Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días a todos. El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, un amplio plan de medidas para consolidar el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Son medidas que sientan las reglas del modelo económico español para los próximos años y mejoran las bases de su competitividad. Las reformas amplían el potencial de la economía con actuaciones en sectores como el gas, la electricidad, los carburantes y las telecomunicaciones, y beneficiarán a los consumidores en materia de suelo urbanizable, fiscalidad del ahorro, libros de texto, así como a las pequeñas y medianas empresas.

Para ampliarles información sobre estas medidas nos acompañan hoy el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, don Rodrigo Rato; el Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, y la Ministra de Ciencia y Tecnología, doña Anna Birulés. Antes permítanme, muy brevemente, informarles de otros acuerdos de la reunión de hoy.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a la Zona Especial de Canarias comenzar a operar como una zona de baja tributación, en coherencia con la tradición económica y fiscal del Archipiélago. El nuevo régimen económico de la ZEC elimina servicios especiales de banca y financieros, establece su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008 e incorpora una lista positiva de actividades que se pueden desarrollar en la zona. Este nuevo régimen puede contribuir de forma decisiva al crecimiento económico mediante una mayor diversificación del tejido productivo y la creación de empleo.

La Zona Especial Canaria dará cabida a más de 500 empresas y creará alrededor de 3.000 nuevos puestos de empleo directos. Podrán acogerse a la Zona Especial empresas de nueva creación, cuya actividad se desarrolle de acuerdo al listado de actividades que se recogen en el Real Decreto, con una inversión mínima de 100.000 euros --16.638.000 pesetas--, una creación de empleo de cinco puestos de trabajo netos y una memoria de actividades que avale la viabilidad económica del proyecto.

A propuesta del Ministerio de Fomento, el Consejo de Ministros ha aprobado también la tramitación por el procedimiento de emergencia de las obras de reparación y reposición del servicio en la autovía Nacional II, entre Esparreguera y Abreda, donde se produjo el derrumbamiento del puente sobre la ribera de Magarola, a consecuencia de las intensas lluvias acaecidas en Barcelona los días 9 y 10 de junio. El presupuesto estimado es de 1.069 millones de pesetas.

Se ha autorizado el contrato de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa en el tramo Lleida-Barcelona, en la provincia de Tarragona, cuyo presupuesto es superior a los 7.400 millones de pesetas y el plazo de ejecución es de 21 meses.

Se ha aprobado un Real Decreto sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de Alta Velocidad que incorpora la Directiva europea sobre la materia al ordenamiento jurídico español. Se trata de dar coherencia interna al sistema ferroviario nacional para que, además de contribuir al desarrollo de la red europea, cumpla un efectivo papel en el sistema de transporte español.

También el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada en 1814 para distinguir el servicio y conducta intachable de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Se trata de adaptar el Reglamento a las condiciones de ingreso y ascenso en la Orden a las nuevas leyes de ámbito castrense promulgadas en la década de los 90. En la Referencia encontrarán ustedes amplia información sobre el nuevo Reglamento, así como sobre la concesión de varias Grandes Cruces al Mérito Militar, al Mérito Naval y al Mérito Aeronáutico.

Se ha aprobado también la concesión de cuatro créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, por un importe que se aproxima a los 1.255 millones de pesetas. Tres serán para la República Popular de China, y se destinarán a equipamiento médico y un sistema de control de tráfico urbano, y el cuarto es un crédito a la República de El Salvador, para financiar el suministro de equipos de instalación de un laboratorio de huella genética.

En cuanto a nombramientos, el Consejo de Ministros ha nombrado Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa a doña Isabel Revuelta Rojas, que, de hecho, será la primera mujer que ocupe un alto cargo en el Ministerio de Defensa. Se ha nombrado, asimismo, Director General de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores a don Alberto Aza; Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, a don Francisco Javier Conde de Saro; Embajador de España en la República Francesa, a don Francisco Javier Elorza; Embajador Representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, a don Joaquín Pérez Villanueva, y Representante Militar de España en la OTAN y la UEO, a don Luis Feliú Ortega.

Por último, y en cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno, esta tarde, a las cinco, recibirá al Presidente de Navarra, don Miguel Sanz, y, a las seis y media, recibirá al Primer Ministro de Belice, Said Musa.

El sábado 24, a media tarde, viajará a Pekín, para iniciar una visita oficial a la República Popular China y a la República de Filipinas, que se prolongará hasta el sábado, primero de julio, en el que emprenderá viaje de regreso a Madrid.

Vicepresidente.- Como ha informado el Ministro Portavoz, el Gobierno ha aprobado hoy un amplio paquete de medidas de liberalización económica. Como pueden ustedes ver, es un paquete voluminoso y, probablemente, una de las más amplias modificaciones que se han planteado desde el punto de vista de la oferta económica en España.

Quisiera comenzar diciendo que, en ningún caso, en este paquete de medidas coyunturales no está el Gobierno planteando en estos momentos medidas a corto plazo, sino que éste es claramente un conjunto de medidas, que responden todas a la misma orientación y que se engarzan perfectamente en la política económica planteada por el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura y por mí mismo en la Comisión de Economía, en la comparecencia de hace dos semanas, y que, como quiero recordarles, plantean un modelo de crecimiento económico basado en dos pilares: la reducción de las necesidades de financiación públicas, a través de la reducción del déficit público, y un considerable aumento de la oferta económica que garantice el crecimiento sostenido a lo largo de los próximos años.

Por lo tanto, estamos aquí ante una reforma de la oferta económica que permita a la economía española crecer en el futuro, no sólo en el presente, habida cuenta de que en estos momentos nuestra economía no sólo se encuentra en su cuarto año de expansión económica, sino que se encuentra claramente en una fase de aceleración de su crecimiento, como lo indican las cifras de Contabilidad Nacional hechas públicas en esta misma semana.

Se trataría, en términos coloquiales, de hacer el traje de la economía española más grande, de manera que pueda permitir un mayor crecimiento y un mayor nivel de empleo. Por eso el paquete de medidas es muy amplio y en muchos sectores supone, no sólo un aumento de la liberalización, sino el final de los vestigios de épocas pasadas respecto a monopolios que históricamente han sido realidades en la historia económica española, en sectores tan importantes como las telecomunicaciones, como la energía, los hidrocarburos líquidos, el gas o la electricidad; además de dar nuevas oportunidades al conjunto de la economía española para su crecimiento y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas y al sector del comercio.

Creo que de este paquete se derivan importantes ventajas en términos comparativos para que las pequeñas y medianas empresas avancen en la Sociedad de la Información, puedan tener mejores oportunidades en la internacionalización y también para que el pequeño comercio tenga a su disposición flexibilidades económicas que no van a estar al alcance de sus competidores.

Mis compañeros, la Ministra de Ciencia y Tecnología y el Ministro de Hacienda, pasarán a explicarles las cuestiones relativas a sus Ministerios, y yo les haré un espero que breve resumen de las que se refieren al Ministerio de Economía y a otros Ministerios, como el Ministerio de Fomento o el Ministerio de Justicia.

Como les decía, estamos ante un objetivo de una economía mucho más flexible que la que tenemos en estos momentos, que nos permita mantener una tasa de crecimiento que, a su vez, sea la base de la prosperidad de los españoles en el próximo futuro. En ese sentido, quisiera subrayar que el Gobierno ha mantenido contactos políticos y sociales, sectoriales e institucionales, en todas y cada una de las medidas, en las que hemos conseguido llegar a claros acuerdos en algunos casos y, en cualquier caso, en todos ellos hemos tratado de aproximarnos a las posiciones de nuestros interlocutores, respetando, desde luego, el interés general y una visión de conjunto de las necesidades de los ciudadanos españoles.

Este Gobierno nunca ha respondido a intereses corporativos, pero sí entiende que las legítimas aspiraciones económicas y sociales de los diversos sectores deben ser tenidas en cuenta, siempre y cuando no perjudiquen los intereses generales.

En este paquete, como podrán ustedes comprobar, se han planteado nuevas situaciones, en muchos casos muy novedosas y muy rupturistas con el pasado; que han sido objeto de negociación y de consenso con importantes compañías españolas, a las cuales yo quiero reconocer el esfuerzo, y que supone, además, una muestra de su confianza en sí mismas para competir en mercados libres. Tengo que decir claramente que las grandes compañías españolas energéticas y de telecomunicaciones nos han respondido confiando en que son capaces, no ya de tener un futuro brillante en mercados que aún tenían lastres del pasado en términos de monopolios y en términos de oligopolios, sino que lo van a hacer con la misma o mayor eficiencia en mercados libres. Desde luego, las medidas que aquí se toman son medidas consensuadas y respaldadas por las empresas privadas a las que afectan.

Además, el paquete de medidas contiene medidas de sostenibilidad presupuestaria en un ámbito de la actividad del sector público tan importante para los ciudadanos como el sector sanitario, por el que comienzo; especialmente en el gasto farmacéutico, que es una de las partidas del gasto sanitario más importantes, con una evolución cercana al 10 por 100 anual; que se ha reducido de una tasa del 20 por 100 anual en los años 80, pero que aún se sitúa en tasas muy importantes. Todos somos conscientes de que el gasto sanitario va a seguir creciendo en los próximos años como consecuencia de las demandas de la sociedad, de la existencia de nuevos fármacos, en muchos casos sustancialmente más caros, y como consecuencia del envejecimiento de la población.

