Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Buenas tardes. En el Consejo de Ministros de hoy, el Ministro de Fomento, don Rafael Arias-Salgado, ha presentado un informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre Firma Electrónica, que se ha acordado remitir al Consejo General del Poder Judicial y también a la Agencia de Protección de Datos para su correspondiente dictamen, y de cuyo contenido les va a informar.

También se ha aprobado un nuevo marco legal para el deporte profesional, al modificar el Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas del año 1991, lo que pretende favorecer la transparencia en la gestión y velar por la pureza de la competición deportiva. Sobre este tema, así como también sobre la modificación del Régimen de las Federaciones Deportivas y sobre el apoyo del Gobierno a la candidatura de nuestro país como sede de la Agencia Internacional de Lucha contra el Dopaje, les va a informar el Ministro de Educación y Cultura, don Mariano Rajoy, que también hoy nos acompaña.

Antes, como siempre, si me lo permiten, muy brevemente, comentarles otros temas que han sido también aprobados en la sesión de hoy del Consejo de Ministros.

Se ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, que refuerza la protección de la persona que haya creado, descubierto o desarrollado una variedad vegetal, y mejora el funcionamiento de la Administración Pública en el ejercicio de estas funciones. El objetivo de la Ley es mejorar la situación y facilitar el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías, con el fin de incrementar la productividad de sus explotaciones y, en consecuencia, aumentar su renta.

El Consejo ha aprobado, asimismo, un Real Decreto por el que se determina la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil y se establece su distribución por escalas, categorías y empleos. La nueva disposición de la plantilla de la Guardia Civil supone un incremento del gasto público, que se va a repartir en los próximos cinco meses y en el año 2000, del orden de 422 millones de pesetas. Esta plantilla, de la que encontrarán ustedes la distribución en la Referencia, deberá estar completada el 31 de julio del año 2000, para lo cual se establecen los períodos y la amortización de las vacantes que se produzcan hasta llegar a la plantilla fijada para cada empleo.

En cuanto al Reglamento General de evaluaciones, clasificaciones y ascensos del personal de la Guardia Civil, que se aprobó en 1997, se modifica de tal forma que, hasta el 31 de diciembre del año 2004, los tiempos de servicio efectivos y de mando o función exigibles para el ascenso inmediatamente superior, se ven reducidos a cuatro años en los empleos de Capitán de la Escala Superior, a dos años para el empleo de Alférez de la Escala Ejecutiva, y a cuatro años para los empleos de Sargento Primero y de Brigada.

Se ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las Cartas de Servicios y se crean los Premios a la Calidad en la Administración General del Estado, que tiene por objetivo la mejora continua de los servicios públicos, así como una mayor transparencia, información, participación y consulta a los usuarios. El Real Decreto establece que los ciudadanos, como usuarios del servicio público, tienen pleno derecho a conocer los servicios que prestan las organizaciones estatales y recibir éstos con la mayor calidad, para lo cual se regulan las Cartas de Servicios, que serán elaboradas por los distintos departamentos de la Administración, con la idea de que los organismos públicos informen a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados y sobre los compromisos de calidad que tienen en su prestación.

Se concede también una especial importancia a la evaluación de la calidad que deben contener estos documentos. El Ministerio de Administraciones Públicas elaborará un informe anual sobre la evaluación global de la calidad del conjunto de los servicios públicos estatales, así como del grado de cumplimiento de los compromisos declarados en las Cartas de Servicios.

Por último, en el Real Decreto se ponen en marcha los premios a las mejores prácticas y el Premio a la Calidad en la Administración General del Estado, que se destina a reconocer las iniciativas que mejoren los servicios públicos y premiarán al organismo que se haya distinguido en el incremento de la calidad de sus prestaciones hacia los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado también un importante acuerdo por el que se autoriza la fusión del Banco de Santander con el Banco Central- Hispano, sujeta a las siguientes condiciones: primero, para garantizar las condiciones de competencia en los mercados eléctricos, de hidrocarburos y de telecomunicaciones, cuando el BSCH participe directa o indirectamente en dos o más operadores de estos mercados, su participación accionarial sólo podrá ser igual o superior al 3 por 100 en uno de los principales operadores de cada uno de los mercados, y sólo podrá designar representantes en el Consejo de Administración de uno de los principales operadores en cada mercado, ya sea por cuenta propia o a través de pactos con otros accionistas.

Es decir, que cuando, en virtud de la fusión, se pueda participar en operadores en un mismo mercado que están compitiendo entre sí, sólo en uno de ellos se podrá participar en un 3 por 100 o más y, en el otro, se deberá participar, por lo tanto, en un 3 por 100 menos de su capital social; en el bien entendido de que sólo en uno de esos operadores se podrá tener presencia en el Consejo de Administración y participación directa en la gestión.

También hay una segunda condición, y es que el BSCH deberá presentar al Servicio de Defensa de la Competencia un programa de desinversiones y actuaciones que asegure el cumplimiento de las condiciones anteriores, cuyo contenido y ejecución tendrán, como es lógico, carácter confidencial, porque afectan a los mercados de valores.

Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de evitar que los procesos de concentración en el sector financiero suponga la presencia de accionistas comunes en empresas que están compitiendo en sectores que están ya liberalizados o que están en proceso de liberalización. Con ello, lo que se quiere es minimizar el riesgo de que se produzcan posibles conductas anticompetitivas que desvirtúen los efectos de la competencia.

Por otra parte, el acuerdo de hoy, como es natural, establece un precedente para situaciones semejantes que se puedan estar ya produciendo o que se puedan producir en el futuro, en virtud de la presencia de entidades financieras en sectores productivos o de esa presencia asociada a procesos de concentración, de fusión, de adquisición, que pudieran también producirse en el futuro.

El objetivo del Gobierno es hacer compatible algo que nos interesa enormemente, que es fortalecer nuestras empresas, nuestras entidades financieras; favorecer su implantación y su presencia internacional; pero que, simultáneamente, se garantice en cada momento la competencia en los mercados, que se eviten situaciones monopolísticas; que se vele, en definitiva, por los intereses de los consumidores.

Se han aprobado, por otra parte, medidas de control de los riesgos relacionados con los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, mediante un Real Decreto que incorpora al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria. El objetivo del Real Decreto es la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y evitar sus consecuencias, para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. En este sentido, el Real Decreto establece los requisitos que tiene que cumplir el industrial que sea titular de los establecimientos donde se hallen esas sustancias, con el fin de poder realizar, a partir de ahora, una política de prevención de accidentes y, en particular, de los accidentes graves.

Se ha aprobado un Real Decreto que adapta la normativa sobre la regulación de permisos de conducir de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y al Reglamento General de Conductores. El Real Decreto faculta la conducción de vehículos militares y de la Guardia Civil, indistintamente, que serán expedidos por las Escuelas y Organismos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil autorizados al respecto. Estos permisos militares serán canjeables por el correspondiente civil, de acuerdo con el Reglamento General de Conductores.

