Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Buenos días a todos, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria, que la vamos a hacer de la siguiente forma: yo voy a hacer un breve resumen de lo que es la Referencia del Consejo, después haré un comentario sobre las últimas novedades en relación con el "comando Navarra" de ETA y, a continuación, el Ministro de Justicia nos va a explicar el acuerdo que hemos adoptado en la mañana de hoy en el Consejo de Ministros de remisión al Consejo General del Poder Judicial del Anteproyecto de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Antes de que lo haga, yo haré un breve comentario en el que aprovecharé también para explicar el acuerdo que hemos adoptado en el día de hoy por el que se ejecutan la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Reglamento del Consejo de la Unión Europea por el que se suspende el régimen de liberalización de inversiones y transacciones exteriores para determinadas organizaciones y grupos terroristas.

Por último, el Ministro de Hacienda les informará a todos ustedes del acuerdo que hemos adoptado hoy remitiendo a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se prorroga, por el plazo de un año, el Concierto que regula las relaciones económicas y fiscales entre la Administración General del Estado y el Gobierno vasco.

De conformidad con lo que acabo de señalar, voy a comentar, en primer lugar, los asuntos más importantes, aparte de los ya referidos, que se han tratado en el Consejo de Ministros del día de hoy.

El Consejo ha aprobado un Acuerdo por el que se ratifica hasta el 1 de julio del año 2002 el empleo de Fuerzas Armadas españolas en los Balcanes hasta un total máximo de 2.600 efectivos. En dicha cantidad se incluyen las tropas de combate, sus apoyos correspondientes y los medios navales y aéreos.

En cuanto a grandes obras públicas de titularidad estatal dependientes del Ministerio de Fomento, el Consejo ha autorizado las obras de autovía del tramo Lleida-Els Alamùs, de la N-II, como vía de acceso a la ciudad de Lleida. El presupuesto de las obras de este tramo de siete kilómetros supera los 2.400 millones de pesetas.

Igualmente, se han autorizado las obras de la variante de Baena, en la provincia de Córdoba, en la Carretera N-432, de Badajoz a Granada. La longitud total de esta variante es de diez kilómetros, tiene un presupuesto de 3.300 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. Esta variante de Baena evitará una travesía conflictiva que afecta a una población de 16.600 habitantes y soporta un tráfico con una intensidad media diaria superior a 3.000 vehículos.

Asimismo, ha sido aprobada la relación de candidatos admitidos a la licitación de la construcción y explotación de la sección internacional entre Perpiñán y Figueras, de la línea ferroviaria de Alta Velocidad entre España y Francia, con la aprobación también del correspondiente pliego de bases para la adjudicación de la concesión y su correspondiente proyecto de contrato. Este importante proyecto se extiende sobre una longitud de 45 kilómetros y el paso por los Pirineos se efectúa con un túnel bitubo de 8.171 metros de longitud, de los que 7.317 metros discurren en territorio francés y los 854 metros restantes en España. Esta infraestructura, que está destinada al tráfico de viajeros y de mercancías, tiene las ventajas de suprimir las rupturas de cargas debidas a las diferencias del ancho de vía entre Francia y España, permitir obtener tiempos de recorrido competitivos entre los dos países y entre la Península Ibérica y el resto de Europa y contribuir al desarrollo del transporte ferroviario de mercancías.

En cuanto al desarrollo de las actividades derivadas del Plan de Seguridad en la Minería, se ha autorizado la transferencia de 400 millones de pesetas a distribuir entre las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León y Cataluña, que servirán para cofinanciar proyectos destinados a actuaciones en esta materia. Esta transferencia tiene un efecto multiplicador, ya que con ella se financia, aproximadamente, la tercera parte de dichas actuaciones que suponen proyectos por un importe de 1.250 millones de pesetas, cuyo importe restante será aportado por las Administraciones Autonómicas.

En el área de Administraciones Públicas se amplían los traspasos realizados con anterioridad a la Generalitat de Cataluña en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia y se aprueba el traspaso de profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

También el Consejo ha autorizado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con cargo a ejercicios futuros, el Programa de Fomento de la Investigación Técnica. Se trata de la concesión de ayudas a entidades que promuevan el desarrollo de Parques Tecnológicos o Científicos, instrumentadas en forma de anticipos reembolsables, que se concederán con carácter plurianual y con la finalidad de favorecer el componente científico y tecnológico de los Parques. Con este motivo se han autorizado gastos por un importe de 7.500 millones de pesetas para el cuatrienio 2.002-2005.

También ha tomado el Consejo de Ministros razón de la ayuda humanitaria de emergencia a los refugiados afganos. Se trata de una ayuda consistente en el transporte de material de emergencia suministrado por Cruz Roja Española y Médicos del Mundo para paliar, en la medida de lo posible, la grave situación por la que atraviesan aquellos refugiados. El transporte de ayuda se va a realizar en un avión Airbus-300 e irá consignada a la Embajada de España en Pakistán y a la Federación Internacional de la Cruz Roja para su entrega a la Cruz Roja Española y a Médicos del Mundo, quienes se encargarán de su distribución entre los afectados.

También se ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios combinados para el año 2002, que cuenta con una dotación de 30.000 millones de pesetas, lo que supone un 11 por 100 más que el Plan del año 2001. Dicha cantidad se destinará a subvencionar el coste de los seguros. Además de las líneas de seguro y modalidades de contratación ya conocidas, para el año 2002 está prevista la incorporación de importantes novedades; entre ellas destaca, especialmente, la cobertura contra los efectos negativos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina en las explotaciones ganaderas españolas.

A este respecto cabe destacar también la aprobación de una transferencia de crédito, por valor de casi 3.000 millones de pesetas, para financiar medidas adicionales de apoyo al sector vacuno, en cumplimiento del Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas adicionales para la erradicación de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles.

Por otra parte, se ha autorizado también el reparto de fondos, por valor de más de 6.300 millones de pesetas, con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinados al cumplimiento de planes y programas agrarios de las Comunidades Autónomas, según los criterios de distribución acordados en la última Conferencia Sectorial de Agricultura.

En el capítulo de condecoraciones, entre otras, el Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a don Francisco Gento López, a don Pedro Delgado Robledo, a don Francisco Fernández Ochoa, a don Iñaki Urdangarín Liebaert y a don Carlos Sáinz Cenamor. Asimismo, se han concedido sendas Placas de Oro de esta Real Orden al equipo español de la Copa Davis 2000 y al Valencia Club de Fútbol.

Ha habido un capítulo de nombramientos de Embajadores de España, y ha sido nombrado Secretario General Técnico del Ministerio de la Presidencia don Roberto Gamir Meade; Director General para la Modernización de la Administración de Justicia, don Alberto Víctor Dorrego de Carlos, y Director General de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, del mismo Ministerio, don Tomás González Cueto.

En cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno entre los días 30 de noviembre y 7 de diciembre, el viernes, es decir hoy, el Presidente, a última hora de la tarde, emprenderá viaje de regreso a Madrid; por lo tanto, llegará mañana.