Por ello, es imprescindible ir tomando acuerdos que, sin menoscabar para nada la calidad de la sanidad pública española, que acaba de ser reconocida mundialmente como una de las mejores del mundo, sin embargo nos permitan asentar las bases de una mejor sanidad en el futuro a través de una racionalización del gasto sanitario, en general, y del gasto farmacéutico, en particular.

En ese sentido, se plantean una serie de medidas, que voy a pasar a enumerar, como son la posibilidad de descuentos en el precio de las especialidades farmacéuticas publicitarias, hasta un 10 por 100 de descuento; como es el establecer descuentos sobre el volumen de ventas de las farmacias, descuentos de los que sería beneficiaria la Seguridad Social, pasando desde farmacias que tengan ventas de 4.600.000 pesetas al mes, que tendrían un descuento cero, hasta farmacias que tengan ventas de 42 millones de pesetas al mes, que tendrían descuentos del 13 por 100. En ese sentido, hacemos una escala en función de la facturación de las distintas oficinas de farmacia, para reconocer la existencia de un sector muy importante y muy útil para los ciudadanos, pero que también tiene realidades económicas distintas.

Se plantea también un límite al margen de las oficinas de farmacia, en función de la facturación, incentivando el margen de los genéricos, que se eleva del 29 por 100 al 33 por 100, de manera que haya un incentivo claro por parte de las oficinas de farmacia de recurrir a uno de los instrumentos en los que el Gobierno tiene más confianza para racionalizar el gasto farmacéutico, como es la existencia de productos genéricos, y estableciendo, a partir de productos de un precio igual o superior a 20.000 pesetas, un límite máximo de margen, que sería el equivalente a 5.580 pesetas. Al mismo tiempo, también se establecen límites similares y también máximos a partir de productos de 20.000 pesetas para los almacenes farmacéuticos.

Se otorgan a los servicios médicos de las mutualidades que cubren las prestaciones por Incapacidad Laboral Temporal el control de las altas y bajas en esta situación del personal de sus asociados, al objeto de profundizar en la lucha contra el fraude en la Incapacidad Temporal.

Y se planteará también por el Ministerio de Sanidad un acuerdo con el sector farmacéutico para que el gasto farmacéutico, en términos netos, no crezca por encima del 8 por 100 anualmente.

A partir de aquí, entro a hablarles de las modificaciones que el Gobierno plantea en el sector de la energía, empezando por los hidrocarburos líquidos, a través de una mayor transparencia y objetividad en la fijación de los precios de las redes, un mayor número de estaciones de servicio, una restricción del crecimiento de los operadores que hoy controlan porcentajes muy importantes del mercado español y una información semanal de los precios de venta al público a todos los consumidores.

En primer lugar, con respecto al accionariado de CLH, que es una compañía privada --y, vuelvo a reiterar, con la colaboración y dentro de los planes que los propios actuales socios de la compañía establecen--, se impone un límite del 45 por 100 a los actuales participantes en CLH, y a cada uno de ellos individualmente un límite del 25 por 100 y no podrá superar ninguno de ellos el 25 por 100. En ese sentido, creo que se restablecen, respetando los derechos y colaborando con la iniciativa privada, los errores de la privatización del monopolio de Campsa.

No quiero ahora entrar en juicios históricos, que, por otra parte, no creo que sean de ninguna utilidad. Las cosas se hicieron en su momento por las razones que fueran; no creo que sea el momento de juzgarlas. Pero, indudablemente, hoy la rémora de esa privatización no era sostenible para la economía española. En ese sentido, se establece un nuevo sistema de participación en el accionariado del principal operador en la distribución de gasolinas a nivel de los grandes tubos, a nivel de distribución al por mayor, que permitirá la presencia en esa compañía de otros operadores que quieran competir en el mercado.

Al mismo tiempo, se exige a los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que comuniquen a la Comisión Nacional de la Energía las condiciones económicas de los contratos de acceso, lo cual permitirá al Gobierno y a la opinión pública poder hacer comparaciones sobre esos contratos. En los casos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla esos precios serán, en todo caso, regulados por el Gobierno.

Se incorpora implícitamente a la licencia municipal de apertura de un gran establecimiento comercial la de apertura de una instalación de suministros de productos petrolíferos para vehículos, estableciendo un plazo de 45 días para que los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, den las oportunas autorizaciones y, en cualquier caso, estableciendo que los costes de conexión con las grandes vías sean a costa de los grandes establecimientos.

Como ustedes saben, en España existe en este momento una presencia muy residual de venta de las gasolinas en las grandes superficies y estamos convencidos, por el ejemplo de otros países, de que puede ser un instrumento indudable para el aumento de la competencia.

Al mismo tiempo, se restringe la capacidad de apertura de nuevas instalaciones a nivel nacional, por una duración de cinco años, a los operadores que tengan cuotas de mercado superiores al 30 por 100, y a un plazo de tres años a los operadores que tengan cuotas de mercado superiores al 15 por 100. Ésta, sin duda, es una medida históricamente muy importante que, junto con la anterior del accionariado de la CLH, viene a modificar los efectos más nocivos de la herencia del sistema de privatización del monopolio de petróleos en España.

Y, vuelvo a repetir, me parece importante --lo he dicho varias veces, pero quiero subrayarlo-- la colaboración y el consenso de las compañías en esta cuestión.

Al mismo tiempo, se obliga a los titulares de las estaciones de servicio a remitir periódicamente, una vez a la semana, al Ministerio de Economía información sobre productos ofrecidos a precios y marcas. La información tendrá carácter público a través de Internet y de otros instrumentos que el Ministerio de Economía seleccionará cada semana.

Con respecto al mercado del gas, se avanza también en modificar algunos de los efectos, en nuestra opinión, y yo creo que en la opinión de la mayor parte de la opinión pública española, más defectuosos del proceso de privatización anterior. En ese sentido, se declara que el gestor técnico del sistema, Enagas, tendrá un límite para los actuales accionistas no superior al 35 por 100 del grupo completo de los actuales accionistas. Eso supone también la incorporación del mercado y de otros operadores gasísticos al capital de Enagas, gestor técnico del sistema, y, por lo tanto, un cambio sustancial de las condiciones de competencia establecidas en el mercado del gas, tal y como se planteó la liberalización y la privatización de Enagas a principios de los años 90.

Además, y como continuación de las modificaciones de la herencia de las privatizaciones de principios de los 90, se pone el 25 por 100 del contrato del gas de Argelia a disposición de otros comercializadores distintos de Gas Natural, de manera que se aumente la competencia hasta enero de 2004. A partir de enero de 2004, ningún comercializador que incorpore gas natural podrá ostentar una cuota de mercado superior al 70 por 100, entendiendo fuera de esta cuota la utilización de autoconsumos de gas por parte de los comercializadores.

En ese sentido, creo que ésta es una medida más que, junto con la anterior referente al contrato de Argelia, supone una ruptura con situaciones anteriores y un claro aumento de la competencia, con pleno conocimiento y respaldo de las compañías afectadas.

Al mismo tiempo, se establecerá un nuevo sistema de cálculo de tarifas, peajes y cánones para el sistema de gas natural y, hasta que entretanto este nuevo sistema no se haya establecido, se bajarán los actuales peajes y cánones en un 8 por 100.

Desde el punto de vista del calendario de liberalización, se adelanta el actual calendario de liberalización, de manera que en julio del año 2000 no será el 65 por 100, sino el 72 por 100 de los consumidores cualificados los que podrán tener acceso al mercado de consumidores cualificados; y se adelanta a enero del año 2002 el 80 por 100 y, a enero del 2003, el 100 por 100. Por lo tanto, todos los clientes, incluidas las familias, tendrán posibilidades de estar en un mercado libre de venta de gas a partir de enero de 2003, situando a España entre los países más avanzados en la liberalización del gas de la Unión Europea.

Además, la prohibición de conceder nuevas autorizaciones para construir instalaciones de distribución de gas natural en zonas en las que hubieran sido otorgadas concesiones administrativas al amparo de las legislaciones anteriores se reduce hasta el 1 de enero de 2005, desde el año 2008 que estaba establecido en la legislación de la pasada legislatura.

Paso ahora a explicar las decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros con respecto al mercado eléctrico. La acreditación de consumidores cualificados se sustituye por una inscripción en el correspondiente registro administrativo, con lo cual se hace más fácil la presencia de consumidores cualificados que puedan acceder al mercado libre de electricidad; se reduce el importe para cobrar que tienen los operadores del mercado eléctrico, por ser suministradores del "pool", desde 1'15 pesetas por kilovatio hasta 0'8 pesetas, y, además, se aumenta el número de horas anuales en las que tienen que suministrar electricidad al "pool" desde 100 horas anuales en estos momentos a 480 horas anuales.

Se permite a los grandes consumidores cualificados que cumplan determinadas condiciones a acceder a los precios de conexiones internacionales, con lo cual se agrandan sus posibilidades de abaratar los precios de la electricidad; se adelanta el calendario de la liberalización de 2007 a 2003 para todos los consumidores, es decir, incluidas las familias, y se restringe también en el mercado de la electricidad, con el consenso de las compañías, la apertura de nueva capacidad de generación durante cinco años para aquellos grupos eléctricos cuya participación en la potencia total del sistema supere el 40 por 100 y por tres años para aquellos grupos eléctricos cuya capacidad supere el 20 por 100 hasta el 40 por 100, teniendo en cuenta las peticiones que hayan sido cursadas a lo largo de los últimos meses para instalación de nuevos equipos eléctricos de ciclo combinado.

