Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días a todos. Quiero comenzar la referencia de lo tratado en el Consejo de Ministros de hoy con un saludo a todos ustedes. Como es sabido, es la primera ocasión que comparezco ante los medios de comunicación en mi condición de Ministro Portavoz del Gobierno; lo he hecho en otras muchas ocasiones y en esta misma sala, pero en condición diferente. En este sentido, quiero saludarles a todos ustedes. Decir que, por mi parte, haré el mayor esfuerzo para que las relaciones funcionen de la manera más razonable posible, para que ustedes tengan la información también en el período de tiempo que les sea más útil para desarrollar su función. Por tanto, saben ustedes que estoy a su disposición para lo que estimen oportuno y conveniente.

A partir de ahí, quisiera señalar que hoy se cumplen cinco años del asesinato del concejal en el País Vasco del municipio de Ermua, Miguel Ángel Blanco. En esta ocasión y con este motivo el Gobierno quiere, una vez más, expresar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares toda solidaridad y todo su apoyo. Al mismo tiempo, queremos, una vez más, reiterar el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo. Es ésta la principal prioridad del Gobierno: la defensa de la vida y la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por tanto, subordinaremos cualquier decisión o cualquier acción del Gobierno al logro de este objetivo que, sin duda, es el más noble que puede tener el conjunto de una sociedad, como es la española, que en este sentido tiene un objetivo común y compartido ya desde hace muchos años.

En tercer lugar, quiero decir que el Gobierno en el día de hoy ha debatido sobre un asunto de enorme actualidad y que hoy recogen todos los medios de comunicación, cual es el de la ocupación por parte de efectivos militares marroquíes del islote de Perejil. En este sentido, yo quiero transmitirles a ustedes lo siguiente:

Primero, los hechos ustedes los conocen y voy a resumirlos de la siguiente forma: en el día de ayer, día 11 de julio, el Gobierno tuvo conocimiento de que efectivos militares marroquíes se habían instalado en la isla del Perejil. Se trata de doce personas que han colocado allí una tienda de campaña, dos banderas marroquíes, y son militares del Reino de Marruecos. Conocida esta situación por parte del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó una nota verbal a la Embajada de Marruecos en Madrid manifestando su rechazo a estos hechos, por cuanto suponen una modificación del "statu quo" de la isla y porque no manifiestan vocación de mantener relaciones amistosas en un espíritu de cooperación y respeto mutuo sobre la base del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación del año 1991. En consecuencia, en esa nota verbal que ustedes conocen, se reclama al Gobierno de Marruecos que adopte las medidas necesarias para el restablecimiento de la situación anterior a estos hechos.

Además, el Gobierno ha decidido y, en consecuencia, hemos enviado tres patrulleras españolas a las inmediaciones del mencionado islote del Perejil.

Quiero señalar también que esta misma mañana se han observado movimientos por parte de una patrullera marroquí en un peñón de las Islas Chafarinas, concretamente la Isla del Rey, y que el Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias, entre ellas, las del reforzamiento de las dotaciones militares españolas permanentes en todos los territorios de soberanía española que se encuentran en las inmediaciones de este lugar. No así en la isla de Perejil, pero en estos territorios había dotaciones militares españolas, estaban allí con carácter permanente, en un territorio de soberanía española y, en consecuencia, como les he dicho, se ha producido un reforzamiento de las mismas.

También quiero decir que esta ruptura del "statu quo", este acto inamistoso, es incompatible con el Tratado del año 1991, al que antes he hecho referencia, el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre los Reinos de España y Marruecos.

Además, es incomprensible que se produzca una actuación de estas características desde el punto de vista de los usos internacionales. Quiero recordar en este sentido que son más de 200.000 los nacionales marroquíes que viven en España, que son más de un millón y medio de personas de nacionalidad marroquí los que todos los veranos --lo están haciendo en este momento-- recorren todo el territorio español para ir a Marruecos a pasar sus vacaciones. Quiero señalar, además, que para Marruecos España es su segundo socio comercial y que es el primer destinatario de las ayudas de cooperación españolas.

En este sentido, ya para finalizar mi intervención en relación con este asunto, quiero decir que el Gobierno, después de los acontecimientos que se han producido y ustedes conocen, se pregunta y pregunta al Gobierno de Marruecos a dónde quieren llevar sus relaciones con España.

Voy hacer ahora una breve referencia a otros asuntos y otras decisiones que se han adoptado en el día de hoy por parte del Consejo de Ministros. En primer lugar, se ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley de Mecenazgo y Fundaciones.

El Proyecto de Ley de Mecenazgo, que implica un cambio sustancial en el tratamiento fiscal de las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, fomentará las finalidades y objetivos que éstos persiguen. Para darnos cuenta detallada del contenido de dicho Proyecto nos acompaña el Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, y yo mismo haré un breve comentario, al final de mi intervención inicial, sobre el Proyecto de Ley de Fundaciones.

Igualmente, se remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Sanidad Animal, en el que se establecen las normas básicas y de coordinación para el ordenamiento sanitario de los animales y sus productos, teniendo en cuenta, asimismo, la gran repercusión que estos temas puedan llegar a tener para la economía nacional, incluso para la salud pública.

Otros acuerdos importantes adoptados en la reunión de esta mañana son los siguientes:

El Consejo ha aprobado subvencionar a los Ayuntamientos con 3.400.000 euros para financiar los Juzgados de Paz. Este crédito se distribuirá entre los Ayuntamientos de las diez Comunidades Autónomas sin competencias transferidas de Justicia, atendiendo a los gastos de funcionamiento de la Justicia de Paz. Las Corporaciones Locales de las que depende este tipo de Juzgados recibirán las cantidades con arreglo a su número de habitantes.

En cuanto a grandes obras públicas de titularidad estatal dependientes del Ministerio de Fomento, el Consejo ha autorizado la licitación de las obras de plataforma de cinco nuevos tramos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, todos ellos en la provincia de Barcelona, que en su conjunto suponen 16,4 kilómetros de doble vía de ancho internacional con un presupuesto que supera los 165 millones de euros. Con las autorizadas hoy se encuentran ya en marcha un total de 635 kilómetros de obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, cuya longitud total es de 855 kilómetros.

También ha aprobado el Consejo el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas. Este nuevo Reglamento profundiza en la armonización de nuestro sistema de marcas con el sistema comunitario europeo y el Derecho Internacional de Marcas y, además, simplifica los trámites de registro de marcas y facilita todos sus procesos.

En cuanto al área de Agricultura, Pesca y Alimentación, además del Proyecto de Ley de Sanidad Animal al que ya me he referido, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la normativa básica del sector del tabaco en lo que respecta al régimen de cuotas de producción, primas y ayuda específica a las agrupaciones de productores. Esta legislación incorpora las novedades aprobadas por la Comisión Europea en el pasado mes de marzo y las complementa para simplificar su aplicación.

Por otra parte, se ha autorizado la continuación del procedimiento de extradición activa ante las autoridades de Francia, donde el reclamado se encuentra detenido, de don José Javier Arizcuren Ruiz, quien está acusado de varios delitos terroristas.