El lunes recibirá a Bill Gates, presidente de Microsoft, algo después de las diez de la mañana. A las once presidirá la firma del Acuerdo de Colaboración para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el ámbito universitario por parte de la Ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, el citado presidente de Microsoft y el presidente de Universalia, Emilio Botín.

A mediodía del lunes viajará a Varsovia, donde iniciará un viaje a la República de Polonia, a la República Checa, a la Eslovaca y a la de Rumanía, que se prolongará hasta la tarde del día siguiente, es decir, del martes, día 4, momento en que regresará a Madrid.

El miércoles, día 5, a las diez de la mañana, participará en la reunión de la Interparlamentaria Popular, que se celebrará en Zaragoza; a las 13,30 presidirá un acto organizado por las Nuevas Generaciones del Partido Popular sobre la Constitución en la madrileña Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera, número 10.

El jueves, día de la Constitución, a las doce horas asistirá, en el Congreso de los Diputados, a la recepción que se celebrará con motivo del Día de la Constitución, y el viernes 7 presidirá la reunión ordinaria del Consejo de Ministros.

Tal y como había señalado al principio de mi intervención, voy a hacer un breve comentario sobre las últimas novedades que se han producido en relación con la desarticulación de un comando de la organización terrorista ETA en Navarra.

A las 21,20 horas del día de ayer, y por efectivos de la Guardia Civil, se procedió a la detención, como presuntos colaboradores de ETA, de las siguientes personas: Aitor Sola Esteban, de 23 años y con domicilio en Pamplona (Navarra), y Leire Marquina Rey, de 21 años y también domiciliada en Pamplona (Navarra). Además, entre las dos horas y veinticinco minutos y las ocho horas diez minutos del día de hoy se han llevado a cabo siete registros domiciliados relacionados con el operativo. Yo creo que no hace al caso que les cuente las calles; son, fundamentalmente, en Pamplona. En cualquier caso, y si alguien tiene interés, son seis domicilios y una sociedad recreativa cultural llamada "El Bullicio Pamplonés".

En relación con este asunto, yo quiero significar y hacer algunos breves apuntes sobre lo que esta operación realizada por efectivos de la Guardia Civil ha permitido. En primer lugar, se ha desmantelado la infraestructura intacta del miembro "liberado", que fue utilizada como apoyo de su huida en noviembre del pasado año, tras la desarticulación del "comando Amallur". En segundo lugar, se ha desmantelado la infraestructura, tanto de colaboradores "legales" como de domicilios, que pensaban utilizar Jorge Olaiz, que está a disposición en este momento, como saben ustedes, en dependencias policiales y que pronto se pondrá a disposición judicial, y su compañero huido, Íñigo Vallejo, para reconstituir el nuevo "comando Nafarroa", de ETA, lo cual ha evitado la intervención de la Guardia Civil.

Probablemente, el asunto más importante es que un comando que iba a empezar, porque ya existían objetivos concretos a asesinar, ha sido desmantelado, si bien uno de sus miembros se ha dado a la fuga, aunque todavía la Guardia Civil intenta localizarlo. También se ha detenido a los dos colaboradores "legales", a los cuales antes he hecho referencia, que iban a apoyar las acciones terroristas de los dos "liberados" y que en este momento estaban realizando tareas de obtención de información sobre potenciales objetivos de la banda terrorista.

Quiero señalar también que la operación sigue abierta, que no se descartan nuevas actuaciones, y quiero felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil, una vez más, y ya son muchas, por fortuna, y ojalá que sean más en el futuro, las que se han producido en el año 2001. Particularmente importante es que se ha podido actuar antes de que estos miembros del comando --tres de los cuales han sido detenidos, como ya he dicho antes-- comenzaran a cometer sus acciones criminales.

Por último, quiero hacer algunos comentarios sobre determinadas medidas, la más importante de las cuales la va a dar a conocer hoy el Ministro de Justicia, que el Gobierno está adoptando en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Como ustedes saben, el terrorismo es la amenaza más grave que sufren nuestras sociedades en este momento. De hecho, acontecimientos como los que han tenido lugar el 11 de septiembre han evidenciado, si cabe, aún más la necesidad de luchar contra el terrorismo con todos los instrumentos que permite el Estado de Derecho y en el marco de la máxima colaboración internacional. Todos los Estados reunidos en el seno de Naciones Unidas están de acuerdo en que hemos de trabajar urgentemente para prevenir y para reprimir los actos de terrorismo.

En este sentido, quiero hacer referencia, aunque ustedes ya lo conocen, a la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1373, aprobada el 28 de septiembre del año 2001, que ha ordenado a los Estados que adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir el delito de terrorismo y presten la máxima asistencia y colaboración internacional en la persecución de estos delincuentes.

En particular, y es la norma de la que traen su origen las medidas que está adoptando el Gobierno, el Consejo de Seguridad insta a los Estados a que prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo congelando sin dilación los fondos de personas que cometan actos terroristas, de los que faciliten su comisión, de las entidades que sean propiedad o estén controladas por éstos y de las personas y entidades que actúen en su nombre o bajo sus órdenes.

En la misma línea se ha pronunciado, como también ustedes saben, el Consejo Europeo en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que ha tenido lugar en Bruselas el pasado día 21 de septiembre. En esa reunión se hace de la lucha contra la financiación de los actos terroristas un apartado decisivo dentro de las medidas del Plan de Acción contra el Terrorismo. Este Plan de Acción, como ustedes saben, contempla una serie de medidas. Algunas de ellas esperemos que se aprueben dentro de pocas fechas por el Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea; pero una de las medidas más importantes, como he señalado, es la que hace referencia a los aspectos económicos y a la utilización de estos medios por parte de las organizaciones terroristas.

También los foros económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, han insistido en la imperiosa necesidad de aislar el fenómeno del terrorismo cortando sus fuentes de financiación.

Por todo ello, en el ámbito nacional nuestras políticas y nuestras legislaciones deben de dotarse de medios eficaces para acabar con el terrorismo en todas sus manifestaciones; es decir, no debemos contentarnos solamente con reprimir y con castigar a los terroristas y a los que los apoyan, sino que debemos intentar prevenir la comisión de actos terroristas.

A estos efectos, y esto es lo que justifica dos de las medidas que hemos adoptado hoy, en primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que se dirige a facilitar la ejecución de las sucesivas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde la 1267 hasta la Resolución a la que antes he hecho referencia, la 1373, de hace unas fechas.

Con este Acuerdo reforzamos y conferimos seguridad jurídica a la prohibición de realizar movimientos y capitales y sus correspondientes operaciones de cobro, pago y transferencias que tengan como ordenante, emisor o beneficiario o destinatario a las personas, entidades u organizaciones relacionadas por estas dos instancias internacionales y que se detallan en un anexo que se puede poner a su disposición. Se trata, en suma, de congelar todas las cuentas de aquellas organizaciones o personas que aparecen citadas en las Resoluciones de Naciones Unidas o en el Reglamento, conocido como "Reglamento de talibanes", aprobado en su momento, este mismo año, por los órganos correspondientes de la Unión Europea.