Se ha aprobado la refinanciación de un crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo con Indonesia por un importe de 5.695 dólares, que se produce como consecuencia del acuerdo bilateral que se firmó en abril del año 1989 entre España e Indonesia.

Se ha aprobado un Protocolo adicional al Convenio por el que se prohíbe la clonación de seres humanos vivos o muertos, y otro Protocolo adicional a la Carta Social Europea que aborda la igualdad de oportunidades en todos sus aspectos, la protección de la mujer, de los derechos de los trabajadores y de las personas mayores.

Se ha aprobado la contratación de las obras de la variante de Aguilar de la Frontera, en la Autovía entre Córdoba y Antequera, que cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de pesetas y con una longitud aproximada de ocho kilómetros.

Ya en el capítulo de nombramientos y condecoraciones, comentarles que se ha nombrado Director General de Planificación y Ordenación Sanitaria a don José Tomás Tenza Pérez, y se ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don Santiago Dexeus Trías de Bes, y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, al editor don Francisco Pérez González.

Antes de cederle la palabra a los Ministros, muy brevemente --además, va a ser así--, una referencia a las actividades del Presidente del Gobierno para la próxima semana; por una razón obvia, y es que el domingo inicia, a primera hora de la tarde, un viaje al Próximo Oriente, en el que visitará la República Árabe Siria, el Reino Hachemita de Jordania, la República Libanesa, Gaza y el Estado de Israel, desde donde regresará a Madrid en la tarde del jueves, día 22, para después, el viernes, presidir, a la hora habitual, el Consejo de Ministros.

Sr. Arias-Salgado.- El Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica tiene una razón de ser: se trata de dar seguridad al comercio que hoy se realiza a través del ordenador y, de manera muy principal, a través de Internet.

Para ello, el Proyecto de Ley tiene, por así decirlo, dos grandes grupos de medidas. El primer grupo tiende a garantizar la identidad del signatario, del que pone, por tanto, la firma electrónica. Hay que tener en cuenta que esta firma electrónica va a tener o puede tener valor de prueba en juicio --y de ahí la necesidad de que emita un informe el Consejo General del Poder Judicial-- y va a estar equiparada a la firma manuscrita. Ése es el primer bloque de medidas.

El segundo bloque de medidas que contiene la Ley tiene por objeto acreditar la identificación del signatario, del que utiliza la firma electrónica. Para ello, el Proyecto de Ley crea la figura del prestador de servicios de certificación. Ésta va a ser una actividad económica, una actividad sometida a la libre competencia. En principio, cualquiera va a poder dedicarse a constituir una empresa para prestar servicios de certificación; pero, para que sus certificaciones adquieran la máxima eficacia jurídica, ha de inscribirse en un registro, que tiene su sede en el Ministerio de Justicia.

En definitiva, estas empresas de prestación de servicios de certificación son algo parecido a las empresas de control de calidad y algo también parecido al sistema de fe pública que pueden prestar los notarios o pueden prestar los corredores de comercio.

Al tratarse de una actividad de extraordinaria importancia está sujeta, como es lógico, a una serie de cautelas y de garantías en el Proyecto de Ley. Se establece, en primer término, una responsabilidad inherente a la actividad de prestación del servicio de certificación, que tiene por objeto proteger, tanto al signatario, al usuario de la firma electrónica, como a terceros que puedan resultar dañados por haber certificado errónea, equivocadamente o, simplemente, con falsedad.

El Anteproyecto de Ley contiene también la garantía mínima que ha de cubrir el prestador de los servicios de certificación, y se establece un criterio cuantitativo: será el 4 por 100 de la suma de los importes de las transacciones en que opera la certificación emitida por el prestador de servicios de certificación.

Finalmente, el Proyecto de Ley contiene también un sistema de infracciones y de sanciones. Para que comprendan ustedes la importancia de la cuestión, se establecen sanciones de hasta 100 millones de pesetas, que, como es obvio, no es precisamente una pequeña cuantía.

La regulación de la firma electrónica viene a cubrir un vacío legal. Como saben ustedes, en estos momentos está prácticamente acordada la Directiva comunitaria que regula esta cuestión, y el Anteproyecto de Ley se inspira --no podía ser de otra manera-- directamente en la Directiva, que no será ya objeto de modificaciones sustantivas en la fase de tramitación que le queda en el ámbito de la Unión Europea.

Pero sí me interesa destacar que las cifras que maneja la Comisión, para poner de relieve la importancia cuantitativa del comercio electrónico, se cifran, para el año 2002, en 84 billones de pesetas. Se entiende que hacia el año 2002 se producirán transacciones comerciales en el ámbito de la Unión Europea, a través del comercio electrónico, por una cuantía de 84 billones de pesetas. De acuerdo con los cálculos más rigurosos que tenemos en España, en 1998 las transacciones comerciales hechas a través del ordenador han alcanzado, aproximadamente, un valor de 14.000 millones de pesetas. Nos estamos, por tanto, moviendo ante un volumen comercial de extraordinaria importancia y, sobre todo, de una importancia creciente a gran velocidad.

Ello se enmarca en una política referente al mundo de las telecomunicaciones, del que yo trataría de recordar y poner de relieve las tres medidas que se han tomado hasta ahora: quiero recordarles que, a través del sistema de la incorporación de la tecnología DSL, que está poniendo en marcha Telefónica, se ha introducido la tarifa plana de Internet; en lo que afecta a la seguridad de las transacciones realizadas a través de Internet, viene hoy el Anteproyecto de Ley que regula la Firma Electrónica y el conjunto de garantías de que debe estar rodeada; y, finalmente, en el ámbito de los contenidos, hay una iniciativa del Gobierno para lograr el incremento de la utilización del castellano en el ámbito de la red de Internet.

Para ello, como es lógico, hay en estos momentos contactos con diversos países iberoamericanos; contactos que van muy avanzados y que en su momento culminará el Presidente del Gobierno, ya que él tiene especial preocupación por la máxima utilización de la lengua castellana dentro de la red de usuarios de Internet, que en estos momentos tiene todavía unos porcentajes muy bajos.

Sr. Rajoy.- Decía el Ministro Portavoz, al principio de su intervención, que el Consejo de Ministros había aprobado en el día de hoy un Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas, otro Real Decreto sobre Federaciones Deportivas y, por último, un Acuerdo por virtud del cual el Consejo de Ministros expresa su apoyo a que España pueda ser la sede de la Agencia Internacional de Lucha contra el Dopaje. Voy a hacer unos brevísimos comentarios, fijándome más en el primero de estos Reales Decretos, en relación con los mismos.

El Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas persigue dos tipos de objetivos. El primer objetivo es velar por la pureza de la competición, garantizar la libre competencia, mejorar la transparencia en el mundo del fútbol y proteger los intereses públicos. En relación con estos objetivos, se establece un sistema de control administrativo sobre el accionariado de las Sociedades Anónimas Deportivas, a través de lo que se denomina régimen de participaciones significativas, que es un sistema similar al que existe para otras entidades societarias, como pueden ser las aseguradoras, las entidades de crédito, las empresas de telecomunicaciones, las sociedades que cotizan en Bolsa, etc., etc.

El sistema se basa en la necesidad de que cualquier adquisición o enajenación de una participación significativa del capital de una sociedad anónima deportiva, entendiendo por tal una participación igual o superior al 5 por 100 o a sus múltiplos, deba ser notificada al Consejo Superior de Deportes. Asimismo, cuando la adquisición implique que alguien pase a controlar más del 25 por 100 del capital de una sociedad anónima deportiva es precisa una autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

Desde otro punto de vista, se establecen una serie de prohibiciones con el fin de garantizar que una misma persona, empresa o grupos de empresas no controlen más de una sociedad anónima deportiva.

Así, se prohíbe que una sociedad anónima deportiva o un club que participe en competiciones profesionales participe, directa o indirectamente, en el capital de otra sociedad que participe en la misma competición. Un ejemplo entendible: es decir, el Real Madrid Club de Fútbol no puede ser titular de acciones del Valencia, o del Atlético de Madrid, o del Athlétic de Bilbao, o del Deportivo de La Coruña, o del Celta.

Igualmente, se prohíbe la participación simultánea superior al 5 por 100 en dos o más Sociedades Anónimas Deportivas; es decir, si una persona tiene la titularidad del 6 por 100 del Celta de Vigo --por poner un ejemplo--, puede tener la titularidad del 4 por 100 del Deportivo de La Coruña, pero no del 5'1 por 100.

Además, se prohíbe la adquisición de acciones de una sociedad anónima deportiva cuando ello pueda producir el efecto de desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición.

Insisto en que estas normas tienen como objetivo básico garantizar la libre competencia, la pureza de la competición, aumentar la transparencia en el mundo del fútbol, y van en la línea de defensa de la competencia en la que va, por ejemplo, el acuerdo que se ha adoptado hoy por el Consejo de Ministros, y al que ha hecho referencia el Portavoz, en relación con la fusión del BCH y del Banco Santander.

El segundo gran objetivo que persigue este Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas es normalizar la actividad de esas sociedades anónimas a fin de que las mismas puedan desarrollar su función y participar en la actividad económica en condiciones semejantes al resto de entidades que adoptan forma societaria.

A estos efectos, se introducen una serie de medidas liberalizadoras y de aproximación al régimen común de las Sociedades Anónimas. Voy a citarles algunas: la eliminación de las restricciones que la Ley del Deporte establece respecto a la propiedad de las acciones, de forma que ahora cualquier persona física o jurídica pueda ser titular de acciones, lo que antes sólo se limitaba a las personas físicas y jurídicas españolas; desde otro punto de vista, se suprimen de las obligaciones personales de los administradores algunas como la de prestar fianza para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones; también se suprimen la obligatoriedad de la existencia y comunicación del presupuesto, las restricciones que existían respecto de la composición del Consejo de Administración, así como las limitaciones que los administradores tenían para realizar determinados actos y negocios jurídicos; también se suprimen las restricciones que existían para el reparto de dividendos.

Es decir, prácticamente se sujetan las Sociedades Anónimas Deportivas al régimen de cualquier otra sociedad anónima normal.

A modo de resumen, pues, dos objetivos de este Decreto: primero, y básico, garantizar la pureza de la competición, la libre competencia y la transparencia, teniendo en cuenta que a partir del año 2002, como es sabido, ya podrán cotizar estos clubes, estas Sociedades Anónimas Deportivas, en Bolsa; y, en segundo lugar, asemejar su régimen al del resto de las Sociedades Anónimas.

La segunda norma que hemos aprobado hoy es el Real Decreto sobre Federaciones Deportivas. Tienen ustedes una nota de prensa. Yo quisiera, simplemente, comentar dos o tres ideas.

Hay, en primer lugar, unas novedades en el régimen de constitución de Federaciones Deportivas. Para constituirlas, será necesario la suscripción de un acta fundacional por 65 clubes deportivos radicados en seis Comunidades Autónomas --antes sólo eran tres--, o por nueve Federaciones de ámbito autonómico, siendo antes el número exigido de seis.

También hay una serie de normas --no voy a entrar en ellas, salvo que ustedes quieran preguntar-- sobre régimen electoral y estructura orgánica; pero sí quisiera hacer algún comentario sobre la nueva regulación que se hace de las Ligas Profesionales, por lo que se refiere al régimen de coordinación con las correspondientes Federaciones Deportivas Españolas.

Se incluye, respecto del calendario deportiva que deben acordar ambas partes, la necesidad de que se respete lo pactado por la Liga correspondiente con las Asociaciones de Deportistas Profesionales en convenios colectivos, al objeto de evitar colisiones entre el calendario pactado, por una parte, entre la Federación y la Liga, y el acordado entre ésta última y las Asociaciones Profesionales.

De especial importancia resulta también la inclusión, dentro de las materias objeto de los convenios entre la Federación y la Liga, la fijación del número de jugadores extranjeros no comunitarios que podrán participar en dichas competiciones, contando, además, con el acuerdo de la correspondiente Asociación de Deportistas Profesionales. Si no hay acuerdo en la fijación del número de extranjeros entre la Liga, la Federación y la Asociación de Deportistas Profesionales, será el Consejo Superior de Deportes quien establezca la cifra.

Por último, el Consejo de Ministros ha acordado manifestar su apoyo para que la sede que se ha acordado crear de lo que se llama Agencia Internacional de Lucha contra el Dopaje tenga su ubicación en la ciudad de Madrid.

Las funciones de esta Agencia, que ha sido, en principio, promovida por el Comité Olímpico Internacional en su reunión de Lausanne, de los días 2 y 4 de febrero, son las siguientes: la elaboración de una definición de dopaje, basándose conjuntamente en la defensa de la ética deportiva y en la prevención de la salud del deportista; el estudio de la lista actual de sustancias y métodos prohibidos, elaborando, en su caso, una nueva por modificación de la actual, que sea aprobada por todos los responsables de la lucha contra el dopaje; la aprobación, como medio prioritario de información, de un logotipo internacionalmente común a aplicar externamente en los envases de todos los medicamentos entre cuyos principios activos se encuentre una sustancia incluida en la lista oficial del dopaje; y, como acción complementaria, la aprobación de la inclusión de una nota en los respectivos prospectos de información de la presencia de una sustancia prohibida en el medicamento, ya que ello tiene también una utilidad de información ya demostrada en España como importante.

Al mismo tiempo, se pretende ir a una unificación, no sólo de las sanciones para todos los deportes, para competición y fuera de competición, y para los niveles nacionales e internacionales, sino también el plazo e inicio de cumplimiento de las mismas, estableciendo que la sanción sea efectiva tanto en los ámbitos nacionales como internacionales.