También se ha aprobado la creación, dentro del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de Pequeña y Mediana Empresas, al frente de la cual se designa a don José Folgado, quien venía ocupando la Secretaría de Estado de Economía, para cuyo cargo se destina a don Luis de Guindos.

También en el capítulo de nombramientos, se designa Director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas a don Ángel Fernández Díaz.

En cuanto a las actividades del Presidente, el lunes y martes próximo participará en el Debate del Estado de la Nación. El jueves 18, a las trece horas, asistirá, en el Hotel Ritz, a la presentación de la Fundación de Estudios Financieros, y el viernes 19 presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

En relación con el Proyecto de Ley de Fundaciones voy a ser muy breve en su exposición; luego, si ustedes quieren, pregunten lo que estimen oportuno y conveniente. Ya lo ha presentado en su día el anterior Ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, ante todos ustedes y, por tanto, solamente voy a recordar ahora que este Proyecto de Ley regula en un solo cuerpo legal el régimen jurídico de las Fundaciones y las ventajas impositivas que se conceden a las personas privadas por sus aportaciones en apoyo de finalidades de interés público social. Este texto aborda la regulación sustantiva de las Fundaciones y la procedimental, y se deja para una norma distinta, como ya he señalado antes, la Ley de Mecenazgo, los incentivos fiscales a la participación privada.

La aplicación de este Proyecto de Ley afecta a las Fundaciones de ámbito estatal y a aquellas extranjeras que desarrollen sus actividades en España de manera estable; además establece el carácter de normativa básica en las Fundaciones de ámbito autonómico. Quedan fuera de su ámbito de aplicación las Fundaciones públicas sanitarias y las Fundaciones gestionadas por el Patrimonio Nacional. El texto dispone también el respeto a los acuerdos y convenios suscritos por el Estado con la Iglesia católica y con otras Iglesias y confesiones sobre las Fundaciones creadas.

En cuanto a los objetivos, el primero es dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional. Por esta razón, el Proyecto de Ley de Fundaciones incluye la posibilidad de que las Fundaciones puedan desarrollar por sí mismas actividades mercantiles o industriales, siempre que estén relacionadas con los fines fundacionales o sean accesorias a ellos.

El segundo objetivo es el de redefinir el papel del protectorado, por lo que se potencian las funciones de apoyo y asesoramiento a las Fundaciones, especialmente a las que se encuentran en proceso de constitución.

El tercer objetivo del texto es el de flexibilizar y simplificar los procedimientos, especialmente los de carácter económico. Así, se contempla la posibilidad de utilizar modelos abreviados de rendición de cuentas y de elaboración de presupuestos. El texto recoge por primera vez el régimen aplicable a las Fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector público estatal, que no podrán ejercer potestades públicas.

Por último, hay que destacar que la regulación de las Fundaciones extranjeras queda circunscrita a las que pretenden ejercer actividades en nuestro país de manera estable y, por otro lado, se establece una nueva regulación de la denominación de las Fundaciones y se prevé la constitución de un Consejo Superior de Fundaciones como órgano consultivo, que estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Fundaciones.

Quiero resaltar en este sentido el enorme esfuerzo que a lo largo de estos meses, por parte del Ministro de la Presidencia y de su equipo, se ha hecho mediante contactos continuados con todo el sector. Quiero señalar también que se han tenido en cuenta los avances y las más modernas regulaciones recogidas en el Derecho Comparado, y que ha recibido informe favorable, previa, por tanto, consulta, del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Sr. Montoro.- El Proyecto de Ley de Mecenazgo es una de las herramientas básicas de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que en este caso obedece a promover la contribución de la sociedad civil en los intereses generales de la sociedad española. Con esta Ley lo que hacemos, en definitiva, es eximir del pago de los impuestos a las actividades que en España estén aplicadas a fines de interés general.

El primer objetivo de esta Ley es dar más apoyo a personas, a colectivos, en definitiva, a grupos sociales más necesitados. Es el caso, por ejemplo, de niños y jóvenes con problemas especiales, personas mayores dependientes, discapacitados, víctimas de malos tratos, minorías étnicas, inmigrantes, marginados, cooperación con países menos desarrollados. Es una ley que en sí misma va a contribuir a una distribución más equitativa de la renta y a la cohesión social en nuestro país.

Es una ley que también persigue como objetivos fundamentales apoyar las manifestaciones culturales; la defensa del patrimonio histórico y artístico; la conservación del medio ambiente; las iniciativas de mejora y complemento de los servicios de sanidad y educación; los proyectos de investigación y desarrollo, y el apoyo a la educación física y a la práctica del deporte. Es una ley que, por tanto, lo que hace es ensanchar los cauces ya existentes para que la iniciativa privada contribuya más efectivamente a los intereses generales de nuestro país y, en definitiva, complete la actividad del Estado.

Es una ley que viene a reforzar el papel de la sociedad civil en el cumplimiento y en la atención de los intereses generales de España, y es una ley oportuna también, porque, en definitiva, es una ley que permitirá canalizar los resultados del beneficio económico, del crecimiento económico, que se ha generado estos últimos años en España; permitirá --decía-- encauzar esos resultados o beneficios económicos para completar la acción que desde los Presupuestos Generales del Estado atiende a los intereses generales de nuestro país.

Quería advertirles que en la próxima semana el Secretario de Estado de Hacienda va a convocar una reunión en el seno del Ministerio para que podamos analizar desde esa reunión los contenidos más específicos de esta Ley, de manera que ahora voy a referirme sólo a sus grandes trazados, a sus líneas más básicas, como hacemos habitualmente, como saben, cuando tratamos una ley de carácter fiscal importante tras el Consejo de Ministros.

Los objetivos fundamentales son, en primer lugar, mejorar la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos. Es una obviedad pero, en definitiva, debo, en primer lugar, explicar que, aunque el título más conocido o más popular es una Ley de Mecenazgo, en definitiva estamos ante un régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro en nuestro país y, a partir de ahí, también estamos ante una promoción de las actividades del mecenazgo.

Es incentivar, como les decía, la participación de la sociedad civil en actividades de interés general; incrementar, mejorar, la transparencia de aquellas entidades que se benefician del nuevo régimen fiscal; y es también --y éste es un objetivo que parece de carácter operativo, pero que también es singular-- reducir la discrecionalidad administrativa, de manera que la Ley reglamente quiénes van a ser los beneficiarios de este régimen fiscal, lo haga de manera objetiva y no dependa de la decisión administrativa de quién entra y quién no entra en este régimen fiscal.

La Ley se estructura, como les avanzaba, en dos grandes bloques: el régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro, y para ello la gran mayoría de las consecuencias de esa actividad quedan exentas de la tributación, y los otros resultados de esas actividades quedan en una tributación especial; el otro gran apartado serían los incentivos fiscales para el mecenazgo, como les anunciaba. Es el título general con el que es conocido esta Ley, pero es todavía más importante, obviamente, el régimen especial de las entidades sin fines de lucro en España.

¿Quiénes son esas entidades que, por tanto, no van a pagar impuestos a partir de la dedicación hacia actuaciones de interés general? Las entidades a las que les resulta de aplicación la nueva Ley son: Fundaciones, ONGs, asociaciones de utilidad pública y federaciones deportivas. Aquí se incluye también a la ONCE, Cruz Roja, Iglesia Católica y otras confesiones religiosas con acuerdos con el Estado.