En segundo lugar, se ha acordado remitir al Consejo General del Poder Judicial y después al Consejo de Estado el Proyecto de Ley que pasa a exponerles ahora el Ministro de Justicia.

Sr. Acebes.- Efectivamente, hoy el Consejo de Ministros, primero, ha conocido un informe y, posteriormente, ha acordado remitir el Anteproyecto de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado.

Los antecedentes los ha explicado el Vicepresidente: está la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ordenaba a todos los países precisamente elaborar una legislación para congelar sin dilación los fondos y activos financieros y recursos económicos de personas o entidades relacionadas con el terrorismo; en segundo lugar, también, como se ha dicho, el Plan que elaboró el Consejo Europeo extraordinario que se celebró el pasado día 26 de septiembre.

El objeto de este Anteproyecto de Ley es el bloqueo y la congelación de todos los fondos, saldos en cuentas, de los terroristas o de personas y entidades vinculadas a los terroristas. Se trata, por tanto, no sólo de reprimir el delito, sino de prevenir la financiación del terrorismo mediante esta actividad que recoge ahora la Ley.

¿Mediante qué instrumento se conseguirá este objetivo? Se crea un organismo que se denominará Comisión de Vigilancia de Actividad de Financiación del Terrorismo. Es una comisión especializada, que es la que se encargará de dar las instrucciones precisas y necesarias, después de recabar, por supuesto, toda la información necesaria, a las entidades financieras para que procedan a la congelación o al bloqueo de las cuentas y recibir la información que en consecuencia de esas mismas cuentas se derive.

Esta Comisión, que tiene parangón y tiene su modelo en la que ya existe para el blanqueo de capitales y que se constituyó como consecuencia de la aprobación de la Directiva de blanqueo, es una comisión que estará compuesta por un representante del Ministerio Fiscal; estarán también representantes de los Ministerios de Economía, Interior, Defensa, de las autoridades económicas y que mantendrá, además, una sintonía y conexión, que se establecerá reglamentariamente, con la Comisión de Blanqueo porque, lógicamente, sus actividades y sus relaciones es muy importante que sean permanentes.

¿En qué casos procederá el bloqueo y la congelación de las cuentas y de los saldos? Siempre que exista una orden internacional, bien sea de Naciones Unidas --nos acaba de explicar el Vicepresidente Primero un supuesto-- y siempre que haya una orden de estas características procederá el bloqueo, o bien las derivadas de las instituciones y de los organismos europeos. También procederá cuando las propias entidades financieras, que estarán obligadas a ello, informen de que hay operaciones que detectan que pueden ser destinadas a financiar el terrorismo; o bien cuando la propia Comisión, en función de las informaciones a las que tenga acceso y a través de datos fundados, pueda hacer pensar que una cuenta sirve para financiar actividades que son compartidas con los fines del terrorismo, es decir, actividades terroristas.

Va dirigida a grupos terroristas y a todas las entidades que coadyuven o favorezcan económicamente a una organización terrorista. La Ley establece una serie de criterios que pretenden servir a la propia Comisión de Vigilancia para concluir que una cuenta puede servir precisamente para financiar el terrorismo.

Naciones Unidas manda, como hemos dicho, congelar las cuentas y cumplimos este mandato conforme a las normas y reglamentos de nuestro Estado de Derecho, es decir, sometido a control judicial.

Las resoluciones que vaya adoptando la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo tienen que ser, en primer lugar, fundadas y fundamentadas; no serán decisiones discrecionales. En segundo lugar, la decisión que adopten de bloqueo o de congelación de cuentas es temporal. Establecerá el tiempo por el cual, en cada caso, se establece ese bloqueo, pero en ningún supuesto puede ser superior a seis meses. Para aquellos casos en los que se considere que no ha sido suficiente el plazo establecido o deba ser superior a seis meses será necesaria autorización judicial.

Todas las decisiones de la Comisión de Vigilancia serán susceptibles de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; por tanto, este Anteproyecto de Ley supondrá también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecerá que los recursos contenciosos-administrativos contra los actos dictados por esta Comisión de Vigilancia serán ante la Sala de lo Contencioso, insisto, de la Audiencia Nacional.

Si se produjera un caso en el que haya una causa abierta en la que exista coincidencia de persona del fondo del asunto en las actuaciones, entonces se dará traslado y el Juez de lo Penal conocerá de todas las actuaciones que se deriven también de la información que haya obtenido la propia Comisión. Y si no existe una causa penal en marcha y de las investigaciones o de las actuaciones de esta Comisión se detectase cualquier hecho que pudiese ser constitutivo de delito, inmediatamente se pondrá en conocimiento también del Juez Penal competente.

Por tanto, se establece, como acabo de explicar, toda una serie de controles tanto administrativos como judiciales.

Otro de los elementos fundamentales de esta Ley, junto con el bloqueo, se encuentra en la obligación de cesión de la información. Se trata, en definitiva, de que todas las Administraciones pongan a disposición y pongan en común toda la información que poseen en la lucha contra el terrorismo. Así, la Comisión de Vigilancia va a disponer de toda la información que posean las Administraciones Públicas para luchar eficazmente contra el terrorismo: la Seguridad Social, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y todos los órganos y organismos con competencias supervisoras; es decir, que la información de todos aquellos que puedan tener alguna información relevante para la lucha eficaz contra la financiación del terrorismo esté conjuntamente en un mismo órgano y pueda ser eficaz en esa lucha.

Tan importante es esto que, además, a partir de enero, cuando entre en funcionamiento Eurojust, en la que ustedes saben que habrá un corresponsal en cada uno de los países, que también tiene que tener toda esta información del resto de los países de Europa, también reglamentariamente estableceremos las vinculaciones para que se pueda disponer de toda la información que exista, ya no sólo en el ámbito interno, sino también en el ámbito europeo, para luchar eficazmente contra el terrorismo. Todo ese caudal de información centralizado y organizado seguramente será un instrumento, sin duda alguna, muy útil en el objetivo fundamental, que es cortar la financiación del terrorismo o de quienes con ellos colaboran.

Sr. Montoro.- Como el Vicepresidente ha anticipado, el Consejo de Ministros ha estudiado, en primer lugar, y ha aprobado un Proyecto de Ley de prórroga del Concierto Económico del País Vasco, remitido, por tanto, a las Cámaras españolas, al Congreso, en primer lugar, y, a continuación, al Senado, que lo que pretende es garantizar la vigencia del Concierto. Es decir, lo que pretende este Proyecto de Ley es que se evite el vacío legal que supondría la no existencia del Concierto a partir del 1 de enero del año 2002, hecho que pondría en cuestión la misma existencia de las Haciendas Forales.

Además, a través del procedimiento que se ha abierto hoy con la remisión de un Proyecto de Ley de artículo único y su tramitación urgente en las Cámaras, lo que hacemos es continuar con nuestra voluntad de diálogo para que podamos llevar adelante la renovación del Concierto, que es el objetivo que se ha marcado el Gobierno español.

