ha admitido a trámite.

A partir de ahí, corresponderá al Fiscal General del Estado tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente, y no soy yo el que tenga que decirle, como es evidente, al Fiscal General del Estado lo que tiene que hacer.

Lo que sí quiero decir, e insistirle una vez más al Partido Socialista, es que creo que el espectáculo ya está sobrepasando lo razonable, lo lógico y lo sensato. Hay veces que, cuando uno se equivoca, cuando uno mete la pata, lo mejor es reconocerlo, mirar hacia delante y no trasladarle sus problemas al resto de los partidos, a los tribunales de justicia, a los fiscales, a la sociedad en general y al conjunto de todos los madrileños. Creo que con todo lo que están haciendo a lo largo de estos días lógicamente se están colocando en una situación infinitamente peor de la que ya se colocaron en un momento inicial cuando metieron a estas personas en las listas y cuando tuvieron los problemas que provocaron en su día.

P.- Le quería preguntar simplemente al Vicepresidente si el Gobierno tiene alguna previsión de cuándo va a sustituir al actual Fiscal Anticorrupción.

Vicepresidente.- Yo no sé si el Gobierno va a sustituir al Actual Fiscal Anticorrupción. Yo lo que sé es que se ha presentado en las Cortes una ley para establecer determinados cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como es sobradamente conocido; que esa Ley fue aprobada en las Cortes; que es una ley que supone un proceso de modernización importante, porque no tiene sentido que los altos cargos de la Magistratura se designen por un período de cinco años mientras que las Fiscalías se nombren con carácter vitalicio y una persona no pueda ser removida de su cargo nunca, y, por tanto, ahora también se procede a hacer estos nombramientos por un período de cinco años, lo cual es razonable.

Ahora estas personas, una vez aprobada la Ley, cesan automáticamente, se convoca un concurso y ahora están en funciones. Me parece que el plazo de terminación del concurso es la semana que viene --no podría afirmarlo categóricamente, pero creo que es el martes o el miércoles que viene--, después se reunirá el Consejo Fiscal y, una vez que se reúna el Consejo Fiscal y emita su informe, se tomará la decisión.

A partir de ahí, yo no puedo adelantar ningún acontecimiento más ni de forma ni sustantivo, ni sobre cuál va a ser una decisión o la otra.

P.- Vicepresidente, una vez concluido el último debate de política general del Presidente del Gobierno y teniendo en cuenta que hay que entrar en un proceso de elección, de designación, de un nuevo candidato, porque así, digamos, más o menos, aunque no haya fecha, según nos lo han comentado en alguna ocasión, quería saber si, una vez quemada esta etapa, en el Consejo de hoy, no dentro, porque no nos puede revelar cuáles son los comentarios, pero sí en el post o en el pre Consejo, ha habido algún comentario al menos sobre qué calendario tiene previsto adoptar el partido o el Presidente del Gobierno para esta designación, y si usted tiene algún comentario que hacernos.

Por otra parte, también en las últimas horas se le ha vuelto a situar a usted en otra también sucesión, en la de Galicia. ¿Está usted también en todas, está dispuesto a ambas? Quería pulsar su disposición a una, a las dos o a ninguna.

Vicepresidente.- Si el señor Ruíz-Gallardón es Alcalde de Madrid y Presidente de la Comunidad, otros se pueden creer con otros derechos, ¿no?

Ahora se dicen estas cosas. Yo puedo decir que, cuando uno juega a todo, lo que le puede pasar es que se quede sin nada y, cuando uno no juega a nada, lo que le puede pasar es que tenga lo que quiera. El problema es qué es lo que uno quiere.

Y esto es cuanto puedo decirle en relación con ése que ciertamente es un proceloso asunto.

En relación con el primer tema, yo lo único que le puedo decir es que no habrá noticia alguna importante en verano, que no es poco decir.

P.- Le quería preguntar por el caso de Dimas Martín. Le quería pedir la opinión de qué le parece que el Partido Popular apoye a una persona que esté condenada por cohecho y prevaricación.