Sobre el establecimiento de los requisitos que deben cumplir las entidades; ahora nos referiremos con más detalle a esos requisitos para que les sea de aplicación el Régimen Fiscal Especial.

En lo que se refiere a la enumeración detallada de las rentas y explotaciones económicas que se declaren exentas, son todos los ingresos sin contraprestación, todos los procedentes de su patrimonio mobiliario e inmobiliario, los derivados de adquisiciones y transmisiones por cualquier título y los obtenidos en las explotaciones económicas exentas.

Después, tendrían una tributación al 10 por 100 para la renta derivada de explotaciones económicas no exentas, que no constituyen su actividad esencial, son complementarias y, por tanto, como tal complementarias, tendrán un límite en el total de ingresos obtenidos por esa sociedad. Para la aplicación del régimen en el Impuesto sobre Sociedades y en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados bastará la comunicación a la Agencia Tributaria para poder acogerse a ese régimen, de manera que establecemos el automatismo como sistema frente a la discrecionalidad administrativa que rige en la legislación actual.

Asimismo, también promovemos la exención de tributos locales: el IBI, el IAE y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos Urbanos. Serán los Ayuntamientos los que concedan la exención de estos tributos a estas entidades.

En lo que se refiere a los requisitos para la aplicación del régimen fiscal, el primero es, como he insistido desde el primer momento en que he comenzado a hablar, que la entidad persiga fines de interés general, de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales --ahora lo veremos también con algo más de detalle--; es también que destine al menos el 70 por 100 de su renta al cumplimiento de dichos fines y el resto a dotación patrimonial. Ésta es la salvaguarda para que, en definitiva, la entidad sin ánimo de lucro que esté acogida a esta exención fiscal efectivamente dedique los rendimientos de su renta al cumplimiento de esos fines.

Los fundadores asociados y patronos no podrán ser los destinatarios principales de esas actividades. Los cargos de patrono o administrador en la propia entidad o entidades mercantiles participadas deben ser gratuitos y se establece la prohibición expresa de reversión del patrimonio, salvo que se destine a otra entidad no lucrativa.

Asimismo, tienen que cumplir con determinadas obligaciones registrales contables e informativas, que son más exigentes y que deberán plasmarse en una memoria económica anual.

Como explotaciones económicas exentas, aparece la asistencia social en un sentido amplio, incluyendo también todas las actividades de inclusión social; protección a la infancia, la juventud; asistencia a la tercera edad; discapacitados; colectivos marginados e inmigrantes; reinserción social, cooperativas al desarrollo; asistencia sanitaria, también en un sentido muy amplio; investigación científica y desarrollo tecnológico; medio ambiente; explotación de espacios naturales protegidos; la cultura, también en un sentido muy amplio, y debe llevar también implícito la organización de representación musicales, teatrales; la enseñanza, también en un sentido muy amplio; la edición de libros, revistas y material audiovidual; el deporte, y complementarias o auxiliares. También estarán exentas las actividades de escasa relevancia económica.

Los incentivos fiscales al mecenazgo, que sería el segundo gran apartado de la Ley, consistirían en que, a determinadas entidades beneficiarias, entidades sin fines lucrativos, fundamentalmente el Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, universidades públicas, les podrán facilitar desde sujetos físicos y sujetos económicos; les podrán aportar con deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de hasta el 25 por 100 en la cuota por donativos y aportaciones, lo que significa una elevación respecto al 20 por 100 actual, y, en el Impuesto sobre Sociedades, también cambiamos el sistema y en vez de deducción en la base del impuesto pasamos a deducción del 35 por 100 en la cuota por donativos y aportaciones.

En actividades prioritarias de mecenazgo podrán incrementarse esas deducciones en cinco puntos porcentuales, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades, y en gastos en actividades de interés general y convenios de colaboración empresarial se aplicará la deducibilidad total de ese tipo de gastos.

En los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público lo que hacemos es un régimen especial para eventos que merezcan este tipo de apoyo.

Finalizo, pues, resaltándoles las principales novedades en relación con la legislación actual, que son la exención para todas las rentas derivadas del patrimonio de las entidades sin fines de lucro; una clara ampliación de las actividades económicas exentas; la aplicación automática del régimen fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el incremento de los incentivos al mecenazgo en IRPF e Impuesto sobre Sociedades; la elaboración de una memoria económica anual que detalle ingresos, gastos y participaciones societarias, que es un requisito de transparencia; la deducción en cuota del 15 por 100 por actividades de protección y difusión del patrimonio histórico y del patrimonio mundial de la Unesco, obviamente referido a ciudades y conjuntos españoles que sean declarados así por la Unesco, y el mantenimiento en un régimen transitorio de las exenciones actuales concedidas en virtud de la Ley que rige este sistema actualmente, la Ley 30/1994.

P.- Quería preguntar sobre el tema de Marruecos. Hay una situación de hecho que en este momento parece bloqueada, tanto en sus aspectos militares como políticos, porque Marruecos ha hecho saber a través de portavoces autorizados que no se va a retirar. Son dos preguntas: primera, ¿qué iniciativas, sea militares, políticas, diplomáticas o jurídicas, piensa adoptar el Gobierno para conseguir su objetivo, que es volver al "statu quo"? Segunda, ¿qué responde el Gobierno a la afirmación de Marruecos de que ese territorio fue devuelto en el momento de la independencia? En concreto, ¿sabemos cuándo exactamente se retiraron esos cuatro soldados y ese cabo que estuvieron allí hasta una fecha? ¿En qué fecha se retiraron y por qué motivo se retiraron, se dejó aquello despoblado?

Segundo, ¿por qué la isla ésta no está incluida en ninguna autonomía?

Tercero, ¿por qué en la nota verbal que se entregó anoche a la Embajada de Marruecos no se afirma la soberanía española, sino que simplemente se alude el "statu quo".

Vicepresidente.- Yo creo que he resumido con bastante claridad cuál es la posición del Gobierno y cuáles son las decisiones que ha adoptado hasta el presente momento. En primer lugar, he contado sucintamente los hechos, porque son suficientemente conocidos por todos ustedes. He explicado con claridad cuáles son las decisiones que ha adoptado el Gobierno, que son, la primera, el remitir una nota verbal a la Embajada de Marruecos en la que decíamos y manifestábamos nuestro rechazo a esta actuación unilateral por parte del Gobierno de Marruecos que no contribuye, en absoluto, al mantenimiento de unas buenas relaciones, que supone la ruptura de un "statu quo", y, además, demandábamos del Gobierno de Marruecos que volviese a la situación anterior y, por tanto, que se restableciese la situación anterior a estos hechos.

Les he explicado con claridad cuáles han sido otras decisiones del Gobierno, fundamentalmente el enviar tres patrulleras a las inmediaciones del islote. Y, ante la circunstancia de que esta mañana se ha observado movimientos por parte de alguna embarcación del Reino de Marruecos en un peñón de las Islas Chafarinas, nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias y reforzado las dotaciones militares españolas permanentes en los territorios que son de soberanía española para evitar que se pueda producir cualquier acontecimiento.