El Gobierno de España lo que ha pretendido, en un año decisivo para las instituciones vascas, como ha sido el año 2001, un año en el que deja de estar vigente la Ley del Concierto, ha sido aprovechar la experiencia de veinte años de aplicación del Concierto, sacar las mejores conclusiones y sacar también unas observaciones, unas conclusiones, relativas a los defectos de la aplicación del Concierto para promover, por tanto, las correcciones de esos defectos.

El Gobierno lo que ha pretendido ha sido, a través de una negociación con el Ejecutivo vasco y con las Diputaciones Forales, promover la renovación del Concierto Económico. Insisto, promover la renovación significa también hacer las aportaciones que nos está brindando hacer la propia experiencia de aplicación del Concierto.

Hasta ahora las negociaciones no han permitido llegar, en este caso, al acuerdo. Ésa es la razón por la que el Consejo de Ministros promueve este Proyecto de Ley en un plazo límite para que las Cámaras españolas puedan finalmente aprobarlo antes de que finalice el año. Así pues, es poco el tiempo disponible que tenemos todavía por delante, pero es un tiempo que debemos aprovechar. Y yo quiero insistir esta mañana en la voluntad del diálogo del Gobierno, y estoy seguro que de los Grupos Parlamentarios, que tendrán ahora la responsabilidad de promover esa prórroga o esa renovación, incluso, del Concierto a partir de su entrada en trámite parlamentario.

Hemos hecho un esfuerzo durante todos estos últimos meses, un esfuerzo que hemos explicado a la sociedad española y a la sociedad vasca. Hemos explicado cuáles han sido las intenciones de ese esfuerzo en cuanto a llevar adelante, no sólo una negociación, sino unas conclusiones positivas para todos, y estamos convencidos de que el Concierto se merecía esa renovación y podíamos aportar hechos positivos, hechos nuevos, al contenido del Concierto.

No hemos conseguido el acuerdo hasta ahora --y quiero subrayar "hasta ahora"--; pero seguimos confiando en que el tiempo que tenemos por delante será suficiente para que podamos llegar a ese acuerdo y en la propia tramitación parlamentaria podamos llevar adelante, no sólo la prórroga, no ya la prórroga, sino la renovación del Concierto.

También quiero decirles que la prórroga sería de un año, sería durante el año 2002, de forma que, si no consiguiéramos un acuerdo hasta el Senado, lo que se produciría es, por tanto, la vigencia del actual régimen de Concierto durante el año 2002. Por tanto, el año 2002 está garantizada la vigencia de esta Ley sustantiva del ordenamiento vasco, sobre la que el País Vasco basa su autogobierno y, en definitiva, sustantiva para la Constitución española, para el Estado de las Autonomías en España, sustantiva para el buen orden y para el normal funcionamiento del Estado de las Autonomías español.

Decía que no hemos conseguido hasta ahora ese acuerdo, pero seguiremos insistiendo en la necesidad y en la oportunidad de ese acuerdo. Hemos puesto muchas cosas sobre la mesa, mucha oferta sobre la mesa, para conseguir ese acuerdo y, si no hemos conseguido ese acuerdo, es también porque hemos detectado falta de voluntad política, no tanto ya por parte de los representantes de las Diputaciones Forales, sino por parte de los representantes del Ejecutivo vasco.

Por lo tanto, yo debo también, en esta primera intervención ya, llamar, apelar, a un cambio de actitud, a una voluntad política nueva, que impulse la consecución de ese acuerdo, porque es mejor la renovación que la prórroga, como somos conscientes perfectamente. La prórroga es una necesidad, pero también es una oportunidad la que tenemos por delante a la hora de promover la renovación del Concierto. El Gobierno prefiere la renovación del Concierto; pero eso no es posible, no es factible, llevarlo adelante de una manera unilateral.

Por tanto, tengo que insistir, tengo que apelar, en que tenemos que despejar el camino a través de poner mayor voluntad política y, sobre todo, poner voluntad política también a la hora de evitar el vacío legal que supondría el que el año próximo comenzara sin ninguna Ley foral, sin ningún substrato legal para que las Haciendas Forales continúen ejerciendo su normal práctica, su normal recaudación y su normal también toma de decisiones en materia de autonomía fiscal.

Así pues, la voluntad del Gobierno es seguir trabajando por ese acuerdo; decir que la decisión de hoy no es sino también un procedimiento de búsqueda de la voluntad de encuentro de acuerdo y que seguiremos utilizando el tiempo disponible para que podamos llevar adelante ese acuerdo y podamos superar lo que hasta ahora han sido escollos insalvables.

P.- Una pregunta para el Ministro de Justicia. La iniciativa del Gobierno y del Partido Popular de suprimir las subvenciones a Batasuna ha abierto una polémica sobre la conveniencia o no de ilegalizar a Batasuna. Yo quería saber si el Gobierno ha estudiado esta posibilidad y qué impedimentos habría, en el caso de que los hubiera, para desarrollar esta medida.

Tengo dos preguntas para el Ministro de Hacienda. Del Gobierno vasco hemos escuchado otras versiones sobre lo ocurrido y se comenta que hay bastantes puntos de discrepancias, por lo menos trece puntos de discrepancias. También la Vicelehendakari ha comentado que ella había dicho que vendría, pero más tarde, y que ha habido una mala comunicación, que no ha podido siquiera hablar por teléfono con usted. Yo quería saber la versión suya sobre cómo se han desarrollado estos contactos.

Sr. Acebes.- Respecto a la primera de las preguntas, como conoce, buena prueba de ello es que el Gobierno está trabajando en todos los ámbitos en la lucha contra el terrorismo, tanto desde el punto de vista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --y hemos visto un éxito muy importante--, como también contra quienes cooperan y colaboran, porque son elementos esenciales para el terrorismo, y hoy es buena prueba de ello también la lucha contra la financiación desde todos los ámbitos. Por tanto, esto es una constante en la decisión del Gobierno.

Respecto a la ilegalización o no de cualquier organización, como ustedes conocen, éste es un procedimiento que en España es una decisión judicial e instarla cuando existen los elementos necesarios para producir, en su caso, una denuncia. Cuando el Gobierno pueda tener estos elementos, podría producirlo respecto a cualquier organismo, entidad, organización, asociación. Hemos visto hace muy poco, respecto a una de ellas, que la Policía toda la información de la que disponía se la facilitó a la Audiencia Nacional y, en consonancia con ella, realizar el proceso judicial que convenga.

Actuará así en todos los casos. Cuando haya elementos conforme a la Ley para ponerlos en conocimiento de un juez, sin duda alguna el Gobierno lo hará.

Sr. Montoro.- Me alegro de que desde el Ejecutivo vasco se hable de trece puntos de discrepancia, porque los puntos de mejora son setenta. Setenta los que hasta ahora estaban negociados positivamente, setenta comenzando por el carácter indefinido del Concierto, que es absolutamente fundamental y básico, y que es la institucionalización, en definitiva, del Concierto; es la institucionalización definitiva, sin fecha de caducidad, de la Hacienda Foral que, en definitiva, como antes les decía, es el substrato mismo del autogobierno de Euskadi y es el substrato mismo de la Constitución española y del Estado de las Autonomías en España. Por tanto, trece frente a setenta realmente es muy poca la distancia que nos separa.