Se establece un calendario de reducción de las tarifas eléctricas estable para los próximos tres años, que podrá llegar hasta el 9 por 100 en el conjunto de los tres años, y teniendo en cuenta cuestiones como la evolución de los tipos de interés, la evolución de la demanda y la eficiencia del sistema.

Además de otras medidas técnicas que verán ustedes reflejadas en la nota de prensa, que se refieren a cuestiones como la utilización de carbón autóctono y otras cuestiones técnicas, paso a hablarles en estos momentos de las modificaciones referentes al suelo urbano y la política del Gobierno de acelerar los trámites y hacerlos más transparentes, que han sido, como ustedes saben, objeto de conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias y que, dentro del respeto a la autonomía municipal, son las siguientes: por un lado, la eliminación de la discrecionalidad de los municipios en la clasificación de suelo no urbanizable, que se limitará a causas objetivas; y, por otro lado, la iniciativa privada, siguiendo ya los preceptos establecidos en la Ley del Suelo, tendrá derecho a promover la transformación del suelo urbanizable y, en caso de silencio administrativo, éste será positivo en el plazo de seis meses.

Desde el punto de vista del transporte, se reduce el plazo de las concesiones de líneas regulares de transporte de viajeros por carretera de uso general, que estaban en veinte años en su límite máximo, hasta un máximo de quince años, y también se introduce en los puertos una mayor competencia en las instalaciones de suministro de productos petrolíferos, permitiendo así a los pescadores tener distintos suministradores de productos petrolíferos en los puertos.

El sector de las telecomunicaciones será objeto de explicación por parte de la Ministra de Ciencia y Tecnología, y paso ya a otras cuestiones.

En el sistema de descuentos de libros de texto, se establece la libertad de descuento con precios de venta al público establecidos, como hasta ahora, de manera que todos los consumidores puedan beneficiarse de los descuentos que se establezcan y todos los vendedores de libros puedan beneficiarse de la capacidad de hacer descuento. Creo que, en ese sentido, todos los que vivimos en grandes ciudades somos conscientes de que las grandes superficies y los grandes establecimientos hacen descuentos muy importantes en los libros de texto que no están al alcance de los pequeños libreros hasta la modificación de esta ley.

Además, se elimina cualquier duda que existiera sobre las barreras a la colegiación única en todo el territorio nacional.

En la cuestión de los horarios comerciales, en base a la Ley del año 1995 se establece la ampliación del horario semanal de 72 a 90 horas; se establece una ampliación gradual del número de festivos anuales, uno por año durante la legislatura, hasta un mínimo de doce, y se establece la libertad de horarios para todos los establecimientos de 300 metros cuadrados o menos, en beneficio del consumidor y de la capacidad que tengan los pequeños comerciantes de tener a su disposición una libertad de la que van a carecer las grandes superficies.

Desde el punto de vista de defensa de la competencia, se agiliza el procedimiento de concentraciones, reduciendo los plazos, tanto del Tribunal de Defensa de la Competencia, como del propio Gobierno, y también se establece como una norma con rango de ley de aplicación general el límite, que se estableció por el Gobierno a las concentraciones del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria y Banco Santander-Central Hispano, de que ninguna empresa española podrá tener una situación de dominio en dos operadores distintos y competidores en los sectores energéticos y de las telecomunicaciones.

Se establece, con respecto al sector financiero, la obligación de informar, en los préstamos hipotecarios, a cada prestatario del derecho que tiene a elegir tasadora, gestora, aseguradora y notario.

Se reducen los límites máximos de las comisiones de los fondos, tanto los FIMM como los FIAMM, en un 10 y un 25 por 100, respectivamente.

En el mercado de tabaco, se agilizan los plazos para eliminar o flexibilizar las restricciones para distribución de los mayoristas de tabaco.

Se establece en el caso de Notarios una posibilidad de descuentos de un máximo del 10 por 100 en los aranceles fijos y en los aranceles generales de Registradores se plantea una reducción del 5 por 100; en aquellos que afectan a la legislación urbanística, del 15 por 100 y, en aquellos que afectan a la vivienda protegida, del 50 por 100. Además, tanto en casos de Registradores, como de Notarios, se establecen aranceles libres para operaciones superiores a 1.000 millones de pesetas.

Éstas son las medidas generales del Ministerio de Economía y también de otros Ministerios que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.

Sr. Montoro.- En el ámbito fiscal, el Consejo de Ministros ha adoptado un significativo e importante bloque de medidas, cuya presentación se puede estructurar en tres bloques. El primer bloque es el bloque dirigido al apoyo a la pequeña y mediana empresa para mejorar su competitividad; se trata de reforzar el papel del protagonismo de la pequeña y mediana empresa en nuestro crecimiento económico y en la innovación de la economía. El segundo bloque es el relativo a fomentar el ahorro de las familias españolas, tanto en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como también en el Impuesto sobre el Patrimonio, como ahora describiré. Y el tercer bloque de medidas son las relativas al apoyo fiscal a la internacionalización de la empresa española, que es, en definitiva, también la forma de reforzar e impulsar esa expansión internacional que está siendo una de las características más significativas y más destacadas de nuestro cambio económico.

Empezando con la descripción sumaria del primer bloque, en cuanto a las medidas de pequeña y mediana empresa, lo que el Gobierno ha aprobado ha sido la ampliación del tratamiento especial de la pequeña y mediana empresa en el Impuesto sobre Sociedades, incrementando la cifra anual de negocios de 250 a 500 millones de pesetas. De esa forma vamos a beneficiar a un amplio número de pequeña y mediana empresa en nuestro país, en cuanto a aplicación del tramo del gravamen de tipo reducido que, como ustedes recuerdan, es del 30 por 100 para los primeros quince millones de beneficio. Asimismo, también incluye ese cambio, esa variante, la introducción en lo que son las reglas especiales en materia de amortización de sus activos.

Hemos introducido también incentivos a la reinversión para la pequeña y mediana empresa, de forma que vamos a cambiar los coeficientes de reinversión, elevando esos coeficientes del 2'5 al 3 por 100.

Asimismo, hemos introducido una nueva deducción para la pequeña y mediana empresa por inversiones en tecnología de la información y comunicación, que ahora describirá la Ministra de Ciencia y Tecnología; en concreto, es una reducción del 10 por 100 para todas las inversiones, los gastos, de las empresas en lo que es su incorporación a la Sociedad de la Información, al comercio electrónico, a su acción y presencia en Internet. Junto a ello, también es importante --como les insistirá la Ministra ahora y describirá más puntualmente-- la introducción de una deducción por formación de empleados en el uso de nueva tecnología, que para la pequeña y mediana empresa creemos que va a ser realmente una aportación en lo que significa también facilitar, por parte de la empresa, a sus empleados ese acceso a nuevas conexiones y equipos, en lo que se refiere al acceso a Internet.

Hemos mejorado el régimen fiscal del capital-riesgo, que está muy relacionado con la innovación tecnológica en nuestro país; es, en definitiva, otra forma de apostar por las empresas emprendedoras.

En lo que se refiere al estímulo del ahorro, a la formación de lo que son en nuestro país las formas de activo, donde preferentemente los españoles van dedicando cada vez más su forma de ahorro, hemos modificado el régimen relativo a planes de pensiones y seguros de vida. En ese terreno, lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, elevar el límite general de aportaciones a planes de pensiones, elevándolo desde los actuales 1.100.000 pesetas anuales y 20 por 100 de rendimiento neto, a 1.200.000 pesetas anuales y 25 por 100 del rendimiento neto.

Asimismo, hemos cambiado y hemos elevado, consecuentemente, los límites de las aportaciones a planes de pensiones que realizan las personas mayores de 52 años, y también hemos elevado los límites de aportación de las personas con discapacidad.

El cambio fiscal en este terreno se concreta en lo que ya hemos anunciado durante estas últimas semanas, en cuanto a crear la figura de planes de pensiones a favor del cónyuge, la creación de esa nueva figura, que es una forma de ahorro familiar y que va a beneficiar, realmente, a los cónyuges, o que no tienen renta porque no trabajan, o tienen rentas inferiores a 1.200.000 pesetas anuales. De lo que se trata es, con el límite de 300.000 pesetas, permitir la formación del segundo plan de ahorro, de plan de pensiones, en el seno de esa familia y, por tanto, favorecer de esa forma también lo que es la formación de ahorro a medio y largo plazo en nuestro país.

Asimismo, hemos acometido también la reducción de la tributación de determinadas prestaciones de jubilación procedentes de contratos de seguros de vida, para equilibrar el tratamiento fiscal de nuestras diferentes formas de ahorro.

Otro cambio significativo es el relativo, en la base del Impuesto sobre el Patrimonio, a la exención de la vivienda habitual en el Impuesto sobre el Patrimonio, con el límite de 25 millones de pesetas. De esta forma lo que haremos es que prácticamente la gran mayoría de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio actualmente dejarán, en ese sentido, de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio. También estamos favoreciendo nuevamente la formación de ahorro familiar y estamos, en este caso, favoreciendo la formación de ahorro concretado en vivienda, en vivienda familiar.

En lo relativo a la tributación que existe en España de las ganancias y pérdidas de patrimonio, el cambio acometido ha sido doble: por un lado, se reduce a un año el plazo necesario para tributar al tipo especial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, como ustedes recuerdan, está situado actualmente en dos años y se reduce el tipo aplicable a la base imponible especial del 20 al 18 por 100. Se reduce, en consecuencia, también la retención aplicable en los supuestos de transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, que pasa a ser del 20 al 18 por 100.