Por último, he hecho un juicio de valor de que esta ruptura de un "statu quo" que estaba ahí es incompatible con el Tratado de 1991, que es incomprensible en un país que tiene las relaciones, a las que antes he hecho referencia, con España, y nos preguntábamos hasta dónde pretende llevar Marruecos su relación con España.

A partir de ahí, el "statu quo" es un "statu quo" que ya data desde hace muchos años y, por tanto, es un "statu quo" sobre la base de que ni el Gobierno español ni el Gobierno marroquí ocupan esa isla.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno? De momento, hemos adoptado las medidas a las que antes he hecho referencia y, por tanto, ésas son las medidas que hemos adoptado. Lógicamente, nosotros tenemos que esperar una respuesta formal por parte del Gobierno de Marruecos.

A partir de ahí, me pregunta usted por qué no figura en ningún mapa de ningún Ministerio o no está adscrita a ninguna autonomía, que en este caso tendría que ser la Autonomía de Ceuta. Cuando se debatió el propio Estatuto de Ceuta, como es sabido, hubo unas conversaciones con Marruecos en este sentido y, precisamente como el "statu quo" era el que existía en este momento y lo que se acordó fue mantenerlo en el futuro, no se incluyó.

Por tanto, ésa es la situación en este momento. Nosotros creemos que Marruecos, de una manera unilateral, ha decidido romper una situación que databa ya desde hace cuarenta años y que era aceptada de manera pacífica por ambas partes.

P.- Para el Ministro de Hacienda, sobre la Ley de Mecenazgo. ¿Puede explicar por qué se ha eliminado, respecto del borrador inicial, el límite del 3 por 100 sobre los derechos políticos en sociedades participadas por fundaciones? ¿No se corre el riesgo de que esta Ley se convierta en un coladero, dadas las amplísimas ventajas fiscales que se conceden?

Por último, ¿puede hacer una estimación del coste fiscal de esta nueva Ley?

Sr. Montoro.- El propósito del Gobierno con esta Ley es, como antes avanzaba, impulsar a través de mecanismos fiscales el compromiso de la sociedad civil, de nuestras empresas, de nuestros agentes económicos, con actividades de interés general. Ése fue el diseño inicial en el informe que hice al Consejo de Ministros y que expliqué en rueda de prensa.

El informe, como tal informe, tuvo después exposición pública, entró en fase de exposición pública, y en esa exposición pública tuvimos oportunidad de escuchar a las voces autorizadas expertas del propio sector de fundaciones en España, y tuvimos ocasión de escuchar al Consejo Económico y Social, que también nos ha hecho unas recomendaciones bastante precisas en relación con el aumento de la eficacia de esta Ley. En función de esas recomendaciones, el Gobierno ha optado por introducir determinados cambios en relación con el proyecto inicial.

Esos cambios lo que van, en definitiva, es a la búsqueda en la proyección de que la Ley sea más eficaz en el objetivo que pretendemos y, por tanto, el equilibrio entre los límites de una ley de estas características es que realmente introduzcamos los incentivos suficientemente estimulantes para que haya una actividad económica, insisto, comprometida con actividades de orden social de carácter general. Por eso es por lo que hemos introducido determinadas modificaciones en relación con el Anteproyecto, con el informe, que hice al Consejo de Ministros. No tiene otra explicación, sino buscar esa eficacia.

Lo que hace falta es que en España haya más entidades sin fines de lucro que se comprometan con ese interés general. Lo que hace falta es que en España haya más masa patrimonial, efectivamente, comprometida con esas actividades de interés social.

Eso es lo que necesitamos como país y ésa es la intención del Gobierno a la hora de promover una ley que realmente complete que la sociedad civil se comprometa con los Presupuestos del Estado a la hora de promover ese tipo de actividades; unas actividades que efectivamente son amplias, pero que, en definitiva, obedecen a ese concepto de interés general como país. Necesitamos que haya más recursos, más dinero, que se canalicen hacia esas actividades de interés general y estamos convencidos de que la Ley contiene también los suficientes mecanismos reguladores, equilibradores, para evitar que sea el coladero de nada, sino que, efectivamente, sea un cauce para que haya más recursos económicos hacia esas actividades, insisto, de interés general.

Los principales límites están en ese destino de, al menos, el 70 por 100 de su renta al cumplimiento de dichos fines y el resto a dotación patrimonial, y también en los condicionantes que se les ponen a la figura del fundador, del asociado y del patrono o administrador de esta entidad sin fin de lucro. Eso es lo que hacemos, establecer esos requisitos, que entendemos que son suficientes para evitar que se utilice para no pagar impuestos y que el que no pague impuestos sea por razón justificada; que está, en definitiva, cumpliendo ese tipo de actividad.

El coste fiscal de esta Ley no es muy elevado a tenor de lo que hoy son las desgravaciones fiscales de esta naturaleza, y lo digo lamentándolo. Es decir, ojalá tuviéramos un riesgo de pérdida tributaria muy superior. Por tanto, lo que espero y aspiro, y aspira el Gobierno, en definitiva, y espera el Gobierno, es que aumente fuertemente la desgravación fiscal a tenor de la implantación de esta Ley. Eso es lo que queremos, porque eso significará que habrá muchos más recursos económicos dedicados a esa distribución equitativa de la renta en España, a esa cohesión social, a través de este mecanismo. Por eso decía que el coste fiscal no es muy elevado, francamente, a tenor de lo que son las desgravaciones actuales. No estamos hablando de cifras muy altas y lo que sí espero es que esas cifras se dupliquen y se tripliquen dentro de poco, y espero que, efectivamente, sea utilizado intensamente el cauce que establece la nueva Ley.

P.- Mis preguntas son para el Ministro de la Presidencia y Portavoz del Gobierno. Me gustaría, Ministro, si es posible que nos precisara los movimientos que han observado ustedes cerca de Chafarinas y en qué consiste ese refuerzo de tropas que ha ordenado España.

Querría saber si, como usted dice, el acto de la ocupación del islote de Perejil es incompatible con el Tratado de 1991, debemos entender que España da por suspendido ese Acuerdo.

También me gustaría saber cuáles son las razones del Gobierno para seguir manteniendo la representación diplomática española en Rabat, y cuánto tiempo está dispuesto el Gobierno a esperar una respuesta oficial de Marruecos antes de adoptar nuevas medidas.

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, es decir, los refuerzos que, como consecuencia de los acontecimientos que se han producido, ha decidido enviar el Gobierno español, no puedo ni debo concretarle más que hemos adoptado todas las medidas necesarias y que la más importante es el reforzamiento de esas dotaciones militares españolas permanentes en todos los territorios de soberanía española que hay en la zona.

En segundo lugar, si nosotros damos por suspendido el acuerdo, no. Yo ya le dicho las decisiones que hemos tomado y, cuando se tomen nuevas decisiones en su momento, les serán comunicadas. Las decisiones que hemos tomado son las que he dicho antes: la nota verbal a la Embajada marroquí y el refuerzo de las dotaciones militares en los lugares a los cuales he hecho referencia.