Entonces, yo animo a la Vicelendakari especialmente y a todo el Gobierno vasco, a todo el Ejecutivo vasco, a que, efectivamente, estimulen mayor voluntad política a la hora de llevar adelante ese acuerdo.

Mi versión de los hechos de la no consecución del acuerdo no puede sino atenerse a lo que ha sido este planteamiento. Hasta ayer mismo estuvieron negociando los Diputados de las Haciendas Forales y el Viceconsejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco con el Secretario de Estado de Hacienda y el Secretario General de Financiación Territorial, en la sede del Ministerio de Hacienda.

En ningún momento se produjo una llamada de ningún miembro del Ejecutivo al Ministro de Hacienda. Antes al contrario, cuando supe que los Diputados Generales se dirigían hacia Madrid, cuando supe que venían, no venían a ninguna convocatoria, es decir, no avisaron que venían hacia Madrid, pues con mucho gusto los hubiera recibido en la sede del Ministerio de Hacienda si hubiera tenido conocimiento de ello o, incluso iniciado el viaje, me lo hubieran hecho saber... Cuando supe que iban a estar físicamente en Madrid, entendí que era una posición por su parte favorable a que cerráramos esa misma noche y que, además, incluso, por parte de los Diputados Generales era una posición, para entendernos, de apuesta clara por llegar a conclusiones. Lo voy a decir de esa manera suave.

Realmente, los Diputados Generales, viniéndose a Madrid de "motu proprio", sin atender a ninguna convocatoria, sin hacerlo casi sin concertarlo entre ellos --supongo que no estaba concertado entre ellos el viaje; por lo menos, no me consta que vinieran en un medio de transporte juntos--, lo que pretendían era llegar a ese acuerdo, y eso me estimuló a que intentara hacer, porque no puede hacerlo el Gobierno unilateralmente, la convocatoria de la Comisión Mixta de Cupo para primera hora de la mañana de hoy. Eso es lo que intenté hacer ayer formalmente a través del fax y recibí entonces el aviso de la otra parte, del Ejecutivo vasco, de que no podía, porque tenía una comparecencia parlamentaria.

Por tanto, no ha habido llamadas de teléfono; ha habido este sistema de intentar convocar la Comisión Mixta por parte del Gobierno. Pero, claro, insisto y subrayo "intentar" porque, como saben, es un órgano de convocatoria bilateral. Por tanto, traté de promover esa reunión cuando supe que los Diputados Generales se encontraban en Madrid y, por tanto, era una ocasión formidable para que nos hubiéramos reunido a primera hora de la mañana.

Es de todos sabido que el Consejo de Ministros se celebra los viernes; yo creo que eso lo sabe toda España, ¿verdad?, todos los ciudadanos españoles. Comienza a las nueve y media. Hemos cambiado alguna vez la hora, pero suele comenzar a las nueve y media, lo más frecuente es que comience a las nueve y media. El calendario parlamentario también es de todos conocido y, si queremos hacer partícipes a las Cortes, si queremos que en una ley de esta importancia realmente participen y haya un debate parlamentario, el único procedimiento era el que hoy ha tomado el Consejo de Ministros; precisamente el único procedimiento, por tanto, también de hacer partícipe en algo tan fundamental como es la continuidad del Concierto a las Cortes, al Parlamento español, al Congreso y al Senado. No teníamos otra opción y estábamos en el límite del tiempo en cuanto a lo que se refiere la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de esta mañana y haber promovido en el Consejo de Ministros de hoy, como les digo, lo que hubiera sido el deseo del Gobierno que es, no la prórroga, sino la renovación. Queríamos ir hacia esa renovación.

Yo creo que lo demás son pretextos, excusas. De eso ya sobran y lo que hace falta es intención y voluntad clara de llegar a ese acuerdo, de llegar a un acuerdo que se concrete en texto, porque son textos normativos que van a definir la relación, en definitiva, entre todo el sistema de Diputación Foral, de toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ejercicio de su autonomía financiero-fiscal con la Hacienda estatal. Ésa es la importancia y, por tanto, no se trata de poner pretextos ni excusas.

El Gobierno ha tomado una decisión política, que es hacer participar también a las Cámaras de esa responsabilidad política, a los Grupos Parlamentarios, a los principales grupos políticos de España. Todos tienen que hablar sobre esta cuestión, todos tienen que pronunciarse sobre esa cuestión y entre todos tienen que evitar que se produzca ese vacío legal que imagino que no le interesa a nadie que se produzca ese vacío legal y que el Gobierno, desde luego, no iba a consentir que se produjera ese vacío legal en relación con la actuación de las Diputaciones Forales. Eso no era admisible en ningún momento y a eso obedecen la decisión de esta mañana y la iniciativa política de remisión a las Cámaras de este Proyecto de Ley.

P.- Señor Rajoy, hace unos días se ha empezado a conocer el borrador de la ponencia-marco del próximo congreso de Coalición Canaria, que se celebrará en junio. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, que por primera vez se proclama que Canarias es una nación, que ha llegado a ser una nación; se aboga por unas mayores cuotas de autogobierno y porque la reforma del Estatuto de Autonomía se ejerciera vía referéndum; también se ha aclarado, incluso, que podía haber habido alguna mala interpretación de esta cuestión y que hay un respeto hacia el marco jurídico constitucional e, incluso, aparecen frases como "seremos nosotros mismos los que, por cauces democráticos, elegiremos el grado de autogobierno que satisfaga la consecución de nuestros legítimos intereses", etcétera... Me gustaría que valorara un poco estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tienen un acuerdo de legislatura con Coalición Canaria.

Vicepresidente.- Perdóneme, no es que no quiera contestar a su pregunta; pero, claro, estamos hablando de una ponencia que va a presentar un determinado partido político en un congreso que tendrá lugar dentro de seis meses. Yo creo que no debo entrar en este asunto.

Usted sabe cuál es la posición que mantiene el Partido Popular en cuanto a la organización territorial del Estado. Es una posición clara, es conocida y creemos que no se debe modificar. A partir de ahí, que entre yo, como si fuera un miembro más de Coalición Canaria, a analizar lo que se va a producir dentro de seis meses en un congreso de un partido, que además no es el mío, no tiene excesivo sentido.

P.- Señor Montoro, usted ha dicho que detectaron defectos en el Concierto Económico que había que corregir. Quería que me explicara cuál es el principal de ellos y si es el que mantiene bloqueada la situación, sea técnico o político.

Por otro lado, el hecho de que vinieran ayer los tres Diputados Generales, que es complicado que se junten los tres, eso es cierto, ¿les ha hecho detectar a ustedes cierto enfrentamiento, malestar o contradicción entre las tres Diputaciones o Haciendas y el Gobierno vasco?

Sr. Montoro.- En relación con los defectos, como antes les hemos podido llamar, o las insuficiencias, si quiere otra definición de los mismos, obviamente, como con cualquier ley o cualquier procedimiento que estamos experimentando en un mundo cambiante tenemos también la intención de evitar los problemas que se han detectado en la aplicación del Concierto.