En suma, se pretende que haya unas reglas de juego, primera idea; segundo, que esas reglas de juego sean conocidas y no generen dudas y, tercero, que sean exactamente iguales para todos.

P.- Tenía tres preguntas para el Ministro Piqué, en principio, o para el señor Arias-Salgado sobre el tema de la Defensa de la Competencia. Me gustaría saber qué plazo han dado al BSCH para desinvertir en las distintas empresas.

Segunda pregunta: ha hablado de que esto supone un precedente; me gustaría saber en qué medida o cómo pueden o podrán obligar a entidades como BBV, Caixa, Cajamadrid, o incluso empresas como Iberdrola o Endesa, a desinvertir en todas las empresas que tienen dobladas.

Luego, tengo una pequeña duda: me gustaría saber si en el caso de las telecomunicaciones el criterio va a ser igual de estricto tanto para telefonía móvil como para telefonía fija. Lo digo porque tengo entendido que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones era un poco más flexible en la modalidad de telefonía fija que en la móvil, porque hay más posibilidades de dar licencias, o una cosa parecida. No sé si el criterio es igual en las dos telefonías o no.

Sr. Piqué.- Con independencia de lo que quiera ampliar después el Ministro de Fomento, respecto a las tres cuestiones que planta lo que incluye el acuerdo autorizando la fusión es la obligación, por parte del BSCH, de hacer un planteamiento de desinversión cuando sus actuales posiciones accionariales estén en contra de las condiciones que se imponen para la autorización de la fusión.

No se establecen unos plazos. El Banco o la entidad financiera tiene que presentar su esquema y, lógicamente, debe ser un esquema razonable, que sea instrumentable a través de los mercados de una forma natural y que, dentro de esa condición, sea lo más breve posible. Eso será aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda con la correspondiente aportación, cuando corresponda a sectores de competencia de otros Ministerios, como puedan ser los energéticos o los de telecomunicaciones; pero, en principio, el acuerdo no prevé unos plazos predeterminados ni fijos, sino que está en función del plan que se plantee y que, por otra parte, estamos seguros de que no va a suponer ningún tipo de problema.

Es cierto también que he hablado de que este acuerdo supone un precedente en cuanto a que el acuerdo recoge las recomendaciones y la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia, y que se pone de aplicación en este caso concreto, porque se trata de la fusión financiera más importante que haya habido nunca en nuestro país; pero marca unos criterios que, lógicamente, en su día podrían ser también planteables ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.

En la medida en que marca unos criterios, parece razonable pensar que aquellas entidades que pudieran verse afectadas por las condiciones que hoy se ponen vayan adaptando su situación y, si así no lo hicieren, que, a través de los servicios de Defensa de la Competencia o de los correspondientes dictámenes del Tribunal, también se acabaran imponiendo unas determinadas condiciones, que son condiciones de carácter general. No hay distinción en este caso entre sectores: entre el sector energético, el sector eléctrico, el sector de hidrocarburos o el sector de las telecomunicaciones, ya sea en su ámbito de telefonía fija o de telefonía móvil.

Por ejemplo, no hablamos del cable porque el cable son concesiones de carácter provincial, de tal manera que en ningún caso pueden competir entre sí empresas en la circunscripción provincial que estén participadas por un mismo accionista, sino que estamos hablando ya de garantía de la competencia, porque la licencia es por circunscripción territorial.

Por lo tanto, no va a haber ninguna distinción entre telefonía móvil ni telefonía fija, como no la va a haber entre la energía eléctrica o los hidrocarburos.

P.- Quería hacer dos preguntas. Al Ministro de Fomento, que nos diera la información que tenga ahora mismo respecto al accidente que se ha producido esta mañana en la carretera de A Coruña.

Al Ministro Portavoz, ayer el PNV abandonó el Partido Popular. Querría saber si el Gobierno interpreta esto como un gesto previo a la materialización final de la ruptura del pacto de colaboración en el Gobierno.

Sr. Arias-Salgado.- La información que me ha transmitido el Director General de Carreteras es que, efectivamente, se ha producido un accidente como consecuencia de la actuación de un camión pesado, que ha derribado una de las grandes señales que tiene la Autovía de A Coruña y que ello ha producido una víctima mortal y otros dos heridos. Como consecuencia de ello, sigue habiendo todavía, en parte, aunque está ya en proceso de despejarse, un fuerte atasco en la carretera de la Coruña. En estos momentos todavía permanecen colas y retenciones, pero se han arbitrado todas las vías complementarias para poder diluir la congestión de tráfico.

Lo que me ha transmitido el Director General de Carreteras es que se ha podido actuar con gran rapidez, entre otras razones, porque en la proximidad del accidente, justamente en el ámbito de Puerta de Hierro, hay unas grandes grúas que están trabajando en unas obras importantes de infraestructura, y se han podido trasladar rápidamente esas grúas para empezar la labor de despeje del corte de carretera que se ha producido como consecuencia del derrumbamiento de la señal.

Sr. Piqué.- Yo creo que a estas alturas --lo hemos comentado en muchísimas ocasiones en estas ruedas de prensa-- no se puede hablar de la existencia de un pacto de colaboración parlamentaria entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento de España. Hubo en su momento un acuerdo de investidura, que se ha cumplido, desde nuestro punto de vista, en su totalidad; pero, a raíz de la evolución de la propia situación política en el País Vasco y, en concreto, a raíz de la firma del Pacto de Estella, el desencuentro ha sido creciente, y en estos momentos lo que se producen son apoyos puntuales o desencuentros también puntuales, pero no podemos hablar ya de un marco de colaboración parlamentaria con la solidez con la que podíamos hablar al principio, en la primera mitad de esta legislatura. Por tanto, creo que no hay que ligar una cosa con otra.

Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno lamenta que un partido, como el Partido Nacionalista Vasco, de profunda raíz, en este caso, democratacristiana y que forma parte y ha ido formando parte de los organismos internacionales ligados con esa ideología, decida ahora abandonar esta tradición y pasar a sumarse a otro Grupo Parlamentario que tiene muy poco que ver con la misma. Es una decisión, en cualquier caso, a respetar; es soberana, propia de la soberanía del propio Partido Nacionalista Vasco y, a partir de ahí, además de lamentarlo, el Gobierno tampoco tiene más que añadir.

P.- Para el Portavoz tenía dos temas. Del expediente en Bruselas sobre el Concierto Vasco saber si, desde el punto de vista del Gobierno, es o no es un ataque al sistema, al Concierto y, en todo caso, el Gobierno en esta cuestión ¿con quién estaría: con Bruselas, con Vitoria, o hay matices en el tema?

En segundo lugar, sobre la política de pactos del Partido Socialista y su influencia en la relación con el Gobierno; es decir, ¿se puede entender que hay un momento, ya tan avanzada la Legislatura, de inflexión definitiva en la relación y si, vista esta actitud del Partido Socialista, el Gobierno renuncia a cualquier operación de consenso para lo que queda de Legislatura?