En el último bloque de medidas que he titulado antes de "internacionalización de la empresa española", figurarían las medidas relativas a mejoras para evitar la doble imposición internacional sobre rentas obtenidas en el extranjero por medio de filiales y sucursales; la nueva deducción por inversiones para la implantación de empresas en el extranjero, y la modificación del régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros, así como la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero, todo ello con las limitaciones cuantitativas.

Por último, también figuraría la mejora en el tratamiento fiscal de los préstamos de valores en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.

Ése es el resumen de las medidas fiscales que, por tanto, conforman el triple bloque de actuaciones relativo a pequeña y mediana empresa, a mejora del ahorro y a internacionalización de la empresa.

Sra. Birulés.- Como decía el Vicepresidente del Gobierno, una parte clave de este crecimiento sostenido que es la búsqueda que persigue el conjunto de este amplio paquete de medidas de liberalización es la innovación: como ustedes saben, la difusión de la Sociedad de la Información, el aumento en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, y con una atención especial a lo que son, evidentemente, las pequeñas y medianas empresas y claramente los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, el bienestar, y esto en un marco de cohesión social.

Por lo tanto, las medidas que yo hoy les voy a presentar, que corresponden a las del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tienen dos grandes bloques: por un lado, la profundización en la liberalización de las telecomunicaciones y el dar un paso importante en la promoción del uso de Internet para avanzar en la Sociedad de la Información; por otro lado, aquellas medidas que hacen referencia a la innovación, a incrementar los incentivos fiscales para promover las inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación de las empresas.

En lo que se refiere a las primeras, destacaría cuatro grandes bloques, que son: por un lado, la apertura a la competencia en telefonía; Internet para todos; la promoción y el impulso de la competencia en telefonía móvil, y la supervisión de la contabilidad de costes del operador dominante.

En cuanto a la apertura de la competencia en telefonía, hay dos grandes medidas. Por un lado, está la elección de operador; es decir, los clientes podrán, a partir del mes de enero del año 2001, cambiar de operador telefónico sin necesidad de cambiar de número ni de línea telefónica y sin cambio de instalación en el domicilio del cliente. Es lo que se denomina la apertura del bucle local. Es decir, que, una vez elegido el nuevo operador, será éste el que facture al cliente y, por lo tanto, tendremos competencia total, no sólo en las llamadas internacionales, provinciales y provinciales, sino también en las llamadas locales y, además, por un sistema rápido y cumpliendo, por otra parte, las medidas acordadas en la Cumbre de Lisboa, que sabían que fue también promovido por parte de España el que se avanzara cuanto antes en la apertura de este bucle local.

En segundo lugar, a partir del 15 de noviembre habrá ya competencia en llamadas locales, en este caso a través de la introducción del acceso indirecto en las llamadas locales, que significa marcar el prefijo de un operador, tal y como se hace hoy con las llamadas internacionales, interprovinciales, provinciales y fijo-móvil. Por lo tanto, a partir del 15 de noviembre cualquier cliente, cualquier ciudadano, puede realizar todos los tipos de llamadas por su operador preferido en cada momento. Es lo que denominamos "pre-selección", sea llamada-llamada o con la preasignación.

En lo que se refiere ya a Internet, "Internet para todos", hablamos aquí de un conjunto de medidas que hacen referencia a Internet en casa, Internet para las Pymes y ayudas fiscales para la compra de ordenadores.

En cuanto a Internet en casa, el Gobierno ha tomado el acuerdo de establecer una tarifa plana para el acceso a Internet a través de la red telefónica pública, es decir, la red telefónica que hoy tienen todos los ciudadanos. La tarifa tiene un precio de 2.750 pesetas mensuales y será de aplicación en el horario desde las seis de la tarde a las ocho de la mañana, de lunes a viernes, y todo el día en sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. Por lo tanto, por este precio máximo mensual, y dentro del horario al que me he referido, los ciudadanos podrán conectarse sin limitación de tiempo. Esta tarifa plana estará vigente a partir del 1 de noviembre.

Ven, por lo tanto, que esta tarifa plana va dirigida a propiciar que se incorpore a la Sociedad de la Información el conjunto de economía domésticas, los ciudadanos que hoy se benefician menos del despliegue que están realizando los operadores alternativos, que, como es un despliegue de infraestructuras nuevas, siempre lleva tiempo. En este sentido, se trata de mejorar sustancialmente las condiciones de uso de estos usuarios residenciales y las 2.750 pesetas como precio máximo de referencia suponen un enorme paso adelante con respecto a las alternativas más baratas que existían hasta ahora. Por lo tanto, estamos en una situación en que éste es un precio máximo y estamos seguros de que la competencia se irá desarrollando, como ya ha empezado a hacer incluso sólo con el anuncio de que se iba a establecer, va a reducir esta cantidad y a ampliar, incluso, las condiciones.

En este caso empezamos con esta tarifa plana, pero además también hemos acordado establecer unos bonos para voz e Internet. Se crea una nueva modalidad de bonos para voz e Internet, que son bonos para llamadas locales, que sirven tanto para voz, repito, como para Internet. Entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2000 y son dos tipos de bonos: unos de 600 minutos que, si se utilizan en horario reducido, van a costar 700 pesetas mensuales y, si esos 600 minutos mensuales se utilizan durante las veinticuatro horas del día, cuestan 1.400 pesetas mensuales. Esto, por lo tanto, es un avance importante. Por una cantidad reducida se puede tener disponibilidad de voz e Internet, sea por 700 pesetas o por 1.400 pesetas, en cualquier momento del día.

En cuanto a Internet para Pymes, como decía el Ministro de Hacienda en su relato de los incentivos fiscales, se han establecido incentivos fiscales para el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la Sociedad de la Información. En este caso, se introduce una deducción en el Impuesto de Sociedades aplicable a los gastos e inversiones destinados a la mejora de la capacidad de acceso a Internet, presencia en Internet, comercio electrónico y la incorporación de las tecnologías de la información a los procesos empresariales. Como ha dicho el Ministro, la deducción establecida es del 10 por 100 de las inversiones realizadas y se aplicará a distintos aspectos, desde la adquisición de equipos y terminales, "software", páginas, "portales web", redes internas y, particularmente, a la formación.

En tercer lugar, las ayudas fiscales para compra de ordenadores. Es importante que para el desarrollo de uso de Internet se incremente, como saben bien, el número de hogares con equipos capaces de conectarse a la red. Por ello, hemos acordado que se incentive fiscalmente que las empresas entreguen y financien, total o parcialmente, ordenadores a sus empleados para su uso profesional o personal en el hogar. Esta inversión por parte de la empresa tendrá la consideración, a efectos fiscales, de gastos de formación de personal y los trabajadores no tendrán que tributar por ella en concepto de pagos en especie.

Éste es un tema importante por cuanto ustedes conocen que la penetración de ordenadores personales en los hogares es uno de los aspectos o de los ámbitos en los que tenemos un cierto retraso.

Continuando con las medidas de telecomunicaciones y promoción de Internet, el tercer gran bloque es el impulso de la competencia en la telefonía móvil. En este sentido, el Gobierno ha encargado al Ministerio de Ciencia y Tecnología que antes del 31 de octubre de 2000 elabore un estudie y proponga medidas sobre las formas de incrementar la competencia en el mercado de la telefonía móvil y, por lo tanto, la elaboración de las propuestas normativas correspondientes.

En cuarto lugar, como les decía, la supervisión de la contabilidad de costes del operador dominante, tanto en servicio fijo como en móvil. Deberá presentar esta contabilidad analítica antes del 31 de julio de cada año ante los Ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología, y, evidentemente, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

Entrando en la segunda parte, que es lo relativo a la Investigación, Desarrollo e Innovación en las empresas, se ha ampliado el plazo, como decía el Ministro de Hacienda, para aplicar deducciones en el Impuesto de Sociedades, con el fin de impulsar el gasto y las inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación, y fomentar la implantación de las tecnologías de la información y de comunicaciones en empresas. Se ha ampliado este plazo de cinco a diez años para aplicar las deducciones en el Impuesto de Sociedades.

Asimismo, se incrementa el importe máximo de la deducción de la cuota íntegra, que, como saben ustedes, ahora es del 35 por 100, hasta el 40 por 100 de la misma, cuando el importe de la deducción prevista por Investigación, Desarrollo e Innovación exceda del 10 por 100 de la cuota íntegra. Es, por lo tanto, una profundización importante en lo que es el fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación; asimismo, el fomento del capital-riesgo para innovación, en este caso, fomentando la afluencia de capitales privados a los nuevos proyectos empresariales innovadores.

En cuarto lugar, un tema que hace referencia a la profundización en la liberalización en uno de los sectores industriales, en este caso, el que hace referencia al automóvil, con el incremento del número de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. En este caso, se procede a cambiar el régimen vigente, basado en concesiones administrativas, por uno de autorizaciones. El régimen de precios pasará a ser de precios máximos, para incentivar la competencia entre distintos prestadores del servicio. Evidentemente, las autorizaciones corresponderán a las distintas Administraciones competentes.