Son, por ejemplo, problemas relativos a la necesidad de mejorar la colaboración entre Administraciones, evitando los conflictos. Éste me parece un elemento esencial en cuanto a lo que sería la renovación del Concierto: evitar conflictos entre Administraciones, porque los conflictos son fuente de inseguridad jurídica y esa inseguridad jurídica, obviamente, es incompatible con la vigencia de leyes fiscales. Por tanto, lo que pretendíamos era introducir mecanismos para evitar esos conflictos en la renovación del Concierto.

Ése me parece que es un punto fundamental y también lo es en relación con lo que es la propia definición de los principales impuestos y la capacidad de la Comunidad Autónoma vasca de seguir trabajando también en el perfeccionamiento interno de esos grandes tributos en armonía con el sistema tributario español. O sea, que ahí también se podía y se debía avanzar.

Por tanto, creemos que podíamos añadirle algo al Concierto actual, sacando una valoración positiva de su vigencia durante veinte años, sin duda alguna, sacando un saldo claramente positivo. Tengamos en cuenta que el sistema de Diputación Foral, el sistema de Haciendas Forales propio del Concierto Económico vasco y del Convenio navarro, es único en el mundo y creemos que podemos y debemos estar legítimamente orgullosos de esa especificidad mundial. Somos el único país que sabe armonizar una Hacienda, que hoy ya cuesta cada vez más hablar de centralizada, porque somos uno de los países más descentralizados política y administrativamente del mundo desarrollado, y, al mismo tiempo, con la existencia de Haciendas Forales que en sí mismas tienen un grado de autonomía muy alto y, por tanto, un grado de corresponsabilidad fiscal prácticamente completa.

Así que creo que podíamos y debíamos, estábamos obligados a perfeccionar, y expreso mi convicción de que sea ahora, de aquí a final de año, o sea en el año próximo, tendremos la ocasión, efectivamente, de perfeccionar los contenidos del Concierto vasco y de explicar, en definitiva, a toda la sociedad española y a la sociedad vasca que esta situación que se está produciendo ahora no tiene nada de dramática. Es continuista de un buen sistema, en definitiva, como es el Concierto Económico vigente, y, por tanto, si tenemos que utilizar más tiempo para buscar esas voluntades, para aunar voluntades, lo vamos a emplear y lo vamos a utilizar, si es necesario, como decía, durante todo el año próximo.

Por lo demás, la interpretación de lo que ocurrió ayer en cuanto a la llegada le corresponde a ellos. Deben ustedes interpelarles a ellos, que son, en definitiva, personalidades públicas, son políticos con responsabilidades públicas, y deben ser ellos los que expliquen la motivación de por qué se desplazan. Desde mi perspectiva, lo hacen, sin duda alguna, para acercarse más, para buscar ese acuerdo, conscientes de la importancia que tiene para el sentido mismo de las Diputaciones Forales el que, en definitiva, el Concierto sea fruto siempre del acuerdo, que es lo que pretende y busca el Gobierno español.

P.- Dos cuestiones para el Ministro de Hacienda. En primer lugar, ¿nos podía confirmar si esta tarde se va a desplazar a Vitoria para comparecer ante los medios de prensa vascos?

En segundo lugar, si entrara en vigor la prórroga el 1 de enero porque no se pudiera llegar finalmente a un acuerdo antes de fin de año, en el caso de que, por ejemplo, se alcanzara ese acuerdo en el mes de febrero, ¿entraría de inmediato en vigor o tendríamos que irnos al 1 de enero de 2003?

Sr. Montoro.- En primer lugar, esta tarde sí iré a Vitoria, efectivamente, para tener un encuentro con la sociedad vasca a través de sus medios de comunicación directamente, porque creemos que es importante explicarlo también desde allí para que se entiendan cuáles son las razones y el sentido de esa prórroga y también para que expliquemos que nada ha cambiado; que ciertamente estamos en un elemento de continuidad. No estamos ante una tensión más o adicional, sino que estamos realmente ante una continuidad y, por tanto, el Gobierno, velando por los intereses de la sociedad vasca, de sus Diputaciones Forales, lo que hace, en definitiva, es promover esa continuidad.

En lo que se refiere a si podemos introducir modificaciones, obviamente las podemos hacer en el momento en que entre en vigor la nueva Ley. Si llegáramos a un acuerdo durante el año próximo, sería obviamente aplicable a partir del momento en que entrara en vigor.

La Ley es de contenido fiscal, como ustedes saben. Sobre el carácter retroactivo las leyes en general, pero las fiscales de carácter retroactivo no me atrevo a decirles que no debe haber por completo, pero hay que reducirlo a la mínima expresión. No tiene sentido que las leyes fiscales tengan carácter retroactivo y por eso decía que entrará en vigor a partir de que, efectivamente, el instrumento jurídico que lo sustente entre en vigor. Eso se puede hacer por una vía o por otra. Lo importante sería conseguir un acuerdo político.

P.- Señor Vicepresidente, le quería preguntar qué respondería a las críticas vertidas por el Partido Socialista esta mañana en relación con la entrevista que concedió a la CNN norteamericana el Presidente Aznar, que, según el PSOE, fue forzada y la ha calificado de "un mero compromiso".

Vicepresidente.- No sé si tiene mucho sentido el que yo haga aquí una crítica de tamaña brillante aportación a la política nacional y a las preocupaciones de los ciudadanos. No sé si tiene mucho sentido.

Yo tengo que decir que el viaje del Presidente del Gobierno a los Estados Unidos ha sido un éxito, que estamos muy satisfechos y que es el colofón a visitas que ya han hecho otros miembros del Gabinete, como el propio Ministro de Asuntos Exteriores o yo mismo. Por tanto, creo que el viaje ha sido un éxito y creo que ha quedado muy clara cuál es la posición de España en el tema del terrorismo, que vamos a incrementar la colaboración con los Estados Unidos. Y eso es lo fundamental.

A partir de ahí, yo podía hacer muchos chistes, decir que me gustaría ver quién iba a recibir a unos o a otros o qué contactos internacionales se podrían hacer; pero creo que no tiene sentido. Lo verdaderamente importante es que el viaje ha sido un éxito, que estamos muy satisfechos y que va a ser muy útil para la mejora, si cabe, de las relaciones entre los dos países y para luchar más eficazmente entre todos contra el terrorismo.

P.- Quería preguntar al Ministro de Hacienda, en primer lugar, si la clave del desacuerdo, digo de contenido, más allá de las formalidades, ha estado en la participación de la Comunidad vasca en Europa. Confirmar si esto es así y si la propuesta que hizo el pasado fin de semana en este sentido el Gobierno vasco de que sea la Comisión Mixta del Concierto quien decida la participación se ha mantenido hasta el final; si esta posición ha sido o ha habido algún cambio sobre esta posición a última hora en la negociación.

Luego, le quería preguntar --aunque algo ya ha dicho, pero ratificarlo-- si la prórroga no trae ninguna consecuencia, o trae alguna o es mala para alguien, más allá de la cosa política general. Si tiene alguna cosa práctica negativa la prórroga, con relación a la renovación.