Sr. Piqué.- Con respecto a lo que se ha planteado por parte de la Comisión Europea en relación no al Concierto Vasco, sino a determinadas medidas de aplicación del Concierto, como, por ejemplo, las comúnmente conocidas como "vacaciones fiscales", creo que la posición del Gobierno y la propia posición de la Comisión Europea es muy clara: nadie pone en cuestión el Concierto y, desde luego, por parte del Gobierno se va a defender el Concierto Vasco donde haga falta y sin ningún tipo de restricción mental. Estamos hablando de algo que es producto de un acuerdo, que está reconocido en la Constitución y que forma parte del acervo común desde el punto de vista jurídico-político de nuestro país. Por tanto, que nadie tenga ninguna duda de la posición inequívoca en favor del Concierto Vasco por parte del Gobierno de España.

Otra cuestión es que determinadas medidas de aplicación puedan afectar a valores distintos; por ejemplo, que alguien pueda pensar --y en estos momentos es lo que está planteando la Comisión Europea o en algún momento también lo ha considerado así el Gobierno español-- que determinadas medidas concretas de ejecución pueden afectar a la competencia, pueden distorsionar la libre competencia a la hora de buscar localizaciones alternativas para las inversiones industriales. Y eso es lo que está en cuestión: una aplicación concreta, pero en ningún momento el régimen de Concierto, que es algo no sólo defendible, sino que está plenamente reconocido por la Constitución.

Para que esta posición del Gobierno español, por otra parte, quede suficientemente clara, había en el Tribunal Constitucional acumulados muchísimos recursos, incluso algunos de ellos con casi diez años de antigüedad, de principio de los años 90, y que después la propia evolución de las cosas, la propia renegociación del Concierto, la propia renegociación del Cupo cada cinco años y los propios cambios normativos han hecho que esos recursos no tuvieran en estos momentos mayor virtualidad que decir si hace ocho tenían razón unos u otros.

El Gobierno ha decidido, en estos casos, retirarlos. Ojalá pueda hacerlo también con otros que están pendientes; pero, como es natural, tampoco puede renunciar en ningún momento a defender lo que entiende que es la legalidad. Si en algún momento se puede producir alguna medida concreta de ejecución que haga que podamos pensar que va en contra la de la unidad del mercado en España o de la libre competencia, haremos lo mismo, como lo está haciendo la Comisión Europea, no porque se trate del Concierto Vasco o porque se trate de una determinada región española, sino que lo hace todos los días respecto a cualquier decisión que tome cualquier región o cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Creo que en este contexto no cabe hacer victimismo, ni cabe sacar las cosas de su contexto y de su quicio. Estamos ante una actuación normal de la Comisión Europea respecto a medidas concretas; pero nadie está poniendo en cuestión cosas que son fundamentales, como lo es el Concierto.

En cuanto a la segunda cuestión, es cierto que la política de pactos del Partido Socialista, desde el punto de vista del Gobierno, la hemos ya valorado en varias ocasiones. En los últimos días ha habido expresiones muy concretas y muy explícitas que, desde nuestro punto de vista, ponen de nuevo de relieve la incoherencia de esos pactos en relación a posiciones que se habían mantenido con anterioridad y, en muchos casos, también una lógica política que va en contra de la dirección que ha ido expresando el electorado. Pero nadie puede negar que los pactos son legítimos y que no se pueden poner en discusión en cuanto tales. Otra cosa son las consideraciones políticas o la valoración política de sus contenidos concretos y la valoración política que puedan merecer por parte del electorado en el futuro.

Nosotros ya hemos expresado nuestra opinión en este tema y no la vamos a reiterar. También hemos expresado en muchísimas ocasiones nuestra voluntad de mantener un diálogo básico en aquellos temas de Estado con el conjunto de las fuerzas políticas democráticas y, en particular, con el principal partido de la oposición. Desde luego, nosotros no vamos a renunciar a eso aunque estemos en la última fase de la Legislatura, o no vamos a renunciar a eso aunque dentro de unos meses estemos ya en precampaña electoral o, incluso, en la propia campaña electoral.

Hay cuestiones --y puedo mencionar, por ejemplo, el escenario político en el País Vasco asociado a la tregua de ETA-- que deben merecer y merecen un diálogo permanente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Y así, desde luego, va a seguir siendo la posición del Gobierno. Otra cuestión es que para que haya un diálogo tiene que haber voluntad compartida y voluntad mutua. Pero yo le garantizo que esa voluntad existe por parte del Gobierno.

P.- Yo quería preguntar al Ministro Piqué sobre la Carta de Servicios. Saber si se ha planteado qué métodos van a seguir para, en principio, comprobar que se produce esa esperada mejora en el servicio; quién y cómo se va a hacer.

Luego, por otro lado, una valoración de los ataques xenófobos en Tarrasa. Saber si el Gobierno, a través de la Delegación, se plantea, no sólo medidas para tratar de atajarlos, sino quizá también para lograr una mayor integración de los inmigrantes de la zona.

Sr. Piqué.- No se va usted a extrañar si le digo que la primera pregunta es difícil para el Ministro de Industria, aunque sea el Ministro Portavoz, porque me pregunta ya una cosa muy concreta.

He comentado antes que, por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, se va a instituir un mecanismo de evaluación global y de seguimiento de la calidad de esos servicios, se va a elaborar un informe anual, y, en función de esa evaluación y del cumplimiento de los compromisos que se hayan venido adoptando para cada organismo de la Administración, se establece también un esquema de premios o de reconocimientos a las mejores prácticas y a la calidad en la Administración General del Estado. Por lo tanto, son mecanismos que va a concretar el propio Ministerio de Administraciones Públicas.

En cuanto a la segunda cuestión, es cierto que estos días ha habido acontecimientos muy graves en Tarrasa; también han sido de actualidad acontecimientos relacionados con establecimientos de rumanos en los alrededores de Madrid.

Creo que son acontecimientos que merecen unas cuantas reflexiones generales. La primera es que hay que hacer un llamamiento a la calma y, desde luego, hay que hacer una clara apelación a la necesidad de que la sociedad española, que es una sociedad solidaria, que en estos momentos, en términos relativos, desde luego, es una sociedad rica, no olvide en ningún momento que durante muchísimas décadas ha sido un país que ha exportado personas; que se han visto obligadas muchas personas, centenares de miles, a salir de nuestro país para buscar sustento o para buscarse medios de vida.

Eso nos obliga especialmente a tener muy presentes que debemos ser en estos momentos enormemente solidarios, comprensivos y hacer lo necesario para que esas personas, que se han visto en la penosa obligación de salir de su país, se sientan acogidos en las mejores condiciones posibles y puedan también tener sus oportunidades aquí.