Éstas, pues, son las medidas que corresponden al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que creo que, como decía el Vicepresidente al principio, son un paso importante en la liberalización de las telecomunicaciones, en el avance hacia la Sociedad de la Información y en el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

P.- Algunas cuestiones para el Vicepresidente Rato sobre las medidas. En la tarifa eléctrica he entendido que es un horizonte de descuentos de hasta el 3 por 100 en tres años. No sé si se precisa este año cuánto será, o será a criterio de las compañías, en función de lo que ha dicho: tipos de interés, etc., etc. Si nos lo puede precisar.

También ha dicho que estas medidas no son coyunturales, que son de carácter estructural. Pero imagino que sí habrán evaluado el impacto que a corto, a medio o a largo plazo pueden tener sobre la inflación, quizás.

A ver si nos puede precisar algún horizonte temporal de algunas de las medidas, por ejemplo, el de los horarios comerciales y el de la apertura en festivos. ¿Cuándo empezará este proceso gradual de aperturas?

Por último, hay algunas medidas que sí que tienen un impacto presupuestario; por ejemplo, el de las ayudas fiscales para la compra de ordenadores, etcétera. A ver si nos puede precisar alguna de estas cuestiones.

Sra. Birulés.- De la mayoría de las medidas les he dado el calendario. En cuanto a las que hacen referencia a los ordenadores, por lo tanto, entrará en vigor a partir del momento en que hará referencia a las inversiones y corresponderá al Impuesto de Sociedades; por lo tanto, ya el año que viene.

En este caso, para las empresas, en la medida en que van invirtiendo en la compra de estos ordenadores que van destinados a sus empleados, tienen desgravación por parte de la empresa pero, además, la persona puede llevárselo a su domicilio. Por lo tanto, en cuanto a la utilización personal de este ordenador tendrá también el tratamiento, por lo tanto, correspondiente en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en el que, como de partida es dedicado a la formación y a la utilización por parte del empleado de una empresa, no tendrá que pagar por renta en especie.

P.- Para las adquisiciones que se hagan a partir de la entrada en vigor.

Sra. Birulés.- No, del año que viene. O sea, las adquisiciones se empiezan a hacer ahora, pero tienen su efecto sobre el Impuesto correspondiente al año que viene, claro.

Es el ejercicio fiscal de este año, pero las bonificaciones las tendrá el año que viene.

Vicepresidente.- Sobre la tarifa, el Gobierno establece, como usted sabe, con precios regulados, la tarifa de las familias; el resto de las tarifas estarán liberalizadas a partir de julio de este año y, por lo tanto, son las tarifas de las familias las que se irán regulando por el Gobierno con fecha 1 de enero de cada año, como ha sucedido en este último año.

En este último año, si no me falla la memoria, la reducción ha sido del 2'1 por 100 y, por lo tanto, planteamos un calendario bastante ambicioso, que fijamos en un máximo o hasta un 9 por 100 en tres años. Yo creo que no hay que hacer una división mimética por cada año y que dependerá, como he dicho, de cuestiones tan importantes como los tipos de interés, la demanda y la eficiencia que vayamos consiguiendo en el sistema.

En cuanto a la inflación, a mí lo que me parece más relevante de este paquete de medidas --que, vuelvo a repetir, no es un paquete estrictamente antinflacionist, sino que es un paquete claramente de aumento de la oferta-- es que la economía española pueda seguir creciendo a ritmos como los que tiene en estos momentos o los que ha mantenido en los últimos meses, haciéndolo dentro de un marco de estabilidad de precios, en los objetivos que marca el Banco Central Europeo.

Por lo tanto, a la pregunta de qué aporta este paquete, este paquete aporta que, a mismos ritmos o a mismos niveles de inflación, España pueda crecer más. De eso es de lo que se trata. En ese sentido, creo que aquí hay medidas que amplían considerablemente la oferta de la economía española y su eficiencia y, por tanto, nos garantizan que podamos crecer durante más tiempo y podamos hacerlo con una economía más eficiente y más competitiva, y, por lo tanto, más generadora de empleo.

El Decreto-Ley se aplica, como usted sabe, con efectos inmediatos; de ahí que el Gobierno haya elegido esta fórmula, independientemente de que después los Grupos Parlamentarios puedan decidir que algunos de los Decretos-Leyes se tramitan como Proyectos de Ley, que será una decisión que se tome por los Grupos Parlamentarios.

Con respecto a las previsiones de este Decreto-Ley respecto a las medidas de comercio, es indudable, con respecto a los horarios comerciales, que el calendario comenzará a regir, tal y como marcaba la Ley de Comercio, a partir del 1 de enero del año 2001, por tanto, será un domingo más o un festivo más a partir de 2001; otro más en 2002, y así sucesivamente hasta 2004.

Y, con respecto a la ampliación de las horas semanales y la libertad para los pequeños comerciantes de menos de 300 metros, entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley.

P.- Para el Vicepresidente Rato. Me gustaría que nos explicara por qué se ha descartado que los pensionistas paguen una parte de las medicinas, si es que se ha descartado; creo que sí, porque no lo ha mencionado. ¿Qué efecto en la reducción del gasto sanitario puede tener el conjunto de medidas que ha anunciado?

Para el Ministro Montoro, ¿cuándo va a entrar en vigor el nuevo régimen de las plusvalías?

Vicepresidente.- Con respecto a las medidas de aportación de los usuarios al coste de las medicinas, como usted sabe, en España ya hay un sistema establecido que diferencia entre activos y pasivos, que tiene su origen en que el gasto sanitario era financiado primordialmente con cuotas de empresarios y trabajadores en el pasado, y ahora es un sistema distinto. Como la Ministra de Sanidad ya ha indicado, el Gobierno está estudiando que pueda introducirse un sistema en el que las aportaciones de los usuarios tengan en cuenta otras condiciones distintas, además de las de indudablemente entre activos y pasivos, y también condiciones como pueden ser las enfermedades crónicas, que también se reconocen ya, aunque a través de las medicinas, en el actual sistema, y que puedan ser los niveles de renta.

En cualquier caso, ése es un trabajo que estamos realizando en colaboración el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Economía, y esperamos que pueda permitirnos una mejora del reparto de la aportación más equitativo de la carga de la financiación de las medicinas en España, siempre no perjudicando la aportación financiera de los pensionistas, sobre todo de las pensiones más bajas.

Entendemos que la mejora de financiación del sistema que pueden suponer estas medidas es de 40.000 millones adicionales. Esto quiere decir que, gracias a estas medidas, la sanidad pública española tendrá, aproximadamente, 40.000 millones de pesetas más de los previstos y eso, indudablemente, yo creo que es una buena noticia para, por un lado, los responsables sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, tanto Comunidades Autónomas como INSALUD, pero sin duda para los usuarios, para los enfermos y para los profesionales de la sanidad y los responsables de los hospitales, que podrán tener mayores posibilidades gracias a una mayor financiación.

Por tanto, esto no es, en ningún caso, un ahorro, sino una mejora de financiación del sistema.

Sr. Montoro.- En relación con la pregunta que me formulaba, los cambios del valor del patrimonio entrarán en vigor desde el momento de la publicación del Decreto-Ley en el Boletín Oficial del Estado; es decir, a partir de mañana.

En cuanto a las medidas fiscales, aclararle, haciendo uso de la palabra, que tienen un horizonte de temporalidad diferente, será aplicada una solución diferente, en función de la factibilidad de la medida. Pero, en el caso del nuevo régimen del tratamiento del valor del patrimonio, entrará en vigor en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

P.- Querría preguntarle al Vicepresidente del Gobierno si puede ser un poco más concreto a la hora de especificar en qué medida van a estimular la economía. Si se ha cuantificado ya cómo va a crecer más la economía por estas medidas y si va a tener también efecto este año, de forma que tenga que corregir al alza las previsiones de crecimiento económico.

La segunda. Ha dicho que han llegado a un acuerdo con los representantes de las asociaciones y de las empresas; si éste ha sido el caso también en la negociación con Telefónica. Ellos dijeron que preferían que la tarifa plana se hiciera a partir de las ocho de la tarde para no colapsar el sistema.

¿En qué medida han llegado también a un acuerdo con la Federación Española de Municipios? Si tiene el acuerdo de que las medidas respecto del suelo serán automáticas y no he entendido exactamente cómo va a afectar a la libre construcción de viviendas y otro tipo de actividad la medida que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

Vicepresidente.- Las medidas de mejora de la oferta, precisamente por no ser coyunturales, no son cuantificables, porque dependen también de otras cuestiones coyunturales que puedan suceder en la economía. Por lo tanto, yo tendría que hacerle a usted una cantidad de hipótesis para poderle dar una cifra que creo que no sería ilustrativa, ni utilizable, ni útil, mejor dicho, por nadie.

Lo importante de la estrategia económica del Gobierno, y creo que lo importante de que estas medidas, junto con las previsiones presupuestarias para el año que viene, el Gobierno las haya tomado y decidido en poco menos de dos meses, es que en estos momentos los ciudadanos españoles y la opinión pública, en general, conocen cuáles son los instrumentos de política económica del Gobierno del Partido Popular para los próximos cuatro años y qué objetivos persigue. Claramente, en este paquete de medidas lo que se persigue es un aumento de la capacidad de crecimiento de la economía española.

Yo creo que la economía española estaría en buenas condiciones si pudiera mantener tasas de crecimiento como las que ha tenido durante la pasada legislatura, tanto desde el punto de vista del crecimiento del Producto, como desde el punto de vista de la creación de empleo. Y creo que, sin que con eso yo cuantifique nada, porque creo que las medidas de oferta no son fácilmente cuantificables, o al menos yo no soy capaz de hacerlo, sí nos avanzan en esa dirección.