Por último, ¿cómo se puede hacer la tramitación de este Proyecto de Ley para que el 1 de enero pueda renovarse el Concierto, en el supuesto de que, como usted ha dicho, haya voluntad política? Es decir, ¿cómo se puede hacer esta tramitación de este proyecto para volver a la situación de normalidad para el 1 de enero? Si se tendría que enmendar... Le pregunto por eso.

Sr. Montoro.- En primer lugar, efectivamente, la participación en la Unión Europea, en los foros internacionales, es uno de los puntos de discrepancia. En la propuesta en concreto de que fuera la Comisión Mixta de Cupo la institución que entendiera de cómo articular esa representación, al final, la verdad es que ya dudo porque ha habido tanto ir y venir en cuanto a fórmulas que, realmente, no era ésta la que ya se estaba manejando anoche. Pero es que es realmente muy difícil llegar en una negociación a un resultado positivo, cuando la otra parte está cambiando fórmulas en asuntos que son realmente sustanciales.

Debemos decir, sin ningún tipo de complejo, que el Gobierno español está representando a todas las Comunidades Autónomas, a todos sus regímenes económico-fiscales que están vigentes en España. Eso es lo que tenemos que decir en primer lugar y que estamos también, por supuesto, desde el Gobierno y desde la Administración Central --es decir, no sólo desde el Gobierno, sino desde los ámbitos de la Administración Central-- cada vez más obligados a compartir con nuestras Comunidades Autónomas, como es lógico en un proceso de descentralización administrativo, decisiones que les afecten en sus diferentes ámbitos. Por tanto, el Gobierno está promoviendo motivos de encuentro, de colaboración y de cooperación entre todos para llevar adelante decisiones que deben ser comunes.

Esto de que hace falta estar uno presente para que le defiendan es una lógica que, realmente, yo creo que llega un momento en que es hasta incompatible con el propio sistema democrático. Los ciudadanos, para entendernos, eligen a un Parlamento, eligen a un Gobierno, para que les represente y la Constitución española dice claramente quién tiene que representarles. En ese ámbito, en ese terreno, el Gobierno español ha dado muestras de sobra, como fue cuando las circunstancias llevaron a que el Concierto fuera cuestionado en las máximas instancias europeas. Entonces, la defensa del Concierto que hizo el Gobierno español permitió clarificar la presencia, la vigencia, del Concierto en aquel momento. Por tanto, eso lo pongo como ejemplo o como referente de que esto de que "nadie me representa mejor que yo mismo" llevaría al absurdo en un país democrático.

Estamos en un Estado de las Autonomías donde tenemos que afrontar nuevos desafíos. Somos conscientes de que tenemos que seguir perfeccionando los mecanismos. Hemos hecho ofertas a ese respecto, pero no es nunca el otro mecanismo, a través de una Comisión bilateral, que, efectivamente, fue una propuesta, pero que ya no estaba viva anoche. Si quiere que le diga la verdad, ya porque estaba en vigor otro tipo de fórmulas en donde todavía era más directa esa participación; pero llega un momento en que ya no se sabe exactamente cuál es la intención última.

Por eso insisto tanto: lo importante es la voluntad del acuerdo. Yo tengo que hablar esta mañana de intención de llegar al acuerdo y no tanto de insistir en los motivos de ese desacuerdo. Cuanto menos movamos la fórmula, mejor, y cuanto menos movamos los textos porque, si no, no avanzamos evidentemente.

¿Cómo podemos materializarlo en tramitación parlamentaria?, me preguntaba. Ofreciendo un texto alternativo en alguno de los dos pasos fundamentales, por el Congreso o por el Senado, a lo que es el contenido de esa Ley; por tanto, podemos hacerlo en esa tramitación.

En lo que se refiere a la parte menos positiva, si se quiere llamar así, de la prórroga, la prórroga es la continuidad exactamente del ordenamiento vigente; no es el perfeccionamiento. Hay un coste de la prórroga, que es el coste de la no actualización del Concierto. Es decir, se está renunciando a todo lo positivo que se había acordado que debería incorporarse y, por tanto, de esa forma completar la capacidad, la autonomía, en materia de decisión fiscal por parte de las Diputaciones Forales. A eso se está renunciando cuando no se renueva.

No es eso lo que pretende el Gobierno con la prórroga, insisto; no podemos renovar unilateralmente. Lo que el Gobierno está haciendo con la prórroga es cubrir un vacío legal, impedir que se produzca un vacío legal. Ésa es la cuestión fundamental y, por tanto, tenemos que renunciar a lo que sería la aportación a ese ordenamiento y, en definitiva, a perfeccionar el autogobierno de Euskadi en estos ámbitos.

P.- Quisiera preguntar, en primer lugar, al Vicepresidente si comparte opiniones expresadas esta mañana por miembros de su partido en el sentido de que no hay acuerdo sobre el Concierto por la estrategia de ruptura o independentista del PNV.

Al Ministro de Justicia. Si he entendido bien, con el nuevo Proyecto de Ley se trata de que esta Comisión, en la que tiene mayoría la Administración, entiendo, pueda tomar decisiones que antes sólo podían tomar los jueces. En concreto, quería saber si entre los motivos para bloquear cuentas o activos estaba también el que miembros individuales de organizaciones fueran acusados o fueran sospechosos de actividades terroristas.

Vicepresidente.- No sé exactamente lo que han dicho ni quienes son los miembros de mi partido; pero yo parto de una base: cuando dos partes quieren negociar, se llega a un acuerdo si realmente hay voluntad de llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es un hecho objetivo y los que llevamos años dedicándonos a la actividad pública sabemos que, si se quiere, se llega a un acuerdo.

Al final, el tema más complejo que aquí se ha planteado es un tema que lleva planteándose durante muchos años, que es la participación de Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea; que, por cierto, no se da en ningún caso. Pero es que ese mismo planteamiento se me ha hecho a mí en el área de Interior. Nosotros sostenemos una posición que creemos que es constitucional, que creemos que es la de la lógica y el sentido común, y que es la que mantienen el conjunto de los países de la Unión Europea.

En un acuerdo no siempre consigue uno la totalidad de lo que pretende. Yo creo que así lo esencial, lo fundamental, lo importante, lo que afecta a los ciudadanos, se podía acordar sin ningún tipo de problemas. Y, por razones que yo desconozco --no soy juez de las intenciones de nadie--, no se ha querido acordar, fundamentalmente, utilizando como argumento éste que usted acaba de referir o el que acabamos de comentar aquí entre todos, que es el de la participación en las instituciones europeas.

Por lo tanto, yo creo que el Gobierno, como ha dicho muy bien el Ministro de Hacienda, seguirá haciendo todo lo que pueda para llegar a un entendimiento, porque el Concierto es muy importante para los ciudadanos que habitan en el País Vasco, porque es preciso que haya seguridad jurídica y porque estos temas hay que tomárselos en serio.