Es muy fácil, a partir de ahí, entrar en demagogias, acelerar o incentivar actitudes segregacionistas, racistas o xenófobas. Debemos estar muy atentos y debemos ser muy cuidadosos ante eso. Debemos combatir con toda claridad y con toda rotundidad las actitudes antirracistas, las actitudes insolidarias, las actitudes xenófobas. Debemos combatir la intolerancia, porque todos estos antivalores están precisamente en la base, al final, de la destrucción de los valores democráticos.

En este sentido, quiero agradecer y hacer notar el papel que están jugando las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el sentido de velar por el cumplimiento de esos valores de tolerancia, de esos valores de solidaridad, de esos valores de integración social, sobre los cuales debemos de perseverar.

Esperamos, por lo tanto, desde el Gobierno que estas situaciones no se repitan y esperamos de los medios de comunicación social, sin duda, y así está siendo, pero del conjunto de la sociedad española que no cuajen determinados sentimientos que irían en contra de esa sociedad abierta, de esa sociedad tolerante, de esa sociedad progresista, que queremos para la España del siglo XXI.

A partir de ahí, hay que seguir, desde luego, trabajando en cosas concretas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha programas muy importantes para la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad; en algunas ciudades, además, con actuaciones muy específicas y muy conocidas, y que han mostrado su eficacia, como puedan ser las ciudades de Ceuta y Melilla. Hay una clara y estrecha colaboración con las ONGs y programas, también a través del IMSERSO, para la formación y la integración social de los inmigrantes que desarrollan normalmente también ONGs.

Los derechos de los ciudadanos, ya sean ciudadanos españoles residentes o sean ciudadanos que están en una situación transitoria, pero que se han visto abocados a abandonar sus lugares de origen y establecerse aquí, son derechos que, desde luego, vamos a defender en cualquier circunstancia, y desearíamos que todo el mundo lo tuviera claro: que en la defensa de esos derechos el Gobierno va a ser implacable, inflexible.

P.- Al Ministro Portavoz le quería preguntar con relación a los pactos. En el análisis que han hecho ustedes sobre los pactos los han atribuido, básicamente, a la voracidad de poder del Partido Socialista. Mi pregunta es si no cree que ha habido también algunos errores por parte del propio Partido Popular durante su gestión de gobierno con estos partidos regionalistas; concretamente, le pregunto si no ha podido suceder que los partidos regionalistas tengan un sentimiento de que el PP les engullía o si también ha habido cierta prepotencia en la negociación con estos partidos regionalistas.

También le quería hacer una pregunta muy concreta con relación a esta cuestión, que es pedir una valoración del Gobierno sobre la propuesta, creo que fue del señor Arenas a Unió Mallorquina, de reconocer la nacionalidad histórica de las Baleares. Si al Gobierno le parece correcta esta propuesta.

Luego, con relación al proceso vasco, el "lehendakari" Ibarretxe ha estado estos días por aquí y ha dicho que, a corto plazo, el tema está en lo que haga el Gobierno Aznar. Le quería pedir, en este sentido, si comparte esta opinión y, respecto a una petición concreta del "lehendakari" Ibarretxe, si el Presidente del Gobierno está dispuesto a recibir al líder de Euskal Herritarrok a plazo corto o relativamente corto, antes de fin de año.

Sr. Piqué.- Creo que, en general, la tónica general en los pactos postelectorales que estamos viendo es que ha habido partidos --y el Partido Popular, desde luego, está ahí-- que están pactando con fuerzas afines y que guardan una coherencia con la trayectoria anterior y con sus propios programas.

Por lo tanto, creo que no es cierto, no responde a la realidad, que se pueda afirmar que no ha habido capacidad de pacto. Se ha pactado con el Partido Regionalista de Cantabria en Cantabria; se ha pactado con el Partido Socialista en Navarra; hay acuerdos que han permitido implementar gobiernos en Álava, esperamos, y en Vitoria; ha habido un acuerdo también importante en Canarias, con el mantenimiento de la coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular, y así sucesivamente. Por no hablar de los acuerdos con los partidos nacionalistas que dieron lugar a la mayoría parlamentaria que ha permitido la estabilidad del Gobierno desde el año 1996.

Por tanto, creo que la afirmación, en cualquier caso, es matizable; pero es cierto también que estamos ante situaciones completamente distintas. Seguramente cada organización regional del Partido Popular debe hacer su propia reflexión en relación a cómo se han desarrollado estos pactos y por qué en algunos ámbitos --el caso de Baleares es el más claro-- se ha producido un pacto claramente antinatura que agrupa desde el Partido Socialista a partidos claramente independentistas, o que cuestionan los símbolos constitucionales, o que cuestionan la propia Constitución.

Yo quisiera recordarles algo, ya que a veces tenemos la memoria corta, pero el Partido Socialista, breves días antes de las elecciones autonómicas en el País Vasco, después de gobernar con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna toda la Legislatura, y con el Partido Nacionalista Vasco incluso antes, y de seguir gobernando en Diputaciones Forales y en Ayuntamientos del País Vasco; anunció de manera, por otra parte, muy espectacular su renuncia a seguir estando en el Gobierno vasco porque no podía compartirlo con partidos que ponían en cuestión la Constitución, como el PNV o Eusko Alkartasuna.

Esto hace cuatro días. Resulta que pocos meses después no hay ningún inconveniente en pactar acuerdos de gobierno con partidos que el mismo día que formalizan y visualizan este proyecto de gobierno, simultáneamente a prometer formalmente la Constitución, expresan claramente que lo hacen por imperativo legal o lo hacen sin reserva de la defensa del derecho a la autodeterminación que, obviamente, no está en la Constitución Española; o con partidos cuyos representantes las primeras medidas que toman --después ha habido ahí una rectificación, ¿no?-- son retirar símbolos constitucionales.

Nadie debe desviar la atención. Todo el mundo comete errores, los partidos políticos también; pero la incoherencia está donde está y, desde luego, desde nuestro punto de vista, no está en el partido del Gobierno.

En cuanto a la propuesta a Unió Malloquina, yo he visto en algunos medios de comunicación propuestas incluso cuantificadas. Yo le puedo asegurar que en ningún momento ha habido este tipo de propuestas de materialización, de concreción. Pero en el caso concreto de las Baleares el propio concepto de nacionalidad está incluido en el Estatuto. Las nacionalidades históricas tradicionalmente son tres, que son las que prevé la Constitución en cuanto a que tuvieron ya, en su momento, un Estatuto de Autonomía en marcha o aprobado en el período democrático anterior, que fue, como se recuerda, la Segunda República. Desde esa perspectiva no hay nada más que añadir.

En cuanto al tercer punto, creo que podemos ponernos de acuerdo todos --nos hemos puesto de acuerdo en los últimos meses, a raíz de la tregua indefinida de ETA-- en que, si de alguien depende el proceso de paz, es de la organización terrorista y de su voluntad de abandonar definitivamente las armas. El Gobierno ha hecho lo que entendía que debía hacer.