En ese sentido, creo que apostamos por una mayor oferta y una mayor competencia, un traje más grande, para que la economía española pueda seguir creciendo y pueda seguir creciendo a este ritmo. Pensemos que en el año 2000 el crecimiento de la economía se va a situar muy por encima de la media europea, con una media europea ya creciendo a ritmos superiores al 3 por 100, y con una creación de empleo de 500.000 empleos. Por lo tanto, estamos hablando de un ritmo muy importante y el mayor desafío que tenemos todos, desde luego el Gobierno pero también todas las Administraciones Públicas y la sociedad en general, es mantener esa situación el mayor tiempo posible, que dependerá, como es natural, de muchas cosas, entre ellas, de la coyuntura internacional y, desde luego, de la situación europea.

En cuanto a las asociaciones y a las empresas, yo tengo que manifestar, desde luego, que el Gobierno ha tenido una intención y una constancia de diálogo con instituciones, asociaciones y empresas; que en muchas de las decisiones que se abordan en este paquete, no tanto las de telecomunicaciones como de otras, se afecta a decisiones de empresas privadas, y que han sido negociadas y aceptadas mutuamente; y las que se refieren al mercado de las telecomunicaciones, también. Es decir, es lógico que las empresas tengan posiciones de partida en una negociación que no sean exactamente las mismas que tiene la interlocución gubernamental; pero también es lógico que, cuando se llegue a un acuerdo, se llegue a un acuerdo en base a esa negociación.

Tengo que decir que hemos establecido un amplio paquete de medidas que va a exigir una demostración de eficiencia muy importante de nuestras grandes empresas, que todas ellas entienden que es en beneficio de la economía en general y que participan de la visión de que una mayor competencia es claramente una necesidad de la economía española.

En suelo, las dos medidas principales son, por un lado, la eliminación de toda discrecionalidad en la fijación de las razones para no establecer suelo urbanizado y, por lo tanto, en el establecimiento de suelo no urbanizable, que quedan tasadas a las medidas que establece la Ley, sin ningún tipo de discrecionalidad por parte de los Ayuntamientos; y, en segundo lugar, la implantación del silencio positivo en el procedimiento de calificación de suelo urbano por los agentes privados, en aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo al procedimiento de la Ley del Suelo.

Efectivamente, hemos hablado con la Federación de Municipios y Provincias y hemos llegado a acuerdo sobre los textos, y creemos que en éste, y también en el que se refiere a las condiciones de instalación de gasolineras en grandes superficies, hemos escuchado sus sugerencias y creo que hemos enriquecido nuestros textos con ellas.

P.- Dos preguntas para el Vicepresidente. En este escenario que se está describiendo aquí de una mayor liberalización y competencia cobran especial importancia los organismos que deben controlar este nuevo escenario. Usted ha comentado que se van a reducir los plazos para el Tribunal de Defensa de la Competencia. Querría saber si el Gobierno contempla la posibilidad de reforzar dicho Tribunal, de darle más herramientas para hacerlo más ágil y más eficaz.

Con respecto a otro de los organismos de control, la Comisión del Mercado de Valores, querría preguntarle si esta decisión que ha tomado de cerrar una investigación en el caso Telefónica y volverla a abrir no siembra una especie de desconcierto entre los pequeños accionistas. Le hago la pregunta sabiendo que es un organismo independiente del Gobierno, pero querría saber la posición del Gobierno al respecto.

Vicepresidente.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y el Gobierno van a reducir sus plazos de decisión en los procesos de concentración. Las modificaciones legales incorporan una mayor capacidad de ambos en el control de las concentraciones, desde el punto de vista no sólo de la actuación de oficio, sino también desde el punto de vista de que los efectos de las concentraciones no se puedan producir hasta que no se hayan sometido al procedimiento de competencia.

En ese sentido, yo creo que el Tribunal de Defensa de la Competencia, que, sin duda, ha demostrado tener una gran capacidad de trabajo en los últimos meses, en los que se ha multiplicado notablemente el trabajo en cuestiones de concentraciones y de defensa de la competencia, tiene instrumentos materiales y humanos importantes y, además, el apoyo del Servicio de Defensa de la Competencia.

En cuanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, usted mismo se ha contestado. El Gobierno no hace valoraciones sobre las actuaciones de los órganos independientes, salvo que se dirijan al Gobierno o le den mandatos al Gobierno. El Presidente del Gobierno ya ha dicho, y yo mismo también, que es imprescindible, en un sistema en el que el mercado de capitales cada vez tiene mayor importancia, que los procesos de transparencia estén garantizados, como lo están, por los órganos reguladores, en este caso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no tenemos nada más que aportar.

P.- Quisiera, si es posible, una aclaración sobre el tema de la limitación para las compañías eléctricas y la apertura de nuevas instalaciones de generación. Si ese plazo de cinco o tres años, dependiendo de la cuota de mercado, se refiere a la entrada en funcionamiento de nuevas instalaciones, al inicio de las obras de las mismas o a la concesión de autorizaciones de nuevo emplazamiento. Es decir, ¿a qué afecta ese plazo?

Vicepresidente.- Afecta a todas las nuevas peticiones de inversión que no estén ya en un procedimiento público en estos momentos y que aumenten su capacidad por encima del porcentaje que tienen en este momento. Por lo tanto, es plenamente posible que algunas de estas empresas cierren instalaciones que en este momento no sean eficientes y las sustituyan por otras, y, desde luego, hay un porcentaje muy importante de inversión prevista que se está tramitando en estos momentos y que formará parte, como es natural, de lo que las empresas puedan hacer.

Pero, una vez que se tiene en cuenta esta inversión prevista, que cubre inversiones para los próximos años y que garantiza el suministro eléctrico en nuestro país de manera clara, se establece una limitación de aumento de su volumen actual de producción; no de su porcentaje, porque, si fuera del porcentaje, se moverían para arriba según aumentase el mercado, sino del volumen actual de producción.

P.- Mis preguntas eran para que nos ampliase un poco la información que han dado sobre la aprobación del Decreto de la ZEC y, en concreto, ¿cuál va a ser la fórmula para permitir la inscripción inmediata de las empresas en la Zona Especial? Supongo que contestará el Ministro de Hacienda.

¿Cuándo y cómo se va a negociar el Consejo Rector? Si ya está pensado el plazo. ¿El Comité de Idoneidad también se ha constituido? ¿De qué manera va a funcionar respecto al Consejo Rector: si va a tener más competencias o si va a tener alguna competencia por encima del Consejo Rector, si sus decisiones estarán por encima o por debajo?

Sr. Montoro.- Realmente, ha sido importante la decisión de aprobar este régimen, la Zona Especial Canaria, para Canarias, como ha destacado antes en su presentación el Ministro Portavoz, porque, realmente, como ustedes saben, ha sido un régimen largamente negociado en Bruselas durante años para acoplarlo a las necesidades, en definitiva, de lo que es la propia historia del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y, al mismo tiempo, adecuarlo a la normativa comunitaria.

En ese sentido, ya en la legislatura anterior el Vicepresidente económico del Gobierno ya hizo, junto a los otros miembros de su equipo, por descontado, aquí presentes, esa labor de negociación. Yo quiero resaltar y destacar hoy que felizmente el Consejo de Ministros aprueba la implantación de este régimen.

La aprobación es por Decreto-Ley, lo que significa, en definitiva, que el régimen entra en vigor desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Eso, como usted bien destaca también, no es óbice para que falten todavía algunos elementos materiales, como es la definición del Consejo Rector. Pero eso lo podremos hacer en los próximos días.

En ese sentido, no atisbamos ningún problema, ningún inconveniente, tampoco en cuanto a las negociaciones políticas para llevarlo adelante, porque la voluntad del Gobierno ha sido, en cuanto ha podido, materializar la vigencia de ese régimen para no perder tiempo precisamente y para que entre en vigor lo más pronto posible y podamos aprovechar el medio año que aún nos resta del 2000 y la vigencia hasta el año 2008 para la implantación de estas empresas en Canarias. Estamos confiados en el éxito del régimen. Creemos que puede generar en todo este período, al menos, 3.000 puestos de trabajo nuevos creados en las Islas Canarias y con una implantación de cientos de nuevas empresas radicadas allí.

En ese sentido, la materialidad de lo que falta todavía por completar la podemos y la debemos hacer con la suficiente premura; pero eso no va a suponer ya el inconveniente formal que era la aprobación material del régimen, que es lo que afortunadamente hoy ya está hecho.

P.- A mí me gustaría preguntar al Ministro de Hacienda. ¿Se ha descartado definitivamente la exención de la tributación por cambio de un fondo a otro? ¿Se contempla crear los "fondos paraguas", tan demandados por el sector? ¿Se mantiene el régimen transitorio para las ganancias y plusvalías antiguas?

Sr. Montoro.- Sí, se mantiene exactamente el régimen anterior. En ese sentido, no hay ninguna modificación.

Y, en lo que se refiere a lo que ha llamado la posibilidad de una exención tributaria, en realidad estaríamos siempre hablando de retenciones, nunca de exenciones, que es lo que se ha especulado estos días. Las decisiones tomadas son las que he explicado sucintamente, pero son todas.