Por tanto, hasta el último momento nosotros vamos a seguir negociando e intentando que se produzca un entendimiento. Si no es posible, como bien ha dicho el Ministro de Hacienda, tenemos que dar una salida, que responde más a la lógica, al sentido común y al equilibrio, es una prórroga durante un año para que durante ese año podamos continuar negociando para llegar a un entendimiento. Pero no se le pueden plantear a la otra parte condiciones imposibles.

Sr. Acebes.- Efectivamente, se está dotando a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo de una facultad, que en estos momentos no existía en la Administración de tal forma como ahora viene configurada, de poder bloquear transacciones, movimientos de capitales, cobros, pagos, transferencias, a entidades vinculadas con el terrorismo. Se trata, no sólo a organización terrorista, sino a todas las entidades y personas vinculadas a la misma y que se desarrollan en la Ley, yo creo que de manera bastante pormenorizada, para que todos los ámbitos que compartan esos fines, tanto en la organización como en colaboración, en cooperación, para la financiación de la actividad terrorista, estén incluidos en la misma.

Sr. Montoro.- Si me permiten, sobre este punto del Concierto y la Unión Europea añadir que quizás sea interesante decir que he tenido unas conversaciones con el Secretario General del Partido Socialista y con su portavoz económico en relación con la decisión del Consejo de Ministros de esta mañana y ambos me han hecho participar de que la posición del Partido Socialista en este punto es que la representación ante la Unión Europea no debe ser objeto del Concierto. Es decir, no es un asunto relativo aquí, sino que es un asunto relativo a la configuración de todo el Estado de las Autonomías, como decía el Vicepresidente. Quería hacerles partícipes de estas conversaciones que han tenido lugar, además indicándoles también que eso es lo que quería que expresara el propio Secretario General del Partido Socialista.

P.- Para el Ministro de Hacienda. ¿Considera que todavía existe alguna posibilidad o alguna fórmula para que el 1 de enero no se aplique esta prórroga, siempre que se logre un acuerdo antes de fin de año; es decir, que el día 1 de enero entrase en vigor el Concierto renovado?

Sr. Montoro.- La posibilidad, insisto, está abierta en la propia tramitación parlamentaria. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar los plazos que nos permite nuestro procedimiento parlamentario y, además, utilizarlos amplia y completamente, en el sentido de que hacemos participar a las propias Cámaras y, desde la iniciativa de los Grupos políticos en las Cámaras, se puede promover esa renovación.

P.- Al Ministro de Hacienda. ¿Puede ser aún más preciso en los plazos para que los ciudadanos puedan entender cuándo es el día límite para evitar la prórroga? ¿Daría tiempo a un Pleno extraordinario en el Senado el propio 31 de diciembre? ¿Tiene que ser algunos días antes?

También quería preguntarle si, aparte del asunto europeo, a su entender hay alguna otra discrepancia o si, por ejemplo, se ha llegado ya a un acuerdo en el tema del Cupo o en el tema de la tributación en el grupo de sociedades.

Sr. Montoro.- En lo que se refiere a la aprobación en el Senado, tendría que tener lugar algunos días antes de final de año para su publicación y, por tanto --no tengo la fecha concreta, porque debe ser la Mesa del Senado la que decida--, tiene que tener en cuenta esto y no puede ser el 31 de diciembre a las once de la noche, cuyo motivo será la entrada en vigor del euro. El euro sí entra en vigor a las doce de la noche. Supongo que todos, cuando nos tomemos las uvas, tendremos ocasión de levantar las copas por la nueva moneda física, por el nuevo billete.

Éste no es el caso, tiene que ser publicada una Ley para que entre en vigor. O sea, que tendrá que ser unos días antes, en función de lo que decida la Mesa del Senado. Como usted bien indicaba, estamos hablando ya de un Pleno no previsto. Tendrá que hacerse, siempre a instancias del Gobierno, un Pleno no previsto.

En lo que se refiere a los demás asuntos que planteaba, ninguno es insalvable pero, puesto que no hay acuerdo, permítanme que tampoco sea más preciso ahora, porque no es la cuestión. O se acuerda todo o no se acuerda; por lo pronto, lo que va en la prórroga es lo mismo que hay ahora. En las dos cuestiones que planteaba y en otras muchas lo que se promueve son avances, y avances bastante significativos, por parte del Gobierno. Pero el alcance mismo de esos avances estará en función de las condiciones generales del acuerdo que consigamos.

P.- Para el Ministro de Justicia. Quería preguntarle, respecto al Anteproyecto de Ley, en qué medida podría afectar a Batasuna. Quería saber si con la nueva Ley puede haber una lectura distinta, por ejemplo, de las cuentas de esta coalición respecto de la habida hasta el momento.

Aparte de la creación de esa Comisión, quería saber, a efectos prácticos, cuál es la diferencia entre la situación legal actual y la que se va a producir tras la aprobación de este Anteproyecto de Ley. Por ejemplo, yo no sé si hasta ahora los Bancos, por Ley, también estaban obligados o no a denunciar que hay una cuenta que es de terroristas o esto era más laxo.

Sr. Acebes.- Empezando por la segunda parte, la contesto inmediatamente. A partir de ahora hay una comisión que va a poder realizar una serie de actividades muy importantes y con mucha repercusión para la financiación del terrorismo, como son congelar sus cuentas, sus saldos, tener toda la información; todo ello desde una decisión administrativa que, a través de la creación de esta Comisión, que es nueva, que no existía, no había esas facultades, a partir de este momento se va a poder ejercer.

En cuanto a la primera cuestión, también he contestado anteriormente. Las cuentas, ¿de qué titulares? De todos aquellos que la propia Comisión, de los datos y de la información que reciba, y de los trabajos que vaya ejercitando, concluya que esas cuentas, esos saldos, esa actividad económica, van destinados a financiar actividades terroristas. Por tanto, con una gran amplitud y en cuanto al trabajo que se puede realizar, será la propia Comisión la que decida qué cuentas y de quiénes va a bloquear.

P.- Al Vicepresidente o al Ministro de Justicia. Yo quería saber si este Anteproyecto de bloqueo de capitales ha sido negociado con el PSOE, o se ha presentado al PSOE, o si el PSOE sabe algo.

Vicepresidente.- Yo he dado cuenta en una conversación que tuve hace pocas fechas con los señores Caldera y Rubalcaba de que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar todas las medidas que fueran útiles para luchar con mayor eficacia contra el terrorismo, siempre dentro del respeto a los principios democráticos, a la Constitución y al propio Estado de Derecho.

A partir de ahí, se lo anuncié a las dos personas a las que antes he hecho referencia y ayer hablé con el Secretario General del Partido Socialista. Le dije que era probable que en el día de hoy nosotros aprobásemos en el Consejo de Ministros el remitir al Consejo General del Poder Judicial este Proyecto; le hice una breve exposición de qué era lo que se pretendía y hemos acordado hablar en los próximos días, en el bien entendido de que el Secretario General del Partido Socialista me manifestó una disposición favorable a este Proyecto de Ley que, por otra parte, como he dicho antes, no hace sino recoger lo que es un mandato que nos hace a todos los Estados el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Muchas gracias y buenas tardes.