Creo que la sociedad española lo está valorando mayoritariamente de forma adecuada. Está dispuesta, y lo ha demostrado, a moverse, a tomar iniciativas, a aprovechar cualquier posibilidad y cualquier resquicio para que se concrete la voluntad de paz; pero quienes de verdad tienen en sus manos el que abandonemos ya definitivamente la violencia y el terrorismo son aquellos que la han practicado durante más de treinta años.

El Gobierno ya ha manifestado cuál es su posición, cuál es el marco en el que está dispuesto, en tanto que así lo requieren la sociedad democrática y la defensa de las reglas del juego, a avanzar en ese proceso de paz. A partir de ahí, poco más hay que añadir. Ojalá algún día el Presidente del Gobierno pueda recibir a cualquier representante de cualquier fuerza política, porque no tengamos todos ninguna duda de que ese representante representa de verdad a una fuerza política inequívocamente democrática.

P.- Para el Ministro Rajoy, si se ha aceptado la dimisión de Tomás Marco; la relación entre esa dimisión y el enfrentamiento entre Marco y Miguel Ángel Cortés, a propósito del nombramiento de José Carlos Plaza. Su opinión sobre sea polémica; si cree que Plaza era o no el candidato adecuado.

Para el Ministro Portavoz, si está el Presidente del Gobierno dispuesto a ratificar con su firma un acuerdo con el PAR, o ratificarlo a posteriori. Y si aspira usted a la Presidencia del PP en Cataluña, si cuenta con el respaldo de la dirección del PP.

Sr. Rajoy.- En cuanto a la primera parte de la pregunta, efectivamente, don Tomás Marco le ha presentado al Secretario de Estado de Cultura su dimisión por razones, según ha manifestado, de pretender dedicarse a sus actividades profesionales, y se le ha aceptado. Yo no tengo nada más que decir que señalar que el señor Marco ha hecho una muy buena gestión al frente del INAEM y desearle lo mejor en su nueva actuación. No tengo más que decir, salvo que la próxima semana, lógicamente, nombraremos a su sustituto.

En cuanto al asunto del señor Plaza, yo tengo que decir que a mí nadie me ha propuesto el nombramiento de nadie para la dirección de La Zarzuela; es más, es que ni siquiera es inminente que el actual Director vaya a dejar de serlo. Por tanto, no se ha producido, como he visto en algún lugar, ningún veto a persona alguna. Cuando el señor director de La Zarzuela se vaya, lógicamente, por parte de las personas a las cuales, por su responsabilidad, les corresponda, estudiarán los perfiles y se procederá a hacer una propuesta al Ministro, que lo normal es que yo lo acepte. Dicho esto, no tengo nada que decir sobre el señor Plaza, sino, simplemente, que es un excelente profesional; pero que éste es un asunto que no está planteado en este momento.

Sí que me gustaría señalar que yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo para ser justos, equilibrados y ponderados en nuestras manifestaciones. Desde luego, el Gobierno lo hace y, claro, cuando ve algunas acusaciones de que se es sectario, de que si alguien no va a un sitio es por su ideología, yo tengo que decir, lisa y llanamente, que no es así y que se busque una sola persona, por lo menos, en los Ministerios que yo he dirigido que se haya visto cesado o no nombrado por razones ideológicas; una sola persona.

Por lo tanto, creo que, desde ese punto de vista, tengo una cierta autoridad para pedir justicia en algunas de las afirmaciones que se hacen y una cierta ecuanimidad.

Sr. Piqué.- En cuanto a las otras dos preguntas, hay un proceso de negociación, como es lógico, por otra parte, para conseguir una mayoría parlamentaria que permita la investidura del Presidente de Aragón. La negociación corresponde a las fuerzas políticas aragonesas y, por lo tanto, en este caso concreto, al PAR y al Partido Popular aragonés. Evidentemente, cualquier planteamiento que haga el Partido Popular de Aragón es respaldado por la dirección del Partido Popular a nivel de toda España y, por lo tanto, por su Presidente.

En este contexto, es obvio que cualquier planteamiento que se haga está avalado o garantizado por el conjunto del Partido Popular y, si se quiere, por el Presidente Aznar. Las modalidades o la concreción que pueda tener esta garantía o ese aval está, en todo caso, por discutir; pero, en principio, no hay nada previsto.

En cuanto a lo segundo, dos comentarios muy breves. El Partido Popular de Cataluña tiene una dirección, por supuesto, encabezada por su Presidente, que está trabajando mucho y que está trabajando bien. Yo le puedo asegurar que en mis aspiraciones no entra eso que usted ha mencionado, sino ayudar en todo lo que pueda.

P.- En relación al tema de Aragón, ayer el Presidente del PP de Aragón manifestó, no sólo el apoyo del Gobierno, sino su disposición a negociar las reivindicaciones planteadas por el PAR; reivindicaciones que son de carácter, en principio, de competencias y también de inversiones públicas. Me gustaría saber si, dos o tres años después de la reforma estatutaria en Aragón, el Gobierno, como usted decía, estaría dispuesto a apoyar una elevación del techo competencial de Aragón. Y al Ministro Arias-Salgado, si hay margen para ampliar la inversión pública en esta Comunidad Autónoma, después de los últimos Presupuestos.

Por último, al Ministro de Educación y Cultura me gustaría preguntarle qué papel deben jugar las escuelas en el combate, digamos, contra estos antivalores que citaba el Portavoz, en relación al tema de la xenofobia y facilitar la convivencia entre los españoles y los ciudadanos venidos de fuera.

Sr. Rajoy.- Yo creo que la defensa de estos tipos de valores, como la educación en general, es algo que no corresponde en régimen de monopolio a las escuelas. Yo creo que la educación, la formación, la transmisión de una serie de valores, que son los que a todos nos parecen y se engloban dentro del concepto Justicia, son una responsabilidad que corresponde a todos: a las familias, al conjunto de la sociedad y, sin duda alguna, también a las escuelas.

Pero yo echo de menos el que exista una asignatura en los niveles más tempranos de la educación obligatoria que haga referencia a valores, ética, etcétera, como llegó a existir en su momento. Por eso el Gobierno no descarta el plantear la existencia de esta asignatura en breve período de tiempo; que, sin duda alguna, puede servir a los efectos a los que usted ha hecho referencia y a algo tan evidente como enseñar lo que es ética, valores, principios, etc., etc. Igual que existe una asignatura que es voluntaria, que se llama Religión, creo que no sería malo que existiera una asignatura de estas características.

Sr. Arias-Salgado.- La pregunta que me ha formulado yo la puedo responder a través de dos afirmaciones. La primera de ellas es que el Ministerio de Fomento está preparando un programa de inversiones, que deberá someter en su momento al Gobierno, para determinar las infraestructuras que pueden financiarse durante los próximos seis años, entre el 2000 y el 2006, con cargo, en parte, a los fondos procedentes de la Unión Europea. Eso, en lo que afecta sólo al Capítulo VI del Ministerio, serán aproximadamente unos tres billones de pesetas.