¿Cuánto tiempo va a seguir el Embajador en Marruecos? Sobre ese asunto no se ha tomado ninguna decisión, como ya acabo de señalarle, y, cuando se tome, si se toma, lógicamente la pondremos en su conocimiento.

En cuanto al tiempo que vamos a esperar a tomar decisiones, nosotros nos hemos dirigido y esperamos una pronta respuesta por parte del Reino de Marruecos.

P.- No sé si rompo un poco el guión, pero hace tres días que se ha producido una crisis de Gobierno. El Presidente del Gobierno todavía no ha ofrecido explicaciones, quizá esta sería una ocasión buena para que el Vicepresidente nos explicara un poco las coordenadas que él ve en este cambio de Gobierno y, en cualquier caso, si considera que es un equipo lo suficientemente sólido como para mantenerse sin reajustes hasta el final de la Legislatura.

Al Ministro de Hacienda me gustaría preguntarle si no sintió cierta decepción al comprobar que no se fusionaban los Departamentos, los Ministerios de Economía y Hacienda, y, por lo tanto, no iba a poder pilotar este macroministerio.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, yo quiero decir, fundamentalmente, que los cambios de Gobierno son absolutamente normales en las democracias. Si analiza usted la composición de los Gobiernos en los distintos países europeos, verá que es habitual el que se produzcan cambios de Gobierno, cuando quien es su Presidente lo estima oportuno y conveniente a los efectos de conseguir los objetivos que se haya planteado en su día para los cuales haya sido votado. Por tanto, el cambio de Gobierno no es la primera vez que e produce. Es más, es difícil encontrar un solo Gobierno de un solo país europeo donde no se produzca un cambio a lo largo de una legislatura.

Si yo creo que éste es un equipo sólido y que, por tanto, es un equipo que puede mantenerse hasta el final de la Legislatura, yo, desde luego, creo que éste es un equipo sólido, creo que es un excelente Gobierno y creo que puede mantenerse hasta el final de la Legislatura, aunque, lógicamente, no es a mí al que me compete decidir si debe o no mantenerse hasta ese momento, porque eso es una decisión que, como es sabido, es facultad del Presidente del Gobierno.

A partir de ahí, yo quiero decirle que este Gobierno, a lo largo de esta legislatura, el Gobierno anterior que presidía José María Aznar ha cumplido su compromiso, manifestado fundamentalmente en la campaña electoral y, después, en el Debate de Investidura. Es decir, nadie puede negarle al Gobierno que haya abordado algunas reformas estructurales que llevaban pendientes algunas, incluso, desde tiempo inmemorial en España, como pueden ser el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el déficit cero, numerosas normas en materia de educación, el tema de la financiación autonómica... No voy a contarles a ustedes lo que ya conocen y el objetivo de este nuevo Gobierno es continuar, en estos dos años que quedan para el final de la Legislatura, con esa política de reformas.

Hay muchos asuntos que están sobre la mesa. Aquí está el Ministro de Hacienda y la financiación local y la supresión del Impuesto de Actividades Económicas son uno de los objetivos básicos de los próximos tiempos, como también lo es la Ley de la Calidad de la Enseñanza, como también lo son el desarrollo y las importantes reformas que conllevará ese desarrollo de las normas del Pacto de Estado de la Justicia.

Sr. Montoro.- En realidad es que la pregunta era, más bien, casi un comentario de carácter personal. Quisiera decirle a ese respecto que el Ministerio de Hacienda tiene una complejidad y un interés muy grande, y tiene toda una serie de proyectos de reforma, como el que hoy traemos después de aprobarlo la mesa del Consejo de Ministros para su remisión a las Cámaras y continuaremos con esas reformas en el conjunto de la Legislatura.

P.- Una pregunta para el señor Rajoy. La nota que dio la Oficina de Información Diplomática no menciona que el islote sea territorio español con esas palabras; dice sólo: la vuelta al "statu quo". Yo quería saber si España considera que el islote de Perejil es territorio español, uno, y, dado que Marruecos ya ha dicho que los militares no piensan retirarse y eso es casi como una respuesta a la nota verbal, quería saber qué otras medidas piensan están contempladas ahora.

Vicepresidente.- En relación con esta segunda pregunta, como ya les dicho antes a algunos de sus compañeros, yo les he comunicado las decisiones que ha adoptado el Gobierno, que son exactamente las que yo he contado y ni una más. A partir de ahí, lógicamente, cuando nosotros tomemos nuevas decisiones, como también he señalado antes, serán conocedoras de las mismas; pero antes, lógicamente, nosotros queremos oír la respuesta del Reino de Marruecos a la nota que nosotros en el día de ayer hemos remitido a su Embajada aquí en Madrid. Por tanto, no cabe en este momento adelantar acontecimientos.

A partir de ahí, lo que hemos dicho en la nota verbal del día de ayer, y yo he ratificado en el día de hoy, es que este islote tiene un estatus, que es el que existe en el presente momento, un estatus aceptado, tanto por parte del Reino de Marruecos, como por parte de España, y que por decisión unilateral de una de las dos partes nos se puede modificar. Y ésa es la posición del Gobierno en relación con este asunto.

P.- ¿La isla tiene un dueño claro?

Vicepresidente.- Tiene un "statu quo" en este momento, que es el ya conocido, y por virtud del cual ni el Reino de Marruecos ni el Reino de España tienen allí en el presente momento dotaciones militares permanentes, como nosotros podemos tener en Ceuta, Melilla, en las Chafarinas, en Alhucemas o en Vélez de la Gomera.

P.- ¿Pero es territorio español?

Vicepresidente.- Ya le he respondido: tiene un "statu quo" que es el "statu quo" al que ya me he referido antes.

P.- Quería preguntarle su opinión sobre las declaraciones de su antecesor en la Vicepresidencia Primera del Gobierno, don Francisco Álvarez-Cascos, en concreto las referencias al Movimiento y a las Jefaturas, y saber si ha habido algún tipo de explicación o de aclaración por parte del Ministro de Fomento, don Francisco Álvarez-Cascos, sobre estas declaraciones.

Vicepresidente.- Yo soy muy poco propenso a hablar de declaraciones de una persona, sobre todo, si no las he oído y las he visto solamente reflejadas en algunos teletipos, porque normalmente hace falta conocerse muy a fondo los matices para averiguar la verdadera intención e, incluso, el contenido de unas afirmaciones.

En cualquier caso, puedo decirle dos cosas: primero, que este asunto no lo hemos tratado en el Consejo de Ministros y, además, tampoco lo hemos tratado en ninguna reunión previa al mismo ni posterior. El segundo comentario que yo quiero hacerle es que el Presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus facultades, ha decidido nombrar Ministro al Secretario General del Partido, Javier Arenas, y que compatibilizase ambas responsabilidades, lo cual no es la primera vez que sucede en la vida política española. El propio Vicepresidente Guerra en su día lo hizo; Francisco Álvarez-Cascos, al que usted ha citado, también y aquí, en este caso, lo único que importa y lo que vamos a hacer y está garantizado, lógicamente, es no mezclar lo que es la actividad institucional de un Gobierno con lo que es la actividad propia de un partido político. Eso, desde luego, tenga usted la seguridad de que está garantizado.