Vicepresidente.- Efectivamente, el Partido Socialista ha estado compartiendo gobierno con el señor Dimas Martín y con su partido, el PIL, en la isla de Lanzarote. Concretamente en el Cabildo, con el partido de Dimas Martín, con el partido, estuvo gobernando el Partido Socialista. Sobre ese asunto, aparte de recordar que el Partido Socialista, que ahora se escandaliza por este tema, apoyó el indulto para el señor Dimas Martín en un pleno del Cabildo insular en el que votaron a favor Coalición Canaria, PSOE y el PIL, lo único que puedo decir es que la Junta Electoral admitió la candidatura de esta persona, es decir, que por tanto se ha presentado legalmente porque lo ha admitido la Junta Electoral, y obtuvo 13.500 votos. Nosotros hemos hecho un pacto con Coalición Canaria, como es sabido, en las instituciones canarias y dentro de ese pacto por lo visto también se produce un acuerdo con el Partido Independiente de Lanzarote.

A partir de ahí, lógicamente, estamos ahora en un trámite de petición de indulto y, cuando se tome la decisión, se actuará en consecuencia y estaremos en una situación diferente.

Pero quiero decir que esta persona se ha presentado a las elecciones legalmente --es que, si no, no se hubiera presentado a estas elecciones-- y que ha gobernado, entre otros, hasta estas últimas fechas, con el Partido Socialista estando en la misma situación.

Dicho esto, hay situaciones mucho mejores en la vida política, como es evidente.

P.- Para el Vicepresidente Primero. Al hilo de esta noticia que nos acaba de dar de que no habrá ninguna noticia importante en verano, quisiera ubicar el concepto de verano: si para usted expira el 21 de septiembre o no.

Luego quisiera saber cuándo está previsto que el Presidente Aznar invite o convoque a Jordi Pujol para verse en La Moncloa antes de abandonarla.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, tiene usted razón, porque son cosas interpretables. Desde un punto vista puramente técnico, ya estamos en el verano: 21 de junio hasta el 21 de septiembre; pero es verdad que para la gente el verano son las vacaciones, es agosto, julio... Dejémoslo abierto. Yo digo que en el verano no habrá ninguna noticia importante en relación con ese asunto.

Sobre el Presidente de la Generalitat, lo que ha sucedido ahora, sobre lo cual ha habido interpretaciones distintas, es que el Presidente ha invitado a La Moncloa a todas aquellas personas que después de estas últimas elecciones autonómicas han sido elegidos Presidentes para intercambiar puntos de vista sobre los asuntos que les puedan preocupar a estas personas, que asumen --algunas ya desde hace tiempo, pero otras son nuevas-- la responsabilidad de Gobierno. Se trata de tener un intercambio de opiniones, conocer sus pareceres y, lógicamente, el Presidente también transmitir los suyos. Por tanto, eso es lo que hay.

En relación con los demás asuntos, no hay ninguna novedad, lo cual no quiere decir que no se pueda producir; pero no hay ninguna novedad. Lo único que es novedoso en este momento es que el Presidente ha invitado, y le gustaría mucho que esta invitación fuera aceptada, a todos los Presidentes de Comunidades Autónomas surgidos tras estas elecciones a verle en La Moncloa.

P.- Para el Vicepresidente Primero. Me gustaría saber, si puede ser, cuál va a ser la respuesta que dé el Gobierno a la Audiencia Nacional, que ayer preguntó en concreto al Ministerio de Defensa, a través de una providencia, por qué el ex General de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, continúa todavía ingresado en una prisión militar.

Vicepresidente.- Yo con mucho gusto le daría la respuesta; pero yo creo que debemos dársela primero a la Audiencia Nacional, porque no parece elegante que la conozcan a través de los medios de comunicación públicos. El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, en breves fechas contestará, como es su obligación, al requerimiento de la Audiencia Nacional al que usted acaba de hacer referencia.

P.- Para el Ministro Portavoz. El Lehendakari Ibarretxe ha vuelto a manifestar su deseo de reunirse con el Presidente Aznar y también esta semana en el Congreso el resto de partidos ha pedido al Partido Popular que recupere el diálogo institucional. Quería saber si el Gobierno piensa mantener el bloqueo de relaciones entre instituciones y también mantener la negativa a reunirse con el Lehendakari.

Vicepresidente.- El bloqueo institucional el Gobierno no lo mantiene; antes al contrario, intenta propiciar el diálogo. Piense usted que ha habido muy importantes decisiones que se han adoptado en los últimos tiempos como consecuencia de la insistencia del Gobierno. Probablemente, una de ellas, muy significativa, fueron los acuerdos parciales, porque el Gobierno vasco no quiso llegar a más, en materia de lucha contra el terrorismo, los que hice yo siendo Ministro del Interior.