El Gobierno está convencido de que con ese conjunto de medidas, de medidas fiscales y también de otro orden en cuanto a las comisiones de las instituciones de inversión colectiva, estamos favoreciendo, no sólo la formación de ese ahorro, no sólo el destino de las familias españolas en la formación de esos activos, sino que estamos favoreciendo también la competencia, porque lo que estamos haciendo, como ven, a través de la reducción del propio tipo impositivo y del propio plazo, es facilitar esa movilidad de los fondos. Estamos favoreciendo la formación de ahorro, en definitiva, en esas figuras de instituciones de inversión colectiva, que tan importante son. Y se completa esta actuación con los planes de pensiones también como otra forma que es conveniente seguir estimulando en nuestro país.

P.- A mí me gustaría saber si el señor Vicepresidente económico nos pudiera concretar el acortamiento de los plazos para resolver, tanto el Gobierno como el Tribunal de Defensa de la Competencia, en las operaciones de concentración.

Y si el señor Ministro de Hacienda nos puede hacer una cuantificación, una valoración económica, de cuánto van a costar las medidas fiscales que ha aprobado hoy el Gobierno.

Vicepresidente.- En el conjunto del proceso de las operaciones de concentración, una vez que son comunicadas y que el expediente se traslada al Tribunal por parte del Servicio, pasaremos de siete meses a cuatro meses de plazo máximo; por tanto, es una reducción considerable.

Sr. Montoro.- No le voy a decir aquello tan manido de que le agradezco la pregunta, ¿verdad?, porque usted sabe perfectamente que este miembro del Gobierno no es nada partidario de hacer esos cálculos; o sea, es totalmente reacio a hacer esos cálculos, porque esos cálculos son siempre fotografías estáticas y no tienen en cuenta lo que producen precisamente estos cambios fiscales. Si modificamos la norma tributaria, es para promover que cambien las condiciones económicas que definen la actuación de los sujetos, de las familias, de cada uno de nosotros, en nuestra condición de ahorradores o de consumidores.

En ese terreno, lo que debo decirle es que, realmente, las medidas que traemos aquí, en cuanto a coste fiscal como tal no tienen; es al revés: lo que tratamos es de promover más actividad, más desarrollo, más innovación en la pequeña y mediana empresa, más internacionalizaciones de estas empresas. Por tanto, en cuanto a cambios materiales de este tipo, francamente yo preferiría hablarle de los billones de contribuyentes que se van a beneficiar realmente del nuevo régimen fiscal que este Decreto-Ley está propiciando. Realmente, son millones de contribuyentes, son miles de pequeñas y medianas empresas, los que van a estar claramente favorecidos. Si ése es el resultado, obviamente hablar de coste fiscal, de la cuenta fiscal, sencillamente...

Lo que ha pretendido el Gobierno también, en todo caso, es aclararles que no pretende bajar en este momento impuestos en términos generales, porque eso no es coherente con el momento económico que estamos viviendo. Ya lo estamos haciendo en la aplicación del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde sí que existe esa bajada de impuestos y, a partir de esa bajada del Impuesto sobre la Renta, estamos promoviendo más actividad económica.

P.- Quería preguntar al Vicepresidente si con estas medidas se agotan la política de liberalización y las reformas estructurales o a lo largo de la Legislatura se pueden buscar nuevas fórmulas.

También quería preguntarle si el consenso con el pequeño comercio ha sido tan amplio como el que se ha alcanzado con las grandes empresas.

La última: de sus palabras deduzco que a lo largo de este año se podrían bajar las tarifas eléctricas, por ejemplo, en el mes de octubre. ¿No estaría descartado?

Vicepresidente.- Yo creo que, efectivamente, el proceso de reformas económicas en ninguna economía se agota con ningún tipo de medidas, porque ahí están afectados mercados muy importantes y que seguirán siendo objeto de política por parte del Gobierno. Sería imposible que el Gobierno no siguiera actuando sobre las telecomunicaciones, sobre la energía, sobre el suelo, sobre la fiscalidad o sobre todo el resto de materias que están aquí contenidas. Por tanto, no es éste el final de nada.

Lo que sí se produce aquí, de hecho, es un cambio muy importante en el funcionamiento de los mercados españoles más importantes, a su vez, como es el caso de la energía y de las telecomunicaciones, de los que yo creo que se acaban en este paquete de medidas los vestigios y las herencias de los modelos autárquicos y, en algunos casos, monopolísticos que hemos tenido en el pasado y de los que todos hemos sido testigos.

Por otra parte, yo creo que ha habido un amplio diálogo con los sectores del comercio de todo tamaño. Tiene usted que entender que no es lo mismo pedirle a una empresa, del tamaño que sea, que cambie su participación en otra o que acepte su limitación de expansión, que otras condiciones de funcionamiento del mercado. Me parece que no se puede comparar una cosa con la otra, con todo respeto. Pero ha habido un amplio debate y diálogo con los sectores del comercio de todo tamaño y con las Comunidades Autónomas que han querido hablar con nosotros; que han sido muchas, pero no todas.

En cualquier caso, creo que se da un cambio sustancial también al planteamiento del futuro del comercio en España, respetando los principios establecidos en la Ley del año 1995 sobre libertad de comercio y estableciendo un calendario, yo creo que respetuoso con las intenciones de aquella Ley, respecto a la libertad de comercio de todos los establecimientos de más de 300 metros cuadrados y, sin embargo, se amplían sustancialmente las posibilidades de competencia y de flexibilidad para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, como ya he dicho.

P.- En cuanto a la luz eléctrica...

Vicepresidente.- ¿La luz eléctrica? Efectivamente, no he sido capaz de explicarme en el sentido de que el Gobierno ha planteado un calendario a tres años con fechas de principios de año.

P.- Yo quisiera saber si ya hay luz en el Gobernador del Banco de España; si el Gobierno tiene alguna decisión sobre el candidato. Creo recordar que el próximo jueves, me parece, tiene usted una comparecencia en el Parlamento: si va a dar ahí el nombre.

Vicepresidente.- El jueves daré el nombre.

P.- ¿La decisión la tiene tomada el Consejo de Ministros?

Vicepresidente.- No lo ha visto hoy el Consejo de Ministros.

P.- Una pregunta para el Vicepresidente. En relación con la reducción de la tarifa eléctrica, ha señalado que sería una reducción máxima de la tarifa del 3 por 100 en los próximos tres años, del 9 por 100 en conjunto.

Vicepresidente.- Yo he dicho el 9 por 100 en tres años.

P.- El 9 por 100 en tres años; pero una reducción máxima. ¿Cuál es la reducción mínima? Porque puede ser la reducción máxima ésa y la mínima cero.

Vicepresidente.- No es fácil que la mínima sea cero. Desde el punto de vista de la seguridad del mercado, el Gobierno se compromete en este momento a lo que cree que puede comprometerse, que es a plantear un horizonte máximo y no otro tipo de horizontes, en función de cuestiones tan importantes para este tema como es la evolución de la demanda. Pensemos que la demanda está creciendo en este momento al 8 por 100, pero no sabemos lo que estará creciendo. En este momento la demanda está creciendo al doble que el Producto, lo cual es un ritmo que probablemente responde a circunstancias excepcionales, y no me parece fácil tomar previsiones en este momento tan concretas sobre la evolución de los tipos de interés.

En cuanto a la eficiencia del sistema, en este mismo paquete de medidas se toman medidas muy importantes para aumentar la eficiencia del sistema.

Por lo tanto, esa pregunta se la podrá contestar a usted el Gobierno dentro de tres años.

P.- Cuando hablaba de que habían alcanzado el consenso con las empresas afectadas por estas medidas, ¿también afecta esto a Telefónica?

Vicepresidente.- Sí.

P.- Para el Vicepresidente Rato. Usted ha dicho antes que de lo que se trata es de que, con el nivel de inflación que tenemos ahora, crecer más.

Vicepresidente.- No, no he dicho eso. He dicho que podamos crecer con cada vez menos inflación; al menos, es lo que he querido decir.

Lo que tiene que hacer la economía española es, en los objetivos de inflación del Banco Central Europeo, mantener diferenciales de crecimiento con la media europea y mantener, a lo largo del mayor número de años posible, tasas de crecimiento como las que tenemos en este momento, con inflaciones que sean compatibles con nuestra pertenencia al área del euro.

Por lo tanto, lo que quiero decir es que, a niveles de inflación establecidos, estas medidas nos permitirían crecer más o, si lo quiere usted dicho de otra manera, podíamos crecer con menos inflación. Dígalo como usted quiera, en cualquiera de los dos caminos; pero para nada he planteado que... Me interesa más mantener el actual ritmo de crecimiento y disminuir el ritmo de inflación, que al contrario.

P.- En cuanto al recibo de la luz, el calendario de rebajas que plantea en los próximos tres años yo creo recordar que es inferior al que se ha producido hasta ahora. No sé si es así.

Vicepresidente.- Yo creo que está en ese orden de cosas; está, más o menos, en ese orden de cosas. Pensemos que en una rebaja nominal de un máximo del 9 por 100 tendría usted que incorporar ahí la evolución de los precios; por lo tanto, estamos hablando de rebajas muy importantes.

Según el sistema se vaya haciendo más eficiente, es indudable que el volumen de las rebajas no puede ser el mismo. Pero, en cualquier caso, me parece bastante importante. Estamos hablando siempre del recibo de las familias, habida cuenta que los empresarios o las empresas que utilicen alta tensión podrán beneficiarse de la competencia total en el mercado por parte de todas las empresas a partir del mes de julio de este año.