P.- Mi pregunta es también para el señor Rajoy. Me gustaría saber si el Gobierno comparte la necesidad de dar un impulso urgente a los acuerdos en materia de inmigración suscritos con el Gobierno de Canarias, tal como demanda insistentemente el Ejecutivo autónomo. En esta línea, me gustaría saber cuáles son las expectativas respecto a la reunión de la subcomisión Estado-Canarias que está pendiente de convocar y le pediría también que valorara la petición del Gobierno autónomo de Canarias para que se sustituya a Enrique Fernández-Miranda como Delegado del Gobierno para Extranjería, en la medida en que lo consideran un obstáculo para avanzar en la interlocución con el Estado.

Vicepresidente.- En relación con esta segunda pregunta de las que me ha formulado, yo tengo que decir que no tengo conocimiento de ninguna petición por parte del Gobierno de Canarias para que se proceda al cese del señor Fernández-Miranda. Yo he sido responsable de la cartera de Interior, como usted sabe, hasta muy pocas fechas y nadie me ha hecho un planteamiento de esas características y puedo asegurarle que a mi sustituto, don Angel Acebes, tampoco. Además, no parecería muy razonable que lo hicieran y el Gobierno de Canarias no acostumbra a hacer cosas que no son razonables.

En lo que se refiere a la primera parte de su pregunta, es decir, a la necesidad de un impulso urgente para llevar a buen término los acuerdos con el Gobierno de Canarias, yo creo que se están cumpliendo los acuerdos con el Gobierno de Canarias y, hasta donde yo sé, y vuelvo a insistir en que he sido responsable de la cartera de Interior hasta hace muy pocas fechas, a satisfacción del Gobierno de Canarias. Probablemente, el asunto más emblemático y el problema que generaba más dificultades y que, incluso, provocaba mayor atención por parte de la opinión pública, era la circunstancia que se producía en el local del Ayuntamiento de Fuerteventura, en donde se ubicaba a las personas que eran recogidas del mar por parte de Guardia Civil. En un período de tiempo, que yo creo que más que razonable es muy rápido, se procedió a habilitar un nuevo centro a satisfacción de todos y ahora estamos trabajando para construir los centros que están pendientes.

En este sentido, nosotros habíamos acordado con el Gobierno de Canarias la construcción en la isla de Santa Cruz de Tenerife de un centro similar al que existe en Las Palmas de Gran Canaria y, lógicamente, nosotros tenemos la firme convicción de que, por parte de las autoridades de Tenerife, puesto que nosotros queremos construirlo, se nos darán las facilidades y las licencias necesarias para poder llevarlo a buen término.

Por tanto, las cosas se están cumpliendo razonablemente y, desde luego, nuestra voluntad es hacerlo, como no podía ser menos, porque para eso hemos llegado a ese acuerdo y queremos ser serios a la hora de cumplirlo.

P.- Tenías varias preguntas para el Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno. En primer lugar, me gustaría que nos aclarase el término "statu quo" referido al islote de Perejil. ¿Cabe deducir de sus palabras que, cuando se negoció el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se acordó con el Gobierno de Marruecos dejarlo como tierra de nadie o si España renunció entonces a reclamar la soberanía sobre este peñón? Quería saber también si España se ha planteado recabar la ayuda o cooperación o ha informado a los organismos internacionales a los que pertenece como, por ejemplo, la OTAN.

En segundo lugar, como usted sabe, hoy el Ministro Straw ha anunciado la disposición del Gobierno británico a alcanzar un acuerdo de soberanía compartida con España, sólo condicionado al apoyo de los gibraltareños al referéndum. ¿Cómo valora este anuncio? ¿A qué atribuye el aparente desbloqueo de la negociación? ¿Considera que la cita o consulta es un escollo insalvable o no?

Por último, me gustaría apelar a su memoria, para que nos recuerde a todos si de 1996 a 1999 el entonces Vicepresidente Primero delegó todas sus competencias en el Coordinador General del Partido Popular, convirtiéndolo en Secretario General plenipotenciario, como dijo ayer el señor Cascos.

Vicepresidente.- Yo creo que he explicado con meridiana claridad en una respuesta anterior cual era el "statu quo" del islote del Perejil; es decir, desde hace ya más de 40 años había un acuerdo entre ambos Reinos por virtud del cual no habría dotaciones permanentes por parte de ninguno en ese islote. Y ya he dicho antes que, sin embargo, sí hay dotaciones permanentes militares españolas en otros lugares próximos. Por tanto, ésa es la situación en la que se está en este momento, donde naturalmente cada parte tiene sus títulos jurídicos, sus planteamientos y su reivindicación; pero, precisamente como eso sucede así, es por lo que existe una situación que hasta el momento presente había sido respetada por todos, tanto por parte del Reino de España, como por parte del Reino de Marruecos.

A partir de ahí, se ha producido una ruptura unilateral de una situación que llevaba mucho tiempo, que era pacífica y que no suponía, como no supone en este momento, la renuncia, desde luego, por parte de España a sus derechos sobre el islote. Ésa es exactamente la situación.

En segundo lugar, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, en el día de hoy, Jack Straw, el Ministro de Asuntos Exteriores inglés, ha dicho en la Cámara de los Comunes que quieren negociar un acuerdo sobre la soberanía de Gibraltar con España. En este sentido, lo único que puedo decir es que estaba prevista una reunión, como consecuencia del cambio de Gobierno se ha aplazado y yo espero que en pocas fechas continúen las conversaciones sobre ese asunto, sin que parezca lo más razonable que estemos debatiendo o contando públicamente cuál es nuestra posición. Lo único que quiero señalar es que es la primera vez en muchos años que se habla en serio de un tema de la importancia que tiene el de Gibraltar.

En relación con el asunto último al que usted se refería y sobre el cual ya tuve una pregunta anterior, quiero decir que las fórmulas que se han ensayado han sido varias y diversas, tanto cuando gobernaba el Partido Popular, como por parte del Partido Socialista. Todas son plenamente válidas, todas son plenamente legítimas y todas, por tanto, tienen que ser aceptadas por parte de todos, siempre y cuando eso no influya, como he dicho antes, en la necesaria independencia que debe tener un Gobierno que, como también he dicho antes, está absolutamente garantizada.

P.- Para el Vicepresidente Primero y Ministro Portavoz. El Parlamento Vasco acaba de aprobar un dictamen en el que reclama al Gobierno Central un calendario de las 37 competencias que reclama. Le quería preguntar en este sentido si va a haber esa respuesta, si va a haber ese calendario en dos meses.

En segundo lugar, como pregunta complementaria, también hay un anuncio de que el Gobierno Vasco está preparando un estudio sobre un sistema general de la Seguridad Social propia. En este sentido, si hubiera una asunción de competencias por parte del Gobierno Vasco, ¿qué actitud adoptaría el Gobierno Central?

En tercer lugar, en estas condiciones, con el conflicto institucional que se ha generado, ¿puede haber un próximo encuentro entre el Presidente del Gobierno y el Lehendakari o el Vicepresidente del Gobierno y el Lehendakari para intentar llevar este conflicto por algún cauce dialogado?

Vicepresidente.- Sobre este asunto yo quisiera hacer algunas consideraciones.