A plazo más inmediato, el Gobierno presentará, antes del primero de octubre, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 y un anexo de inversiones. Naturalmente, en ese anexo de inversiones y dentro de los márgenes presupuestarios que correspondan al año 2000, existen, como es lógico, diversas posibilidades de inversión.

Sr. Piqué.- Respecto a la otra cuestión, efectivamente, hace muy poco tiempo que se aprobó la reforma del Estatuto; se aprobó, además, con un claro consenso, en cualquier caso, de los partidos que han conformado el Gobierno en Aragón hasta ahora.

El punto de vista del Gobierno es que no tiene mucho sentido reabrir ahora ese debate. En el caso de Aragón, a diferencia de Baleares, pero al igual que Valencia, y al igual que Canarias, y al igual que Andalucía, por ejemplo, tienen ya reconocido el carácter de nacionalidad en su propio Estatuto. Insisto, nacionalidades históricas son las tres que en principio dieron lugar al planteamiento de asunción de competencias que definía el artículo 151 de la Constitución. Pero no parece que ni en estos momentos ni más adelante tenga sentido el volver a plantear una reforma estatutaria, sino que lo que hay que hacer es dotar de contenido los autogobiernos.

Hace poco el Presidente del Gobierno recordaba, en el Debate sobre el Estado de la Nación, y creo que con toda razón, que debemos pasar de una cultura de la reivindicación permanente a una cultura de la cooperación, de la profundización en el autogobierno, y de respuesta y atención a los intereses de los ciudadanos.

Siempre se pueden plantear determinadas cosas por parte de una fuerza política que tiene un sentido de reivindicación territorial, como es el caso de un partido regionalista; pero el punto de vista del Gobierno es que ésa es una dinámica que, en principio, no debe de continuar.

P.- Dos preguntas para el Ministro Portavoz sobre el asunto del dictamen del Tribunal de la Defensa de la Competencia. Le he entendido que no se va a hacer distinción entre energía eléctrica e hidrocarburos. ¿Eso significa, por ejemplo, que dos participaciones superiores al 3 por 100 en Endesa y Repsol serían incompatibles, a la luz de los criterios establecidos por el Tribunal de la Competencia? Es decir, si el mercado de hidrocarburos y el mercado eléctrico se va a considerar, a estos efectos, un solo sector.

Una segunda pregunta, también sobre este asunto, es si ese precedente que se sienta para el resto de las entidades financieras se va a desarrollar legislativamente o normativamente de alguna forma; quizás, con un reglamento para la Ley de Defensa de la Competencia o, si no, ¿cómo se va a poder implementar este precedente en el resto de las entidades, a las que se entiende, o yo lo he entendido, que hay una especie de recomendación del Gobierno de que se vayan adaptando ya a esta nueva situación?

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, el concepto puede ser equívoco, y voy a intentar aclarárselo. No hay distinción en cuanto a las condiciones que se aplican en cada uno de los sectores. Si hablamos de que hay una participación en dos operadores en un solo sector, las condiciones que se aplican, que es que si en uno se tiene más de un 3 por 100 y se tiene una intervención directa en la gestión, en el otro no se puede tener más de un 3 por 100 y no se puede estar presente en el Consejo de Administración; eso se aplica para la electricidad, se aplica para los hidrocarburos, se aplica para la telefonía móvil o para la telefonía fija. No se trata de considerar electricidad e hidrocarburos como un mismo sector, sino que por separado.

Por lo tanto, la entidad financiera, en su caso, deberá proceder a desinversiones, en su propia lógica, en el sector de hidrocarburos y otras desinversiones, con su propia lógica, en el sector de la electricidad.

En cuanto a lo segundo, en el ámbito del derecho a la competencia y de las concentraciones empresariales estamos en una fase en la que se están produciendo fenómenos nuevos todos los días, y todos los países tenemos que ir adaptando nuestra propia legislación y nuestra propia normativa a la realidad cambiante que nos impone un mundo económico cada vez más globalizado.

La pretensión del Gobierno es, en este caso concreto, a través de un acuerdo específico de un proceso de integración, recoger, por un acuerdo del Consejo de Ministros, una doctrina y unas recomendaciones que establece el Tribunal de Defensa de la Competencia. En la medida en que existen esa jurisprudencia y esas recomendaciones, en cualquier momento es posible establecer, por lo tanto, acuerdos que, de acuerdo --valga la redundancia-- con esa filosofía, se puedan aplicar a otras entidades.

Es obvio que, a la vista de este precedente, muchas entidades tomarán ya su nota y entiendo que pueden proceder, si quieren, en consecuencia; y, si no, el Gobierno tendrá que analizar cada situación, caso por caso, e irlo resolviendo. Si en el futuro se pudiera ver como útil y como conveniente el establecer una normativa, que, por otra parte, también tiene que tener en cuenta la propia evolución del derecho de la competencia a nivel europeo, que cada vez es más importante y que cada vez tiene mayor relevancia, y lo estamos viendo todos los días --antes hablábamos de los conflictos asociados a las medidas derivadas del Concierto Vasco--, ya se contemplará.

Pero en estos momentos entendemos que, por aplicación de los criterios definidos por el Tribunal de Defensa de la Competencia, se puede avanzar ya en ese objetivo doble de no impedir que dispongamos de empresas potentes, de empresas con capacidad de internacionalización; pero al mismo tiempo que no supongan una concentración excesiva de poder que lleve a su abuso, en perjuicio de los consumidores.

P.- ¿Quería saber qué tiene que hacer el señor Otegui para ser recibido en La Moncloa? Si puede precisar un poquito más qué pasos tiene que dar.

Sr. Piqué.- Ser dirigente de un partido normal.

P.- Para el señor Rajoy. ¿Se puede considerar el nuevo Real Decreto de Sociedades Anónimas Deportivas como una ley anti-Asensio, anti-Gil? Otra pregunta más: ¿en cuánto tiempo cree que el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, facilitará la lista de accionistas?

Sr. Rajoy.- Un Gobierno que hace leyes pensando en personas concretas y determinadas es un mal Gobierno. Las leyes son generales y afectan al conjunto de todos los españoles. Por tanto, es una ley para el conjunto de todos los españoles, a la cual, a la hora de adquirir la titularidad en determinados clubes de fútbol o a la hora de enajenar acciones de los mismos, tienen que ajustarse. Por lo tanto, es una ley para todos, también para usted y también para mí.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, tampoco quiero yo producir con mi afirmación titulares que puedan ser malinterpretados. Yo lo único que puedo decir es que tengo la firme convicción de que todos los que estamos aquí y también los que no están aquí tienen la firme convicción de cumplir la Ley. Yo nunca podría pensar otra cosa.