P.- Por favor, ¿cómo se va a instrumentalizar el 25 por 100 del contrato de Enagas que se abre a otros operadores? ¿Nos podría decir el calendario de liberalización de la venta del tabaco?

Vicepresidente.- No hay un calendario de liberalización de la venta del tabaco. Hay medidas que permiten que los distribuidores al por mayor puedan transportar en sus camiones otros productos que no sean tabaco, que puedan dar descuentos a los estancos y que pueda haber distribuidores no nacionales, de ámbito no nacional, que pueda haber distribuidores de menor ámbito, lo cual aumenta la competencia en la distribución al por mayor. Como usted sabe, la distribución al por menor en España existe a través del canal de los estancos.

La instrumentación de la utilización del 75 por 100 por parte de Gas Natural del contrato de Argelia es muy fácil: utiliza el 75 por 100 y vende en subasta el otro 25 por 100.

P.- Una pregunta al Ministro Portavoz. En el encuentro de ayer del Presidente con el "Lehendakari" quedó patente ya el abismo, diría yo que insalvable, entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco y el PNV, por otra parte. Supongo que ya no cabe pedir cambio de rumbo; entonces, la pregunta es: ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se va a permitir que se siga degradando progresivamente la situación o tiene el Gobierno algún tipo de estrategia a partir de este momento?

Sr. Cabanillas.- Hablar de abismo insalvable yo creo que nunca describe la situación correctamente. El Gobierno está ahí, y lo ha dicho y lo ha reiterado ayer en su declaración, apostando y seguirá apostando por el diálogo institucional y lo hará en el marco legal existente, es decir, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Por lo tanto, puesto que ése es el marco que nos hemos dado todos los españoles y, evidentemente, el pueblo vasco, es en ese marco donde se tienen que encontrar las soluciones. Existen y no se descarta tomar iniciativas, precisamente por eso, porque la postura es clara y ese marco está vivo.

P.- Quería saber si, visto lo visto y después, efectivamente, del fracaso de la reunión de ayer, el Gobierno considera que resultó contraproducente, al menos en el tono, la comparecencia en esta misma sala del señor Aznar, poco después del asesinato del señor Pedrosa, que prologó, al menos en dureza, este encuentro de ayer.

También quería saber si la expulsión, irregular para muchos y, entre ellos, para varios miembros del Supremo, de los inmigrantes interceptados en Mijas constituye la mejor manera, a juicio del Gobierno, de recabar el apoyo social y el consenso político que pretende para la reforma de la Ley de Extranjería.

Sr. Cabanillas.- Está calificando usted ya, de salida, en su pregunta las situaciones. El Gobierno y el Delegado, en concreto, han dicho claramente que no hay tal expulsión irregular, sino que se ha cumplido la Ley. El que haya otro tipo de interpretaciones, que son perfectamente legítimas, no cambia para nada esa postura del Gobierno.

En lo que se refiere a las declaraciones del Presidente y también hablar del tono y si fue contraproducente, insisto en algo que ya hemos insistido en repetidas ocasiones: esto no es cuestión de tono, es cuestión de fondo. Las cuestiones de fondo están ahí y fueron aquellas a las que hizo referencia el Presidente en su discurso. Esas cuestiones son las que deben centrar ese debate y son las cuestiones sobre las que debe también centrarse ese diálogo institucional al que antes hice referencia.

P.- En cualquier caso, a raíz de lo ocurrido ayer, ¿se replantean o se van a replantear el Gobierno y el Partido Popular la relación con el "Lehendakari"? Me estoy refiriendo al hecho de no haber acudido a la reunión del lunes, que, a toro pasado, puede parecer que calentó el ambiente, en contra de lo que eran sus deseos del viernes pasado.

Sr. Cabanillas.- No habría por qué. El "Lehendakari" lo es por la Constitución y por el Estatuto; es "Lehendakari" por la Constitución y es "Lehendakari" por el Estatuto.

P.- A vueltas con el mismo tema, ¿a qué atribuye usted el comportamiento ayer del "Lehendakari" Ibarretxe, que creo que sorprendió a todos?

Sr. Cabanillas.- Obviamente, no creo que sea una pregunta que deba dirigirnos a este Gobierno. Creo que él, y así fue expresado ayer, fue muy terminante en el sentido de transmitir la falta de voluntad para llevar a cabo, tomar o dar ese cambio de rumbo que se exigía por parte del Gobierno. Ése es el mensaje recibido, constatado, y las razones para esa actitud o esa decisión de no cambiar el rumbo y reafirmarse en el entorno de Estella, obviamente, son preguntas que debe dirigirle a él.

P.- ¿Qué le parecen las declaraciones del señor Ibarretxe, cuando dijo que el conflicto vasco dura ya 160 años y que Euskadi es una nación anterior al Estado español?

Sr. Cabanillas.- En cierta forma, he contestado a esa pregunta con anterioridad. Dentro de ese contexto de diálogo institucional, el "Lehendakari" lo es por la Constitución y lo es por el Estatuto, no por una legitimidad histórica.

P.- Aunque parece clara la discrepancia entre el análisis que hace el Gobierno español y el Gobierno vasco de qué está pasando en Euskadi, una cosa que ayer el "Lehendakari" dijo también es que pidió que en este marco de diálogo institucional La Moncloa hiciera propuestas. Dijo que no valía con rechazar la propuesta del mismo "Lehendakari", aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento vasco, de una Mesa multipartita, y que con invocaciones genéricas a la Constitución y al Estatuto no se resolvía el problema.

La cuestión es, visto lo visto y oído lo escuchado, si el Gobierno tiene previsto tomar alguna iniciativa en ese sentido.

Sr. Cabanillas.- Yo creo que no se pueden calificar de genéricas las propuestas de este Gobierno. Hacer referencia a la Constitución o hacer referencia al Estatuto, si lo caracterizamos como algo genérico, quizás pueda ser incluso peyorativo hacia aquello que nos une realmente a todos. Tampoco creo que deja de ser una iniciativa la petición constante por parte de este Gobierno de una ruptura clara, terminante y creíble con lo que es el Pacto de Estella y con lo que significa el Pacto de Estella.

En lo que se refiere a las Mesas, evidentemente, puesto que creemos en la Constitución, puesto que se cree en el Estatuto y puesto que se cree también en las instituciones vascas, es curioso que hablemos de Mesas fuera de esos entornos. ¿Para qué serían necesarias si existen esos mismos entornos?

Entonces, no creo que se deba para nada, ya digo, infravalorar en ninguna medida lo que son las manifestaciones, que son no sólo manifestaciones sino, evidentemente, iniciativas.

P.- Vista la imposibilidad de que el PNV cambie de rumbo, como se le ha pedido, ¿cree el Gobierno que en estos momentos hace falta más que nunca llamar al PSOE a la unidad, caminar juntos?

Sr. Cabanillas.- Yo creo que está claro, y también se ha repetido hasta la saciedad, que una de las claves y de las garantías hacia el futuro es precisamente la unidad de los demócratas en torno, vuelvo a insistir, a la Constitución y en torno al Estatuto. Todo lo que sean actuaciones de reconocimiento en ese sentido y, como usted bien dice, también de derivadas de la actitud por parte del Gobierno vasco, obviamente, encontrarán con este Gobierno puntos de encuentro y, desde luego, no puntos de diferencia.

P.- Dado que usted mismo ha dicho que las instituciones ya existen, ¿tiene previsto el Gobierno convocar la Mesa de Madrid?

Sr. Cabanillas.- En estos momentos no hay nada al respecto.

P.- ¿Tiene pensado el Gobierno volver a poner sobre la mesa públicamente la petición de elecciones anticipadas en Euskadi como única salida?

¿Se puede considerar un jarro de agua fría que el señor Ibarretxe pudiera abanderar, dentro de las divisiones que existían en el PNV, ese cambio de rumbo, después de lo que dijo ayer el señor Ibarretxe?

Sr. Cabanillas.- Desde el Gobierno hemos insistido muchas veces en lo que es la lógica democrática de los procesos. Evidentemente, no debo hablar yo en función de lo que quisiera manifestar un partido, como puede ser el Partido Popular u otros partidos, que, evidentemente, tienen su propia estrategia y su muy legítimo derecho a manifestarse en un sentido o en otro. Lo único que se ha constatado desde aquí, ya digo, es que, ante la existencia de unos hechos y ante la existencia de una precariedad gubernativa, en democracia y precisamente porque creemos en esas vías de solución suele haber unas consecuencias. Pero no es que debamos circunscribirlo sólo a decir: se están o no se están pidiendo unas elecciones; sencillamente, hay una normalidad democrática que tiene su ritmo y tiene su camino.

Y su pregunta sobre el jarro de agua fría, me decía usted.

P.- Se hablaba de que Ibarretxe pudiera abanderar este cambio de rumbo o pudiera impulsarlo. Si después de la entrevista de ayer, estas esperanzas que tenían se han disipado.

Sr. Cabanillas.- Yo creo que ayer fuimos bastante explícitos y creo que utilicé el término "lamentablemente". Lamentablemente, ha sido así. Se buscaba una rectificación creíble con respecto a lo que significa el Pacto de Estella y, lamentablemente, no ha sido así y, lamentablemente, no ha habido un cambio de actitud. Ésa es la realidad. En veinticuatro horas, como comprenderá, no hemos cambiado de opinión.

Gracias.