Yo creo que el problema más importante que tiene en este momento planteado el País Vasco, y por tanto ésa es la prioridad básica del Gobierno de España, y yo creo que de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y vascos, es un problema de libertad y de respeto a la vida y a los derechos fundamentales de las personas.

Por lo tanto, el Gobierno va a seguir, como dije al principio de esta rueda de prensa, haciendo los mayores esfuerzos de que sea capaz para luchar contra el terrorismo y garantizar la libertad, por la vía policial, por la vía internacional, por la vía legal, y, desde luego, con el apoyo de la ciudadanía y de los grupos sociales que cada vez son más activos a la hora de defender la vida y los derechos de las personas.

Lamento que las prioridades del Gobierno Vasco sean otras. Yo lo que quiero decir es que, en el supuesto de que el Gobierno Vasco adopte acuerdos y, además, actúe en consecuencia, es decir, pretenda su ejecución, nosotros actuaremos utilizando los instrumentos que nos dan la Ley y el Estado de Derecho, que son los propios de una democracia civilizada. Es decir, nosotros actuaremos, como es lógico, democrática y civilizadamente, y en este sentido nos gustaría que todo el mundo lo hiciera; pero no parece muy propio de los tiempos en que vivimos el que un Gobierno anuncie que se va a saltar a la torera la Ley y, por tanto, no respete los instrumentos básicos del Estado de Derecho y los que cualquier democracia civilizada en el año 2001 tiene como algo indiscutible en sus propios comportamientos.

Por tanto, vamos, lógicamente, a esperar acontecimientos y nosotros no tenemos más instrumentos, que ya son muchos, que los propios de las democracias avanzadas. Me gustaría que así lo entendiera también el Gobierno Vasco.

A partir de ahí, nunca nos hemos negado a hablar de traspasos de competencias. Ya poco después de las últimas elecciones vascas fijamos como grandes objetivos en el País Vasco la lucha contra el terrorismo, el primero, que es el que sigue siendo ahora --y yo he conseguido algunos acuerdos, cierto es que parciales, con el Consejero de Interior, el señor Balza--; la renovación del Concierto, y se llegó a buen término a pesar de algunas actuaciones que ya no voy a calificar ahora del Gobierno Vasco, y continuar el proceso de traspaso de competencias.

Pero tengo que recordar que algunas de las competencias que ahora se reclaman por el Gobierno Vasco yo, siendo Ministro de Administraciones Públicas, ya las negocié. Lo que pasa es que la negociación no puede entenderse como o se hace lo que digo yo, o no se hace nada. Yo recuerdo que en el año 1996 empecé negociando, al mismo tiempo, el traspaso del INEM a las Comunidades del País Vasco; en realidad, empezamos primero con el País Vasco, después con Cataluña y Galicia, se pudo hacer el traspaso a Cataluña y a Galicia, luego a otras Comunidades Autónomas, y el negociador, en todos los casos, era el mismo, que era yo.

Por tanto, nosotros nunca nos negaremos a hablar de las competencias, como no nos negamos, y ha quedado acreditado, a hablar del Concierto o hablar de la lucha antiterrorista. Pero, insisto, desde luego, este Gobierno tiene fijada como primera prioridad, y lamento que no sea la del Gobierno Vasco, la defensa de la libertad y, desde luego, este Gobierno tiene claro que todo lo que haga lo hará respetando la Ley, el Estado de Derecho y los procedimientos de una democracia civilizada, cosa que, a la vista de lo que estamos viendo estos días, no tengo claro que otros puedan pensar lo mismo.

P.- Para el Vicepresidente. Volviendo al tema marroquí, en su intervención inicial ha recordado que Marruecos tiene en España 200.000 trabajadores y que por aquí pasan muchos marroquíes para hacer la ruta del Estrecho de vuelta de vacaciones, y de ida, también. Mi pregunta es si eso es, simplemente, es un recordatorio de las buenas relaciones que han existido hasta ahora en los últimos años o hay detrás de eso una velada insinuación de que eso puede cambiar por parte española.

Vicepresidente.- Hay, simplemente, un juicio de valor. Nosotros hemos adoptado ante unos hechos unas decisiones y hacemos un juicio de valor.

Manifestar la incompatibilidad con un Tratado de Buena Relación, Vecindad y Amistad me parece muy razonable; manifestar que es incomprensible, desde el punto de vista de los usos internacionales que se haga esto, es algo muy razonable y perfectamente entendible; manifestar que es más incomprensible, aún si cabe, solamente si cabe, teniendo en cuenta las relaciones entre España y Marruecos, como he dicho antes, que aquí hay mas de 200.000 nacionales marroquíes viviendo, que todos los años cruzan el Estrecho y el Gobierno español hace un gran esfuerzo y, por tanto, el ciudadano español, el contribuyente español, para que las cosas se lleven a buen término de la mejor manera posible; y manifestar que Marruecos es el primer país en la cooperación española, yo creo que es manifestar que todo eso hace bastante más incomprensible lo que ya de por sí lo es, porque nada tiene que ver con los usos internacionales que, habiendo un "statu quo" aceptado desde hace muchos años y que hace que las cosas funcionen de una manera razonable, se produzca una ruptura unilateral.

Por tanto, es, lisa y llanamente, un juicio, una opinión y un posicionamiento, y es exactamente lo que hay que ver detrás de mis palabras.

P.- Al Vicepresidente. Yo quería saber si el Gobierno ha hecho algún análisis de los objetivos que podría buscar Marruecos con la invasión de este islote, si hay algún objetivo escondido detrás.

Vicepresidente.- No. El Gobierno, lógicamente, ha hecho sus análisis; pero yo quiero decirles una cosa, que en cierta manera la apunté en mi intervención inicial: la pregunta que cabe hacerse aquí, y, que sin duda alguna, tiene que responder el Gobierno de Marruecos, es decir a dónde pretende llevar Marruecos sus relaciones con España, porque éste no es, sin duda alguna, el primer acontecimiento que se produce en relación con este asunto.

En las relaciones entre España y Marruecos yo espero también que acontecimientos como el que se ha producido en el día de ayer, y sobre el que estamos hablando en el día de hoy, hagan reflexionar a todos sobre cuál debe ser la posición que se debe mantener en estos temas y hagan también evitar que cometan determinadas ingenuidades que, al final, se ve que sirven para muy poco.

P.- Señor Vicepresidente, yo tenía para usted dos preguntas en relación con el tema de la isla de Perejil. Me gustaría saber si ustedes tenían alguna información previa de que se podía producir un suceso como éste. Y al hilo de lo que preguntaba la compañera, y teniendo en cuenta que algunos contenciosos con Marruecos, y en particular el de Sáhara Occidental, me gustaría saber si España va a mantener en los foros internacionales la misma postura que ha venido manteniendo hasta la fecha sobre este tema o si pueden producirse cambios por esta vuelta de tuerca, que parece que se han producido, en las relaciones hispano-marroquíes.