En el tema del Concierto vasco el Gobierno hizo el mayor esfuerzo del que fue capaz para conseguir que se produjera un acuerdo en un tema que tiene una importancia capital, como todos los aquí presentes conocemos, y también ha habido una oferta para intentar negociar el traspaso de algunas competencias que quedan pendientes. Quizás el caso más significativo sea el traspaso del INEM, que ahora ya se ha transferido a todas las Comunidades Autónomas y la única a la que no se ha podido transferir es al País Vasco. Entendemos que alguna responsabilidad tendrá ahí el Gobierno vasco, porque no parece normal que uno pueda llegar a acuerdos con dieciséis y le sea imposible llevar a cabo con uno más.

Por tanto, a partir de ahí, el Gobierno no tiene roto ningún cauce institucional con nadie. El Gobierno considera, por otra parte, que las últimas iniciativas que ha adoptado el Gobierno vasco no contribuyen a crear ningún buen clima de entendimiento, porque nosotros hemos aprobado un Estatuto de Autonomía de Guernica que ha sido una regla de juego, ha sido una regla de convivencia, que era el de todos y que no era el de nadie en concreto, y ahora unilateralmente, después de todos los acontecimientos que conocemos de Estella, el Gobierno vasco dice que no vale y plantea esta iniciativa que es conocida, lo cual no es, sin duda alguna, la mejor forma de trabajar en aras a que haya una colaboración institucional más intensa.

En cualquier caso, yo tampoco tengo constancia de que el señor Ibarretxe, salvo lo que he leído en los medios de comunicación, haya manifestado su voluntad y su deseo de reunirse con el Presidente del Gobierno. No tengo constancia de que ello se haya producido. He leído algunas declaraciones, unos días se dice una cosa y otros, otra, y es un tema que, por tanto, no tenemos planteado en este momento, porque tampoco hay una manifestación clara en ese sentido.

P.- Para el Vicepresidente. Al margen de lo que decida finalmente el Fiscal General del Estado, me gustaría saber una opinión, como Portavoz del Gobierno, si no cree que autorizando al Fiscal Anticorrupción a abrir diligencias previas o continuar las que ya ha abierto se evitaría cualquier atisbo de sospecha, como las que está lanzando el PSOE, sobre que si el Gobierno y el Partido Popular no quieren investigar lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid.

Vicepresidente.- Yo creo que hay una decisión que realmente tiene un valor jurídico de una enorme importancia, que es la resolución adoptada por el Tribunal Superior de Justicia en Madrid no admitiendo a trámite una querella. El valor jurídico que tiene esa decisión es un valor jurídico muy importante y que nadie en su sano juicio puede negar. Yo comprendo que el PSOE tiene un enorme interés en que el señor Jiménez Villarejo investigue este tema, pero ya empieza a ser sospechoso que después de una resolución de un Tribunal Superior de Justicia el PSOE siga haciendo todo aquello cuanto esté en sus manos para que intervenga el señor Jiménez Villarejo. A uno ya le dan ganas de preguntar a qué se debe tanta intención.

Pero al final volvemos a lo de siempre: éste es un problema que ha generado exclusivamente el Partido Socialista y --todos lo sabemos, es que lo sabemos todos-- está motivado por sus conflictos y sus discusiones internas, que datan de tiempo inmemorial, y además nos lo están contando.

Ya han trasladado este asunto al Partido Popular, han trasladado este asunto a los jueces, han trasladado este asunto a la Fiscalía, han trasladado este asunto a los medios de comunicación social, han trasladado este asunto al conjunto de los ciudadanos de Madrid. Yo creo que cabe exigir que se actúe con una cierta responsabilidad.

Al final, toda esta actuación del PSOE va a provocar el que aquí haya enfrentamientos entre unos y otros, declaraciones entre unos y otros, unos medios de comunicación se posicionen en una cosa o en otra y unos abogados, que tienen conocimientos jurídicos, tengan que salir a defender una querella criminal, supongo que con un cierto pudor, porque, ya le digo, es ciertamente complicado defender por personas que conocen el mundo del Derecho una querella de esas características.

Yo creo que sería deseable un poco de responsabilidad, si es que aún les cabe, y no continuar en esa huida hacia adelante, que es una huida hacia ninguna parte y que a lo único que sirve es a generar tensión y a generar ya más problemas de los que realmente tenemos.

P.- Vicepresidente, el Tribunal también ha rechazado la querella que presentó el PP contra Simancas. Yo no sé si el Gobierno tiene algo que decir.

Vicepresidente.- Pleno respeto a las decisiones de los Tribunales, como no podría ser de otra manera y como siempre hace el Gobierno.

Muchísimas gracias.