Después, en relación con el tema de la inmigración y la continuidad del señor Fernández Miranda, me gustaría saber por qué no considera usted razonable que un partido político solicite la destitución de un responsable del Gobierno

Vicepresidente.- En relación con esta tercera pregunta, porque tal y como se me formuló la pregunta era el Gobierno de Canarias el que parece ser que podía haber pedido la dimisión de la persona a la que usted ha hecho referencia; no un partido político, era el Gobierno, y yo ya he dicho que no tengo conocimiento. Desde luego, a mí nadie me manifestó nada, ni siquiera parecido, y al señor Ministro del Interior actual, tampoco.

En cualquier caso, lo importante, y nosotros lo hemos manifestado en numerosas ocasiones y reiterado hasta la saciedad, es que nosotros queremos tener un buen entendimiento con el Gobierno canario, con el partido que fundamentalmente lo apoya. Creo que lo hemos tenido, tanto a nivel de Canarias, como aquí, y creo que la subcomisión que trata de los temas de inmigración funciona razonablemente, teniendo en cuenta que estamos, como es sabido, ante uno de los temas más complejos y más difíciles al que se enfrentan en general todos los Gobiernos de la Unión Europea.

Nosotros tenemos firme voluntad, y lo sabe el Gobierno canario, de que las cosas saldrán bien y, además, actuaremos con lealtad, como siempre lo hemos hecho en nuestras relaciones con el Gobierno canario y sin pretender hacer una jugada a corto o medio plazo. Es decir, queremos ser serios y actuar en consecuencia, porque éste no es, ciertamente, un tema menor.

En relación con la posición que, como consecuencia de los acontecimientos que estamos comentando, vaya a adoptar España en los foros internacionales con respeto a Marruecos, tengo que responderle lo que ya le he dicho a muchos de sus compañeros. No hay más decisiones adoptadas que las que yo he comentado a lo largo de esta intervención; por tanto, ésas son las únicas decisiones que hasta el presente momento ha adoptado el Gobierno.

Por lo que se refiere a si nosotros habíamos o no previsto que se produjera una situación de estas características en el islote Perejil, yo tengo que recordar lo que antes he señalado: nosotros tenemos de manera permanente establecidas dotaciones militares en otros lugares de soberanía española, en los islotes a los que antes he hecho referencia, en Ceuta y Melilla, etc., etc.; pero, precisamente porque ése era el "statu quo" acordado con Marruecos, ni nosotros ni ellos teníamos dotaciones militares allí. Desde luego, España no tiene porque pensar que --no estamos allí, además-- que Marruecos pueda unilateralmente hacer esto porque, como he señalado antes, es absolutamente incomprensible desde el punto de vista de los usos internacionales. Es decir, eso no se hace en los usos internacionales y, por eso, es ciertamente sorprendente el que se haya adoptado esa decisión.

P.- Ministro, yo quería incidir en el tema de Marruecos, pero no para preguntarle sobre el estatus de la isla ni nada, sino, al hilo de lo que ha preguntado el compañero, si no se puede considerar un fallo en los servicios de inteligencia españoles. Si alguna zona de frontera tendrían que haber vigilado los servicios de inteligencia españoles, no es precisamente ni Portugal, ni Francia, ni el Mediterráneo, en los que no parece muy probable que haya ningún problema defensivo por esta áreas que le he dicho, sino precisamente por el Sur, habida cuenta de que usted mismo ha reconocido que ya ha habido otros incidentes y que las relaciones con Marruecos, en cuanto al estatus, no digo del islote, sino de Ceuta, Melilla, etcétera, no es la primera vez... Entonces, ¿no debemos entender que tenía que haber sabido el servicio de inteligencia que se podía producir una intervención de este tipo?

Vicepresidente.- Yo no lo veo así. Esto en los usos internacionales es algo absolutamente inusual. De ahí deriva precisamente el que nosotros hayamos dicho que... Y, además, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un Tratado con Marruecos desde el año 1991, al que antes me he referido. Esto es algo absolutamente inusual en los usos internacionales y esto no se hace; es decir, no se hace, ni habitualmente, ni no habitualmente. Esto no se hace.

P.- Volviendo al tema de Marruecos, una vez más, teniendo en cuenta que es un "statu quo" heredado por este Gobierno, ¿este Gobierno considera óptimo este "statu quo" o, al hilo de la actual situación, se podría plantear reformularlo, en función de cuál sea la actitud de Marruecos?

En segundo lugar, usted ha alertado contra el peligro de cometer según qué ingenuidades que, al final, sirven para muy poco. Quería saber si con esto se refería a los desplazamientos del líder de la oposición a Marruecos.

En tercer lugar, yendo más al fondo de la cuestión, usted ha preguntado en varias ocasiones a dónde quiere llevar Marruecos su relación con España y yo le pregunto a usted: ¿a dónde quiere llevar España su relación con Marruecos? O sea, desde Madrid, ¿qué iniciativas se van a tomar?

Y, al hilo de esta pregunta, en ese contexto, ¿existe alguna posibilidad de que éste u otro contencioso con Marruecos modifiquen la posición española sobre el Sáhara?

Vicepresidente.- La posición española sobre el Sahara es una posición que adopta España en el ejercicio de su propia soberanía y nada tiene que ver con lo que ha ocurrido en el día de ayer. Es decir, España tomará sus decisiones con el Sáhara como estime oportuno y conveniente, como lo hace cualquier país en el ámbito de las relaciones internacionales.

En relación al "statu quo", como también he señalado antes, España no renuncia a lo que cree que son sus derechos sobre el islote del Perejil; pero también es evidente que, cuando se llega a una situación como la que mantenemos desde hace muchos años, lo que tampoco hace España es romperla de manera unilateral, como ha ocurrido en esta oportunidad. Por tanto, España no renuncia, pero tampoco rompe un "statu quo" que data desde hace mucho tiempo.

Por lo que se refiere a la pregunta de la ingenuidad, yo creo que tampoco se trata ahora de hacer eso; pero sí se trata, de cuando en cuando, de hacer algún recordatorio sobre cosas que, al final, no conducen a nada, como hemos visto a lo largo de estos últimos meses.

P.- Al hilo del ultimátum que parece plantear el Gobierno Vasco, y el Gobierno responderá con los instrumentos que ofrece la Ley, yo le quisiera preguntar si nos puede detallar cuáles son esos instrumentos o qué tipo de medida puede caber en ellos.

Vicepresidente.- Yo ya he dicho antes que los acuerdos que se adopten y, luego, las decisiones para cumplir esos acuerdos, es decir, los actos materiales, lógicamente serán estudiados. Si nosotros consideramos que son contrarios a las leyes, lógicamente utilizaremos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho. Estas cosas ya las hemos visto en numerosas ocasiones con los recursos ante el Tribunal Constitucional, requerimientos de incompetencia y, luego, los muchos procedimientos que están establecidos en la legislación vigente.

Lo que es evidente es que el Gobierno cree que hay que respetar la Ley y el Estado de Derecho, que eso es propio de una democracia civilizada y que nunca se saldrá de la Ley, y que hay otros que me da la sensación de que no lo entienden igual. A mí eso me parece ciertamente sorprendente y muy preocupante, y creo que los ciudadanos debieran exigirles a todos los Gobiernos que cumplan la Ley, respeten las normas y que se comporten y actúen como democracias civilizadas. No hay nada más que eso.

Muchas gracias.